‘El caso Viuda Negra’: el asesinato que pone al descubierto una de las mayores redes de lavado de dinero en México durante el sexenio del presidente Peña Nieto: una enorme red de empresas fantasma con la que se lavaron alrededor de 5.800 millones de pesos, para financiar campañas políticas del PRI

 "El caso Viuda Negra, una rigurosa investigación periodística narrada a modo de thriller policiaco y publicada por Grijalbo, dedica sus páginas a explorar los secretos detrás del asesinato de Isaac Gamboa Lozano, colaborador cercano de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocurrido apenas en mayo de 2020. Detrás del homicidio se esconde una trama política mucho más compleja que conecta con la operación Safiro, uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio de Enrique Peña Nieto: una enorme red de empresas fantasma con la que se lavaron alrededor de 5.800 millones de pesos, dinero que, en parte, fue a parar a los bolsillos del propio Gamboa y de su esposa, Bethzabee Brito. La otra, a financiar campañas políticas del PRI.

El testimonio de Jazmín, una mujer que presuntamente participó en el operativo, señala como instigadora de la masacre a Brito, para poder huir con su amante. La Fiscalía de Morelos sostiene la misma hipótesis: Bethzabee Brito ideó el asesinato junto a su amante, escolta de Gamboa. Pero, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Procuraduría Fiscal de la Federación tendrían otra hipótesis: suponiendo que Gamboa no era la cabeza de esta red, pudieron haber sido otras personas quienes ordenaron la masacre y también quienes fabricaron la teoría del asesinato pasional. ¿Quién ordenó la muerte de Isaac Gamboa Lozano, funcionario clave de la Secretaría de Hacienda durante el Gobierno de Peña Nieto? ¿A quién le convenía tanto su silencio? ¿Se trató de un crimen pasional o de uno político?

“— ¡Al piso! ¡Tírense todos al piso!, ordenó uno de los agresores tan pronto accedieron a la casa. Cuatro hombres entraron al fraccionamiento a plena luz del día. No forzaron cerraduras ni amenazaron a nadie. Solo entraron. Sacaron pistolas. Y empezaron a matar. El primero en caer fue Isaac Gamboa Lozano”. Así comienza el libro escrito por los periodistas Zedryk Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel, con prólogo de Gabriela Warkentin, quien afirma que la investigación es “mucho más que el recuento de asesinatos, relaciones (des) amorosas, complicidades, corruptelas, injusticias e impunidades; es una radiografía que, desde lo local, exhibe la podredumbre de un sistema que se protege y reproduce, que hace todo para no morir. Incluido matar”.

El asesinato de Gamboa es la punta del iceberg de El caso Viuda negra, un nuevo relato periodístico sobre cómo se teje la corrupción en México; una nueva investigación que explica la podredumbre de un sistema perfectamente engranado y cuidadosamente protegido por la impunidad. “Unos sujetos armados ingresan a una residencia cerca de Cuernavaca, en un barrio acomodado y, a plena luz de día, como si trajeran una lista de supermercado, seleccionan qué personas asesinar. Eligen a cinco de ellas; iban directo contra Isaac Gamboa y se siguen contra sus dos hermanos; a todos los asesinan ahí y se van. A sangre fría; con una frialdad tremenda”, explica Arturo Ángel, uno de los autores del libro en entrevista con EL PAÍS. “Si bien el cargo público de Isaac Gamboa era de bajo perfil, su importancia era fundamental. Su firma valía cientos de millones. Era un personaje clave en un entramado de desvíos de recursos públicos; su nombre ya había salido en investigaciones periodísticas que documentaban la Operación Safiro donde, a través de dinero de Hacienda, bajaba dinero a Estados gobernados por el PRI, bajo un fondo a cargo de Gamboa, y ese dinero se desviaba a empresas fantasmas, para variar, con fines electorales”, explica el jefe de información de Animal Político. En la llamada Operación Safiro se desviaron fondos públicos de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de Milpa Alta, en la Ciudad de México, para el financiamiento de campañas electorales priistas. En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que estaban ‘blindadas’ por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos siete Estados desviaron 650 millones de pesos.

Zedryk Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel tomaron prestado para su libro el nombre de la investigación que Santiago Nieto usó durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera: Viuda Negra. En ella, Bethzabee Brito aparece al centro de una telaraña dedicada a extraer recursos públicos en cantidades exorbitantes; mientras su marido, Isaac Gamboa, como director de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, se encargaba de falsear convenios, inventar contratos y extorsionar autoridades para exprimir recursos. Ambos personajes, comprueban los reporteros, eran ricos. “En esta investigación documentamos sus múltiples propiedades; algunas en barrios exclusivos. La pareja tenía 18 casas, una riqueza que no corresponde al perfil de un funcionario público. Nosotros logramos probar que hay un enorme patrimonio”, explica Arturo Ángel. “Empezamos investigando tres empresas que enviaban dinero no solo a Gamboa, sino a su esposa. Además, había operaciones inmobiliarias. Ahí se desprenden las alertas: hay algo más que un multihomicidio. Empezamos creyendo que eran 60 millones de pesos desviados y llegamos a encontrar más de 5.800 millones. Una enorme red de lavado de dinero. Investigamos las empresas, decenas de ellas, y fuimos a buscarlas. Eran prestanombres que vivían en una unidad habitacional de Tlalnepantla, que claramente no tenían el perfil socioeconómico de una empresa que mueve miles de millones de pesos”, explica Manu Ureste en entrevista con este diario.

La investigación, que les tomó más de un año, decenas de solicitudes de transparencia, viajes a Chihuahua, Morelos y más de 40.000 pesos en solicitudes al registro público de la propiedad, inició con una memoria USB que alguien de la Secretaría de Hacienda por descuido o intencionalmente entregó a un colaborador de Animal Político. “No sabemos si había un ángel de la guarda en la Secretaría de Hacienda. El entonces jefe de información nos contó que fue a una reunión a las oficinas de la dependencia. Querían compartirle unos archivos y no llevaba una USB. Agarran una, sin que aparentemente supieran su contenido, se la pasan y cuando él llega a su computadora se da cuenta de que en la memoria hay documentos de casos en curso, uno de ellos era el caso Viuda Negra”, cuenta Zedryk Raziel a EL PAÍS. Daniel Moreno, director del medio mexicano, les dijo: “Este caso tiene muchísimo potencial”. “Él vio el germen de una gran historia. Vio todos los ingredientes del libro: un asesinato, la corrupción, las complicidades...”, dice Raziel. En México se sabe que el PRI desvía dinero. No es ningún secreto. La Operación Safiro vino a documentar cómo operaba la maquinaria de corrupción y le puso cifras a la idea que convive desde hace años entre los ciudadanos mexicanos. El caso Viuda Negra habla de la magnitud de ese mecanismo que cobró dimensiones obscenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde uno de los protagonistas, además del propio presidente, es Luis Videgaray, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). El exfuncionario abandonó su cargo como profesor la universidad de Massachussets y se fue a Israel, luego de que, en junio de 2021, el Gobierno mexicano lo inhabilitara por 10 años. “A Luis Videgaray se le ha señalado, a lo largo de este sexenio, como la persona que movía los hilos y ordenaba las entregas de dinero. El propio director de Pemex lo ha señalado varias veces. En su momento, la Fiscalía intentó acusarlo ante un juez de desvíos y hasta de traición a la patria. Tanto en el tema de Odebrecht como el de la Estafa Maestra, como en los desvíos de Veracruz, siempre ha salido el nombre de Videragay. Parece difícil de creer que este cúmulo de irregularidades ocurrieran sin que él tuviera conocimiento. Tendríamos que creer que era una persona extremadamente incompetente o que no sabía lo que sucedía y pecó de negligencia criminal. El asesinato de un colaborador tan cercano, más allá de quién lo haya matado y por qué, hace que se pierda una ficha clave en el entramado. Un testigo colaborador fundamental. Pero, se puede seguir investigando: su esposa y su familia pueden aportar información muy valiosa al caso”, dice Arturo Ángel.

 Gracias al periodismo, cada vez conocemos mejor la red de corrupción que encabezaba Peña Nieto. Investigaciones como la Casa Blanca — caso recientemente archivado por la justicia mexicana: los exfuncionarios acusados de extraviar el expediente de la mansión del expresidente y su exesposa deberán disculparse por la negligencia y hacer obras de servicio social —, La Estafa Maestra, Odebrecht, la Operación Safiro y ahora El caso Viuda Negra muestran, con cada vez más detalle, el monumental desfalco. “El periodismo ha hecho su parte, pero parece no haber tanta correspondencia de la autoridad. Hay que seguir investigando el caso del homicidio”, denuncian los autores.

Por lo pronto, la llamada Viuda Negra, sobrenombre que le han dado a la señora Bethzabee Brito Álvarez, sigue en prisión. Pasó de una cárcel local a un penal federal. Pero hay otros viudos negros en el poder y lo más honesto es dejar la pregunta abierta de quién es la viuda negra. Hay más de uno interesado en el silencio total de Isaac Gamboa y su familia."                   (Anna Lagos , El País, 11/06/22)

El general, el político y el narco: mitos y peligros presentes de la guerra contra las drogas

 "El narcotraficante más célebre del mundo, el responsable de seguridad durante el gobierno del presidente mexicano que inició la guerra contra el narcotráfico y un exjefe del ejército —la institución encargada del combate contra el crimen—, habrán pasado en menos de dos años por una corte de justicia de Nueva York. Según la fiscalía, los supuestos enemigos en una supuesta guerra tenían un mismo objetivo: enriquecerse con el tráfico de drogas a Estados Unidos.

La historia oficial de México decía que la violencia era el resultado del choque de dos mundos que representaban el bien y el mal. Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo de capos, era el máximo antagonista de una lucha feroz contra las autoridades, encarnadas como pocos por el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón y por el general y exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el de Enrique Peña Nieto.

Parte del relato judicial que se está construyendo en Estados Unidos, más cercano a la realidad, es que entre narcos y algunos altos cargos del Estado mexicano siempre ha existido una simbiosis. Pero después de 340.000 muertos y más de 77.000 desaparecidos en catorce años, los mexicanos no pueden depender de que esta historia se resuma a que algunos de sus protagonistas sean juzgados en una corte de Nueva York.

Las procesos que se desarrollan en Estados Unidos deberían servir para hacer justicia. Pero no menos como un impulso definitivo para investigar desde México las mentiras históricas y a los responsables de su pasado reciente. Y, al mismo tiempo, alertarnos sobre los peligros del presente: en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país es todavía más violento y está más militarizado que durante los sexenios anteriores. La detención el 15 de octubre del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, llega en un contexto donde el presidente ha concedido a las Fuerzas Armadas el control de aduanas y puertos y el monto de los fideicomisos destinados al ejército aumentó más de un mil por ciento solo en los dos últimos trimestres del año pasado.

Los señalamientos públicos sobre sobornos y complicidad de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón empezaron en el juicio de Guzmán Loera el año pasado. En los últimos meses se han materializado en parte con las detenciones de García Luna y Cienfuegos. México seguirá ávidamente las pruebas y los testimonios presentados contra los dos fieles escuderos preguntándose si en la corte se llega a denunciar a los dos anteriores presidentes del país. Pero ningún juicio en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, será suficiente para reparar a las víctimas y propiciar el cambio estructural que necesita México.

Primero, porque lo que se juzga es la conspiración o colaboración de unos individuos para que las drogas crucen la frontera y satisfacer así la demanda del mayor mercado de América, no los asesinatos, ejecuciones o desapariciones que han sumergido a México en un luto nacional. Segundo, porque si la justicia mexicana no actúa, la impunidad seguirá siendo un estímulo para el delito y un obstáculo para la denuncia. Tercero, porque mientras en Estados Unidos transcurren los juicios y el debido proceso, en este lado de la frontera los diferentes gobiernos estadounidenses siguen siendo un actor político fundamental, a veces incluso como si de política interna se tratara.

Todo esto ha sucedido en un contexto histórico que resalta el fracaso de las políticas para controlar la violencia y el negocio del narcotráfico: el próximo año se cumplirán 15 años de guerra contra las drogas en México, pero serán 50 desde que Richard Nixon declaró estas sustancias como “el enemigo público número uno” de su país y, por extensión, del mundo. Con el paso de los años la realidad ha desmoronado los mitos sobre los que se sustentan las políticas de mano dura de esa guerra.

Los militares mexicanos salieron de los cuarteles bajo la lógica de que, a diferencia de una policía corrompida, ellos eran incorruptibles. La detención de Cienfuegos es el episodio más simbólico, pero no el único de un ejército que se ha visto señalado por ejecuciones extrajudiciales. Un dato muy relevante: seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, las nuevas investigaciones sobre el caso apuntan a que los militares tuvieron un papel central aquella noche en contraste con lo que decía el gobierno de Peña Nieto.

La política de descabezar grupos criminales a través de grandes operativos ha mostrado ser más un problema que una solución: desde la extradición de Guzmán Loera en enero de 2017, México ha vivido los años más violentos de su historia moderna. La estrategia de desplegar militares en los estados más conflictivos no solo ha derivado en que se mate más, sino en que se mate cada vez más en más lugares.

Las erradicaciones de los plantíos de amapola tampoco han detenido el tráfico. Hasta 2017, los sembradíos crecieron un máximo de 44.100 hectáreas cultivadas. Desde entonces descendieron porque el fentanilo, un opiáceo más potente, barato y fácil de transportar, entró al mercado estadounidense proveniente de China. Para muchos cultivadores lo único que ha cambiado es que se han quedado sin sustento.

Las evidencias sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sin embargo, no han conseguido quebrar el mito fundacional según el cual las drogas y el negocio ilícito alrededor de ellas son el principio y fin de los males de México. En muchas partes del país existen negociaciones, pactos más o menos volátiles entre crimen y autoridades, a través de los que se coordinan para extraer cualquier recurso del territorio. El dinero ilegal surte la economía legal mientras que los poderes estatales, que a veces combaten frontalmente al poder criminal, otras se asocian con él para gobernar. Se entiende en este contexto que el negocio del narco se haya asentado en México más porque estaban las condiciones dadas. No las creó. La utilidad que tiene la violencia para quienes se benefician de ella se traduce en un saldo trágico: más de 36.000 vidas solo el año pasado.

México era así cuando López Obrador llegó al poder. Después de sus palabras iniciales de cambio solo ha transitado el mismo camino que sus antecesores, incluso a mayor velocidad. A Guzmán Loera y García Luna los puede encuadrar en el pasado, pero la onda expansiva de Cienfuegos, a pesar de nunca haber ocupado puesto alguno en el actual gobierno, alcanza de lleno el presente. Los cinco generales de la plana mayor de la secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabajaron con el exjefe de las Fuerzas Armadas. Según informaciones periodísticas, la DEA tiene en su mira a otros seis militares mexicanos.

El presidente ha enarbolado la lucha contra la corrupción y la ruptura con la “mafia del pasado”. Ahora debe enfrentar una paradoja: cumplir sus promesas cuando ha ligado su sexenio a una institución central en los anteriores gobiernos, que ha fracasado en su objetivo de pacificar el país y está cada vez más en entredicho. Uno de los ejes de su Cuarta Transformación en materia de seguridad, la Guardia Nacional, es un cuerpo cada vez más militarizado que ahora además tiene la facultad de incidir en el proceso de justicia penal.

En esta encrucijada lo más probable es que López Obrador continúe la militarización. Lo mejor para el país sería que las lecciones que podamos aprender de los juicios en Estados Unidos y, sobre todo la realidad mexicana, le valieran para reflexionar y cambiar el rumbo de una política que quizás le sirva a su agenda, pero no a la seguridad del país.

En este cambio sería fundamental que gradualmente el ejército volviera a tener el papel tradicional de los ejércitos. La responsabilidad de la seguridad debería también regresar a unos cuerpos civiles mejor capacitados, con buen presupuesto y bajo una estrategia que empiece solucionando problemas locales. Y la regulación de la marihuana se debería aprobar al fin con una ley que responda a las necesidades sociales del país, no a intereses económicos extranjeros, y sea punto de partida para una conversación más amplia sobre otras drogas.

Ni el pasado, ni el presente ni el futuro de México se deberían juzgar en Nueva York. Una vez que se establezcan en Estados Unidos las conexiones entre el crimen y el Estado, lo central sería que este gobierno cree las condiciones y respete la independencia de la justicia mexicana para investigar en casa qué tan estrechos son los vínculos entre lo legal y lo ilegal. Es así como se puede empezar a esclarecer qué significa realmente la guerra contra el narcotráfico y a hacer justicia a las víctimas de homicidio, corrupción, impunidad, desplazamiento forzado o desaparición."                

(José Luis Pardo Veiras, periodista independiente especializado en violencia en América Latina. The New York times, 02/11/20)

Detenido en Estados Unidos el gran estratega de la guerra mexicana contra el narco. Genaro García Luna, jefe de la policía federal con Felipe Calderón, ha sido acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios

"El máximo jefe de la policía mexicana durante el Gobierno de Felipe Calderón y gran estratega de la lucha contra el narcotráfico, Genaro García Luna, ha sido detenido en Dallas (Texas, Estados Unidos) este lunes.

 El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de Calderón (de 2006 a 2012) está acusado por la misma corte de Nueva York que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante los años de la guerra contra las drogas que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder. García Luna se enfrenta a tres cargos por crimen organizado y la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.

Las sospechas sobre el secretario —que también estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox (de 2000 a 2006)— se hicieron públicas durante el juicio contra El Chapo en Nueva York. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, declaró en una audiencia en febrero del año pasado que su corporación había hecho pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.

Zambada, que fue el primer colaborador con la Fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante el jurado en Brooklyn que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, El Mayo, jefe del Cartel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido. El primer soborno, que se produjo en un restaurante en 2005, ascendía a tres millones de dólares. García Luna estaba al mando de la AFI en ese momento. A este le siguió otro de entre tres y cinco millones en 2007 cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública.

"¿Se reunió con García Luna en un restaurante?", le preguntó un abogado durante la audiencia. "Sí", respondió Jesús Zambada. El efectivo iba en un maletín y tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del cartel, para así "tenerlo en su bolsillo". La investigación policial por la que ha sido detenido este lunes detalla que el pago de sobornos fue confirmado por "muchos testigos", colaboradores del grupo criminal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público un comunicado este martes en el que informa sobre su detención y los delitos de los que el exsecretario está acusado. Afirma que "mientras tuvo un cargo público en México, recibió millones de dólares en sobornos por parte del cartel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. Gracias a su apoyo, la organización mantuvo su actividad criminal sin una intervención relevante de las autoridades y permitió que se importaran grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos".

El 15 de noviembre de 2015, García Luna, ya instalado desde hacia dos años en Florida, donde había obtenido la residencia estadounidense, fue multado por saltarse una señal de tráfico. Gracias a esta detención, según apunta una investigación de la cadena Univisión, las autoridades registraron una mansión a su nombre con embarcadero propio en Golden Beach, valorada en 3,3 millones de dólares. Hacía solo dos años que había dejado su cargo en el Gobierno mexicano. Además de este inmueble, la investigación periodística reveló que él y su esposa residieron durante un tiempo en otro ático de lujo valorado en 2,3 millones de dólares, en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018.

Los orígenes de su poder en México se remontan a una legislatura anterior a Felipe Calderón. Antes de asumir la Secretaria de Seguridad a finales de 2006, Genaro García Luna se había desempeñado como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), un brazo operativo de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) durante todo el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006. En 2005, su gestión se vio seriamente cuestionada por un escándalo que puso en crisis la relación diplomática entre México y Francia: la detención de Florence Cassez. La francesa fue capturada por policías de la extinta AFI tras ser acusada de secuestro, y todo se transmitió por televisión. Sin embargo, la detención era un montaje, una recreación de la policía de García Luna para las cámaras televisivas.

Su paso por el Ministerio de Seguridad (2006-2012) también estuvo marcado por diversos escándalos. Uno de los casos más recordados es el pago que realizó a Televisa en 2011 para que realizara una serie televisiva que exaltara la labor de la Policía Federal, tan cuestionada en esos años por los excesos cometidos en la guerra contra el narco. La secretaría le brindó a Televisa acceso al personal de la institución y le prestó patrullas, helicópteros y armamento. Desde el principio el programa, transmitido en el horario de mayor audiencia, causó polémica porque retrataba una realidad muy distinta a la que padecía el país y mostraba una producción costosa con imágenes donde se veían las instalaciones del Ministerio de Seguridad.

Pese a que la Secretaría de la Función Pública integró al menos 20 expedientes para investigar si García Luna incurrió en alguna irregularidad durante su paso por la gestión federal, ninguna investigación se concretó y tras dejar su puesto de secretario se fue de México, cuando su imagen estaba por los suelos.

Fue el gran estratega de la guerra contra el narcotráfico, que emprendió Calderón a su llegada al poder y continuó Enrique Peña Nieto. Uno de los responsables de las etapas más cruentas del país. Las cifras de homicidios se dispararon a partir de 2006 y sembraron de cadáveres el territorio nacional, con casi 100 asesinatos al día y al menos 20.000 desaparecidos. Una ola violenta que no se ha detenido desde entonces. Este año se ha batido un nuevo récord sangriento, con datos más dramáticos que en los peores años del combate al narcotráfico. La tasa de más de 100 asesinatos diarios se ha instalado sin que un presidente haya anunciado ninguna guerra.

López Obrador ha culpado desde su llegada al poder a Calderón y su Gobierno de iniciar esta sangría. Aunque después de 12 meses de mandato las políticas para contener la violencia en México no han producido ninguna mejoría. "Esa absurda y desquiciada estrategia no se repetirá jamás", anunció el presidente desde el Zócalo capitalino en el aniversario de su toma de posesión. Bajo su Gobierno, dos altos funcionarios de la Administración de Calderón han sido vinculados por corrupción: además de García Luna (en Estados Unidos), hace dos meses, el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora.

El periodista y escritor mexicano Diego Osorno señala a García Luna como "el autor material de una política antidrogas populista y fallida mal llamada guerra contra el narco, que en buena medida llevó al país a la crisis de derechos humanos que padecemos hoy en día. El autor intelectual de la misma es el expresidente Felipe Calderón, quien se ha negado a rendir cuentas al respecto hasta el día de hoy. Quizá este juicio en Estados Unidos destape los intereses ocultos detrás de uno de los periodos más trágicos de nuestra historia reciente".                   (Elena Reina, El País, 11/12/19)

El juicio del Chapo ofrece pruebas de la extensa corrupción en México

"No es un secreto que los cárteles mexicanos de la droga han corrompido, durante décadas, a las autoridades con dinero sucio. Sin embargo, a pesar de lo grave de la corrupción, el juicio en Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como el Chapo, ha sugerido que el lodazal de sobornos es mucho más profundo de lo que se pensaba.

En dos meses de testimonios, se ha relatado que casi todos los niveles del gobierno mexicano están involucrados en el narcotráfico: custodios de las prisiones, funcionarios de aeropuertos, policías, fiscales, tasadores de impuestos y personal militar han estado involucrados, según testimonios.

Un general retirado del ejército, Gilberto Toledano, fue acusado hace poco de recibir pagos de 100.000 dólares para permitir el tráfico de drogas a través de su distrito.

Incluso se sospechó que el arquitecto de la guerra del gobierno contra Guzmán y sus aliados —Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública— recibió portafolios llenos de efectivo proveniente del cártel.

Los fiscales federales han acusado a Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, de ser parte de una empresa criminal de manera ininterrumpida al transportar más de 200 toneladas de heroína, cocaína y marihuana por toda la frontera de Estados Unidos desde la década de los ochenta hasta su arresto en México hace dos años.

Para demostrar su argumento, el gobierno planea llamar como testigos a por lo menos dieciséis de los subordinados y aliados del capo, algunos de los cuales fungieron como encargados de entregar el dinero de los sobornos.

Aunque los relatos de violencia han sido comunes en el juicio (que ha estado en pausa durante las fiestas decembrinas), los testimonios de sobornos han sido aún más extensos.

A los miembros del jurado les han dicho que Guzmán ha participado en el negocio de la corrupción desde los inicios de su carrera. A finales de la década de los ochenta, según han dicho los testigos, comenzó a enviar millones de dólares al primer funcionario en su nómina: Guillermo González Calderoni, exdirector de la Policía Judicial Federal de México.

González Calderoni, quien creció en parte en Texas, terminó por convertirse en un funcionario legendario en México, quizá mejor conocido por haber ayudado a las autoridades estadounidenses a resolver el caso de Enrique Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) que fue capturado, torturado y asesinado por traficantes en 1985. Sin embargo, en cuestión de dos años, de acuerdo con pruebas presentadas en el juicio de Guzmán, el funcionario de la policía ya aceptaba sobornos del cártel.

Miguel Ángel Martínez, uno de los testigos, les dijo a los miembros del jurado que González Calderoni le daba a Guzmán información secreta casi a diario, incluyendo una valiosa pista sobre el sistema de radares que el gobierno de Estados Unidos había construido en la península de Yucatán para rastrear vuelos con cargamentos de droga provenientes de Colombia a principios de la década de los noventa.

Martínez también testificó que González Calderoni alguna vez le informó a Guzmán que las autoridades mexicanas habían descubierto un túnel de contrabando que había cavado debajo de la frontera con Arizona. Antes de que la policía organizara una redada en el túnel, Guzmán pudo sacar un enorme cargamento de cocaína.

No obstante, a pesar de lo útil que fue para la operación del capo, la vida de González Calderoni terminó de manera violenta. En 2003, un sicario se acercó a su Mercedes plateado, estacionado en una calle de McAllen, Texas, y le disparó en la cabeza. Las autoridades nunca identificaron al asesino.

México no es el único país cuya reputación ha resultado mancillada en el juicio. El mes pasado, Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los proveedores colombianos de Guzmán, apareció en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn y admitió haberles pagado a muchas personas, desde periodistas hasta funcionarios fiscales en su país.

Ramírez, antiguo dirigente del Cartel del Norte del Valle, les dijo con calma a los miembros del jurado que toda un ala de su organización se dedicaba a repartir los pagos. “Es imposible ser el líder de un cartel de la droga en Colombia sin estar involucrado en la corrupción”, explicó. “Van de la mano”.

La lista de los que recibieron su dinero era impresionante: guardias de prisiones, agentes fronterizos, abogados y varios funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.

Ramírez fanfarroneó desde el banquillo de los testigos que en 1997 gastó más de 10 millones de dólares en sobornos para que todo el congreso colombiano cambiara las leyes de extradición del país a su favor. También afirmó haber pagado hasta 500.000 dólares a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, cuando fue candidato a la presidencia.

Incluso quienes trabajan en el sector privado, han dicho testigos, aceptaron efectivo de los carteles.

Hace unas semanas, los miembros del jurado se enteraron de que Guzmán había llegado a un acuerdo con una firma de banquetes colombiana para transportar a hurtadillas cocaína por el aeropuerto de Bogotá y burlar a los agentes de seguridad, para después subir los cargamentos a aviones de la aerolínea venezolana Aeropostal. Cuando los aviones llegaron a Ciudad de México, según se informó a los miembros del jurado, una tripulación de empleados corruptos trasladaba la droga a camiones del cártel.

Jorge Cifuentes Villa, un traficante colombiano que también le envió cocaína a Guzmán, hace poco testificó que, durante su carrera, lavó hasta 15 millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de una empresa corrupta de tarjetas de débito.

 Cifuentes también dijo que alguna vez le pagó a un gemólogo para certificar de manera fraudulenta que había esmeraldas en una mina en la que había invertido y que estaba usando como tapadera para la operación de narcotráfico.

El jurado no ha escuchado algunas de las pruebas más atroces de corrupción, y probablemente jamás lo hará.

En noviembre, por ejemplo, uno de los exjefes de operaciones de Guzmán, Jesús Zambada García, se preparó para revelar que dos presidentes mexicanos —que no fueron nombrados— habían aceptado sobornos enormes del cártel. Sin embargo, el testimonio fue suprimido antes de que pudiera escucharlo el juez Brian M. Cogan, quien determinó que avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”.

No obstante, quizá se mencionen más testimonios de sobornos.

En su declaración de apertura, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, les prometió a los miembros del jurado que un testigo que aún no se había presentado en el juicio, César Gastélum Serrano, podría hablar de sobornos —si así se lo pedían— que recibieron candidatos presidenciales en Guatemala y también de haber sobornado a un presidente de Honduras.

Después hubo otro posible testigo, Dámaso López Núñez, uno de los principales subordinados de Guzmán, quien al parecer tenía a miembros de la Marina mexicana, a funcionarios de inteligencia y a políticos locales en su nómina.

“No hay ninguna parte del gobierno mexicano ni del sistema judicial que Dámaso no haya controlado”, dijo Lichtman."                   (Alan Feuer, The New York Times, 03/01/19)

La corrupción de OHL financia a Aznar y al FAES

"Las prácticas delincuenciales de la poderosa constructora española OHL, ahora en su pestilente filial mexicana, cuyo director, José Andrés de Oteyza, provocó la grave crisis petrolera de 1981 con José López Portillo, se suma a la epidemia de corrupción de los dirigentes del Partido Popular (PP) infectado en su alma desde la burbuja inmobiliaria de José María Aznar (http://goo.gl/ncNcFs ) –que develé hace 7 años– pasando por su estratega Antonio Solá (http://goo.gl/Cv4gHb) hasta el fondomonetarista Rodrigo Rato (http://goo.gl/k5CduF).

Apenas OHL había sido imputada por el amaño de una concesión de un hospital en Baleares (http://goo.gl/Zf0eyX) y su soborno al circuito mexiquense no es el primero ni el único lugar donde es atrapado en su peaje político para transitar sus negocios crapulosos (http://goo.gl/ziamDQ) donde ha participado la cúpula del PP, partido consolidado de bandidos y blanqueadores aliado con el PAN de Fox y Calderón, lo cual devela toda una inducida geopolítica de la corrupción bajo la cobertura cómplice de un sector del Partido Republicano (el ex vicepresidente bushiano Dan Quayle), cuyo gozne lo representa el hipercorrupto Aznar entre el triángulo de España/Latinoamérica (LA) y la banca israelí-anglosajona.

Aznar fue uno de los principales promotores de la guerra de Bush/Blair en Iraq, mientras el PP ha infestado a LA con los negocios mefíticos de las trasnacionales españolas desde Banco Santander (http://goo.gl/TukPjH) –implicado en narcolavado (http://goo.gl/W9IfBG)– pasando por Telefónica hasta la petrolera Repsol (http://goo.gl/NrG9BJ).

La dualidad y bidireccionalidad político-empresarial entre Aznar y OHL rebasa el binomio dialéctico construcción/ destrucción de la burbuja inmobiliaria en España en beneficio final de la banca israelí-anglosajona y forma parte de la intoxicación ideológica de LA mediante la fundación (sic) FAES que preside Aznar para cerrar el círculo vicioso.

Durante las diligencias penales de los inmundos papeles de Bárcenas, el desparpajado mandamás de OHL, Juan Miguel Villar Mir –ex ministro de Hacienda en 1975 durante la presidencia de Carlos Arias, el carnicerito de Málaga, en el primer gobierno del zoocida rey Juan Carlos, quien ya abdicó–, reconoció haber donado 450 mil euros a FAES (http://goo.gl/t7p2df).

El megalavado de los papeles de Bárcenas –cuentas manuscritas del anterior secretario del PP durante 19 años con depósitos en Suiza (http://goo.gl/3gf9m8)– llevaba doble contabilidad que registraba los donativos (http://goo.gl/PVKcjy), donde apareció mágicamente Villar, el mandamás de OHL. ¿Tuvieron que ver los 609 contratos otorgados en su mayoría por el PP a OHL por casi 8 mil millones de euros?

La cara dura del desconstructor de conciencias Villar consiste en negar todo desde los papeles de Bárcenas hasta el circuito mexiquense. EL PP, Aznar y FAES constituyen la diabólica trinidad del fascismo neoliberal iberoamericano de corte franquista/pinochetista. FAES es el laboratorio de ideas (y sobornos) del PP desde 1989. Publicita promover la libertad (sic) occidental, la democracia (sic) y el humanismo (sic) bajo el modelo del neoliberalismo (sic) y la alianza de EU (sic) con Europa.

Profesa una obsesión por la competitividad que comparte con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) (http://goo.gl/GBsmhU), que indujo al golpismo pinochetista para privatizar Pemex con su locuaz y pugnaz empleado Juan Pardinas Carpizo.

Hace cuatro años el periodista catalán Oriol Malló había desnudado al “Cártel Español” donde señala a Valentín Díez Morodo, consejero de OHL, como su “primer representante (http://goo.gl/d7vJ6n)”. Díez Morodo es dueño, entre otros dones, del equipo de futbol Toluca, que forma parte del circuito mexiquense y su peaje político.

Dos zedillistas, el otrora centralbanquista Carlos Ruiz Sacristán (de la pútrida Sempra Energy) y Jesús Reyes-Heroles González-Garza, forman parte del consejo local de OHL que nunca ha investigado la filial mexicana de Transparencia Internacional (http://goo.gl/Ypz0XN) remunerada con la privatización de Pemex.

Los Cuadernos de Pensamiento Político (http://goo.gl/Uihvn4) de FAES exhiben sus infectas alianzas en LA y sus interesadas filias/fobias que tienen gran parecido con una de las conspicuas editoriales de Televisa (http://goo.gl/5bgE66). Amén del organigrama de sus seis departamentos, detenta cuatro unidades especializadas, entre las que destaca el Instituto Popular Iberoamericano que desarrolla y fortalece los lazos entre España y LA. FAES ostenta que más de 670 personas de 20 países iberoamericanos han pasado por los programas de visitantes y han constituido redes de ex becarios en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina y Chile.

¿Cuál será la opaca red de becarios de FAES en México? ¿Existe correlación entre los becarios indoctrinados con las obras de OHL o el narcolavado de banco Santander o las tratativas espurias de Repsol? En su enjambre destacan las Redes de Luchadores por la Libertad de Cuba y 9 universidades de LA, entre ellas un instituto mexicano (http://goo.gl/HP6Uc5).

FAES despliega su poder en los multimedia (News Corp. y Televisa) y, en semejanza a su patrón Aznar –que incriminó a sus adversarios en forma infame por el ataque terrorista del 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones españolas (http://goo.gl/gwwqhv)–, suele ser mendaz y falaz.

Al bushiano fiscalista Aznar no lo detiene nada y sus andanzas sulfurosamente radiactivas destilan la conectividad político-empresarial iberoamericana con el panista Javier Lozano (íntimo de Calderón) y los intereses legales estadunidenses de DLA Piper representada por Jeffrey Davidoff, ex embajador en México (http://goo.gl/C0DSyq).

La triada PP/FAES/Aznar (http://goo.gl/gosLaf) rebasa la unidimensionalidad iberoamericana para conectarse a escala del poder global al omnipotente Committee on the Present Danger (http://goo.gl/WDTakm) –donde abunda la fauna de neoconservadores straussianos/bushianos–, al Center for Transatlantic Relations, a News Corp. y al fondo buitre Cerberus, que dirige el polémico israelí-estadunidense Steve Feinberg (http://goo.gl/uZcebm).

Un consejero de una editorial de Televisa formó parte tanto del Committee on The Present Danger como de la Comisión Trilateral (http://goo.gl/CvO2F7). Antes del fondo buitre Cerberus, Aznar había cumplido su misión especial y espacial en Centaurus, polémico fondo especulativo anglosajón (http://goo.gl/MveU42).

La diabólica trinidad PP/FAES/Aznar y el “Cártel Español” constituyen en última instancia un instrumento de hegemonía multidimensional en LA de los omnipotentes sectores militares de EEUU vinculados a los neoconservadores straussianos/bushianos, donde resalta el centro Paul Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), división de la Universidad Johns Hopkins, desde donde Paul Wolfowitz encabezó el diseño del Nuevo siglo estadounidense para complacer a Netanyahu, primer ministro de Israel.

El “Cártel Español” de OHL e Imco es más que un soborno a su circuito mexiquense: subsume toda una geopolítica de la corrupción."        (Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada, en Jaque al neoliberalismo, 10/05/2015)