El cuñado de Rita Barberá utilizó su empresa para 'lavar' 600.000 euros en mordidas

 "El cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, utilizó su despacho de abogados para canalizar y 'lavar' las presuntas mordidas del caso Azuz. Según consta en el sumario al que ha accedido ElPlural.com, “a través de la mercantil Corbín Abogados S.L. obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias”. Además, dicen los investigadores que también cobró “cantidades en efectivo que constan en las distintas operativas”. Es más, el 70 por ciento del trabajo que entraba en su despacho era ficticio y para dar apariencia de legalidad a las supuestas mordidas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descubierto que, al menos siete empresas vinculadas al grupo Axis, efectuaron una serie de pagos a la mercantil Corbín Abogados SL en una relación comercial que se prolongó desde el año 2007 hasta el 2013, ascendiendo el montante de los pagos a 602.156 euros.

Según la magistrada instructora del caso, la realidad de los pagos realizados a Corbín “provenían de comisiones de naturaleza ilícita, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para que se les dotara de una apariencia de legalidad, de ahí que José María Corbín habría llevado a cabo la instrumentalización de la mercantil Corbín Abogados con la finalidad de obtener comisiones de naturaleza ilícita”.

Se esa presunta instrumentalización, matiza la juez que la denomina así por cuanto que “aprovechando el objeto social de la mercantil” (despacho de abogados), y que José María Corbín era abogado de profesión, “se establecieron relaciones contractuales justificadas en servicios de asesoría jurídica que no se prestaron, por lo que el objeto de los contratos jamás se cumplió ni se prestó el servicio a la mercantil contratante”.

Alfonso Grau

José María Corbín entró en contacto con el empresario corruptor del caso, Jaime Febrer, a través de Alfonso Grau, entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia. Además, según expone el sumario, también aprovechó “por su condición de estar casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefe de Gabinete de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lo que le permitía conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia”.

Sobre los pagos recibidos de las empresas de Febrer, el sumario especifica que se efectúan desde siete mercantiles distintas del citado grupo, así: de CVC. S.L. percibió 287.880 euros, del Grupo CVC Axis S.L, 43.110 euros, de L`Illa de Hydra S.L, 27.840 euros, de Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar S.L. 97.166 euros, de Actuaciones Rústicas S.L. 24.360 euros, de Mediterránea de Actuaciones Integradas S.L. 87.000 euros y, por último, de Nou Biourbanisme S.A., 34.800 euros.

En marzo de 2007, Corbín y Febrer se reunieron para “ultimar” los detalles de su relación ‘comercial’. En la reunión se expuso la relación de asuntos en los que Corbín debía participar nombrándolos como “Colegios”, “Acinelav Inversiones 2006 S.L.-CLH” y “Biourbanisme VPO”, estableciéndose los objetivos, cuantías y el marco temporal de los asuntos.

Ello dio lugar a la confección de tres contratos en los que se antedató la fecha al 1 de febrero de 2007 con diferentes empresas del grupo Axis. Así aparece firmado a esa fecha los contratos entre Corbín Abogados SL con Construcciones Valencia Constitución SL, con Actuaciones Rústicas SL y con y L´Illa de Hydra SL,

Los tres contratos tienen un objeto genérico de asesoramiento y representación, pero “aparece debidamente especificado a mano, en cada uno de ellos  el verdadero asunto por el cual se iban a efectuar los pagos estipulados”, a saber y correlativamente “NPR-4 Grao”, “Colegios” y “ Valencia VPO”, es decir las operaciones urbanísticas bajo investigación judicial."             (Loreto ochando, El Plural, 27/04/22)

La mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, otro receptor de los regalos del corruptor de Azud... Relojes, maletines, vinos y champán, los regalos a los políticos

 "La sorpresa del caso Azud ha sido conocer la presunta implicación en el amaño de contratos en el Ayuntamiento de Valencia de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo y actual diputado del PP. 

Bellver presuntamente recibió cerca de 10.000 euros en regalos del supuesto corruptor, el empresario Jaime María Febrer, pero no fue el único. La mano derecha de Rita Barberá, el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el exconcejal socialista y ex subdelegado del Gobierno del PSOE, Rafael Rubio, el también socialista, Pepe Cataluña; el jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera, y el exgerente de la empresa municipal de gestión urbanística Aumsa, Carlos Masiá, también fueron receptores de suculentas dádivas.

Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el año 2002, en “los listados de regalos de navidad” de ese año aparece Alfonso Grau, al que le asigna  como regalo una pluma Montblanc valorada en 810 euros; Carlos Masiá que recibió un portafoios Camel valorado en 300 euros; y Rafael Rubio, José Luis Vera y Pepe Cataluña que recibieron como regalo “vino tipo II valorado en 119,28 euros”.

Al año siguiente, en los listados aparecen Alfonso Grau, figurando la anotación “personal”; Jorge Bellver, al que se le envió como regalo un reloj Seamaster Omega; Carlos Masiá, que también recibió un reloj Baume Mercier; y Rafael Rubio figurando como regalo un estuche. En 2004, Alfonso Grau y Jorge Bellver recibieron una dádiva a la que Febrer llamó regalo Copa America; Carlos Masiá, una cartera con asas y Rafael Rubio, un portafolios.

En 2005, para Grau se envió un trolley y un Maletín de Loewe; Carlos Masiá recibió un reloj Hublot valorado en 2.950 euros; Jorge Bellver otro reloj, pero él de marca Bentley valorado en 2.265 euros y Rafael Rubio José Luis Vera y Pepe Cataluña figurando como regalo se tuvieron que conformar, otro año más, con el peor regalo, vino Carmelo Rodero.

Un año más tarde, el empresario siguió agasajando a los mismos. En los listados de regalos de navidad del año 2006 aparecen Alfonso Grau, cuyos regalos fueron un Portatrajes Hermés y una cartera de Loewe valorados en 780 euros y 280 euros, respectivamente; Carlos Masiá que recibió como regalo un trolley Hermés valorado en 970€; Jorge Bellver figurando como regalo Troller Erm valorado en 970€; y Rafael Rubio, José Luis Vera Llorens y Pepe Cataluña figurando como regalo vino Viuda Cliquot valorado en 200€.

Por último, en 2007 aparecen Alfonso Grau, al que le llegó un reloj, Carlos Masiá, quien también recibió un reloj Omega valorado en 2.570 euros, Jorge Bellver con otro reloj marca Breitling; y Rafael Rubio, José Luis Vera y Pepe Cataluña a quienes les enviaron una caja de 6 botellas de madera dominio Valdepusa valorada en 152€ euros."             (Loreto Ochando, El Plural, 26/04/22)

"Los regalos del corruptor al diputado del PP: 10.000 euros en tres relojes de lujo y un trolley de Hermes.

 Un clásico dentro de las tramas de corrupción, con amaños de contratos por el medio, son los regalos que los corruptores hacen a aquellos que se dejan corromper. Las mordidas son la otra punta de lanza. Bueno, pues el caso Azud no es diferente a otros casos y dentro del sumario no solo se encuentran las mordidas. Los regalos también aparecen. En el caso del diputado del PP valenciano y exconcejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, los relojes de lujo parece ser que eran su perdición.

Según consta en el auto de la juez, al que ha tenido acceso ElPlural.com, Bellver presuntamente recibió dádivas entre los años 2003 y 2007. Así, en 2003, el empresario Jaime María Febrer, considerado por los investigadores como el corruptor, le regaló un reloj Seamaster Omega. Según ha podido constatar este periódico, los precios de este reloj oscilan entre los 4.250 euros, si es de acero inoxidable, los 5.700, si es de titanio, o ya, si uno es muy sibarita, el precio sube hasta los 7.900 euros si opta por los relojes bicolor de acero y oro.

Al año siguiente, Febrer le obsequió con un “regalo Copa América”, que no viene especificado qué era. Un año después, en 2005, Jorge Bellver habría recibido un reloj Bentley valorado en 2.265 euros. En 2006, la dádiva fue un trolley de Hermés valorado en 970 euros. Para terminar, en 2007, último año con anotaciones de regalos, el empresario anotó que le había regalado un reloj Breitling, cuyo precio tampoco aparece, pero que según los precios actuales rondaría los 2.500 euros. Por tanto, Jorge Bellver habría recibido, en los años que estuvo al frente de la Concejalía de Urbanismo, regalos por un valor medio de 10.000 euros por parte de un empresario acusado de ser el corruptor de la mayor trama de amaños de la historia de la Comunidad Valenciana.

En esta macrocausa, bautizazda como caso Azud, se investigan diversos contratos municipales de los que presuntamente tanto el excuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, como el ex vicealcalde, Alfonso Grau, habrían cobrado sustanciosas mordidas.

Unos sobornos que se habrían producido tras manipular los contratos públicos para que acabaran en manos del empresario Jaime María Febrer. Para ello, habrían contado con la colaboración de ciertos funcionarios municipales que también está investigados en esta causa. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad, tanto Corbín como su socio, Diego Elum, ‘fabricaron’ facturas falsas relacionadas con contratos entre los años 2006 y 2015."                    (Loreto Ochando, El Plural, 26/04/22)

La trama corrupta del ‘caso Azud’ vinculada al Ayuntamiento de Valencia repartió siete millones de euros en mordidas... El empresario Febrer pagó dos millones al vicealcalde Grau en el mandato de Rita Barberá, y al menos 200.000 al portavoz socialista Rafael Rubio

 "Cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Valencia recibieron, al menos, siete millones de euros en comisiones ilegales en metálico y en regalos a cambio de favores urbanísticos entre 1999 y 2013, según el sumario del caso Azud de corrupción, cuyo secreto acaba de ser levantado. En esos años, el consistorio de la tercera ciudad de España estaba presidido por la popular Rita Barberá.

La red, diseñada por el empresario Jaime Febrer, realizaba los pagos de esas comisiones a través de cuatro vías, según un auto de la jueza instructora: en la mayor parte de los casos, las comisiones se abonaban en efectivo; en otros, se confeccionaban y suscribían contratos ficticios que permitían canalizar los pagos de esas comisiones. En algunas ocasiones, se registraban compraventas de inmuebles por un precio inferior al realmente abonado, “que redundaba directamente en beneficio para los cargos públicos y funcionarios”. La última fórmula para el pago de favores eran los regalos “de toda índole” que, según la jueza, “no podían ser considerados como una atención normal dentro de las normas sociales”. Esos obsequios incluían botellas de vino (de hasta 240 euros), plumas, maletas de lujo, relojes, portafolios, jamones o colgantes. Todos esos regalos se reflejaban en un listado que el propio Febrer confeccionaba cada año.

Los principales beneficiarios de las supuestas mordidas fueron el entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, y José María Corbín, casado con una hermana de Rita Barberá, quien, además, ejercía de jefa de gabinete de esta. En la trama también figuran el portavoz del grupo municipal socialista, Rafael Rubio, que formaba parte del consejo de administración de la entidad pública municipal Aumsa, y el abogado José Luis Vera, “que desarrollaba sus influencias políticas y familiares” para lograr los objetivos del empresario Febrer.

La investigación comenzó con una denuncia de la Agencia Tributaria y desembocó en la constatación de que la empresa del cuñado de Rita Barberá “debía casi el 80% de sus ingresos a pagos efectuados consistentes en comisiones ilícitas”. Estos pagos eran desembolsados, según la jueza, “como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos”.

El mayor beneficiario de las mordidas fue, según el sumario, Alfonso Grau, que presuntamente percibió de la trama Azud dos millones de euros. El exvicealcalde ya fue condenado en junio de 2019 a cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales por aceptar relojes de lujo como regalo de un empresario que era contratista del Ayuntamiento. Grau, según la investigación, recibió una parte importante de la mordida en efectivo y otra a través de una empresa familiar que compraba inmuebles por un valor muy inferior al real, ya que el vendedor era el propio Febrer. Las pesquisas han desvelado que Grau ingresaba parte del dinero en efectivo en sus cuentas mediante depósitos recurrentes de menos de 3.000 euros (la técnica llamada pitufeo) para tratar de evitar que saltaran las alarmas antiblanqueo del banco.

Una de las operaciones en las que participó fue la compra, por parte del Ayuntamiento de Valencia, de dos casas que tres meses antes había adquirido Febrer. El pago de las mismas no se realizó en metálico, sino con una permuta de un solar. Frente a los 322 metros cuadrados que medían los inmuebles, el solar tenía una extensión de 2.819 metros cuadrados, y frente a los 243.650 euros que el empresario pagó por las casas, percibió un solar valorado en cerca de 390.000.

Sobre el cuñado de Barberá, la jueza sostiene que obtuvo 602.156 euros por “facturaciones ficticias” y mordidas en efectivo. Las empresas de Febrer efectuaron esos pagos, “que provenían de comisiones de naturaleza ilícita”, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para darles apariencia de legalidad.

Sin escollos del PSOE

El socialista Rafael Rubio, “por los servicios prestados, tuvo un incremento patrimonial no justificado de 193.000 euros”, afirma la jueza. Si bien, el auto apunta que “las cantidades en metálico percibidas fueron superiores”, ya que “hay constancia” de que una de las tramas urdidas por el Grupo Axis (del empresario Febrer) le abonó una comisión en metálico no inferior a 300.000 euros. La participación del socialista se centró en no poner “escollo alguno” y que se favorecieran las operaciones urbanísticas en las que estaba interesado Febrer, según la magistrada. Rubio, supuestamente, también efectuó repetidos ingresos en efectivo inferiores a 2.000 euros para “eludir los controles administrativos y financieros” establecidos en la normativa contra el blanqueo de capitales.

La jueza esboza también la participación del abogado José Luis Vera, al que adjudica un papel de conseguidor. Así, señala que percibió 1,3 millones de euros de las empresas de Febrer “bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias por servicios inexistentes”. Su cometido era “posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo”, concluye la jueza en su resolución. “Dicha actividad la realizaba el investigado en aquellas administraciones públicas frente a las que se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido”, añade, ya que Vera ha estado históricamente ligado a los socialistas valencianos."                   (María Fabra, El País, 27/04/22)

El juez procesa al PP de València y a todo el equipo municipal de Rita Barberá por blanqueo de capitales

 "El titular del Juzgado de Intrucción 18 ha emitido auto de procesamiento a todo el equipo municipal del PP de la alcaldesa fallecida Rita Barberá en su última legislatura al frente del Ayuntamiento de València (2011-2015) en el marco del caso Taula, según ha avanzado el periódico Las Provincias y ha confirmado elDiario.es. Contra el mencionado auto cabe recurso de reforma en un plazo de tres días.

Los encausados presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido –1.000 euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015. 

 En total son 49 los excargos que se quedan al borde del banquillo acusados de blanqueo de capitales, además del propio partido como persona jurídica y el que fuera mano derecha de Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau.

El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del propio PP como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera “opaca, aparentemente a la estructura nacional” del partido y la llevaran a cabo “pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa”, tal y como recoge la resolución.

Algunos de los encausados como el asesor Luis Salom, la asesora Cristina Diego, o el exconcejal de Deportes, Cristóbal Grau, forman parte del actual grupo municipal popular que dirige la portavoz María José Catalá.

Salom, quien ha interpuesto una quincena de denuncias contra los actuales dirigentes sin que ninguna de ellas prospere, sigue siendo asesor, lo mismo que Diego, mientras que Cristóbal Grau es el secretario del grupo.

El instructor ha decretado por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles (María José Alcón y Emilio del Toro), al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados (Juan José Medina Esteban, José Antonio Moscardó Úbeda, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, Montserrat Tello Millán y Elena Rodrigo Martínez).

Asimismo, ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado, el también exconcejal Miquel Domínguez, que era diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El auto también expone los indicios de delito de malversación apreciados tras la instrucción en la actuación de uno de los investigados, Alfonso Grau, en la campaña municipal de 2007, así como de éste y la secretria del grupo, María del Carmen García Fuster, por cohecho pasivo impropio y blanqueo, respectivamente, en relación a la campaña de 2011. 

 El magistrado da de plazo 20 días a la Fiscalía y las acusaciones populares personadas en esta pieza del ‘caso Taula’ a fin de que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.

Origen del caso

El caso Taula saltó a la luz a principios de 2016 cuando la Unidad Central operativa de la Guardia Civil irrumpió en el Consistorio para recabar documentación por un supuesto caso de blanqueo perpetrado por medio centenar de concejales y asesores poco antes de las elecciones municipales de 2015.

La propia alcaldesa declaró ante el Tribunal Supremo por el presunto 'pitufeo' en el grupo municipal que ella dirigía por el cual todos sus miembros hicieron una aportación al partido de 1.000 euros para cubrir los gastos de la campaña electoral de 2015 que supuestamente se les devolvió poco después en dinero negro.

Toda esta situación provocó que las Corts Valencianes aprobaran por unanimidad, incluidos los diputados del Partido Popular, una resolución por medio de la cual exigían a Rita Barberá que renunciara al acta de senadora autonómica "para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos".

Recientemente, Catalá solicitó al Ayuntamiento el nombramiento de Rita Barberá como alcaldesa honorífica, algo descartado por el equipo de gobierno municipal.

El legado de la que fue durante 24 años alcaldesa de València fue ampliamente reivindicado hace dos semanas en la convención nacional del PP que tuvo lugar en la Plaza de Toros de València. Las referencias a la excalcaldesa, a la que el partido reclamó apartarse por su investigación judicial en el caso Taula, fueron una constante que ha logrado encender al público en el cierre de la convención nacional del PP.

De hecho, el líder popular Pablo Casado recordó a la exalcaldesa, asegurando que el partido va a recuperar la ciudad en su memoria. Casado interpretó el acto multitudinario como el "preámbulo de otra victoria como con Rita Barberá" y el primer paso para llegar al Gobierno central. "Aquí está otra vez el PP llenando la plaza de toros", apuntó."                   (Carlos Navarro, eldiairo.es, 19/10/21)

La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana

 "La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia envió la noche del sábado al domingo a prisión provisional sin fianza al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, y al hasta hace cuatro días subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición durante el Gobierno de la alcaldesa ya fallecida. 

Los dos políticos están investigados en el caso Azud, una causa abierta en 2007, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Grau y Rubio, Gobierno y oposición durante años en el Consistorio capitalino, fueron detenidos el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación coordinada por la jueza de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción. La ofensiva judicial se saldó 48 horas después con 14 arrestados y más de 40 registros en Valencia, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso (Ciudad Real). Junto a estos dos políticos, la magistrada mandó a la cárcel también al constructor Jaime Febrer, clave del entramado de comisiones, a su asesor Joaquín Pastor y a la empresaria Mónica Montoro.

 Los investigadores sospechan que Grau pudo beneficiarse de un millón de euros en mordidas y Rubio, de unos 300.000 euros. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, las sospechas sobrevuelan sobre varias operaciones urbanísticas, entre estas la relacionada con el plan del Grao, uno de los grandes proyectos inmobiliarios de la capital, malogrado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, y salpica a cargos políticos del PP y del Partido Socialista, algunos retirados y otros activos.

Es el caso de Rafael Rubio, concejal socialista de Valencia en la década de los noventa y responsable en la oposición de fiscalizar la política urbanística del PP. El edil permaneció en el Consistorio hasta 2011 y ejerció de portavoz de grupo en el periodo investigado por el juzgado, al menos entre 2004 y 2007. Los socialistas, que gobiernan Valencia desde 2015 junto a Compromís, lo repescaron ―es funcionario municipal― para sus servicios de Urbanismo y allí permaneció hasta que le nombraron subdelegado del Gobierno en Valencia. Está investigado, además, en una pieza separada de otro conocido episodio de corrupción política, el caso Taula, por la presunta contratación irregular de dos falsos trabajadores. Pese a ello, mantuvo el cargo de subdelegado. La detención de Rubio ha dejado estupefacto al partido de los socialistas valencianos, que lo ha suspendido de militancia. Su esposa aparece entre el medio centenar de investigados.

Otro conocido socialista implicado en esta segunda fase del caso Azud es José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV, y el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia en extinción], José Luis Vera, próximo al partido y que los investigadores sitúan como la persona que supuestamente puso en contacto a Febrer con cargos del PSPV.

 El exvicealcalde del PP Alfonso Grau dejó la política activa en 2015, poco antes de perder el Gobierno local, acosado por su procesamiento en el caso Nóos, del que salió absuelto. No fue así en otro caso donde le condenaron en junio de 2019 por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal. La hija de Grau también está investigada junto a su padre por Azud. Otro antiguo cargo del PP bajo investigación es la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú por un plan urbanístico con campo de golf proyectado en su municipio.

La primera fase del caso Azud estalló en 2019, dos años después de abrirse la investigación, con la detención de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y su socio en el bufete de abogados que compartían. En este primer golpe de Azud están investigadas además la mujer de Corbín y hermana de la exalcaldesa de Valencia, y sus tres hijas. Fuentes del caso aseguraron entonces que el abogado cobró presuntamente más de un millón de euros en mordidas a diversos empresarios a cambio de la obtención de recalificaciones."                      (Cristina Vázquez, El País, 17/05/21)

Taula, Púnica, Gürtel, Laterne y Emarsa: el puzzle de la corrupción del PP de Rita Barberá empieza a encajar

"El caso Taula no es una anécdota, ni afecta a hechos remotos que ocurrieron en el pasado. La investigación inicial por blanqueo que involucra desde enero de 2016 a todo el equipo del PP en la ciudad de Valencia (sus concejales y asesores habrían simulado donaciones al partido que se les devolvían en dinero negro) se refería a la campaña electoral municipal más reciente, la de 2015, y se derivó del inicial caso Imelsa, en el que se investiga la corrupción en la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus.

Pero al contrario de lo que podía pensarse en un principio, el caso no sigue un esquema de muñecas rusas, en el que una corrupción más grande incluye otras de menor calado. La evolución del caso Taula ha adquirido una dinámica propia hasta llegar a conectar con un escándalo que denunció en 2010 la entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella. 

La edil reveló la opacidad e irregularidades que marcaban la relación del Ayuntamiento con dos grupos de empresas, Laterne y Trasgos, que contrataban con el consistorio y al mismo tiempo participaban en la organización de las campañas de Rita Barberá, pero el asunto no llegó a trasladarse a la fiscalía.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado recientemente a una de las piezas de Taula y basado en documentación aportada por Jesús Gordillo, que fue asesor del PP, confirma, no solo que Laterne y Trasgos fueron usadas para financiar ilegalmente las campaña de Barberá en 2007, sino que el modus operandi se repitió en las elecciones de 2011 y 2015. 

 Sitúa, además, a quien fue mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (juzgado y absuelto en el caso Nóos), en el centro del sistema irregular. El PP habría pagado sistemáticamente actos electorales financiados por empresas contratistas desde una caja B.

La forma de actuar es similar a la empleada por el PP de la Comunidad Valenciana en el caso Gürtel. Laterne y Trasgos habrían jugado a escala local el papel que Orange Market, la terminal valenciana de la trama que lideraba Francisco Correa, jugó en Gürtel. 

Un caso con el que el Ayuntamiento que presidía Rita Barberá tuvo una conexión a través de la Feria de Valencia, cuyo patronato presidía la alcaldesa. En este caso un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía cifró en 1,2 millones de euros lo que la institución ferial, que dirigía Alberto Català, pagó a Orange Market, según la documentación de la contabilidad B de Correa.

De hecho, según el concejal que denunció la trama Gürtel, José Luis Peñas, la influencia de la red corrupta en Feria Valencia fue tal que Francisco Correa era quien nombraba a su presidente. El PP dejó a deber más de 625.000 euros a la institución ferial por el alquiler de sus instalaciones para el congreso del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido al frente del partido. Solo cuando una sentencia les ha obligado a hacerlo, los populares han pagado lo que debían, tras reclamarlo los nuevos responsables de la institución.

La financiación irregular unifica todos esos casos de corrupción política. Y también aparece en el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia, en Pinedo. La empresa pública, controlada desde un organismo en el que el PP de Valencia manejaba los hilos, habría pagado cenas de militantes del PP local mientras Esteban Cuesta, que fue cargo orgánico de segundo nivel del partido, era su gerente. Además, numerosos cargos del PP de València, entre ellos la propia Rita Barberá, recibieron regalos de lujo con dinero público de la depuración de aguas.

Las piezas van encajando en un rompecabezas que revela que el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, por el que están imputados nueve de sus 10 concejales, es solo la punta de una red mucho más amplia y continuada en el tiempo. Una red que también tenía que ver con el caso Púnica, otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP en España.

Según un informe de la UCO de la Guardia Civil aportado al sumario de Púnica, el actual concejal popular Alberto Mendoza; el exconcejal, hoy diputado autonómico, Miquel Domínguez y el exjefe de prensa de Barberá, Julio Valero, participaron en el pago con dinero público al conseguidor de la red, Alejandro de Pedro, por favorecer la imagen del PP en Internet.

Si en un tiempo parecía que, a diferencia de su correligionario y amigo Francisco Camps, Rita Barberá había quedado al margen de la corrupción que implicó a todo el PP valenciano, a medida que avanzan las investigaciones judiciales toma forma un rompecabezas que sitúa a Barberá en la cúspide de un enorme entramado corrupto. 

Cuando la exalcaldesa de Valencia murió en Madrid en noviembre de 2016, era técnicamente una tránsfuga del PP, cuyo grupo había tenido que abandonar en el Senado al tener que declarar ante el Tribunal Supremo imputada en el caso Taula. "                   (Adolf Beltran

 , Público, 11/09/17)

Desde Fraga hasta el Rajoy financiaron al PP con las aportaciones de Narcotraficantes, contrabandistas, caciques, empresarios de potentes intereses urbanísticos... y Rita Barberá fué una alumna aventajada en el manejo de esta corrupción sistémica

"La exalcaldesa de Valencia ha perpretado esta mañana su última venganza contra el PP y su presidente, Mariano Rajoy, muriendo en un hotel frente al Congreso de los Diputados.  

A Rita Barberá la veíamos esta semana entrando en los juzgados, sola y demacrada, como nunca la habíamos imaginado, o en la sesión de Apertura de las Cortes mendigando el cariño de los suyos ("Margui' [Margallo], no me has saludado...")

Ahora, el PP en pleno se verá obligado a escenificar el obituario de quien, según Pablo Casado este lunes, "ya no pertenece a este partido", pero que lo fue todo cuantitativamente (en votos y en presunta financiación en negro) y cualitativamente, cuando apoyó a Rajoy y le entregó el respaldo de los conservadores valencianos en sus momentos de mayor zozobra interna, en 2008.

Nunca como hoy la crueldad y la ingratitud de la política orgánica se habían mostrado con tanto esplendor, con permiso de Adolfo Suárez. Rita Barberá es un símbolo de una etapa del PP que debería haberse ido mucho antes que ella.

La exalcaldesa valenciana se ha quejado en público y en privado del trato que le daban quienes se beneficiaron, como ella, de un sistema interno de financiación ilegal, cohecho o corrupción que nació en Galicia, como ha constatado Pablo Crespo, imputado por la Gürtel y exsecretario de Organización, en una entrevista en Público.

Desde el primer dirigente conservador (Manuel Fraga, fundador de AP) hasta el último (Mariano Rajoy, presidente del Gobierno), hicieron campañas, ganaron elecciones y gobernaron con una holgura económica procedente de una financiación opaca en el partido que estuvo por encima de crisis económicas y otras nimiedades reservadas para el otro lado del sistema, el que siempre paga los platos rotos.

Narcotraficantes, contrabandistas, caciques, empresarios de potentes intereses urbanísticos y guante blanco o negro,... daba igual de donde procediera el dinero, lo importante es que AP primero y el PP después tuviesen las arcas llenas, primero en el feudo gallego de origen y después, en los demás, que como en Valencia, iban desarrollando técnicas más imaginativas (o no) como el 'pitufeo' que sentenció a Barberá como apestada primera en el PP, con permiso de Rodrigo Rato.

¿Qué diferencia entonces a Manuel Fraga de Rita Barberá para que la calle Génova no le rinda los mismos honores que al fundador del partido único de la derecha española el día de su muerte y el día de su funeral? 

Más allá de que el expresidente gallego firmó sentencias de muerte durante la dictadura que le hizo ministro y mostró un desprecio insolente por Rajoy en demasiadas ocasiones, frente a la lealtad de Barberá hacia éste, nada.

Por eso, el PP tiene hoy una prueba de fuego de la que es difícil que salga airoso: si Rajoy entierra a Barberá con honores y loas, se le reprochará el cruel cinismo de haberla dejado sola todo este tiempo por un presunto delito colectivo, pero que no crea que si la abandona en su despedida última, el pasado del PP se va a ir con ella a la tumba. Que la tierra sea leve a Barberá en la medida que le corresponda."                    (Ana Pardo de Vera, Público, 23/11/16)

Rita Barberá terminará arrastrando a Rajoy

"Por ignorar los costes de la corrupción, el presidente español Mariano Rajoy ha puesto en peligro la fortuna del PP”.

 La frase, todo un diagnóstico de lo que ha ocurrido en el Partido Popular estos cuatro últimos años, recogida por este cronista en su crónica de este lunes (ver republica.com “España se merece ya un Gobierno”), ha tenido un perfecto reflejo en el escándalo de la corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, en manos de Rita Barberá durante 24 años, y en el que están imputados por la llamada “Operación Taula”, no sólo concejales, asesores y funcionarios, por blanqueo de capitales, sino, también, algo insólito, hasta el propio Partido.

Obligados a contribuir a la financiación de la campaña electoral, el dinero que aportaban de sus cuentas corrientes les era devuelto en billetes de 500 euros, que procedían de “mordidas” y “comisiones” que el partido recibía de empresas y empresarios beneficiados por concesiones y favores del Ayuntamiento. 

El escándalo que se ha agravado con la difusión de conversaciones telefónicas grabadas por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia civil, de varios de los imputados, entre ellos la concejala María José Alcón, esposa del número 2 del Ayuntamiento, Alfonso Grau, en las que reconoce todo el montaje del blanqueo y asegura que “en este país solo funciona la corrupción”.

La difusión de estas conversaciones ha producido un auténtico “shock” en la opinión pública, algo que parece no haber valorado, en toda su gravedad, la dirección del Partido Popular con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza. Rajoy que parece haber hablado largamente con la exalcaldesa y senadora en representación de la Autonomía, según ha declarado Rita Barberá, en rueda de prensa este martes, en la que ha repetido que no piensa dimitir, y que nadie le ha pedido esa dimisión.

 Es más, según se ha podido deducir de su segunda comparecencia pública, Barberá que prestará declaración voluntaria ante el juez de la “Operación Taula”, cuenta con el total apoyo del Presidente del Gobierno y del partido, y de la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Es decir que Mariano Rajoy no sólo sigue ignorando los costes de la corrupción y poniendo en peligro, por tanto, la fortuna del Partido Popular, sino que parece seguir apoyando a alguien que da la sensación de que está dispuesta a morir matando. 

No se sabe lo que sabe Barberá, ni se sabe qué tipo de compromiso tiene Rajoy con la exalcaldesa valenciana, ni por qué el Presidente sigue ignorando los consejos del equipo que nombró el pasado mes de Junio (Javier Maroto, Andrea Levy, Pablo Casado y Fernando Martínez Maillo) que le insisten en que rompa definitivamente con Barberá, que deje trabajar a la nueva gestora del partido que a los pocos días de formarse está ya quemada y que tome la iniciativa política en momentos de tanta gravedad para el partido y para el país, sumido en un auténtico bloqueo político, y asediado por los casos de corrupción.

Lo de hoy, según reconocen fuentes populares, ha sido la gota que ha colmado el vaso de ese grupo renovador nombrado por Rajoy el pasado mes de Junio, para parar el descontento, producido por los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. 

Acosado por las críticas de que debía tomar la iniciativa, Rajoy dejó paso a nuevos vicesecretarios en el partido, que han intentado dar una imagen nueva, que no tiene nada que ver con ese pasado de corrupción que ha sumido al PP en una situación crítica.

La defensa que Rajoy ha hecho de la rueda de prensa de Barberá, en la que la exalcaldesa no ha aportado nada nuevo, salvo convertirla en un ventilador de la corrupción de los demás partidos políticos, ha producido indignación y malestar en ese nuevo grupo de vicesecretarios que siguen sin entender qué tipo de compromiso tiene el señor Presidente del Gobierno con la exalcaldesa. 

Un compromiso que ha dinamitado a la gestora recién nombrada contra la que se han rebelado los nueve ediles que han intervenido en la “operación blanqueo” hasta el punto que ahora se niegan a dimitir, por lo que el partido ha abierto expediente informativo a los nueve y a Rita Barberá, algo que tiene poco que ver con el apoyo de Rajoy. Un desgaste más para Rajoy, cuyo destino cada vez aparece más ligado al de Barberá."               (José Oneto, República.com, 15/03/16)

Éste seria el parte de este miércoles 10 de febrero, sobre el estado de la corrupción en nuestro país

"Comparecencia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su esposa Marta Ferrusola en la Audiencia Nacional, ambos imputados, para declarar sobre las llamadas “cuentas de Andorra” en las que el matrimonio tenía una “pequeña fortuna”  (...)

Segundo día de juicio del caso Nóos, en el que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, sentada en la última fila del improvisado banquillo, lejana, con la mirada perdida, como si nada de lo que estuviese ocurriendo en la Sala de Justicia de Palma de Mallorca fuese con ella, tiene que oír los testimonios que implican a su marido, Iñaki Urdangarin, y de cómo contrataba el Instituto Nóos, utilizando incluso, el Palacio de Marivent, la residencia de verano de los Reyes, para todo tipo de contactos comerciales, con las autoridades de Baleares, entre ellas el propio Presidente Jaume Matas, (...)

Se hacen publicas las investigaciones sobre el llamado “Cartel del Fuego”, una trama de empresas del sector aéreo, que se dedicaba a la extinción de incendios forestales y que pactaba los precios e influían en las adjudicaciones públicas de numerosas comunicadas autónomas, corrompiendo, durante años, a multitud de políticos y altos cargos de varios territorios, especialmente de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. 

Entre los imputados está el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, así como un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y tres de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno de la Generalitat catalana recoloca al director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, tres meses después de que la Guardia Civil lo detuviera por su implicación en la trama de las comisiones irregulares del 3% recibidas por Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Rosell, ex número 2 de la mayor licitadora de obra de Cataluña Infraestructures.cat , depende de la consejería de Economía, cuyo titular es el vicepresidente del Gobierno catalán, y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, Oriol Junqueras.

El Juzgado de Instrucción numero 18 de Valencia estaría a punto de pedir el suplicatorio de la ex alcaldesa y actual senadora por representación autonómica, Rita Barberá, por supuesto blanqueo de capitales y financiación irregular del PP valenciano, después de haber investigado a medio centenar de concejales, asesores, y trabajadores del Partido Popular que habrían participado en una trama que el juez califica de “organización criminal”.(...)

 Éste seria, a grandes rasgos el parte de este miércoles 10 de febrero, sobre el estado de la corrupción en nuestro país (...)

Como si no pasara nada, nada de nada, este miércoles, el señor presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que ha conseguido evitar encontrarse con la señora Barberá en un acto con los senadores del PP, porque la senadora se ha negado a asistir a la reunión, ni siquiera ha intentado explicarle a los representantes en la Alta Cámara y a los políticos valencianos que no entienden lo que está pasando, el porqué de ese aforamiento de alguien que ha estado manejando, durante años, esa ‘caja B’ , con la que se ha venido financiando ilegalmente el partido.  (...)"            (José Oneto, República de las Ideas, 11/02/16)

La “agencia de colocación” de Barberá: hermanas, amantes, amigas… todos con sueldos de más de 50.000 euros

"Una “agencia de colocación” en toda regla y no porque lo haya denunciado Compromís, sino porque los datos confirman que el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna desde hace décadas Rita Barberá, es un amasijo de puestos con vínculos familiares de cargos del PP, incluida la propia alcaldesa, que tiene allí a su hermana con un sueldo cercano a los 66.000 euros.

Hermanos, esposas, esposos, amantes… como asesores municipales elegidos a dedo para ocupar puestos de confianza en el Ayuntamiento valenciano, con sueldos entre 4.102 y 5.260 euros brutos al mes, con catorce pagas, más los trienios reconocidos si son funcionarios, según adelanta Interviú.

En la Alcaldía está la hermana de la alcaldesa, Asunción Barberá Nolla, que es jefa de Servicio y cobra un sueldo de 65.669 euros brutos al año. Era muncionaria en Burjassot y se trasladó como asesora al ayuntamiento de la capital en 1991, cuando su hermana ganó las elecciones. Desde entonces, Asunción ha ascendido a jefa de servicio del Ayuntamiento.

No es el único cargo nombrado a dedo por la alcaldesa, que nombró a su amiga María del Carmen García-Fuster (hermana del exsenador popular José Rafael García-Fuster) secretaria del Grupo Municipal Popular, con un sueldo anual de 66.000 euros. Los asesores cobran
57.425 euros brutos anuales.

El número dos del Ayuntamiento, el vicealcalde, Alfonso Grau, ha colocado a su pareja sentimental, María José Alcón, como su asesora y, para ‘facilitar la relación’, ambos comparten despacho. El sueldo de María José Alcón es de 57.425 euros. El propio vicealcalde propuso el nombramiento, que confirmó Barberá, en 2012.

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Ángeles Ramón-Llin, tiene como asesores a Andrés Rodríguez-Guisado, que es esposo de la concejal de Parques y Jardines, Lourdes Bernal. También, a Juan Carlos Beneyto Jiménez, hermano de la concejala de Cultura, María Irene Beneyto. Ambos asesores tienen un sueldo de 57.424 euros brutos.

Por su parte, el marido de la concejala de Medio Ambiente, María Ángeles Ramón-Llin, Alfredo Pascual López es subdirector del Palau de la Música, un puesto que depende de la concejala de Cultura, Mayrén Beneyto.

El concejal de Hacienda, Presupuestos y Política Territorial y Fiscal, Silvestre Senent Ferrer tiene colocado a su hijo en el Consejo Agrario Municipal. Senent Ferrer es presidente de honor del PP valenciano y presidente del comité electoral. Presidió hasta 2002 la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (EMARSA), investigada por su saqueo (24 millones de euros, según la estimación del juez Vicente Ríos)."            (El Plural, 15/09/2014)

'El Bigotes' afirma que hizo regalos a Barberá

"En la grabación, que la policía extracta en un informe, El Bigotes charla con una persona llamada "Cándido" y le comenta que en ese momento "está en [una tienda de] Louis Vuitton comprándole un bolso a la alcaldesa". "Como llevo haciendo desde hace cuatro años", subraya Álvaro Pérez. Según explica El Bigotes a Cándido, Barberá "no nos da nada, pero tampoco nos hace nada".

De esta conversación, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, concluye que "la alcaldesa de Valencia" ha recibido "regalos de la empresa Orange Market desde hace cuatro años". El citado informe del caso Gürtel tiene fecha del pasado 23 de enero y aclara que, en ese momento, los agentes policiales "están pendientes de obtener las facturas correspondientes a las compras efectuadas" por El Bigotes en una tienda de Louis Vuitton.

La alcaldesa indicó ayer a este periódico que "jamás en su vida" ha recibido regalos de El Bigotes. No es la primera vez que lo niega. Hace un mes hizo el mismo comentario al ser preguntada por una redactora de EL PAÍS sobre si había recibido regalos de Álvaro Pérez. (...)

Un bolso de Louis Vuitton, como los que supuestamente regalaba El Bigotes a la alcaldesa, cuesta una media de 900 euros, según fuentes del citado establecimiento. "El más barato, 350 euros, y el más caro, 4.400", añadieron estos medios. Barberá suele exhibir habitualmente bolsos de esta marca de lujo. Cuando era presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), este organismo adjudicó a Special Events, una de las empresas del entramado de Correa, la organización de varias de sus asambleas, por un importe de total de 800.000 euros. La adjudicación fue suscrita por el entonces número dos de Barberá en la FEMP, Álvaro de la Cruz Gil, uno de los casi 80 implicados en el caso Gürtel entre cargos públicos y empresarios que se prestaron a pagar dinero o dádivas a políticos del PP a cambio de contratas y otras lucrativas operaciones." (El País, ed. Galicia, España, 19/07/2009, p. 14)