Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales, por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas. El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia... Pradales al frente de Azpiegiturak, contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector... Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social. La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV... Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado (Ahoztar Zelaieta)

 "Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturak contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”." 

( Ahoztar Zelaieta, El Salto, 31/08/26)

Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

El Caso Koldo

 "El caso Koldo:

Un guardia civil se acerca con cuidado a una Scooter Suzuki Burgman 400 con matrícula 7922 HMH aparcada junto a la estación de trenes de Chamartín de Madrid y coloca en un lugar no visible de la moto una baliza para localización y seguimiento del vehículo. Es jueves, 14 de septiembre de 2023. Se trata de un espionaje protegido por la ley: el discreto agente hace su trabajo con permiso del juez Ismael Moreno. Solo seis días antes, el instructor de la Audiencia Nacional había abierto una investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción contra una trama corrupta que, supuestamente, anidó en el Ministerio de Transportes durante lo peor de la pandemia (marzo de 2020) y ganó 15 millones de euros en muy poco tiempo con la venta de millones de mascarillas a 2,5 euros por unidad.

La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre (Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta 2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier precio.

Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes. En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión, para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...

Entre el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo investigación judicial.

El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante 2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.

Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a 54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio, según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15 vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las escuchas y los seguimientos.

Las conclusiones de quienes han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un material de calidad inferior a la comprometida.

Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia. La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer. Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros). Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de 138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además, la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de 2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021 (123.000).

De otra parte, la Fiscalía no encuentra reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.

La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia, hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la reclamación se puso en marcha en julio.

Las pruebas del sumario tan solo aclaran que los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a funcionarios o políticos para evitar la reclamación.

Koldo García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.

Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí aparece en algunas ocasiones.

La Guardia Civil llegó a fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor. Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se han saldado, de momento, sin resultados claros.

La acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez.

La Guardia Civil puso en marcha un operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese organismo.

La Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos: “Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4 de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos: “Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos artículos.

Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas. Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15 vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que, según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del exministro de Transportes en los hechos."        (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)

 

 "Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.

 Todo empezó el pasado 21 de febrero con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro, exsecretario general del PSOE y diputado José Luis Ábalos, y otras 19 personas por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en los peores meses de la pandemia a comienzos de 2020. Desde ese momento, no han cesado de sucederse nuevos detalles del caso que han implicado a políticos y empresarios y que han derivado en la suspensión de militancia de Ábalos y su paso al grupo mixto.

La Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para "mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:

Koldo García

Ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios contratos.

A cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA Vicente Calzado.

Víctor de Aldama

Es el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de 5,5 millones de euros.

Ambos tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes en contrataciones.

Joseba García

Es el hermano de Koldo García. Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición" de su hermano.

La Guardia Civil registró su piso el 20 de febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.

Patricia Úriz

Mujer de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del exasesor de Ábalos.

José Luis Rodríguez

Es el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.

Juan Carlos Cueto

Otro de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto, aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en 2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670 euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones-.

Íñigo Rotaeche

Es el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto.

Israel Pilar Ortiz

Es empresario. Aunque la querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta al posible cobro de comisiones.

Otros actores relacionados con el caso

Además de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en distintos medios:

• José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a Ábalos como intermediario de la trama para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.

• Jacobo Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las "gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama.

• Francina Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.

• Ángel Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.

• Miguel Tellado. El portavoz del PP en el Congreso se ha visto salpicado por una conversación en la que Koldo García habla a Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro del caso, de una reunión con él.

• Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."

 (SER, 29/02/24)

  "Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.

 El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario” para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas. Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó caducar la reclamación.

Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa.

La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE) saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga Prohens (PP).

El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.

Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.

Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.

Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares. 

Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento. 

Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”.

Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.

El “intermediador” Jacobo Pombo

Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten “concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales. Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado enero. 

El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión habrían “surtido efecto”.

La batalla por la caducidad del expediente

La caducidad del expediente es uno de los caballos de batalla. El PP ha recriminado en los últimos días una supuesta inacción del anterior Govern de izquierdas a la hora de reclamar el dinero pagado de más. El juez del caso estimaba que, si la Administración balear no se pronunciaba en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024), se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros. El magistrado extiende así los hechos más allá de la legislatura de Armengol, abarcando los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo autonómico.

El PP defiende que el expediente está todavía abierto porque, según ellos, la propuesta de inicio de la reclamación se firmó en agosto de 2023, con el actual Govern de Marga Prohens. El PP asegura que el 20 de marzo –con Armengol como presidenta de la comunidad– se realizaron oficios y comunicaciones que instaban a reclamar la devolución. Pero, según los conservadores, no fue hasta el 24 de agosto que el Servicio Balear de Salud (IB-Salut) firmó el expediente. En ese caso, caducaría el próximo mes de abril, en ocho meses a contar desde agosto.

Sin embargo, si se aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el procedimiento estaría caducado. Una resolución del Alto Tribunal establece que, actualmente, el plazo para resolver este tipo de expedientes es de tres meses, si bien tal regulación podría ser sustituida por otra elaborada por las comunidades autónomas con competencia para ello. En el caso de Balears, una ley local establece que los plazos de caducidad no podrán exceder de seis meses (y siempre que la autonomía cuente, como así ocurre en las islas, con competencias en la materia en cuestión, en este caso sanitaria). Por tanto, tomando como referencia el 6 de julio o el 24 de agosto, fecha que el PP esgrime como aquella en la que se dio inicio al expediente de reclamación, éste ya habría caducado, ya sea por el plazo de seis meses que marca la la ley autonómica o por el de tres meses que menciona el juez en su auto."          (Elena Herrera / Esther Ballesteros, eldiario.es, 29/02/24)

Dimite el consejero de Obras Públicas de Cantabria por el caso de las irregularidades en contratos de carreteras

 "El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado este viernes la dimisión del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, como consecuencia del caso de corrupción en contratos de conservación de carreteras por el que, el 22 de febrero, fue registrada la sede de la consejería y por el que permanece en prisión provisional un alto funcionario de ese departamento. Revilla ha lamentado tener que “aceptar la dimisión” de Gochicoa, uno de sus colaboradores más cercanos, al que ha defendido como un “hombre honorable” y al que ha calificado como el “mejor hombre” de su Gobierno. “Hay más investigaciones y, si es necesario, no voy a pasar una, no lo he hecho nunca”, ha asegurado el presidente cántabro.

En su comparecencia, Revilla ha proclamado que “pone las dos manos en el fuego” por Gochicoa, del que ha dicho que está “limpio absolutamente” y “no ha tenido absolutamente nada que ver” en la presunta trama. Sin embargo, el presidente autonómico y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha reconocido que “los controles” sobre el funcionario encarcelado “han fallado” y, por tanto, no le queda más remedio que aceptar la renuncia de su consejero, a sabiendas de que está cometiendo “una injusticia”. Según se desprende del sumario que investiga la trama, ha añadido, el alto funcionario detenido “no tenía cómplice alguno” dentro de la Administración autonómica.

El presidente cántabro ha defendido que “no aparece ningún político o cargo de confianza” en ninguna de las 4.080 páginas de las que consta el sumario, pero justifica la salida del consejero y del director general en que su partido, el PRC, “tiene el listón ético muy alto”. Revilla, que preside Cantabria en coalición con el PSOE, ha anunciado que ha pedido al juzgado poder apartar a las empresas presuntamente involucradas de los nueve expedientes que se investigan en la causa, todos ellos tramitados durante el año 2022 y que ha gestionado el jefe de servicio encarcelado.

El anuncio de la dimisión del consejero de Obras Públicas se produce en un momento de alta preocupación en el seno del bipartito PRC-PSOE por el efecto negativo que esta trama pueda tener en las expectativas electorales de ambas formaciones, a menos de tres meses para los comicios de mayo. En este sentido, el vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga (PSOE), ha afirmado que Revilla “acierta” con la salida del consejero, para que la actividad del Gobierno regional “no se vea perjudicada”. Desde el PP, su presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, critica que la dimisión del consejero llega “tarde, mal y a rastras” y afea a Revilla que haya tardado 10 días en tomar la decisión.

También ha presentado su renuncia Manuel Domingo del Jesús, director de Obras Públicas de la consejería. Revilla ha explicado que el relevo de los dos cargos se producirá la próxima semana, después de que el propio Gochicoa comparezca en el Parlamento cántabro para dar su versión sobre las actuaciones presuntamente irregulares en el departamento que dirige desde hace varios años.

El estallido del caso

El miércoles de la semana pasada, agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria llevaron a cabo una operación en la que fueron detenidas ocho personas —seis en Cantabria y dos en Madrid—. Las actuaciones investigaban la presunta adjudicación irregular de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. El consejero dimitido es el responsable político del que depende el supuesto cabecilla de la trama, Miguel Ángel Díez, jefe de servicio de Carreteras Autonómicas que está en prisión preventiva y sin fianza desde el pasado viernes.

La investigación arrancó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de que Díez participaba supuestamente en la manipulación de contratos de obra pública. Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas logró que las empresas La Encina, Cannor, Rucecan y Api Movilidad resultaran adjudicatarias de varios contratos de conservación y mantenimiento de la red viaria regional.

Según las pesquisas, a cambio de las adjudicaciones fraudulentas, el funcionario obtenía mordidas que canalizaba a través de un entramado familiar en el que involucró a su esposa y a sus dos hijas. A través de una sociedad familiar, Parivara Lagani, cuya administradora única es su mujer y en la que figuran como socias las dos hijas del matrimonio, el principal encausado ingresó más de 500.000 euros procedentes de las empresas implicadas entre 2020 y 2022. La cantidad se justificaba con la realización de fotocopias, aunque la policía ha comprobado que no ha habido ningún tipo de gasto asociado a dicha actividad: ni compra de maquinaria para hacer las copias, ni alquiler, gastos de personal, suministros o telefonía.

A este dinero que las empresas habrían ingresado en la sociedad familiar, los investigadores suman los 530.000 euros encontrados en una caja fuerte del domicilio familiar y un Volvo XC40 cuyo renting corría a cargo de la empresa Api Movilidad. La juez de Santander que lleva el caso estima en 1,3 millones de euros los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia del jefe de Carreteras de Cantabria entre 2019 y 2022.

Incremento patrimonial no justificado

La Agencia Tributaria pudo determinar que la familia del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado entre 2013 y 2022. Solo durante el pasado año, los investigadores detectaron entradas por importe de 2,8 millones de euros en las cuentas corrientes del funcionario. Durante el registro en su domicilio, se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. La policía se incautó de abundante documentación que se han incorporado a un sumario que contiene más de 4.000 folios. Se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros.

Díez supuestamente intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo una valoración arbitraria de las ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, según la investigación, modificó precios, negoció los términos de las licitaciones con empresas concertadas y se sirvió de información privilegiada.

La operación explotó el miércoles de la semana pasada con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado y su despacho en la Consejería de Obras Públicas, así como en los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos y las viviendas de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria."               (Fermín Mier , El País, 03/03/23)

Archivado el pelotazo fallido de 5 millones con test covid para el Gobierno andaluz: el juez ve "engaño", no delito... ¡qué ojo!

 "El juez que en septiembre heredó la instrucción sobre un pelotazo fallido de cinco millones para la venta de test covid al Gobierno andaluz ha archivado la causa porque considera que hubo un “artificio o engaño” con el objeto de "subir ficticiamente el precio de venta en forma de comisión ilícita”, pero no ve delito.

El pelotazo fracasó cuando, alarmado de que unos sorpresivos intermediarios le indicaran que debía vender por 24 millones lo cuantificado en 19 y le diesen instrucciones para dirigirse a un determinado cargo de confianza de la Consejería de Salud, el potencial suministrador de los test, Félix Guerrero, dio un paso que quebró la trayectoria de tiro: avisó alarmado al entonces consejero de Presidencia andaluz y hoy número 3 del PP nacional, Elías Bendodo.

A partir de ahí, 23 de septiembre de 2020, Guerrero no logró vender el producto, rechazado por falta de calidad. De su existencia, él mismo había informado un mes antes a la esposa de Bendodo, su vecino en una urbanización malagueña de veraneo. ¿Por qué se dirigió nada menos que al consejero de Presidencia a través de su pareja? Según su testimonio, para que le informase de cómo debía vehicular la oferta.

En un auto adelantado por Diario de Sevilla, el instructor del caso sostiene que los tres intermediarios que, con Manuel García Gallardo a la cabeza, emergieron de pronto sin que nadie sepa "cómo aparecieron en el proceso de oferta" lanzado por Félix Guerrero, "se postularon de forma anómala". Y se inventaron que tenían un contacto en la Junta.

La resolución judicial de archivo alega que al transmitir al ofertante de los test que tenían un contacto privilegiado, los comisionistas o intermediarios idearon “una simulación” para subir “ficticiamente” el precio. Pero nada de lo anterior implica que se cometiera un delito, concluye Miguel Ángel Gálvez Jiménez, ahora titular del juzgado de instrucción 2 de Sevilla. Lo único que cabe inferir -agrega el auto- es que querían "asegurarse el éxito de la comisión".

Tampoco delinquió —añade el instructor— el asesor del gabinete del consejero de Salud sobre el que también pesaba la condición de investigado y cuyo cese había dictado la propia Junta tras una investigación interna que no comenzó hasta diciembre de 2020. Al día siguiente del aviso de Félix Guerrero acerca del sobreprecio que querían imponer los intermediarios, ese asesor mantuvo seis contactos telefónicos con el entonces número 2 de Bendodo y hoy consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz. En los atestados policiales incorporados al sumario, la UDEF dedica dos reproches a la Administración andaluza: que Sanz hablase con el asesor antes que con el denunciante; y la demora en el inicio de la investigación interna. Eso último lo expresó así la Policía: por parte de la Junta hubo "más de dos meses de práctica inacción". 

Destituido tras la ya referida y breve investigación interna, el asesor se llama Guillermo González. La UDEF destacó que cuando abandonó su puesto por decisión de la Consejería su buzón de correos electrónicos estaba vacío en lo que concierne al periodo investigado. El juez argumenta que González no pudo delinquir al “carecer de facultades” para efectuar por sí mismo contratos y al no constar que tuviera "algún contacto con algún responsable del área de contratación de la Junta de Andalucía". En su auto, el juez subraya que está "exenta de interés penal" la investigación interna que derivó en el despido de González.

El caso recayó en la Fiscalía tras una denuncia interpuesta por el Gobierno andaluz el 11 de diciembre de 2020. La víspera, González había sido apartado de su puesto. Pero en mayo de 2021 y en un congreso al que asistieron el número 3 del PP andaluz y el consejero de Hacienda, el PP de Cabra le renovó en su cargo como secretario general del partido en la localidad cordobesa. En noviembre, mes en que debía declarar como investigado ante el juez, se dio de baja. González, contento de que el juez le dé la razón y le considere inocente, ha declinado responder a la pregunta de este periódico sobre si pedirá al Gobierno andaluz que le restituya en su puesto como asesor de confianza.

En espera de otro juicio que el Supremo ordenó repetir

Fechado el 16 de diciembre, el auto constituye una buena noticia para el principal intermediario, Manuel García Gallardo: en 2023 y en una fecha de la que infoLibre no tiene confirmación oficial, se sentará en el banquillo por otra causa —la conocida como Quality Food— en la que fue condenado por estafa al organismo público Zona Franca de Cádiz y cuyo juicio ha ordenado repetir el Supremo. De los tejemanejes que, según la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz, rodean el caso Quality Food ya se publicaron noticias hace 18 años. Según el Supremo, en el juicio se vulneró el derecho a la defensa.

Tras conocer el auto de sobreseimiento, Manuel García Gallardo manifestó su satisfacción y anunció que estudiará acciones legales por el daño sufrido. Según lo publicado por Diario de Cádiz, García Gallardo "ha sufrido desde una detención hasta un serio agravio por parte de algunos medios e instituciones, sin preservar la presunción de inocencia, ahora reconocida judicialmente".

En la transcripción de uno de los audios entregados a la justicia por Félix Guerrero, la Policía incorpora que el propio García Gallardo comentó lo siguiente sobre el asesor Guillermo González: "No está solo en este invento".

Ahora, la resolución judicial que da carpetazo a la investigación sobre el pelotazo fallido se encuentra pendiente de una incógnita: la de si la Fiscalía y el PSOE, que se incorporó como acusación popular, la recurrirán o no. Fuentes del ministerio público aseguran que un equipo de fiscales, incluidos la asignada al caso y el jefe de la Fiscalía sevillana, están estudiando si cabe o no recurso.

Las diligencias judiciales se centraban en un posible delito de cohecho. Juristas consultados por infoLibre aseguran que las instrucciones judiciales se articulan en torno a hechos. Y que la calificación penal no es algo inamovible. Es decir, que si en última instancia nada acredita que hubo un intento de soborno eso no implica descartar otro supuesto delito: trátese de estafa o de tráfico de influencias o de cualquier infracción penal que se ajuste a lo sucedido."                      (Alicia Gutiérrez, InfoLibre, 02/01/23)