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7.9.17

El robo de un cuadro que un museo gallego calló. La desaparición salió a la luz a través de un artículo de opinión de un directivo de una asociación cultural que apunta a una "colaboración estratégica" para la sustracción

"Era una rueda de prensa sobre otra cosa muy distinta. El director del Museo Provincial de Pontevedra, Carlos Valle, comparecía para hablar sobre la cesión, por cinco años, de una valiosa colección de estampas originales de Castelao.

 Pero una periodista de un medio local le preguntó por un artículo de opinión publicado en el diario en el que un ciudadano revelaba el robo de un cuadro de la exposición permanente en 2015. El artículo de Ernesto Vázquez-Rey, secretario de la Asociación de Amigos do Museo, con fecha del pasado 18 de mayo, sacaba a la luz la misteriosa desaparición de un paisaje del pintor Lino Villafínez (Marín, 1892-Santiago, 1970), un lienzo que formaba parte, sin gloria, de la colección del llamado Sexto Edificio. Pese a los casi dos años transcurridos desde el suceso, el museo nunca hizo pública la ausencia y fue ayer, tras la incómoda pregunta, cuando el responsable de la institución confirmó los hechos.

El robo tuvo lugar en agosto de 2015, y según el director del museo "inmediatamente detectada esa desaparición" él mismo presentó denuncia en la policía y se dio parte a la compañía de seguros que cubre el contenido de los edificios.

 Los investigadores rastrearon las instalaciones y revisaron todas las grabaciones del circuito interno de vigilancia sin obtener resultados. Supuestamente, el óleo se encontraba en un "ángulo muerto" para la visión de las cámaras. Un hecho que quizás no había pasado por alto el ladrón. En todo este tiempo, tampoco se ha detectado la presencia del cuadro en ninguna subasta de arte, ni fuera ni dentro de España.

Valle negó ayer por la mañana que existiese oscurantismo en el museo por mantener el robo a la sombra de la luz pública. La desaparición "no se ha ocultado", defendió, "se hizo exactamente lo que se tiene que hacer en estos casos".

 "No es una circunstancia como para enviar una nota de prensa", insistió. Basándose en el mismo ejercicio de discreción, ayer la Diputación tampoco emitió ninguna nota y excusó facilitar a la prensa fotografías del cuadro, aunque su difusión pudiese contribuir al hallazgo.

"Llegó el día", comenzaba su revelador artículo el secretario de Amigos do Museo. "Vengo dispuesto a desvelar historias escondidas y a exponerlas a la luz pública con el fin de darles alguna explicación: Hace aproximadamente dos años desapareció un cuadro y nadie dijo nada".

"En 2015 un perfil anónimo en Facebook me facilitó una serie de datos, y daba por efectiva la desaparición de la obra de Villafínez", recuerda el articulista. "Me indicaba la falta de grabaciones que arrojaran luz sobre el suceso". En el momento de la desaparición, el museo ya había sido noticia en prensa por una serie de turbulencias internas en las que los responsables técnicos aparecían supuestamente relegados por los cargos y las decisiones políticas. 

Según Ernesto Vázquez-Rey, el director, Carlos Valle, estaba “limitado” en sus funciones "por un director de gestión nombrado por la diputada provincial [del PP] que hoy dirige la Cidade da Cultura" de Santiago. Ese cargo de responsable político reside siempre en un miembro de la Diputación. Después de la época del robo, con el cambio en Ayuntamientos y gobiernos provinciales, se hizo cargo como diputado de Cultura Xosé Leal, representante del Bloque Nacionalista Galego.

"Lo cierto es que alguien, valiéndose de una colaboración estratégica, sacó un paisaje del pintor Lino Martínez Villafínez de una de las paredes del Sexto Edificio. Y esa obra, que es pública y que tiene la protección de Bien de Interés Cultural nunca más apareció", sigue afirmando en su escrito el secretario de la Asociación Amigos do Museo.

Este miércoles Leal, el actual responsable político, defendió que el museo es una institución "seria y rigurosa". Y rechazó las acusaciones de oscurantismo y las teorías de "política ficción". Intentar "manchar la imagen del Museo con esas afirmaciones desacredita a esa gente", concluyó: "Me parece hasta sonrojante... aquí se siguen los cauces que hay que seguir por ley".

El paisaje esfumado de Villafínez no tenía un enorme valor económico. Era diferente a la mayoría de los cuadros de este artista porque en su profusa obra lo que más abundan son, en los primeros años, marinas, y en los últimos, monumentos y rincones emblemáticos del casco histórico de Santiago, una ciudad donde se le ha dedicado una calle. 

Con esos óleos y carboncillos en formato pequeño el pintor bohemio que bebía mucho trataba a duras penas de saldar sus deudas. Pero pintar en serie una y otra vez el mismo rincón para los salones de los compostelanos acabó por devaluar su obra. Lo que ganaba no le bastaba para salir adelante, y necesitaba pedir ayuda y techo."                 ( , El País, 29/06/17) 

27.5.16

"Poseen una de las mayores fortunas de Valencia en obras de arte, robadas del IVAM y regaladas por los distintos autores a cambio de promoción, exposiciones y giras por todo el mundo a costa de fondos públicos"

"En el informe policial, al que ha tenido acceso Europa Press, se informa al juzgado que se está procediendo al estudio de toda la información contenida en las copias de seguridad informáticas solicitadas y que se trata de información "muy extensa", ya que consta de archivos desde 2006 hasta el año 2014.

Los investigadores aportan algunas de las líneas que se están siguiendo en las pesquisas y, en este sentido, reproducen un correo recibido por parte de Juan Carlos Lledó el día 23 de octubre de 2013 por parte de Enrique Martínez, ambos investigados.

En el mail, titulado en el asunto 'Desde La Habana', se dice literalmente:

 "Hola amigo, qué tal?? Me tienes olvidado, mira a ver si me hechas (sic) un cablecito y me puedes mandar algo de aire, Ana Mari mañana te pasará, si no te molesta, otra vez la relación de 'facturitas', es lo que no hace sobrevivir, ja ja ja (sic). Aquí estoy intentado salir hacia delante, todo aquí es muy lento, pero jolin, por lo menos es gratificante, que es bastante importante. Anda, ayudame. Lo celebraremos con un buen RON. Te adelanto las gracias, no quiero aburrirte con mis peticiones, pero por poco que sea me viene de miedo. Besazos".

Una persona anónima fue la que dirigió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia un escrito en el que denunciaba supuestas irregularidades y "expolio" de la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar y de su marido, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco -actualmente en prisión por fraude en las ayudas a cooperación- e instaba a investigar "el inventario de cuadros y obras de arte del IVAM, las compras y los regalos".

La persona que remite la carta pedía al fiscal que entendiera que hacía la denuncia "desde el anonimato" y afirmaba que había podido estar cerca de los que hasta ahora eran "poderosos", al menos en "desvergüenza y codicia". En el escrito, el denunciante aseveraba que el matrimonio formado por Ciscar y Blasco posee "una de las mayores fortunas de Valencia en obras de arte, robadas del IVAM y regaladas por los distintos autores a cambio de promoción, exposiciones y giras por todo el mundo a costa de fondos públicos".

Llegaba a decir que "hasta empleados del IVAM comentan que había veces que sin 'cortarse un pelo' salían por la puerta con algún que otro cuadro" y añadía que había podido ver "personalmente" un sótano en una de las propiedades de la pareja habilitado para albergar obras de arte.

También se refería a Enrique Martínez, otro de los investigados en la causa que instruye el juzgado número 21 de Valencia, y animaba a comprobar que se "hinchaban facturas" peritando los costes de las exposiciones y los traslados del centro de arte.

La Fiscalía sostiene que existió un "evidente sobrecoste" en la adquisición de obras de arte compradas por decisión de la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar, investigada en la causa abierta por presuntas irregularidades durante su etapa al frente del museo. En concreto, manifiesta que ordenó la compra de piezas de Gerardo Rueda, que aún no estaban realizadas, "beneficiando al heredero" del artista en 2.657.177 euros.

La causa sobre el IVAM está a cargo del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. En auto del pasado mes de enero, tras levantarse el secreto de sumario, la magistrada consideraba que Consuelo Ciscar, como máxima responsable del museo, tuvo una "directa" participación en todos los asuntos relacionados con su gestión y en las irregularidades y deficiencias detectadas por la Intervención General que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500 por ciento más del valor de mercado.

A juicio de la instructora, hasta el momento resulta "indiciariamente" acreditada la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno de la administración del IVAM -tanto en la adquisición de obras de arte como en la contratación de publicaciones- que habrían supuesto un "evidente perjuicio" a los fondos públicos con los que se gestionaba el museo "pagando importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a ese valor, con un claro lucro a terceros".

La jueza también hacía referencia a la decisión "unilateral" de Ciscar -según declararon testigos en dependencias policiales- de "imponer" al administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Bienvenido Martínez para la ejecución de los transportes de obras de arte del IVAM, bien en exposiciones en el exterior u otras, "sin acomodación alguna a la legalidad vigente en materia de contratación del sector público, beneficiando con ello a tal persona, al igual que en los supuestos de publicaciones, beneficiando a las empresas destinatarias" de su decisión "sin someterse a la legalidad vigente en materia de contratación".             (Público, 10/04/16)

29.4.14

Un caso de corrupción por arte sacro amenaza al exobispo de Tui- Vigo

"Todo empezó con la rocambolesca operación de compraventa de una casa rectoral de la Iglesia en Paraños, una pequeña aldea en el interior de Pontevedra. Los vecinos se enteraron de que el Obispado de Tui había vendido a sus espaldas el inmueble que habían contribuido a mantener con sus ahorros

El precio oficial fue de 60.000 euros en 2008 y el comprador, un viejo conocido de la Diócesis, Carlos Gómez Gil, técnico entonces de la Consejería de Cultura que decidía las subvenciones para restaurar patrimonio eclesiástico. A la casa típica de aldea, sus nuevos moradores le añadieron una piscina y un porche tras restaurarla de arriba a abajo.

 El párroco de Paraños, Juan Sobrino, amigo personal de Gómez-Gil e imputado en la causa, negó a sus fieles que hubiera enajenado la vivienda, pese a que en las escrituras consta que estaba presente durante la venta en una notaría de Vigo. El entonces obispo de Tui, José Diéguez Reboredo, también imputado, habló de una cesión durante 23 años a cambio de las obras de rehabilitación. 

Pero, en marzo de 2009, los parroquianos se quedaron de piedra al comprobar que el nuevo propietario —que aún no había abonado un céntimo a la Iglesia— la tenía a la venta en Internet por 680.000 euros. Y presentaron una denuncia en la fiscalía. La investigación se cruzó con otra que ya instruía un juzgado de Santiago sobre las ayudas públicas de la Xunta a diferentes diócesis para rehabilitar patrimonio eclesiástico, y las adjudicaciones que la Iglesia firmaba con empresas de restauración. Ambas causas desembocaban en los apellidos de Gómez-Gil Aizpurúa.

 La policía tiró del hilo y destapó una presunta red corrupta que se encargaba de restaurar iglesias y conventos con ayudas de la Xunta. Nació la Operacion Retablo. Los investigadores sostienen que Gómez Gil decantaba las ayudas a las órdenes religiosas desde la Consejería de Cultura a cambio de que estas contratasen a empresas amigas.

 Y que un segundo funcionario, José Manuel Pichel Pichel, arquitecto de la sociedad pública que se encarga de promocionar el turismo jacobeo, adjudicaba contratos para albergues de peregrinos con el mismo criterio. A ambos se le imputa fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones ilegales contra la Administración.

 Decenas de conversaciónes grabadas por la policía ilustran el modus operandi. En una de ellas, el hiperactivo arquitecto de la Xunta avisa a uno de sus aparejadores de confianza sobre las posibilidades que abría la red de alojamientos para peregrinos: “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”. Otra charla de Gómez Gil con una empresaria de restauración, Olga Quintela, también imputada en el caso delata las prácticas de la red. 

El funcionario lamenta que la rehabilitación de un retablo no pueda hacerse por adjudicación directa, al superar los 50.000 euros. La restauradora le recuerda que como poco los trabajos costarían 146.000 euros. Entonces, Gómez Gil invitó a la empresa a aumentar los precios de la restauración de seis imágenes de la misma iglesia de 11.000 a 14.000 euros: “Súbeles un pelín y que dios reparta suerte”. 

En el sumario constan decenas de llamadas parecidas de Gómez-Gil a otras empresas de restauración para pactar precios y fraccionar contratos evitando así los concursos públicos. La policía peinó sus cuentas bancarias y halló ingresos sin justificar por 122.471 euros entre 1998 y 2008.

 Tras recibir la visita de la policía, uno de los empresarios a los que encargaba las obras a travées de párrocos amigos, Manuel Montes Carballa, decidió tirar de la manta. Arruinado y arrepentido, admitió que él mismo había sufragado la rehabilitación de la rectoral, además de realizar otros regalos al funcionario de la Xunta a cambio de promesas de contratos que no siempre se cumplían.

 Puso como ejemplo un trabajo en el Obispado de Tui-Vigo: “La diócesis, por mediación de Gómez-Gil, encargó el proyecto de obra al estudio de arquitectura [privado] de Pichel, quien logró desde la sociedad Xacobeo que aportase fondos públicos a la Iglesia para afrontar el gasto. De esta forma, todo el mundo sale beneficiado”.
 
Es solo uno de los innumerables ejemplos que relata el sumario, que también denuncia algunas chapuzas en los trabajos restauración que arruinaron parte del patrimonio. Las escuchas policiales involucran a varios cargos eclesiásticos, empezando por el entonces obispo de Tui, José Diéguez Reboredo; a su ecónomo en la diócesis, Benito Estévez y al cura de Paraños, Juan Sobrino.

 Tanto el juez que instruye el caso como la policía sostienen que la presunta venta de la rectoral al funcionario de Cultura fue en realidad una “dádiva, un pago por los favores prestados” y les acusa de cohecho.

En otra conversación interceptada por los agentes, el principal imputado, Carlos Gómez Gil, pide (sin éxito) a una de sus empresas de confianza que mueva sus contactos para mediar ante el director general de Patrimonio de la Xunta, José Manuel Rey Pichel (sin ninguna relación con el arquitecto del Xacobeo) y que intente frene la investigación de la fiscalía.

La acusación popular que defiende los intereses de los vecinos de Paraños pide imputar también a dos sacerdotes, Crisanto Rial y David Juan Morado, que aparecen en los pinchazos alertando a los imputados de la investigación policial. La defensa del exobispo y del ecónomo de la diócesis de Tui intenta anular las escuchas y sostiene que la orden de la juez para intervenir los teléfonos de los dos funcionarios de la Xunta no está suficientemente fundada. 

El fiscal se opone y pide que ese argumento se invoque cuando llegue el turno del juicio con jurado. Para el que falta solo un último trámite: que el juez se lo comunique a las partes."                  (El País, 17/04/2014)

7.7.10

¿Comisarios de arte o traficantes? Roma investiga al jefe de antigüedades de la Universidad de Princeton

"Para los apasionados del arte antiguo hay pocas cosas tan tentadoras como una vasija de terracota etrusca o una pieza de bronce con muchos siglos de antigüedad. Lo malo es que la tentación a veces va envuelta en jugosas ofertas económicas y hay quien cae en sus redes. Le ocurrió hace cinco años a una de las comisarias del Museo Getty de Los Ángeles, Marion True, quien fue juzgada en Italia por traficar con antigüedades robadas y aún sigue atrapada en el engorroso sistema judicial italiano a la espera de sentencia.

Y aunque desde entonces los museos estadounidenses se han disciplinado, han firmado acuerdos con el Gobierno italiano y le han devuelto a ese país muchas piezas que llegaron a sus manos por vías no exactamente lícitas, parece que hay comisarios que no aprenden la lección todavía. Según desveló recientemente The New York Times, Michael Padgett, de 56 años, responsable de antigüedades del Museo de Arte de la Universidad de Princeton, está siendo investigado en Roma por "exportar ilegalmente y blanquear" objetos arqueológicos italianos.

Si la investigación prospera y se le llega a condenar, Padgett podría acabar con sus huesos en una cárcel italiana, algo que antes del caso Getty no había ocurrido nunca -Giacomo Medici, supuesto cómplice de Marion True, cumple actualmente 10 años de condena por aquel caso mientras ella espera sentencia- y que se esperaba que no volviera a ocurrir jamás.

Padgett no es el único nombre que aparece en los 14 folios que maneja la Fiscalía romana. Al parecer, este experto en antigüedades no trabajaba solo, sino en compañía de Edoardo Almagiá, un ex alumno de la Universidad de Princeton que ejerció durante años como marchante de arte en Nueva York. La investigación se centra en al menos 24 piezas que Almagiá habría conseguido de forma ilegal en Italia y que después le habría "vendido, prestado, o donado" al Museo de Arte de la Universidad de Princeton, con el beneplácito de Padgett, quien supuestamente conocía la procedencia ilegal de las obras.

Según se recoge en los documentos obtenidos por The New York Times, "Padgett puso la estructura del Museo de Arte de la Universidad de Princeton y sus conocimientos a disposición de Almagiá, aumentando el valor de los objetos al darles autoría, a pesar de que sabía que estaba examinando piezas conseguidas de forma ilícita".

Además, la investigación también gira en torno a una veintena de piezas que Almagiá habría obtenido ilegalmente y que después vendió a diferentes instituciones estadounidenses en los años ochenta y noventa. En los documentos obtenidos por The New York Times se menciona al Museo Metropolitan de Nueva York, a los museos de arte de Boston, Cleveland, Dallas, San Antonio, Toledo, Tampa y al Indiana University Art Museum de Bloomington.

La noticia de la investigación ha caído como un jarro de agua fría en el mundo museístico estadounidense, puesto que a raíz del llamado caso Getty y de los acuerdos y restituciones que provocó, los responsables de los museos consideraban que las relaciones con Italia en ese sentido atravesaban por un gran momento. "Estoy en shock", declaró Philippe de Montebello, director del Museo Metropolitan, al saber de la actual investigación. "Pensaba que después del caso de Marion True nadie volvería a hacer algo así". (El País, ed. Galicia, cultura, 13/06/2010, p. 48)

30.3.09

Proceso por expolio contra la arqueóloga del Getty

"Marion True, ex responsable de antigüedades del Museo J. Paul Getty de Los Ángeles, compareció el viernes ante el tribunal de Roma que le acusa de comprar piezas antiguas de gran valor arqueológico procedentes de excavaciones ilegales situadas en suelo italiano. (...)

Ante la sorpresa del mundo del arte, Marion True fue denunciada por el Estado italiano junto al intermediario estadounidense Robert Hecht, y ambos están imputados por "conspiración para traficar ilegalmente con objetos hallados en suelo italiano". Italia reclama al museo 35 piezas supuestamente expoliadas.

Las afirmaciones de True fueron su respuesta espontánea al testimonio de Daniela Rizzo, arqueóloga y testigo del fiscal. Rizzo declaró que True "podía y debía haber hecho más" para prevenir el comercio de antigüedades ilegales. Ésta es la primera vez que la arqueóloga comparece para refutar los cargos. El ministerio italiano ha intentado llegar a acuerdos con diferentes coleccionistas y museos estadounidenses, entre ellos el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Bellas Artes de Boston y el Cleveland Museum of Art, para el regreso de otras piezas expoliadas." (El País, ed. Galicia, Cultura, 22/03/2009, p. 46)

21.2.08

Los "Van Gogh", medio de pago para las mafias

“Entre las hipótesis, David Vuillaume, secretario general de la Asociación Suiza de Museos, quiso destacar una. "Los cuadros robados podrían ser usados como una moneda de cambio en transacciones arriesgadas entre bandas criminales", analizó. Se entregarían como garantía en negocios ilícitos. Esto explicaría que los ladrones asuman tales riesgos en operaciones que no pueden resultar rentables vista la virtual imposibilidad de venta del material robado.” (El País, ed. Galicia, Cultura, 20-02-08, p. 57)