Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales, por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas. El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia... Pradales al frente de Azpiegiturak, contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector... Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social. La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV... Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado (Ahoztar Zelaieta)

 "Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturak contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”." 

( Ahoztar Zelaieta, El Salto, 31/08/26)

Es el Watergate francés... La oficina de Macron se ve inmersa en un grave escándalo relacionado con el agua mineral Perrier... Un informe del Senado alega que Nestlé Waters presionó al gobierno francés para posibilitar la venta de agua mineral de esa marca que eludía las estrictas normas francesas que pretenden garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada... la empresa reconoció haber utilizado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral... «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas»

 "PARÍS - Es el Watergate francés.

La emblemática marca francesa de agua mineral Perrier está en el centro de un nuevo escándalo que amenaza con desbordarse y llegar a las más altas esferas del Gobierno.

Nestlé Waters presionó al gobierno de Francia, incluidas personas cercanas al presidente francés Emmanuel Macron, para hacer posible la venta de agua mineral de marca que eludía las estrictas regulaciones francesas, engañando efectivamente a los consumidores, según un informe condenatorio del Senado publicado el lunes.

En el centro de las acusaciones se encuentra el uso supuestamente no autorizado por parte de Nestlé Waters de filtros de carbono y luz ultravioleta -métodos utilizados normalmente en el agua del grifo- para tratar el agua mineral de varias de sus marcas, incluida su emblemática agua con gas Perrier. Pero la estricta normativa francesa pretende garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada, justificando el elevado precio que pagan los consumidores.

La ira por el escándalo de los presuntos grupos de presión amenaza con perjudicar aún más a un Macron ya asediado, que lucha contra el estancamiento político y los bajos índices de aprobación. Preguntado sobre el papel del Elíseo en el caso Nestlé Waters en febrero, Macron dijo que «no estaba al tanto de esas cosas» y que no había habido «acuerdo» o «colusión».

 A principios de 2024, anticipándose a la publicación de un reportaje de investigación de los medios franceses Le Monde y Radio France, la empresa de propiedad suiza emitió un comunicado en el que reconocía haber utilizado en el pasado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral y afirmaba que había adaptado sus procesos a la normativa francesa sobre el agua mineral a partir de 2023.

«Confirmamos que la seguridad alimentaria y la calidad de nuestras aguas minerales naturales siempre han estado garantizadas», escribió Nestlé Waters en un comunicado en ese momento.

El uso de los métodos de tratamiento fue necesario debido a «contaminaciones bacterianas o químicas esporádicas» causadas por «contaminaciones fecales» en el suministro de agua mineral, según el informe de prensa, que citaba «una nota confidencial» de la administración francesa.

Nestlé Waters France informó al gobierno francés de sus prácticas de tratamiento del agua a partir de 2021, dijo la compañía en su declaración original.

Nestlé adoptó un enfoque «transaccional», según el informe del Senado del lunes. Compartió sus irregularidades con el gobierno francés y, a cambio de poner fin a los tratamientos con filtros de carbono, ofreció en su lugar utilizar la microfiltración a 0,2 micras.

Hasta ese momento, las autoridades sanitarias francesas habían establecido que cualquier filtración por debajo de un umbral de 0,8 micras entrañaba el riesgo de alterar la composición del agua. Pero en 2023, el gobierno francés permitió a las autoridades locales flexibilizar el marco normativo mediante una acción ejecutiva para permitir el método de microfiltración más fino.

 El informe del lunes es el resultado de una investigación parlamentaria del senador socialista Alexandre Ouizille sobre las prácticas de la industria francesa del agua. La investigación de Ouizille, que siguió a la publicación de los informes de prensa el año pasado, también trató de establecer hasta qué punto la oficina de Macron puede haber estado al tanto de las prácticas de Nestlé Waters.

Ouizille y la comisión investigadora citaron a declarar al exjefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler -que ocupó ese cargo desde 2017 hasta el mes pasado y fue descrito a menudo como «el segundo cerebro del presidente»-, pero Kohler se negó a comparecer alegando la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

No obstante, la oficina del presidente francés compartió con la comisión investigadora 74 páginas de documentos en los que figuran conversaciones entre miembros del personal del presidente y Nestlé y sus grupos de presión.

«Fue al más alto nivel del Gobierno donde se tomó la decisión de autorizar la microfiltración por debajo del umbral de 0,8 micras», dice el informe publicado el lunes. «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas».

Durante una rueda de prensa el lunes, Ouizille insistió en que Kohler se había reunido «en varias ocasiones» con grupos de presión de Nestlé y que «como mínimo, el Elíseo estaba al corriente de lo que ocurría.»"

( Victor Goury-Laffont  , POLITICO, 19/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Ábalos, Koldo y Aldama extendieron una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (Ernesto Ekaizer)

 "(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos, decíamos, se puso al servicio del rey de las coimas o mordidas, Victor de Aldama.

Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.

       La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela-  a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela, siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.

 El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.

   Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y se cubrió las espaldas.

¿Cómo?

    Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.

Sánchez contestó con un lacónico “bien”.

Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”- porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro, por así decir.

    Aldama consiguió a través del asesor para todo, el jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario: mascarillas y  pruebas de PCR para detectar el virus. 

     Para el rey de las coimas era solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios, según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis (Claude Rains)

    Su primera operación de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos), porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro Koldo García.

Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.

De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180 millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo fuera de España.

   Otro eslabón del informe solicitado por el juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia de la situación creada por la pandemia.

Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también obtuvieron inyecciones de fondos públicos.

Eso sí, si la UCO tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.

     Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso traido y llevado rescate de la aerolínea.

El reciente auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir la causa”, señala una fuente judicial.

      La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García, se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.

    Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)

    El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos.

La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.

    ¿Adónde nos lleva esto?

A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.

    Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).

¿Por qué?

Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.

    Y esto no era inevitable.

Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.

    Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe. 

    Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.

    Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.

Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.

Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo renunciar a el como le exigía el PSOE.

    Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?

     No deberíamos estarlo."                 (Ernesto Ekaizer , blog, 12/10/24)

Tres grandes fortunas vascas de la lista Forbes controlan la compañía propietaria de la fábrica de papel instalada en la ría de Pontevedra. Presionaron para aplicar el modus operandi, basado en conexiones políticas y puertas giratorias, utilizado por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la filial de Repsol en la marisma de Muskiz

"Cuenta la prensa local que el recién investido como presidente de la Xunta en 2009, Alberto Núñez Feijoó, acudió en ese mismo momento a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, “donde había muchos empresarios”. “Dos buscaron de manera especial” al ahora líder del PP, indica el Faro de Vigo. Uno era Ignacio Sánchez Galán, recién nombrado presidente de la energética vasca Iberdrola. El otro era un empresario vasco, Juan Luis Arregui Ciarsolo, vicepresidente de la compañía eléctrica y presidente de Energía y Celulosa SA (ENCE). Ambos habían hablado antes con Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, y después con Mariano Rajoy. El objetivo: convencerles de replicar el modelo vasco de desarrollo de los combustibles fósiles de Petronor en la marisma de Muskiz, pero en Lourizán.

El mallabitarra había alcanzado la presidencia de ENCE en 2006, cuando era vicepresidente de Iberdrola, de la que también fue el máximo accionista individual, con un 2% de las acciones. Durante algunos años, el grupo se mantuvo bajo el control de la entidad pública Instituto Nacional de Industria (INI), pero como tantas otras empresa públicas terminó completamente privatizada en 2001.

Tras comenzar su internacionalización en Argentina y Uruguay pasó a convertirse en líder europeo en fabricación de celulosa de eucalipto gracias a sus fábricas de Pontevedra (Galicia) y Navia (Asturias). En la actualidad es el principal gestor forestal privado del Estado español y cuenta en la Península con plantas de energía renovable con biomasa agroforestal y energía solar térmica.

Para defender la permanencia de su fábrica en el municipio gallego de Lourizán, ENCE puso siempre como ejemplo a Petronor en Euskadi, “que ha conseguido garantizar la permanencia futura de su planta de Muskiz gracias a la implicación directa de las Administraciones, a pesar de estar afectada igualmente por la Ley de Costas” y esperaba “el máximo apoyo político para solucionar su permanencia”. El Correo Gallego apoyó la idea con una editorial en 2011 donde afirmaba que el “precedente” de Muskiz “se podría aplicar” en Lourizán, ya que Petronor “se mantuvo en su ubicación gracias a la implicación de las administraciones“. Añadía que “sería bueno que la Xunta se mirara en el ejemplo del Gobierno vasco, que supo conjugar intereses empresariales y medioambientales”.

Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP

La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.

Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.

Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.

Con el tiempo, las puertas giratorias se fueron afianzando. En 2013, Arregui fichó como consejera de ENCE a Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PP entre 1996 y 2000, cuando comenzó la privatización de la compañía papelera. Tocino fue reelegida como consejera de ENCE en 2016, una fecha clave para la permanencia de la compañía en Lourizán.

Por último, entre los fichajes de Arregui cabe destacar a un consejero de ENCE Biogas, el exmiembro del PP vasco Marcelino Oreja, exconsejero del Ente Vasco de la Energía (EVE) del Gobierno Vasco. E incluso Antonio Casal, quien fuera director de la planta pontevedresa de ENCE y en la actualidad ejerce de director territorial de ENCE en Galicia, está casado con María José Echevarría, Directora General de Calidad Ambiental en la Xunta.

La portavoz de la formación gallega BNG, Ana Pontón, llegó a denunciar en 2017 que las puertas giratorias entre Ence y el PP ponían la política forestal “al servicio” de la compañía papelera, “hipotecando” el futuro de Galicia al “imponer” el monocultivo del eucalipto. Frente al modelo denunciado, el apoyo político y las puertas giratorias copiado por ENCE para buscar influencia en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiso mostrarse contundente en el reportaje “La casa del papel”, emitido en el programa Salvados en 2021, al afirmar que “no hay ningún miembro del PP de la Xunta relacionado” con la empresa. Y matizó, no obstante, que “si lo hubiera, no sería incompatible”.

Millonarios vascos al frente de ENCE

Considerado por el diario jeltzale Deia como un “búho” por su vista para los negocios, trás recibir apoyo en su etapa de fundador de Gamesa con millonarias ayudas públicas concedidas al su firma por los consejeros de Industria Jon Azua y Josu Jon Imaz, el presidente de honor de ENCE se ha convertido en el segundo vasco más rico de la lista Forbes. Juan Luis Arregui, también galardonado por el Gobierno Vasco y la Cámara de Comercio de Araba, ejerce de accionista mayoritario en ENCE, así como de Presidente de Honor, manteniendo una participación activa en la compañía desde el Consejo, y también participa en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Sostenibilidad. En el consejo de la compañía figuran tres hijos de Arregui: Gorka, Oscar y Javier. Pero además, la familia cuenta con apoyos en el consejo por parte de dos millonarios vascos de la lista Forbes.

El quinto vasco más rico de la lista Forbes, Víctor de Urrutia, es a su vez consejero de ENCE, segundo mayor accionista con el 8,9% del capital. Es el exvicepresidente de Iberdrola, de ascendencia vasca pero nacido en Madrid, y durante muchos años la conexión de ENCE con el grupo de comunicación vasco El Correo y la fábrica embotelladora de Coca Cola en Galdakao. El tercer mayor accionista de ENCE, con el 6,3% del capital, es José Ignacio Comenge, a su vez el tercer vasco más rico de la lista Forbes. Conocido como “el águila” por su relación empresarial con la conocida marca de cerveza, es de origen vasco pero reside en Valencia."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 05/10/24)

POLITICO: La presidenta del Parlamento Europeo y su marido, un lobista... Las nuevas normas de la cámara sobre conflictos de intereses no se aplican a su miembro más poderoso... su marido, Ukko Metsola, es el principal lobista de la UE para Royal Caribbean Group, con sede en Miami, la segunda mayor compañía de cruceros del mundo y una de las principales empresas contaminantes

 "Después de que el escándalo del Qatargate de 2022 causara conmoción en el Parlamento Europeo, la presidenta de la institución, Roberta Metsola, decidió que la mejor manera de luchar contra la corrupción era exponerla a la luz desinfectante de la transparencia.

Impulsó un nuevo código ético que exigía, entre otras cosas, que los altos cargos del Parlamento declarasen los conflictos de intereses, incluidos los que «afecten a su familia, su vida afectiva o sus intereses económicos».

Pero según esas nuevas normas, una persona clave quedaba fuera: la propia Presidenta.

Si hubiera estado obligada a hacer tal declaración, podría haberse planteado notificar al público que su marido, Ukko Metsola, era el principal lobista de la UE para Royal Caribbean Group, con sede en Miami, la segunda mayor compañía de cruceros del mundo y una de las principales empresas contaminantes.

En cambio, el trabajo de Ukko pasó prácticamente desapercibido, incluso mientras trabajaba para influir en una legislación ecológica histórica que su esposa acabaría convirtiendo en ley. (En este artículo, se hace referencia a los Metsola por sus nombres de pila para evitar confusiones).

«No hay ninguna razón por la que el Presidente Metsola -o cualquier presidente- deba estar exento de presentar una declaración de este tipo», afirmó Nicholas Aiossa, director de Transparency International EU.

«Yo diría que si uno tiene un cónyuge que participa en cualquier actividad, remunerada o no, que pretenda influir en la elaboración de las políticas de la UE, el eurodiputado debería declararlo», añadió Aiossa.

No hay indicios de que los Metsola hayan encubierto nada. Ukko rellenó los correspondientes registros de grupos de presión, que estaban a disposición del público. Tampoco hay indicios de que Roberta infringiera las normas del Parlamento -que, después de todo, no se le aplicaban en este caso- ni pruebas de que utilizara sus poderes oficiales para influir indebidamente en la legislación en nombre de Ukko.
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Sin embargo, no se puede negar que la ausencia de una declaración formal ha protegido del escrutinio público la relación entre el presidente del Parlamento y una miembro de un grupo de presión, incluso cuando Ukko acompañó a su esposa en visitas oficiales, incluida la coronación del Rey Carlos III de Gran Bretaña, y Roberta habló en al menos dos ocasiones a favor de una postura compartida por el Parlamento y la industria naviera.

En un comunicado, el portavoz del Presidente, Jüri Laas, negó que el papel de Ukko fuera algo que Roberta tuviera que revelar.

«Intentar clasificar el empleo del Sr. Metsola como planteamiento de cualquier posible conflicto de intereses -real o percibido- es erróneo», dijo. «Estar casado con alguien con empleo no constituye un posible conflicto de intereses según las normas del Parlamento».
Ukko y Roberta Metsola, en el centro, con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib, y la Reina Matilde del país, en enero de 2023. | Benoit Doppagne/Belga via AFP/Getty Images

Roberta es «diferente de los titulares de cargos mencionados» en las normas éticas, que se aplican a los 14 vicepresidentes de la cámara, a los cinco cuestores -diputados responsables de asuntos administrativos y financieros- y a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones parlamentarias.

«El Presidente representa los intereses del Parlamento Europeo como institución», declaró Laas. Las nuevas normas iban dirigidas a los cargos «vinculados a una cartera o expediente específico» y, por tanto, con «mayor riesgo de posibles conflictos de intereses».

El ejemplo de las Metsolas pone de manifiesto las limitaciones de las normas de transparencia del Parlamento, que en gran medida dejan en manos de los legisladores la gestión privada de sus asuntos y conflictos.

Roberta es una de las personas más influyentes de Bruselas, la cara política del Parlamento y su centro de poder administrativo. A lo largo de su carrera se ha presentado como una defensora de la transparencia, exigiendo mayores esfuerzos para curar la opinión pública de Bruselas. Pero cuando se trata de sus propios asuntos, se ha negado a predicar con el ejemplo.

En los casi cuatro años en que Metsola ha ejercido de presidenta o vicepresidenta, apenas ha habido cobertura mediática que mencionara el trabajo de Ukko. Menos aún que suscitara preocupación. De los 14 eurodiputados, funcionarios de la UE y activistas anticorrupción con los que POLITICO habló para este artículo -personas que posiblemente deberían haberlo sabido- sólo dos eran conscientes de que el primer caballero del Parlamento trabajaba en nombre de la industria del ocio.

Ninguno de ellos se había percatado de la exención presidencial en el código de conducta que los funcionarios parlamentarios se comprometieron a seguir.

El Icon of the Seas de Royal Caribbean, anunciado como el crucero más grande del mundo. | Joe Raedle/Getty Images

La exención era «una laguna que tendríamos que cerrar», dijo Tiemo Wölken, eurodiputado del grupo socialista que rivaliza con el Partido Popular Europeo (PPE) de Roberta, cuando se le señaló.

A pesar de la afirmación de Laas de que el trabajo de Ukko no creaba ningún conflicto potencial, la pareja era muy consciente de que tenían que tomar medidas para abordar la cuestión, dijo Ukko a POLITICO. 

Las Metsolas tenían una «muralla china» respecto al trabajo de la otra, dijo. Desde que Roberta llegó a la presidencia, Ukko ha dejado de presionar directamente a los eurodiputados «para evitar incluso la percepción de incorrección», dijo, y añadió que Royal Caribbean ha contratado ahora a una persona más para que se comprometa con el Parlamento.

«Me gustaría pensar que lo hemos gestionado muy bien», dijo Ukko.

El ascenso al poder de Roberta Metsola

El ascenso de los Metsola a la cima del árbol de Bruselas duró dos décadas, pero el objetivo estaba claro desde el principio.

Ambos tenían una formación de élite en el gobierno. La futura Presidenta se formó en el Colegio de Europa, la escuela de Brujas que alimenta la maquinaria de Bruselas. Ukko, originario de Finlandia, estudió en la Kennedy School of Government de Harvard y sigue escribiendo periódicamente para actualizar la sección «dónde están ahora» de la revista de antiguos alumnos.

Se conocieron en Malta en 1999, en un acto juvenil del movimiento político conservador. Como Roberta es católica, se casaron por la iglesia maltesa en 2005 y celebraron una recepción en el Hotel Juliani, en la localidad costera de St.

Se trasladaron a Bruselas, donde Roberta trabajó en las oficinas del gobierno maltés y luego en la sección diplomática de la UE. Ukko, que antes había trabajado en política en Finlandia, consiguió un puesto de consultor en Royal Caribbean Group en 2007.

Compartían el sueño de ser elegidos diputados al Parlamento Europeo. Pero, teniendo en cuenta las exigencias de la paternidad, la pareja pactó que si alguno de los dos lo conseguía, el otro aparcaría para siempre sus ambiciones políticas. Ambos hicieron campaña en la década de 2000, pero ninguno tuvo éxito.

Roberta ganó su escaño en 2014. «Al final salió elegida la Metsola adecuada», dijo Ukko a POLITICO. Y mientras criaban una familia de cuatro hijos en Bruselas, ella ascendía por las comisiones y oficinas del Parlamento. En 2022, se convirtió en la presidenta más joven de la historia de la cámara y en una de las favoritas del Partido Popular Europeo, el grupo conservador paneuropeo que engloba a los democristianos alemanes y a Forza Italia.

En Malta, su país de origen, también se la considera futura Primera Ministra y, en vísperas del cambio de guardia en la UE este año, se rumoreó su nombre como posible sustituta de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. En julio fue fácilmente reelegida para un segundo mandato de dos años y medio.

No ha sido una hazaña fácil para una política del país más pequeño de la UE, una nación tristemente célebre por su corrupción política, que normalmente no se tiene en cuenta cuando se trata de los puestos más altos de la UE.

Roberta se ha definido como contraria a la corrupción y la delincuencia. Formó parte de una comisión parlamentaria que investigó las sociedades offshore utilizadas por políticos corruptos, también en Malta; se encargó de limpiar la mancha que el Qatargate dejó en la única institución de la UE elegida directamente; y exigió responsabilidades a los políticos malteses implicados en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, una cruzada contra la corrupción que murió en un atentado con coche bomba en 2017.

«Hizo tanto por la causa de la justicia para mi mamá», dijo el hijo mayor de la periodista, Matthew Caruana Galizia, un reportero de investigación. «Roberta vino a visitar a mi abuela al hospital y a su casa, etcétera», dijo, elogiando sus esfuerzos por impulsar una directiva de la UE conocida como “ley Daphne” para proteger a los periodistas del acoso legal.

De presencia atractiva, la Presidenta inspira sentimientos cálidos, incluso entre sus adversarios políticos. Se ha ganado la admiración, incluso la lealtad, de los defensores de la lucha contra la corrupción y de los eurodiputados, que afirman que sus esfuerzos por ampliar la transparencia en la Eurocámara han sido auténticos.

«Fue una gran defensora de muchas, si no de la mayoría, de nuestras políticas», dijo Aiossa, director de TI.

Las reformas conseguidas tras el Qatargate -redactadas por la comisión de asuntos constitucionales del parlamento y aprobadas por toda la cámara- fueron, según admitió el propio Metsola, un primer paso. Pero Aiossa echó la culpa a los legisladores de todos los partidos que, según dijo, lucharon amargamente contra sus esfuerzos por obligarles a contar más a la opinión pública sobre sus intereses personales.

«El Presidente y otros hicieron lo que pudieron, pero... durante muchos años ha habido una cultura de impunidad en esa cámara», dijo. «Los eurodiputados son nuestro mayor defensor institucional cuando se trata de integridad y ética y Estado de derecho en los 27 Estados miembros. Y nuestro mayor oponente cuando les pedimos los mismos estándares [a ellos]».
Ukko Metsola: «Un lobista muy eficaz

Incluso mientras Roberta cultivaba una reputación de estafadora con tolerancia cero, Ukko ascendía hasta convertirse en vicepresidente corporativo de Royal Caribbean, un puesto ejecutivo de primer nivel en una de las mayores empresas del sector.

En septiembre de 2020, asumió temporalmente el cargo de director general de la rama europea de la Cruise Lines International Association, el organismo de presión más poderoso del sector. Su mandato terminó un año después, aproximadamente un mes antes de que Roberta fuera nombrada presidenta del Parlamento.

Estar bien relacionado es vital para un lobista. Que te vean bien conectado es aún mejor. Y Ukko podría confeccionar un álbum de recortes que sería la envidia de cualquier traficante de influencias.

Su lista real incluye a los reyes de Bélgica, a quienes fue presentado el año pasado junto a su esposa y von der Leyen en una recepción de Año Nuevo 2023 en el Palacio Real de Bruselas.

En mayo del año pasado, el Hanoi Times publicó una fotografía de un evento exclusivo para los asistentes a la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña. En primer plano, el entonces presidente vietnamita Võ Văn Thưởng posaba agarrado y sonriente con su homólogo francés Emmanuel Macron. Al fondo, los dignatarios se arremolinaban luciendo fascinators y zapatos incómodos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, miraba por encima del hombro izquierdo de Thưởng. Sobre el hombro derecho de Thưởng, con gafas y la mirada perdida, estaba Ukko.

En 2022, Roberta viajó a Borgoña (Francia) para alojarse en el Hôtel Le Cep y asistir a una cena en la que fue nombrada «dama» honoraria de una hermandad de bebedores de vino llamada Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Ukko la acompañó.

Roberta declaró al podcast EU Confidential de POLITICO en 2022 que se relajaba intentando «hacer una distinción entre mi trabajo y mi vida privada».

Otros sugirieron que la línea era más borrosa.

La pareja ha celebrado con regularidad fiestas en el jardín de su casa, en el frondoso barrio de Ixelles, en el centro de la ciudad, para la «alta sociedad bruselense», dijo una persona con conocimiento del asunto, a quien se concedió el anonimato para hablar de los eventos privados. «No eran extravagantes. A menudo incluían barbacoas y comenzaron antes de que se convirtiera en Presidenta. «Ella quería ascender en la escala política y así es como se hace».

(Ambos Metsolas negaron que la agenda de contactos de Ukko hubiera aumentado con los compromisos sociales presidenciales, señalando que su invitación a algunos actos era un protocolo diplomático. Ukko dijo que su lista de contactos se había construido mucho antes de que Roberta alcanzara un alto cargo y afirmó que su vida social se había vuelto «bastante limitada» debido a la apretada agenda de su esposa).

Puede que los colegas y aliados pro-transparencia de Roberta no supieran nada de la profesión de su marido, pero en los círculos navieros de Bruselas todo el mundo sabía que cuando Ukko entraba en la sala, no se trataba de un lobista más, dijo Jacob Armstrong, activista de la ONG Transport & Environment, que se ha enfrentado regularmente a Ukko y a otros grandes contaminadores con buenos recursos en la mesa de negociaciones.

«Siempre es problemático que una industria tan contaminante y tan mala como la de los cruceros... tenga un acceso tan claro a las instituciones europeas y a los puestos de poder», afirmó.

Pero, dijo, así son las cosas en una ciudad donde los negocios y la política se solapan, a veces en torno a la misma mesa de la cocina. «Es lo que pasa en Bruselas».

La semana pasada, Roberta nombró jefe de gabinete a su cuñado y asesor personal Matthew Tabone. Ya había intentado ascender a Tabone a ese puesto, pero dio marcha atrás ante la cobertura mediática que insinuaba que estaba convirtiendo el Parlamento en un negocio familiar.

Uno de los mayores retos de Ukko como lobista ha sido el impulso de la UE para acabar con la contaminación industrial y ser neutra en emisiones de carbono para 2050, un rasgo legislativo definitorio del primer mandato de Roberta.

El Parlamento aprobó proyectos de ley que introducen por primera vez un precio para las emisiones marítimas de carbono -se calcula que sólo el sector de los cruceros recaudará 600 millones de euros al año- y exigen a los buques que utilicen combustibles más sostenibles y se conecten a la red eléctrica terrestre cuando estén en puerto.

Esto supuso un serio reto para el Royal Caribbean Group, que es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica local en las ciudades portuarias. Ukko calificó en una ocasión el paquete de leyes climáticas de la UE de «tsunami normativo».

En reuniones y correos electrónicos con funcionarios de los departamentos de Transporte y Cambio Climático de la Comisión obtenidos a través de solicitudes de libertad de información, así como en declaraciones públicas, Ukko expresó su apoyo a la transición ecológica, calificándola de «oportunidad» para que Europa reforme un sector de construcción naval que se mantiene a flote gracias a los pedidos de cruceros. Pero también buscó el apoyo de la UE para la transición.

Abogó por que los ingresos del impuesto sobre el carbono se devolvieran a la industria para invertirlos en la limpieza de sus operaciones, un uso habitual de los fondos en otros sectores. El año pasado, Royal Caribbean solicitó financiación de la UE para la investigación de pilas de combustible.

En los últimos meses también presionó a la Comisión Europea para que flexibilizara las normas del fondo de la UE para nuevas tecnologías limpias con el fin de dar cabida a los cruceros que salen de aguas de la UE. La Comisión dijo a POLITICO que estaba estudiando la petición. En mayo, funcionarios del Royal Caribbean Group, cuyos nombres fueron redactados por la Comisión, presionaron para que se destinaran fondos públicos a cubrir la diferencia de precios entre los combustibles tradicionales y los combustibles limpios, más caros.

En resumen, uno de los principales objetivos de Ukko ha sido conseguir ayudas de los contribuyentes para que la industria cumpla los objetivos ecológicos de la UE. (En declaraciones, Ukko y Royal Caribbean Group destacaron el apoyo del sector a la «necesaria» transición ecológica).

«Es un lobista muy eficaz», dijo Armstrong, el activista de Transporte y Medio Ambiente. «He estado en reuniones con él en las que me ha pedido dinero... Sabe cómo funciona el juego. Sabe qué decir. Con quién hablar».

La UE presiona para acabar con la contaminación industrial y ser neutra en carbono en 2050. | Pau Barrena/Getty Images

Como muchos representantes de empresas, cuando Ukko se dirigió a la Comisión Europea -el organismo que elabora la política de la UE- estaba empujando una puerta abierta.

Según un correo electrónico, publicado en virtud de las leyes de libertad de información, Ukko escribió a la oficina del Comisario Europeo Margaritis Schinas, miembro destacado del PPE de Roberta, el 22 de enero de 2020, solicitando una reunión para el CEO de Royal Caribbean Group. La respuesta llegó en apenas 44 minutos, proponiendo una reunión una semana después.
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Los representantes de las ONG dijeron a POLITICO que a menudo tardaban meses en organizar reuniones con los comisarios. Pero los correos electrónicos de Ukko a los funcionarios de la UE, incluido el dirigido a Schinas, a menudo contenían una flexión que ninguna ONG podía hacer.

«Actualmente tenemos 17 nuevos buques encargados a los astilleros europeos de Alemania, Francia, Finlandia e Italia. (Esta cartera de pedidos supone una inversión de más de 15.000 millones de euros en la economía europea)», recordaba al empleado de Schinas.

Otras flexiones llegaron de forma más sutil.

En una reunión reciente, defendió un cambio de normativa que permitiría que una máquina de captura de carbono a bordo pudiera recibir financiación de la UE.

Se explayó con un chiste sobre el enfoque doctrinario de las normas en el norte protestante de Europa, en comparación con el sur católico, más mutable. Luego recordó que él era un finlandés frío e inflexible de nacimiento: «Soy católico de matrimonio».
Las declaraciones de Roberta Metsola sobre el transporte marítimo

La gestión del trabajo de Ukko no es la primera vez que Roberta llega a la conclusión de que el cargo de presidente debe recibir un trato diferente al de otros legisladores. Después de que el año pasado no cumpliera el plazo para declarar los regalos que le habían hecho, su equipo argumentó que iba en contra de la «costumbre» de los anteriores presidentes publicar los regalos que le habían hecho a su cargo.

La presidenta dijo que nunca cruzó ninguna línea ética para ayudar a su marido.

POLITICO se puso en contacto con eurodiputados y funcionarios de la UE que trabajaban directamente en la legislación sobre la que Ukko ejercía presión. Ninguno recordaba que Roberta hubiera hablado con ellos sobre el expediente o que hubiera intervenido en el proceso de formulación de políticas. Como Presidenta, firma las leyes, pero normalmente no interviene en su modificación a medida que avanzan en la cámara. Durante su primer mandato, se abstuvo voluntariamente de votar en el pleno.

Pero la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, que investiga las malas prácticas en las instituciones de la UE, afirma que los conflictos de intereses no tienen por qué aprovecharse para ser un problema. Incluso algo que parezca mal al público debe tratarse con seriedad.

O'Reilly dijo en una declaración enviada por correo electrónico: «He dejado claro que las instituciones de la UE no sólo tienen que considerar si han abordado los conflictos de intereses reales, sino también los percibidos, que pueden ser igualmente perjudiciales para la confianza pública.»

Pocos argumentarían que un miembro de un grupo de presión que vive sin ser reconocido junto a un poderoso legislador pasaría esa prueba.

Aunque las normas no obligan a la Presidenta a revelar las actividades de su marido, nada le impide hacerlo voluntariamente. Tampoco que ofreciera una declaración pública sobre cómo gestionaba el solapamiento de los intereses corporativos de Royal Caribbean y la labor del Parlamento que dirigía.
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(Laas, portavoz de la presidenta, dijo que «las normas del Parlamento Europeo no contemplan esta forma de divulgación voluntaria»).

En el Reino Unido, todos los diputados deben declarar cualquier relación familiar con un grupo de presión registrado. El Parlamento francés también obliga a los diputados a registrar sus intereses familiares. Pero el reciente cambio de norma es la primera vez que la UE exige a un eurodiputado que revele sus vínculos familiares.

Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes y uno de los más firmes defensores de la transparencia en la Eurocámara, dijo que no había notado la exención para el Presidente. Freund, que trabajó anteriormente con Aiossa en TI y ha colaborado con Roberta en su campaña de ética, no quiso hacer comentarios sobre el trabajo de Ukko. La familia era un tema delicado, dijo.

Otra peculiaridad de las nuevas normas es que todas las reuniones de los eurodiputados con grupos de presión relacionadas con los asuntos del Parlamento deben declararse públicamente. Pero si el presidente del Parlamento vive con un lobista, las normas no dicen nada.

Eso puede llevar a algunas conclusiones absurdas, dijo Richard Corbett, ex eurodiputado y autor de un manual sobre el Parlamento. «¿No tiene que declararlo cada mañana?», preguntó.

Como parte de su esfuerzo por mantener separadas sus vidas profesionales, los Metsola acordaron que el presidente no haría ninguna declaración pública sobre la industria naval, dijo Ukko a POLITICO.

«Incluso antes de que mi esposa se convirtiera en presidenta, como eurodiputada desde hace más de 11 años, nunca ha dicho nada sobre el transporte marítimo, y mucho menos sobre cruceros», dijo.

Pero como presidenta rompió ese acuerdo en dos ocasiones.

«La importancia de la industria marítima para el bienestar y la prosperidad de Europa no puede ser exagerada», dijo en un mensaje de vídeo oficial para celebrar el Día Marítimo de la UE este mes de mayo.
En Malta, su país de origen, también se apunta a Metsola como posible futura Primera Ministra. | Frederick Florin/AFP vía Getty Images

«La ambición climática es esencial», añadió. Hablando a la cámara con el hemiciclo del Parlamento difuminado en el fondo, continuó la Presidenta, el progreso de la industria naval depende de que la UE «establezca objetivos alcanzables y ... ofrezca incentivos financieros». Lo mismo dijo en su discurso de apertura de la conferencia marítima de Malta en 2022.

«Estoy sorprendido», dijo Ukko, cuando POLITICO le informó de las direcciones. «Sinceramente, no estaba al corriente».

Aunque las declaraciones de Roberta se hacían eco de las peticiones de Ukko al sector, su portavoz dijo que se limitaba a exponer la posición general del Parlamento, ya que sus miembros habían votado y no habían hecho nada fuera de lo normal. «Se espera que el Presidente del Parlamento hable de todos los temas relacionados con el trabajo del Parlamento y más allá», dijo.
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«La Presidenta siempre ha utilizado su cargo por la única razón de representar los intereses del Parlamento Europeo», añadió. «Refutamos, en los términos más enérgicos posibles, cualquier conjetura que alegue lo contrario».

Pero Vicky Cann, activista de Corporate Europe Observatory, una ONG de vigilancia de la transparencia con sede en Bruselas, dijo que las declaraciones públicas de la presidenta sobre la industria de su marido eran innecesarias, desacertadas y no cumplían con la obligación de la presidenta de establecer un estándar más alto.

«En Bruselas existe la cultura de cumplir el nivel mínimo en lugar de aplicar buenas prácticas», afirmó. «Y aquí es donde realmente deberíamos mirar a los líderes y a las personas prominentes para dar un mejor ejemplo»."                

( KARL MATHIESEN, EDDY WAX and ELISA BRAUN, POLITICO, 04/09/24,traducción DEEPL, enlaces en el original)

Los interventores de Andalucía censuran a la Junta por adjudicar a dedo 300 millones a empresas “sin justificación alguna”

 "El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido un demoledor informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas ese año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.

El título del documento, al que ha tenido acceso este periódico, es “Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021”.

El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

“Abuso” del sistema de contratación

La Intervención del SAS, organismo competente para auditar las cuentas autonómicas, emitió un informe definitivo “desfavorable” sobre todos los contratos a dedo que se realizaron durante aquel ejercicio presupuestario de 2021: en total fueron 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.

El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año. El informe de control está dirigido por la Interventora Central Adjunta del Servicio Andaluz de Salud, Victoria López Gutiérrez, junto a dos asesores técnicos –José Miguel Lirola e Isabel Clavero– bajo la supervisión de la Interventora Central del SAS, Blanca Pons Rodríguez.

“Limita el principio de transparencia”

La decisión de la dirección gerente del SAS de seguir haciendo adjudicaciones a dedo hasta finales de 2021, argumentan, supuso ignorar las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (abril de 2020) y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que, a esas alturas, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.

El informe de la Intervención censura que el Ejecutivo andaluz prorrogase de manera “indebida” y “sin justificación alguna” los contratos a dedo a lo largo de 2021, porque en mayo de ese año el Gobierno central ya había derogado expresamente el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que permitió a todas las administraciones sortear los controles habituales y agilizar la contratación para dar una respuesta más ágil a la pandemia. “El artículo está plenamente derogado”, había advertido también la Consejería de Hacienda al SAS en una instrucción fechada el 18 de junio de aquel año.

En una de sus alegaciones al informe, la gerencia del SAS resta importancia a esta crítica –“no tiene ninguna virtualidad”– y defiende que tras derogarse el marco legal estatal “continuó vigente la norma que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecía la misma justificación para acudir a la contratación de emergencia”. El auditor echa por tierra ese argumento y le reprocha que “realice una serie de juicios de valor, que no se entra a analizar por no tratarse de alegaciones a incumplimientos normativos”.

Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.

“Sin justificación alguna”

Antes, incluso, de analizar los contratos uno a uno, el informe de la Intervención pone en cuestión la legalidad e idoneidad de prorrogar la contratación de emergencia en el SAS durante todo el ejercicio 2021: “Previamente a la exposición de los trabajos es preciso destacar que, una vez finalizado el segundo Estado de Alarma por la pandemia (9 de mayo de 2021), no encuentra justificación alguna el acudir a la contratación de emergencia, motivando tal tramitación en la situación provocada por la COVID-19”, dice el documento.

Los auditores argumentan que “ya este segundo Estado de Alarma no provocó una interrupción significativa ni del funcionamiento de la Administración, ni de la actividad económica general, no pudiéndose interpretar que las normas elaboradas con motivo de la declaración de los estados de alarma permitían el uso de este procedimiento para supuestos en los que no procediera conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Y concluye el informe: “De lo contrario se estaría utilizando el procedimiento de emergencia como algo distinto a lo previsto en dicha ley (carácter absolutamente excepcional y limitado a lo estrictamente necesario para remediar el acontecimiento producido o para la satisfacción de la necesidad sobrevenida) limitando los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la UE”.

Los auditores de la Junta acusan al SAS de ignorar una docena de artículos de la LCSP que regulan los requisitos para justificar la contratación a dedo, entre ellos aquellos que sirven a la Administración para “acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional” de las empresas con las que contrata, para así minimizar “situaciones de riesgo” en el gasto de dinero público.

“La indebida tramitación mediante procedimiento de emergencia en aquellos expedientes en los que no se justifica la imposibilidad de acudir a otros procedimientos ordinarios o no se limitan las actuaciones al tiempo estrictamente indispensable para solventar la situación de riesgo, ha supuesto [para la Junta de Andalucía] la no comprobación por parte del órgano gestor de las condiciones de aptitud (artículos 65 y 66 LCSP) capacidad (artículo 84 LCSP) y no concurrencia de prohibiciones de contratar (artículos 71 a 73) solvencia económica y técnica (artículos 74 a 83), cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social exigibles a cualquier adjudicatario de contratos”, reza el documento.

Las recomendaciones ignoradas del auditor

En el informe, se advierte a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud de que la adjudicación de contratos millonarios a dedo se hizo vulnerando aspectos “significativos” de la LCSP; y denuncian reiteradamente la “indebida tramitación [de contratos] mediante el procedimiento de emergencia” durante el ejercicio 2021, cuando la situación “se había convertido en algo más previsible, lo que habría de influir necesariamente en la forma en que la legislación de contratos públicos debía aplicarse”.

También censuran que muchos de los contratos a dedo se prorrogaron en el tiempo “sin justificación”, pues la ley limita el trámite de emergencia “a lo estrictamente indispensable en el ámbito temporal”. “La emergencia requiere la inmediatez con la acción que la justifica (art. 120.1 LCSP), sin que pueda dilatarse en el tiempo, y debe cesar cuando la situación haya desaparecido o acudir a la tramitación ordinaria o a otros procedimientos que permitan la libre concurrencia y la igualdad entre los licitadores”, dice el informe.

Sin embargo, el SAS prorrogó en el tiempo muchos de esos contratos a dedo, e incluso autorizó contratos de emergencia “por fases”, lo cual es “incongruente”, desde el punto de vista del Interventor, porque contradice la naturaleza misma de la emergencia.

“Salvedades de especial relevancia”

El informe plantea “salvedades de especial relevancia” a prestaciones millonarias adjudicadas a dedo, bien porque “no se justifica adecuadamente su carácter de emergencia”; o porque “los servicios objeto de contrato son anteriores a 2020 (año precovid), por lo que las prestaciones contratadas no se ciñen a servicios directamente relacionados con la pandemia”. El SAS tampoco aporta justificación “de la imposibilidad (...) de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores”.

Además, cuestiona varios contratos porque la ejecución de los mismos por parte de las empresas privadas adjudicatarias no se inició en el plazo de un mes, como exige la Ley de Contratos Públicos para justificar la tramitación de emergencia. Muchos de los contratos a dedo empezaron a ejecutarse después de ese plazo y, a juicio de la Intervención, “ese contrato debería haberse tramitado por procedimiento ordinario”.

El 98% de los contratos supervisados por la Intervención recoge este tipo de irregularidades. “En el año 2021, la situación se había convertido en algo más previsible, por lo que necesariamente la tramitación de emergencia, por exigencia de los principios fundamentales de publicidad y concurrencia previstos en el Derecho Comunitario, debe aplicarse sólo en supuestos tasados y cuando resulte de aplicación”, insiste el informe.

El expediente que adelantó elDiario.es Andalucía

La auditoría a los contratos a dedo del SAS en el ejercicio 2021 se elaboró a lo largo de 2022, el informe definitivo está fechado el 21 de noviembre de 2023, pero un año antes la Intervención había emitido otro informe definitivo sobre los contratos de emergencia de 2020, primer año de la pandemia.

Ese documento ya planteó una serie de recomendaciones al SAS para que fuera abandonando paulatinamente el sistema de contratación de emergencia, sin embargo, el posterior informe de 2021 emite una evaluación sobre el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones y concluye que el SAS no implantó ninguna. De hecho, siguió prorrogando algunos contratos a dedo con clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023.

El 14 de marzo de 2023, elDiario.es publicó en exclusiva que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas –para derivar a pacientes en lista de espera– amparándose en el marco legal de la pandemia ya derogado. El expediente inicial de esos contratos –Expediente 110/2021– es uno de los analizados y duramente cuestionados en el informe de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021.

El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero la Consejería de Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.

Menos de 24 horas después de la publicación de la noticia en este periódico, el Ejecutivo de Moreno anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo.

Sin embargo, el atasco en la lista de espera para operarse o para ser atendido por un especialista era tal –el retraso afectaba a 1,6 pacientes en ese momento– que la entonces consejera de Salud, Catalina García, admitió que tendrían que seguir exprimiendo aquel expediente inicial y prorrogando los contratos a dedo para derivar pruebas diagnósticas y operaciones pendientes a la sanidad privada.

Las dos últimas resoluciones de prórrogas a las que ha tenido acceso este periódico se autorizaron a finales de 2022, con un sobregasto de 16 millones –sumados a los 243 millones ya licitados–, para derivar pruebas oncológicas a clínicas privadas hasta el 30 de junio de 2023.

El informe definitivo de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021 está fechado el 21 de noviembre de 2023, es decir, nueve meses después de que elDiario.es revelase las cuatro prórrogas en dos años del famoso Expediente 110/2021, que terminaría triplicando el gasto inicialmente autorizado de 70 millones. “La resolución por la que se declara la emergencia de estas actuaciones es de 15 de julio de 2020”, dice el informe, “sin embargo, algunos de los contratos suscritos con las entidades prestadoras de estos servicios se firman con fechas de 10 de junio de 2021, 7 de junio de 2021, 17 de mayo de 2021, 14 de junio de 2021 haciéndose al amparo del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, normativa que se encontraba derogada”.

Del control financiero previo a los informes a posteriori

El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó un acuerdo que entonces pasó desapercibido bajo el auge de la crisis sanitaria, que ese día contabilizaba 74.766 contagios acumulados y 1.956 muertos. La Junta sustituyó el control previo de determinados gastos, órganos y servicios de la Administración –incluido los contratos a dedo del SAS– por el control financiero permanente, con objeto de ganar agilidad en la contratación.

Es decir, siete meses después de declararse oficialmente la pandemia, la Intervención de la Junta pasó de supervisar y autorizar cada expediente de gasto a priori –antes de que se librase el dinero– por “una auditoría de cumplimiento de carácter anual”, esto es, comprobar a posteriori que los contratos se habían hecho con arreglo a la legislación vigente y plasmarlo en un informe.

El informe “provisional” del auditor sobre los contratos a dedo que autorizó la Consejería de Salud en 2021 “se puso en conocimiento de la Dirección Gerente del SAS” el año pasado. En el informe aparecen dos fechas distintas: 15 de marzo de 2023 y 12 de junio de 2023.

La primera fecha es justo el día después de que este periódico publicase que la Junta llevaba dos años prorrogando contratos a dedo con clínicas privadas amparándose en un Real Decreto Covid ya derogado. El mismo día, también, que el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, anunció que el SAS cancelaría la contratación de emergencia y volvería al procedimiento ordinario en junio, cuando expirase la última prórroga. La segunda fecha que aparece en el informe es precisamente del 12 de junio, cuando aún seguían en vigor esos contratos a dedo.

El informe tumba las alegaciones del SAS

Los responsables del Servicio Andaluz de Salud presentaron una larga batería de alegaciones para corregir las duras críticas de aquel informe provisional, pero la Intervención desestimó prácticamente todas, reiteró sus conclusiones en el informe definitivo, y subrayó que se habían “producido incorrecciones significativas y reiteradas en el tiempo”.

La Intervención también reprocha a la dirección del SAS que le respondiera tarde y de manera “claramente extemporánea” –el 15 de mayo de 2023– con un informe sobre “el grado de implantación de las recomendaciones” que el órgano fiscalizador había hecho en el informe sobre los contratos de emergencia de 2020, un año antes. La respuesta del SAS llega “pocos días después del vencimiento del plazo legal de seis meses” desde que recibió las recomendaciones. “A pesar de lo extemporáneo de su remisión”, la Intervención analiza si se han cumplido y resuelve que todas las medidas propuestas, excepto una, “no están implantadas”.

El órgano fiscalizador supervisó una muestra de 126 expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia desde los servicios centrales del SAS entre el 1 de enero de 2021 y el cierre del ejercicio presupuestario, de un total de 3.669 expedientes que movilizaron 296,3 millones de euros. Es decir, la auditoría es sobre el 3,5% del total de adjudicaciones a dedo que se hicieron en 2021, con un margen de error “asumible” del 10% y un nivel de confianza del 90%. 

En la muestra seleccionada están todos los contratos de obras –“por ser sus importes más elevados”– y algunos de servicios y suministros. Esos 126 expedientes analizados suman 56,6 millones de euros adjudicados a dedo, un 19,13% del total."                           (Daniel Cela , eldiario.es, 09/09/24)