A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

El Tribunal de Justicia Europea sentencia a favor de los ganaderos afectados por un cártel lácteo que pactó los precios y les da un plazo de 5 años para reclamar perdidas... ocho compañías (entre las que están PULEVA, NESTLÉ, DANONE, PASCUAL), acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción... "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego... Esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente...

 "Además de la ruina económica, porque sigo arrastrando créditos e hipotecas, tengo una frustración enorme. Me han arruinado la vida, a mi a muchísimos otros ganaderos, y lo han hecho a propósito, que es lo que más me jode". 

A Jordi Pujol, un joven estanciero dedicado a la producción de leche, le hierbe la sangre. El negocio familiar que heredó en 2010, una pequeña explotación de vacas, echó el cierre tras una inversión de cerca de 800.000 euros. "Modernicé las instalaciones, las saqué del pueblo y las llevé a una zona más alejada y de montaña. Yo sabía que iba a ser duro, al menos los primeros años, pero empezaron a venir pérdidas y tuve que ir recortando gastos, hasta que cerré. Pensaba que era una cuestión del mercado, como cuando quebró el sector textil, pero al poco tiempo, en 2018, me enteré de que un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción", narra.

La historia de Jordi es la de miles de ganaderos que en la última década terminaron arruinados por culpa de sus propios compradores. Así lo dictó en 2019 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y así lo ha corroborado esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Durante más de una década, ocho compañías acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios.

 Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) son las empresas citadas por la CNMC en una lista de la que terminaron saliendo otras tantas comercializadoras tras haber prescrito su mala conducta.

 "Esto empezó porque, en 2013, un grupo de ganaderos navarros denunciaron a las principales industrias lácteas por formar un cártel. Es decir, las compañías, que estaban por ley obligadas a competir entre sí, se pusieron de acuerdo para pactar precios y para repartirse el mercado, llegando a dividirse el territorio. De esta forma, los ganaderos no tenían capacidad de encontrar clientes para vender su leche en su zona a precios diferentes. Estaban totalmente cautivos", explica Andoni de la Llosa, experto en Derecho de la Competencia de Redi Abogados, bufete que está llevando más de mil casos de afectados por esta alteración del mercado. "Habitualmente los cárteles operan para vender, pero en este caso, lo llamativo es que lo hacían para comprar. Creemos que esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente", indica el abogado.

 Las compañías, según la CNMC, intercambiaron información a nivel nacional y regional sobre los precios del producto lácteo, sobre los excedentes de los ganaderos, los volúmenes de compra y hasta la identidad de los productores. Después, consensuaron una estrategia para controlar el mercado y evitar que los granjeros no tuvieran apenas alternativas para encontrar precios de venta diferentes. Todo ello se traduce en la falta de libertad de los ganaderos para fijar y negociar el precio de sus productos y a la empresa a la que lo suministraban. Todo ello en una coyuntura de mercado difícil donde, en condiciones normales, los productores ya disponen de un margen estrecho de negociación, ya que se ven obligados a dar salida la leche para poder conservar su cuota láctea.

"Era mi vida y se lo han llevado todo", lamenta Pujol. "Aquí en la comarca del Ripollès no queda nadie. Las lecheras han ido cerrando poco a poco o han cambiado el negocio porque no salía a cuenta vender esos precios. Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho, se han enriquecido a costa de gente trabajadora. 

"Nosotros no tuvimos que cerrar. Tuvimos algo de suerte porque tenemos mucha tierra y teníamos más cabezas de ganado. Engordamos a las vacas y enfocamos el asunto de otra forma", comenta Eliseo Cebreiro, dueño de una explotación asentada en San Sadurniño (A Coruña). Tras una década arrastrando pérdidas en la producción, no hay muchas esperanzas en doblegar a los cartelistas, manifiesta, a pesar de que la CNMC emitió una sanción de 80 millones de euros que todavía debe ser ratificada por la Audiencia Nacional y, en caso de recurso, por el Tribunal Supremo. "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego.

 Pese a su desánimo, el camino judicial todavía deja lugar para el optimismo. La sentencia del Tribunal Europeo, aunque no estipula una indemnización para los afectados, alarga en cinco años el periodo que los ganaderos tendrán para poder reclamar ante la Justicia y esa es una novedad que podría relanzar el caso en España. "Muchos pensaban que ya había vencido el plazo y esto cambia el panorama. Nosotros tenemos ya 1.126 casos y en total hay en torno a 3.000 reclamaciones. Ahora podría aumentar el número", advierte De la Llosa. Y es que, además de la sanción de la CNMC, los letrados ya trabajan caso por caso para solicitar una compensación por daños. "Es gente que ha perdido muchísimo dinero. De media, unos 320 millones por explotación, a lo que hay que añadir los intereses que elevarían la factura entre un 55% y un 65%, estima el jurista de Redi Abogados.

A Eliseo no le compensa ponerse a echar cuentas. "Cómo me ponga ahora a calcular me explota la cabeza, pero te digo que producíamos entre un millón y un millón seiscientos kilos de lecho al año y nos pagaban entre tres y cuatro céntimos por debajo de coste", detalla. "Mientras nosotros apretábamos y reducíamos gastos, ellos aumentaban sus beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la puta gana. ¿Negociar? Eso nunca ha existido, lo que había eran imposiciones. Yo entiendo que un contrato consiste en que las dos partes lleguen al mismo punto, pero aquí no ocurría, tu vendías a su precio sí o sí, porque cambiar de empresa era prácticamente imposible".

"Estuvieron llevando los precios muy al límite y casi siempre por debajo de coste. Algunos intentamos hacer cooperativas para sacar la producción con un poco más de precio, pero es muy difícil", cuenta Pujol, en referencia a lo concentrado que está el sector. "La leche es un trabajo muy sacrificado, ordeñas dos veces al día y casi todos los días de la semana. Si no se compensa como se debe, la gente acaba abandonando o arruinándose".                 (Alejandro Tena , Público, 07/07/22)

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado)... La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado). No son grandes constructores, son la mafia.

La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos.

11:59 a. m. · 8 jul. 2022
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 "La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. 

Las empresas se reunían semanalmente para concertar miles de licitaciones de carreteras, hospitales y aeropuertos. Las firmas recurrirán judicialmente la sanción, la mayor de la historia de Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

En conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas [anticompetitivas]”.

El modus operandi del grupo (denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas) consistía en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían para asegurarse las adjudicaciones.

Para evitar sospechas, “los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas”, según ha indicado la CNMC en un comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras tenían que atenerse a él, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”, indica la CNMC.

Entre las Administraciones Públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. La multa total será repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Otras multas

Se da la circunstancia de que muchas de estas empresas ya han recibido multas millonarias por pactar contratos en otros ámbitos como la obra ferroviaria, la conservación de carreteras o los residuos urbanos. Por ejemplo, ACS, FCC, Acciona o Sacyr, junto a otras empresas, fueron multados con 61 millones en 2021 por alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado para hacerse con contratos por más de 500 millones de euros. Y en 2019, la CNMC sancionó con 118 millones a 15 empresas por repartirse concursos públicos de Adif por valor de más de 1.000 millones, entre las que estaban filiales de Sacyr, OHLA y ACS.

En este caso, el expediente no se abrió a raíz de la delación de una de las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanción, como suele ser habitual, sino por una investigación paralela sobre unos contratos de hormigón armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia del cártel.

Las consecuencias para las grandes firmas constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública por si cabe la prohibición de contratar con la Administración. El regulador puede activar este procedimiento que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que permite que se prohíba la participación de las sociedades infractoras en futuros contratos públicos hasta tres años. Pero las empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cláusula solo se puede aplicar tras una sanción firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía judicial puede alargarse durante años.

Grave perjuicio público

En el expediente hecho público este jueves, se denuncia que las empresas compartían en muchos casos la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica, asegurándose así la adjudicación de contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos. “El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”, explica el organismo.

En 2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etcétera”.

 En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.

Al tomar una posición de ventaja en los concursos públicos, las prácticas de las constructoras “produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo”. Los rivales debían soportar mayor coste en la preparación de sus ofertas, además de carecer de información sobre los movimientos de sus competidores.

Texto íntegro de la resolución de la CNMC sobre las constructoras... AQUÍ "       (Ramón Muñoz, El País, 07/07/22)

Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras por alterar licitaciones públicas... Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr deberán pagar por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.

La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes."     (eldiario.es, 07/07/22)

Seis claves para entender cómo se reparte el pastel de los comedores escolares en Euskadi

"La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos presentó hace unos días el informe de conclusiones sobre las irregularidades que culpa al Gobierno vasco de la falta de control que posibilitó un fraude que oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. Según la comisión, las familias habrían sido las principales afectadas. He aquí algunas claves para entender cómo se repartió el pastel y lo que esto supuso:

1. 2016: se destapa el caso

Competencia y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) multaron en 2016 a siete empresas por pactar un encarecimiento del servicio de comedores escolares entre los años 2003 y 2011 y 2013 y 2015. Las empresas beneficiarias eran Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (estas tres pertenecientes a MCC), Eurest, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Baska. La empresa que dio la voz de alerta, Aibak, había llegado a ‘adivinar’ ante notario cuáles iban a ser las empresas ganadoras del concurso año a año.

Si bien en un principio la cuantía global de las multas ascendía a los 18 millones de euros, el TSJPV las rebajó en un 60%, hasta los 7,24 millones, puesto que entendía que la actuación del Gobierno Vasco había contribuido a que estas considerasen que "actuaban de una manera asumible de cara al interés público". La Fiscalía del País Vasco llegó a emprender una investigación, pero su titular por aquel entonces, Jual Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, según los que no existía ningún tipo de mercado cerrado.

2. Unas pocas empresas se reparten el pastel

José Ramón Becerra, el parlamentario de Elkarrekin Podemos que ha participado en la comisión de investigación, asegura que en los años de la crisis económica, entre 2008 y 2012, el coste facturado de los menús ascendió en casi un 50%, "en parte fruto del pacto ilícito entre las empresas para repartirse el mercado". Se trata de un pacto tácito, técnicamente ‘colusión’ o ‘concertación’ entre empresas, que dificulta la competencia y, en consecuencia, incrementa los precios y mina la calidad. "Las empresas —comenta Becerra—, en la medida en que saben que tienen asegurado el reparto del mercado, no se van a esforzar por dar un mejor servicio". El sistema en sí mismo ha quedado, por lo tanto, en entredicho.

La comisión de investigación no ha demostrado que hubiese un pacto expreso y por escrito, ni que existiera connivencia entre el Gobierno y las empresas, pero sí la existencia de ese acuerdo tácito e ilícito. El quebranto económico lo cifran desde la comisión en alrededor de 70 u 80 millones de euros. Es por ese motivo por el que se le exige al Ejecutivo que recupere ese sobrecoste, esos beneficios que han conseguido las empresas a costa del dinero público y del dinero puesto por las familias.

3. Las familias, las principales perjudicadas

Son esas familias las que han soportado, con su dinero, este sistema. El número de comensales de los comedores públicos ha ido creciendo con los años, pero con la crisis económica el aumento fue aun más notorio. El Gobierno hizo en 2012 los primeros cambios para estabilizar las cuotas del comedor; entre 2012 y 2017, la factura de los comedores se redujo en prácticamente un 17%. La cuota de las familias, sin embargo, se ha mantenido. "La realidad es que, cuando se acredita un sobrecoste, les repercute a las familias, que pagan el 60% del coste del servicio a través de sus cuotas, e incluso más", asegura Becerra.

Considera que "el sistema no es ilegal, porque la orden que lo regula dice que se tenderá hacia la autofinanciación". "Sin embargo, la situación refleja que este sistema de comedores está cargando sobre las familias el coste de un servicio cuya calidad está en entredicho y, además, el sobrecoste que ha ocasionado el pacto entre las empresas", apunta. El informe de conclusiones de la comisión estima que "se habrían detraído a las familias" de los alumnos entre 42,1 y 48,5 millones de euros a través de las cuotas de comedor.

4. Idas y venidas en la cartera de Educación

El PNV aseguró en 2018 que había quedado claro que la Administración no había estado involucrada. Aun así, no es el único partido que ha gestionado la cartera de Educación. Este sistema de comedores escolares echó a rodar en el año 2000. Los responsables de Educación desde ese año hasta 2009 fueron consejeros de EA (que ahora está integrada en EH Bildu), después la responsabilidad recayó en manos del PSE-EE hasta 2012 y, desde entonces, corre a cargo del PNV. Por tanto, en los años abarcados por la investigación, ha habido miembros de al menos tres partidos al mando de Educación.

5. No hay "connivencia", pero sí "responsabilidades políticas"

El informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas lo aprobaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PNV y PSE-EE. El informe culpa al Gobierno vasco de la falta de control que hizo posible el fraude. El dictamen no brinda pruebas de "connivencia" entre Ejecutivo y empresas, pero da por "acreditada" la existencia de "responsabilidades políticas" en dos planos: las de los que estaban al mando de la consejería de Educación mientras todo sucedía y las de los que, una vez probados los sobrecostes y el ‘coto cerrado’ que mantenían las empresas, no hicieron nada por recuperar el dinero.

6. ¿El futuro?

La consejera, en su última comparecencia, dijo que todo va a seguir igual. De tal manera que los cambios no van a ser drásticos pese a las conclusiones de la comisión. Si bien las ampas podrán gestionar a partir del siguiente curso los comedores escolares de manera directa, Becerra cree que este modelo está "abocado al fracaso, porque es cuestionable jurídicamente que un ampa pueda gestionar unos recursos públicos, como es el personal, y porque difícilmente van a sobrevivir financieramente".              (Rubén Pereda, eldiario.es, 29/06/19)

Reparto por sorteo, falsa competición y subcontratas: así funcionaba el cartel de las obras del AVE

"Es verano de 2015 y Adif ha sacado a concurso el mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago. 

Es una extensión de un contrato previo. Dos empresas, Indra y Alstom, se coordinan para llevarse la licitación, según cree la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a ambas y a otras 13 por repartirse el mercado de las obras ferroviarias. Un directivo de Indra escribe un correo electrónico a otro de Alstom el 28 de julio: “Tenemos que determinar el precio a poner”. 

Y lo hacen, a juzgar por un segundo email, este interno entre dos trabajadores de Alstom, que relata cómo va a funcionar el amaño: Indra hará una oferta que rebaja en 50 euros el presupuesto base, pero será Alstom la adjudicataria, porque su proposición económica será un poco más barata, 100 euros menos.

Las comunicaciones que voluntariamente entregó Alstom a la CNMC y los correos electrónicos que se encontraron en los registros del resto de empresas han permitido descubrir las distintas estrategias de los carteles. A una la llamaban “el ranking”. Las empresas hacían un sorteo con el que fijaban un orden de adjudicación. Este acuerdo se usó en el cartel que durante 14 años se repartió los contratos para la electrificación del tren convencional. 

El primer sorteo se hizo en 2002 y fue revisándose en reuniones informales —llamadas “mesas”, se celebraban en las oficinas de las empresas— que se prolongaron hasta 2016. Para cerrar otros acuerdos, como los de la electrificación de la alta velocidad, se reunían en un hotel de la Castellana, en Madrid.

Alguno de estos acuerdos aparece firmado al pie por los directivos presentes en la reunión, como si se tratara de un contrato más. Estaba todo previsto, incluso la forma de compensar a las empresas que no fueran adjudicatarias de los contratos porque según el ranking no les tocara: se aseguraba un porcentaje del 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. 

De ello queda constancia en una anotación manuscrita encontrada en la inspección de Electrén. También lo confirma un correo de un directivo a otro: “Y si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios”.

El control de estos acuerdos era exhaustivo, hasta el punto de que las empresas se intercambiaban tablas de Excel que resumían el estado de las licitaciones, con qué baja iba la oferta de la empresa que tenía que ganar, si había alguna empresa no invitada y corría el turno a la siguiente... Incluso con el total de los importes adjudicados acumulado desde 2002 para que vieran que a todas les iba tocando más o menos lo mismo.

 También existía la figura del coordinador, que se encargaba de enviar el cuadrante actualizado al resto, según muestran varios correos que los investigadores recuperaron en la inspección de Elecnor. En otra, la de Electrén (grupo ACS), apareció otro documento revelador: “Para el caso de presentación de ofertas en UTE de tres empresas se presentarán dos empresas y la tercera irá oculta”.

Acuerdos "micro-macro"

Entre las estrategias de reparto destaca también una que las empresas llamaban “acuerdos micro-macro”: si por ejemplo tenían que participar cuatro de ellas, se creaba una UTE (unión temporal de empresas) para repartirse dos de ellas a partes iguales el 50% del precio del contrato. 

Las otras dos presentaban ofertas para simular que había concurrencia y participaban después a través de la subcontratación. Es el caso, según recoge el expediente de la CNMC, de Cobra, Elecnor, Semi y Electrén, que se repartieron así cinco licitaciones en 2008 de trabajos de electrificación en varias líneas de alta velocidad. 

Lo pusieron por escrito en un documento: Electrén y Elecnor se llevarían el contrato y subcontratarían a las otras dos. Al final todas recibían el mismo dinero, con precisión de céntimo. Siemens llegó a reconocer que su presencia en una de las UTE no era imprescindible, “en la medida en que solo podía ofrecer a la UTE dos máquinas, y una no cumplía con todos los requisitos del pliego”, asegura la resolución de la CNMC.

Para conseguir las licitaciones, las empresas acordaban el precio con el que iban a presentarse. Por ejemplo: una hacía la baja ganadora, del 5%, y las otras presentaban “ofertas de cobertura” del 1%. En otro casi, si eran tres, dos presentaban bajas temerarias no justificadas para asegurarse que quedaban excluidas, ganaba la tercera y se repartían la adjudicación al 33,33%.

La “cautela” de los acuerdos secretos

La CNMC considera probado que las empresas formaban parte de “un plan orquestado” y que actuaron con “cautela” para no ser descubiertas. En el caso del cartel de los sistemas de electrificación del tren convencional, hay un correo en el que una empresa recrimina a otra que hable de acuerdos secretos a través del correo electrónico: “Perdona, he cometido un error, efectivamente NO debería haber ido en la red...”                   (Elena G. Sevillano, El País, 28/03/19)

Las grandes subidas de precio “son una parte integral del modelo de negocio” de las farmacéuticas.

"El fundador y director ejecutivo de Turing Pharmaceuticals, Martin Shkreli, se convirtió en una de las personas más odiadas del mundo tras comprar los derechos del Daraprim, el único fármaco autorizado para combatir una infección que afecta a personas con sistemas inmunológicos débiles, como enfermos de cáncer y sida, y subir su precio de 13,50 dólares (12 euros) la caja a 750 dólares (672 euros). Un aumento del 5.555%.

Shkreli defendió su decisión asegurando que no era una cuestión de avaricia, sino una medida necesaria para que el negocio fuera sostenible y que, además, no era el único que estaba acometiendo grandes subidas de precios. Al menos en esto último tiene razón.

Las tácticas de subidas de precios no están limitadas a unas cuantas ‘manzanas podridas’, sino que son bien conocidas en toda la industria 

DRX, una compañía que compara precios de medicamentos para los seguros de salud, ha analizado la evolución en el coste en Estados Unidos de 3.000 fármacos de marca desde diciembre de 2014 hasta enero de 2015 y ha constatado que se dobló el precio de 60 de ellos y se cuadriplicó en 20 casos. Unos 1.100 fármacos sufrieron un incremento del 10%. Sólo 50 rebajaron su coste.

Aunque en España no rigen los mismos precios, que según un estudio de Wharton son por norma general consistentes con las diferencias de renta entre los países, nuestro país no se libra de este tipo de subidas. Aquí las farmacéuticas no tienen libertad para elevar a su antojo el precio de los medicamentos que están financiados por la Seguridad Social, y renegociar los precios con el Gobierno es muy complejo, pero lo hacen en cuanto tienen vía libre.

Sirva como ejemplo lo que ocurrió con los 400 medicamentos que el Gobierno decidió sacar de la financiación del Sistema Nacional de Salud en 2012. Al quedar excluidos de la financiación pública, los laboratorios responsables de estos productos tenían libertad para comunicar al Ministerio su intención de comercializar los mismos a un precio superior. Medicamentos populares como el Mucibron, el Mucosan, el Romilar o el Fortasec aumentaron su precio por encima del 100% en sólo un año. De los 400 fármacos sólo uno bajó de precio.

La forma en que las farmacéuticas fijan el coste de los medicamentos está siendo muy discutida en EEUU. Como aseguró el diputado demócrata Elijah Cummings, que preside un comité del Congreso estadounidense para estudiar la cuestión, “las tácticas de subidas de precios no están limitadas a unas cuantas ‘manzanas podridas’, sino que son bien conocidas en toda la industria” y “muchas empresas farmacéuticas se están llenando los bolsillos a costa de los sectores más necesitados de la población”.

De la misma opinión es Jim Yocum, vicepresidente ejecutivo de DRX, que apunta que las grandes subidas de precio “son una parte integral del modelo de negocio” de las farmacéuticas.

Subidas escandalosas 

Entre las mayores subidas de precio acontecidas en EEUU, por detrás del Daraprim, se encuentran el Novacort, una crema mezcla de hidrocortisona y pramoxina cuyo precio se incrementó casi un 3.000% y el Alcortin A, una combinación de esteroides y antibióticos para tratar los eczema y las infecciones de piel: el preció subió un 1.860% durante el periodo analizado.

Entre las subidas de precio que afectarán a más pacientes se encuentra la del Crestor, un popular (y polémico) medicamento para tratar el colesterol cuyo precio se ha elevado un 15% para compensar la llegada de su versión genérica en mayo –algo que no ha ocurrido en España–. O la del Viagra que cuesta un 13% más que el año pasado, pese a que ya cuenta con competidores genéricos.

La compañía que ha efectuado, de largo, las mayores subidas ha sido Valeant, conocida por comprar los derechos para comercializar viejos fármacos 

Según explica Yocum, en EEUU todas las compañías farmacéuticas suelen cambiar sus precios de venta a finales o principios de año, pero en los dos últimos meses la subida ha sido mayor que en pasadas temporadas. Pfizer, por ejemplo, ha incrementado el precio de 24 fármacos en un 12%. 

Un portavoz de la compañía ha explicado a ‘Bloomberg’ que los precios de catálogo no reflejan los descuentos ofrecidos a los gobiernos y aseguradoras, pero como explica Yocum, estos son por lo general el punto de partida en las negociaciones. “Aunque no consiguen obtener el incremento total del precio, consiguen una parte”, asegura.

La compañía que ha efectuado, de largo, las mayores subidas ha sido Valeant Pharmaceuticals International, conocida por centrarse en comprar los derechos para comercializar viejos fármacos genéricos y elevar sus precios.

 El precio de trece de sus medicamentos se ha doblado desde diciembre de 2014. Especialmente escandaloso es el caso del Isuprel, un fármaco que se usa para tratar las arritmias, cuyo precio subió en un 525% en cuanto la compañía se hizo con los derechos para comercializarlo y se ha elevado un 720% en todo el periodo analizado.

Las farmacéuticas siempre defienden estas subidas de precio (muy por encima de la inflación general) por los altos costes de investigación y producción que conlleva el desarrollo de nuevos medicamentos, pero es un argumento difícil de sostener, más aún cuando muchos de estos fármacos llevan décadas en el mercado.  

AstraZeneca vendió el derecho a comercializar en EEUU dos viejos medicamentos para controlar la presión arterial, Zestril y Tenormin, a Alvogenen enero de 2015. Tras esto, tal como constata el informe de DRX, sus nuevos propietarios incrementaron el precio en un 800 y un 600 por ciento, respectivamente.

El doctor Joan Ramon Laporte asegura que “El precio de los medicamentos es puramente arbitrario”. Una vieja historia 

El incremento exagerado del precio de algunos medicamentos es un asunto de largo recorrido, que ha provocado grandes tensiones entre empresas, gobiernos y ciudadanos. 

En España todos recordamos la polémica en torno al Sofosbuvir, el medicamento para tratar la hepatitis C cuyo coste ascendía a 84.000 dólares por 12 semanas de tratamiento, un precio inasumible para el Gobierno español, que tardó meses en negociar una rebaja con la farmacéutica Gilead,propietaria de la patente.

¿Cómo se justifican precios tan elevados? Como reconoció Raymond Gilmartin, exdirector ejecutivo de Merck, a Marcia Angell, exredactora jefa del ‘New England Journal of Medicine’, “el precio de los medicamentos no está determinado por los costes de investigación.

 Lo que lo determina, en su lugar, es el valor que tienen en cuanto a su capacidad de evitar y tratar una concreta enfermedad o dolencia”. En definitiva, si tu fármaco es el único que puede ayudar a un grupo de pacientes puedes elevar el precio hasta (casi) donde quieras.

El precio de un nuevo fármaco no tiene nada que ver con sus costes de desarrollo, depende por completo de cuánto estemos dispuestos a pagar 

Como explicó a El Confidencial Peter C. Gøtzsche, el médico danés autor de ‘Medicamentos que matan y crimen organizado’ (Los libros del lince), “gran parte de la investigación que permite el desarrollo de nuevos fármacos ha sido financiada por el dinero de los ciudadanos, que pagan las nóminas de los investigadores públicos. 

Si un medicamento es considerado un gran avance, la norma es que la compañía farmacéutica que se hace cargo del desarrollo de ésta cobre un precio obsceno, abusando de ese modo el monopolio que la sociedad le ha otorgado. El precio de un nuevo fármaco no tiene nada que ver con sus costes de desarrollo, pero depende por completo de cuánto estemos dispuestos a pagar por él”.

En 2010, un grupo de investigadores italianos analizó el mercado de lo que se conoce como“medicamentos huérfanos”, aquellos fármacos que se destinan a tratar enfermedades graves que afectan a muy poca gente y, por tanto, su comercialización resulta poco probable sin medidas de estímulo. 

Pero el precio es por sí sólo un incentivo suficiente. Según la investigación, publicada en el ‘British Medical Journal’, el coste anual de estas medicinas está inversamente relacionado con la prevalencia de la enfermedad.

En definitiva, nada justifica el precio de los fármacos más allá de la ley de la oferta y la demanda. ¿Y los costes de desarrollo? Según un informe del Congreso de EEUU redactado en 2000, “quince de los veintiún medicamentos más importantes aparecidos entre 1965 y 1992 se desarrollaron gracias al conocimiento y a las técnicas de la investigación financiada públicamente”.                 (Miguel Ayuso, El Confidencial, en Rebelión, 10/03/16)

Ex director general de Interior dirigía el 'cártel del fuego'

"La Policía Nacional ha practicado más de 20 detenciones y varios registros en Valencia y en otras provincias españolas derivadas de la causa que provocó la detención del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), encargado de este procedimiento, que continua secreto. 

Según ha podido saber EL MUNDO, en la operación, los agentes de la Udef habrían arrestado a más de 20 personas entre altos cargos y empresarios de varias regiones relacionadas con el cártel del fuego en cuya orbita se situaría Castellano. 

Además, se habría producido el registro de varias dependencias del Departamento de Bomberos de la Generalitat Catalana. En concreto, los agentes están registrando desde media mañana el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Según esta información, la actuación judicial incluye un registro en la sede de la empresa Inaer, la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es la compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves. Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Según una nota difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha coordinado hoy un dispositivo policial de ámbito nacional en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

La operación policial desarrollada este miércoles por el Grupo 24 de la UDEF, se ha saldado con la detención por orden del juez instructor, de dos personas. Una de ellas es un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana, según diversas fuentes, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior. 

Hidalgo lleva años retirado de la vida política pero fue uno de los hombres de confianza de Castellano. Según los datos recopilados por esta redacción, Hidalgo permanece a estas horas detenido en los calabozos y la Policía podría agotar los plazos legales para ponerlo a disposición del juzgado. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado a disposición judicial. También hay cargos del departamento de bomberos custodiados por la Policía.

La Policía, además ha detenido a una veintena de personas y ha practicado 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. 

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

La caída de Castellano

A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa. 

Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez.

 Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional. 

En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.

Denuncia del ex gerente

La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo. 

Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector. Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa."          (El Mundo, 13/01/16)

" El juzgado de Instrucción 2 de Sagunto golpeó ayer con fuerza al cártel del fuego al que aparentemente pertenecía y favoreció Serafín Castellano, ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex conseller de Gobernación de la Generalitat. 

Un grupo de empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales investigadas por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. El presunto fraude, según pudo averiguar ayer este periódico, supera los 100 millones de euros. Es la cantidad en concursos públicos que habría obtenido el cártel pactando precios.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional practicaron ayer más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas derivadas de la causa que motivó la detención de Castellano, en mayo de 2015, por presuntos favores a la empresa valenciana Avialsa.

 La investigación apunta a su presidente, el empresario valenciano Vicente Huerta, como el presunto cerebro del cártel del fuego. Ayer no fue detenido por la Policía, según apuntaron desde su entorno.

La operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la Udef se saldó con dos altos cargos detenidos. Uno de ellos es un ex dirigente de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior con Castellano. 

Hidalgo está retirado de la política y la investigación apunta a que aceptó regalos a cambio de favorecer a Huerta y sus aliados. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado todos los detenidos a disposición judicial y la Policía podría agotar el plazo legal para sentarlos en el juzgado.

Además, según fuentes judiciales, los agentes detuvieron a una veintena de personas y practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad y Cataluña, la operación -detenciones y registros- se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. Los agentes de la Udef también irrumpieron en el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Una de las empresas valencianas que la Policía registró fue Inaer -con sede en Mutxamel (Alicante)- la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es «compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves». Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas -término que sustituye al de imputado tras la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal- por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional -Italia y Portugal-.

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Monopolio

La trama de Serafín Castellano es mucho más que un rifle o una batida de perdices. Los regalos que habría recibido el también ex secretario general del PPCV con Alberto Fabra son sólo la mirilla por la que se asomó la Policía para seguir tirando del hilo en un caso que, con toda probabilidad, acabará en la Audiencia Nacional por las conexiones internacionales y entre comunidades autónomas.

Los integrantes de la trama se habrían repartido todos los concursos públicos de España, Italia o Portugal pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.

Entre los cargos agasajados, además de Castellano, también figura Hidalgo. Según la información de la que dispone EL MUNDO, el ex alto cargo al que la Policía detuvo ayer habría recibido un Volkswagen Touareg para el use y disfrute de su hijo. Otro alto cargo de Fomento, Salvador Alepuz, quien ya fue detenido, habría recibido un Golf.

Según estas fuentes, la Policía sospecha que la trama actuaba como un monopolio, sus integrantes se concertaban entre sí como en un reino de taifas y nadie se presentaba a un concurso en territorio del otro. Huerta habría dirigido la rama de Valencia y Cataluña, e informó del reparto a Castellano en una de las cacerías celebradas en Castilla La Mancha que también se investigan. Los altos cargos implicados están vinculados al PP, CIU o PSOE.

 En Cataluña, por ejemplo, se investigan sobornos que podrían afectar a los primeros gobiernos de Jordi Pujol. Con la operación de ayer la Policía completa la segunda fase del caso.

El origen

La Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió diligencias de investigación penal en octubre de 2014. Las declaraciones de Antonio Alandí -el ex gerente de Avialsa que denunció la red ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres-, han permitido constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales crearon esta red. No se pisaban el negocio el uno al otro. Un chollo teniendo en cuenta que el fuego es un negocio, que ardan los bosques es una oportunidad de crecimiento para estas empresas.

En la causa se incluyen multitud de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que los empresarios bajo sospecha acuerdan cómo repartirse el negocio. Incluso redactaban actas de las reuniones que celebraban. También presentaban ofertas cebo para controlar los precios e influir en la adjudicación final.

Lealtad y regalos

Serafín Castellano habría disfrutado durante años de un buen ritmo de vida a costa de las empresas a las que regaba con millones de euros en contratos públicos. El método: obsequios y lealtad a cambio de adjudicaciones. Los concursos públicos se cocinaban en restaurantes como El Cañar, muy frecuentado por políticos valencianos, y los pliegos administrativos parecían hechos a la medida de los amigos contratistas del ex delegado del Gobierno.

Ese mismo esquema pudo repetirse en el resto de España y otros países. Según fuentes próximas al caso, la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.

Sólo por el contrato que Serafín Castellano adjudicó a Inaer, una de las empresas que ayer registró la Policía, la Generalitat pagará más de 32 millones de euros por el servicio de helicópteros medicalizados o de extinción de incendios. Castellano adjudicó este contrato en 2013 y finaliza este año.

Hay al menos ocho comunidades autónomas implicadas. Se trata de Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón.

El ex gerente de Avialsa que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción aportó a los investigadores abundante documentación sobre la ausencia de competencia entre empresas cuya autenticidad ya habría acreditado la Policía para llevar a cabo esta segunda fase del caso. 

Entre esa documentación destacan otros correos electrónicos que apuntan a pactos de no competencia entre empresas del sector que desde hace años llevan actuando en el mercado de manera concertada y repartiéndose el mercado por áreas de influencia. 

Entre las mercantiles salpicadas por la trama, además de Avialsa, está Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o Trabajos Aéreos Espejo. Todas estas empresas pertenecen a la Asociación AECA-Asociación Española de Compañías Aéreas y están dedicadas al sector de la aviación. 

«Amigos todos. Tras la reunión ayer en Madrid referente al concurso en Portugal, paso a resumir lo que pensamos que debe hacerse. Contactar con Ribeiro para ofrecerle entrar con nosotros [...] Recopilar toda la información de aviones y empresas para presentarla al concurso con o sin Ribeiro [...] 

Los detalles de nuestra oferta dependerán de que tengamos enemigos [Ribeiro] o no, y pueden ser comentados entre nosotros a última hora antes de presentar», es sólo una parte de un correo electrónico que muestra cómo actuaba la red.

Esta práctica, la de concertar precios ofertados en concursos públicos, suele ser castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero al apuntar la investigación a otros delitos como el cohecho o el blanqueo de capitales se instruye por la vía penal en virtud del artículo 262 del Código Penal."             (El Mundo, 14/01/16)

Multa de 171 millones a 21 marcas de coches por actuar como un cártel. SEAT se chivó a cambio de 'clemencia'

"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa de vehículos en todo el territorio español.

La sanción, que afecta también a dos consultoras, se ha impuesto por realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Según la CNMC estas empresas han actuado directamente como un cártel.

El organismo da por probada una infracción "única y continuada" consistente en el "intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas".

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas 'premium'.

 Competencia asegura que ha quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información "con manifiesta ocultación y secretismo", valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información, mediante la participación a tal efecto de dos consultoras, Urban Science y Snap-On Business Solutions.

La organización explica que el intercambio de información se estructuraba en el ámbito de la gestión empresarial, con datos relativos a la distribución y la venta de vehículos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de las marcas". También se compartió información sobre servicios y actividades de posventa, para lo que se creó un programa de colaboración a partir de 2010 de la consultora Urban Science y se convocaron diferentes foros.

Igualmente, algunas de las marcas envueltas en este expediente también intercambiaron información confidencial en el campo del marketing, con reuniones denominadas 'Jornadas de Constructores', en las que participaron responsables de marketing de posventa.

 Competencia apunta que en las inspecciones realizadas en las sedes de las empresas a finales de julio de 2013 y junto con la documentación facilitada por Seat "en su solicitud de exención de pago de multa" se comprueba que estas acciones han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado.

La CNMC ha decidido eximir de la multa a Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica por su condición de solicitantes de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", añadió, al tiempo que señaló que éstas han quedado eximidas de una multa de 39,44 millones de euros.

Además, considera que el papel de Urban Science y de Snap-On "es determinante", ya que actuaron como facilitadores activos del cártel y como instrumentos fundamentales en el intercambio de información y en el mantenimiento en el tiempo de dicha conducta.

 Entre las empresas con mayores sanciones dentro del expediente figuran Citröen (14,7 millones), BMW (8 millones), Ford (20,2 millones), General Motors (22,827 millones), Peugeot (15,7 millones) o Renault España Comercial (18,2 millones).

Además, también se ha multado a B&M Automóviles España con 776.012 euros; a Chevrolet España, con 138.580 euros; a Chyrsler España, con 264,5 euros; a Fiat Group Automobiles Spain, con 6,9 millones de euros; a Honda, con 609.325 euros; a Hyundai, con 4,41 millones de euros; a Kia, con 2,07 millones de euros; a Mazda, con 2,37 millones de euros; a Mercedes-Benz España; 2,37 millones de euros; a Nissan Iberia, con 3,15 millones de euros; a Snap-On, con 52.785 euros; a Toyota España, con 8,65 millones de euros; a Urban Science, con 70.039 euros, y a Volvo Car España, con 1,7 millones de euros.

Competencia procede al archivo de las actuaciones contra Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España y Orio Spain "por no haber quedado acreditada la comisión de infracción" y recuerda que no existe recurso alguna en vía administrativa contra estas resoluciones."                 (Público, 28/07/2015)

Repsol y Cepsa manipularon el mercado del asfalto

"El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este lunes las multas de 83,8 millones de euros a Cepsa y de 80,4 millones de euros a Repsol por liderar entre 1991 y 2002 un cártel para pactar los precios y repartirse el mercado del asfalto en España. 

 La sentencia confirma la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario en 2007 y rechaza los recursos interpuestos por las petroleras españolas. Fuentes de Cepsa indicaron que la compañía ha recibido la notificación de la resolución y que se encuentra analizando su contenido. "Respetamos la decisión del tribunal", añadieron. (...)

Los jueces sí que han rebajado ligeramente las multas impuestas a otras dos empresas participantes en el cártel, la sueca Nynäs y la portuguesa Galp, por errores de apreciación de la Comisión. En el cártel participó también la británica BP, que se libró desde el principio de la sanción por haber sido la primera en delatar la existencia de este acuerdo legal.

La sanción total para el cártel que fijó la Comisión ascendía a 183 millones de euros. Afectaba en concreto al betún de penetración, utilizado para la construcción de carreteras y no sujeto a transformación posterior. El valor del mercado español de este producto en 2001, el último año completo de la infracción, fue aproximadamente de 286 millones de euros."                      (Vox Pópuli, 16/09/2013)

Goldman Sachs y la manipulación del precio de las materias primas

Precio del Aluminio 2000-2013

 "Desde que New York Times destapó la manipulación del precio del aluminio por parte de Goldman Sachs, han comenzado a denunciarse las malas prácticas del sistema financiero en la manipulación del precio de los commodities y los productos estratégicos. 

Por eso que la metáfora de vampiro chupador que succiona todo lo que sea dinero de la faz de la humanidad aportada por Matt Taibbi es tan clara y precisa. Goldman Sachs es una especie de parásito que se nutre del trabajo y la ingenuidad humana a niveles insospechados.

Sólo con el mercado del aluminio y en menos de tres años generó ganancias por 5 mil millones de dólares, sin hacer nada. Se limitaba a mover de un lugar a otro toneladas de aluminio para dar la impresión de escasez, algo que hace algunos años comentábamos que se hacía en China con el ajo. 

Esta ingeniosa coreografía de Goldman Sachs implicó alzas muy significativas a nivel global desde la lata de refresco a la carrocería de los automóviles. El sector de la construcción también se vio afectado por esta audaz puesta en escena de Goldman Sachs, que al decir de su CEO Lloyd Blackfein “hace el trabajo de Dios”.

Aunque una lata de refresco emplea una fracción de centavo de dólar, los 200 mil millones de latas que se destapan al año en el mundo generaron una gran utilidad a G&S. El costo adicional y silencioso de cada lata de refresco muestra la fría operación de Goldman Sachs. Esto es producto de la falta de regulación que hay en los mercados financieros que permite a la banca especular con las materias primas y los recursos estratégicos. 

Estas prácticas abusivas confirman que la banca se ha transformado en un auténtico vampiro de la economía productiva, que extrae hasta la última gota de sangre y sudor para convertirla – vía swaps, opciones de futuro o cualquier tipo de derivado financiero – en una forma exótica de comercio que se auto-genera un gran lucro a costa de todos los consumidores del planeta. 

Parte de la caída de Detroit está relacionada con estos abusos de Goldman Sachs. En la ciudad que alguna vez fue la capital de la industria automotríz, el banco comandado por Lloyd Blackfein adquirió en 2010 las 27 bodegas de la empresa Metro International, administradora del 30 por ciento del stock mundial de aluminio. Los camiones hacían circular el aluminio de una bodega a otra, para crear la idea de alta demanda y empujar el precio al alza por la vía de la escasez.

 Este procedimiento hizo posible que las entregas del metal, que hasta el año 2010 tomaban 6 semanas, pasaran a ser de hasta 18 meses. Los desesperados fabricantes de refresco, automóviles o ventanas de aluminio se veían obligados a pagar más para asegurar su producción. 

La manipulación del precio del aluminio es sólo una de las muestras de cómo la gran banca ha operado su músculo financiero para influir en una variedad de mercados de materias primas. El precio del petróleo, el trigo, el café y el algodón, entre otros, han generado miles de millones de dólares en ganancias ilegítimas a los grandes actores del sistema financiero.

 La semana pasada JP Morgan fue acusada de manipular el precio de la electricidad en Estados Unidos, siguiendo los pasos de Enron y su contabilidad creativa. Aquella nostálgica idea de que los precios se determinan por la interacción de la oferta y la demanda está quedando obsoleta. 

Los precios los fija hoy el politburó de la gran banca, a expensas de los consumidores. Y así como el politburó que fijaba los precios en la URSS se desbarrancó en los años 80, así también se está desbarrancando el capitalismo de politburó de la gran banca mundial."            (El blog salmón, 05/08/2013)

Cómo los cárteles imponen su ley. Tanto si venden cemento como televisores, electricidad o café, los grandes grupos prefieren ponerse de acuerdo entre ellos para inflar los precios antes que arriesgarse a que se genere competencia. Y aunque esta práctica es ilegal, rara vez les importa.

"Los respetables hombres de negocio se reunían la mayoría de las veces en los congresos de la federación profesional de electrónica en Fráncfort. Allí realizaban exposiciones sobre los nuevos mercados, las nuevas tecnologías y sobre cualquier otra novedad del sector de los transformadores, esos grandes aparatos compuestos de imanes y bobinas, indispensables para cualquier proveedor de electricidad.

 Pero tras el cierre del programa oficial del congreso es cuando las cosas se ponían realmente interesantes, durante veladas o excursiones en grupo.

Entonces, los directores generales y los responsables de ventas se reunían en "petit comité", según determinaron los investigadores, para realizar "intercambios sobre proyectos concretos", con los que obtendrían jugosos beneficios. 

Pactaban acuerdos que garantizaba a pseudo-competidores una serie de beneficios complementarios del orden de decenas de millones. Los participantes presentes acordaban en detalle la forma de compartir los contratos y, sobre todo, los precios que se iban a aplicar.

Los funcionarios de la Oficina Federal de la Competencia en Bonn descubrieron que, durante al menos cinco años, el grupo Siemens, la empresa Starkstrom-Gerätebau de Ratisbona, el francés Alstom y el gigante suizo de la electricidad ABB se dividieron el mercado alemán de los transformadores, eliminando de este modo cualquier tipo de competencia, en detrimento de los consumidores, pues éstos pagaron considerablemente más que si los proveedores hubieran operado en una situación de competencia. La investigación de la policía sobre los cárteles duró cuatro años y el resultado fue, el pasado mes de septiembre, una serie de sanciones financieras.

 En total, las cuatro empresas y los directivos implicados tuvieron que pagar 24,3 millones de euros de multa al Tesoro público.

Pero nada más. Nadie ha tenido que responder de sus actos ante un tribunal. Ni siquiera se ha señalado a ninguna de las partes implicadas. Más allá de algunas noticias breves, los medios de comunicación no se han hecho mucho eco del asunto.

Casi siempre ocurre lo mismo cuando se descubren cárteles en Europa. Cada año, las autoridades responsables de la competencia investigan a cientos de empresas que burlan la prohibición de formar cárteles. Café, productos para lavar vajillas, cemento y productos químicos, pantallas planas y lectores de DVD, cristales y haces eléctricos para automóviles, incluso los camiones de bomberos y los camarones, la lista de los sectores implicados es casi infinita.

En realidad, el coste de la plaga de los cárteles es mucho mayor de lo que se cree en general. Según han podido determinar las autoridades de la competencia, los cárteles inflaban los precios de sus productos una media del 25%, con lo que en cuestión de cuatro años podían acumular una bonificación equivalente a su volumen de negocio anual. Como es evidente, es imposible conocer las cifras exactas.

Después de todo, los cárteles son "hijos de las tinieblas", como dijo Franz Jürgen Säcker, antiguo juez especializado en cárteles y hoy uno de los grandes especialistas del derecho de la competencia en la Universidad Libre de Berlín.

No obstante, desde 2007, un equipo compuesto por nueve economistas de tres institutos de investigación europeos cuantificaba las pérdidas imputables a los cárteles europeos en más de 260.000 millones de euros al año, en un estudio encargado por la Comisión Europea. Una cifra que equivale al 2,3% del PIB anual de la Unión o al doble del presupuesto anual de la Comisión Europea. (...)

Las cifras de la reincidencia no contribuyen a disipar las dudas. Un grupo de economistas estadounidenses han analizado los casos de 283 trusts internacionales. Sus conclusiones son asombrosas. Solo el grupo químico alemán BASF habría formado parte de 26 cárteles entre 1990 y 2005. En cuanto al petrolero francés Total, fue perseguido por la justicia en 18 ocasiones y la [empresa química] alemana Degussa, 13 veces.

No se puede acusar a los cazadores de cárteles de falta de celo. Desde principios de 2010, la Comisión Europa investigó 15 importantes casos en los que 112 empresas fueron condenadas a pagar multas cuya cantidad total fue de casi cuatro mil millones de euros. Es decir, en tres años, cuatro veces más de lo que se pagó durante toda la década de los noventa.

Sin embargo, las causas de esta escalada en las multas no residen en la adaptación de las autoridades competentes, sino más bien en la introducción de unas normativas generosas con respecto a los testigos principales. 

Desde 2004, las empresas y los directivos que denuncien las actividades de los cárteles y presenten las pruebas necesarias ante la Comisión Europea no incurrirán en ninguna multa, aunque hayan sido en el pasado los principales beneficiaros de los cárteles.

A esto se añade que las sanciones financieras se limitan como máximo al 10% de la cifra de negocios. Un chollo, tal y como lo demuestra el asunto del cártel de las empresas de cemento alemanas, descubierto en 2002.

 Según los cálculos de la autoridad de la competencia, habría expoliado a sus clientes cerca de 2.000 millones de euros. En cambio, las empresas incriminadas no tuvieron que pagar más de 400 millones de euros en sanciones.  (...)

Aunque causan grandes estragos, los trusts pagan multas dignas de infractores de normas de tráfico. Sus artimañas se consideran simples infracciones. El resultado es que a ninguno de los autores se le considera personalmente responsable ante la justicia. La mayoría de las veces, la opinión pública ni siquiera conoce sus nombres.

En Estados Unidos, la situación es totalmente distinta. Allí, la pertenencia a un cártel desde hace tiempo se castiga con penas de prisión. En 2004, la pena máxima se prolongó a diez años de prisión. Irlanda y Gran Bretaña han adoptado el modelo estadounidense. Pero la República Federal no quiere ni oír hablar del asunto."      (Presseurop,5 diciembre 2012,  Der Tagesspiegel Berlín)