El caso Borrell

"La Audiencia de Barcelona empezará a juzgar esta semana la supuesta trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña, el caso que acabó con las aspiraciones del socialista José Borrell a la presidencia del Gobierno hace una década y que arrastró a renombrados empresarios de la ciudad y a otros profesionales de las finanzas estrechamente vinculados a la época del pujolismo que gobernó Cataluña 23 años.

Con este juicio concluye el último proceso de una época en la que abundaron irregularidades, delitos y tráficos de influencia con ramificaciones en la justicia, la política, los negocios y la propia Hacienda. Entre los 14 acusados figuran cinco de los inspectores más importantes de la época en Cataluña, pero en el banquillo se sentarán también simbólicos personajes de la época: el constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo; el financiero Javier de la Rosa, que acumula una ristra de condenas judiciales; el presidente de la inmobiliaria Ibusa y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno; así como asesores fiscales que en aquellos años fueron muñidores de esas operaciones que caracterizaron aquella cultura del pelotazo.

está Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y condenado por el caso Estevill de extorsión a empresarios, otro exponente de aquellos años del lodo.

También se sentará en el banquillo Joan Antoni Sánchez Carreté, el que fuera asesor fiscal personal de Pujol y que tuvo más suerte que Folchi. Tras pagar una multa de 1,2 millones de euros, el Gobierno le indultó parcialmente y le rebajó de dos a un año de cárcel una condena por no tributar una plusvalía de más de cuatro millones obtenidos por la venta de dos centrales eléctricas compradas y vendidas en 1991 en cuestión de horas. (...)

O José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, que afronta una petición de 14 años de cárcel. Era el hombre de la máxima confianza de Borrell en Cataluña, cuando éste fue secretario de Estado de Hacienda. La tesis del fiscal es que los inspectores amañaron las actas a las empresas a cambio de dinero o viviendas de las inmobiliarias. En el caso de Huguet se probó que entre 1990 y 1991 cobró 1,41 millones de euros del grupo KIO en una cuenta suiza, igual que el ex inspector Ernesto Aguiar, que quedó exculpado. Ambos dijeron a la juez en su día que el dinero procedía de la Bolsa. "Es verdad que los pagos se hicieron, pero no los ordenó Javier de la Rosa", explica su abogado, Francesc Jufresa, para quien su cliente "no pinta nada en esta causa, porque entró el último como inculpado y con calzador". (El País, ed. Galicia, Economia, 13/09/2009, p. 31)