La filtración de Natalie Edwards demostró que los gobiernos democráticos son los cómplices necesarios de los crímenes de la banca... Los Estados democráticos, cuando las autoridades de control encuentran casos de blanqueo de capitales, alcanzan acuerdos con los bancos responsables para evitar intervenir a estas grandes entidades y meter a los banqueros en la cárcel

 "Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards fue condenada y encarcelada por filtrar a la prensa los documentos que revelaban cómo los grandes bancos habían blanqueado en apenas 8 años más de 2 billones de dólares. En algunos casos, ese dinero procedía de organizaciones que financiaban al terrorismo internacional, a los cárteles de la droga o a cleptócratas corruptos. Esta funcionaria estará en una cárcel federal de Estados Unidos durante 6 meses y tendrá que vivir en libertad vigilada 3 años, mientras que los banqueros culpables se encuentran en la calle.

Uno de los puntos más importantes de la importancia de los más de 50.000 documentos filtrados por Edwards es cómo, en realidad, el sistema, los gobiernos, protegen a los grandes bancos que consiguen acuerdos con las autoridades judiciales, los llamados acuerdos de procesamiento diferido, para pagar millonarias multas, pero, en realidad, continúan actuando del mismo modo. Natalie Edwards demostró que los países democráticos son el cómplice necesario para que los bancos sistémicos globales continúen manteniendo el blanqueo de capitales como su negocio más rentable.  

En 2012, HSBC fue descubierto por permitir a los cárteles mexicanos de la droga blanquear dinero y realizar negocios en países prohibidos como Sudán y Myanmar. El banco fue multado con 1.900 millones de dólares. La entidad británica prometió cambiar sus formas y, para cumplir con esa promesa, el gobierno instaló un monitor independiente para vigilar de cerca sus movimientos. 

Sin embargo, los documentos filtrados por Edwards demuestran que HSBC continuó realizando operaciones bancarias y beneficiándose de los mismos tipos de clientes que lo metieron en problemas como, por ejemplo, una empresa de importación y exportación panameña que el Departamento del Tesoro detectó que estaba blanqueando dinero para los cárteles internacionales de la droga.

Por otro lado, JPMorgan Chase obtuvo su propio acuerdo de procesamiento diferido. Durante años, fue el banco principal del mayor estafador piramidal del mundo, Bernard Madoff, con el que, por cierto, mantuvo relaciones muy cercanas tanto con el Banco Santander (a través de Optimal) como con los fondos gestionados por Javier Botín y Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín. 

Al igual que ocurrió con el Santander, a pesar de las múltiples advertencias de los propios empleados de JP Morgan, el banco nunca presentó un informe de actividad sospechosa sobre Madoff y la entidad estadounidense supuestamente recaudó 500 millones de dólares en honorarios, tal y como se puede comprobar en la sentencia de la Corte Suprema del Distrito Sur de Nueva York, a la que Diario16 ha tenido acceso. 

Como castigo, se requirió que el banco pagara una multa de 1.700 millones de dólares y que prometiera mejorar sus defensas contra el blanqueo de dinero. 

No obstante, después de que se resolviera el caso Madoff, los propios investigadores del banco dijeron que sospechaban que había abierto sus cuentas a una presunta figura del crimen organizado ruso que es conocido por el tráfico de drogas y asesinatos por contrato, así como negocios vinculados al represivo régimen de Corea del Norte.

Lo mismo sucedió en Standard Chartered. En 2019, el gobierno de Estados Unidos modificó su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 después de que se descubriera que el banco continuaba compensando transacciones para individuos y empresas en países condenados por Estados Unidos, principalmente Irán, con quien el Santander también tuvo acuerdos de colaboración.

Standard Chartered pagó multas por un total de 1.100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas, y extendió los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido por sexta vez en el espacio de siete años. El banco se disculpó por sus «violaciones y deficiencias de control», pero prometió que no había ocurrido ninguna después de 2014.

Los documentos filtrados a BuzzFeed News por Natalie Edwars, sin embargo, muestran que Standard Chartered procesó cientos de millones de dólares para empresas que sospechaba que estaban eludiendo las sanciones contra Irán hasta, al menos, 2017.

Desde 2010, al menos 18 instituciones financieras han recibido acuerdos de enjuiciamiento diferido por violaciones contra el blanqueo de dinero o sanciones internacionales. De ellos, al menos cuatro volvieron a violar la ley y fueron multados. En dos ocasiones, el gobierno respondió a este tipo de reincidencia renovando el acuerdo de enjuiciamiento diferido, la misma herramienta que falló la primera vez.

España y el Santander, más de lo mismo

Aunque los acuerdos diferidos con los grandes bancos se dieran en Estados Unidos, en España ocurre algo parecido con la protección que el Estado concede a Banco Santander. No vamos a exponer de nuevo aquí todos los escándalos judiciales protagonizados por la entidad cántabra. Sin embargo, sí que es necesario volver a mencionar el caso de las cesiones de crédito, la adquisición de Banesto, el caso Inversión Hogar, los dividendos Cum-ex, el Caso Popular, el presunto fraude de una finca en Mijas, la ocultación de 2.000 millones a Hacienda por parte de la familia Botín, Valores Santander, el fraude piramidal de Madoff, Banif Inmobiliario, Ausbanc, los seguros PPI y un largo etcétera.

Sin embargo, el último gran escándalo judicial en España, protagonizado por el magistrado Santiago Pedraz, quien no dudó en sobreseer un caso de blanqueo de capitales en el que Santander estaba presuntamente implicado. Lo sorprendente (en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.

¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.

Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.

Para terminar de cimentar la protección al Santander, cuando un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para evitar dicha personación, según confirman las mismas fuentes. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.  "               (José Antonio Gómez , Diario16, 27/09/21)

“Si hubiera hecho la vista gorda, habría permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando”

"Lo que lleva pasado Roberto Macías solo lo sabe él, su familia y su círculo de amistad. Carga un calvario surrealista y doloroso desde que decidió no hacer la vista gorda a la corrupción del sindicato UGT-Andalucía. Destapar a la prensa, cuando era administrativo de compras del sindicato, la trama de facturas falsas para justificar subvenciones millonarias para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía, lo está pagando a precio de oro.

Ahora, tras un camino tortuoso, la distopía no ha sido suficiente. El pasado 13 de mayo recibió la sentencia de la jueza Ana María León estimando que las facturas denunciadas por Macías son “información reservada y sensible” y que han de ser protegidas como un secreto lícito de cualquier empresa. Por ello, la jueza le solicita dos años de prisión por revelación de secretos.

El resultado de la sentencia – contra la que Macias ya está preparando el recurso- viene después de haberse sentado el pasado seis de marzo en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla. Al juicio acudió como testigo Carmen Castilla, secretaria general de la federación en Andalucía.

Para el sindicato, Macias fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. “Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo. 

Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Macías acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal”.

La denuncia contra UGT parte de las publicaciones en prensa. “Es decir es por las revelaciones que hice. En el procedimiento de UGT soy testigo. El día 15 de junio están notificados para notificarles el auto de apertura de juicio oral”.

Condenado por destapar la corrupción

La condena de la jueza por desvelar información de la organización sindical no le pilla de nuevo. “Me lo esperaba”, dice. Y se lo esperaba porque como recalca este denunciante de la corrupción a cuartopoder “vivimos en el perfecto establishment de la corrupción. En una sociedad empobrecida moralmente frente a instituciones corruptas hasta la médula. España se convirtió en el paraíso de los corruptos y en una tierra hostil para las personas honestas. Aquí no se reconoce la honradez, al contrario, se criminaliza. Una prueba de esto es la sentencia que me condena a dos años de prisión”.

Por conocer el sistema Macías y no fiarse de filtrar lo que sabía a la Policía u otras instituciones, decidió ponerse en manos de la prensa. “Quiero agradecer a los medios que han intervenido el caso de las facturas falsas de UGT, cuidarme como fuente. El trato que he recibido ha sido excepcional. Nunca me arrepentiré de haber elegido a la prensa para hacer mi denuncia pública, pues me han demostrado gran profesionalidad, lealtad, responsabilidad y humanidad. A nivel legal, he recibido una excelente defensa de la mano de los abogados Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, presidente de la asociación AMAYT. Ellos me permiten tener la esperanza que pronto ganaremos está dura batalla”.

-¿Te arrepientes de no haber hecho la vista gorda?

-No me arrepiento de realizar las revelaciones públicas. De lo contrario, hubiera permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando a perpetuidad con normalidad. El fraude de la UGT, puede calificarse como un fraude histórico, pues llevaba años funcionando con total impunidad. Un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo, pasó de controlarse con hojas de Excel a contar con un sofisticado sistema informático.

-Tu vida ha sido un infierno desde que decidiste alzar la voz, pero esto solo lo sabes tú y tu familia…

-Seguimos pasando grandes amarguras. El fallo que nos acaban de comunicar nos ha destrozado de nuevo. Pues, albergamos la esperanza que la Directiva Europea en materia de protección de denunciantes nos ayudaría acabar con este infierno. Son muchos años soportando el acoso y derribo judicial, por alertar de un fraude millonario. Me sigue costando trabajo entender que todo un sistema conspire para represaliar al alertador de corrupción.

-Cuando no has tenido ni que comer, ni casa, ni siquiera poder dar a tu hijo el capricho de ir al cine a ver una película ¿de dónde has sacado las fuerzas?

-Es una de las preguntas más difíciles de responder. Me has toca fibras sensibles. Es cierto que, hemos pasado grandes penurias en casa producto de este largo y tortuoso proceso. La estigmatización que sufrimos, nos convierte en nuevos apestados. Nosotros los denunciantes conocíamos lo que era el confinamiento social, antes de la llegada del coronavirus. La distancia social, ya la practicaban con nosotros nuestros ex compañeros y amigos de trabajo. 

Yo considero que, nos han expulsado del mercado laboral. Aunque somos perfectamente trabajadores válidos, con un plus de honradez, nadie nos contrata. ¿Quién va querer contratar de administrativo al trabajador que reveló las facturas falsas de UGT? Creo que a pesar de ser una persona honesta y con experiencia, no me contratarían ni para hacer fotocopias. Este escenario, es lo que dificulta enormemente tener un empleo digno que me permita rehacer mi vida.

-También te has encontrado a solas con las autoridades de tu país que te han dado la espalda. ¿Te avergüenzas de ser mexicano?

-Si, tuve que solicitar el amparo y protección de la justicia federal en México por la negativa de la Embajada de México a brindarme la asistencia legal y la protección consular que tengo derecho por ser mexicano. Un recurso que gané en primera instancia, pero luego en la revisión del amparo, la sala hizo una resolución salomónica. Afortunadamente, una compañera de carrera que es Diputada, Claudia Murguia, ha vuelto a retomar mi caso. Consiguiendo que las relaciones con la Embajada hayan mejorado, de hecho, el día del juicio vino el cónsul honorario acompañarme y trasladarme el apoyo de la cancillería. Es decir, que nuestras relaciones han mejorado notablemente desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

-Aun así, no te vas a dar por vencido…

-En este momento, tengo que luchar por conseguir la transposición de la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico. También es fundamental que, en Andalucía, una de las comunidades autónomas más castigadas por la corrupción y el fraude, tengamos una oficina para luchar contra la rapiña de fondos públicos y, sobre todo que se brinde atención a los alertadores andaluces. 

Rendirme no entra en mi filosofía, considero que soy un luchador nato. Provengo de la cultura del esfuerzo, trabajo y sacrificio. Por eso, he podido resistir una presión brutal con dignidad. Y seguiré luchando en los tribunales nacionales y europeos hasta conseguir justicia.

-¿Los tribunales son cómplices de la corrupción? En tu caso te enfrentaste a un juicio en el que tampoco el Ministerio Fiscal ha tenido a bien protegerte…

-Mi percepción es que todo el sistema está podrido. Incluido el poder judicial. En el acto del juicio, manifesté que no me fiaba de la policía o Fiscalía, por ser instituciones opacas y políticas. Por eso, decidí acudir a los medios para hacer una denuncia pública sobre unas irregularidades graves con la gestión de fondos públicos.  

La actuación del Fiscal, ha sido deplorable, incluso negando la aplicación directa de la Directiva Europea. Una argumentación, totalmente contraria a la doctrina europea y al espíritu de la Directiva Europea. Pero, cómo voy a fiarme de una Fiscalía que dirigió Manuel Moix, que tuvo que dimitir por tener sociedades en Panamá. ¿Quién va confiar en una policía con comisarios como Villarejo? Es una realidad que existen las mafias policiales. Por eso, acudí a los medios para intentar proteger mi integridad y anonimato. Yo nunca hubiera querido aparecer en ningún medio.

-¿UGT puede representar la dignidad cuando te sienta en un banquillo?

 

.-Han escrito la página más negra de su historia. Es una vergüenza que Pepe María Álvarez, haya permitido un atropello a un sindicalista honrado. Me gustaría saber qué piensan los afiliados de la UGT, si están de acuerdo en la decisión de sus cúpulas de perseguir a un humilde alertador de corrupción. Creo que una decisión de este tipo, deberían de escucharse a las bases del sindicato, si quieren formar parte de la cacería a un padre de familia que tuvo el valor de informar a la sociedad de un fraude millonario.

Fíjate que hay organizaciones sindicales que han reprobado la actuación del sindicato. Algunos sindicatos, se manifestaron para pedir a la cúpula de UGT que detuvieran su acusación, entendiendo que era un abuso de poder y un acto contrario a los buenos valores sindicales y principios de clase. Pero tenían mucha sed de venganza...

-¿Qué compartes con Julian Assange?

-Julian, es un referente en mi lucha. Un hombre que por informar al mundo de atrocidades graves vive un infierno. Comparto su espíritu de lucha, resistencia y perseverancia. Es un hombre que admiro por no ceder y mantenerse fuerte en nuestra lucha contra los corruptos poderes. El día que se celebró el juicio, acudí con una camiseta con su imagen. Deseaba dejar constancia de mi apoyo y preocupación por su situación. Realmente es que me parece una canallada, lo que hacen con Assange.

-Gracias a la red de denunciantes de la corrupción con personas del enorme talante como Ana Garrido ¿todo se ha hecho más fácil?

-Ella es un icono para muchas personas que anhelamos vivir en una tierra más transparente y libre de corruptos. Es increíble y admirable la fortaleza de Ana, incluso estando abatida, encuentra fuerzas para ayudar a sus amigos. Es un honor gozar de su amistad y protección. Sin duda, la persona más influyente en nuestra lucha.

Es más fácil luchar teniendo a personas valientes como Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta, Maite Morado, Jaime González, José María Castillejo, Paco Sánchez, Paloma Coiduras, Sonia Peral, Julita Gómez, Robert Martínez, y tantas personas anónimas que luchan de forma decidida contra las mafias que viven de nuestro dinero.

-¿Tu lucha será la verdad porque es la única que te hace libre?

-Mi lucha es por construir un país libre de corruptos. Por dejarles a mis hijos una tierra más justa, decente y solidaria.  Me duele ver a nuestro país y sus instituciones controladas por delincuentes y mafiosos. El escenario que tenemos es devastador pero la sociedad sigue durmiendo un profundo sueño que permite expolien nuestros recursos con impunidad. Pero un día, el pueblo despertara y hará una limpieza generalizada. Los alertadores de corrupción somos figuras claves para frenar la pandemia de la corrupción.  Sin nosotros, la sociedad está avocada a mantener una peligrosa especie de parásitos que viven del dinero público."                

 (Entrevista a Roberto Macías, denunciante de la corrupción de UGT- Andalucía, Nuria Coronado, Cuarto Poder, 21/05/20)

Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que tuvo el coraje de destapar en el 2009 la trama corrupta en la que intervenían dirigentes del PNV de Álava: “si sé no denuncio”. Era como muy usual, como andar por casa, terreno trillado. ¡Oye, pasa, paga y te llevas la concesión!

"De nuevo el PNV y el unto: la cocina con manteca y el engrase. Ante el tribunal de la Audiencia de Gasteiz varios acusados y abogados en una sesión del juicio del caso 'De Miguel', a quien todos llaman Txitxo.

Y lo inmensamente grave es el silencio y la desprotección por parte de la administración. En un momento de su declaración Ainhoa Alberdi, la empresaria extorsionada y denunciante, alude y explicita el coste "personal" que ha sufrido por denunciar los hechos ante la Justicia. Al fondo emerge ese “si sé no denuncio” tan frecuente y tan desolador por el abandono de una administración pública, que fardando de trasparencia, de hecho colabora con la corrupción y la mordida. 

En este trucado libre mercado, que sufrimos, quien vende es quien contamina, quien pisoteando derechos humanos, quien abusando del trabajador y la precariedad humana… vende más barato. Su producción deja una profunda huella de maltrato y abuso en personas y hábitat y un futuro negro. Prospera, también entre nosotros, el corrupto y languidece el honrado, y ello con apoyo del gobierno y la administración vasca.

Alberdi ha explicado que desde el principio y, casi hasta el día de hoy, ha sido víctima de venganzas. "Mi denuncia no gustó a nadie", ha afirmado. Ha caminado por la vida arropada por el silencio y el desafecto de la administración pública. ¡Qué vergüenza y qué sonrojo para una administración decente!

Ainhoa Alberdi, la abogada y empresaria que tuvo el coraje de destapar en el 2009 la trama corrupta en la que intervenían dirigentes del PNV de Álava, se acerca con burka o, al menos, con bufanda y cuello alto al juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Áraba.

 La situación lo requiere, olfatea peligro y soledad. Imputadas 26 personas, muchas de ellas ex cargos del PNV alavés, acusadas de cobro de comisiones, de mordida, de eso que se acusa al PP de Madrid, de Valencia… Te doy una obra, una concesión si tú me das un alto %. 100.000€ le pidieron por la cara a Ainhoa Alberdi, especie de derecho de pernada.

La justicia, o lo que queda de ella, la preserva y resguarda de las miradas de los acusados. Pantallazo y espalda a público y mirones, se evita el contacto visual. La testigo es presunta víctima de saqueo. 

Con cierto olor a cosa nostra se ha roto, o al menos descosido, la omertá y puede haber sangre en la familia. El acusado principal es Alfredo de Miguel, número 2 del PNV en Áraba. En las embajadas y consulados los números dos son siempre personajes siniestros, perros sabuesos, de caza, seguidores de rastros y bichos heridos. El juicio comenzó el lunes 5 de marzo.

Y Ainhoa Alberdi, en su descorche, respondió a las preguntas con voz clara: Alfredo De Miguel y Aitor Telleria le pidieron "abiertamente" una comisión y no una deuda por un trabajo como ha sugerido la defensa. 

Ainhoa Alberdi fue la persona que el 2 de diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que los principales imputados en esta presunta trama corrupta le reclamaron una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa -Urbanorma Consulting S.L- un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano: “Tellería y De Miguel le pidieron un tercio del contrato adjudicado y que "sí o sí" lo tenían que cobrar”. Y acudió a la Fiscalía ante las coacciones que recibió tras su decisión de no pagar. 

Y destacó durante la sesión del lunes la "facilidad" y "alegría" con la que los principales imputados exigían "pasar por caja" y su "temor" a no ser la única a la que se pidió una mordida. Habló de la impunidad con que le pidieron dinero desde despachos oficiales de la Diputación y a través de 'emails'.

 Era como muy usual, como andar por casa, terreno trillado. ¡Oye, pasa, paga y te llevas la concesión! “Alfredo de Miguel controlaba desde su ordenador personal en la Diputación de Álava las operaciones relacionadas con una supuesta red de corrupción, que operaba desde hacía varios años en este territorio, según se desprende de los numerosos correos electrónicos incautados en el proceso de investigación iniciado a finales del pasado mes de diciembre y que son recogidos en el sumario abierto el pasado viernes, decía El Pais.

"Me llama soberanamente la atención que eso [pedir comisiones ilegales] se haga vía 'email' y en sitios oficiales. Me sorprende esa alegría…. De ahí mi temor. Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había hecho", ha explicado cuando el fiscal Josu Izaguirre le ha preguntado por los hechos. 

Y es que lo ocurrido en Miñano fue sólo la punta del iceberg, como viene sosteniendo y mostrando el periodista-investigador Ahoztar Zelaieta en diversos libros, sobre todo en “Euzkadi S.A. El gen corrupto del PNV”, “especie queso gruyere donde las galerías de aire internas conectan concesiones públicas, empresas ad hoc creadas para ello, cobros de comisiones revertidas a sociedad pantalla, fundaciones del partido desconocidas y un entramado de familias controlando grandes empresas que a su vez tributan a entes controlados por el partido”.

En una de esas conversaciones, cuya grabación se ha reproducido durante la vista, Telleria asegura a Alberdi que existía un "acuerdo" con el anterior miembro de la empresa (Echaburu), para dividir los pagos "en tres partes".

 "Una para ti, otro para él (Echaburu) y la otra parte, que es la que nosotros recaudamos", habría dicho Tellería, según la transcripción elaborada por la Ertzaintza de la grabación. Alberdi descubrió la mordida al comprar las acciones de Echaburu y convertirse en socia mayoritaria de la misma.

Ha explicado que a partir de ese momento sufrió un "veto" que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso padeció la rescisión de algún contrato que tenía vigente sin recibir "explicación alguna". 

La empresaria ha manifestado que, en un momento dado, una "persona política", le dijo que "durante muchos años "mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos" públicos. Y esto es mafia, pero mafia dura, porque no se castiga administrativamente al delincuente sino a quien lo denuncia. Se revela la corrupción como arma administrativa.

Y este veto, del que habla Ainhoa Alberdi, es runrún extendido, y no sólo entre el PP. El PNV ha ido dejando huellas de mordida y corrupción en varios ayuntamientos y administraciones públicas, y quizá eso exprese también su afán por grandes obras y por el derroche, explique ese apareo con el PP, más tras la lección impartida por gobierno y judicatura en Cataluña: únete, porque a partir de cierta línea se abre la alcantarilla y se deja salir la mierda.

 El silencio y desamparo, la desprotección y veto a nuevos contratos públicos es más reflejo de cosa nostra que de transparencia pregonada.

La denuncia valiente de Ainhoa Alberdi debiera ser ejemplo, materia de crítica y aclare, de debate y denuncia. Debiera ser comidilla de calle y de artículos de plumillas y conversación en despachos de abogacía; Ainhoa Alberdi una especie a proteger por la cuenta que nos trae."         (  Mikel Arizaleta , Rebelión, 14/03/18)

Los denunciantes de corrupción españoles: del olvido institucional a las páginas del 'New York Times'

""Como empleada de un Ayuntamiento durante dos décadas, Ana Garrido tenía uno de los trabajos más seguros que se pueden encontrar en España. Pero, después de que intentara destapar la corrupción oculta en las adjudicaciones de contratos del consistorio, su vida descendió a lo que ella describe como mis siete años de calvario".

 Así comienza el reportaje que el The New York Times publicó en su edición dominical del pasado 15 de mayo, titulado "Destapar la corrupción es un esfuerzo arriesgado en España". 

El prestigioso periódico estadounidense, ganador del Premio Pulitzer en 108 ocasiones, toma así a Garrido, ex empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), como ejemplo para explicar la senda que se ven obligados a recorres aquellos ciudadanos que deciden denunciar los casos de corrupción en España. "Ese camino la llevó de ser acosada por sus jefes y colegas en Boadilla, a la depresión y la baja por enfermedad, desempleo, e incluso a recibir amenazas de muerte", relata el medio estadounidense. 

Como señala el Times citando un informe de Transparencia Internacional, España es parte del "puñado de naciones europeas sin leyes que amparen a los whistleblowers (denunciantes o filtradores)", al contrario que países como EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica o Irlanda, que desde el 2010 han impulsado leyes para proteger a aquellos que revelan irregularidades o casos de corrupción, un problema particularmente acuciante en España: "Más de 200 casos han salpicado a todos los partidos políticos mayoritarios desde 2008", recalca el periódico.

A la cárcel por denunciar

Desde que denunció, Garrido se ha enfrentado a varias represalias, algunas en forma de denuncias ante los juzgados. En este momento se encuentra imputada por "infidelidad en la custodia de documentos" del Ayuntamiento de Boadilla, como facturas o diligencias, "de carácter reservado, dado su naturaleza", recoge la denuncia de la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la cuarta teniente alcalde del municipio, ante la Guardia Civil.

Sin embargo, hay otros denunciantes que se enfrentan incluso a penas de cárcel por su revelación de actos ilícitos. Es el caso de Roberto Macías, acusado del "robo de archivos digitales" que ayudaron a descubrir el fraude sistemático de las ayudas al empleo provenientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía por parte de la federación de UGT en la comunidad autónoma. 

Casi dos millones de euros que terminaron convertidos en cenas con barra libre en la Feria de Abril y diversos regalos para la cúpula del sindicato.

Ahora, UGT pide cuatro años de cárcel para Macías y 60.000 euros por el "daño moral" que sus revelaciones han producido al sindicato. "El sistema español está diseñado para perseguir, más que para proteger, a aquellos que denuncian la corrupción", denuncia ante el Times Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, asociación ciudadana que intenta ofrecer apoyo a los filtradores y de la que forman parte tanto Ana Garrido como Roberto Macías, así como otros denunciantes como el ex teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura.

Invitados a la Comisión Anticorrupción del Congreso

La Plataforma por la Honestidad impulsa la Ley Integral para la protección de los denunciantes de corrupción, que asemeje la protección que reciban aquellos que den el paso de denunciar a la que ampara a las víctimas de violencia de género: opinan que medidas como asegurar su puesto de trabajo, asistencia jurídica gratuita o la creación de un Observatorio de la Corrupción plenamente independiente ayudarían a que "las denuncias se multipliquen", y no dependan solo de "personas valientes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura", defiende la Plataforma.

 

"La implicación en esta materia no entiende de signos políticos. Se trata de un punto verde que debe unir a todos los partidos", defienden los activistas, que se han reunido con representantes de todos los partidos con representación en el Congreso en esta efímera XI legislatura, a excepción del PP. 

La convocatoria de elecciones para el 26-J ha impedido que la ley de protección a los denunciantes comience a ser desarrollada, pero los activistas han recibido diferentes compromisos de los partidos, como la promesa de incluirla de ésta en sus nuevos programas electorales o la invitación a participar en la Comisión Anticorrupción del Congreso."           (Carlos del Castillo, Público, 16/05/16)

Demetrio Madrid, la dignidad de una dimisión... y por cierto… Aznar aún no le ha pedido disculpas

"Es una rareza en un país en el que pocos osan conjugar la primera persona del presente del verbo dimitir. El lo conjugó en futuro. 24 horas antes de que se hiciera efectiva una imputación de la que posteriormente fue absuelto, Demetrio Madrid (Villaralbo, 1936) anunció que dejaba la presidencia del Gobierno de Castilla-León.

 “Yo sabía que iba a ser absuelto. Pero no es obligatorio estar en política. Y sabía también que, mientras se mantuviera mi situación, estaba poniendo en cuestión la institución a la que representaba. Tome la decisión absolutamente solo. Hay vida después de la política”.
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Y aquel episodio poco tuvo que ver con sobres, mordidas o pitufadas. Fue fruto de un conflicto laboral en la empresa textil que Madrid vendió, por aquello de las incompatibilidades, con el dolor que supone dejar toda una vida. Porque se crió entre hilos, agujas y telas Demetrio, hijo de un técnico textil y de una bordadora de mantones de Manila que le parió pocos días después de que estallara la Guerra Civil. “Y mi padre, que se iba a librar de la mili porque mi abuelo era sexagenario, no se libró de la Guerra, que no libraba a nadie”.

A pesar de la ausencia del padre llamado a filas, dice que tiene “recuerdos entrañables” de una infancia difícil pero de cariño familiar y de escuela de monjas –“eso no lo digas, que fue porque no había escuela pública para los infantiles”, pide entre risas. Y, con una carcajada, explica que cuando se jubiló tenía 60 años cotizados porque, terminado el conflicto, el cabeza de familia le obligó a trabajar mientras estudiaba.

Fue el tajo el que lo convirtió en el socialdemócrata que es hoy. “Mis padres eran de izquierdas, pero no militaban. Pero yo empecé a trabajar en un momento en el que en este país aparece una inquietud que nos viene de fuera. Comencé a tener contacto con una realidad laboral y social distinta, de gente mayor que había sufrido. 

Y, aun siendo responsable de una sección de la fábrica, enseguida me uní a los sindicatos clandestinos: primero la Organización Sindical Obrera (OSO), que luego fue la USO y, finalmente, a la UGT”.

Bastante culpa tuvieron también las radios que se escuchaban con puertas y ventanas cerradas en la casa de la familia Madrid: Radio París, el Vaticano o Radio Pirenaica que, cuando se instaló en la capital francesa, en 1968, propició el encuentro de Demetrio con Santiago Carrillo. “La dirección del PC tenía mucho interés en tener gente en España. Y hubo muy buen rollo… hasta que descubrimos que algo no funcionaba, como esa forma de llevarte a los sitios sin tu pleno conocimiento”.

De regreso a casa, y tras interesarse por la historia del Partido Socialista y conocer a Felipe González y Alfonso Guerra, “que por entonces recorrían el país para hacer organización”, Demetrio se decide por la militancia en la clandestinidad. En 1974, “con un grupito de otras cuatro personas”, constituye la Agrupación de Zamora y se convierte en el primer secretario y secretario de Organización de la UGT.

“Son los años en los que se confunde la clandestinidad con la ilegalidad. Cuando el régimen de Franco se va ablandando y la dictadura se convierte en lo que llamamos la dictablanda. Estábamos controlados pero ya habían comenzado los contactos con la Internacional Socialista que obligó al régimen a aparcar las barbaridades que se habían hecho”. Y recuerda su primera visita de dos días a comisaría, tras un primero de mayo,

Presidente de rebote y “entrenamiento” de Aznar

“Ahora se echa de menos aquel empuje que teníamos, aquella capacidad de riesgo que ya no puede ser. Y que ojalá no vuelva a ser”, dice en referencia a los años anteriores a la muerte del dictador, “una liberación tremenda”, apostilla.

 Explica que, en el 77, cuando Adolfo Suarez convocó las elecciones, “la base ideológica estaba organizada pero, claro, ¿quién encabeza las listas?. Hubo que improvisarlo todo”. Y esa improvisación obligó a Demetrio a mudarse a Madrid, diputado de la Legislatura Constituyente, “un tiempo emocionante, iniciático, en el que estrenábamos la libertad y la democracia y construíamos futuro”.

Fue diputado en las Cortes hasta el año 83, cuando, de rebote, por la renuncia sorpresiva de Juan Antonio Arévalo, el partido le encargó encabezar la lista en las primeras elecciones al Gobierno de Castilla-León. “Nadie pensó que lo íbamos a conseguir”, dice modesto, pero tras una campaña de las de entonces -“casa por casa, conociendo a la gente, sus preocupaciones”- Demetrio Madrid se convirtió en el primer presidente de la Junta.

Gobernó tres años una región “desestructurada socialmente, con 9 gobernadores civiles, 2248 alcaldes y 13 obispos”, se ríe con las cuentas. Hasta que el 29 de octubre de 1986, por la querella de los trabajadores incluidos en un ERE de la que ya no era su fábrica, tomó la decisión de dimitir. De aquel episodio insiste en narrar “la maldad” de quien entonces era diputado por Ávila y presidente de Alianza Popular en CyL: José María Aznar.

“Regresábamos de Madrid a Valladolid cuando me enteré, por filtraciones de los periodistas, de que iba a ser imputado. Convoqué tres reuniones: una con la Junta de consejeros, otra con la Ejecutiva del partido y una rueda de prensa para hacerlo público. En el camino le dije a mi vicepresidente: ‘Llama a Aznar y dile que esta noche voy a anunciar mi dimisión’. Y así lo hizo. La sorpresa, al día siguiente, fue que él había convocado a los medios para decir que me daba 48 horas para dimitir. ¡Esa es la maldad! Que me pidiera la dimisión era lo normal. Después volvió a hacerlo con el ‘váyase, señor González’. Yo fui su primer entrenamiento”.

No entiende que hoy no hagan lo propio algunos correligionarios del expresidente como Rita Barberá, Esperanza Aguirre, “y alguno más”. Aunque sí tiene una explicación para su actitud: “No han interiorizado lo que es una responsabilidad política; les falta la penetración democrática que tiene que tener el compromiso político que emana de la voluntad de los ciudadanos. Y ahí falla todo; en el uso torticero e ilegítimo de esa voluntad, que es sagrada”.

Demetrio Madrid fue absuelto en 1989 de todos los cargos que se le imputaban. Volvió a las Cortes en junio del 93. Fue senador por Zamora hasta 2004. Y objeto de más de una docena de distinciones, como las medallas de Oro de la Comunidad de Madrid y de las Cortes de Castilla y León, la Orden del Mérito Constitucional, e Hijo Preilecto de su tierra, Villaralbo, y de Villalar de los Comuneros.

Fue absuelto en 1989 de todos los cargos que se le imputaban. Volvió a las Cortes en junio del 93

Dice que hoy es un “jubilado activo”. Pasa las mañanas en el despacho que le quedó como presidente de la Junta –“¡pero no cuesto un euro a los ciudadanos, sólo cobro mi jubilación!”, matiza. Va dónde le llaman, sean institutos o instituciones como la UGT, que visitará esta semana. Disfruta de las tardes en su casa de Zamora o viajando con Cati, su mujer –“con ella vivo muy bien”. Y escribe.

Está a punto de terminar su tercer ensayo mientras sigue sentando la cátedra de la experiencia en varios diarios de la región. Con esa visión de los años –esta a punto de cumplir 80- aconseja a su partido, que no ha vuelto a gobernar en Castilla y León, que se meta en el barro. “Porque está bien tener todos los medios tecnológicos, pero hay que estar con la gente, meterse en sus casas… porque la política hay que hacerla con las manos”, termina.

Por cierto… Aznar aún no le ha pedido disculpas"             (Cristina S. Barbarroja, Público, 30/03/16)

Correa se benefició de su amistad con Aznar

"José Luis Peñas ha declarado este martes ante el tribunal que enjuicia la primera época de Gürtel. El exconcejal del PP en Majadahonda, que denunció a los cabecillas de la trama, ha dicho que estos usaban la organización de actos para el partido "como pantalla" para infiltrarse en los municipios madrileños. Surgían entonces los negocios urbanísticos, gracias a las buenas relaciones de Francisco Correa con miembros del PP, incluido el presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar.

"Correa era amigo del presidente del Gobierno en aquella época", ha contado Peñas para ilustrar las relaciones del cabecilla del Gürtel, y cómo estos "tentáculos" le ayudaban en sus negocios. "Al estar integrados en el PP, el partido que maneja las instituciones, cuando no te aumentaban la edificabilidad, te aumentan el numero de viviendas, así los negocios te salen redondos", ha añadido.

Peñas ha explicado que eran esos negocios los que más beneficios daban a los líderes de la trama corrupta. La compra venta de terrenos dejaba importantes plusvalías, y "en esa intermediación ganaba el PP, ganaba el señor Correa, y ganaba todo el mundo", ha asegurado.

Correa dio una versión distinta en su declaración. Aseguró que había trabajado durante muchos años junto a él, pero que no hubo amistad entre ellos: "Con Aznar no tengo ninguna relación, he trabajado con él muchos años. Le miraba, él me miraba, pero no he sido amigo de él nunca".

El exconcejal del PP ha insistido en que la buena relación de Correa con los miembros del PP impulsaron sus negocios. Sus empresas "hacían todos los actos del PP", y que Correa y Pablo Crespo, su número dos, "tenían grandes amistades" con los integrantes del partido. Así, conseguían organizar los eventos mediante "contratos que estaban amañados".

Pero la organización de eventos no era el fin de la trama, sino un medio. "La organización de actos era la pantalla para introducirse en los municipios", ha explicado Peñas. A partir de ahí era cuando aparecían las oportunidades de negocio con el suelo de esas localidades madrileñas.

El de Aznar no es el único nombre de un alto cargo del PP que ha pronunciado Peñas. A la entrada a la sede de la Audiencia Nacional, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  "es el mayor responsable político" de Gürtel, "miró para otro lado" al conocer las actividades corruptas. Al igual que hizo, ha añadido, la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre: " Tenían comunicación de todo lo que pasaba".

"Grababa mi vida"

Peñas ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, cómo empezó a grabar a los cabecillas de la trama Gürtel. "Me encontré por casa una memoria USB que tenia posibilidades de grabar, más adelante compré un pequeña grabadora, y cuando tuve las dos llevaba las dos, en la americana, el bolsillo del pantalón, grababa mi vida, lo que yo decía y lo que la gente quería decirme a mí", ha contado.

De las grabaciones que realizó, entregó un total de 18 horas a la Policía y a la Fiscalía. Pero no entregó todo. Peñas ha reconocido ante el tribunal que destruyó parte de las grabaciones porque tenían "un carácter íntimo", en las que se hablaba, por ejemplo, "de fútbol, de si uno era del Atleti, o del Madrid". En las grabaciones que decidió borrar "el tema político y el tema empresarial no aparecían", ha dicho. El resto de acusados creen que destruyó las grabaciones en las que salía mal parado.

"Hay gente que ha escrito que yo era del CNI, nada más lejos, lo hice por sentido común", ha dicho Peñas sobre su decisión de empezar a grabar. Para ello contó con la ayuda del también concejal Juan José Moreno que, sin embargo, no denunció ante la Policía como sí hizo Peñas.

De Usera a Majadahonda

Peñas nunca estuvo afiliado al PP de Majadahonda. Según ha explicado, él era miembro del PP de Usera, y conoció a Guillermo Ortega, por entonces secretario general del PP de Madrid, que luego se convertiría en alcalde del municipio madrileño, en un master. Le propuso trabajar en Parla, y luego se lo llevó a Majadahonda como administrativo. Peñas hacía fotocopias, llamadas y atendía a los vecinos.

Ortega ascendió luego a alcalde, y Peñas llegó a ser primer teniente de alcalde de Majadahonda y concejal de Medio Ambiente. Fue entonces cuando conoció a la mujer de Correa, pero nunca tuvo mucha relación con él, en contra de lo declarado por el cabecilla de la red.

Con Correa, al que ha definido como "el jefe del aparato, el que llevaba la nave firme", apenas ha estado en cuatro o cinco ocasiones, ha dicho, y  "en ninguna  para desarrollar ninguna asociación de ningún tipo".

Sí que ha reconocido que recibió un regalo de la mujer de Correa, a través de la empresa de su empresa de viajes. Carmen Rodríguez Quijano le regaló su viaje de novios, una semana en las islas Mauricio. Peñas se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por recibir regalos de la trama a cambio de adjudicaciones y por apropiarse de fondos del Ayuntamiento de Majadahonda."      (eldiario.es, 13/12/16)

Ana Garrido, denunciante de Gürtel: "Ahora vivo en un piso ocupa, voy a intentar empezar mi vida de cero"

"La exconcejal Ana Garrido, conocida por haber denunciado con Gürtel en Boadilla, ha sufrido una virulenta campaña de acoso: "Me han intentado echar de la carretera", ha explicado este viernes en La Cafetera de radiocable.com. Garrido cuenta como ha tenido que renunciar a su trabajo y a su casa y se lamenta que las instituciones la hayan abandonado: "Sigo sin encontrar amparo en las instituciones".

La testigo clave de la Gürtel ha estado esta mañana en la Cafetera analizando la confesión del principal acusado de la trama, Francisco Correa que este jueves explicó ante el juez cómo el Gobierno de Aznar cobraba un 3% de comisión por las adjudicaciones de obras públicas. 

"Correa está siendo bastante concreto dando datos", ha asegurado. "Es curioso que esté protegiendo a todos sus empleados, una táctica para que no hablen en contra de él", ha analizado.

Garrido ha denunciado en numerosas ocasiones el acoso que ha sufrido desde que denunció las supuestas prácticas irregulares en el Ayuntamiento de Boadilla donde era funcionaria. Además, considera que los que se atreven a denunciar la corrupción en España quedan totalmente desprotegidos. "En España no existe protección (al denunciante de corrupción) y encima somos acosados", ha lamentado.

Hoy sigue "luchando por una ley que proteja al denunciante de corrupción": "Me da mucha pena cómo el PSOE se abstiene ante un PNL de protección al denunciante en la Asamblea de Madrid". Se refiere a una Proposición No de Ley que propuso Ciudadanos y por la que Podemos votó a favor, PSOE se abstuvo y el PP votó en contra.

"Hace años que desistí de buscar trabajo", explica Ana Garrido, porque le decían "que les iba a dar problemas por el perfil que tenía". "Por eso decidí trabajar por mi cuenta", dice Garrido, que ahora se dedica a la venta de artesanía online.

La historia de Ana Garrido como denunciante de Gürtel comienza trabajando, durante 20 años, en el ayuntamiento de Boadilla. "Llega un momento en 2007 en que casi todos los técnicos nos vemos presionados para firmar informes favorables a empresas que hemos visto que eran las de la Gürtel", informó. "Yo no entré en la rueda y me oponía sistemáticamente", explicó .

Desde entonces, relata, "empezó una época de acoso laboral". "Entré en baja por depresión y aproveché para hacer labores de investigación para demostrar que el alcalde tenía un patrimonio superior al salario que percibía", ha explicado.

Fue cuando Ana Garrido se puso en contacto con periodistas de investigación cuando le dijeron 'Ana lo que tienes aquí es una bomba de relojería'. "Pensaba que era algo a nivel local pero me di cuneta de que aquello era mucho más gordo", ha señalado."                 (eldiario.es, 14/10/16)

Así se gestó la traición del 'yonki del dinero' que (aún) hará temblar los cimientos del PP

"El 26 de mayo de 2015, ataviado con ropajes 'hippies', Marcos Benavent comparecía por primera vez en la Ciudad de la Justicia de Valencia para ofrecer un doble espectáculo: por un lado ante los medios de comunicación (“era un yonki del dinero”, “voy a hacer daño a mucha gente”, “va a salir mierda a punta pala”) y, por otro, con el chorro de revelaciones de sus confesiones en sede judicial y policial, que descabezaron el Partido Popular de la provincia de Valencia.

Ese fue el inicio oficial de una colaboración que había comenzado algunos meses antes, a partir de que la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez hubiese presentado en agosto de 2014 una denuncia con todos los contratos y documentación que pudo obtener por su labor de oposición a Alfonso Rus y con 10 horas de grabaciones comprometedores realizadas por Benavent.

 Una bomba de relojería en el zaguán de la Fiscalía Anticorrupción. La pieza sobre uno de los contratos de la empresa pública Imelsa con una sociedad en la que el suegro de Benavent tenía intereses (cuyo secreto acaba de levantar el juez instructor Víctor Gómez) revela que, durante el mes de junio de 2015, el 'yonki del dinero' se convirtió en un habitual de las “dependencias policiales” y la “sede judicial”. 

Sus confesiones, día sí, día también (solo entre el 1 y el 11 de junio la UCO elabora cuatro informes distintos sobre comparecencias de Benavent), permitieron a los investigadores ratificar muchas de sus sospechas. No en balde, los agentes y la Fiscalía Anticorrupción elaboraron una hoja de ruta para destapar la “actividad delictiva diversa” de la trama encabezada por Alfonso Rus, tomando “como hilo conductor la participación o relación con los hechos investigados del investigado Marcos Benavent”.

 Sobre las razones de ese ataque de civismo, conversión budista o arrepentimiento sobrevenido, mucho se ha especulado. Pero la pieza del sumario de la operación Taula que ahora se ha hecho pública, y a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirma el enfrentamiento que Benavent mantuvo con su suegro, y cómo este iba a conducirle directamente a rendir cuentas ante la Justicia. 

Esto convenció al 'yonki del dinero' de que la mejor estrategia de control de daños pasaba indefectiblemente por convertirse en el gran chivato, en ejercer la delación como única forma posible de redención por los pecados cometidos o, en términos más prosaicos, reducción de penas. Los contratos y las diez horas de grabaciones de Marcos Benavent que llevó al fiscal hicieron estallar el caso. “Me convertí en una apestada porque no entré en el redil”, relata

 La clave está en las grabaciones que el suegro del delator, Mariano López, entregó a la diputada provincial Rosa Pérez cuando esta reclamó a la Diputación de Valencia el contrato con Servimun, la firma encargada de prestar el servicio de atención telefónica al contribuyente en la que el suegro tenía intereses.

 Los dos protagonistas de esta historia llevaban meses enfrentados por el matrimonio fallido de Benavent con Nina, la hija de López. La relación entre ambos se enconó tanto que el segundo sustrajo del ordenador del primero los archivos con las conversaciones comprometedoras, en las que Benavent también participa en los presuntos delitos. 

En paralelo, su yerno había comenzado a apretarle las tuercas presionando con el contrato de Servimun, hasta el punto de que Alfonso Rus recibió una carta, recogida en el sumario, en la que se reclamaba ayuda para que el entonces gerente de Imelsa cejara en su “acoso”. “No me gustaría verme obligado, ante la manifiesta mala fe, a cometer alguna tontería”, dice la misiva. 

Esta carta es la primera prueba documental que aparece en el sumario de la pieza de Servimun, toda una señal de su carácter detonante. Marcos Benavent estaba convencido, y así lo trasladó a los investigadores, de que su suegro había hecho esa "tontería" y había pactado con Rosa Pérez que no siguiese investigando el contrato de Servimun a cambio de entregarle las grabaciones (pacto que realmente no se consumó), y que esas cintas lo dejaban a los pies de los caballos. 

A la denuncia de la diputada provincial, siguió la apertura de diligencias de investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En diciembre de 2014, Benavent comunicó a Rus y al resto de sus hombres en una comida de Navidad que dejaba el cargo en Imelsa, aludiendo a “razones personales”.

 Todos se quedaron de piedra. Nadie entendía qué estaba pasando. El 'yonki del dinero' desapareció del mapa. Viajó a la India, Ecuador y Panamá. Cuando volvió a dejar verse de nuevo en mayo de 2015, había transmutado en arrepentido ‘hippy’ de barba blanca."                  (El Confidencial, 19/07/16)

La "rosa roja" que ha liquidado a Alfonso Rus y al PP de Valencia

"El mismo día que se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo, Felipe VI, el dos de junio de 2014, Rosa Pérez colgó una bandera republicana en la ventana de su despacho en la Diputación de Valencia.

 No es que Alfonso Rus sea un monárquico convencido para quienes le conocen, pero el gesto de la diputada provincial más crítica con su gestión en la institución provincial le sirvió de excusa perfecta para apretarle las clavijas una vez más en venganza por su labor de oposición. Le envió requerimientos notariales para que retirarse la enseña y la llevó a la Fiscalía, tratando de incriminarla penalmente, algo en lo que fracasó.

“Desde el primer minuto de la legislatura me di cuenta de que la Diputación de Valencia era muy opaca. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la Generalitat y el Ayuntamiento, que estaban bajo los focos, pero aquí todo pasaba más inadvertido”, señala Pérez a El Confidencial.

 “Yo no entraba a la connivencia que había aquí. Todo lo ponía en duda. Me convertí en una apestada porque no entré en el redil y tuve muchas broncas en los plenos con Rus y Juanjo Medina”, dice en referencia a uno de los exvicepresidentes provinciales detenidos el martes por los agentes de la Guardia Civil.

Hasta que decidió llevar al juzgado un 30 de julio de 2014 todo el material que había recopilado, muchos de los contratos que ahora están en duda y sobre los que recaen las sospechas de amaño fueron escudriñados por esta abogada penalista y laboralista implicada en política desde que en la universidad militaba en el moviendo estudiantil Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) y que ahora representa a Esquerra Unida como diputada provincial.

 “Muchas de las cosas que aparecen en la demanda las he denunciado políticamente. Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos. Son modificados con mucho coste para la Diputación”, explica.

Ciertamente, el resto del grupos, especialmente el socialista que dirigía José Manuel Orengo en la segunda legislatura de Rus, fue poco beligerante. Pactaban con los populares el reparto de recursos a los ayuntamientos y hacían la vista gorda cuando las cosas no encajaban. Esto genera ahora inquietud en las filas del PSPV. El Partido de Ximo Puig teme que puedan aparecer cargos suyos de segundo nivel implicados en la trama destapada por la Operación Taula.

El relato de Pérez es el de alguien que ha visto decisiones de gestión incomprensibles. Cuando Rus aprobó su plan de sustitución de luminarias convencionales por lámparas Leds aparecieron informes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación que advertían de la inviabilidad de la iniciativa. “Montaron una central de compras. 

Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. La empresa que más facturó fue Inelcom, precisamente de Xàtiva. Ahí es donde podían sacar mucha tajada”, detalla. Ciertamente Inelcom, del empresario Vicente Quilis, es una de las sociedades sobre las que puso la lupa la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia que presentó la dirigente de Esquerra Unida. El contrato no era 'pecata minuta'. Rus embarcó a la corporación y un buen número de municipios en un plan de 30 millones de euros. 

Carreteras, campos de césped artificial, piscinas cubiertas, ninguno de los planes estrella de Rus parecía escapar a las sospechas de irregularidad, como posteriormente ha quedado en evidencia con la investigación de los agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Descubrimos que había sanciones que se tenían que poner y se dejaban caducar. Se han dejado de ingresar 32 millones de euros por estas negligencias. Hablamos de obras ilegales o vallas publicitarias puestas donde no tocaban”.

El exhombre fuerte del PP siempre sospechó que Rosa Pérez podía ponerle en un aprieto. En 2013, una vicepresidenta de su equipo, Carlota Navarro, fue pillada por el asesor de Pérez, José Manuel Sanz, registrando su despacho. Sanz es una de las personas que colaboró en la recopilación de datos e información que desembocó en la demanda. 

Hacía tiempo que se habían convertido en receptores de escritos y documentos anónimos relatando irregularidades. Pero en 2014 recibieron el premio gordo a su labor de denuncia: A sus manos llegaron 10 horas de grabaciones efectuadas durante años por el entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se narraban encuentros fraudulentos, mordidas y un sinfín de indicios de la existencia de una red de comisionistas que alcanzaba a todas las administraciones valencianas. 

“Fue la última pieza del puzle. En cierto modo me generó una gran satisfacción porque soy abogada y tengo la mente criminal. Cuando estás llevando un caso y encuentras una prueba definitiva te sientes muy recompensada. Entonces fue cuando presentamos la denuncia, el último día de julio, 2014”. Fue el inicio de una investigación judicial y policial que desembocó el martes en la Operación Taula.

Pérez no sabe o no quiere explicar las razones de por qué esas cintas llegaron a sus manos. La sombra del exsuegro de Benavent, Mariano López, detenido el martes por la UCO, siempre ha estado detrás de esa divulgación. Al parecer, nunca perdonó al yerno que traicionase a su hija. Y así, entre la persistencia de una diputada roja y las ansias de venganza de un padre dolido, nació el caso que ha terminado por reventar por los cuatro costados al PP valenciano."               (El Confidencial, 30/01/16)

¿Qué hacemos con la corrupción?

"(...) si el nuevo gobierno se propone realmente combatir la corrupción con eficacia, me permito sugerirle una agenda compuesta por tres elementos principales: evitar errores, reducir las oportunidades para la corrupción y rebajar la percepción de impunidad. 

(...) una estrategia contra la corrupción equivale a una estrategia de buen gobierno, esto es, exige mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Y ésta no es una tarea sencilla. La prueba está en que sólo un puñado de sociedades del planeta ha conseguido construir un orden de gobernanza que deja poco espacio a la corrupción. (...)

En el caso español, la grave crisis económica iniciada en 2008 ha servido de catalizador para sacudir los cimientos de nuestro sistema político y ha avivado un profundo sentimiento de malestar con su funcionamiento que supone una coyuntura crítica favorable para introducir los cambios adecuados que permitirían mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Para tal fin necesitamos poner en marcha una estrategia que contenga los tres puntos a que me referido antes.

Para empezar, es muy importante evitar caer en errores frecuentes. Se trata de plantear el problema de la corrupción y el buen gobierno en sus justos términos: ni demasiado amplios, ni demasiado reducidos. 

Tan equivocado es ampliar el foco del problema a todo el orden constitucional de 1978 o poner en cuestión los límites de la comunidad política, como si una nueva constitución o la fragmentación del país en diversas comunidades nacionales fueran a mejorar la calidad del sistema político por sí solas, como reducirlo hasta la inacción frente a la corrupción o, lo que es incluso peor, a la realización de reformas cosméticas o lampedusistas que no entran al fondo del problema y sólo buscan dar la apariencia de que algo se hace a costa de generar más frustración y malestar.

El segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las oportunidades para la corrupción. Algunas instituciones públicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del interés general: se contratan trabajadores públicos despreciando los principios de mérito y capacidad y sometiéndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos públicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administración, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos públicos obtenidos para otros fines (financiación del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; etc. 

Se trata de poner fin a la colonización política de las administraciones públicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de las irregularidades posibles mediante la protección de los denunciantes. A su vez es necesario desarrollar programas de prevención adaptados a cada organismo público para la gestión adecuada de los conflictos de interés a que se vean expuestos sus integrantes.

Por último, debemos reducir la percepción de impunidad. Hay que reforzar los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos niveles nacional, autonómico y local, incluyendo todos los entes públicos). 

Para ello, es imprescindible vigorizar el papel de control del poder político por parte del sistema judicial. En este terreno hay mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y policía judicial; e incrementar su capacidad de acción dotándolo de más medios, reformando por completo el proceso penal (y no precisamente en la línea en la que ha ido el Ministro Catalá), alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupción e incrementando sus sanciones. 

Además, los demás mecanismos de control del poder del sistema político habrían de robustecer también su capacidad e imparcialidad: los órganos de control contramayoritario (como el CTBG, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la agencias reguladoras…), los medios de comunicación (despolitización de los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía autorizaciones y subvenciones), y la ampliación de los órganos de control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecución de la corrupción."                     (Fernando Jiménez Sánchez, El País, 27/06/16)