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23.9.15

La Guardia Civil destituye a un coronel y a un ex-jefe de Asuntos Internos por narcotráfico

 
 El coronel Ortiz Clavero, en una imagen de la revista de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil

"La Dirección General de la Guardia Civil decidió a primera hora de la tarde de este miércoles destituir de su puesto al alto mando de la Guardia Civil imputado por narcotráfico en un Juzgado de Granada. 

Una fuente oficial del Instituto Armado atribuyó el cese de Francisco García Santaella a la "pérdida de confianza de sus mandos". La decisión se produjo a las pocas horas de que eldiario.es revelara la situación judicial del coronel, cuya imputación tuvo lugar el pasado mes de marzo.  (...)

García Santaella ocupaba un puesto de libre designación en la Subdirección General de Personal. El coronel estará en su casa y dejará de cobrar los complementos propios del destino que tenía mientras se resuelve su situación judicial. La misma fuente oficial explicó que el coronel Santaella era objeto de una información reservada desde finales de marzo, cuando se tuvieron las primeras noticias de la investigación. (...)

La rápida reacción de la Dirección General tras la información de eldiario.es contrasta con la actitud mantenida con Santaella en los últimos tiempos, incluso cuando ya conocía que existían sólidos indicios contra él por tráficos de drogas. De hecho, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmó la concesión de la Cruz de Plata al Mérito para García Santaella el 2 de febrero de este mismo año. 

En ese momento, los agentes Antidroga de Granada llevaban tres meses acumulando indicios contra García Santaella y solo faltaba la imputación por parte del juez de Granada, que finalmente se produjo en marzo. (...)

La condecoración al coronel imputado se produjo a propuesta del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien ha destituido al coronel tras la información publicada. El imputado por narcotráfico trabajaba a escasos metros del político elegido por Mariano Rajoy para dirigir el Cuerpo.

Los primeros indicios contra el coronel fueron encontrados el 15 de noviembre pasado, cuando dos cabecillas de una banda de narcos identificaron a Santaella como su contacto en la Guardia Civil para la introducción de seis toneladas de hachís por la costa de Granada entre 2005 y 2006. Lo hicieron por separado, sin poder hablar antes entre ellos y con total coincidencia en su relato. También por separado reconocieron a García Santaella sin género de dudas entre las ocho fotos de hombres de similar edad y raza blanca que se les mostraron. (...)

Como informó este miércoles eldiario.es, García Santaella se disponía a ascender a general de la Guardia Civil de forma inmediata. Para ello, realizó el curso necesario entre el 28 de enero y el 15 de marzo de 2013. Solo resta la decisión “política” para que pase a lucir las tres estrellas en su uniforme, según las fuentes consultadas.

Las diligencias del caso apuntan a que Santaella  habría recibido 390.000 euros de su relación con la banda de narcos desarticulada en noviembre de 2008. El guardia civil, según el testimonio de los detenidos, cobró 120.000 euros por cada entrada de hachís por la costa que facilitó, tres en total. 

Los narcos habrían importado más de 6 toneladas en esas entregas. Además, Santaella habría sustraído en 2006 una incautación de la Guardia Civil y se la habría entregado a uno de ellos para que la vendiera y repartirse las ganancias a la mitad. El narco asegura que tardó dos semanas en poner el hachís en venta y ganar 60.000 euros, de los que 30.000 fueron al alto mando de la Guardia Civil.

Las fuentes del Cuerpo consultadas muestran su extrañeza por la trayectoria de Santaella. El hoy coronel es un elemento sospechoso desde hace años. De hecho, uno los narcos aseguró ante los agentes Antidroga que el propio Santaella le había dicho que se iba destinado a Madrid porque le estaban vigilando.

 Incluso describe un episodio de seguimientos por la unidad de Asuntos Internos en verano de 2006, hace nueve años.
La investigación a un alto mando de la Guardia Civil por narcotráfico ha dado un nuevo giro con la citación por parte de la jueza del caso de otro coronel, el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Benemérita Francisco Ortiz Clavero. 

Según informaron fuentes jurídicas, Ortiz Clavero deberá prestar declaración el próximo 19 de noviembre, en calidad de imputado, para aclarar por qué la investigación que realizó su unidad a Francisco García Santaella en 2006 nunca prosperó ni llegó a un juzgado.

García Santaella está imputado por pertenencia a una banda de traficantes de hachís, de los que habría recibido más de 480.000 euros durante su etapa como comandante en Granada. Próximo a ascender a general, solo fue suspendido de su último destino, en la Dirección General de la Guardia Civil,  cuando eldiario.es desveló el pasado abril la imputación por tráfico de drogas, cohecho y asociación ilícita, entre otros. Tres meses antes, Interior había condecorado al coronel imputado, a pesar de que ya constaban contundentes indicios en su contra. En el momento de la destitución, García Santaella aguardaba la orden política para ser ascendido a general.

La operación Golia era otra más de las que llevaba a cabo el Equipo contra la Delincuencia Organizada (EDOA) en Granada el pasado año. Hasta que los investigadores se detuvieron en una fugaz referencia a un tal ‘Padre’ entre las horas y horas de pinchazos telefónicos a los cabecillas de la red de tráfico de hachís. 

Tras su detención, éstos confesarían que con ese apelativo se referían a Francisco García Santaella, antiguo jefe de Policía Judicial e Información en la Comandancia de Granada y con el que habrían colaborado en el pasado para la introducción de al menos tres alijos con toneladas de hachís por la costa entre 2005 y 2006.

El relato de los narcos ha sido comprobado durante meses por los investigadores. Y en medio de ese relato, un pasaje de cuya importancia los agentes Antidroga se percataron de inmediato. Según uno de los cabecillas de la organización delictiva, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil andaba tras sus pasos en 2006, la época en la que el guardia civil y los narcos colaboraban. 

Asuntos Internos, al menos en el Instituto Armado, solo participa en investigaciones que afectan a miembros del Cuerpo. La conclusión era clara: alguien había investigado a García Santaella mucho antes que ellos.

El relato del narco David García, ‘Cani’, se remonta a finales del verano de 2006, cuando se percató de la presencia de un vehículo cerca de su domicilio que despertó sus sospechas. Tenía un parasol en la ventanilla derecha del asiento trasero y al día siguiente, el mismo parasol había sido colocado en el lado contrario. 

Así que decidió acercarse y pudo ver cómo unos cables salían del parasol e iban a parar a una pequeña mochila. Lo primero que hizo fue llamar a su presunto colaborador en la Guardia Civil, el comandante Santaella. Se entrevistaron en un centro comercial de Granada y el narco facilitó los datos del vehículo al guardia civil.

Según consta en el atestado policial, al que ha tenido acceso eldiario.es, ambos se despidieron, pero el comandante volvió a telefonear a los veinte minutos, citando a su interlocutor en el mismo centro comercial donde se acababan de encontrar. ”Le dijo que ese vehículo era de Asuntos Internos y que si alguna vez le preguntaban por su relación, dijera que era un colaborador de la Guardia Civil para el tema de alijos”, escriben los investigadores.

Como con el resto de las afirmaciones de los narcos sobre Santaella, los agentes del EDOA de la Guardia Civil comenzaron las comprobaciones. No tardaron en constatar que, según recoge una nota de interna ese día, agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil fueron sorprendidos por el ‘Cani’ cuando procedían a instalar un “medio técnico” en un coche oficial. Era 24 de septiembre de 2006.

También han encontrado la consulta que el comandante Santaella realizó a la Central Operativa de Servicio (COS) sobre la matrícula de ese coche. El COS informó al mando de que esa matrícula era reservada y que el vehículo pertenecía a la Secretaría de Estado de Seguridad. “El comandante hizo gestiones y supo que se trataba de un vehículo del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil”, añade el atestado.

Los agentes del EDOA claman en su atestado contra la “traición” del comandante: “De tal magnitud fue el riesgo al que el comandante sometió a los agentes de la Guardia Civil que en una ocasión llegó a manifestar a David que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil los estaba investigando (…) Dicha revelación comprometió la seguridad de los agentes participantes en esos operativos”.

La jueza tiene en su poder los informes de las investigaciones que Asuntos Internos realizó a Santaella entre 2006 y 2008, según fuentes de las pesquisas. Ahora quiere saber por qué todos los indicios recabados sobre el comandante fueron descartados por Asuntos Internos y nunca fueron entregados a un juez. 

De ahí que haya comenzado por llamar a declarar al máximo responsable de los guardias que investigan a otros guardias en la época en que se produjeron los hechos. Francisco Ortiz Clavero, entonces teniente coronel, está en la actualidad destinado en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, aunque se encuentra en la reserva.

'Modus operandi'

La investigación de los agentes Antidroga de la Guardia Civil ha incluido numerosos interrogatorios a los subordinados de Santaella en la época del coronel en Granada. Los investigadores han comprobado cómo el mando se inmiscuyó en la labor de sus subordinados y actuó de forma que levantó sus sospechas, sin que pasaran de ahí por las coartadas que construía desde su puesto de mando.

Los agentes han dividido el modus operandi de Santaella en dos tipos. En la primera, el mando comentaba a sus subordinados información obtenida de sus supuestos confidentes sobre entradas de hachís que se iban a producir. 

Pero no abría una investigación, ni informaba a la Fiscalía. Simplemente, organizaba un operativo, incautaba un alijo, formado por hachís de mala calidad, y al tiempo permitía que los narcos introdujeran otro sin ser detectados. Después cobraba 120.000 euros por entrada. Los agentes han documentado tres de ellas.

El segundo método era más básico. Con total impunidad, el comandante se acercaba al lugar de las incautaciones y se quedaba con parte de los alijos. Para garantizarse que no era descubierto, llegó a preguntar en una ocasión al guardia encargado de monitorizar las cámaras del SIVE si le podía ver desde su posición. Por este método, Santaella cobró 60.000 euros en dos ocasiones.

Según ha avanzado la investigación, los agentes han elevado el peso del coronel Santaella en la organización, “erigiéndose desde el principio entre los dirigentes". Según los investigadores, el entonces comandante daba "órdenes a la organización delictiva de cómo tenían que hacerse las cosas, pasando de forma inmediata a poner a disposición de dichos criminales a la gloriosa Institución de la Guardia Civil, así como la vida de los agentes y la estabilidad de sus familias”.

26.5.14

Dos juezas... acosadas. Se han llegado a “detectar seguimientos incluso desde vehículos oficiales” hacia estas juezas

 Estela San José (izquierda) y Pilar de Lara, junto a los juzgados de Lugo / pedro agrelo

"Marioneta, la venganza se sirve en plato frío, no te olvides de ello. Yo no me olvido”. El mensaje de amenaza apareció publicado en El Faro Verde, un polémico foro de la Red frecuentado sobre todo por agentes que administra la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

 Marioneta es Pilar de Lara. Uno de los nicks o pseudónimos de Internet que en algún momento usó para rastrear delitos. El autor del mensaje era 60Folios, un alias desde el que recibe constante “acoso e insultos” y tras el que, según ya ha informado el abogado de la magistrada al subdelegado del Gobierno en Lugo y al general de zona, se esconde un agente muy conocido en la ciudad, J.M.B., especializado en seguridad ciudadana y explosivos. “Penitencia, Marioneta, penitencia”, “te observo”.

Desde 2012, la juez que desmanteló una presunta mafia de proxenetismo y corrupción policial en la Operación Carioca, y removió los cimientos de una comandancia que lucía intachable bajo el Todo por la Patria, ha tenido que cambiar sus rutinas. 

Dejar un grupo al que acompañaba tocando la guitarra (su gran vocación), cambiar incluso varias veces la parroquia a la que iba los domingos con su marido. Y actualmente, según allegados, se mueve con escolta.

 Se la asignaron por las amenazas de cariz personal y contra su familia sufridas desde que mandó a prisión a los cabecillas de la trama, entre ellos el proxeneta José Manuel García Adán y el cabo de la guardia civil Armando Lorenzo Torre. 

Según fuentes de los juzgados, se han llegado a “detectar seguimientos incluso desde vehículos oficiales” hacia esta juez y Estela San José, instructora de casos tan sonados como la llamada trama de las multas y la Operación Campeón.

Las amenazas, vejaciones, insultos, pintadas denigrantes, calumnias difundidas para dañar (o hasta destrozar, como en el caso de San José) sus vidas privadas, las denuncias, los anónimos y los intentos de coacción se suceden apenas sin tregua desde que las titulares de los juzgados de Instrucción 1 y 3 de Lugo empezaron a imputar delitos a personas con poder, desde agentes hasta políticos y empresarios.

 En 2013 fue precisamente uno de estos últimos, Miguel García Gesto, imputado por el caso Pokémon, quien fue detenido por amenazar e insultar a De Lara en público.

 El calvario vivido por el acoso que padeció a través de los foros de Internet la magistrada del 3, Estela San José, quedó recogido en la declaración que prestó en el juzgado 1 tras denunciar a J.M.B., en marzo de 2009. 

El perseguidor, aquella vez, era el mismo guardia civil que, supuestamente, se esconde bajo el nick 60Folios, aunque entonces lanzaba sus ataques bajo otros disfraces, tales como Habemus o Tiodelavara, desde un cíber perfectamente identificado.

No es, de todas formas, el único que está bajo sospecha de utilizar los foros para ofender, amedrentar y descalificar el trabajo de las juezas o la dignidad de las víctimas de trata cuyos testimonios hicieron posible la Carioca: “La palabra de una puta no tiene la misma credibilidad que la de un agente del orden”, “si vende su cuerpo por dinero, ¿qué más puede ser capaz de hacer por unos billetes?”. 

Fuentes cercanas a las magistradas critican esta impunidad, la falta de apoyo institucional y la pasividad de los superiores en el instituto armado ante estos agravios que no cesan.

Los agentes del cuerpo comisionados en la Carioca, los colaboradores más próximos a Pilar de Lara, también son blanco de la campaña de hostilidad. Alguno de ellos recibió sucesivas amenazas de muerte vía Internet. Sus coches fueron atacados varias veces y ellos incluso tuvieron que exiliarse de la Comandancia después de que alguien intentase forzar la puerta de su despacho, probablemente para obtener información.

 Se refugiaron en el juzgado, y la propia juez tuvo que pagarles material de trabajo. El móvil que les habían facilitado para comunicarse con las testigos protegidas tenía un saldo mínimo que muchas veces no les permitía devolver las llamadas perdidas y comunicarse con mujeres en auténtico riesgo.

Actualmente, J.M.B., que fue denunciado por San José y se libró del juicio al límite tras reconocer los hechos, está de nuevo imputado, junto a dos personas más, en otro procedimiento penal por presunto delito de injurias, amenazas y calumnias contra las dos magistradas iniciado a finales de 2010 a petición del fiscal jefe de Lugo. 

En febrero de este año, por último, instruyó un atestado contra De Lara por presuntas prácticas irregulares.

 Al final reconoció su “enemistad manifiesta” con la juez y se abstuvo, pero la denuncia llegó a los juzgados en papel oficial de la Comandancia. “¿Alguien se cree que en un cuerpo jerárquico se puedan saltar el escalafón y presentar un atestado individualmente?”, apuntan las mismas fuentes judiciales.

 La “enemistad” con De Lara empezó a gestarse, según J.M.B., después de acudir a prestar declaración como testigo en la Carioca, en relación con la explotación sexual de una menor. Según él, se sintió acosado y padeció “un infierno”:

 “Me despierto cada mañana pensando que terminará imputándome algo”, describía en una denuncia que presentó en 2012. El propio agente llegó a asegurar que una tercera persona le ofreció 22.000 euros para ayudarle a acusar a las juezas, aunque, según dijo, nunca aceptó el dinero.

Al menos un par de años antes que con De Lara, Tiodelavara, representante sindical en el cuerpo, la emprendió con San José después de que la juez ordenase detener, en contra del criterio de los guardias civiles, a otro agente que había sido denunciado por violencia machista. 

 A partir de ahí, según relató la instructora en su momento, se dedicó a minar su relación con otro agente propagando infundios.

 Los rumores llegaron incluso a la Guardia Civil en Madrid. La gravedad de los mensajes, declaró San José, deterioró su vida de pareja hasta romperla. Fueron “dos años de auténtica tortura, de ver que la vida se viene abajo, que todo el mundo te señala y no por tu labor profesional”.

Un día, la juez sufrió en su despacho una crisis nerviosa. Tuvo que comenzar un tratamiento psicológico y tomar medicación. “Cuando se acusa de prevaricación a un juez, si es hombre se habla de dinero. 

En el caso de una mujer, se habla de camas”, sentenciaba la víctima. Y no debía de estar equivocada, porque también en el caso de De Lara algunos de los ataques responden a la misma estrategia. Aunque con menos éxito de público."                     (El País, 24/05/2014)

5.5.11

El jefe de Anticorrupción de los Mossos, imputado por un presunto trato de favor a narcotraficantes

"El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado al jefe de Anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, el subinspector Antoni Salleras, por un presunto trato de favor a narcotraficantes, a quienes podría haberles avisado de que él mismo les estaba investigando.

Junto al subinspector, el juez también ha imputado a cinco mossos más, en concreto, dos sargentos, dos cabos y un agente, que están acusados de seis delitos, entre ellos, obstrucción a la justicia, revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir delitos.

Treinta mossos y guardias civiles implicados

El juez, que había encargado a Salleras dirigir la investigación contra los narcotraficantes, sospechó que este le podría haber escondido información para proteger a un confidente policial llamado Manuel Gutiérrez Carbajo -implicado en la trama de corrupción de los prostíbulos Riviera y Saratoga-, a quien conocía desde hacía tiempo, por lo que le apartó del caso.

Después de una investigación por parte de Asuntos Internos de los Mossos se descubrió que un subinspector de los Mossos de Vilanova cobraba 1.000 euros al mes a cambio de favores a narcotraficantes. La trama investigada por el juez se remonta a la detención del narcotraficante Juan Miguel Bono por una compraventa de cocaína realizada en mayo de 2009 y ya hay implicados una treintena de agentes de los Mossos y de la Guardia Civil.

El consejero de Interior de la Generalidad, Felip Puig, ha cerrado filas con los agentes imputados, a los que ha calificado de profesionales de trayectoria “excelente” e “impecable”, ha destacado que todos ellos han sido “reconocidos, felicitados y condecorados”, y ha asegurado que defenderá “hasta el último momento su inocencia”, de la que está “plenamente convencido”. (lavozdebarcelona.com, 04/05/2011)

10.12.10

Un caso de narcotráfico salpica a agentes de todos los cuerpos en Catalunya

"Un antiguo confidente que destapó los casos de corrupción policial de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona) ha involucrado ahora a miembros de todos los cuerpos policiales, acusando a mossos d'esquadra, guardias civiles y urbanos, policías nacionales y hasta un funcionario de prisiones en una red de narcotráfico. (...)

La investigación, que se inició el año pasado, ha comportado hasta ahora la imputación de una quincena de guardias civiles y tres mossos d'esquadra, uno de ellos sub-inspector de Vilanova i la Geltrú, que aún sigue en prisión.

Estos mossos d'esquadra imputados están acusados de haber recibido dinero y regalos a cambio de facilitar información a una red de narcotraficantes o de avisarlos de operaciones policiales en marcha contra ellos.

En la causa judicial, se ha investigado también a varios agentes de policías municipales y diversos policías nacionales, aunque de momento no hay ningún imputado porque no hay indicios claros de su participación delictiva.

El Juzgado de Martorell,que dirige la investigación, también ha imputado a un funcionario de prisiones de la cárcel Can Brians de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) que presuntamente habría aceptado un soborno a cambio de un trato de favor hacia la trama delictiva.

La investigación se inició a raíz de las sospechas de irregularidades en un atestado policial instruido por la Guardia Civil tras la incautación de un alijo de droga a un traficante de la comarca barcelonesa del Vallès, lo que comportó la imputación de una quincena de agentes de la Benemérita. (...)

Las escuchas telefónicas al confidente policial, testimonio clave en la desarticulación de las tramas de corrupción vinculadas a los macroprostíbulos Riviera y Saratoga, desveló que la banda había robado 400 kilos de cocaína de un alijo decomisado en el puerto de Barcelona. Asimismo, puso bajo sospecha a los mandos de los Mo-ssos d'Esquadra, así como a policías nacionales y a cargos de la Administración.

Además, en su declaración judicial, antes de quedar en libertad bajo fianza de 50.000 euros, el antiguo confidente policial, que fue despedido por su detención, involucró a otras personas, entre ellas cargos públicos de los que ahora será el juez quien decida sobre su posible imputación." (Público, 10/12/2010)

9.12.10

La crisis eleva la corrupción en todo el mundo

"La crisis ha espoleado la corrupción en los últimos tres años en todo el mundo, especialmente en Norteamérica y Europa, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). En el top ten de los corruptos, la organización coloca a Afganistán, Nigeria, Irak e India, seguidos de China, Rusia y gran parte de Oriente Próximo.

El documento destaca que el 73% de los ciudadanos encuestados en Europa y el 67% de los interrogados en América del Norte consideran que este tipo de delitos económicos ha aumentado en el último trienio en sus respectivos países.

En contraste, el promedio mundial de los que creen que la corrupción se ha incrementado en este período se sitúa en el 56% -seis de cada 10 ciudadanos-, mientras que el 30% piensa que se ha mantenido y sólo un 14% entrevé una mejoría. Uno de cada cuatro encuestados reconoció haber pagado sobornos en el último año, en la mayoría de los casos a la policía. (...)

Este estudio, distinto al Indice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático. En esta edición, el Barómetro Global de la Corrupción se centra, entre otros asuntos, en la percepción pública de la transparencia de las instituciones.

La ONG alemana, que ha entrevistado a 91.500 personas de 86 países y territorios, califica de "triste" que ocho de cada diez encuestados a nivel global consideren que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el funcionariado público y los órganos legislativos nacionales.

No obstante, siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50% en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo. "El mensaje de este Barómetro de 2010 es que la corrupción es insidiosa. Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar", asegura Labelle." (El País, 09/12/2010)

25.11.10

Cae una red mafiosa de policías y funcionarios de prisones en Barcelona

"Los trabajadores ayudaban a un grupo criminal kosovar dedicado al tráfico de drogas y la explotación de mujeres.

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Barcelona una organización criminal formada por delincuentes de origen albanokosovar que contaban con la valiosa ayuda de funcionarios públicos. La operación, que sigue abierta, se dirige contra una red dedicada al tráfico de drogas, la extorsión y la explotación sexual de mujeres.

Entre los arrestados hay dos funcionarios de prisiones que trabajan en las cárceles de Lledoners y Quatre Camins y que ahora permanecen detenidos en comisaría por colaborar con los delincuentes. Lo mismo ocurre con otros dos policías locales de Badalona.

Entre los arrestados podría haber otros dos policías más de un municipio del área de Barcelona, aunque esta información aún no ha podido ser confirmada porque la operación sigue abierta y el caso está bajo secreto de sumario. (...)

De hecho, los funcionarios se dejaron corromper, presuntamente, dentro de las cárceles. Además de este supuesto trabajo de "espionaje" para los kosovares, los funcionarios realizaban otro tipo de encargos a petición de la banda que incluían, según las mismas fuentes, amenazas y extorsiones." (El País, 25/11/2010)

21.10.10

Una operación antidroga salpica a la oficina antifraude

"El juez decreta prisión provisional para el subjefe de la comisaría de los Mossos de Vilanova i la Geltrú, detenido el viernes por una operación antidroga en las comarcas de Barcelona. Otro de los imputados ha implicado en la trama el director del área de análisis de la oficina antifraude de la Generalitat y también periodista, Carles Quílez.

Dos mossos han quedado en libertad tras pagar fianzas que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros. En subjefe de la comisaría de los Mossos de Vilanova, el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho y revelación de secretos.

También ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para un confidente de la policía, el narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo. Según informaron a Catalunya Ràdio y Catalunya Informació fuentes cercanas al caso, Gutiérrez Carbajo, en su declaración de ayer ante el juez, implicó en el caso Carles Quílez, director del área de análisis de la oficina antifraude de la Generalitat.

Quílez, cuando ya ocupaba este cargo, lo habría alertado que la policía lo estaba investigando y que tenía los teléfonos pinchados. Además, habría recibido varios regalos, pero antes de estar en la oficina antifraude, cuando ejercía de periodista." (e-noticìes, 21/10/2010)

17.6.09

El caso de Dimas y la isla del 10%

"El fundador del PIL dirigía supuestamente desde la cárcel, con un móvil y un portátil, una red de cobro de comisiones ilegales en Lanzarote .

Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), había abierto despacho en su celda. Allí acudían políticos de todas las fuerzas de la isla para negociar pactos en ayuntamientos y cabildos de la isla. Aunque parezca increíble, este veterano político disponía en la cárcel de teléfono móvil y ordenador portátil, lo suficiente para presuntamente convertirse, tras los barrotes de su celda, en el gran muñidor de una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Ayuntamiento de Arrecife e incluso de Yaiza, de forma que se llegaba a decir que Lanzarote era la isla del 10%, el porcentaje que se cobraba por dar el visto bueno o acelerar un proyecto. (...)

Todas las obras de Arrecife, bajo mandato socialista, las controlaba el PIL. También controlaba Hacienda y la redacción del nuevo Plan General. Los más de 22 millones llegados del Plan E de Zapatero y de inversiones del plan de barrios también han podido hacer girar la máquina registradora del PIL."No sabíamos que Dimas actuaba como un capo de la mafia", asegura Carlos Espino, el secretario general de los socialistas conejeros al semanario Lancelot de esta misma semana. (...)
Y nadie en la isla cree que una operación como ésta hubiera podido ser ejecutada por alguien de la isla de toda la vida, por alguien que hubiera tenido contacto o conociera el poder insular de Dimas Martín y de su red de contactos. De hecho, la Operación Unión está coordinada por un juez y un fiscal relativamente nuevos en la isla (César Romero e Ignacio Stampa), que han guardado el sumario en un cofre con siete llaves, junto a toneladas de material incautado en oficinas, hogares y despachos profesionales.
"Esto no habría sido posible con alguien que llevara algo de tiempo aquí; por eso hasta han traído a la Guardia Civil en aviones", insisten varios testigos, que según sueltan la frase piden que su nombre quede en el anonimato, no vaya a saberse quién abre la boca en una isla donde se conocen todos. Todo eran sospechas en Lanzarote, la isla del tesoro, pero en este territorio de fuego se aplicaba el Ensayo sobre la ceguera mucho antes de que Saramago decidiera convertirla en su hogar. Dimas Martín sigue preso." (El País, ed. Galicia, España, 14/06/2009, p. 26)

26.3.09

Eran policías, eran asesinos, eran mafiosos

"Los neoyorquinos Louis Eppolito y Stephen Caracappa perpetraron casi todos los crímenes que se suele atribuir a los mafiosos: blanquearon dinero, traficaron con drogas, extorsionaron y asesinaron. Cometieron todos sus delitos parapetados tras un carné de intocables: ambos fueron detectives del Departamento de Policía de Nueva York entre finales de los años 60 y principios de los 90, lo que les permitió trabajar para una de las familias mafiosas neoyorquinas, el clan de los Lucchese. Ambos navegaron impunemente por el río delictivo que dejaron a su paso en una época en la que la corrupción policial era rampante. (...)

El pasado viernes, los dos policías más corruptos de la historia de Nueva York, que se hallaban en prisión desde 2006, fueron condenados a cadena perpetua y a pagar multas de más de cuatro millones de dólares (3,15 millones de euros) por ocho asesinatos, dos intentos de asesinato, extorsión y venganza contra testigos, blanqueo de dinero y tráfico de drogas, entre otros delitos.

Inexplicablemente, tanto Caracappa, de 67 años, que irónicamente fue uno de los detectives más condecorados de su época, como Eppolito, de 60 años, aún siguen cobrando su pensión como policías: 5.313 dólares al mes el primero y 3.896 dólares el segundo.

Ambos se jubilaron a principios de los años noventa, aunque continuaron a sueldo de los Lucchese, primero en Nueva York y después en Las Vegas hasta su detención, en 2005. Fue la declaración de otro empleado de la mafia, Burton Kaplan, quién provocó su detención y un juicio fulminante que llevó a un jurado popular a declararles culpables en abril de 2006. (...)

Pero a lo largo de su vida laboral Caracappa y Eppolito también cobraron una media de 3.000 dólares mensuales sólo por estar en nómina de los mafiosos, según la sentencia. El propio Anthony, Gaspipe, Gasso, uno de los lugartenientes de la familia Lucchese, dijo en 1994 que se había gastado 375.000 dólares en sobornar a la pareja de policías para que ejecutaran contratos (asesinatos).

¿Cómo llegaron ambos agentes de la ley a convertirse en mercenarios de los mafiosos? Es fácil imaginárselo. Eppolito creció en Nueva York, seno de la Cosa Nostra, en una familia relacionada con el clan de los Gambino, y aunque llegó a publicar un libro titulado Mafia Cop (Poli de la mafia), en el que explicaba como había escogido el camino "de la ley" para huir del destino delictivo que marcaban sus genes, las primeras sospechas de las autoridades neoyorquinas sobre sus prácticas corruptas se remontan a principios de los ochenta.

Caracappa comenzó a trabajar con él a principios de aquella década, y desde entonces hasta su jubilación fueron pareja de hecho laboral en el departamento de homicidios de la policía de Nueva York. Tras retirarse, ambos siguieron trabajando para los Lucchese. Eppolito, llegó incluso a ejercer de mafioso en películas sobre el asunto como Uno de los nuestros, de Martin Scorsese. No le debió costar mucho aprenderse el guión." (El País, ed. Galicia, Internacional, 08/03/2009, p. 6)

8.1.09

Afganistán: Los sobornos van desde 70.000 euros para ser jefe de policía hasta los 2.800 para salir de la cárcel

"Todo tiene un precio en el violento Afganistán. ¿Quiere ser jefe de la policía provincial? Le costará 100.000 dólares (70.000 euros). ¿Quiere transportar combustible con camiones por todo el país? Esté preparado para pagar 6.000 dólares (4.000 euros) por vehículo, si no quiere que la policía se chive a los talibanes. ¿Quiere resolver extrajudicialmente una disputa sobre la titularidad de una propiedad? Tenga a mano 25.000 dólares (18.000 euros), aunque algunos jueces le pedirán más.

"Es una pena, pero probablemente pagaré el soborno", afirma Mohamed Naim, un joven profesor de inglés. Su hermano está detenido y la policía pide 4.000 dólares (2.800 euros) para liberarle. "Todo es posible en este país. Todo", añade. La corrupción ha invadido Afganistán y su Gobierno, mantenido a flote gracias a la ayuda de Estados Unidos y otros países. Desde el más insignificante policía de tráfico hasta la familia del presidente Hamid Karzai, el Estado construido hace siete años tras la expulsión de los talibanes parece existir para que se enriquezcan los que lo dirigen.

Según diversas investigaciones, varios altos cargos de la Administración -incluido uno de los hermanos del presidente, Ahmed Wali Karzai- están relacionados con el tráfico de opio. En las calles y en las oficinas gubernamentales es difícil realizar un trámite sin tener que pagar un soborno, un regalo o, en el caso de un mendigo, harchee, es decir, lo que lleve en el bolsillo. (...)

"Los políticos de este país se han hecho con todo: dinero, montones de dinero", reconoció Karzai en noviembre. "Dios sabe que se ha superado el límite. Bancos de todo el mundo están llenos de dinero de nuestros funcionarios", añadió. (...)

"Este Gobierno ha perdido la capacidad de gobernar, porque el control está en manos de un gabinete en la sombra", cuenta Ashraf Ghani, ex ministro afgano de Finanzas. Dejó su cargo en 2004, según él, porque el Estado estaba bajo el control de los narcotraficantes. "Este narco-Estado se ha consolidado", dice. (...)

En el barrio de Sherpur, en la capital, se huele la corrupción más que en ningún otro sitio del país. Antes de 2001, era una colina sin edificios. Hoy, es el lugar más rico de Afganistán, con ostentosas y grandiosas mansiones valoradas en cientos de miles de dólares. Los afganos suelen llamar a estos inmuebles casas amapola (en referencia a la planta con la que se produce el opio). El barrio ha sido bautizado, con ironía, como Char-pur (la ciudad del saqueo). Lo más destacable de Sherpur es que algunos de los propietarios de estas viviendas son funcionarios del Gobierno, cuyos sueldos no dan para vivir en un sitio como éste ni dos días.

Una de las propiedades pertenece a Abdul Jabbar Sabir, un ex fiscal general que se hizo popular por declarar una yihad (guerra santa) contra la corrupción. Después de que Karzai le destituyera el año pasado, empezó a circular un vídeo en el que aparecía borracho y bailando y que fue un escándalo. Ahora, vive en Canadá y su casa en Sherpur se puede alquilar por 5.000 dólares mensuales.

Mientras tanto, el jefe de la policía de Kabul, Mahamed Ayob Salangi, es propietario de una mansión aún más grande, decorada con largas columnas y una enorme fuente. Se alquila por 11.000 dólares al mes. El sueldo de Salangi no es público, pero, a modo de comparación, el presidente Karzai gana unos 600 dólares al mes.

Amin Farhang, ministro de Comercio, explica en una larga conversación en el salón de su casa, que pasó dos años intentando despedir al responsable de otorgar las licencias de apertura de nuevos negocios, que lo hacía a cambio de una suculenta comisión. No logró deshacerse de él porque, según Farhang, sobornaba a otros miembros del Gobierno para que no lo echaran. (...)

La corrupción es palpable en los juzgados del centro de Kabul. Farooq Farani lleva siete años intentando recuperar la titularidad de su casa. La abandonó en 1990, cuando empezó la guerra civil y tuvo que salir del país. Cuando volvió, en 2001, tras la caída del régimen talibán, un extraño ocupaba la vivienda. "Mi casa vale 50.000 dólares y me han dicho que tengo que pagar 25.000 para recuperarla", cuenta.

La corrupción puede ser endémica, pero si existe alguna esperanza está en gente como Farani, que se niega a pagar el soborno. "Es una cuestión de principios. No pagaré. ¡Nunca!", asegura. "Pero no tengo mi casa y no sé si alguna vez la recuperaré". (El País, ed. Galicia, Internacional, 03/01/2009, p. 6)

11.12.08

¡Al rico escaño en el Senado norteamericano! ¡Barato, barato...!

"Detenido el gobernador de Illinois por vender el escaño de Obama en el Senado. (...)

El gobernador, que tenía la potestad de elegir por Illinois al sucesor de Obama, intentó "subastar" el puesto a cambio de dinero o de la Secretaría de Sanidad en Washington. Después de la victoria del demócrata, el 4 de noviembre, Blagojevich declaró que la designación de su sustituto en el Senado llevaría tiempo porque habría que tener muy en cuenta los intereses del Estado. En una conversación telefónica con su jefe de gabinete, el gobernador reconoció que Obama quería un candidato específico para el Senado, pero dijo: "No está dispuesto a darme nada más que las gracias. ¡Que se joda!".

En unas conversaciones telefónicas, Blagojevich asegura que necesita dinero para su familia y cifra la suma de lo que considera apropiado entre unos 250.000 y 300.000 dólares (entre 192.600 y 231.000 euros). En otras, Blagojevich habla con su jefe de gabinete de una persona a quien denomina "candidato número cinco", dispuesta a pagar medio millón de dólares.

El gobernador había puesto el cargo a disposición del "mejor postor", según el fiscal. En el caso de que nadie quisiera el puesto a cambio de dinero o de cargos políticos, podría asumirlo él mismo para mejorar su imagen con vistas a las presidenciales de 2016. "[El escaño] es algo jodidamente valioso, no te deshaces de ello por nada". "Puedo mantener la opción de escaño para mí y así conseguir una buena ganga", dijo en conversaciones privadas." (El País, ed. Galicia, Internacional, 10/12/2008, p. 4)

"En 1988, el FBI tuvo que desplazarse a la ciudad para investigar acusaciones de fraude por parte de una red compuesta por 17 jueces locales, 48 abogados, ocho agentes de policía y un congresista. En total, 87 personas se declararon culpables de haber aceptado sobornos para exculpar a personas sospechosas de crímenes como compra de votos, coerción política, obstrucción a la justicia y narcotráfico.

Otro gobernador de Illinois, Otto Kerner, acabó en la cárcel en 1973. La empresaria Marge Lindheimer Everett reveló que había sobornado a Kerner para obtener dos salidas de autovía en los dos circuitos de carreras que regentaba en los suburbios de Chicago. Y lo hizo involuntariamente. Se descontó el soborno de su declaración de impuestos al pensar que era un procedimiento normal y necesario en la política de Illinois. Así fue como el Gobierno federal tomó cartas en el asunto." (El País, ed. Galicia, Internacional, 10/12/2008, p. 4)

27.6.08

La "coca" vuela barato

Cae la banda de la 'coca' de bajo coste. Detenidas 47 personas por tráfico de drogas, entre ellas un subinspector y empleados del aeropuerto de Barajas.

Ha costado dar con ella pero al final ha caído. Ocho meses ha necesitado la policía para desmantelar una red de tráfico de drogas e inmigración clandestina que operaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Entre los 47 arrestados está un subinspector de policía de la comisaría del municipio de Torrejón de Ardoz, que está acusado de distribuir estupefacientes en los dos locales que regentaba junto con su compañera sentimental. También han sido detenidos trabajadores del manejo y distribución de maletas y de una empresa de vuelos de bajo coste, que eran los encargados supuestamente de despistar los equipajes con los narcóticos, fundamentalmente cocaína, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid. (…)

La banda estaba distribuida en dos grupos. Una parte se movía en Valencia y la otra en Madrid. En la primera fueron detenidas 17 personas, entre las que estaba el máximo responsable, Juan José C. T. Los primeros arrestos de Madrid se produjeron el pasado 11 de junio, cuando se intervino un paquete postal y una maleta procedentes de Caracas. Su destino era Ibiza, pero los trabajadores de Barajas intentaron despistarla para extraer el estupefaciente, 17.235 gramos de cocaína de gran pureza. Los agentes arrestaron a nueve personas, todas relacionadas con la carga y descarga de Barajas, repartidores de maletas o trabajadores de empresas de paquetería, según la policía.

La segunda fase de los arrestos en Madrid se dirigió a empleados de una empresa de vuelos de bajo coste, que vieron que podían usar su empleo para introducir droga en España. Se intervinieron 33 kilos de cocaína en vuelos procedentes de Perú y de Bruselas (Bélgica). El estupefaciente estaba destinado al grupo afincado en Torrejón de Ardoz. Éste lo formaban, además del subinspector y su compañera, trabajadores del aeropuerto, conductores de autobuses, coordinadores de turnos y maleteros. El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 26 de los 47 detenidos.” (El País, ed. Galicia, España, 26/06/2008, p. 20)

7.4.08

Como se incrimina a un inocente

La Guardia Civil desobedeció al juez para fabricar el caso contra Isadora.

CRONOLOGÍA DEL INICIO DE UNA PERSECUCIÓN

- 16 de febrero de 2007. LA GUARDIA CIVIL LLEGA A LA CLÍNICA ISADORA: Dos guardias civiles del Seprona acuden a la Clínica Isadora para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos del centro. El camión de una empresa de gestión de residuos estaba en esos momentos recogiendo algunos contenedores. La Guardia Civil ordena su precinto e inmovilización, rompiéndose así la cadena de frío.Ese mismo día los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid para pedir autorización para abrirlos. El juzgado (número 6 de Instrucción) lo deniega ante la falta del "mínimo indicio" de la comisión de algún delito. Pide a la Guardia Civil que se abstenga de hacer "elucubraciones".

- 17 y 18 de febrero. EL SEPRONA DESOBEDECE AL JUEZ: Los residuos siguen precintados a pesar de la decisión del juez de guardia. La Guardia Civil no informa a la clínica de lo ocurrido y mantiene los contenedores inmovilizados y fuera de la cadena de frío.

- 19 de febrero: INTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRIDLa Guardia Civil acude a la Comunidad de Madrid para proseguir con la investigación ante la negativa judicial. Después de muchas llamadas telefónicas consiguen que la consejería de Sanidad se comprometa a retirar los contenedores.

- 20 de febrero. (1ª parte) SE ABREN LOS CONTENEDORES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL: Un jefe técnico de la comunidad Juan Raúl Sanz Jiménez dice que se deben retirar los envases porque, al estar fuera de la cadena de frío -situación que ha provocado el Seprona, y no la clínica Isadora- puede haber algún riesgo sanitario. Los contenedores salen camino de un tanatorio privado de Alcobendas. Allí son abiertos en presencia del jefe técnico de la consejería de Sanidad, dos guardias civiles -se desconoce en calidad de qué, es decir, si era ya sólo un asunto sanitario de la comunidad- y un médico del tanatorio. Los agentes llaman por teléfono, en mitad del proceso, al juzgado de guardia de Alcobendas. No hay ninguna constancia por escrito ni se sabe con qué juez hablaron. En los escritos de la Guardia Civil solamente se hace referencia a que obtuvieron una especie de autorización verbal. En caso de haberse producido tal conversación, no comunicaron que un juez de Madrid ya había denegado la petición, pues esta supuesta "juez de guardia" de la que hablan les dijo que se diera cuenta "al juez del lugar de los hechos"; es decir, Madrid.

- 20 de febrero. (2ª parte) EL SEPRONA BUSCA OTRO JUEZ: En los contenedores aparecen, entre otras cosas, cinco fetos y cuatro restos fetales conservados en formol que la Guardia Civil considera que son "de entidad suficiente" y que pueden tener más de 22 semanas, límite de la Clínica Isadora para la práctica de abortos. Requisan estos restos e incineran lo demás. Los agentes del Seprona vuelven, una vez más, a los juzgados de Plaza de Castilla a contar el caso, con un nuevo atestado. Omiten que ha sido archivado días atrás por el número 6. El juzgado de guardia en ese momento autoriza el examen de los fetos y el atestado recae por reparto en el 47.

- 23 de febrero. EL SEPRONA LOGRA ENCONTRAR OTRO JUEZ: El titular del juzgado de instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre unas diligencias previas. Cuatro días después de su primer intento y gracias al tercer juez con el que prueba, el Seprona logra que el caso se judicialice.

- 2 de marzo. LA GUARDIA CIVIL VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE PIDE EL JUEZ: El magistrado del 47 pide a la Guardia Civil que "identifique" a las pacientes que aparecían en las etiquetas de los botes de formol y al personal que trabaja en la clínica.La orden judicial la reciben el 9 de marzo. Antes, desde el día 2, la Guardia Civil ya estaba llamando a estas mujeres. Y también a otras que aparecían en la hoja de consulta de una tarde de un médico encontrada entre los residuos de las clínicas. Las llamaron a todas como testigos -en algunos casos acudieron directamente a sus casas-. Incluso en los supuestos en los que aparentemente solamente podía haber una vulneración de la normativa de protección de datos, les preguntaban que si habían abortado, los motivos, etcétera.

- Desde marzo de 2007. LOS FETOS NO TIENEN MÁS DE 22 SEMANAS: El Anatómico Forense dice que no puede determinar con total exactitud la edad gestacional de los fetos. De los nueve, en siete casos se afirma que están por debajo de las 22 semanas. Hay dos que no están claros, pero según la longitud del fémur estarían por debajo. El juez, sin embargo, sigue con la investigación. La clínica pide que el procedimiento pase al juzgado 6, el primero que se encargó de él. La propuesta tiene el visto bueno del fiscal. El juez Sierra dice en un auto que el caso es suyo. Sigue investigando.” (El País, ed. Galicia, sociedad, 04/04/2008, p. 40/1)

14.3.08

Proverbio árabe: Si estás más de 40 días con ellos, te conviertes en uno de ellos

“Los policías 'antimafia' detenidos en Málaga, incomunicados en comisaría. Uno de los arrestados está pendiente de juicio por facilitar la huida de un 'narco'.

Los cuatro inspectores de la unidad antimafia del Cuerpo Nacional de Policía en la Costa del Sol detenidos el martes pasaron ayer el día incomunicados en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga a la espera de ser puestos, previsiblemente hoy, a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que investiga el caso. (…)

En el caso también se investigan posibles vínculos de los agentes arrestados con clubes de alterne de la Costa del Sol, según fuentes policiales. Los agentes especializados en crimen organizado se mueven a menudo por prostíbulos. Es precisamente en estos sitios, frecuentados por los grupos mafiosos para cerrar tratos o celebrar sus éxitos, donde los agentes antimafia tienen algunas de sus mejores fuentes de información.

El policía arrestado de más alto rango es el inspector jefe Alfredo Marijuán, máximo responsable de la sección de crimen organizado de la comisaría malagueña y una verdadera leyenda dentro del cuerpo por las numerosas bandas de delincuentes que ha desmantelado. Sin embargo, sus métodos de trabajo le han ocasionado algún dolor de cabeza. Marijuán está pendiente de un juicio en la Audiencia de Málaga en el que el fiscal le pide 18 meses de prisión y 11 años de inhabilitación por favorecer presuntamente la fuga de un traficante de drogas italiano afincado en Benalmádena. (…)

…la noticia ha creado una gran zozobra entre la plantilla. "Hay un desconocimiento muy grande de cómo se investigan las mafias. Luchar contra el crimen organizado requiere en ocasiones bordear la legalidad", afirman varias fuentes policiales. "A partir de ahora, cuando nos digan los jefes que bajemos a las cloacas, nos lo pensaremos dos veces", añaden.” (El País, ed. Galicia, España, 13/03/2008, p. 21)

“La mafia policial de Málaga vendía datos confidenciales. Los agentes practicaban registros ilegales para robar.

Según fuentes jurídicas, las presuntas actividades ilegales del grupo policial eran las siguientes: robaban bienes incautados en registros legales mientras estaban bajo custodia policial; registraban domicilios sin orden judicial. Tal entrada ilegal les permitía robar a placer bienes de personajes del hampa, que difícilmente podían quejarse, precisamente por vivir al margen de la ley, y se creían objeto de una auténtica investigación policial auténtica.

Además, según la investigación, grababan vídeos y obtenían datos confidenciales de personas para revenderlos a terceros. Investigaban a personajes de la Costa del Sol sin causa judicial alguna. Volcaban todo su potencial de agentes especializados en delitos económicos en sus fines privados y por ello no les resultaba difícil obtener datos fiscales o bancarios para pesquisas que luego fingían fallidas. Actuaban como detectives privados bajo uniforme policial y como tales vendían su información al mejor postor.

En otras ocasiones, esta red hacía la labor contraria. Cuando no desarrollaba sus investigaciones privadas, obstruía las pesquisas oficiales o alertaba de ellas a sus clientes. O, sencillamente, miraba para otro lado cuando conocía delitos. Tal pasividad también tenía un precio. "El precio de tal labor ilegal fue un reguero de sobornos", según los investigadores.

El blindaje de los delincuentes amigos y clientes se cerraba con el papel de la traductora de la comisaría de Marbella, también detenida, ya que entre lo que confesaba el detenido y la traducción que recibía el juez había todo un mundo: los hechos más sangrantes desaparecían o se perdía la traducción. (…)

Frente a las críticas sindicales vertidas contra tales detenciones ("se les trata como a terroristas"), el director adjunto operativo se mostraba ayer perplejo. "Me duele que algunos sindicatos critiquen esta operación sin conocer los hechos que encierra", manifestó a este diario. Fernández Chico deshace toda interpretación de esta redada como fruto de guerras entre clanes policiales. "No es que yo avale esta operación. Es que la dirijo yo porque Asuntos Internos depende de mí. Y un policía corrupto es peor que un delincuente porque es un delincuente que se aprovecha del cargo de servidor de la ley. Y no vamos a tener ninguna contemplación ante tales conductas. ¿Cuál es la crítica? ¿Que a los policías no se les puede detener? ¿Que hay que detenerlos de forma distinta que a cualquier ciudadano sospechoso de violar la ley?". (El País, ed. Galicia, España, 14/03/2008, p. 22)

22.2.08

Así roba cocaína cualquiera

“Imputados por el robo de 400 kilos de cocaína cinco guardias civiles, un policía y un ex agente. Un delincuente 'arrepentido' aporta datos incriminatorios en Barcelona.

Un ex inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, cinco guardias civiles y un jefe de policía local han sido imputados por una juez de Barcelona por su presunta relación con el robo de 400 kilos de cocaína depositados por el buque Hispanota en un contenedor en el puerto de Barcelona en enero de 2005. (…)

El contenedor saqueado durante la madrugada del 24 de enero de 2005 estaba custodiado por la Guardia Civil desde el 16 de diciembre de 2004 por sospecharse que contenía gran cantidad de cocaína camuflada entre una carga de gambas. La DEA norteamericana había alertado del envío de ese contenedor -que albergaba más de 1.000 kilos de droga- desde Venezuela. Pese a eso, los ladrones actuaron con total tranquilidad, sabedores de que la vigilancia de la Guardia Civil era "mínima". (…)

El caso permaneció paralizado durante más de dos años hasta que la Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo de las diligencias y, a través de un informe fechado el pasado día 4, instó a reabrir la investigación.” (El País, ed. Galicia, España, 21/02/2008, p. 24)

22.1.08

¡Pa qué devolvérselos a sus dueños! ¡Si se los van a volver a robar!

“Conil tarda una semana en destituir al jefe de policía arrestado por vender coches robados.

Francisco Luis González habría comerciado con los coches recuperados tras haber sido robados a sus dueños. En lugar de devolver el automóvil a su legítimo propietario, el responsable policial notificaba un falso fracaso en las pesquisas y, posteriormente, vendía el vehículo en el mercado negro.” (El País, ed. Galicia, España, 17/01/2008, pp. 26)

21.1.08

Corrupción en la Interpol ¿Quién da más?

“El presidente de Interpol, el surafricano Selebi, dimite por un caso de corrupción. (…)

Según los elementos que justifican esa acusación, Selebi presuntamente recibió pagos por valor de 1,2 millones de rands (unos 114.000 euros) de parte de Glen Agliotti, un hombre de negocios condenado por tráfico de droga, para proteger sus actividades delictivas.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 14/01/2008, pp. 13)