"El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular.
Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que,
según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro
de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor de la
pandemia), Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) se reuniría con terceras personas “en la sede del partido tal”
para, supuestamente, tratar sobre la reclamación de la Administración
de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que
canalizaba las mordidas.
“Esta afirmación, unida a que Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid],
se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar
del referido asunto”, aseguran los agentes, cuyas pesquisas obran en
poder del sumario del magistrado Ismael Moreno. No obstante, ambos
interlocutores “no muestran mucha esperanza en que este asunto se
solucione, afirmando Cueto: Estamos ya de los nervios no, lo siguiente”, de lo que se vuelve a evidenciar la preocupación del presunto comisionista por el problema de la mercantil Soluciones de Gestión.
“Al hilo de lo anterior, se informa de que por parte de esta Unidad
se realizó un control de actividades sobre Koldo ese día, exponiéndose a
continuación los hechos de interés en relación a los indicios
desarrollados en el presente epígrafe”, asegura el informe policial.
“Adicionalmente, cabe mencionar que, a instancias de esta Unidad, el día
9 de enero de 2024 el magistrado autorizó captación y grabación de las
comunicaciones orales directas mediante un sistema de grabación de
sonido ambiente digital en las reuniones que mantuviesen Cueto, Koldo, Aldama yRodríguez García,
entre ellos y/o con terceras personas que se produjesen desde el día 9
de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2024”. Con estas pesquisas se
trataba de determinar si entre esos terceros había más políticos
implicados.
Así las cosas, a las 08.35 horas del día 10 de enero de 2024, la Guardia Civil observó la llegada de Koldo a la estación de tren de Chamartín de Madrid. Una vez allí, el empresario Ignacio Arjona Morell le recogió en un vehículo Audi Q8”.
Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión en la cafetería
Gallofa&CO ubicada en Paseo de la Habana de Madrid, donde
permanecieron reunidos desde las 09.10 hasta las 09.43 horas. Arjona ha
trabajado para compañías como Sacyr y Ferrovial, que ha tenido a su
cargo proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El
Prat o la construcción de los túneles del AVE en Guadarrama o Pajares.
Desde su nuevo cargo en Grupo Avintia, ha dirigido la división de
Construcción e Industrial, reforzando el área e impulsando nuevas áreas
de negocio como la obra civil, proyectos de infraestructuras y energía.
Además, de los audios interceptados se desprende que “son claras las
advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto.
Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado
‘20 kilos’, a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas
con los contratos investigados”, añade el sumario.
“Continuando con el control de actividades realizado sobre Koldo el
día 10 de enero de 2024, a las 16.32 horas, el asesor de Ábalos abandonó
el establecimiento La Chalana para dirigirse en la motocicleta Suzuki
hasta la calle Conde de Xiquena de Madrid, y entrar junto a Pombo [Jacobo Pombo] al número 10 de la citadacalle”, añade el sumario. La instrucción de la causa sitúa a Pombo –que hace años participó en actos de FAES (el laboratorio de ideas del PP) y de Nuevas Generaciones (los cachorros del partido)– como uno de los contactos de la trama Koldo. Además, el empresario cántabro preside hoy el lobby Global Youth Leadership Forum (GYLF Forum), por donde pasan personajes muy relevantes de la vida política de este país para charlas y conferencias.
Según la Guardia Civil, “cabe mencionar que, analizados los actos
notariales en los que Pombo ha participado, aparece vinculado al
domicilio calle Conde de Xiquena número 10 de Madrid a través de la asociación Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI)”.
Es decir, que los agentes han investigado a fondo a esta persona
íntimamente relacionada con Génova 13. “En relación a esta asociación,
en el informe sobre el análisis de la información laboral, tributaria y
financiera de Koldo y su entorno se detalló que en el año 2021 se
ingresaron en cuentas vinculadas al investigado la cuantía de 438,85
euros procedentes del CEPGRI”, según el sumario. Una relación cuanto
menos comercial que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil
están analizando a fondo." (Marcos López, Diario16, 10/04/24)
"La corrupción que salpica al Ministerio de Transportes
durante el mandato de José Luis Ábalos —su principal colaborador, Koldo
García, cobró supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio
a una empresa determinada— ha resucitado la sospecha sobre el colosal
pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector público
aprovechando la situación de emergencia de los tres primeros meses de
pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos
—beneficios millonarios, fáciles y rápidos— a costa de vender
mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector
público adjudicó en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en
material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de
alarma: se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin
concurrencia de ofertas, ni límite de precios, ni acreditación de
solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se
disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el escándalo del
denominado caso Koldo.
El
Tribunal de Cuentas fiscalizó entre 2020 y 2022 miles de contratos de
la administración central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros),
de los ayuntamientos más poblados de España y de comunidades autónomas.
En la mayoría de estos contratos encontró numerosas irregularidades:
las adjudicatarias que no demostraban su solvencia ni habían acreditado
experiencia en el sector fijaban unos precios aparentemente excesivos,
pero no encontraban ningún reproche penal, ya que estas operaciones se
producían en un momento en el que las reglas estaban suspendidas por la
emergencia sanitaria que sufría el país.
En
esas condiciones, numerosos empresarios sin escrúpulos lograron
beneficios muy superiores a los de su actividad habitual. El Tribunal de
Cuentas puso en sus informes cientos de ejemplos de esta situación,
amparada por el decreto de alarma que el Gobierno aprobó el 14 de marzo
de 2020.
Ministerio de Sanidad: precio multiplicado por 10 en solo ocho días.
Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla el 20 de marzo de 2020 a
2,67 euros tan solo ocho días después. El precio más alto de
mascarillas que pagó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria llegó el
3 de abril de 2020: 4,17 euros. Las investigaciones judiciales y
fiscales abiertas hasta el momento han acreditado que la mayoría de
intermediarios que ofrecieron mascarillas en las primeras semanas de la
pandemia las compraron en China a una media de dos euros.
Caos en el Ayuntamiento de Madrid: 93% de contratos a dedo, precios desorbitados y estafas millonarias. El
Tribunal de Cuentas fiscalizó 59 contratos covid del Ayuntamiento de
Madrid, la ciudad que más caras pagó las mascarillas al inicio de la
pandemia de las grandes ciudades fiscalizadas. Madrid tan solo pidió
ofertas a más de una empresa en el 7% de los contratos analizados; el
resto (93%) fue adjudicado a dedo, algo permitido en el decreto de
alarma. Entre esos contratos, hay dos que acabaron en los tribunales por
la estafa perpetrada por sus adjudicatarios. Una consultora con sede en
Nueva York propiedad de Philippe Solomon vendió 500.000 mascarillas por
2,5 millones de euros. El Ayuntamiento adelantó, a través de la Empresa
Funeraria, 1.250.000 euros. El material que llegó era tan defectuoso
que la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intentó
devolverlo sin éxito. La policía no localiza a Solomon en un primer
momento y el Ayuntamiento trata de recuperar en los tribunales el dinero
adelantado. El segundo contrato, de 11 millones de euros, fue adjudicado a los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño,
sin ninguna relación previa con el sector sanitario. Ambos llegaron a
la ventanilla del Ayuntamiento a través de un primo del alcalde, José
Luis Martínez-Almeida. Lograron 6 millones de euros en comisiones por su
intermediación en la venta de productos defectuosos —y además de los
más caros en aquellos días, a 6,24 euros por mascarilla— por lo que han
sido procesados.
La urgencia alimentó el pillaje: “Hay que cerrar esta noche, tenemos un millón a seis euros”. La
empresa mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid tenía
liquidez suficiente y mecanismos muy ágiles de tramitación para atender a
la emergencia sanitaria de la pandemia. Cuando el Ayuntamiento de
Madrid decidió contratar con Luceño y Medina, sin saber que estos iban a
cobrar comisiones multimillonarias, ordenó el 24 de marzo y de
madrugada a la empresa funeraria aprobar la adjudicación: “Nos ofrecen
un millón de mascarillas de grafeno, eficaces y de alta calidad a 6,6
euros por unidad. Debemos cerrar la operación esta noche con un anticipo
del 50%”. Algo parecido, aunque de consecuencias económicas menos
gravosas, ocurrió entre el Ministerio de Transportes y la empresa
Puertos del Estado. El subsecretario llamó: “Un suministrador tiene ocho
millones de mascarillas, si lo hacemos rápido lo conseguimos”. El
ministerio, previa orden firmada por Ábalos, pagó 2,5 euros por
mascarilla. La empresa que se benefició del contrato abonó supuestamente
comisiones ilegales al asesor principal del ministro, Koldo García. Es
el primer caso conocido donde una parte del pelotazo conseguido por la
adjudicataria acaba en manos de un empleado del ministerio que adjudicó
el contrato.
“Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo”. Un
alcalde de una de las 12 grandes ciudades investigadas por el Tribunal
de Cuentas, explicó así la situación: “El problema no es que la empresa o
intermediario que nos ofrecía el material careciera de experiencia en
el sector sanitario, eso no era lo importante en aquel momento. El
problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un
beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se
puede hacer nada”. Uno de los “sablazos” más investigados por la
Fiscalía fue la venta de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros
(un millón sacó en limpio el adjudicatario tras comprar por 2 euros lo
que vendió a seis euros). El beneficiado fue un empresario amigo de
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien fichó al
hermano de la dirigente popular para conseguir contratos de venta de
mascarillas. Tomás Díaz Ayuso cobró por ese trabajo 269.000 euros. Pero no se pudo demostrar tráfico de influencias.
El amigo y el hermano de Ayuso ofrecieron las mascarillas en la
ventanilla de la Consejería de Sanidad. Y se les adjudicó a dedo el
contrato sin saber que eran personas vinculadas a la presidenta
regional, según concluyó la Fiscalía.
Los tribunales absuelven la transparencia.
El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hoy ministro de
Transportes, informó en abril de 2020 al pleno del Ayuntamiento que iban
a comprar mascarillas a un amigo suyo a 3,35 euros y así lo dejó dicho a
los grupos municipales tras consultar con el interventor ante una
situación de acuciante necesidad. El PP denuncia ahora esos hechos,
aunque en su día se presentó una querella de un particular que los
tribunales archivaron ante la transparencia que había seguido aquel
procedimiento, donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie." (José Manuel Romero, El País, 27/02/24)
Jacobo Pombo aparece como el hombre clave y cabecilla de la trama de comisiones en mascarillas durante la pandemia. Es afiliado del PP de Feijóo, ha trabajado para FAES de Aznar, aparecía en el caso Pequeño Nicolás y había sido recibido por Felipe VI, Ábalos y Margarita Robles.
"Jacobo Pombo, el cachorro que el PP crió en Génova emerge como “intermediario” en el 'caso Koldo'.
La Guardia Civil apunta al antiguo empleado de FAES,
que compartió militancia con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y que ha
explotado sus contactos al más alto nivel desde un lobby con sede en
Santander
Jacobo Pombo (Santander, 1983) acumula un álbum al que no falta
ningún cromo importante. Sería la envidia de cualquier coleccionista de
famosos. Un paseo por las redes sociales de este consultor y lobista,
que ha desarrollado la práctica totalidad de su vida laboral a la
sombra del Partido Popular, deja muy claro el alcance de su agenda
personal y de sus contactos al más alto nivel político, empresarial y
social: desde Felipe VI y la reina Letizia hasta la presidenta del Banco
Santander, Ana Patricia Botín; del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pasando por la
presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ministros de
distintos signos políticos, líderes gubernamentales de varios países de
América Latina o diversos integrantes de la Comisión Europea.
Este 'cachorro' de Nuevas Generaciones criado en Génova, que
trabajó en FAES, fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y
compartió militancia con dirigentes como Pablo Casado o Isabel Díaz
Ayuso –cuando estos todavía no habían llegado a lo más alto–, es
señalado ahora en el sumario como “intermediario” en la vertiente balear de la trama destapada por el 'caso Koldo',
que investiga las comisiones en torno a la venta de mascarillas en el
peor momento de la pandemia de la COVID. En realidad, Pombo lleva más de
una década entre bambalinas presumiendo sin rubor y posando con la
élite de España y Latinoamérica.
“Koldo García estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase
a través de dos personas distintas. La observación de las
comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta Unidad han
permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y
Jacobo Pombo”, señala un informe sobre los avances en la investigación
consultado por elDiario.es y firmado este mes de febrero por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El atestado menciona por primera vez en el sumario al todavía
presidente del Global Youth Leadership Forum, un foro internacional de
“líderes por el cambio” que se celebra desde hace varios años en el
Palacio de La Magdalena de Santander y cuya página web ha dejado de funcionar tras saltar a la luz la presunta implicación de su fundador en esta trama corrupta.
Hay un nombre que viene a la cabeza recurrentemente a muchos de
los que han coincidido con él en Santander a lo largo de los últimos
años. “Antes de que nadie conociera al Pequeño Nicolás... Jacobo Pombo
ya era el Pequeño Nicolás”, bromea un excompañero de trabajo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución
académica con una docena de sedes por toda España y que celebra sus
tradicionales Cursos de Verano en el mismo Palacio de La Magdalena de
Santander en el que Pombo radicó su foro años después. Se da la
casualidad de que Pombo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias tuvieron una
relación de amistad y que Pombo también apareció citado entre los
papeles que la Policía incautó al estafador junto a una cifra anotada de
9.000 euros por unas gestiones con Ferrovial y Eduardo Zaplana.
Carrera fulgurante
Su paso por la UIMP fue meteórico. De tareas relacionadas con el
protocolo saltó a director de Proyectos, Patrocinios e
Internacionalización. Todo ello, tras la llegada a La Moncloa de Mariano
Rajoy en 2011 y con José Ignacio Wert como titular de Educación,
Ministerio del que depende la entidad académica. “Su tarea aquí siempre
fue muy difusa, pero aprovechó bien el tiempo. Nadie sabía muy bien a
qué se dedicaba, pero siempre estaba en el lugar correcto en el momento
indicado, acompañando a un ministro, ejerciendo de anfitrión,
repartiendo tarjetas...”, recuerda una funcionaria de la UIMP que
coincidió con Jacobo Pombo en aquella etapa.
Ese es el hilo conductor de su trayectoria personal y su
currículum vitae: las relaciones públicas, los contactos políticos y su
intensa relación con el Partido Popular. Militante de Nuevas
Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, donde
compartió tiempo y espacio con figuras relevantes como Pablo Casado,
Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol, trabajó en el Departamento
de Relaciones Internacionales en la sede de la calle Génova, pasó por la
Fundación FAES de José María Aznar y por el Ayuntamiento de Madrid, y
en los últimos años ha contado con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Santander para desarrollar en la ciudad las reuniones del Global Youth Leadership Forum, que hace tan solo unos días preparaba junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).
El levantamiento del secreto del sumario del 'caso Koldo' ha
dejado al descubierto que la trama de corrupción en la que participaba
el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista
como “intermediario” –término empleado por el magistrado– para evitar el
pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares. Koldo
García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo. El juez del caso,
Ismael Moreno, cree que “sus maniobras habrían surtido efecto” porque el Govern del PP que preside Marga Prohens dejó caducar la reclamación.
El informe policial de la UCO refleja los controles de
actividades y seguimiento realizados por esta Unidad de la Guardia Civil
sobre los investigados, dos viajes de Jacobo Pombo y Koldo García este
mismo mes de enero, primero desde México a Madrid y posteriormente desde
Madrid a Perú, con tan solo unos días de diferencia y con asientos
contiguos.
También aparecen visitas del exasesor del Ministerio de
Transportes con el presidente del Global Youth Leadership Forum a la
sede social de este mismo organismo en la capital de España, de la que
constan además varios pagos a Koldo García en años anteriores, con
documentación e imágenes que se alejan del glamour que hasta ahora había
conseguido transmitir el protagonista en su particular álbum de fotos
personal." (Laro García, eldiario.es, 05/03/24)
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre
(Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio
corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de
Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8
millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones
públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta
2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un
euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier
precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes.
En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la
necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García
quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del
Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión,
para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de
contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con
los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre
el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el
Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo
se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del
Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de
la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con
diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo
investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación
alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante
2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción
atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones
ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio
de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los
ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de
origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es
dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de
Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la
pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a
54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio,
según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus
desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la
siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en
su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su
Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del
exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa
en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las
comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y
su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el
pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para
recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado
la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15
vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la
Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los
lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de
guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las
escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes
han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el
esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama:
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo
siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la
inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos
declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno
balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el
PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un
material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia.
La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la
denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía
Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García
con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer.
Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se
duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se
triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros).
Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de
138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación
alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero
que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además,
la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de
2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en
la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija
menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en
estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus
ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus
ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021
(123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra
reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente
por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de
nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó
sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de
tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La
empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia,
hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado
societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa
reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones
intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque
decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de
euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones
de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el
laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear
de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El
Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la
devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la
empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la
reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que
los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar
el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos
socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del
ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución
con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido
acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a
funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo
García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a
los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara
en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se
produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el
que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que
intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido
cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete
supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al
dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José
Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la
apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y
seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí
aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a
fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor.
Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el
exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se
han saldado, de momento, sin resultados claros.
La
acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los
primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con
Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el
exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una
documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo
García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio,
Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un
operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre
Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía
recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de
noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y
averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de
control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de
la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido
por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a
Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero
que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del
vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del
asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo
interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al
litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea
estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien
denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con
el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el
expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre
que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de
fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los
contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese
organismo.
La
Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos:
“Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron
adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación
mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos
relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En
realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4
de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la
demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama
una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos
en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos:
“Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un
precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más
prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos
artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La
Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se
concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para
"mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos
cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos
detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó
cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del
Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y
2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y
Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de
material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios
contratos.
A
cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco
en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en
su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su
mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones
entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el
subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA
Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es
el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las
conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que
los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el
empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de
5,5 millones de euros.
Ambos
tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama
habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con
el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García.
Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría
experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros
entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de
Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición"
de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de
febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se
localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada
en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja
fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer
de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la
titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del
exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es
el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y
2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su
conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es
también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece
como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en
una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de
Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente
Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro
de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto,
aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos
sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la
empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de
Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados,
para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa
instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un
beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones
de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en
2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en
2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670
euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre
las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de
estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de
financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e
instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es
el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas,
aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo
Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la
querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el
juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en
las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta
al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además
de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se
habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en
distintos medios:
José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y
de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha
ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su
partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a
Ábalos como intermediario de la trama
para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las
mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y
actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que
estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
Jacobo
Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y
exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las
"gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la
reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la
empresa de la trama.
Francina
Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de
Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de
Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin
de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones
efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra
de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que
ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
Ángel
Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y
expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa
Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción
en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo
García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha
revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor
de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario”
para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de
Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas.
Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que
llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también
presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz
parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de
buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El
juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern
del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los
investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del
Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las
semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo
García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa
reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió.
Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con
un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de
tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la
causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE)
saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa
instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios
contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros
en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los
implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente
estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga
Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la
reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto,
habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también
empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que
pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que
ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que
estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era
presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones
de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a
esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas
después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva
dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al
Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que
otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había
dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los
investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual
Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría
relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una
tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle
cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de
Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto
de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía
más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al
frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están
dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y
“colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a
un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que
había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la
cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los
periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún
miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de
haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de
enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto
en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil
dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su
sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova
en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a
Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le
transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más
desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis
medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el
asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha
que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales
responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe”
–en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP
que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar
la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los
pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten
“concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería
Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la
sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales.
Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado
enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos
días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de
enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus
conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría
haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa
adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en
consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión
habrían “surtido efecto”.
