"Decía en 2010 Vidal Beneyto desde una posición clarividente : “La
lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra
democracia”. Y, llamaba a “un movimiento general de reprobación
ciudadana” como “ejercicio de democracia participativa”.
Esto cobra hoy una particular trascendencia porque lo fundamentaba así:
“La corrupción es hoy una pandemia que todo lo invade, que todo lo
pervierte. La vida política, la realidad económica, las prácticas
sociales, las acciones del Gobierno, los modos y fines de la sociedad
civil, la esfera del ocio, el mundo del trabajo, los múltiples procesos
culturales en que intervienen y la inmensa mayoría de los que afectan a
los seres humanos en su conjunto son, cada vez mas, objeto de
estragamiento en sus fines, de adulteración en sus modos, de perversión
total de su naturaleza y objetivos”.
Hay datos, de fuentes solventes y oficiales, que ilustran y confirman este diagnóstico:
En Junio de 2013 constaban los siguientes datos:
1)”La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos” (El País,17.06.2013).
2) ”Spanish corruption” ( 3 de Febrero de 2013. El Periódico de
Catalunya.) Contenía un amplio informe sobre causas penales por
corrupción en toda España.
3) “Perfil de la corrupción”. El caso Gürtel. (El País.18.04.2010).
4) “La presencia de un 20% de diputados en el Parlamento valenciano” (El País, 30.06.2013).
5) En el ámbito de Catalunya, dos datos ejemplares:
-
“Una quinta parte de los 58 consejeros de Jordi Pujol estuvieron
imputados en presuntos casos de corrupción (entre ellos, más de la mitad
de los consejeros de Economía y Finanzas)”. Entre las “compañías” de
Pujol, se convirtieron en delincuentes: Joan Piqué Vidal, Joan Antón
Sánchez Carreté, Javier de la Rosa, Luis Pascual Estivill y Felix
Millet. (“Corrupción y conciencia ciudadana”. Jordi Matas Dalmases. El
País. 26.1.2013).
-
“Las falsas dedicaciones exclusivas salpican a todas las
Diputaciones. 45 alcaldes cobran mas gracias a una supuesta dedicación
total a los entes provinciales”. Ello permite que “alcaldes de
municipios de 600 habitantes cobren un sueldo de 60.000 euros brutos al
año”. (El País. 3.3.2013).
6) Los datos sobre la respuesta judicial a la corrupción en Baleares
son muy significativos. Del gravísimo alcance de dichos delitos en esa
Comunidad Autónoma y, de lo que es menos frecuente, la eficacia
judicial.
En los últimos diez años, los datos son evidentes:
-
108 procedimientos penales, entre los que se encuentra la causa contra Urdangarín y demás imputados.
-
39 juicios orales y
-
37 sentencias condenatorias.
Han entrado en prisión, ya sea preventiva, ya en cumplimiento de
condena, 28 altos cargos, electivos o no, de los que siete están
actualmente ingresados, entre ellos, la que fue Presidenta del Gobierno
Balear, Mª Antonia Munar.
7) En la provincia de Málaga hay 54 procesos incoados, bajo el
control de la Fiscalía Anticorrupción. Sólo se han dictado nueve
sentencias condenatorias. Aquí es obligado citar la sentencia dictada
por la Audiencia Provincial el 2/10/2013 en el proceso conocido como
caso Malaya, correspondiente al Sumario 7/2007 del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Marbella.
Una sentencia extraordinariamente benévola en la que han sido
absueltos 44 de los 95 acusados, resultando, pues, condenados 51 con
penas generalmente moderadas a todos ellos. Esto a pesar de haber
causado a la Hacienda municipal un perjuicio de 1.385.995,22 euros y un
fraude a la Hacienda Pública de 2.469.956 euros.
8) La Fiscalía Especial Anticorrupción, según datos que recientemente
se han hecho públicos, estaba interviniendo en 2012 en 290 procesos;
hoy son muchos más.
9) La Fiscalía General del Estado en la Memoria anual de este año,
concluye que la apertura de causas de corrupción en los últimos tres
años se ha incrementado en un 17%.Y que en 2011, “se alcanzaron máximos
históricos en la presentación de escritos de acusación”, 235, entre los
que el 40% lo fueron por malversar fondos públicos y el 26% por delitos
de prevaricación.
Aún más, las sentencias por dichos delitos dictadas en el periodo
2010-2012 se incrementaron en un 151%, por delitos, sobre todo, de
malversación de fondos públicos (39%) y prevaricación (44%).
Pese a los datos anteriores, el Fiscal General reconoce que por “no
llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica
contra la corrupción (…) en un importante sector de la ciudadanía ha
calado la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al
resto”. Por fin, se reconoce desde una alta instancia del Estado lo que
es una evidencia cotidiana.
No es de extrañar ante estos datos que, según el CIS, en marzo de
este año, la corrupción preocupara, después del paro, a un 44,5 % de los
españoles.
Y esto limitándose solo algunos aspectos de la corrupción pública,
dado que la corrupción privada, que se produce en el ámbito de las
relaciones económicas y financieras, exige un tratamiento específico,
pese a la relación, que en muchos supuestos, hay entre ellas.
El fenómeno de la corrupción en los Estados democráticos tiene causas
inmediatas estructurales que guardan relación con la organización del
Estado y sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos.
Generalmente, por la insuficiencia de los controles internos, que
abdican de sus funciones por puro burocratismo y la consiguiente
pasividad o por complicidades mas o menos encubiertas con los
“gobernantes” que debieran ser controlados.
Un ejemplo sería la tardanza en la denuncia por la Agencia Tributaria
de fraudes fiscales, determinante de la prescripción de la conducta
delictiva denunciada y el favorecimiento objetivo de la misma.
Pero hay causas más profundas y más eficaces que las anteriores: el
sistema capitalista y los principios que lo inspiran. El prestigioso
jurista Stéfano Rodotá ya lo dijo; el “evangelio del mercado” conduce a
una “mercantilización del derecho que abre la vía a mercadear incluso
con los derechos fundamentales, dado que “la lógica mercantilista” es
“radicalmente contradictoria con la centralidad de la libertad y la
dignidad” .
Las obligadas consecuencias de un sistema basado en el enunciado de
“enriquecerse” no se han hecho esperar. Así lo resumía el analista
alemán Michael R. Krätke: “Corrupción, dinero negro, segundas cajas,
engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en
el mundo de los negocios” .
Y continuaba, “La doctrina de fe neoliberal no precisa de religión
ninguna, porque ha elevado el capitalismo mismo a rango de religión
convirtiendo los imperativos de la economía capitalista en normas
morales universales”, recordando las conclusiones de Walter Benjamín
sobre la elevación del capitalismo “a religión de culto universal”. En
esta fase del capitalismo, ahora agudizada, mantiene el analista que
“queda socavada la fe en el Estado como poder protector de los pobres y
explotados”.
Un sistema sustentado en la “codicia humana” es capaz de destruir los
mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema que
esté basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a
los derechos humanos. Ya que como imperativo de la conducta humana,
conduce al individualismo dominante, en definitiva, un “individualismo
posesivo” en el que “el individuo, es humano en su calidad de
propietario de su persona”, como expresó con tanta lucidez C.B.
Macpherson en 1962. En este contexto ideológico, cultural y político,
las barreras morales y legales caen y la corrupción se extiende sin
límites.
Ante una realidad tan extensa como devastadora del sistema democrático,
se constata, con las necesarias excepciones, la ausencia de una
suficiente respuesta sancionatoria, administrativa o judicial. (...)
En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos
mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, creadas ad
hoc, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento de
Emilio Botín por el fraude fiscal mas importante de nuestra historia, el
de las “cesiones de crédito” .
En todo caso, hay fundamentos para pensar que el déficit crónico de
medios de ciertos Juzgados de Instrucción, como los Centrales y otros,
con competencias sobre delitos de extraordinaria complejidad, es
consecuencia de una decisión política meditada para obstaculizar la
investigación de estos delitos propios de las clases políticas y
económicas dominantes." (
Carlos Jiménez Villarejo, El Plural.com,
Attac Madrid, 28/10/2013)
