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22.5.20

“Si hubiera hecho la vista gorda, habría permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando”

"Lo que lleva pasado Roberto Macías solo lo sabe él, su familia y su círculo de amistad. Carga un calvario surrealista y doloroso desde que decidió no hacer la vista gorda a la corrupción del sindicato UGT-Andalucía. Destapar a la prensa, cuando era administrativo de compras del sindicato, la trama de facturas falsas para justificar subvenciones millonarias para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía, lo está pagando a precio de oro.

Ahora, tras un camino tortuoso, la distopía no ha sido suficiente. El pasado 13 de mayo recibió la sentencia de la jueza Ana María León estimando que las facturas denunciadas por Macías son “información reservada y sensible” y que han de ser protegidas como un secreto lícito de cualquier empresa. Por ello, la jueza le solicita dos años de prisión por revelación de secretos.

El resultado de la sentencia – contra la que Macias ya está preparando el recurso- viene después de haberse sentado el pasado seis de marzo en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla. Al juicio acudió como testigo Carmen Castilla, secretaria general de la federación en Andalucía.

Para el sindicato, Macias fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. “Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo. 

Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Macías acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal”.

La denuncia contra UGT parte de las publicaciones en prensa. “Es decir es por las revelaciones que hice. En el procedimiento de UGT soy testigo. El día 15 de junio están notificados para notificarles el auto de apertura de juicio oral”.

Condenado por destapar la corrupción

La condena de la jueza por desvelar información de la organización sindical no le pilla de nuevo. “Me lo esperaba”, dice. Y se lo esperaba porque como recalca este denunciante de la corrupción a cuartopoder “vivimos en el perfecto establishment de la corrupción. En una sociedad empobrecida moralmente frente a instituciones corruptas hasta la médula. España se convirtió en el paraíso de los corruptos y en una tierra hostil para las personas honestas. Aquí no se reconoce la honradez, al contrario, se criminaliza. Una prueba de esto es la sentencia que me condena a dos años de prisión”.

Por conocer el sistema Macías y no fiarse de filtrar lo que sabía a la Policía u otras instituciones, decidió ponerse en manos de la prensa. “Quiero agradecer a los medios que han intervenido el caso de las facturas falsas de UGT, cuidarme como fuente. El trato que he recibido ha sido excepcional. Nunca me arrepentiré de haber elegido a la prensa para hacer mi denuncia pública, pues me han demostrado gran profesionalidad, lealtad, responsabilidad y humanidad. A nivel legal, he recibido una excelente defensa de la mano de los abogados Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, presidente de la asociación AMAYT. Ellos me permiten tener la esperanza que pronto ganaremos está dura batalla”.

-¿Te arrepientes de no haber hecho la vista gorda?

-No me arrepiento de realizar las revelaciones públicas. De lo contrario, hubiera permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando a perpetuidad con normalidad. El fraude de la UGT, puede calificarse como un fraude histórico, pues llevaba años funcionando con total impunidad. Un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo, pasó de controlarse con hojas de Excel a contar con un sofisticado sistema informático.

-Tu vida ha sido un infierno desde que decidiste alzar la voz, pero esto solo lo sabes tú y tu familia…

-Seguimos pasando grandes amarguras. El fallo que nos acaban de comunicar nos ha destrozado de nuevo. Pues, albergamos la esperanza que la Directiva Europea en materia de protección de denunciantes nos ayudaría acabar con este infierno. Son muchos años soportando el acoso y derribo judicial, por alertar de un fraude millonario. Me sigue costando trabajo entender que todo un sistema conspire para represaliar al alertador de corrupción.

-Cuando no has tenido ni que comer, ni casa, ni siquiera poder dar a tu hijo el capricho de ir al cine a ver una película ¿de dónde has sacado las fuerzas?

-Es una de las preguntas más difíciles de responder. Me has toca fibras sensibles. Es cierto que, hemos pasado grandes penurias en casa producto de este largo y tortuoso proceso. La estigmatización que sufrimos, nos convierte en nuevos apestados. Nosotros los denunciantes conocíamos lo que era el confinamiento social, antes de la llegada del coronavirus. La distancia social, ya la practicaban con nosotros nuestros ex compañeros y amigos de trabajo. 

Yo considero que, nos han expulsado del mercado laboral. Aunque somos perfectamente trabajadores válidos, con un plus de honradez, nadie nos contrata. ¿Quién va querer contratar de administrativo al trabajador que reveló las facturas falsas de UGT? Creo que a pesar de ser una persona honesta y con experiencia, no me contratarían ni para hacer fotocopias. Este escenario, es lo que dificulta enormemente tener un empleo digno que me permita rehacer mi vida.

-También te has encontrado a solas con las autoridades de tu país que te han dado la espalda. ¿Te avergüenzas de ser mexicano?

-Si, tuve que solicitar el amparo y protección de la justicia federal en México por la negativa de la Embajada de México a brindarme la asistencia legal y la protección consular que tengo derecho por ser mexicano. Un recurso que gané en primera instancia, pero luego en la revisión del amparo, la sala hizo una resolución salomónica. Afortunadamente, una compañera de carrera que es Diputada, Claudia Murguia, ha vuelto a retomar mi caso. Consiguiendo que las relaciones con la Embajada hayan mejorado, de hecho, el día del juicio vino el cónsul honorario acompañarme y trasladarme el apoyo de la cancillería. Es decir, que nuestras relaciones han mejorado notablemente desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

-Aun así, no te vas a dar por vencido…

-En este momento, tengo que luchar por conseguir la transposición de la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico. También es fundamental que, en Andalucía, una de las comunidades autónomas más castigadas por la corrupción y el fraude, tengamos una oficina para luchar contra la rapiña de fondos públicos y, sobre todo que se brinde atención a los alertadores andaluces. 

Rendirme no entra en mi filosofía, considero que soy un luchador nato. Provengo de la cultura del esfuerzo, trabajo y sacrificio. Por eso, he podido resistir una presión brutal con dignidad. Y seguiré luchando en los tribunales nacionales y europeos hasta conseguir justicia.

-¿Los tribunales son cómplices de la corrupción? En tu caso te enfrentaste a un juicio en el que tampoco el Ministerio Fiscal ha tenido a bien protegerte…

-Mi percepción es que todo el sistema está podrido. Incluido el poder judicial. En el acto del juicio, manifesté que no me fiaba de la policía o Fiscalía, por ser instituciones opacas y políticas. Por eso, decidí acudir a los medios para hacer una denuncia pública sobre unas irregularidades graves con la gestión de fondos públicos.  

La actuación del Fiscal, ha sido deplorable, incluso negando la aplicación directa de la Directiva Europea. Una argumentación, totalmente contraria a la doctrina europea y al espíritu de la Directiva Europea. Pero, cómo voy a fiarme de una Fiscalía que dirigió Manuel Moix, que tuvo que dimitir por tener sociedades en Panamá. ¿Quién va confiar en una policía con comisarios como Villarejo? Es una realidad que existen las mafias policiales. Por eso, acudí a los medios para intentar proteger mi integridad y anonimato. Yo nunca hubiera querido aparecer en ningún medio.

-¿UGT puede representar la dignidad cuando te sienta en un banquillo?
 
.-Han escrito la página más negra de su historia. Es una vergüenza que Pepe María Álvarez, haya permitido un atropello a un sindicalista honrado. Me gustaría saber qué piensan los afiliados de la UGT, si están de acuerdo en la decisión de sus cúpulas de perseguir a un humilde alertador de corrupción. Creo que una decisión de este tipo, deberían de escucharse a las bases del sindicato, si quieren formar parte de la cacería a un padre de familia que tuvo el valor de informar a la sociedad de un fraude millonario.

Fíjate que hay organizaciones sindicales que han reprobado la actuación del sindicato. Algunos sindicatos, se manifestaron para pedir a la cúpula de UGT que detuvieran su acusación, entendiendo que era un abuso de poder y un acto contrario a los buenos valores sindicales y principios de clase. Pero tenían mucha sed de venganza...

-¿Qué compartes con Julian Assange?

-Julian, es un referente en mi lucha. Un hombre que por informar al mundo de atrocidades graves vive un infierno. Comparto su espíritu de lucha, resistencia y perseverancia. Es un hombre que admiro por no ceder y mantenerse fuerte en nuestra lucha contra los corruptos poderes. El día que se celebró el juicio, acudí con una camiseta con su imagen. Deseaba dejar constancia de mi apoyo y preocupación por su situación. Realmente es que me parece una canallada, lo que hacen con Assange.

-Gracias a la red de denunciantes de la corrupción con personas del enorme talante como Ana Garrido ¿todo se ha hecho más fácil?

-Ella es un icono para muchas personas que anhelamos vivir en una tierra más transparente y libre de corruptos. Es increíble y admirable la fortaleza de Ana, incluso estando abatida, encuentra fuerzas para ayudar a sus amigos. Es un honor gozar de su amistad y protección. Sin duda, la persona más influyente en nuestra lucha.

Es más fácil luchar teniendo a personas valientes como Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta, Maite Morado, Jaime González, José María Castillejo, Paco Sánchez, Paloma Coiduras, Sonia Peral, Julita Gómez, Robert Martínez, y tantas personas anónimas que luchan de forma decidida contra las mafias que viven de nuestro dinero.

-¿Tu lucha será la verdad porque es la única que te hace libre?

-Mi lucha es por construir un país libre de corruptos. Por dejarles a mis hijos una tierra más justa, decente y solidaria.  Me duele ver a nuestro país y sus instituciones controladas por delincuentes y mafiosos. El escenario que tenemos es devastador pero la sociedad sigue durmiendo un profundo sueño que permite expolien nuestros recursos con impunidad. Pero un día, el pueblo despertara y hará una limpieza generalizada. Los alertadores de corrupción somos figuras claves para frenar la pandemia de la corrupción.  Sin nosotros, la sociedad está avocada a mantener una peligrosa especie de parásitos que viven del dinero público."                

 (Entrevista a Roberto Macías, denunciante de la corrupción de UGT- Andalucía, Nuria Coronado, Cuarto Poder, 21/05/20)

11.2.20

Giro en el fraude en los cursos de formación: al banquillo una academia y una fundación de UGT por cobrar mordidas a un profesor


Una denuncia de este profesor por pagos irregulares a los que obligan algunas academias ha conseguido que el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño -con el apoyo de la Audiencia Provincial- siente en el banquillo por estafa a dos empresas y a la fundación de UGT Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por haber cobrado presuntamente estas "mordidas".

Este juicio es muy importante para centenares de docentes que han tenido que devolver parte de su sueldo a las academias, como ha acreditado eldiario.es en grabaciones y documentos, porque les abre una vía para reclamar el dinero si la justicia lo acaba considerando una estafa. Hasta la fecha, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General del Estado investigan este presunto fraude por la vía de los posibles delitos de fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos combinados con falsedad documental o delito fiscal. En estos casos el docente nunca recuperaría el dinero que factura y que le obligan a devolver para seguir trabajando.

Así, el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño sienta en el banquillo a los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres; al exsecretario general de UGT La Rioja y exdiputado autonómico del PSOE José María Buzarra y a la empresa Cenformadu SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del sindicado. Los ya acusados se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel y les han fijado una fianza de responsabilidad de 203.000 euros. Estas penas las pide el abogado del profesor Roberto G. B., mientras la Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento a última hora después de haber acusado por malversación durante todo el proceso. La Abogacía del Gobierno de La Rioja también ha pedido el archivo.

El caso del docente riojano es muy similar a otros casos publicados en este periódico. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2012 cuando el profesor impartía cursos de formación financiados por la UE para el Servicio Riojano de Empleo a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT. La fundación a su vez subcontrataba a la academia Cenformadu. En uno de los cursos de soldadura que impartió el docente se le contrató para 955 horas y las dio. Pero solo cobró por 409. Las otras 546 las facturó y cobró el empresario de la academia ahora procesado Hipólito Merino con "la anuencia" de Buzarra, que es quien habría autorizado los pagos ocultándoselo al docente. Este modus operandi se realizó en otros cursos similares, según se desprende del escrito de acusación del profesor.

En otra ocasión, para conseguir las mordidas al profesor en los cursos de la fundación de UGT, la academia Ceformadu cobró al docente por el "uso del local y los equipos de soldadura". Este espacio y herramientas a su vez habían sido arrendados previamente a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales para justificarlos ante la administración pública. Un modus operandi similar al que investiga la fiscalía de Alicante en algunos centros de la provincia denunciados por la Agencia Valenciana Antifraude para poder recuperar las presuntas mordidas. Estos pagos de alquileres se acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que no de las que realmente impartía el profesor.

En otro caso fue el empresario el que cobró directamente la mordida al profesor para mediar con Buzarra y la fundación de UGT para que volviera a ser contratado. El docente era contratado a 18 euros la hora pero en realidad tenía que facturar entre 40 y 50 euros, que es el precio oficial que se pagaba a los docentes en estos cursos para parados cofinanciados por la UE.

Desde UGT la Rioja han mostrado su sorpresa por la apertura de juicio oral porque consideran que "el sindicato no ha hecho nada mal" y que el caso es "una denuncia entre un profesor y la academia que lo contrataba". Las mismas fuentes han expresado que están a disposición de la Justicia y "entregarán toda la documentación que se les reclame". 
Desde el sindicato señalan que desde 2015 ya no imparten formación y que tanto la fiscalía como la abogada de la comunidad autónoma han pedido el archivo del caso. "La fundación IFES subcontrataba a la academia, por lo que no entendemos por qué después de tantos años nos vemos inmersos en este proceso", manifiestan."                    (Sergi Pitarch, eldiario.es, 18/11/19)

21.6.19

Fraude a gran escala en la formación de parados con "mordidas" al sueldo del profesorado en las academias de formación . La Comisión Europea exige a España que intervenga

 "La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.

Pero la petición de la OLAF es una intervención paralela a la de la justicia penal. De hecho, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea ha pedido al Ministerio de Trabajo, que gestiona el Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Hacienda, responsable del gasto de los Fondos Feder y de Cohesión, que investiguen las diferentes informaciones que publicó eldiario.es. Y es que en las noticias publicadas el pasado mes de abril se acreditaba que en la actualidad, las 'mordidas' a los sueldos de los profesores se continúan practicando.

Por parte del Ministerio de Hacienda ha tomado cartas en el asunto el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que ya ha mantenido reuniones para tratar de recabar información sobre las prácticas irregulares de numerosas academias que reciben fondos de la UE. En este sentido, sería interesante, plantean fuentes conocedoras de la investigación, que los centenares de profesores afectados por estas prácticas acudieran a la SNCA a denunciar a las academias que les estén obligado a reembolsar parte de su sueldo, bien sea a través de servicios ficticios o con dinero negro.

La SNCA depende de la Intervención General del Estado, por lo que su intervención puede ser clave en esta macrocausa que se perpetúa en el tiempo, aunque son en última instancia las autonomías las que deben actuar contra una práctica muy extendida y que hasta la fecha, por inacción, omisión o colaboración, se sigue produciendo.

La otra administración a la que la OLAF ha pedido cuentas es el Ministerio de Trabajo, que gestiona las ayudas del Fondo Social Europeo. En este caso, el departamento que dirige Magdalena Valerio ya se ha puesto en contacto con varias autonomías para reclamar información sobre el presunto fraude en los cursos de formación. De momento, los diferentes departamentos autonómicos se han puesto a confirmar las denuncias realizadas por eldiario.es. Hay casos certificados en la Comunitat Valenciana, Extremadura o Catalunya, donde existen incluso denuncias en una juzgado de instrucción. 

El fraude se fundamenta en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representará un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40% para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Como ya contó este periódico el pasado 31 de marzo, Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explicaba a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirmaba este docente.

En otra información se reproducía un audio en el que un empresario directamente planteaba al docente la manera en que debía cometer el fraude: "Pagamos autónomos, más 17 euros brutas la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora". Este periódico continuará revelando audios y documentación que demuestra que, lejos de acabarse, las "mordidas" a profesores continúan. "              ( /   , eldiario.es, 19/06/2019)


"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es. 

El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

"Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación. 

A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40 % para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma este docente.

Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros". 

Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros". 

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta. 

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector. 

¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura. 

Añade Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

Los centros no desmienten estas prácticas

Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.

Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias". 

En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado", afirma. 

Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.

El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia. 

A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario."            (Sergi Pitarch / , eldiario.es, 31/03/2019)

15.4.19

Anticorrupción investiga un fraude a gran escala en la formación de parados con "mordidas" al sueldo del profesorado

"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es.

 El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

"Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación.


A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. 

La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

 

Un 40 % para salarios de docentes como mínimo


Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma este docente.

Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. 

Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros".

Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros".

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta.

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. 

Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector.

¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura.

Añade Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. 

De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

 

Los centros no desmienten estas prácticas


Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.
Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). 

En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias".

En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado", afirma.

Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. 

Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.

El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia.

A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario."                ( Sergi Pitarch / Adolf Beltran  , eldiario.es, 31/03/19)

4.7.17

El PP de Madrid se financió con cursos de cocina de Arturo y pagados por Europa

"Nueva línea de investigación en el caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han puesto sus ojos sobre varios cursos de formación gestionados por la Comunidad de Madrid y confinanciados por el Fondo Social Europeo destinados a desempleados madrileños

Los cursos investigados fueron impartidos por el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, imputado ya en este caso. Fernández es uno de los donantes de Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid y, según creen los investigadores, el principal vehículo que utilizaron los populares para financiar de manera opaca varias campañas electorales.

La UCO solicitó a finales de septiembre de 2016 a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el expediente original por el que se licitó la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional para desempleados durante los ejercicios 2007 y 2008, cuando gobernaba Esperanza Aguirre.

 En estos dos años, se celebraron dos de las campañas electorales bajo sospecha, las autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Los 972 cursos se repartieron en 118 lotes, de los que 39 no se llegaron a adjudicar. Había cursos de todo, de poda, veterinaria, chapista pintor, pastelería, pescadería, electricidad, soldadura, gemología, idiomas, informática, comercial, logística, publicidad, turismo rural, geriatría...


Pero los que han llamado la atención a los investigadores han sido cinco lotes en concreto. El 103 sobre informática especializada, adjudicado a la empresa Gestión de Centros Educativos por 84.700 euros. Los lotes 107 y 108 sobre multimedia, adjudicados a Gestión de Centros Educativos por 160.017 y 151.590 euros, respectivamente. 

Y los lotes 116 y 117 sobre cocina y repostería, que se llevó el grupo Arturo Cantoblanco por 122.918 euros cada uno. Todos fueros adjudicados a empresas de Arturo Fernández, sumando un total de 642.143 euros. Fuentes del área de formación de CCOO, que en esos años participaron en la gestión de esos cursos, señalan que "el Grupo Cantoblanco no era un habitual como centro de formación".

La UCO ya tiene acreditado que Arturo Fernández y CEIM, la patronal madrileña que él presidía, donaron 160.000 euros a Fundescam en el año 2007. "Las líneas de investigación abiertas están poniendo de manifiesto la existencia de numerosos elementos probatorios que acreditarían cómo el PP de Madrid se habría financiado ilegalmente y de manera continuada al objeto de poder afrontar los gastos electorales", señala un reciente informe de la UCO. Ese informe menciona una carpeta decomisada por la Guardia Civil en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid y uno de los investigados en el caso.

En un documento con el título 'Aportaciones especiales' se reflejan "aportaciones económicas de distintas personas físicas y jurídicas" y las fechas en las que estas se producían. Aparecen los 100.000 euros de CEIM, los 60.000 euros de Arturo Fernández y otros 60.000 de Gestión de Centros Educativos, sociedad del Grupo Cantoblanco que se llevó varios de los cursos de formación investigados.

 En total, 220.000 euros. Este dinero fue a parar a una cuenta de Caja Madrid en la que Gutiérrez estaba autorizado y cuyo titular es Fundescam. Los ingresos se produjeron "en semanas anteriores a la campaña electoral de 2007 y también durante el transcurso de la misma". La UCO está convencida de que este dinero sirvió para pagar gastos electorales del PP de Madrid fuera del circuito legal.

Los agentes destacan cómo Arturo Fernández, uno de los empresarios con aportaciones más notorias al PP de Madrid, recibió después determinadas adjudicaciones de contratos públicos, como los cursos de formación que se llevó Gestión de Centros Educativos apenas dos meses después de la donación que hizo esta sociedad del Grupo Cantoblanco.

 Tres lotes que suman 396.307 euros. La UCO ya ha tomado declaración como testigos a varios funcionarios de la Consejería de Economía y Empleo, concretamente de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo.


Todos los indicios y pruebas recabadas hasta ahora apuntan que la trama Púnica habría permitido a Esperanza Aguirre acudir con más presupuesto del permitido a las elecciones autonómicas de 2007 y también a las de 2011. En las primeras, la Fiscalía cifra en 2.685.000 euros el dinero B generado por Púnica. 

En las segundas, dos años después de que estallara Gürtel, Aguirre volvió a presentarse con un excedente B de 1.546.000 euros. El PP de Madrid también aportó 685.000 euros no declarados a la campaña de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008, las segundas en las que el actual presidente del Gobierno se presentó como cabeza de lista del PP nacional. Esos fondos habrían permitido a Génova rebasar los límites legales de gasto en esos comicios, concurriendo así en ventaja con respecto a sus competidores.

Cursos inventados

En otro informe, la UCO también señala que el PP pudo inventar cursos de formación para pagar algunos gastos de la campaña electoral de Rajoy en 2008, una especie de engaño ideado por Ignacio González, el principal protagonista del caso Lezo y actualmente en prisión. Como adelantó la Cadena SER, el PP generó una importante deuda con algunos de los proveedores de esa campaña. ¿Cómo se les pagó? La fundación Fundescam, controlada por los populares, decidió conceder a esos proveedores una especie de cursos de formación para trabajadores. 

El dinero para sufragar esos cursos salió de la Comunidad de Madrid, tras aprobar Ignacio González una subvención de 200.620,64 euros para su realización. Los cursos no se hicieron, pero las empresas los cobraron, con dinero público. El objetivo era saldar la deuda de la campaña de Rajoy."                  (David Fernández, El Confidencial, 07/06/17)

3.7.17

El PP desvió subvenciones públicas para falsos cursos de formación al pago de la campaña de Rajoy de 2008

"Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica detalla cómo el PP de Madrid desvió parte de las subvenciones públicas que el Ejecutivo regional otorgaba a la fundación del partido Fundescam a pagar parte de los gastos electorales a los que la formación regional hizo frente durante la campaña a las Elecciones Generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue cabeza de lista. 

El documento policial detalla que para justificar dichos pagos, los populares utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas “por operaciones mercantiles inexistentes” en cuyo concepto figuraban desde un “curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos” a unas “jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa”. La UCO destaca que dichos cursos nunca se realizaron.

 La primera pista sobre estas supuestas irregularidades surge de un prendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación. En el interior del mismo, los agentes encontraron una carpeta con el título presupuesto 08 que, a su vez, daba acceso a un archivo contable con tres pestañas denominadas respectivamente “Elecc 08”, “pendiente” y “resumen”. 

El informe detalla que una vez abierta la primera de esas pestañas se encontró “un documento contable que describe conceptos generales, tales como actos, publicidad exterior, imprenta, etc; concepto específico como esquineros, banderolas, trípticos etc; y también proveedores a los que se asocian determinados importes; todo ello, relacionado con las referidas Elecciones Generales y con la campaña electoral del Partido Popular de Madrid”.

En su análisis de dicho documento, la Guardia Civil destaca que del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas que no deberían soportar dichos gastos. Entre ellas, una de Fundescam. 

En concreto, a la fundación la señala como responsable de asumir 179.797 euros. En otro fragmento de este documento, y que se denomina “resumen”, se vuelve a hacer este reparto de dinero, lo que lleva a la Guardia Civil a concluir que parte de los gastos de aquella campaña fueron “asumidos por cauces no legales”, entre ellos la fundación.

En este punto, los investigadores recuerdan que ésta recibió en 2008 una subvención pública de la Comunidad de Madrid que entonces encabezaba Esperanza Aguirre y que la misma fue justificada con facturas de empresas e importes coincidentes con las que aparecían en el documento contable intervenido en el ‘pendrive’ de Beltrán Gutiérrez. 

Lo único que difería entre ellas eran, precisamente, los conceptos. Así, una factura de 2.389 euros abonados según la contabilidad opaca de los populares a la empresa Emfasis en concepto de “carteles” figura en la fundación por el concepto “edición de programa de cursos y seminarios para el años 2008”.

Otro cargo por 45.400 euros pagado a la empresa Víctor Gayo Papelerías en concepto de “tríptico” en los gastos electorales, es presentada por Fundescam ante la Comunidad de Madrid desglosada en tres albaranes que suman la misma cantidad, pero en este caso en concepto de “edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación en el primer trimestre de 2008”.

El documento de la Guardia Civil también llama la atención sobre el caso de la empresa Back RV Producciones Culturales SL, a la que la Fundación supuestamente abonó 50.529 y 46.189 euros en dos partidas por “esquineros” y “telepronter” para la campaña de Mariano Rajoy. 

Dichas cantidades fueron finalmente abonadas por el partido presuntamente a través de la fundación bajo sospecha. En este sentido, la Guardia Civil localizó un correo electrónico del propietario de dicha mercantil dirigido al gerente del PP ahora imputado en el que se hace referencia a la supuesta planificación de cursos de formación para camuflar el pago de dichos actos electorales. 

La UCO recoge como ejemplo de ello tres facturas de sendas empresas, todas ellas vinculadas al dueño de Back RV, por la celebración entre finales de mayo y mediados de junio de 2008 un curso de edición de vídeo y unas jornadas de diseño gráfico, junto al alquiler de equipo técnico para ello. Todas ellas son consideradas “operaciones mercantiles inexistentes” por los investigadores."                (El País, 18/05/17)

29.5.17

Detenido José Luis Aneri, cerebro del fraude de los cursos de formación en Madrid

"La policía ha detenido este miércoles al empresario José Luis Aneri y a uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España, Antonio Arroyo, en el marco de una operación contra el desvío de subvenciones para la formación de trabajadores en paro. La investigación es una pieza separada del caso por el fraude de los cursos de formación que lleva el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

Según ha informado El Confidencial, Aneri –principal acusado del fraude de la formación en Madrid, una trama que estafó 17 millones de fondos para parados– ha sido detenido en su domicilio esta mañana por montar una red con el mismo objetivo. La operación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) también afectaría a Iván Losada, exdirector general de Viajes Marsans.


José Luis Aneri logró salir de prisión en mayo de 2014 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid –que entonces dirigía Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción– que le exigió autoinculparse en la red, delatar a dos de sus colaboradores, además de aportar 500.000 euros para resarcir parte del daño causado. 

El pacto con el ministerio público, que el acusado calificó como "maravilloso convenio", incluía un cuarto requisito: que Aneri evitase acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Ignacio González. Era la Administración de donde salieron parte de los 17 millones de euros defraudados y la responsable de supervisar el destino de ese dinero público. Moix ha asegurado que nunca le notificaron tal pacto.

La estafa consistió en fabricar listas de cientos de alumnos ficticios para quedarse los fondos de formación de parados a través de cursos que nunca se impartieron. Así se hizo la red de Aneri con 17 millones de euros de ayudas públicas que transitaron a través de más de 60 empresas pantalla."             (eldiario.es, 24/05/17)

8.1.16

Un profesor denuncia que un centro formativo le hizo firmar un doble contrato con retribuciones diferentes... para que pague, con una parte de su salario, su trabajo

"Los cursos de formación con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) y a las arcas públicas tienen una serie de controles que, en mayor o menor medida, permiten conocer si se da un buen uso del dinero de todos los ciudadanos. Pero no es difícil burlar ese control. (...)

El método empleado es el de un doble contrato que permite desviar los fondos públicos que, en principio, están destinados exclusivamente a los “gastos subvencionables” que contemplan las órdenes con las que el Gobierno de Cantabria realiza las convocatorias. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, un profesor tuvo que firmar dos contratos casi idénticos para poder trabajar impartiendo un curso de idiomas. 

La única diferencia está, precisamente, en el sueldo, así como en pequeños detalles que dan cuenta del carácter de cada uno de los contratos.

Ambos tienen la misma fecha, afectan a las mismas partes y tienen exactamente las mismas cláusulas. Sin embargo, aquel que fue presentado al Servicio Cántabro de Empleo estipula un importe de 45 euros por hora de impartición de clases, y recoge los datos concretos del curso, la orden del Gobierno regional a la que hace referencia y una duración del contrato de menos de dos meses, que coincide con la duración del mencionado curso.

Pero junto a este contrato ‘oficial’ se llevó a cabo otro de corte privado en el que el centro de formación indica que “el importe del presupuesto del contrato es de 25 euros la hora”. 

Asimismo, la duración del contrato se extiende durante más de nueve meses, de marzo a diciembre, a pesar de que la relación laboral, dado que es un autónomo quien la imparte, comienza y finaliza con el propio curso. Una diferencia de 20 euros que, para el Servicio Cántabro de Empleo, está destinada al profesorado, pero que en realidad nunca llega a manos de los que imparten los cursos de formación.

Más de 1.000 euros desviados

El modo en que se desvía este capital público queda justificado en todo momento de forma documental, lo que facilita seguir su rastro. Así, la factura que el profesional de la enseñanza, autónomo, presenta al centro de formación específica un total de 2.250 euros por las 50 horas impartidas del curso de idiomas, a lo que se resta la correspondiente retención de IRPF.

Pero si el profesor del curso de formación se atiene al contrato en el que se detalla un salario de 25 euros/hora, la cuantía desciende hasta los 1.250 euros, lo que arroja una diferencia de 1.000 euros que necesita argumentarse. Pero, ¿de qué modo puede el centro de formación ocultar dicha diferencia?

La respuesta hay que buscarla en los cursos que estos profesores reciben como complemento a su contrato, y que ni siquiera llegan a cursar. El precio de estos cursos, como se detalla en las facturas emitidas por el propio centro de formación, es de 1.000 euros, que coincide con la diferencia entre los contratos.

 El resultado es que el profesional autónomo recibe un ingreso oficial de 2.250 euros menos el IRPF, pero al mismo tiempo debe devolver a la empresa 1.000 euros en concepto de un curso que ni siquiera está relacionado con su especialidad, como es el caso del titulado “Ergonomía y ambiente físico del lugar de trabajo”, de una duración de 50 horas en la modalidad formativa presencial. Dicha devolución se produce por transferencia bancaria.

El resultado final para el profesor es que debe pagar una parte de su salario por poder trabajar; para el Servicio Cántabro de Empleo, es un desvío de fondos destinados a la formación de desempleados, cuyo destino se desconoce. Esta práctica, aplicada a todos los contratos con los profesores, da como resultado miles de euros desviados.

Poco control público

La asistencia de los alumnos a clase, la justificación de gastos determinados como subvencionables y la publicidad de las acciones cofinanciadas por el FSE son las únicas herramientas que el Servicio Cántabro de Empleo utiliza para controlar el destino de su financiación. 

Sin embargo, no existe ningún tipo de supervisión de lo que se destina al profesorado, salvo el propio contrato que el centro de formación debe presentar para solicitar el curso, y que debe ajustarse a las condiciones de la Orden.

De hecho, la propia Orden ni siquiera contempla acciones concretas con respecto al profesorado. Según ha podido saber este diario, el proceso para pedir las subvenciones se desarrolla por “concurrencia competitiva”, y se otorgan en función de la “puntuación obtenida para cada especialidad”. “La suma total del coste de las acciones adjudicadas deberá ajustarse al importe convocado”, han asegurado fuentes de la Consejería de Economía y Empleo.

La forma de justificar la recepción de estas ayudas es siempre documental en los “términos establecidos en un Manual elaborado al efecto”, han explicado esas mismas fuentes, aunque en ningún caso se plantea la posibilidad de una justificación de los profesores, que como autónomos también la necesitan.

Por otro lado, la puntuación se otorga en función de aspectos como la “inserción de alumnos en anteriores ediciones formativas”, “especialidades prioritarias en función del mercado laboral”, la “localidad de impartición”.

El pago de esta subvención, si es con cargo al FSE, se realiza de forma fraccionada. Primero se ingresan dos anticipos, uno del 25% “una vez que hay resolución a favor”, y otro del 35% “al inicio de la acción formativa”. El resto, un 40%, se abona “una vez finalizada y justificada la acción formativa”.

Según detalla la Consejería, los centros formativos tienen tres meses de plazo para justificar la relación de gastos de la acción subvencionada, así como los gastos generados. Uno de ellos es la realización de estos cursos a los que los profesores deben acceder si quieren poder trabajar."                 (Álvaro Sáenz , eldiariocantabria, 30/12/15)

25.11.15

El PP de Toledo enchufó a sus militantes con el dinero de los fondos europeos

"El Partido Popular encontró la gallina de los huevos de oro en fondos para el desarrollo rural de la UE y de la Diputación de Toledo. Durante el Gobierno de Arturo García-Tizón, los 'populares' fueron pagados por asistir a cursos de formación que organizaban ellos mismos a través de los programas Proder y Leader que financia la Unión Europea y la Diputación provincial.

Según recoge elplural.com, los conservadores organizaban estos cursos a través de los seis grupos de desarrollo rural (GDR) y las 24 mancomunidades existentes en la provincia toledana, que recibieron una auténtica lluvia de millones de euros, y hasta las pasadas elecciones autonómicas, eran controladas por los miembros del partido de la gaviota.

En el caso concreto de Torrijos, los populares hicieron práctica de estas políticas por medio de varias asociaciones. Una de ellas es “Castillos del Medio Tajo”, que pasó de dar todo lujo de detalles sobre dónde iban sus subvenciones a través de su portal web, a estar “bajo construcción” durante los años de gobierno del PP.

Los métodos utilizados por parte del PP para controlar estas asociaciones son bastante controvertidos. En el caso de la última organización citada, controlada por el alcalde del PP en Quismondo, se ha descubierto que este se mantiene en el poder tras posponer la elección de un nuevo presidente hasta en cinco ocasiones durante este mes. 

Otro ejemplo es el del gerente de la misma asociación millonaria, Ángel Naranjo, teniente de alcalde en Torrijos hasta 2011. Naranjo empezó a asumir este cargo después de que despidieran para colocarle a su anterior gerente, Raquel Ocaña, cuando estaba de baja por enfermedad.

Otras ni siquiera han llegado a realizar actividad alguna, y se han utilizado solo como caladero de dinero para los miembros del PP toledano. Uno de estos casos es el de la Academia de Historia de Torrijos, presidida por el exsenador del PP, Jesús María Ruiz Ayúcar.

Tras tomar el control de estas asociaciones, el PP y NNGG metían en los cursos a gente cercana al partido , donde les repartían unos 900 euros mensuales en calidad de alumnos. Entre las personas que han pasado por el aro de estos cursos se encuentran el hijo del presidente del PP de Quismondo, Mariano Camarero; una exconcejala de La Puebla de Montalbán; una sobrina del expresidente de la Diputación de AP, Isidro del Río; Virginia Rodríguez Lanchas, concejala en Quismondo; Juan Palomo Vázquez, candidato del PP en Torrijos; Daniel Calvo, hijo del exalcalde de Rielves; José Congosto, concejal y presidente de NNGG de Alcabón, así como mujeres, hermanos y sobrinos de destacados líderes del PP de la comarca.

Pero estos no son los únicos cursos en los que el Partido Popular ha metido la mano en beneficio propio. Bajo la presidencia de Arturo García-Tizón en la Diputación toledana, el antiguo secretario general de Alianza Popular no tuvo reparo en distribuir el dinero de estos fondos en los Ayuntamientos liderados por los conservadores. 

Según denunció el nuevo presidente provincial, Tizón dejó fuera de estos programas a todos los municipios gobernados por el PSOE, con la excepción de Toledo capital. 

En este sentido, los socialistas, indignados con estas prácticas llevadas a cabo por los 'populares', han elaborado el siquiente mapa donde recogen la localización de cada caso de enchufismo que ha ejercido el PP, con sus respectivos alcaldes implicados: 

30.6.15

Ciudadanos contra la corrupción

 "Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. 

Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.

González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos.

 Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro.

 “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.

Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”. (...)

las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. 

El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.

Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). 

En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. 

Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.

Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”. (...)

Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana.

 A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.

Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca.

 “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad. (...)

Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores.

 En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.

La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva.

 Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros."         ( , La Marea, 23/02/2015)