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25.10.24

Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, reclamó a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de su vivienda... a cambio de de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló

 "Buenos días, Paco". Así arranca Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, un correo electrónico enviado desde su cuenta personal al empresario Francisco Roselló, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Arroyomolinos durante las casi dos décadas en las que la dirigente del PP de Madrid escaló puestos en el organigrama del consistorio hasta llegar a la alcaldía.

Más allá del "beso" con el que despide el correo electrónico, y que también es relevante para la investigación, el asunto ('Ático'), y el contenido del mismo, en el que Millán reclama a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de la vivienda, convierten el email en una de las principales pruebas en las que se apoya la Guardia Civil para sustentar una investigación que llevará a ambos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un caso de presunta corrupción.

En él se investigan los supuestos pagos en forma de sueldos, ingresos en efectivo y transferencias que habrían recibido entre Ana Millán, su hermana y su pareja sentimental, además del pago de alrededor de 50.000 euros entre hipoteca y gastos de un ático en pleno centro de la localidad.

A cambio, sostiene la investigación, y siempre bajo la presunción de inocencia, de unas adjudicaciones a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló. En total, los informes que obran ya en manos del magistrado Francisco José de Goyena apuntan a que sus sociedades recibieron del Ayuntamiento de Arroyomolinos más de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue desenmarañando el caso.

Un 'email' que demuestra "cercanía"

La casualidad, sin embargo, fue la que permitió que este correo electrónico y parte de la documentación del caso llegasen a manos de la Guardia Civil. A pesar de que el Partido Popular ha gobernado prácticamente de forma continua en Arroyomolinos durante las últimas décadas, un breve paso de la oposición por el gobierno permitió que, el día que se iba a tomar posesión de la concejalía en la que estuvo Millán, descubriesen que se estaba destruyendo documentación.

Solo llegaron a tiempo de salvar tres bolsas de basura que quedaban en un despacho, y, entre los papeles, encontraron una copia escrita de este correo electrónico que supuso una de las primeras piedras sobre las que se erigió la denuncia presentada por Carlos Ruipérez, que tomaba posesión de la alcaldía por Ciudadanos.

En ese 'email', Ana Millán, que ahora es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, reclama a Francisco Roselló los pagos atrasados por el supuesto alquiler de un ático en la plaza mayor de Arromolinos justo durante los años en los que se intensificó la contratación del empresario con el ayuntamiento.

En su declaración en sede judicial, Millán explicó que, al comprarse ella otra vivienda en 2008, Roselló le ofreció alquilarle su ático e incluir una opción a compra, aunque no hizo la gestión personalmente, sino a través de una tercera persona que administraba Neverland, una de sus sociedades.

Un contrato que la actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid cree recordar que firmaron en "un bar del pueblo" y que establecía que "el alquiler era la letra de la hipoteca, y, como ya hacía uso de él como si fuera suyo, asumía todos los gastos de comunidad, contribución, seguro...". El precio de una hipotética compra futura sería, dijo ella, lo que restase de la hipoteca en ese momento.

El "Buenos días, Paco" con el que arranca, pero, sobre todo, el "Un beso y nos vemos" con el que cierra ese correo electrónico al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, denotan, según la Guardia Civil, "cercanía" entre ambos.

La investigación ahonda en esa idea al explicar, en base a un interrogatorio de una testigo que trabajaba con ella, que se "destaca la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar" con las sociedades de Francisco Roselló. Además, "esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta" los supuestos retornos que tuvo.

Respaldo del PP

La postura del Partido Popular a la hora de enfrentar el caso ha sido, desde el primer momento, respaldar a Ana Millán, considerada muy cercana a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, de hecho, la incluyó en sus listas para las últimas elecciones y mejoró su posición dentro del partido a pesar de que ya se había hecho pública la investigación contra ella por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Una protección por parte del partido que se materializó en su condición de aforada y que se hizo evidente ayer, por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que abría la causa contra ella.

“Es inocente de aquello de lo que se le está acusando”, sostuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicitado que ofrecía su “apoyo”. Y ha subrayado: “Quiero mandar un mensaje a Ana Millán, desde luego, de confianza (...), respeto total y absoluto al procedimiento judicial, pero que estoy seguro de que Ana Millán, desde luego, es inocente”.

Un sentimiento que también ha plasmado este miércoles Miguel Ángel García, portavoz de la Comunidad de Madrid, al asegurar que "no es casualidad" la atención mediática que se le está dando al supuesto caso de corrupción de Ana Millán, pues todo se debe a una cortina de humo orquestada desde el PSOE para intentar tapar la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por el llamado caso ITV."              (Alberto Muñoz , epe, 04/09/24)

10.1.23

La operación de Ayuso con el Instituto Homeopático de Chamberí es un regalo para la familia de Antón Carreño Díaz de Taburete

 "Los tíos de Antón Carreño, Ricardo Carreño Ferreiro y Elías Carreño Ferreiro pilotan Brewster Academy Spain SL, la filial del grupo estadounidense Brewster que, con la complicidad de Ayuso, se dispone a montar su primer colegio en Madrid, precisamente en las instalaciones del antiguo Instituto Homeopático de Chamberí, catalogado como Bien de Interés Cultural, después de que la comunidad invirtiese 3 millones de € en su rehabilitación.

 Elías Carreño Ferreiro fue un alto cargo de la comunidad madrileña en los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, ocupando los puestos de gerente de la desaparecida Agencia para el Desarrollo de Madrid (2002-2004), director de marketing de PromoMadrid (2004-2005) y consejero de Madrid Cultura Y Turismo SA (Turmadrid SA) hasta 2009.

 Antón Carreño Ferreiro, padre del integrante de Taburete y hermano de los Carreño de Brewster Academy Spain SL, comparte sociedad (La Removida AIE) con Ignacio Álvarez de Toledo, alias “Pucho”, el cerebro de los negocios del grupo musical, entre los que se encuentra el restaurante “El Rincón de Vespok” ubicado en la Calle de la Isla de Oza, nº 16, donde aparecen domiciliadas una veintena de sociedades vinculadas a Taburete. (Vespok Panamá SL, Panamá Waksman SL, Vespok Noche SL, Vespok Ocio Y Eventos SL, Voltereta Tour SL, Voltereta Furgos SL, Bunker 25 SL, Papaya Comunicación SL, Capote Y Ron SL, Rumbo Noroeste SL, Trattoria Casa Vito SL, Joda Entertainment SL,  Bomba Delivery SL, Rumbo Gallego SL, Vespok Verde SL, Flamenco Festival Worldwide AIE, Producciones La Joda AIE, La Removida AIE).

Casualmente, gracias a este grupo de empresas, Luis Barcenas ha conseguido salir de prisión al ser contratado como contable, al aplicársele el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge la posibilidad de la flexibilización del régimen de vida penitenciario para pasar a una situación de semilibertad.

 En la misma dirección aparece la empresa Secos Y Azules SL, propiedad de Antón Carreño Díaz.

El padre de Antón Carreño también estuvo vinculado empresarialmente (Delimer Products SL) con la familia del último alcalde franquista de Madrid, Juan de Arespacochaga y de Felipe, senador de Alianza Popular, cuyas hijas figuraron en las listas del Partido Popular en Elorrio (Vizcaya).

Uno de los socios de Delimer Products SL estuvo implicado en el caso Bahía Competitiva, Jorge Uriel García Bosmans, en el que también fueron imputados Joaquín de Arespacochaga y su padre Juan de Arespacochaga, el ya citado ex alcalde de Madrid.

 Descendientes de tan ilustre familia son Gustavo Fernández Mazarambroz Arespacochaga, Guillermo Fernández-Mazarambroz Arespacochaga y Juan Antón Arespacochaga, el primero se presentó como candidato de VOX en las autonómicas de 2019, los dos restantes son los delegados del partido ultra en México y Nueva York, respectivamente.

 También forma parte de la familia Ignacio Trillo de Arespacochaga el impulsor del movimiento ultra “Resiste España”, un grupo de “camisas pardas” que durante la pandemia y bajo el lema de “Desperta Ferro” corrían por las calles de Madrid para finalizar frente al Palacio de La Moncloa, cantando el himno con el que el Ejército español homenajea sus muertos."                 (Román Cuesta , Crónica Libre, 08/01/23)

12.3.20

El Gobierno del PP gastó 500.000 euros en fondos reservados para proteger al partido del caso de su caja b

"El Gobierno del Partido Popular gastó 500.000 euros de fondos reservados, dinero público, para proteger al propio PP del caso de su caja b, según fuentes del caso consultadas por la Cadena SER.

La SER ha accedido a información todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo que revela que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó esa cantidad entre 2013 y 2015 a la operación Kitchen, en la que el comisario Villarejo y el resto de la policía política, supuestamente espiaron a Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas que comprometieran a dirigentes de la formación conservadora.

La documentación secreta a cuyo contenido ha accedido la SER también corrobora que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

500.000 euros en sobornos, espionaje y hasta un secuestro

Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar. Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja b.

Supuestamente, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaban al corriente de las verdaderas intenciones del amplio dispositivo desplegado para esta operación. La mayoría eran "operativos ciegos" que en realidad creían que estaban auxiliando al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa, según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato.

El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que investiga esta causa, citó a declarar como imputado a Pino, quien aseguró que un comisario como Villarejo tenía un elevado nivel de interlocución en el Gobierno del PP. Sostuvo que ante las quejas del entonces DAO por el trabajo de Villarejo al ministro Jorge Fernández Díaz, éste le comunicó que había recibido el mensaje del presidente, Mariano Rajoy, para que "trataran bien" al comisario encarcelado desde 2017. El juez también citó como imputado al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien se negó a declarar.

Los fondos reservados están sometidos a "especial control" y su uso compete "en exclusiva" al ministro

La ley 11/1995 que regula estos fondos es muy clara. Dice que deben estar dotados de un "especial sistema de justificación y control" y que solo pueden ser destinados a la "defensa y seguridad del Estado". Algo que "es obvio" que en este caso no ocurrió, según las fuentes jurídicas consultadas.

La ley también establece que corresponde "exclusivamente" al ministro, en este caso Jorge Fernández Díaz, determinar la "finalidad y destino" de esos fondos.
El ministro debe informar al presidente y al Congreso sobre el uso de los fondos reservados
Además, la ley deja claro que el ministro debe informar "periódicamente" al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos, y "semestralmente" a la comisión del Congreso sobre secretos oficiales.

Las fuentes consultadas intentarán averiguar si Fernández Díaz informó y en qué términos, tanto a Mariano Rajoy como a los diputados. (...)"                   (Miguel Ángel Campos, SER, 03/02/20)

9.10.18

Dimite Ángel Viñas como concejal del PP tras chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

"El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión.

El PP de Madrid abrió ayer jueves un expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

 La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó. (...)"              (Público, 29/09/18)

18.5.18

El exdirector del centro donde Pablo Casado aprobó Derecho: "Aguirre llamaba para que terminara la carrera". El gobierno de Esperanza Aguirre controlaba la universidad privada donde Pablo Casado aprobó media carrera en 4 meses

 "Alberto Pérez de Vargas, el que fuera director del Centro Cardenal Cisneros de 2005 a 2013, donde Pablo Casado terminó la carrera de Derecho, aseguró que el vicesecretario de Comunicación del PP llegó al centro "de la mano de Esperanza Aguirre". 

Según Pérez de Vargas, la expresidenta madrileña llamaba interesándose por Casado: "Aguirre decía: 'Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés'".

El exdirector Cardenal Cisneros hizo estas declaraciones a El Mundo hace unas semanas, según publica este miércoles el diario. En ellas, Pérez de Vargas admite que Casado acabó sus estudios en Derecho con "facilidades" y declara que algunos profesores del centro, adscrito a la Universidad Complutense, le dijeron que "regalaron (a Casado) parte del título".

 "Si al profesor de turno le dio la gana de aprobarle sin examen, adiós muy buenas. Irregularidad de que se forzara no, pero hubo mucho interés, eso es verdad. Te decían que no tenía tiempo, y él mismo decía: 'Es que estoy muy liado'".

El citado periódico reveló este martes que el entonces líder de Nuevas Generaciones del PP aprobó la mitad de la carrera en apenas cuatro meses y que hubo presiones de altos cargo del partido. "¡Uf! Llamaron muchos. Y también las llamadas de la presidenta de la Comunidad: que a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar. Pero eso lo hacen todos, ¿eh? Leguina, Aguirre... Como sea uno de ellos, llaman", dice el exdirector.

Pérez de Vargas relata además lo que ocurría con las llamadas recibidas. "¿Que qué hice? Pues les dije a los profesores: 'Aquí está éste'. Lo que hicieran ya es cosa suya, a nadie se le obligó a aprobarle, eso no".

Sin embargo, este miércoles, tras la publicación de estas declaraciones, el exdirector ha reculado y ha defendido que "no hay razón para sospechar" que Casado recibiera trato de favor. Asimismo, ha negado que Esperanza Aguirre le llamara personalmente para pedirle "ningún tipo de intervención", aunque cree que "sí llamaba al resto de los profesores". "No tengo prueba fehaciente de que eso ocurriera, pero no hay duda de que se trataba de alguien extraordinariamente bien visto", ha dicho en Onda Cero.

En la misma entrevista, reconoce que "había interés" en la Comunidad de Madrid por la situación académica del portavoz del PP. "Era un muchacho prometedor para las filas del PP y tenía muy buenas amistades en la Comunidad de Madrid" y él, como director del Cisneros, era "consciente del interés que tenían" en la administración por él.

"El alumno llegó allí con dos profesores, me lo presentaron como secretario o presidente de Nuevas Generaciones del PP, estuvo en mi despacho, me explicó que venía de ICADE y que quería convalidar y me quería hacer llegar los programas para que yo se los hiciera llegar a los profesores", ha declarado por otra parte a la Cadena SER, donde también ha admitido "eso no es habitual, salvo que sea el hijo de un amigo que te lo manda". 

 "Este era sin duda alguna un señor que venía naturalmente, de alguna forma cobijado o ayudado por las autoridades de la Comunidad, pero nada más que eso. No es que llegara con una carta de recomendación ni nada por el estilo", ha comentado.

En la misma línea, ha afirmado que "había en el ambiente una sensación de que era un personaje ligado a los 'propietarios' del centro", cuyo patronato preside el consejero de Educación y que por tanto está ligado al Gobierno regional. "     (Público, 17/05/18)


 "El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha negado haber recibido  ningún trato de favor al sacarse su carrera de Derecho en el centro privado Cardenal Cisneros del barrio de Salamanca de Madrid.

 En cuatro meses y recién elegido diputado autonómico en Madrid aprobó, entre junio y septiembre de 2007, 12 asignaturas de las 25 de las que constaba la carrera de Derecho, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo.

Casado se cambió a ese centro adscrito a la Universidad Complutense porque le pillaba más cerca del trabajo, según ha dicho en varias entrevistas. Pero hay otra 'cercanía' en la titularidad del centro de estudios que el político no ha mencionado: aunque es un centro privado, estaba (y está) bajo la tutela del gobierno regional, que entonces dirigía Esperanza Aguirre. 




Esto es así porque el Cardenal Cisneros es una fundación universitaria privada pero de titularidad pública,  creada en 1998 por un decreto autonómico bajo el gobierno del presidente del PP Alberto Ruiz-Gallardón. 

El patronato, según sus propios estatutos, es el órgano competente en "todo lo que concierne al gobierno y administración" del centro. Y el presidente del patronato es siempre el consejero de Educación de turno. En el año en el que Casado acabó la carrera (2007) fueron titulares de esa cartera Luis Peral y Lucía Figar, que sustituyó a Peral el 20 de junio de 2007 hasta su dimisión en 2015 por su imputación en la trama Púnica.

Además, el consejero de Educación también nombra a 6 de los 11 miembros del patronato, incluido el vicepresidente, de modo que a efectos reales la gestión de esta universidad privada está tutelada por la Comunidad de Madrid, la misma autonomía en la que Casado acababa de ser elegido diputado regional cuando aprobó media carrera en cuatro meses.

 El poder del patronato es máximo y entre sus competencias está desde  "ejercer la inspección" (art.17) a nombrar cargos directivos, aprobar las contrataciones o la legislación universitaria. Aunque la gestión es de la Comunidad, fuentes de la Consejería de Educación puntualizan a eldiario.es que las cuestiones académicas las lleva el propio centro y los estándares de calidad, la universidad a la que está adscrita. 

"Jamás he llamado ni para interesarme ni para presionar en favor de Pablo Casado", ha dicho Esperanza Aguirre este miércoles sobre el expediente académico del vicesecretario del Partido Popular. Lo que no ha dicho es que esa Universidad pertenece a una fundación pública que entonces estaba bajo su mandato.

 "Acababa de conocer a Pablo", ha insistido. Sin embargo, él fue presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid con Aguirre de presidenta del partido y la Comunidad, prácticamente en el mismo periodo político. Son colaboradores cercanos durante casi una década y en 2007, cuando aprueba Casado, llevan al menos dos años coincidiendo en estos cargos.

La fundación pública era y es la titular de este centro universitario creado en 1971, cuatro años antes de la muerte de Franco. Tras la llegada de la democracia,  el gobierno central le traspasó la titularidad a la Comunidad de Madrid por Real Decreto en 1985 ,y así funcionó hasta que en 1998 se aprobó la creación de la fundación universitaria, "sin ánimo de lucro, constituida por la Comunidad de Madrid", como recoge el decreto publicado por el gobierno autonómico. Un año antes, el patronato, controlado por la Consejería de Educación, había solicitado crear una fundación a la que traspasar la titularidad. 

El control, de Educación

Por encima del patronato del Centro Cardenal Cisneros hay un "protectorado", que es el que debe controlar las cuentas y la gestión de la fundación. En este caso, el sujeto coincide y es precisamente Educación, ahora dirigida por Rafael Van Grieken, el organismo encargado de la inspección, además de ejercer la presidencia del patronato. 

eldiario.es ha preguntado tanto a Educación como al centro por las cuentas y las memorias de esta fundación de titularidad pública, que deberían estar colgadas públicamente en virtud de la Ley de Transparencia (artículo 2.1.h sobre fundaciones), tal y como confirman expertos en derecho administrativo a este medio. 

La Consejería no ha respondido aún a este aspecto aunque especifica que las cuentas son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Desde el centro privado señalan que han encargado un informe para ver si están o no sometidos a Transparencia, sobre la que aseguran estar muy concienciados, ya que, según su explicación, existen dudas legales al respecto. De momento, esas cuentas no están publicadas. Ambos organismos coinciden en que el centro Cardenal Cisneros no recibe subvenciones.

De momento, la Universidad Complutense de Madrid ha  solicitado el expediente, actas y calificaciones al centro adscrito privado donde cursó su último año de Derecho el vicesecretario. El centro Cardenal Cisneros niega cualquier trato de favor, mientras  Casado denuncia que las acusaciones son "absolutamente falsas"

El nuevo escándalo en torno al expediente de Cifuentes ha estallado 24 horas después de que eldiario.es adelantara que la jueza que investiga el máster de Cifuentes  ha iniciado una investigación específica sobre el máster que Casado cursó en la Universidad Rey Juan Carlos."                 (Raquel Ejerique, eldiario.es, 16/05/18)

13.9.17

Taula, Púnica, Gürtel, Laterne y Emarsa: el puzzle de la corrupción del PP de Rita Barberá empieza a encajar

"El caso Taula no es una anécdota, ni afecta a hechos remotos que ocurrieron en el pasado. La investigación inicial por blanqueo que involucra desde enero de 2016 a todo el equipo del PP en la ciudad de Valencia (sus concejales y asesores habrían simulado donaciones al partido que se les devolvían en dinero negro) se refería a la campaña electoral municipal más reciente, la de 2015, y se derivó del inicial caso Imelsa, en el que se investiga la corrupción en la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus.

Pero al contrario de lo que podía pensarse en un principio, el caso no sigue un esquema de muñecas rusas, en el que una corrupción más grande incluye otras de menor calado. La evolución del caso Taula ha adquirido una dinámica propia hasta llegar a conectar con un escándalo que denunció en 2010 la entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Ana Botella. 

La edil reveló la opacidad e irregularidades que marcaban la relación del Ayuntamiento con dos grupos de empresas, Laterne y Trasgos, que contrataban con el consistorio y al mismo tiempo participaban en la organización de las campañas de Rita Barberá, pero el asunto no llegó a trasladarse a la fiscalía.


Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado recientemente a una de las piezas de Taula y basado en documentación aportada por Jesús Gordillo, que fue asesor del PP, confirma, no solo que Laterne y Trasgos fueron usadas para financiar ilegalmente las campaña de Barberá en 2007, sino que el modus operandi se repitió en las elecciones de 2011 y 2015

 Sitúa, además, a quien fue mano derecha de Barberá, Alfonso Grau (juzgado y absuelto en el caso Nóos), en el centro del sistema irregular. El PP habría pagado sistemáticamente actos electorales financiados por empresas contratistas desde una caja B.

La forma de actuar es similar a la empleada por el PP de la Comunidad Valenciana en el caso Gürtel. Laterne y Trasgos habrían jugado a escala local el papel que Orange Market, la terminal valenciana de la trama que lideraba Francisco Correa, jugó en Gürtel. 

Un caso con el que el Ayuntamiento que presidía Rita Barberá tuvo una conexión a través de la Feria de Valencia, cuyo patronato presidía la alcaldesa. En este caso un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía cifró en 1,2 millones de euros lo que la institución ferial, que dirigía Alberto Català, pagó a Orange Market, según la documentación de la contabilidad B de Correa.

De hecho, según el concejal que denunció la trama Gürtel, José Luis Peñas, la influencia de la red corrupta en Feria Valencia fue tal que Francisco Correa era quien nombraba a su presidente. El PP dejó a deber más de 625.000 euros a la institución ferial por el alquiler de sus instalaciones para el congreso del PP en 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido al frente del partido. Solo cuando una sentencia les ha obligado a hacerlo, los populares han pagado lo que debían, tras reclamarlo los nuevos responsables de la institución.

La financiación irregular unifica todos esos casos de corrupción política. Y también aparece en el caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia, en Pinedo. La empresa pública, controlada desde un organismo en el que el PP de Valencia manejaba los hilos, habría pagado cenas de militantes del PP local mientras Esteban Cuesta, que fue cargo orgánico de segundo nivel del partido, era su gerente. Además, numerosos cargos del PP de València, entre ellos la propia Rita Barberá, recibieron regalos de lujo con dinero público de la depuración de aguas.

Las piezas van encajando en un rompecabezas que revela que el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, por el que están imputados nueve de sus 10 concejales, es solo la punta de una red mucho más amplia y continuada en el tiempo. Una red que también tenía que ver con el caso Púnica, otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP en España.


Si en un tiempo parecía que, a diferencia de su correligionario y amigo Francisco Camps, Rita Barberá había quedado al margen de la corrupción que implicó a todo el PP valenciano, a medida que avanzan las investigaciones judiciales toma forma un rompecabezas que sitúa a Barberá en la cúspide de un enorme entramado corrupto. 

Cuando la exalcaldesa de Valencia murió en Madrid en noviembre de 2016, era técnicamente una tránsfuga del PP, cuyo grupo había tenido que abandonar en el Senado al tener que declarar ante el Tribunal Supremo imputada en el caso Taula. "                   (

13.12.16

O primeiro fiscal do caso emitiu un informe contundente sobre os agasallos de Monbus a Feijóo... foi subsituído polo fiscal xefe, que mudou por completo a versión inicial para sorpresa da xuíza

“En el presente procedimiento existen indicios consistentes, derivados de la numerosa prueba documental y de la prueba testifical practicada, para apreciar un delito de cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal”. Así principiaba o informe do fiscal do caso Cóndor en decembro do 2015.

“Por todo lo expuesto, y sin prejuzgar lo que puedan decidir los tribunales competentes, el fiscal entiende que procede elevar exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con relación a don Alberto Núñez Feijóo y don Alfonso Rueda Valenzuela, y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con relación a don José Blanco López”, concluía o fiscal, apoiando de xeito claro e contundente as teses da xuíza Pilar de Lara para investigar os agasallos recibidos de Monbus polo presidente e vicepresidente da Xunta, entre outros aforados.

O informe do fiscal Jesús Álvarez González, ao que tivo acceso GC, non admitía dúbidas, e destacaba como o investigado Raúl López, propietario de Monbus, “enviaba anualmente costosos obsequios a un número elevado de autoridades en España (…) con la intención de propiciar una buena relación con el grupo empresarial citado y de conseguir facilidades con las correspondientes Administraciones”. E incidía nun dato significativo: “A don José Blanco se le rebajó sustancialmente el valor del obsequio al dejar de ser ministro”.

E observaba o fiscal: “El artículo 422 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que admitiera dádiva o regalo ofrecidos en consideración a su cargo o función”. E engadía, aludindo a Núñez Feijóo e Alfonso Rueda: “Los regalos en este caso, y con referencia a las personas aforadas, suponen un valor que, en principio, excede de la costumbre de agasajar por parte de una empresa a sus clientes”. Feijóo e Rueda recibiron cada un do dono de Monbus lotes de Vega Sicilia por valor de máis de 2.300 euros entre 2010 e 2013.

E aclara o fiscal do caso: “Cuando la Administración Pública contrata obras o servicios de una entidad privada, la autoridad contratante o sus superiores sólo son mandatarios del interés público, de manera que la persona física no es propietaria y no debe actuar en beneficio propio”. No informe elaborado por Vixilancia Aduaneira sobre os agasallos de Monbus a preto dun cento de autoridades e funcionarios, queda claro que os beneficiarios recibían os aguinaldos nos seus propios domicilios.

Desaparición de xeito repentino do caso

Pero o fiscal do caso que elaborou este informe desapareceu de xeito repentino da escena e foi substituído polo fiscal xefe, Roberto Brezmes Caramanzana, que medio ano despois emitiu outro informe no que mudou por completo a versión da Fiscalía, tras, segundo el mesmo relata no seu escrito, “recabar de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Galicia un criterio común”. 

A xuíza Pilar de Lara destaca como na causa constan “dos informes de la Fiscalía Provincial de Lugo dispares y, pudiéramos afirmar, contradictorios entre sí”. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostivo este domingo nunha entrevista en La Voz de Galicia que “o fiscal do caso loxicamente di que non hai nada”.

De Lara non oculta a súa sorpresa nos autos dictados con posterioridade, a finais deste ano: “Desde el momento de la emisión de dicho informe, y la incoación de las presentes diligencias previas, hasta la actualidad, no ha aparecido ninguna circunstancia nueva que modifique la naturaleza jurídica de los hechos, de modo tal que lo que antes podría ser considerado delito, ahora deje de serlo”.

A titular do xulgado de instrución número 1 de Lugo destaca como o primeiro informe da Fiscalía Provincial de Lugo estimaba, ao respecto dos perceptores de agasallos coa condición de aforados (Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda e José Blanco), que debía elevarse exposición razonada ao TSXG e ao Supremo.

 A xuíza De Lara non entende que a Fiscalía non interpuxese recurso no seu momento contra o auto de incoación das dilixencias previas nin contra as sucesivas resolucións xudiciais onde se acordaba a práctica de novas dilixencias de investigación sobre a causa, e agora pida o “sobresemento definitivo”, algo que a maxistrada rexeitou no seu último auto."             (Galicia Confidencial, 12/12/16)

25.11.15

El PP de Toledo enchufó a sus militantes con el dinero de los fondos europeos

"El Partido Popular encontró la gallina de los huevos de oro en fondos para el desarrollo rural de la UE y de la Diputación de Toledo. Durante el Gobierno de Arturo García-Tizón, los 'populares' fueron pagados por asistir a cursos de formación que organizaban ellos mismos a través de los programas Proder y Leader que financia la Unión Europea y la Diputación provincial.

Según recoge elplural.com, los conservadores organizaban estos cursos a través de los seis grupos de desarrollo rural (GDR) y las 24 mancomunidades existentes en la provincia toledana, que recibieron una auténtica lluvia de millones de euros, y hasta las pasadas elecciones autonómicas, eran controladas por los miembros del partido de la gaviota.

En el caso concreto de Torrijos, los populares hicieron práctica de estas políticas por medio de varias asociaciones. Una de ellas es “Castillos del Medio Tajo”, que pasó de dar todo lujo de detalles sobre dónde iban sus subvenciones a través de su portal web, a estar “bajo construcción” durante los años de gobierno del PP.

Los métodos utilizados por parte del PP para controlar estas asociaciones son bastante controvertidos. En el caso de la última organización citada, controlada por el alcalde del PP en Quismondo, se ha descubierto que este se mantiene en el poder tras posponer la elección de un nuevo presidente hasta en cinco ocasiones durante este mes. 

Otro ejemplo es el del gerente de la misma asociación millonaria, Ángel Naranjo, teniente de alcalde en Torrijos hasta 2011. Naranjo empezó a asumir este cargo después de que despidieran para colocarle a su anterior gerente, Raquel Ocaña, cuando estaba de baja por enfermedad.

Otras ni siquiera han llegado a realizar actividad alguna, y se han utilizado solo como caladero de dinero para los miembros del PP toledano. Uno de estos casos es el de la Academia de Historia de Torrijos, presidida por el exsenador del PP, Jesús María Ruiz Ayúcar.

Tras tomar el control de estas asociaciones, el PP y NNGG metían en los cursos a gente cercana al partido , donde les repartían unos 900 euros mensuales en calidad de alumnos. Entre las personas que han pasado por el aro de estos cursos se encuentran el hijo del presidente del PP de Quismondo, Mariano Camarero; una exconcejala de La Puebla de Montalbán; una sobrina del expresidente de la Diputación de AP, Isidro del Río; Virginia Rodríguez Lanchas, concejala en Quismondo; Juan Palomo Vázquez, candidato del PP en Torrijos; Daniel Calvo, hijo del exalcalde de Rielves; José Congosto, concejal y presidente de NNGG de Alcabón, así como mujeres, hermanos y sobrinos de destacados líderes del PP de la comarca.

Pero estos no son los únicos cursos en los que el Partido Popular ha metido la mano en beneficio propio. Bajo la presidencia de Arturo García-Tizón en la Diputación toledana, el antiguo secretario general de Alianza Popular no tuvo reparo en distribuir el dinero de estos fondos en los Ayuntamientos liderados por los conservadores. 

Según denunció el nuevo presidente provincial, Tizón dejó fuera de estos programas a todos los municipios gobernados por el PSOE, con la excepción de Toledo capital. 

En este sentido, los socialistas, indignados con estas prácticas llevadas a cabo por los 'populares', han elaborado el siquiente mapa donde recogen la localización de cada caso de enchufismo que ha ejercido el PP, con sus respectivos alcaldes implicados: 

29.9.09

Hombres de confianza de Camps dirigieron y ampararon la financiación ilegal del PP

"La cúpula del PP valenciano ha amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación política durante los últimos años, según el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía que investiga el caso Gürtel. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del presidente autonómico, Francisco Camps, se niega a investigar estos hechos e incluso ha eliminado este informe policial del sumario sobre el supuesto cohecho impropio de cuatro altos cargos del PP. (...)

El informe policial, de 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago de regalos.

- Doble facturación. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación Alicante [la A mayúscula se refiere a su origen legal] y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA, bajo la denominación Barcelona [la B se refiere a dinero negro sin justificación legal]. En consecuencia, no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana".

- Facturas de constructoras. "La investigación ha acreditado que hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market ha recurrido en ocasiones al cambio de cliente, endosando una factura por servicios prestados al PP a dos empresas constructoras que tienen múltiples contratos con la Administración valenciana: Ortiz e Hijos y Facsa (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA).

En los pagos en dinero b por actos del PP, la policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa y sobrino del vicepresidente valenciano Juan Cotino, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".

- Costa, canalizador de los pagos. "Además, el propio PP en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas.

Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa, suponiendo actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización con la formación política. La organización negocia el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos, siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo (número dos de la trama corrupta), confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra, vicesecretario general, participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono. Y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de la factura por conceptos ficticios".

- Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. "Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano pasan a engrosar la caja b de la empresa Orange Market de donde parte de ellos llegan a la caja b de la empresa matriz en la calle de Serrano [sede principal de la trama]. Este dinero se destina al pago de los gastos de funcionamiento de la propia organización y de las entregas de dinero que realizan a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...". (El País, ed. Galicia, españa, 25/09/2009, p. 10)