Sobornos por doquier: la corrupción domina la industria petrolera mundial

"Una familia asentada en Mónaco es la clave para entender hasta qué punto la corrupción marca el funcionamiento de mercado petrolífero a nivel global. Así lo revela un informe realizado de forma conjunta por The Huffington Post en EEUU y el grupo australiano Fairfax Media, y que apunta directamente a la forma de entender la responsabilidad social corporativa de empresas como Rolls-Royce, Samsung, Hyundai o Leighton Holdings (hoy CIMIC).

El eje de esta investigación es Unaoil, una pequeña empresa propiedad del clan Ahsani, originado en Irán a la sombra de la dictadura del Sha y que, según las citadas informaciones se dedica a sobornar a las personas clave en los países productores de crudo, para asegurarse de que sus clientes en las naciones más desarrolladas consiguen los millonarios contratos que sus accionistas demandan.

Partiendo de mensajes filtrados por una fuente anónima, el informe periodístico asegura tener datos confidenciales que explican a la perfección el papel jugado por la familia Ahsani en el tablero global del crudo entre 2002 y 2012.

Para que esta cadena que engrasa la producción de petróleo mundial funcione, los Ahsani contactan -entre otros- con personajes como dos ministros de Irak, un conseguidor vinculado a Bashar al-Assad en Siria, mandatarios cercanos a Gaddafi en Libia, altos cargos del régimen iraní, funcionarios de Emiratos Árabes Unidos y un misterioso operador kuwaití al que califican en sus comunicaciones internas como "el gran queso".

Más cerca de la manguera con la que llenamos el depósito están las compañías que se encargan de ejecutar las obras de construcción de instalaciones petrolíferas, todas ellas en los países consumidores: Siemens y MAN en Alemania, Eni y Saipem en talia, Rolls-Royce y Petrofac en Reino Unido, Leighton Holdings (filial de ACS) en Australia... Todas ellas forman parte de lo que los medios australiano y estadounidense califican como "corrupción seria y calculada".

"Los archivos que se han filtrado muestran que algunas de las personas que trabajan para esas empresas pensaban que estaban contratando a un lobista, y otros que sabían o sospechaban que estaban pagando sobornos simplemente miraron a otro lado. Pero algunos sabían mucho más", afirman ambos diarios.

Siempre según ese informe, "un puñado de altos responsables en empresas como la española Técnicas Reunidas, la francesa Technip y el gigante de la perforación MI-SWACO (de Schlumberger) no sólo apoyaron activamente los sobornos, sino que además se embolsaron sus propias comisiones".

Nadie parece salvarse de esta hoguera de la corrupción: "El gigante militar estadounidense Honeywell y Leighton Offshore accedieron a ocultar los sobornos dentro de los contratos en Irak, y un directivo de Rolls-Royce negoció incluson una comisión mensual a cambio de filtrar información de su propia compañía".

Sin abandonar el texto literal del reportaje, el medio australiano The Age asegura que "Estos ficheros ponen de manifiesto la traición a los ciudadanos de a pie de Oriente Medio. Despúes de que Saddam Hussein fuese derrocado, Estados Unidos declaró que el crudo del país se gestionaría en beneficio del pueblo iraquí. Hoy, en la primera parte (de tres) del informe La Factoría Mundial de los Sobornos, esa afirmación se desmonta".            (Tomado de El Economista , en Jaque al neoliberalismo, 31/03/16)

El lobby tóxico de los disruptores hormonales... causantes de muchos cánceres hormonales, como los de mama, próstata, testículo, ovario y endometrio, y que se encuentran en en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico...

"La pasada semana se presentó en España el informe Un asunto tóxico, elaborado por la periodista Stéphane Horel, que destapa las presiones del lobby de la industria química para bloquear la adopción de medidas contra los disruptores hormonales (EDC, por sus siglas en inglés).

“Existe una ley europea que permite a cualquier ciudadano de la UE el acceso a los documentos hechos por instituciones públicas europeas y utilicé esa ley. Lo hice durante tres años, con casi 30 peticiones de acceso a documentos. Y conseguí cientos de páginas de correspondencia interna, de la Comisión y diferentes servicios, pero también correspondencia entre la Comisión y los lobbies. 

 De esta forma hemos sido capaces de reconstruir lo que estaba sucediendo”, explica Horel a Diagonal. Su intención no es hacer el relato post­mortem de las consecuencias de una acción de lobby, explicando a posteriori cómo se han salido con la suya y han conseguido reescribir la ley, sino contarlo antes, de forma que la población informada pueda intervenir en el debate y no permitir que se privatice la decisión pública.

¿Disru... qué?

Los EDC son un conjunto heterogéneo de compuestos químicos que tienen la capacidad de imitar, bloquear o alterar nuestros niveles de hormonas (estrógenos, testosterona, hormonas tiroideas...). “Se cree que muchos cánceres hormonales, como los de mama, próstata, testículo, ovario y endometrio, pueden tener su origen en la exposición a estas sustancias durante la etapa fetal y en la pubertad”, apuntan desde Ecologistas en Acción. 

Esta organización alerta, además, de que “los efectos de la exposición a EDC en una generación pueden transmitirse a las generaciones futuras a través de los mecanismos involucrados en la actividad de programación genética”.

Pero, ¿dónde están estos compuestos? Los EDC se encuentran en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico y en otros numerosos artículos de consumo... Hasta ahora, alrededor de mil sustancias han sido identificadas como potenciales disruptores endocrinos.

Sus riesgos los avalan estudios científicos encargados por la Comi­sión Europea, además de infor­mes de la OMS, la Federación Interna­cional de Ginecología y Obstetricia o la Sociedad Mundial de Endocrino­logía. Y al menos tres normas de la UE exigen que se tomen medidas contra los disruptores endocrinos.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas y 3.800 profesionales y científicos del campo de la Salud Pública en España, llegó a remitir una carta en enero de 2014 a la ministra de Sanidad y a la Comisión Europea exigiendo una regulación más estricta de los disruptores endocrinos por la amenaza que suponen para la salud de la población. En ella solicitaban la implantación de una serie de políticas para reducir el riesgo que los EDC causan en la salud.

Cóctel tóxico

Cualquiera podría preguntarse cómo es posible la presencia de estas sustancias en productos comercializados dentro de la UE, donde se presuponen unos buenos controles de seguridad. Uno de los problemas, dice Horel, es que “no existe una prueba, no hay algo como un test de embarazo para saber si un químico es un disruptor o no”. Y ésa es la reglamentación que se ha exigido a la UE y que la industria intenta paralizar.

Tampoco es posible establecer un listado atendiendo sólo al efecto de cada químico. “En la vida real la población general está expuesta a un cóctel de concentraciones bajas de centenares de sustancias químicas diferentes y, sin embargo, las evaluaciones de riesgo que se realizan en la actualidad sólo contemplan las sustancias químicas individualmente”, dice Dolores Romano, de Ecolo­gis­tas en Acción.

 Precisa­mente una característica de algunos EDC es que el efecto adverso puede darse por la acción combinada de varias sustancias que a nivel individual no presenten efectos negativos detectables. De ahí la imposibilidad de establecer niveles de exposición seguros, como exige la industria. Tan sólo cabe determinar cuáles son y prohibir su uso.

La tarea de elaborar a nivel europeo la definición de estas sustancias para, a partir de ahí, poder establecer su regulación se encargó a la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que inició una revisión científica detallada sobre los EDC, encargada a un equipo dirigido por el profesor Andreas Kortenkamp y publicada en enero de 2012.

Ciencia contra la ciencia

Las principales conclusiones del informe Kortenkamp, que definieron  los EDC como “una grave amenaza a la salud pública”, molestaron mucho a la industria. Como respuesta, en junio de 2013, un grupo de 56 científicos envió una carta a Anne Glover, la asesora científica principal del entonces presidente de la Comisión Euro­pea, José Manuel Durão Barro­so, en la que criticaban este trabajo. 

La carta se hizo pública meses después, al incluirse en un editorial firmado por 18 editores asociados de revistas científicas que ponían en cuestión la investigación sobre los EDC por estar “científicamente infundada”. Del total de 18 editores, 17 tenían vínculos con la industria química, cosmética, farma­céutica, de pesticidas, biotecnológica e incluso del tabaco.

No es un caso aislado. Parece evidente que para las instituciones europeas no son un un problema los conflictos de intereses entre sus asesores científicos. “En la Agencia de Segu­ridad Alimentaria, por ejemplo, contamos que un 58% de los expertos tenían relación con la industria. Y para esa agencia está bien.

 Hay una visión en las instituciones de que es correcto porque, como buen experto, necesitas tener relación con la industria –denuncia Ho­rel–. Pero si alguien está siendo pagado por BASF para hacer estudios sobre los efectos de los pesticidas en las personas, esto debe ser tenido en cuenta”.

“Es lo que he llamado ‘la fabricación de la duda’. Consiste en transformar la incertidumbre, que está en el corazón mismo de la ciencia, en duda. Crean pseudocontroversias por las que el responsable de tomar las decisiones políticas dude de la existencia de un consenso”, explica Ho­rel.

 “La mayoría de las veces éstos no tienen formación científica y es fácil que se fíen de un artículo publicado en una revista científica, porque si está publicado ahí tiene que ser cierto, es ciencia”, añade la periodista.

Como señala la investigadora en su informe, desde el caso del tabaco en la década de los 50 al cambio climático en la actualidad existe una larga historia de intentos de la industria por fabricar dudas contra cualquier evidencia científica que demuestre los efectos perjudiciales de sus productos. Una de las formas más efectivas para hacerlo es financiar estudios que señalen otras posibles causas para estos efectos perjudiciales.

 “Exis­ten sorprendentes evidencias de que las medidas de los gobiernos contra las sustancias preligrosas –desde el amianto al plomo, y desde el tabaco a algunos pesticidas– han sido demoradas durante años, en ocasiones décadas enteras, debido a las actividades del lobby industrial para debilitar la ciencia”, afirma Ho­rel en su informe.

En el caso de los EDC, además de subvencionar estudios que desacreditasen las investigaciones independientes, también se inició una estrategia para generar alarma social sobre el daño económico que podría llegar a producir la eliminación de estos compuestos de sus productos, y el obstáculo que podía suponer para el tratado de libre comercio que se empezaba a negociar entre EE UU y Europa (TTIP).

Los encargados de trasladar los deseos de la industria a los responsables políticos son los lobbistas. Entre 20.000 y 30.000 pueblan la sede de la UE, y la gran mayoría re­presenta a corporaciones. Sue­len ser antiguos funcionarios de la Co­misión, europarlamentarios o empleados del Parlamento o del Conse­jo. Por lo tanto, están en una buena posición para hacer lobby entre sus antiguos colegas y conocen el funcionamiento interno del sistema.

 “A veces caemos en la trampa de decir que es legítimo que defiendan sus intereses. Pero, si su interés es envenenarme, yo creo que no es legítimo. Ahí tenemos que trazar una línea”, explica Jordi Se­bastiá, eurodiputado de Com­promís-EQUO.

Sus presiones tuvieron éxito y consiguieron que la Comisión encargase una evaluación de impacto socioeconómico, que obligaba a dilatar la regulación de estas sustancias. “Antes que una valoración científica sobre el impacto que pueda tener sobre nuestra salud se ha priorizado un análisis de impacto económico”, se lamenta Xabier Benito, eurodiputado de Podemos, valoración que comparten desde Ecologistas en Acción: “Aquí lo que vemos es una subyugación de los intereses ambientales, de salud, frente a los económicos”.

No es la primera vez que ocurre algo así. Carlos Martínez, del Departa­men­to Confederal de Medio Am­bien­te de CC OO, comenta su experiencia durante la presentación del informe en Madrid: “En 2004, cuando se estaba discutiendo el reglamento Reach europeo de sustancias químicas, la patronal química europea declaró que se iban a perder 240.000 empleos por la aplicación de este régimen. 

El reglamento lleva bastantes años en marcha y no se ha perdido ningún puesto de trabajo, pero en aquella época nos creaba muchos problemas, porque nuestros compañeros del sector nos cuestionaban”.

Otro golpe al proceso de regulación se produce con las elecciones europeas de 2014. Los cambios introducidos por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jun­cker, implican que la díscola Direc­ción General de Medio Ambien­te sea desplazada oficialmente.

 La regulación de los EDC pasa a ser responsabilidad de la Dirección General de Salud y Consumidores, mucho más atenta a las necesidades de la industria. “Se retiró a la gente que llevaba trabajando cuatro años en esto, que consultaba a todo el mundo, de una forma transparente, que respondía a las preguntas que les hacíamos, que colgaba online todos los documentos de las reuniones”, critica Horel.

Próximos pasos

El pasado diciembre, el Tribu­nal de Justicia de la Unión Euro­pea exigió a la Comisión que hiciese públicos los criterios para definir los EDC. La respuesta de la Comisión ha sido que los publicarán antes del verano, pero que la harán basándose en el criterio de potencia, por el cual sólo se incluirán en la regulación los compuestos químicos más fuertes. “Significa que los disruptores endocrinos débiles, pero que pueden actuar en la gente de una forma agregada, no serán tenidos en cuenta.

 Desde un punto de vista científico, tener la potencia como un criterio para identificar los disruptores hormonales no tiene sentido, es absurdo”, se lamenta la investigadora. “No es una cuestión científica, es una cuestión política y ética. Si creemos que hay efectos, están ocurriendo ahora y hay una responsabilidad política para actuar y proteger a las futuras generaciones”.

Miles de millones de euros dedicados a influir en decisiones políticas y a pagar investigaciones favorables que podrían haber financiado el desa­rrollo de compuestos alternativos.

 Ésta es la paradoja que sorprende a Horel. “Cuando hablo con gente de la industria, les pregunto por qué en lugar de gastar millones en lobbying y relaciones públicas no lo gastan en investigar sustitutos. Al final, necesitaremos reemplazarlos con algo. No los ponemos en los objetos sólo por placer, sino porque son útiles”.

Los disruptores hormonales en España

Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, los niveles de disruptores endocrinos presentes en el organismo de la población en España (la llamada ‘contaminación interna’) son muy superiores a los de la población de otros países en los que se han hecho estudios similares, incluyendo EE UU, Canadá y Nueva Zelanda.

Un equipo de investigación sobre contaminantes ambientales dirigido por el doctor Nicolás Olea analizó la presencia de 16 plaguicidas, todos con capacidad de alterar el sistema hormonal, en 150 muestras de placenta de mujeres andaluzas. En todas ellas se detectó al menos un contaminante, con una media de ocho plaguicidas por placenta.

Otro estudio en la población catalana, dirigido por el doctor Miquel Porta analizó 19 sustancias organocloradas con capacidad de disrupción endocrina en una muestra de 919 personas. Concluyó que más del 85% de la población catalana presenta niveles detectables de las mismas. 

Estos datos indican una exposición generalizada de la población a una mezcla de varias sustancias con capacidad de alterar el sistema endocrino. Curiosamente, según esta investigación, las personas con un nivel educativo inferior presentan concentraciones superiores de estos contaminantes, observándose una disminución según aumenta el nivel educativo. La clase social más alta presenta concentraciones inferiores que el resto.

Trabajadoras del campo en Almería

Un estudio de la Universidad de Granada con 702 recién nacidos encontró una mayor frecuencia de malformaciones en hijos de trabajadoras del campo. Se analizó en las placentas la exposición a 16 plaguicidas con efectos estrogénicos y se encontró que la carga total de xenoestrógenos en los recién nacidos con malformaciones genitales era superior a las de los niños sin malformaciones. La exposición laboral de los padres también tenía relación con una mayor incidencia.

Disruptores y cáncer

Un estudio estadounidense muestra que la exposición a contaminantes hormonales –en particular el pesticida DDT– en la edad fetal cuadruplica la probabilidad de de­sa­rrollar cáncer de mama 50 años más tarde.

Bisfenol A

El bisfenol A (BPA) es el ejemplo más conocido de sustancia disruptora endocrina. Se utiliza fundamentalmente para fabricar policarbonatos plásticos irrompibles, y han detectado que se libera de este material. Desde 2011 su uso en la fabricación de biberones está prohibido en la UE. Pero el BPA aún es utilizado en productos de consumo, como envases de alimentos y bebidas."                     (Ana Álvarez, Diagonal, 27/02/16)

Los marcapasos no duran más porque reducen el beneficio de los fabricantes

"Las baterías de los marcapasos no duran más porque se reduce el margen de beneficio de los fabricantes. Un artículo en una revista médica revela que las empresas "carecen de incentivos" para fabricar dispositivos cardíacos con una vida útil más larga, aunque los portadores tiendan a vivir más. 

El motivo es que si lo hicieran, sus beneficios se reducirían.

El texto, publicado en el British Medical Journal (BMJ) y del que se hace eco La Celosía, recuerda que en 2014 se implantaron 37.501 aparatos a nivel mundial. El problema, continúa la investigación, es que la duración de dichos mecanismos es "inexacta", con vidas útiles que oscilan entre los cinco y los ocho años.

Riesgo de infección

Con estas cifras, los autores subrayan que "la sustitución de las baterías expone a los pacientes a riesgos graves que pueden hacer peligrar sus vidas, como el de infección". No obstante, las operaciones para reemplazar marcapasos gastados se producen "porque de lo contrario, se reduciría el beneficio de fabricantes, los médicos que los implantan a los pacientes y las instituciones sanitarias".

El documento del BMJ recalca que los ingenieros ya disponen de la tecnología y el conocimiento para fabricar dispositivos cardíacos que duren 25 años o más. Ello reduciría la "necesidad urgente" de minimizar las operaciones para sustituirlos. Según la revista especializada, si se produjeran aparatos con esta vida útil, "se salvarían vidas, se reduciría el sufrimiento [de los pacientes] y se recortarían costes".               (Crónica global, 12/02/16)

Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens: el lado oscuro del capitalismo alemán. Las tres empresas están implicadas en fraudes

" El escándalo industrial del que es protagonista Volkswagen, que ha reconocido recientemente haber trucado hasta 11 millones de coches en todo el mundo, no es el único caso que ha puesto en la picota a emblemáticas compañías del capitalismo germano. 

Otros buques insignia de la economía alemana ya se han visto en tesituras similares a las que hoy se enfrenta el constructor de coches. En los últimos años, Deutsche Bank –el mayor banco de inversiones en Europa– o Siemens, líder continental en ingeniería industrial, también han sido cuestionados por su dudosa ética.

“Cada escándalo tiene su idiosincrasia y una constelación de factores que concurren para explicarlo”, dice a eldiario.es Johanna Mair, profesora de gestión, estrategia y liderazgo de la Hertie School of Governance, de Berlín. “En el último caso de Volkswagen, es una combinación de mal liderazgo con algunos errores estratégicos”, agrega.

Tampoco hay que ignorar en el escándalo de los gases contaminantes de los coches diésel de Volkswagen la dinámica que ha estado viviendo la compañía en los últimos tiempos. Martin Winterkorn, el presidente del consejo de Volkswagen AG que dimitió el miércoles, tuvo que defender su cargo con uñas y dientes a principios de año. 

Ferdinand Piëch, magnate austriaco y hasta no hace mucho uno de los pesos pesados de la compañía, ambicionaba ver a Winterkorn fuera de las altas instancias de Volkswagen. Sin embargo, en abril al descubrir los fuertes apoyos con los que contaba  Winterkorn, fue el propio Piëch quien tuvo que retirarse.

Para Mair, “en la dirección de la compañía, Winterkorn ha sido víctima de dos trampas para todo líder de empresa: la arrogancia y la falta de humildad”. “Efectivamente, ganó importantes batallas por el poder de la empresa y eso crea a menudo una espiral en la que se sobreestiman los recursos que tiene uno”, añade. 

En Estados Unidos, donde la Agencia de Protección del Medio Ambiente denunció la semana pasada el engaño de Volkswagen en cerca de medio millón de vehículos, ya se evalúa que la empresa alemana podría verse obligada a pagar una multa de unos 16.000 millones de euros. 

Este tipo de estimaciones explican en buena medida por qué a mediados de esta semana habían perdido casi un 35% de su valor las acciones de la compañía, que da trabajo a casi un tercio de los cerca de 780.000 empleados del sector del automóvil alemán.

El nuevo Libor alemán

Volkswagen no es la única gran empresa alemana que se ha visto obligada a afrontar grandes multas por hacer trampas. Este año, Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania con 45.000 trabajadores,  acordó pagar a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido 2.300 millones de euros por su implicación en el escándalo del Libor, un caso de manipulación en el tipo de interés del mercado interbancario de Londres. 

Precisamente, dada la amplitud del caso de las emisiones de Volkswagen, este escándalo podría ser el “Libor del sector del automóvil”, según Olaf Storbeck, columnista alemán de la agencia  Reuters. 

Ahora bien, existe una diferencia entre ambos casos, porque los grandes bancos implicados en la manipulación del Libor –además de Deutsche Bank fueron multados Barclays, UBS, City Group y JP Morgan– se defendieron apuntando que las faltas las cometieron algunos empleados por su cuenta. En Volkswagen, la atención no está puesta en directivos situados en partes bajas o intermedias de la jerarquía, sino en quienes dirigen la compañía.

También han estado sometidos a un intenso marcaje los máximos responsables de Siemens, un gigante germano que destaca por ser una de las compañías que más empleados tiene a nivel mundial con 362.000 trabajadores. 

Las decisiones de  Joe Kaeser, el consejero delegado de este otro gigante industrial germano, se siguen con mucha atención ahora por la reestructuración que está llevando a cabo con constantes anuncios de miles de despidos. 

Kaeser recogió en 2013 el testigo de  Peter Löscher, en quien cayó la responsabilidad de hacer olvidar el escándalo por el que Siemens tuvo que desembolsar la pasada década unos 1.400 millones de euros en multas en Estados Unidos y Alemania para poner fin a una serie de investigaciones sobre un  sistema de sobornos ideado para obtener contratos en países como Rusia, Israel, Irak, Venezuela y Bangladesh. A este escándalo se le puso la etiqueta del "mayor caso de sobornos en la historia del mundo empresarial".

Falta de humildad

Johanna Mair, la profesora de la  Hertie School of Governance  de Berlín, entiende que este tipo de casos ocurren cuando hay una “sobreestimación de uno mismo” entre los líderes de una empresa. “La falta de humildad en la dirección de empresas lleva a pensar que se puede caminar sobre el agua o hacer lo que sea, y de esto resulta que los estándares éticos se queden vacíos”, apunta, antes de reconocer la presión que ejerce el ritmo del capitalismo global.

 “En Alemania las empresas operan hoy en día con un claro mandato de maximizar el valor de las acciones, algo que, en ocasiones hace que los líderes de las empresas olviden que, en su mundo, el fin no debería justificar los medios ”, señala Mair.

Winterkorn ha pagado el fraude con su cargo.

"Casos como el de Volkswagen tienen un efecto negativo para la imagen de cualquier empresa en Alemania, donde la sociedad piensa tradicionalmente peor de las grandes compañías por ser más escéptica con el funcionamiento de las grandes corporaciones”, dice a eldiario.es Peter Matuschek, analista del instituto berlinés de estudios de opinión FORSA. 

Según él, los alemanes “tienen mejor opinión del  Mittelstand”, término con el que se conoce al tejido industrial compuesto por pequeñas y medianas empresas, que abarca el 70% de la mano de obra en el país y representa el 53% del Producto Interior Bruto (PIB) germano. 

Aun así, las dimensiones de una empresa como Volkswagen son tales que ella sola contribuye alrededor de un 2,7% al PIB alemán. De resentirse las ventas de coches de la firma con sede en Wolfsburgo, también lo haría hasta cierto punto la economía alemana.

Algo parecido se puede decir de Deutsche Bank, uno de los bancos considerados too big to fail en el mundo de las finanzas. Su tamaño es tal que su eventual caída en desgracia tendría consecuencias globales. En productos financieros derivados, se ha estimado que Deutsche Bank tiene invertidos unos 67 billones de euros, una cantidad veinte veces mayor que el PIB alemán.

Participación pública

El caso de Volkswagen tiene que preocupar especialmente a los políticos del Land de Baja Sajonia (noroeste germano). Esta región figura entre los principales accionistas de la compañía, con un 20%. Sin embargo, las primeras consecuencias políticas del escándalo de Volkswagen podrían registrarse en Berlín, y no en Hanóver, la capital de Baja Sajonia.

Este miércoles, el diario conservador Die Welt se hizo eco de la respuesta que el ministro de Transportes, el democristiano de la CSU bávara Alexander Dobrindt, había  ofrecido a Los Verdes en una sesión parlamentaria en el Bundestag en julio y en la que reconocía la existencia en la industria del automóvil de aparatos con un sistema defectuoso de detección de emisiones. 

“Es sorprendente que Dobrindt se muestre sorprendido” con el escándalo “porque en julio estaba muy bien informado en lo que respecta a las manipulaciones” del sistema de emisión de gases, ha apuntado Oliver Krischer, vicepresidente del grupo parlamentario ecologista. Por todo ello, la Fiscalía alemana va a lanzar una investigación criminal sobre los hechos.

Más allá de que la credibilidad de Dobrindt haya quedado en entredicho y de las eventuales consecuencias políticas del escándalo, este tipo de casos se percibe como asuntos turbios que mancillan los éxitos actuales de una economía alemana cuyos datos macroeconómicos son la envidia de sus socios europeos. 

De ahí la manifiesta condena o preocupación que surge cuando saltan a la luz. Así, el diario sensacionalista  Bild afirmó que los productos “Made in Germany están en peligro” a raíz del escándalo de Volkswagen, según un reciente editorial firmado por la periodista Sissi Benner.

El martes, desde dicho periódico se pidieron explicaciones a Winterkorn porque “la buena reputación de la economía alemana en el mundo se debe en buena parte a Volkswagen”. Está por ver si aclarar lo ocurrido servirá para enmendar los daños infligidos a la marca con el escándalo de los gases. A principios de semana, Die Welt se temía lo peor. “El escándalo de la emisión de gases podría amenazar la existencia de Volkswagen”, rezaba uno de sus titulares."                  (Salvador Martínez Mas - Berlín  , eldiario.es, 23/09/2015)

Volkswagen admite que usó en sus coches un software ilegal para falsear las emisiones contaminantes en un 40%

 "El presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, ha lamentado haber "roto la confianza" de sus clientes y del público tras ser acusada la empresa automovilística por las autoridades de EE.UU. de falsear las emisiones de algunos vehículos.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU. y el estado de California acusaron el sábado a Volkswagen y Audi de falsear las emisiones de algunos de sus vehículos, por lo que se ordenaron la llamada a revisión de 482.000 automóviles.

La EPA señaló en un comunicado que el Grupo Volkswagen (formado, entre otras, por las marcas Volkswagen y Audi) utilizó un software en los automóviles de los modelos 2009 a 2015 dotados con motores diésel de cuatro cilindros que evita las regulaciones sobre emisiones de contaminantes.

Según la EPA, el software detecta cuando el vehículo está siendo examinado para comprobar que cumple las regulaciones sobre emisiones y afecta las mediciones para cumplir las normativas federales y estatales, a pesar de que las emisiones reales de óxidos de nitrógeno son 40 veces superiores a lo permitido. La agencia estadounidense también dijo que Volkswagen admitió que utilizó el software en sus vehículos.

Winterkorn reconoció en un comunicado divulgado el domingo a última hora que dicha agencia estadounidense y la Junta de Recursos del Aire de California descubrieron que mientras se prueba los coches diésel del Grupo Volkswagen que han detectado manipulaciones que violan las normas ambientales estadounidenses. Agregó que el Consejo de Dirección de Volkswagen "toma muy en serio" esas denuncias. (...)

Por su parte, Richard Corey, representante de las autoridades de California, afirmó que "nuestro objetivo ahora es asegurar que los automóviles afectados son reparados, investigar más la dimensión e implicaciones de los esfuerzos de Volkswagen para engañar y tomar las acciones apropiadas". El software de Volkswagen fue detectado por investigadores de la Universidad de Virginia Occidental.

Los modelos afectados por la llamada revisión al tener instalado el software ilegal son:

- Jetta, modelos 2009 a 2015

- Beetle, modelos 2009 a 2015

- Audi A3, modelos 2009 a 2015

- Golf, modelos 2009 a 2015

- Passat, modelos 2014 a 2015

Este lunes, las acciones de Volkswagen están sufriendo caídas cercanas al 20% de su valor, hasta el entorno de los 130 euros por acción.

Alemania investigará si también se falseó en Europa

El Gobierno alemán ha dicho que las empresas de coches podrían tener que suministrar información relevante a la Autoridad Federal de Transporte de Motor de modo que pueda evaluar si se han podido falsear datos de emisiones de gases en Alemania y Europa. (...)"          (Público, 21/09/2015)

Multa de 171 millones a 21 marcas de coches por actuar como un cártel. SEAT se chivó a cambio de 'clemencia'

"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa de vehículos en todo el territorio español.

La sanción, que afecta también a dos consultoras, se ha impuesto por realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Según la CNMC estas empresas han actuado directamente como un cártel.

El organismo da por probada una infracción "única y continuada" consistente en el "intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas".

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas 'premium'.

 Competencia asegura que ha quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información "con manifiesta ocultación y secretismo", valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información, mediante la participación a tal efecto de dos consultoras, Urban Science y Snap-On Business Solutions.

La organización explica que el intercambio de información se estructuraba en el ámbito de la gestión empresarial, con datos relativos a la distribución y la venta de vehículos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de las marcas". También se compartió información sobre servicios y actividades de posventa, para lo que se creó un programa de colaboración a partir de 2010 de la consultora Urban Science y se convocaron diferentes foros.

Igualmente, algunas de las marcas envueltas en este expediente también intercambiaron información confidencial en el campo del marketing, con reuniones denominadas 'Jornadas de Constructores', en las que participaron responsables de marketing de posventa.

 Competencia apunta que en las inspecciones realizadas en las sedes de las empresas a finales de julio de 2013 y junto con la documentación facilitada por Seat "en su solicitud de exención de pago de multa" se comprueba que estas acciones han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado.

La CNMC ha decidido eximir de la multa a Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica por su condición de solicitantes de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", añadió, al tiempo que señaló que éstas han quedado eximidas de una multa de 39,44 millones de euros.

Además, considera que el papel de Urban Science y de Snap-On "es determinante", ya que actuaron como facilitadores activos del cártel y como instrumentos fundamentales en el intercambio de información y en el mantenimiento en el tiempo de dicha conducta.

 Entre las empresas con mayores sanciones dentro del expediente figuran Citröen (14,7 millones), BMW (8 millones), Ford (20,2 millones), General Motors (22,827 millones), Peugeot (15,7 millones) o Renault España Comercial (18,2 millones).

Además, también se ha multado a B&M Automóviles España con 776.012 euros; a Chevrolet España, con 138.580 euros; a Chyrsler España, con 264,5 euros; a Fiat Group Automobiles Spain, con 6,9 millones de euros; a Honda, con 609.325 euros; a Hyundai, con 4,41 millones de euros; a Kia, con 2,07 millones de euros; a Mazda, con 2,37 millones de euros; a Mercedes-Benz España; 2,37 millones de euros; a Nissan Iberia, con 3,15 millones de euros; a Snap-On, con 52.785 euros; a Toyota España, con 8,65 millones de euros; a Urban Science, con 70.039 euros, y a Volvo Car España, con 1,7 millones de euros.

Competencia procede al archivo de las actuaciones contra Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España y Orio Spain "por no haber quedado acreditada la comisión de infracción" y recuerda que no existe recurso alguna en vía administrativa contra estas resoluciones."                 (Público, 28/07/2015)

La estructura corrupta de ¡SIEMENS! Data de la postguerra, o sea... de siempre

"P. Estamos hablando de la mayor sanción monetaria que la justicia estadounidense ha impuesto en un caso así. ¿Se merece Siemens esta condena?

R. Ésa es, al fin y al cabo, una cuestión de valoración moral. Preferiría que siguiéramos sobre una base racional.

P. ¿Cuánto le va a costar todo el asunto a la empresa?

R. En total hemos pagado 1.200 millones de euros de sanción, a lo que hay que añadirle otros costes, como los cerca de 200 millones que irán al despacho de abogados Debevoise & Plimpton y los 350 millones para la auditora Deloitte & Touche. (...)

P. En total han incurrido en unos costes de cerca de 2.000 millones de euros, sin contar con el pago complementario de impuestos. Esta cantidad podríamos restarla a todos los encargos que Siemens ha obtenido durante décadas gracias a la corrupción y todo este embrollo incluso podría haber sido rentable, si cabe.

R. No estoy de acuerdo, porque los daños a la imagen de la empresa son difíciles de calcular, pero son enormes. Desde que la Fiscalía de Baviera empezó con sus redadas, en noviembre de 2006, ya no hay sobornos en la multinacional. Los pedidos han aumentado y, por lógica, tendrían que haberse hundido si los sobornos hubieran sido tan necesarios para la supervivencia.

P. Entonces, ¿tenía algún sentido toda la corrupción?

R. Ahí es precisamente donde tengo mis dudas. Más bien creo que, tanto externa como internamente, se había desarrollado una especie de industria común del soborno que al final debía hacer que todos tuvieran la impresión de que los sobornos eran necesarios. No se puede excluir que los que participaban en este sistema se aprovecharan para sacarse un dinero extra.

P. ¿Cuándo vio usted claro que detrás del creciente número de supuestos sobornos debía esconderse todo un sistema?

R. Antes de la sesión de abril de 2007 del Consejo de Administración. A partir de ahí dejé de entender cómo nos podíamos haber empantanado de esa forma, que se hacía cada vez más y más grande, sin que el presidente lo supiera o lo tolerara. (...)

P. ¿Se siente engañado por los anteriores responsables de la junta directiva, Heinrich von Pierer y Klaus Kleinfeld?

R. La verdad es que me habría gustado que hubieran sido más francos...

P. Algo que quizás no podía ser, precisamente porque Siemens había aceptado anteriormente la corrupción como base.

R. Hoy sabemos que esta base surgió poco después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que a las multinacionales de Alemania, un país vencido, ni siquiera se les permitía todavía entrar en los países buenos. Así que tuvieron que empezar en países bastante difíciles y hubieron de adaptarse a prácticas locales.

P. En las investigaciones apenas aparecen casos de corrupción en Alemania y otros países europeos. ¡Cómo si no se hubiera sobornado a nadie en ellos!

R. En Europa empezaron antes con controles más estrictos. Y en Alemania las investigaciones no han encontrado nada nuevo...

P. Los fiscales estadounidenses descubrieron 4.283 pagos ilegales y 332 proyectos dudosos protocolizados: desde el tren de cercanías en Venezuela y centrales eléctricas en Israel, hasta encargos de tecnología médica en Vietnam. ¿Hay algún sector en el que no hubiera sobornos?

R. El soborno se practicaba en muchos ámbitos, sobre todo en el de las comunicaciones. Era una red, un universo paralelo, ocultado, tolerado o incluso promovido por la anterior Junta Directiva." (GERHARD CROMME (Consejero delegado del grupo Siemens): "El soborno era una red tolerada u oculta por la anterior dirección". El País, ed. Galicia, Economíoa, 28/12/2008, p. 20)

La industria espía a los troskistas

"Trotskistas espiados.

La Inspección General de la Policía Francesa, encargada de los asuntos internos de las fuerzas de seguridad, detuvo a siete agentes y otras cuatro personas acusadas de espiar a Olivier Besancenot, portavoz y candidato electoral de la trotskista Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y líder del Partido Anticapitalista, en formación. La redada confirma las informaciones publicadas, no por el órgano de información de los trotskistas, sino por el semanario L'Express.
Según los documentos a los que este medio tuvo acceso en mayo, los pasos de Besancenot, su compañera y sus hijos habrían sido espiados por iniciativa de la sociedad SMP Technologies, que distribuye un tipo de pistola eléctrica con la que se ha equipado recientemente a la policía francesa. Besancenot se opuso a la adquisición de este arma y, de ahí, presuntamente, el espionaje encargado por SMP Tecnologies.
Según sospecha la prensa francesa, la implicación de estos policías podría indicar que la adquisición de las pistolas eléctricas Taser se realizara gracias al pago de comisiones. (...)

Es conocido que antiguos trotskistas coparon puestos clave de la Administración de Bush, encabezados por aquel Wolfowitz que fue número dos del Pentágono. Si en Francia hubieran tenido esa misma inclinación y llegado tan alto como allí, los espías de Besancenot podrían no ser otros que sus antiguos camaradas. Pero Francia no es EE UU." (El País, ed. Galicia, Opinión, 21/10/2008, p. 28)