La policía patriótica del PP espió a 69 diputados de Podemos a través de las bases de datos de Interior... La Audiencia Nacional tiene ya las pruebas del rastreo masivo que hicieron sin aval judicial los agentes con cientos de consultas entre 2015 y 2016 sobre líderes como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero... “Mirar a los 69 de Podemos se saca, pero deja rastro”

 "Las pruebas documentales de un supuesto espionaje ilegal a los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de diciembre de 2015 han llegado a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz investiga las maniobras de la denominada policía patriótica durante el mandato del Partido Popular contra sus adversarios políticos. El rastreo masivo que hicieron los agentes con cientos de consultas en bases de datos policiales entre 2015 y 2016 afectó al menos a 55 parlamentarios recién elegidos de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero.     

La operación policial, ahora documentada, se enmarca dentro del interés del por entonces número dos de Interior, Francisco Martínez, en sus conversaciones de enero de 2016 con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, en buscar datos que dañaran la reputación de los recién elegidos diputados de Podemos. Así se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el político y el mando policial que fueron extraídos del teléfono móvil requisado a Martínez durante la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje policial ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, para sustraerle documentación sobre la financiación bajo sospecha de la formación conservadora.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió una investigación judicial este febrero a raíz de una querella presentada por Podemos donde denunciaba haber sido víctima de las maniobras de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido ahora al juez el informe sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar distintos aspectos de la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, consultado por este diario, ha señalado: “La noticia que dais confirma algo que venimos diciendo desde hace tiempo, tenemos una democracia limitada, en la que hay poderes del Estado, en este caso policías, altos mandos policiales, que se toman la justicia por su mano y que llevan a cabo una investigación prospectiva ilegal contra quien consideran un adversario político sin tener competencias para considerarlo”. “Lo que reforzaría nuestra democracia es que esos policías acabaran en prisión, creo que eso es muy difícil que ocurra con una derecha judicial tan legitimada después del acuerdo del PSOE con el PP de repartirse el Consejo General del Poder Judicial, temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este país hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan más allá de lo que decidan los ciudadanos”, ha agregado.

“Mirar a los 69 de Podemos se saca, pero deja rastro”

Así fue dicha conversación entre Martínez y Castaño el 30 de enero de 2016:

Francisco Martínez: De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?

 García Castaño: Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?

Martínez: ¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los otros, ¿qué? No me mandas nada....

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro.

Ese “rastro” figura en el informe fechado el pasado 8 de julio que la policía ha enviado al juez Santiago Pedraz, donde se detallan cientos de consultas sobre los 69 diputados de Podemos en bases de datos policiales (Argos, Sidenpol y otras). Consultas sin ningún motivo aparente y sin amparo judicial. Esas bases de datos permitían conocer los antecedentes policiales de las personas investigadas, el contenido de las diligencias policiales que afectaran a los espiados, sus viajes, alojamientos o vehículos y otro tipo de información. Era un espionaje destinado a rastrear en la vida de los 69 parlamentarios de Podemos.

Diputados espiados

En algunos casos apenas se trata de media docena de consultas; en otros son decenas o cientos. Entre los diputados supuestamente espiados figuran la vicepresidenta Yolanda Díaz, el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, la secretaria general de esta formación, Ione Belarra; la exministra Irene Montero, o el actual portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón.

 Pablo Iglesias. Las búsquedas al por entonces líder del Podemos fueron 121, repartidas homogéneamente entre el 7 de enero de 2015 al 29 de diciembre de 2016, los dos años completos de registros que solicitó el juez a la Policía. El análisis señala que 39 usuarios diferentes ejecutaron el rastreo de información en cuatro bases de datos diferentes (según aparece en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS), la mayoría en Argos (59) y Personas (46). En las palabras de búsqueda destacan las palabras “hospederías”, “joyas” y referentes a viajes en avión o barcos.

Íñigo Errejón. El entonces diputado de Podemos y hoy portavoz de Sumar en el Congreso aparece en el informe policial con 34 búsquedas a tres bases de datos diferentes por 10 usuarios de la Policía. Las fechas de las consultas van del 14 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2016.

Yolanda Díaz. La actual vicepresidenta del Congreso y ministra de Trabajo era bastante desconocida cuando se desencadenó el supuesto espionaje ilegal a diputados de Podemos. Pese a ello, es de las diputadas que más consultas en bases de datos sufrió: 401 entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Al menos 230 usuarios rastrearon a Díaz, en su mayoría en la base de datos Sindepol.

Irene Montero: La exministra de Igualdad, por entonces diputada, fue espiada por 18 usuarios de la Policía a través de 28 búsquedas, en las bases de datos policiales Argos y Sindepol, entre el 13 de enero de 2015 y el 27 de julio de 2016.

Ione Belarra. La entonces diputada de Podemos por Navarra en el Congreso y ahora secretaria general del partido fue investigada al menos en 13 ocasiones por la Policía Nacional durante el periodo de tiempo de entre enero de 2015 al 10 de octubre de 2016, aunque se intensificaron a partir de febrero de ese último año, donde la exministra de Asuntos Sociales fue rastreada hasta en siete ocasiones.

Pablo Bustinduy. El actual ministro de Asuntos Sociales fue espiado mientras formaba parte del equipo de Podemos en 2016. Era entonces ideólogo de la formación morada y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y diputado en el Congreso en 2016. Bustinduy fue rastreado en 13 ocasiones; un año antes habían sido consultados sus datos seis veces.

Joan Baldoví. El portavoz de Compromís en Valencia también figura en el listado de los diputados investigados por Interior. Baldoví fue cabeza de lista en las generales de 2015 con la coalición Compromís-Podemos por Valencia para el Congreso de los Diputados. Su nombre aparece registrado en 15 ocasiones, todas las búsquedas se efectuaron desde enero de 2016 hasta diciembre de ese año.

Operación de descrédito

La recopilación y el uso de datos personales con fines policiales es un delito contra el derecho a la vida privada y familiar de una persona, así como de su domicilio y correspondencia, según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos humanos, que especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a menos que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”. El análisis de estas búsquedas reflejan una desproporcionalidad, tanto por el tiempo en el que se ejecutó este espionaje como por la cantidad de búsquedas realizadas en diferentes bases de datos.

Aquella operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza de PSOE y Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social."

(José Manuel Romero , Julio Núñez , Elena Reina , El País, 10/07/24)

La SER desvela la declaración íntegra de Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en la que detalló la "persecución" que sufrió del entorno del PP para que descarrilara el caso Gürtel... Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño

 "La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración íntegra de Javier Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga cómo se trató de chantajear a este abogado para que silenciara las filtraciones de Luis Bárcenas o, de lo contrario, saldrían a la luz sus supuestos cobros por servicios profesionales en Suiza que han resultado falsos. 

 En esa operación se investiga el papel de tres intermediarios y el del excomisario José Manuel Villarejo. Gómez de Liaño aseguró que sufrió una "persecución" desde que su despacho asumió la defensa del matrimonio de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias y apuntó a Dolores de Cospedal.

Vías indirectas que procedían del "lobby judicial" de Génova que dirigía un abogado del Estado muy cercano a la exsecretaria general del PP y ministra del gobierno de Mariano Rajoy.

En su declaración como perjudicado, Gómez de Liaño detalla lo que denomina "persecución": moteros con cascos a la puerta de su despacho controlando entradas y salidas, fake news en diarios de tirada nacional sobre un presunto delito de blanqueo, impulsar una petición de entrada y registro en su despacho profesional o, incluso, agentes del CNI abordando a una de sus secretarias.

Fueron años de mensajes por vías indirectas que, concluye el abogado, siempre iban en la misma dirección.

La Fiscalía apunta a un dirigente del lobby judicial

Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño. Este asunto estuvo también presente en el interrogatorio como testigo en este misma causa al abogado Javier Iglesias. El fiscal le preguntó si conocía a Alejandro Lorenzo Auset Domper, abogado del Estado en excedencia.

 El juez Manuel García Castellón asumió esta causa en julio de 2022 procedente de un juzgado de Marbella, pero en noviembre de ese año decidió archivarla. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo en un escrito muy duro con el proceder del juez en el que se preguntaba qué había cambiado desde que en julio aceptó la causa hasta noviembre que la archivó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación."                   (Pedro Jiménez, SER, 02/11/23)

El número dos de Interior con el PP: “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? ¡Cagüenlaputa!”... Los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez dentro del caso Kitchen muestran las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016

 "30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular del Ejecutivo. El Ministerio del Interior exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. 

El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la brigada política: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez. 

Hace dos semanas que varios medios han publicado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial que terminarán por despreciar los tribunales, pero que ocupa portadas y minutos en televisión vinculando a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán. Para el Ministerio del Interior no es suficiente. García Castaño es en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, captación de fuentes, escuchas… El comisario lleva cuarenta años cumpliendo con encargos especiales de distintos gobiernos. Se ha implicado en la Operación Kitchen, en las maniobras policiales contra el separatismo catalán… y contra Podemos.

García Castaño, solícito con el secretario de Estado de Seguridad, se salta la escala de mando y trata directamente con el número dos de Interior, dejando un reguero de indicios que terminarán arrastrando a este último hasta una petición de quince años de cárcel por parte de Anticorrupción por la operación el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. García Castaño también está procesado en el caso Kitchen, aunque el grave estado de salud que padece en la actualidad detendrá con probabilidad el procedimiento contra él, como ya ha ocurrido en el primer juicio del caso Villarejo. 

El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, le ha ofrecido en días anteriores a Martínez información sobre candidatos de Podemos en las distintas circunscripciones. El 30 de enero, Martínez le recuerda lo que le prometió. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”.

Quedan casi dos años para que otro comisario, José Manuel Villarejo, sea detenido y en su casa aparezcan las pruebas de las distintas operaciones parapoliciales durante ese periodo. Los chats de WhatsApp que hoy publica elDiario.es estaban, sin embargo, en el teléfono de Martínez. El mismo móvil que volcó la Unidad de Asuntos Internos cuando se presentaron en su casa, junto a los fiscales, en el marco de la investigación del caso Kitchen, en marzo de 2020. 

Los policías habían destacado en sus atestados los mensajes destacados para esa pieza separada sobre el espionaje a Bárcenas, pero la guerra sucia contra Podemos o la Operación Catalunya siguen sin encontrar hueco en el caso Tándem, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Finalmente han sido incorporados a la causa en bruto, una vez la instrucción ha finalizado y se divisa ya el juicio. 

“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. Del pasado del que fuera senador por Podemos ya había informado Okdiario el 26 de diciembre, al que identificaba como “un etarra arrepentido”. Arrieta explicó que ingresó en ETA con 17 años, todavía en dictadura, y que se benefició de la amnistía de 1977. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres nada”. 

El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”. Es cuando Martínez zanja: “¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo”. 

El número dos de Interior le pide al comisario que mire “con ojos atentos” y García Castaño promete insistirle a Castiñeira, en alusión al entonces jefe de la Brigada Provincial de Información en Madrid, Germán Castiñeira. “Los trabajó mucho tiempo”, dice el jefe de la UCAO sobre su compañero comisario.

Los mensajes hallados en el teléfono de Martínez son una prueba más de cómo el Ministerio del Interior maniobró contra Podemos desde casi su irrupción, tal y como demuestra el cruce de las anotaciones de Villarejo en su diario con hechos acreditados [leer aquí]. Este lunes, el diario El País ofreció otros mensajes de Martínez con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que abundan en esta guerra sucia contra el partido morado y contra el independentismo catalalán, consistente en obtener informaciones sin contrastar que luego eran filtradas a determinados medios de comunicación en los momentos en que consideraban más podían dañar al adversario político. 

Unos días antes de la conversación citada, el 20 de enero de 2016, García Castaño alude a la operación Catalunya en su conversación con Martínez. “No se te ocurra darle una medalla a Salamanca [Carlos, otro comisario], dice Pino que la propones tú, fui yo el que le dije a Fornet que tirara para adelante con el famoso escrito de la udef, te acuerdas?”. García Castaño alude a la difusión, en rueda de prensa, de un supuesto informe de la UDEF que atribuía delitos a Artur Mas y otros dirigentes independentistas por parte de José Manuel Sánchez Fornet, en aquella época secretario general del Sindicato Unificado de Policía y colaborador habitual de García Castaño y Villarejo. 

“La Fiscalía son unos cagados vendidos a la izquierda”

En este clima de negociación para un cambio de Gobierno, Antena 3 había difundido unas imágenes, el 21 de enero de 2016, que habían sido tomadas dos años antes, el 10 de diciembre de 2014, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la cadena, “un avión de las fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla-la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia”.

Cuatro días más tarde de la información, el 25 de enero, se escriben por WhatsApp el comisario y el número dos de Interior.

García Castaño: ¿La fiscal general de qué va? Porque la Fiscalía Anticorrupción no quiere saber nada de lo de Podemos y lo de la CUP.

Martínez: Porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda, que solo buscan destruir al PP.

García Castaño: Yo no entiendo nada.

El comisario Enrique García Castaño acabaría confesando en la Audiencia Nacional su participación en el caso Kitchen y describiendo cómo informaba puntualmente al secretario de Estado de Seguridad de la operación parapolicial con fondos reservados. Antes de que eso se produjera y rompieran su relación, el político y el policía hablan, el 1 de marzo de 2017, todavía en términos afectuosos, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se refieren a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ‘El Gordo’ afirma: “Jorge es el cadáver a pasear para que no se llegue más arriba. Hablo del tema catalán, la grabación es una pieza más del puzle”."                   (Pedro Águeda  , eldiario.es, 28 de febrero de 2023)

Los ‘whatsapp’ de la Kitchen: la cacería de la cúpula de Interior de la era Rajoy contra Podemos y el independentismo

 "Cientos de mensajes telefónicos a través de WhatsApp que se intercambiaron entre 2015 y 2019 el número dos de Interior, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el máximo jefe policial, Eugenio Pino, revelan la estrategia seguida por ese ministerio para investigar, la mayoría de las veces sin respaldo judicial, a Podemos y al independentismo catalán. El objetivo de esa maniobra ilegal era atacar a los dirigentes políticos con informaciones, muchas veces falsas, filtradas a medios de comunicación.

Además, esos mensajes de WhatsApp que ahora el juez instructor del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ha incorporado al sumario, acreditan muchas de las maniobras de la cúpula política y policial de Interior para obstaculizar la investigación judicial sobre la caja b del PP. Algunas de las comunicaciones y órdenes incluidas en el intercambio de mensajes eran supuestamente conocidas por el ministro Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción pide para los tres máximos responsables de Interior hasta 15 años de cárcel y 31 de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad en el caso Kitchen, el operativo policial para espiar a la familia del extesorero popular Luis Bárcenas y ocultar pruebas de la financiación ilegal del partido.

Desde octubre de 2012, el Ministerio del Interior puso en marcha una estrategia de difusión de informaciones contra dirigentes independentistas catalanes para contrarrestar el desafío secesionista que inició el Gobierno de Artur Mas con la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre de aquel año. Entre las primeras acciones, figura la difusión de un informe policial, sin sello ni firma y que Interior desmintió, donde se detallaban numerosas corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes nunca confirmadas.

Esa estrategia continuó firme durante los años en que Jorge Fernández Díaz estuvo al frente del Ministerio del Interior. El ministro ocupó el cargo desde diciembre 2011 hasta noviembre de 2016, año en el también dejaron de ocupar sus respectivos puestos Martínez y Pino.

“Hay que hacer mucho ruido” en los registros a la familia Pujol

El martes 27 de octubre de 2015, la Audiencia Nacional ordena a la policía registrar 15 domicilios y empresas del clan Pujol. A las siete de la mañana, el secretario de Estado escribe al director adjunto operativo de la Policía.

Francisco Martínez

Eugenio, hay que estar encima de lo de hoy para hacer mucho ruido... Mucha "puesta en escena" de UIP, etc. Que Fiti te vaya avisando.

Eugenio Pino

Casi hemos acabado todos los registros. Queda por concluir uno cuyo auto ha tenido que ser rectificado. El resultado, considerando las limitaciones que implicaban los autos judiciales, es razonablemente satisfactorio. Creo que tendremos nuevos datos que nos permitirán avanzar en la investigación.

Francisco Martínez

¡Ojalá! Mañana la prensa catalana va a tope. El juez se va a cabrear. Que no nos pille por sorpresa.

En marzo de 2016, Pino se dirige a Martínez en relación a la Fundación CatDem, de Convergència Democràtica de Catalunya, que había sido objeto de un registro por orden judicial seis meses antes.

Eugenio Pino

Nos aparecen cuentas de Convergència en Suiza. A nombre de Fòrum Barcelona y Catdem.

Francisco Martínez

¿De verdad?

Eugenio Pino

Sí, me lo ha comunicado Gago, que a su vez le dicen los suizos.

Francisco Martínez

¿Hay papeles?

Eugenio Pino

Los tendremos.

Cuando esos papeles llegaron, dos semanas después, nada fue como parecía.

Eugenio Pino

Tengo la información de CATDEM FUNDACIÓN, pero ya no tienen cuenta en Suiza, la cancelaron en 2013, en plena investigación del 3%. El día de la cancelación tenían 625.612 euros. Me dicen que la información es absolutamente fiable, pero como me han visto reticente a aceptar estos datos sin más. Me proponen alguna comprobación que tendríamos que hacer en Suiza, como la otra vez.

Francisco Martínez

¿Te suena fiable?

Eugenio Pino

Totalmente.

Interior filtró el 28 de octubre de 2014, según reconoció el propio Jorge Fernández en una conversación con el jefe antifraude catalán, la supuesta cuenta millonaria de Xavier Trias en Suiza. Pero resultó ser falsa, según un comunicado del propio banco. Sobre el dinero suizo de CatDem nunca más se supo.

“Interesa mover lo de los okupas de Barcelona… por el alquiler que les pagaba Trias”

El 26 de mayo de 2016, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ve la oportunidad de aprovechar un desalojo de okupas en Barcelona para cargar contra uno de los principales dirigentes independentistas, el alcalde Xavier Trias. Y se lo indica al máximo jefe policial.

 Interesa mover mucho lo de los okupas de Barcelona… especialmente el alquiler que les pagaba Trias cuando era alcalde. ¿Quién nos puede enviar una copia rápida sobre esto? Y sobre okupas y Colau. Le he pedido a Enrique también.

Eugenio Pino

No te preocupes, ahora mismo me pongo (…). Ya he estado con el notario. Irá a denunciar a las 19 y le hemos ofrecido un barrido y un contacto.

Francisco Martínez

Todo lo que tengamos de anarquismo es interesante… y de okupas.

Eugenio Pino

Corre, que había orden de no detener. Dicen los 'mossos'.

Francisco Martínez

Hay que decirlo.

La Fiscalía de Barcelona abrió de oficio diligencias por malversación contra Trias. La investigación fue archivada.

El 17 de julio de 2016, Pino alerta a Martínez sobre el caso de Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola que fue confidente de la policía en relación al supuesto blanqueo de capitales de la familia del expresidente catalán. Esta mujer cobraba supuestamente de los fondos reservados de Interior para colaborar con la policía y estaban surgiendo problemas.

Eugenio Pino

Me dice Gago que Vicky está siendo tocada por 'Público', Ekaizer y alguno más para que diga que fue coaccionada. De momento, solo de momento, control por su enlace. El fondo no va a ser entregado si tú no lo ordenas y alguno no puede saberlo. Ekaizer es puro CNI. Habla si quieres con él.

Francisco Martínez

La orden de que todo sea como siempre está dada y aceptada.

Cinco días después, Pino le insiste.

Eugenio Pino

Boni me dice esto sobre pago a confidentes: “He hablado con A. Rodríguez sobre el Melly. Dice que hablará con el SES [Secretario de Estado de Seguridad] que ha debido de dar instrucciones al director en sentido de que se restrinja el gasto.

Francisco Martínez

Eso es absolutamente falso. La instrucción es igual que siempre. Y la ha dado el ministro también. Y en particular a la chica. Bayo debería tener esa instrucción.

Eugenio Pino

Pues no la tiene.

La colaboración de Victoria Álvarez con la policía dio lugar a la causa penal por la que está procesada casi toda la familia Pujol por corrupción.

 “Exigen plataforma mediática y política para seguir colaborando [contra Podemos]”

Podemos obtuvo 69 escaños (tercera fuerza política del Congreso) en las elecciones generales de diciembre de 2015. Unos días después (12 de enero de 2016), determinados medios de comunicación comenzaron a difundir un supuesto informe denominado PISA (por ”Pablo Iglesias S. A.”) no atribuido a la policía pero que, según los mensajes telefónicos incluidos en el sumario del caso Kitchen, se distribuyó desde el Ministerio del Interior.

El informe sostenía que el Gobierno de Irán había financiado la carrera del líder de Podemos. Manos Limpias presentó una denuncia y se archivó. La policía asumió en marzo el documento y lo incorporó en una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Pero este organismo tampoco vio nada delictivo ni ilegal. Solo unas semanas después, Martínez (secretario de Estado de Interior) y Pino (director adjunto de la Policía) hablan sobre nuevas informaciones de fuentes venezolanas contra Podemos.

Eugenio Pino

Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o EL PAÍS por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando.

Francisco Martínez

Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro…

Eugenio Pino

Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón [entonces 'número dos' de Podemos]. Pero con la condición hablada esta mañana, que salga en uno de los dos periódicos…

Francisco Martínez

Eso no será problema.

Dos días después, Pino escribe a Martínez.

Eugenio Pino

Las pruebas realizadas en el lugar -Prisa, han dado resultado negativo (sic).

EL PAÍS llegó a publicar un mes después que la Asamblea de Venezuela había iniciado el proceso para investigar la presunta financiación ilegal del Gobierno de Hugo Chávez a Podemos con 7.168.000 euros a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). El diario Abc precisó en su información de aquellos días que “Errejón firmó el cobro de 401.800 euros de Venezuela para asesorías de CEPS en 2014″. Cuando Pablo Iglesias denunció esta persecución a su partido político, Pino y Martínez pactaron la estrategia a seguir.

Eugenio Pino

Esto me manda [José Ángel Fuentes] Gago. “Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política revolucionaria) que no han sido declarados. Eso es lo delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas no por formar parte de un partido político sino por no tributar por lo que no han percibido”.

Francisco Martínez

Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen... Porque acabarán metiendo la pata. Y el argumento de la tributación es bueno para [Eduardo] Inda, etc…

Eduardo Inda es el director de OKdiario, el digital que más informaciones publicó, la mayoría desmentidas, sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela. Los cobros de CEPS en Venezuela fueron legales y todas las teorías sobre delitos fiscales de los dirigentes de Podemos resultaron infundadas.

“Estos son Zapatero y el asesor económico de Podemos en una foto tomada en Venezuela”

El 30 de mayo de 2016, el director adjunto operativo se dirige al secretario de Estado de Seguridad por WhatsApp y le envía una foto, supuestamente de interés.

Eugenio Pino

Según la fuente, estos son Zapatero y el asesor económico de Podemos. Foto tomada en el último viaje de Zapatero a Venezuela.

Francisco Martínez

De espaldas no se distingue bien. ¿Seguro que es Zapatero?

Eugenio Pino

La empresa VIU que aparece en el documento es de Monedero.

Francisco Martínez

Todo queda en casa.

Pino: “Están buscando el cheque”. Martínez: “Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo”

El 4 de mayo de 2017, OKdiario publicó que “el Gobierno de Nicolás Maduro pagó 272.325 dólares (unos 256.000 euros) a Pablo Iglesias a través de un banco situado en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas”, dos meses después de la fundación de Podemos. La información resultó falsa, desmentida incluso por el Euro Pacific Bank, donde supuestamente se había hecho el ingreso. Solo dos días después, los máximos responsables de Interior hablaban del fiasco.

Eugenio Pino

Copia del depósito es igual el cheque [sic]. Henry Ramos es el presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Están buscando el cheque.

Francisco Martínez

Pues mejor, porque empiezan a decir los periodistas que es chungo. Ya lo tiene la fiscal general. Parece que abrirá diligencias. ¿Tú sigues convencido de que es bueno?

Eugenio Pino

Totalmente. No lo dudes.

La Fiscalía General del Estado nunca abrió diligencias. Una denuncia particular fue archivada en el Tribunal Supremo.

Isea, exministro venezolano que se desdijo de las acusaciones contra Podemos: “Vaya sinvergüenza que ha resultado ser”

Rafael Isea, exministro venezolano de Economía, declaró ante altos mandos de la policía en el consulado de Nueva York el 12 de abril de 2016. Allí firmó un acta con la que se pretendía armar una causa contra Podemos, a cuyos dirigentes acusó de haber cobrado hasta cuatro millones de euros del régimen venezolano a través de la fundación CEPS.

 Tres años después denunció en una entrevista en EL PAÍS que había sido “utilizado para una trama política” y que no se fiaba de los documentos que le mostraron para que validara los pagos a Podemos. “Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”.

Para convencerle de que declarara, los policías se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron, según contó a EL PAÍS, que su testimonio no se haría público. Sin embargo, el acta con su firma de la declaración apareció en el Abc solo un mes después.

Cuando Pino leyó en EL PAÍS la denuncia del exministro venezolano, le mandó una copia a través de WhatsApp a Martínez.

Eugenio Pino

Vaya sinvergüenza que ha resultado ser [el exministro Isea]. Alguien podría pensar que está filtrada por la policía española, pero si nos fijamos bien, cuando la estaba firmando, se le dijo que esa era su copia y que no hacía falta que la firmara, motivo por el que solamente está firmada en dos de las hojas. Luego igual quien la filtra y pone en riesgo su familia es él o a quien se la confió... Ya veremos qué pasa.

Francisco Martínez

Es un auténtico sinvergüenza, y su abogado más.

Pino: “Informé al CNI de la existencia de cintas de Corina. Y a partir de ahí, todo”

Francisco Martínez y Eugenio Pino se lamentaban en diciembre de 2019 por la causa abierta en la Audiencia Nacional en la que estaban implicados. Martínez, experto jurista, no entendía cómo una operación que se inició por una supuesta batalla política de poder en Guinea Ecuatorial por la que el comisario José Manuel Villarejo extorsionaba a un empresario pudo acabar con un registro en el que se incautaron miles de grabaciones que destaparon más de 20 años de corrupción policial, política y empresarial en España.

Francisco Martínez

Si los hechos que motivaron la entrada y registro en la que se incautaron las grabaciones de PPK [Villarejo] fueron los supuestos delitos cometidos en 2013 relacionados con Guinea Ecuatorial, ¿cómo es posible que la Unidad de Asuntos Internos esté informando sobre grabaciones de 2006? El auto de entrada y registro permitía la incautación y análisis de archivos “directamente relacionados” con los hechos investigados. Si los hechos eran de 2013 ¿qué sentido tiene escuchar grabaciones de 2006? En mi opinión, es todo NULO. Si alguien dice que eso no es prospectivo es que no sabe lo que significa esa palabra.

Eugenio Pino

Vamos a ver, por si lo tienes que utilizar, yo informé a Sanz Roldán [director del CNI] de la existencia de cintas de Corina [Larsen; grabaciones de Villarejo a la examante del rey Juan Carlos donde esta destapaba sus negocios ocultos en el extranjero]. Y a partir de ahí, todo. El resto es una excusa para desviar. Además, le dije dónde estaban las cintas. Lo de Guinea es una excusa. Se buscaban las cintas y le dije yo que tenía copias fuera. Fue una mala actuación de la Casa [el CNI]. Se inventaron un anónimo desde Galicia para implicar a Fiscalía y al 'broker' de Guinea para que les denunciara. Ya te contaré. Nuestra actuación fue impecable, legalmente hablando.

Francisco Martínez

Eso lo tengo claro. Pero precisamente por eso es todo NULO.

Eugenio Pino

Ya, pero hay que demostrarlo. El PP no quiso saber nada nunca. Cospe y la pequeña lo acapararon todo. Y Casado no se entera ni se va a enterar nunca.

Francisco Martínez

No me hables, me parecen todos infames..."                 (José Manuel Romero , El País, 28/02/23)

Caso Villarejo: llega la primera sentencia sin haber investigado el contenido real de los trabajos encargados al comisario

 "El primer gran proceso de la macrocausa Tándem o caso Villarejo está visto para sentencia. Se trata de las piezas denominadas Iron (pieza 2), Land (pieza 3) y Pintor (pieza 6). Pero existe el riesgo de que todo el caso se vaya al traste si, como apunta la información que maneja Público, el tribunal no está juzgando lo que realmente se escondería detrás del contenido de los encargos que se le hicieron a Villarejo y sus cómplices.

De hecho, la documentación a la que ha tenido acceso este diario así como el análisis íntegro de las agendas del comisario y un riguroso estudio forense financiero permiten concluir que la investigación de la mayoría de las más de 30 piezas del caso ha ido en la dirección que el comisario jubilado y sus colaboradores marcaron con las pruebas que dejaron tras de sí y con sus declaraciones en la Audiencia Nacional.

 Es el caso, por ejemplo, de la pieza Planeta, en la que la defensa de Villarejo ideó una estrategia para convencer de que este grupo mediático pagó al comisario 40.000 euros en 2014 para que este ayudase a revertir un laudo arbitral, cuando en esas fechas ya hacía años que dicho laudo era irreversible. 

También sucedió con el proyecto "Trapa" el primer encargo del BBVA a Villarejo, donde se escenifica un asalto imposible de Luis del Rivero al consejo de administración del banco que en realidad escondía una lucrativa operación mediático bursátil para la empresa de este. 

La estrategia se repite también en la pieza Wine, en la que se trata de explicar la colaboración del comisario como una misión para impedir a Sacyr, la constructora de Luis del Rivero (el supuesto "perjudicado"), ejecutar un asalto a Repsol cuando, en realidad, de lo que se trataba era de salvar a esta constructora de la quiebra. 

Pasa lo mismo con las restantes piezas que Público ha ido analizando a lo largo de los años. Y pasó también con las tres para las que se espera la sentencia en los próximos días.

Multitud de fuentes jurídicas consultadas a lo largo de los años por este diario coinciden en que esta es la clave del caso. Si alguien es sorprendido cometiendo un delito (por ejemplo, pagar a un policía en activo por servicios que este provee por su condición de policía), una de las formas más eficaces para obtener el archivo de la causa durante la instrucción, minorar condenas o incluso conseguir absoluciones es lograr que durante toda la fase de instrucción se investigue en exclusiva una historia completamente diferente a la real (y más ventajosa para los implicados) y que acabe siendo esta la que figure finalmente en el auto de procesamiento. Es decir, no se trata de eludir completamente la Justicia, sino de conseguir ser juzgados por un delito que acarrea una pena muy inferior.

Además, con esta argucia se da la oportunidad a los implicados de obtener durante el juicio el "perdón" de falsos perjudicados, como se ha visto en la pieza que afecta al marido de Ana Rosa Quintana; o incluso la absolución o archivo si durante la fase de juicio los acusados afloran las lógicas inconsistencias que acompañan a toda historia ficción.

La clave de todo este proceso reside en garantizarse que se investigue una sola historia posible de principio a fin del proceso de instrucción. Es decir, que en la investigación no se soliciten y ordenen diligencias para verificar cualquier otra alternativa. Esa es la historia que se tiene que conseguir que figure en el auto de procesamiento, que da paso a la fase de juicio.

Es la parte del proceso más importante, porque los magistrados que luego juzgarán el caso en sala (distintos del juez instructor) no podrán salirse de los hechos que ha fijado el auto del juez instructor. Tanto es así que, si durante el juicio aflorase la farsa creada, habría que volver a la casilla de salida: abrir instrucción nuevamente para investigar la historia real. Es decir, en el peor de los casos, la argucia permite ganar tiempo.

Los informes de Villarejo son solo un "parapeto"

Y los jueces conocen la estrategia de Villarejo y sus cómplices desde el principio de toda esta macrocausa. El primer cliente e investigado del caso, el abogado Francisco Menéndez, explicó durante la fase prejudicial del caso —concretamente durante las diligencias de investigación de la Fiscalía— que los informes de Villarejo donde plasmaba los supuestos encargos que se le hacían no eran más que un "parapeto" para disfrazar el verdadero motivo de los suculentos trasvases monetarios que atravesaban las cuentas bancarias vinculadas a Villarejo.

A pesar de que esta declaración se recoge en el folio 46 del primer tomo de toda la macrocausa Tándem, durante la fase judicial que comenzó en noviembre de 2017 y en la instrucción de las piezas el juzgado no ha puesto en cuestión las historias construidas por Villarejo y sus cómplices y clientes que el primer investigado calificó de "parapeto". Al contrario.

Además, muchos medios de comunicación y periodistas han replicado estas mismas historias para construir un relato que se aleja de lo que verdaderamente ocurrió, según las conclusiones que arroja el estudio minucioso de cada "proyecto" contratado a Villarejo efectuado por este diario con medios propios.

Extensos cuadros indiciarios obligan, al menos, a estudiar esas alternativas para confirmarlas o descartarlas. De hecho, en ninguna de las piezas abiertas en el caso Villarejo, salvo en una, se ha mostrado interés para indagar en la problemática que realmente obligaba a los pagadores a interaccionar con Villarejo y sus cómplices. La excepción es la primera pieza, que afectaba a este primer intermediario contratado, Francisco Menéndez; la única que fue impulsada por el equipo de delitos económicos de la Agencia Tributaria, que no depende de Interior.

Por todo ello, Público saca a la luz la investigación realizada durante años para las tres piezas juzgadas (Pintor, Iron y Land) y muestra las verdaderas motivaciones que se encontrarían detrás de los encargos a Villarejo:  PINTOR ;  IRON  ;  LAND )       (Pilar L. González de Lara / Nacho Calle ; Público, 22/10/22)

Las cloacas del periodismo: del 'sindicato del crimen' a Ferreras... pasando por el que "Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión" de Ansón... por la conspiración del 11M, de Pedro J. Ramírez... hasta el intento de impedir el gobierno PSOE-Podemos del ex-director de El País, Antonio Caño

 "Las cloacas del periodismo no son nuevas, aunque el bulo sobre los paraísos fiscales de Pablo Iglesias ha provocado que vuelvan a despedir un fuerte y putrefacto hedor. El caso más reciente podría englobarse en los ataques sistemáticos que ha sufrido Podemos desde su nacimiento. Algunos se quedaron en la prensa y otros alcanzaron los tribunales. Poco importó que las denuncias no pasasen de ahí, de una simple e interesada querella, porque el daño a la imagen del partido ya estaba hecho.

Ahora, unos audios han desvelado que el presentador y director de La Sexta, Antonio García Ferreras, pese a saber que una supuesta noticia publicada en el periódico de Eduardo Inda era falsa, decidió hacerse eco de la misma. En las grabaciones de la conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y Ferreras, publicadas por Crónica Libre, el último le comenta que le dijo al director de OKDiario: "Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo".

 El bulo de la (inexistente) cuenta bancaria de Iglesias en Granadinas es el último ejemplo de las cloacas periodísticas en la democracia, aunque si retrocedemos en el tiempo habría que recordar la campaña emprendida por un grupo de periodistas contra Felipe González cuando era presidente del Gobierno. El núcleo duro mediático lo conformaban El Mundo, ABC y la Cope. Entre los insignes miembros de la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI), figuraban los directores de los citados periódicos, Pedro J.Ramírez y Luis María Anson, así como el locutor Antonio Herrero.

El 'sindicato del crimen'

Además de ellos, había más nombres (Antonio Burgos, Martín Ferrand, José Luis Gutiérrez, Jiménez Losantos y Julián Lago, entre otros), pero el objetivo de todos era terminar con el Gobierno del PSOE. Los ataques, pues, llegaron desde todos los frentes mediáticos. Y la fama que se granjearon les llevó a ser bautizados por los socialistas como el sindicato del crimen. Alguno de ellos, años después, reconoció la existencia del plan para derrocar a Felipe González, aunque el más explícito fue Anson, quien en 1998 concedió una entrevista a la revista Tiempo en la que aseguró que para conseguir el objetivo "se rozó la estabilidad del Estado".

"Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro..., pero era la única forma de sacarlo de ahí", le confesó Anson al periodista Santiago Belloch. "La cultura de la crispación existió porque no había manera de vencer a González con otras armas", añadía el exdirector del ABC, quien insistía en que "hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado".

El miedo a que el expresidente revalidase su cargo en las elecciones de 1996, que llevaron a la Presidencia a José María Aznar, se resumen en esta frase lapidaria de Anson: "No salimos de 40 años de Franco para entrar en 30 años de González". Además de los citados, según diversas fuentes (en algunos casos los propios interesados en la caída del socialista), también formaban parte de la asociación José Luis Balbín, Antonio Burgos, Camilo José Cela, Antonio Gala, Francisco Umbral y Antonio García-Trevijano, quien en aquellos tiempos soñaba con presidir una república española.

Los atentados del 11M

Pedro J. Ramírez volvería a protagonizar otro de los escándalos periodísticos desde el fin del franquismo. Sus pormenores son bien sabidos: varios atentados yihadistas tienen lugar en Madrid el 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales. En el PP, el asesor y sociólogo Pedro Arriola comenta: "Si ha sido ETA, barremos; si han sido los islamistas, gana el PSOE". Aunque no hay pruebas de que hubiesen sido los etarras, el presidente del Gobierno, José María Aznar (Mariano Rajoy era entonces el candidato electoral), el ministro Ángel Acebes y el partido atribuyen la autoría a ETA.

A esa teoría se suman muchos medios, incluido El Mundo. En las redacciones suenan los teléfonos y se incrementan las presiones políticas. En el PP son conscientes de que, si se hiciese público que los atentados fueron obra de yihadistas, le pasaría factura en las urnas, pues Aznar había escenificado en las Azores, junto a Bush y Blair, su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak. Hasta ETA desmintió su autoría, pero Gobierno, PP y algunos medios siguieron en sus trece. Las elecciones dieron la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El Mundo no se apeó de su teoría de la conspiración y la siguió alimentando durante años. La tragedia había tenido tintes esperpénticos, pues una casete hallada en una furgoneta fue vinculada al grupo empresarial vasco Mondragón, cuando en realidad era una cinta de la Orquesta Mondragón. Es solo un ejemplo del despropósito y la mala praxis mediática. El tiempo iba pasando y la justicia finalmente resolvió en los tribunales que los autores fueron unos yihadistas que, inspirados por Al Qaeda, atentaron en Madrid en venganza por la participación de España en la guerra de Irak. Sin embargo, Pedro J. Ramírez seguía en sus trece y no se apeó del carro de las especulaciones, bulos o noticias falsas.

Antonio Caño intentó impedir el Gobierno PSOE-Podemos

La penúltima polémica periodística es reciente. El pasado junio, el propio protagonista lo revelaba en su cuenta de Twitter: "Hace cuatro años intentamos evitar desde El País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron". Se trataba del exdirector del diario madrileño Antonio Caño, cuya confesión fue contestada por algunos periodistas que en aquel momento trabajaban El País, pues ese plural aludía a profesionales que no veían con buenos ojos ese "intento" (que, por otra parte, desconocían) ni estaban de acuerdo con algunas noticias.

Antonio Caño no se quedó ahí, porque tras reconocer su esfuerzo por evitar el pacto, siguió respondiendo a algunos comentarios de tuiteros como Dimas Gragera (Ciudadanos), que se preguntó: "¿Y por qué un medio debería condicionar / evitar acuerdos entre fuerzas políticas? Y¿si ese era el objetivo, por qué no más atención mediática a Cs, que advertía de ese problema?". Caño, quien dirigió El País entre 2014 y 2018, le respondió: "Un medio no condiciona nada, un medio se pronuncia sobre los acontecimientos políticos en la forma en que cree conveniente".

Una periodista también le comentó que "con estas cosas le das la razón a Iglesias y su teoría de la derecha mediática", a lo que él respondió: "¿Por qué? Los periódicos tienen derecho a sostener una posición editorial sobre los asuntos políticos y deben pronunciarse sobre ellos". Caño, quien publicó el tuit justo después de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas, no se apeaba del burro, mientras que Pablo Iglesias ironizaba en Twitter: "Cualquiera que diga que los periódicos y los medios son actores políticos, abrumadoramente de derechas, es un comunista bolivariano amigo de terroristas… Oh wait!".

Las críticas también llegaron de políticos del PSOE como Odón Elorza, diputado y exalcalde de Donostia, quien le hizo varias preguntas en la citada red social: "¿Eso fue un ejercicio de patriotismo del Consejo de PRISA, un ejemplo de falta de profesionalidad periodística o fruto de una estrategia de acuerdo con el IBEX y el PP? ¿O fue una suma de todo? Yo dejé de comprar @el_pais hasta que se fue. ¿Hay cloacas también en la Prensa?".

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había advertido en Salvados que ocurriría si se alcanzara el pacto: "Ha habido determinados medios de comunicación que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el PSOE y Podemos ellos lo criticarían e irían en contra de ello". Cuando Jordi Évole le pide que especifique cuáles, Sánchez contesta: "No han sido medios de comunicación conservadores, sino medios supuestamente progresistas". El presentador insiste y el socialista reconoce que "El País ha sido uno de ellos".

Es más, afirma que el motivo de que la línea editorial del diario, que califica como "abusiva e incluso insultante en lo personal", haya ido en su contra es evitar "que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas". Dos años después de la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados, el 8 de junio de 2018 Antonio Caño fue sustituido, después de derechizar el periódico, por Soledad Gallego-Díaz."         (Público, 14/07/22)

Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF... Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros

 

"Villarejo contaba con un grupo de policías para hacer los informes falsos, que aún siguen en la UDEF.

 Este es el mapa de los agentes que han elaborado informes encargados a los comisarios Olivera y Villarejo por empresarios como Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, o las dirigentes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y María Dolores de Cospedal, entre otros.

Hasta que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley le espetó a la periodista Susana Griso aquello de “la UDEF, ¿y que coño es la UDEF?”, los informes sobre corrupción de esta presunta Unidad de élite de la Policía -que crearon los comisarios Juan Antonio González (alias JAG), José Luis Olivera y José Manuel Villarejo– sacaban a los ciudadanos a la calle a manifestarse hasta que los antidisturbios les devolvían a palos a sus casos.

 Sin embargo, algunos de estos documentos contenían información falsa, manipulada u omitían convenientemente datos por orden directa de altos mandos como Villarejo y de diferentes comisarios jefes de la UDEF que sustituyeron en el puesto a José Luis Olivera Serrano, quien pasó a ser director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), hasta que al salir de la Policía obtuvo el puesto de director de Crisis en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que dirige Luis Rubiales.

Crónica Libre ha detectado a algunos de estos agentes tras meses de análisis de las agendas, documentos y audios del comisario Villarejo y al hablar con algunas de sus víctimas, fuentes policiales y de la fiscalía.

A todos, el ministro del Interior Manuel Marlaska los mantiene en sus puestos.

PARQUÉ

La primera persona en manifestarse contundentemente sobre los presuntos montajes de la UDEF fue el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a quien José Manuel Villarejo quiso acusar de corrupción junto a otros de sus funcionarios en la denominada Operación Parqué, que finalmente fue archivada. En 2016, antes de ser detenido el comisario escribió el artículo “Hay que sanear la UDEF” para acabar concluyendo al ser entrevistado que: “Villarejo privatizó la UDEF para sus propios intereses”. Entre quienes hicieron encargos contra la CNMV se encontraba la empresaria Sara Fernández Frutos, pero este organismo, así como la oficina económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que encabezaba el economista Miguel Sebastián, recibió otros envites por parte del BBVA, al igual que diferentes empresas.

PÉREZ DOLSET, SORIA Y CEBRIÁN

El juez Manuel García Castellón tiene en este momento dos causas abiertas que parecen solaparse. Se trata por un lado de la causa Hanta, donde está imputada la familia Pérez Dolset, que tenía como accionistas del Grupo ZED al gran amigo de Villarejo, Mauricio Casals, en representación del Grupo Planeta y a Mihail Fridman, accionista mayoritario del Grupo Día a través de Letter One. Tanto Fridman como la sociedad con la que operaba está incluida en la lista de personas físicas y jurídicas de origen ruso y que forman parte de los oligarcas de Vladimir Putin.

En la documentación de Tándem se ha encontrado el Proyecto Bro sobre los hermanos Pérez Dolset. En este caso se puede ver a la perfección en modus operandi de la presunta organización criminal liderada por Villarejo y su “lobby de socorristas”: crear el problema, compincharse con los jefes de seguridad de dichas empresas que saben que los informes que entrega son información copiada o directamente falsa, pero que sirven para hacer caer o tambalear luchas económicas como la que en ese momento se libraba en el consejo de Zed.

 En agosto de 2016 Javier Pérez Dolset junto con su jefe de seguridad, Fernando Pisa, acude a la secretaria de Estado de Interior de Francisco Martínez, imputado en Kitchen. Una trampa en toda regla.

Días después Javier Pérez Dolset es dirigido al Grupo II de la UDEV (Unidad de Delitos Violentos) que se encarga de las actuaciones de las organizaciones criminales de países del Este. El empresario denunciaba haber recibido amenazas en ruso e incluso escuchaba por teléfono conversaciones que había mantenido minutos antes con su propio hermano. Exactamente en el mismo momento que estaba presentando la denuncia, intentaron secuestrar a su mujer, pero se equivocaron de persona.

Es también Pisa, que estaba a disgusto con su jefe -como él mismo ha declarado en sede judicial- quien acude a ver al comisario de la UDEF encargado de los delitos contra la Seguridad Social y Subvenciones, José Luis André Vega, y le cuenta la denuncia que acaba de poner en delitos violentos Pérez Dolset y Pisa se interesa sobre a qué se va a dedicar el comisario André al jubilarse.

Mauricio Casals estuvo imputado en dicha pieza 18 pero finalmente se archivó. Ahora el entorno de Villarejo ha filtrado unos audios, a los que ha tenido acceso Crónica Libre, en los que se recoge una comida de mayo de 2016, cuando la pelea en la junta de ZED estaba caliente, con Mauricio Casals y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, quienes le hicieron dos encargos explícitos a los comisarios José Luis Olivera y Villarejo delante del empresario también imputado Adrián de la Joya: un informe sobre el entonces presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y otro sobre el exministro de Industria, José Manuel Soria. Pero Casals le advierte a Villarejo que no mueva mucho el tema de las subvenciones, a ver si va a salir lo de Panamá.

 Tras hablar de su jubilación con Pisa, el comisario de la UDEF André Vega empieza a tomar declaraciones a personas de Planeta e incluso a periodistas. Desde ese momento el caso que se llevaba por delitos violetos (UDEV) y en el que la víctima era Dolset se convierte en un caso de la UDEF, donde fue detenido el denunciante inicial, pasando a ser imputado y enviado a prisión. Tras dos comisiones rogatorias a Panamá, aún no se ha encontrado el dinero de Javier Pérez Dolset, pero si se ha acreditado que las cuentas bancarias que Planeta le acusó de tener no existen.

Si aún no es indiciaria la estrecha relación, al comisario José Luis André Vega la Unidad de Asuntos Internos le señala en uno de sus informes como un colaborador del proyecto July y también del proyecto PIN, otros de los encargos realizados a Villarejo.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que “hubo una gran discusión cuando se descubrieron las maniobras de André”. Incluso, el agente encargado de la denuncia en la UDEV elevó una queja contra su compañero de la UDEF al que acusó de falsificar y manipular los informes en contra de Pérez Dolset y también lo puso en conocimiento del fiscal anticorrupción, José Grinda.

Algunos policías consultados aseguran que el comisario André Vega “es un hombre fiel a José Luis Olivera. Además, había concertado una jubilación dentro del Grupo Planeta si conseguía enfocar la investigación hacia Javier Pérez Dolset”, extremo confirmado por fuentes de la Fiscalía.

SANDRO ROSELL

El último encargo en hacerse público ha sido el que Alicia Sánchez Camacho, mujer de confianza tanto de la ex secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, como del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, le hace a Villarejo en el contexto de la Operación Cataluña sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell.

En este caso el Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, del Grupo III de la UDEF, Alberto Estévez, es el que firma los informes que son enviados al entonces fiscal Daniel Campos y con los que la juez Carmen Lamela envía a Rosell a prisión durante casi dos años, aunque luego resultó absuelto. Los informes, según las fuentes consultadas, están plagados de graves inexactitudes y sirven para justificar el “altísimo” riesgo de fuga en el que Fiscalía se apoyaría para pedir, y la jueza acordar, la desproporcionada prisión preventiva. Por ejemplo, dichos informes afirman que Sandro Rosell disponía de una gran fortuna oculta en el extranjero, lo cual se reveló como una afirmación falsa porque nunca se encontró dicho patrimonio oculto, que en todo caso fue hallado y embargado íntegramente en España, y que al final del proceso se le tuvo que devolver tras confirmarse su absolución.

En la Comisión Rogatoria Internacional, supuestamente remitida a España por la Fiscalía de Manhatan (Nueva York), que llevaba la causa Fifagate, se pregunta por dos cuentas de Goldman Sachs en Estados Unidos donde Rosell habría escondido más de tres millones de euros de su indemnización de Nike. Sin embargo, en el propio escrito se hace alusión a que las cuentas han sido detectadas por una transferencia a la Caixa, por lo que el supuesto dinero evadido ya se encontraría repatriado en España. ¿Además, quién podría haber facilitado la información de las cuentas de La Caixa, si luego resultó que Sandro Rosell nunca tuvo ninguna cuenta en EEUU? ¿Por qué dice EEUU que le ha encontrado unas cuentas allí cuando en realidad las cuentas estaban en Londres y el dinero ya en España?

Para más coincidencia, el agente del FBI encargado de tramitarlo y adscrito a la Embajada de EEUU en Madrid, que llegó a estar presente incluso en los registros producidos en España con motivo de las CRI’s americanas, aparece en multitud de ocasiones en las agendas de Villarejo, pero también en los correos y otra documentación recogida en el registro del comisario. Mark Varri (aunque Villarejo en sus agendas lo escribe con B) llegó a enviarle un currículo por si Cenyt (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) contaba con él tras su jubilación.

Debido a la dilatación en la entrega de informes del agente Estévez, así como en la tramitación de las CRI’s, la instrucción de la causa con dos presos preventivos se prolongó durante casi dos años, para únicamente citar a declarar a dos testigos, y uno de ellos declaró por videoconferencia.

Incluso, uno de los periodistas de cabecera del comisario de Villarejo, en este caso de El Confidencial, José María Olmo, publicó información sobre una de las piezas que se trasladó desde la Audiencia Nacional a Barcelona y que estaba bajo secreto de sumario. Es decir, sólo tenía acceso la Policía, la fiscalía y las jueces competentes. No tenía conocimiento del contenido ni el acusado, pero dicho medio siempre dispuso de información absolutamente privilegiada como fueron los contenidos de escuchas telefónicas.

Para rematar, cuando Daniel Campos, que en abril de 2017 había firmado la querella contra Sandro Rosell que le llevaría a prisión durante dos años, abandona la fiscalía para regresar al despacho de Matías Cortés, se queda el caso quien había sido jefe de la fiscalía madrileña, Javier Polo Gutiérrez, quien dejó guardado en un cajón durante un año un informe elaborado por Asuntos Internos en 2016 que pedía la investigación de Villarejo por la incompatibilidad entre sus negocios y los de funcionario público, y también por presunto blanqueo de capitales.

ASTAPA

Pero este modus operandi se creó hace muchos años. En 2009 salta el caso Astapa, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al alcalde de la comunidad malagueña, Antonio Barrientos, quien había denunciado ante el fiscal José Caballero diferentes irregularidades urbanísticas sin que acometiera ninguna acción, hasta que el comisario Villarejo habló con él.

Dicho alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona Pedro Villarejo. El nuevo alcalde llegó a contratar como arquitecto municipal a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario policía. Con Valadez, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias.

Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el exministro ese fue un encargo de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.

 Además, gracias a un audio entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa Tándem bajo la dirección de Manuel García Castellón, y por el que se ha abierto una pieza separada, se puede escuchar como José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que de la orden a sus subordinados como Silvia Orna y Miguel Ángel Cuevas, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.

 Precisamente Silvia Orna también fue la agente escogida para acompañar el jefe de gabinete del número 2 de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, a Estados Unidos y recoger parte de la información con la que se hizo el falso informe de la UDEF contra Podemos -no cumplía ninguno de los protocolos que debe tener un informe para ser admitido a trámite en un juzgado-.

GÜRTEL y PUJOL

Algunos de los números de placa de Astapa se repiten en la Operación Gürtel o el caso Pujol, dos encargos realizados por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y que entró en contacto con el comisario debido a los 30 años de amistad entre Ignacio López del Hierro y Villarejo. Como no, los ejecutores de contra quién se hacían informes exculpatorios o incriminatorio lo hizo el equipo de confianza de Olivera y que lideraba el inspector Luna (conocido entre sus compañeros por vender botellas de vino de su bodega que guardaba en la sede policial a restaurantes chinos).

Otro inspector, Manuel Morocho, lo ha denunciado ya dos veces en el Congreso de los Diputados y también en la pieza Kitchen de la causa Tándem, al asegurar que su jefe y luego ex jefe José Luis Olivera Serrano le ordenó retirar la identificación de M. Rajoy así como a López del Hierro.

Este último, que fue Gobernador Civil, estuvo en los inicios de Alianza Popular, mantenía estrechas relaciones con el Ayuntamiento de Madrid -Álvarez del Manzano, familiar suyo, llegó a ser alcalde- y aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas también se vio involucrado en el caso Pujol por haber tenido una sociedad con Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat, y con el hermano del quien fuera consejero de Interior, Felip Puig. La sociedad se llamaba Ibadesacat y su nombre se mencionaba en un documento de la UDEF que fue publicado por otro de los periodistas de cabecera de Villarejo, recogiendo este unas declaraciones del empresario en las que decía explícitamente que “ya he hablado con la UDEF y están haciendo otro informe en el que no aparezco”. Algo totalmente extraordinario y fuera de la norma judicial.

DE COSPEDÍN GÓMEZ GORDO A MIGUEL ÁNGEL ARCE, EL FUTURO 

Cuando en 2015 Dolores de Cospedal calculó que no volvería a salir elegida presidenta de Castilla La Mancha, lo primero que hizo fue colocar a su director de Documentación (en realidad era Seguridad) en la Junta y mandarle de nuevo a la Policía. Andrés Gómez Gordo, más conocido ya como Cospedín, recayó entre abril y mayo en la DAO con la misión de seguir supervisando la operación Gürtel y sobre todo monitorizar a Luis Bárcenas, a través de su antiguo compañero en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos, chofer del entonces tesorero, Luis Bárcenas.

Su destino como inspector jefe fue llevar la Unidad de Seguimientos de la UDEF, menos los ratos en los que Eugenio Pino, número dos de la Policía y también imputado, le mandaba pasarse por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para hacer informes contra el comisario Jaime Barrado, investigador del caso de la doctora Pinto, sobre Podemos o sobre Kitchen.

La ventaja de ese puesto es que tienes el conocimiento de lo que hacen todas las unidades de la UDEF mientras que entre ellas hay secreto. La dirección de esta presunta organización criminal, observando que el agente al que le correspondía ocupar la vacante no era “apto” para los intereses de Olivera y Villarejo, colocaron allí a Miguel Ángel Cuevas, quien además ha llegado a ocupar dos puestos donde la información importante fluye: seguimientos y el Sepblac."          (Patricia López , Crónica Libre, 07/07/22)