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31.10.23

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría". Todas donantes del PP. Vergüenza (C. S. Mato)

Carlos Sánchez Mato @carlossmato

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría" Todas donantes del PP. Vergüenza

"La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M" (El Confidencial, 09/12/22)

11:07 p. m. · 9 dic. 2022
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 "La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M.

 La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que multó en julio a Ferrovial con 38,5 millones por llegar, presuntamente, a acuerdos para compartir trabajos e intercambiar información estratégica en contratos de obra.

Junto a Ferrovial Construcción la CNMC multó a Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); a FCC Construcción (40,4 millones); a Acciona Construcción (29,4 millones); a OHLA (21,5 millones) y a Sacyr con 16,7 millones.

En total, 203,6 millones de sanción conjunta por alterar, supuestamente, durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Ferrovial, como ya hizo con Sacyr en noviembre y OHLA en septiembre, y ha acordado las medidas cautelares presentadas, según han indicado a EFE fuentes de la compañía. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas.

El organismo que preside Cani Fernández subrayó que estas compañías intercambiaban información sobre su estrategia de presentación de ofertas a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general.

En este sentido, la resolución de la CNMC sería remitida a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que fuese ésta la que determinase la duración y el alcance de la prohibición.

El grupo que dirige Rafael del Pino solicitaba que se suspendiese cautelarmente la multa y la prohibición de contratar con el sector público. Las compañías multadas han alertado a la Audiencia Nacional del impacto que tendría una multa de estas características y de los perjuicios que generaría para su actividad la prohibición de contratar con la administración pública. Contra los autos de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional cabe la interposición de recurso."                ( El Confidencial  , 09/12/22)

8.7.22

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado)... La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado). No son grandes constructores, son la mafia.

La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos.

11:59 a. m. · 8 jul. 2022
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 "La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. 

Las empresas se reunían semanalmente para concertar miles de licitaciones de carreteras, hospitales y aeropuertos. Las firmas recurrirán judicialmente la sanción, la mayor de la historia de Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

En conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas [anticompetitivas]”.

El modus operandi del grupo (denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas) consistía en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían para asegurarse las adjudicaciones.

Para evitar sospechas, “los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas”, según ha indicado la CNMC en un comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras tenían que atenerse a él, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”, indica la CNMC.

Entre las Administraciones Públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. La multa total será repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Otras multas

Se da la circunstancia de que muchas de estas empresas ya han recibido multas millonarias por pactar contratos en otros ámbitos como la obra ferroviaria, la conservación de carreteras o los residuos urbanos. Por ejemplo, ACS, FCC, Acciona o Sacyr, junto a otras empresas, fueron multados con 61 millones en 2021 por alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado para hacerse con contratos por más de 500 millones de euros. Y en 2019, la CNMC sancionó con 118 millones a 15 empresas por repartirse concursos públicos de Adif por valor de más de 1.000 millones, entre las que estaban filiales de Sacyr, OHLA y ACS.

En este caso, el expediente no se abrió a raíz de la delación de una de las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanción, como suele ser habitual, sino por una investigación paralela sobre unos contratos de hormigón armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia del cártel.

Las consecuencias para las grandes firmas constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública por si cabe la prohibición de contratar con la Administración. El regulador puede activar este procedimiento que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que permite que se prohíba la participación de las sociedades infractoras en futuros contratos públicos hasta tres años. Pero las empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cláusula solo se puede aplicar tras una sanción firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía judicial puede alargarse durante años.

Grave perjuicio público

En el expediente hecho público este jueves, se denuncia que las empresas compartían en muchos casos la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica, asegurándose así la adjudicación de contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos. “El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”, explica el organismo.

En 2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etcétera”.

 En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.

Al tomar una posición de ventaja en los concursos públicos, las prácticas de las constructoras “produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo”. Los rivales debían soportar mayor coste en la preparación de sus ofertas, además de carecer de información sobre los movimientos de sus competidores.

Texto íntegro de la resolución de la CNMC sobre las constructoras... AQUÍ "       (Ramón Muñoz, El País, 07/07/22)

Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras por alterar licitaciones públicas... Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr deberán pagar por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.

La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes."     (eldiario.es, 07/07/22)

23.4.21

Los papeles de FG que se quemaron en el Windsor

 "Cuando el Edificio Windsor ardió el 12 de febrero de 2005, llevándose por delante las oficinas de la auditora Deloitte que tenía allí su sede, el fuego devoró una misteriosa auditoría realizada a la sociedad de valores FG Inversiones Bursátiles, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el pelotazo por el que Francisco González (FG) vendió su compañía a Merryll Lynch por 3.700 millones de pesetas en 1996 (unos 36,4 millones de euros ajustando la inflación).

 Meses después de la transacción, su aimigo personal y presidente del Gobierno en aquel momento, José María Aznar, le puso al frente de lo que entonces era la banca pública, Argentaria. Para luego privatizarla y que su amigo quedase al frente de uno de los mayores bancos españoles. 

¿Por qué la fiscalía había encargado dicha auditoría? Pues parece ser que la multimillonaria venta tenía una pega y es que el aparente genio inversor de Franciso González escondía unas pérdidas de 800 millones de pesetas, que había disimulado con ingeniería contable para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el comprador y el auditor (Deloitte) no reparasen en el "agujero". Sin embargo alguien dio el chivatazo a Merryl Lynch y el comprador pudo examinar directamente las inversiones fallidas, siguió adelante con la compra pese a todo e informó en una carta a la CNMV de lo averiguado. Y no hubo más. No se anuló la venta, ni se interpusieron acciones legales. 

Más adelante la Fiscalía Anticorrupción se interesó por dicha carta, por lo que la solicitó a la CNMV. Y ésta informó de que el documento se había perdido durante los años en los que fue presidida por Juan Fernández-Armesto Fernández-España que, casualidad, era abogado personal de Francisco González y también fue nombrado por José María Aznar. 

¿Dónde localizar esa carta, entonces? Merrill Lynch, tenía una copia de la misma que había entregado al auditor de FG Inversiones, así que el juez pidió a Deloitte la documentación. Pero la auditora tampoco pudo aportar los papeles. El edificio Windsor, donde tenía su sede la también auditoria de Bankia, ardió toda una noche. "              (El Plural, 11/01/19)

 

"Un documento apunta a que Villarejo incendió el Windsor para destruir documentos del BBVA

El edificio Windsor de Madrid ardió el 12 de febrero de 2005. Un incendio que provocó infinidad de sospechas. Este martes el portal Moncloa.com publica el resumen del trabajo realizado para el BBVA por el entonces comisario José Manuel Villarejo. En ese documento se lee la frase: “Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL”.

Este documento cuestiona el suceso ya que Villarejo se atribuye presuntamente la destrucción de estos documentos clave. El incendio tuvo lugar un día después de que la Fiscalía Anticorrupción hubiese solicitado a Deloitte, cuya sede central estaba en el Windsor, la documentación sobre la auditoría a FG Valores, una investigación que podía comprometer al presidente del banco, Francisco González. Deloitte confirmó días después que la documentación solicitada se había destruido en el fuego.

El informe del comisario Villarejo se elaboró unos días después del incendio. Villarejo tiene una carpeta con la denominación "W", que recopila la información pública sobre el incendio y la investigación posterior sobre sus causas."    (SER, 12/02/19)

22.4.21

La "acción final" de Villarejo para el BBVA: destruir papeles en el incendio del Windsor. Rivero: “Desistí de la operación para entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”...

 "Hoy se cumplen 14 años desde que el rascacielos Windsor ardió en uno de los mayores incendios registrados en décadas en Madrid. 

Y también hoy revela Moncloa.com que este siniestro tuvo relación con los documentos que se guardaban en las oficinas de la auditoria Deloitte —comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González— y con el comisario retirado Jose Manuel Villarejo, quien en un resumen del trabajo realizado para esta entidad bancaria, anotó una "acción final" con la frase: "Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL". Después del incendio, informó a los responsables de la entidad bancaria de que los servicios para los que fue contratado se "cumplieron totalmente". De este modo, Villarejo se atribuye la presunta destrucción de estos documentos clave, por lo que esta revelación obliga a revisar este suceso.

 Los documentos eliminados formaban parte de la operación Trampa. En ella, Villarejo ayudaba supuestamente a Francisco González (FG) a evitar que los empresarios Luis del Rivero, Juan Abelló y el ex ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, le arrebataran la presidencia del BBVA.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción investigaba la venta de la cartera de valores de Francisco González a Merryl Linch, llamada FG Valores, por presuntas irregularidades, y había pedido estos documentos, ubicados en la sede de Deloitte en el edificio Windsor, justo un día antes del siniestro. Días después, Deloitte confirmó a la Fiscalía que los papeles habían sido destruidos entre las llamas.

 Lo que para entonces no se conocía era que había contratado al comisario José Manuel Villarejo. BBVA pagó a Villarejo, solo entre 2012 y 2017, unos cinco millones de euros, según informa Moncloa.com. Una cantidad abonada incluso cuando el comisario ya estaba en prisión, que ponen de nuevo el foco en el incendio del edificio Windsor. 

¿Qué sucedió realmente?

Aquella noche a las 23.08 horas del sábado 12 de febrero de 2005 se activó el sistema de detección de fuego de la Torre Windsor en la planta 21 del edificio. A las 23.30 horas las llamas envolvían la parte superior del emblemático rascacielos del corazón financiero de la capital. Días después apareció una grabación en la que se ven varias figuras en diferentes plantas del rascacielos y la declaración de Eva, una abogada que aseguró haber estado trabajando en el despacho 2.109 de la planta 21 la tarde del sábado, hasta minutos antes de declararse el incendio, y que fumaba pero que creyó haber apagado todos los cigarrillos.

A mediados de marzo la incredulidad saltó a los ciudadanos cuando el informe elaborado por los bomberos sobre el vídeo fantasmagórico grabado por un aficionado aseguraba que las siluetas que se vislumbran son un reflejo óptico de un edificio cercano, lo que contradecía al estudio realizado por la Policía científica, que indicaba que podía tratarse de personas. Nueva incertidumbre creada.

La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. Pero no fue la única. La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca, que pudo ser realizado esa noche por alguna persona para salir del Windsor, al que supuestamente accedió por otro lugar. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. 

Sin embargo, estas nuevas revelaciones podrían suponer un vuelco respecto a la versión oficial del origen del mediático incendio del rascacielo Windsor.

El juez pide los documentos sobre el Windsor

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado esta mañana a Moncloa.com la entrega de la documentación publicada hoy sobre el incendio del edificio Windsor.

Según cuenta este diario, una agente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personó poco antes del mediodía en las oficinas para hacer entrega del requerimiento judicial. "      (Público, 12/02/19)

 

 "Luis del Rivero, presidente de Sacyr en 2004, cuando trató de entrar en el consejo del BBVA, compareció ayer como testigo ante la Audiencia Nacional, que investiga las actuaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación con esta entidad financiera

El empresario aseguró que su operación fracasó por la campaña de acoso con difamaciones en algunos medios y tras el incendio del edificio Windsor en Madrid, que relacionó con una defensa de Francisco González, expresidente del BBVA, tras la venta de FG Valores a Merril Lynch y la posterior investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado de González sostuvo que hasta marzo no se supo que los documentos de FG Valores estaban en el Windsor por lo que cuestionó la versión de Del Rivero. También dijo que Sacyr solo tuvo opciones sobre acciones, no títulos, algo que desmintió Del Rivero diciendo que cuando vendieron los títulos obtuvieron 148 millones.

“Desistí de entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”, afirmó Del Rivero. El empresario aseguró que no quería hacer imputaciones o acusaciones directas, pero sí estableció una relación entre el incendio de la torre de la zona financiera de Madrid y el expresidente del BBVA, Francisco González. En ese edificio estaba la sede de Deloitte, la auditora que guardaba los documentos de la venta de FG Valores a Merrill Lynch, una operación que la Fiscalía Anticorrupción investigaba por posibles deficiencias contables en la sociedad de valores del banquero.

Tras el incendio no se pudieron entregar los documentos, de los que no había más copias, según la consultora. El caso quedó archivado. Ni las investigaciones de la policía ni de la justicia pudieron demostrar que el incendio fuera intencionado, ni que el incidente tuviera relación con la destrucción de documentos que sugiere Del Rivero.

Los detalles sobre el incendio

A preguntas de su abogado, explicó que tras el incendio dio orden a Société Générale para vender las acciones. Anticorrupción le pidió que aclarara la relación entre un hecho y otro. Con imprecisiones, Rivero dijo que, para él, el incendio fue una demostración de cómo se pueden hacer desaparecer documentos porque era de dominio público, “y el consejo de Sacyr lo sabía, que Anticorrupción investigaba los papeles de la compra de FG Valores por parte de Merrill Lynch”.

El abogado de González le preguntó si en el consejo de Sacyr se habló del incendio del Windsor como un motivo para deshacer la operación. Del Rivero no lo aclaró. A continuación le cuestionó su teoría al decir que hasta marzo no se supo que los papeles de FG Valores estaban en el Windsor por lo que no era posible que en febrero desistiera de la operación por este motivo. El constructor aseguró que él tenía sus fuentes y que sí sabía en aquel momento que ahí estaban los papeles que reclamó Anticorrupción.

 El letrado que defiende a González cuestionó la capacidad financiera de Sacyr para hacer la operación y le recordó los hechos relevantes en donde la constructora decía que tenía opciones. El constructor admitió que eran opciones sobre acciones y que la compra real de títulos era del 0,4% del BBVA.

Ante la insistencia en que no tenía títulos sino opciones, Del Rivero aseguró que tuvo un préstamo sobre acciones pignoradas de Sacyr que le daba derecho a títulos del banco: “La prueba es que tras la venta, tuvimos un beneficio real de 148 millones”. El abogado de Villarejo también le cuestionó su falta de recursos. El exdirectivo de Sacyr replicó que poco después invirtieron “más de 6.000 millones en acciones de Repsol”. “Sí teníamos músculo financiero”, añadió.

Neguri y Sacyr sumaban el 9% del BBVA

Del Rivero afirmó que junto a los viejos accionistas del BBVA, 82 familias vascas que aportarían casi otro 5%, podían reunir hasta el 9% del capital. Su intención era pedir de tres a cinco consejeros en el BBVA. Recordó que Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero del BBVA, les dijo que para tener un consejero necesitaría el 6,6% del capital y que si llegaban al 10% les exigiría lanzar una opa porque consideraba que era posición de dominio, aunque el límite legal para opas era el 25%.

Para Del Rivero este argumento choca con el hecho de que de todo el consejo del BBVA, “solo Telefónica tenía el 1% de las acciones”. “Todos los demás consejeros no tenían nada y a nosotros se nos exigía tanto. Creo que la actuación del gobernador fue premiada después cuando se le hizo consejero del BBVA”, afirmó.

Respecto a otras razones que acabaron con la operación, Del Rivero aseguró que fue “la campaña brutal que realizaron varios medios de comunicación, con falsedades” como atribuirle delitos ecológicos y robo de agua en Murcia, “que publicó El Mundo en primera página y otras informaciones de El Confidencial y ABC “que me demostraron la gran capacidad de penetración de Villarejo en estos grupo”.

También declararon los principales ejecutivos que acompañaron a Del Rivero. Todos dijeron que lo peor fue “la campaña mediática salvaje de todos los medios”. El magistrado, Manuel García Castellón, preguntó a varios de los testigos si la campaña fue general o más de unos medios de derechas o de izquierdas. Coincidieron en señalar que fue general, “alimentada por González y el banco”, indicó José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA que fue obligado a dimitir por el entonces presidente tras conocerse las inversiones del banco en Jersey. En su opinión, la operación fracasó por ese acoso contra su reputación. “Hasta mis escoltas se dedicaban a espiarme”, dijo.

Miguel Sebastián, exdirectivo del BBVA y director de la oficina económica de La Moncloa en 2004, negó la participación del Santander en la operación, como sugirieron los papeles de Villarejo. Aseguró que fue víctima de una campaña mediática de desprestigio dirigida por el banco que le perjudicó profesionalmente cuando optó a otros trabajos y que fue atacado al hacer pública su homosexualidad. “No lo he ocultado en mi círculo privado, pero no es algo que me gusta hacer público. Me dijeron que el presidente del banco me estaba buscando novios, pero no los encontraba porque no hacía más que trabajar”, comentó.

Asaltos a la CNMV y a la casa de Arenillas

Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV, también declaró como testigo con uno de los relatos más duros de la jornada. Comentó lo que entiende que fue el resultado de la actuación de Villarejo por orden del BBVA: un asalto a la sede de la Comisión en julio de 2005, otro a su vivienda en diciembre de 2004, varios seguimientos físicos a su coche —la policía nunca aclaró quiénes los hicieron— y pinchazos de su móvil. En su opinión, estas actuaciones que se hacían con cierto exhibicionismo buscaban mandar el mensaje de que ellos podían llegar a todos los sitios, “transmitir la sensación de que éramos vulnerables”.

Arenillas también citó la existencia de una denuncia falsa contra Intermoney, su anterior empresa, que la CNMV investigó, aunque el entonces presidente, Manuel Conthe, no le informó. No supo de la existencia de esta denuncia falsa, “de la que habla Villarejo y Julio Corrochano, el exjefe de Seguridad del BBVA en varias ocasiones en las grabaciones, hasta que Conthe abandonó la CNMV y me lo contó algún funcionario”, dijo. Y añadió: “Fui hostigado por varios medios y sufrí acoso político”.     (Iñígo de Barrón, El País, 14/04/21)

4.7.18

Macrooperación en decenas de municipios de PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr

"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una macroperación contra una trama que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en ciudades de toda España para favorecer a una filial del grupo Sacyr

Las pesquisas apuntan a ayuntamientos gobernados por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Se trataría del primer caso de corrupción municipal que afecta a dirigentes del partido de Albert Rivera.

Más de 600 efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo, que conlleva detenciones y decenas de registros en depedencias municipales y domicilios. Uno de los puntos que se está inspeccionando es el ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por Ciudadanos desde 2015.

 También está prevista la entrada o el requerimiento de información en los consistorios madrileños de Navalcarnero (PSOE) y Fuenlabrada (PSOE), y hay actuaciones programadas en Barcelona, León, Astorga, Oviedo, Huesca, Teruel, Lérida, Zaragoza, Málaga y A Coruña, entre otros puntos de la geografía nacional.

La investigación se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales y el control inteligente del tráfico rodado.

 Según las fuentes consultadas por este diario, la compañía habría conseguido decenas de adjudicaciones mediante la manipulación de concursos públicos. Para ello, habría contado con la connivencia de alcaldes y concejales de PSOE, PP y Ciudadanos.

El caso arrancó hace dos años en Cataluña pero terminó extendiéndose al resto de España. El dispositivo lo dirigen varios juzgados bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Además de agentes de la UDEF, también participan otros efectivos de Policía Judicial y de jefaturas superiores, sobre todo, de Cataluña, donde se desarrollan los registros en las oficinas de la compañia."               (José María Olmo, Beatriz Parera, El Confidencial, 03/07/18)