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Esperanza Aguirre
cumplió con el guion el pasado lunes. En apenas 20 minutos ventiló su
comparecencia como testigo en la Audiencia Provincial en el juicio del
denominado '
caso espías'. Ya tiene bastante con los negros nubarrones que se ciñen en su horizonte (véase futuras sorpresas en
Púnica y
Lezo), como para estar
gastando esfuerzos en una batalla que ya está amortizada
(la Fiscalía ni acusa y los procesados son de segunda fila).
Por eso,
este lunes, puso su mejor cara de inocente y lo negó todo. Nunca supo
nada de seguimientos a políticos porque nunca nadie le dijo nada. Lo
dicho, "gracias señoría" y hasta otra. La verdad es que a Aguirre este
asunto le ha importado más bien poco, porque como siempre ha dicho a su
círculo más íntimo se trata sobre todo de "un asunto de faldas".
Aguirre tiene su teoría sobre 'la gestapillo' (como la definió uno de los presuntos espiados, Manuel Cobo). La expresidenta madrileña tiene la certeza de que sus dos principales 'generales' en el Gobierno, Ignacio González y Francisco Granados, se investigaron mutuamente. El tiempo y el tablero político les hizo enemigos. Eso es un hecho.
Pero todos esos años de rivalidad no se juzgan estos días en la Audiencia Provincial. No, solo se dirime si tres
guardias civiles, dos policías nacionales y un funcionario de la Comunidad de Madrid gastaron dinero público en hacer
seguimientos ilegales durante tres meses a un reducido grupo de políticos del PP (que algunos definen como rivales de la 'lideresa').
Y este asunto concreto, "una historia de Mortadelo y Filemón" (como también la calificó
Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior), es solo un
capítulo reducido y cutre del negro serial que se vivió durante años en los resortes del poder del PP
de Madrid y por ende del Gobierno regional. Para Aguirre, como hemos
dicho, este capítulo se resume en un tema de faldas, cuyo principal
protagonista sería
Manuel Sergio Gamón Serrano, el
exescolta de Aguirre que llegó a director general del Ejecutivo
autonómico.
Al parecer, Gamón lo perpetró todo al enterarse que le
habían robado mensajes comprometedores de una relación que provocaron la
ruptura de su matrimonio. Una especie de "montaje" que con el tiempo se
fue de las manos. Porque para entender esta historia hay que explicar
detenidamente a los personajes y el contexto de una época 'berlangiana'.
El todopoderoso Gamón
Sergio
Gamón, zamorano de 59 años, es policía. Aguirre le nombró director
general de Seguridad en mayo de 2006. Quienes trabajaron con él en la
Comunidad lo definen como
un tipo "fantasma, chulesco, peliculero" y muchas veces "agresivo e irritable".
Llegó a la Comunidad de Madrid porque había sido jefe de escoltas de la
propia Aguirre cuando esta era ministra de Educación (1996-1999) y
presidenta del
Senado (1999-2002).
Allí, en la Cámara Alta, Aguirre colocó a la mujer de Gamón como
secretaria y a la hija de la pareja en las listas del PP de Fuenlabrada.
En el Gobierno regional Gamón pasó a tener directamente un nivel 30 (el
más alto) y a cobrar 91.600 euros brutos anuales. Orgánicamente empezó
dependiendo del consejero Alfredo Prada, con el que nunca tuvo una buena relación. De hecho, llegó a ser bastante mala.
El propio Prada (que fue consejero de Interior hasta mayo de 2007,
mantendría la cartera de Justicia hasta junio de 2008) siempre ha
reconocido que no fichó a Gamón. "La señora Aguirre, en su condición de presidenta, me hizo la propuesta de elegir a Gamón como director general de seguridad", señaló Prada en la Asamblea de Madrid. Gamón tenía en esa época un segundo, el policía Miguel Castaño. En mayo de 2007 Francisco Granados sustituye a Prada en Interior y pasa a ser el nuevo jefe de Gamón.
Llegan los asesores
En
septiembre de 2007, Granados, que no se fía de Gamón y Castaño (que van
por libre y al parecer reportan directamente con Ignacio González) y
decide incorporar a tres guardias civiles de su confianza como asesores
del departamento de seguridad. Se trata de José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro.
Al mes siguiente, en octubre de 2007, a Gamón no le gusta el movimiento
que ha hecho Granados (trayendo a "su gente") y consigue que la
dirección general de seguridad fiche a otros tres policías nacionales de
su cuerda: Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. Es decir, en teoría un mismo departamento pero con dos equipos de asesores.
2008, el año clave
En 2008 pasa de todo. Es el año clave.
Aguirre
acaba de revalidar en 2007 la mayoría absoluta en la Comunidad de
Madrid y se abren varios frentes políticos. El primero, dentro de la
Comunidad.
Granados y González empiezan a cimentar su enemistad.
"El hombre fuerte era González y Granados aspiraba a serlo", explica
una persona que esos años estuvo dentro del equipo de Aguirre. "Se
competía por el reparto de poder. Ahora con el paso de los años
comprendo el afán que entonces tenía Granados para que la empresa
pública Arpegio [una de las piezas hoy del caso Púnica] pasara a
depender de él". Comenzaron las rencillas y las sospechas.
El segundo frente se abre en el PP nacional. El 9 de marzo Mariano Rajoy
fracasa de nuevo en su intento por alcanzar la Moncloa. Esperanza
Aguirre siente que ha llegado su momento y prepara asaltar la dirección
nacional en el congreso que se realizará en junio de ese año.
Ese mes de
marzo, el día 16,
González es presuntamente espiado en un viaje privado
que realiza con su mujer a Sudáfrica, un vuelo pagado por empresarios
privados. Apunten el mes de marzo. Curiosamente en ese mes (y hasta
mayo) se cometen los
seguimientos ilegales a los 'rivales' de Aguirre, como
Alfredo Prada y
Manuel Cobo, lo que se conoce como 'gestapillo'.
Alfredo Prada es calificado como rival de Aguirre porque aunque forma
parte de su Gobierno ha decidido apoyar públicamente a Rajoy en la
guerra interna que se produce dentro del PP.
Ese apoyo le cuesta el cargo. Aguirre le destituye a finales de junio de 2008 y deja de ser consejero de Justicia. Un día después,
Gamón se presenta en un despacho utilizado por Prada y requisa ordenadores.
¿Quién se lo ordenó? ¿Qué había en esos dispositivos? Se ha dicho de
todo. Incluido que podría haber en ellos informes que perjudicaban a
González y
Granados. Hay otra teoría, la que defiende Aguirre,
el supuesto asunto de faldas.
Alguien le ha hecho llegar a la mujer de Gamón, que ha sido recolocada como secretaria en
Telemadrid, unos supuestos mensajes que demostrarían que su marido le es infiel.
Y Gamón busca al culpable, al filtrador.
Sospecha sobre todo de dos personas, los dos jefes que ha tenido y con
los que no se llevaba bien: Granados y Prada. Y sobre todo de un
colaborador de este último. Lo cierto es que Granados tras enterarse de
lo que ha hecho Gamón le destituye. Tiene el poder para hacerlo.
"Este paso demuestra algo relevante.
Si Gamón hubiera sido un hombre de González, como dicen algunos, lo hubiera defendido, pero la verdad es que González nunca trató con Gamón. No era de los suyos.
No tenían nada que ver", explica una fuente que trabajó muchos años con
el expresidente madrileño hoy imputado en el caso Lezo.
Aguirre (quien fichó a Gamón) no quiere problemas y acepta mover de
sitio a su defendido tras la destitución ordenada por Granados. Pero no
se va muy lejos. La 'lideresa' le recoloca como asesor de seguridad en
el mismo Ejecutivo regional y con un sueldo similar.
Sin despacho, ni
competencias, ni personal a sus órdenes, pero percibiendo entonces un
salario como si fuera un presidente del Gobierno (
ahí estaría hasta el 25 de junio de 2010). Así llega el verano de 2008 y siguen los espionajes en el PP de Madrid.
Unos detectives siguen a Ignacio González y a otros cargos del Canal de Isabel II en un viaje que hacen a Colombia entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre.
Un viaje ya famoso que posteriormente sería inmortalizado en los medios.
Reguero de filtraciones
Gamón es sustituido por Enrique Barón, un comisario con importantes contactos que había sido jefe superior de la Jefatura de Madrid. "Con la llegada de Enrique Barón, la Comunidad alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía.
Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios
identificaron como procedentes de las cloacas.
Y hay un rastro evidente
de esto en multitud de ocasiones", llegó a declarar uno de los guardias
civiles procesados, José Oreja. Lo cierto es que con la llegada de Barón
empiezan las filtraciones en los medios y por tanto el escándalo. Una vez abierta la cloaca sale la basura.
Comienza 2009.
La primera andanada va contra Granados.
'El País' publica que "un consejero de Aguirre monta un 'servicio
secreto' con exagentes". La 'gestapillo' se hace pública. Pero no se
cita a Gamón ni a los policías nacionales traídos por él. Solo a los
guardias civiles que fichó Granados. Ese mismo día el mismo
diario revela que González ha sido espiado en un reciente viaje a Colombia (la Cadena Ser desvelaría
el vídeo
meses más tarde, en abril).
Los ánimos se caldean. Todos los dedos
apuntan a Granados. Y los cañonazos vuelan en dirección contraria. Días
después, también en enero,
el diario 'Público' informa
de la existencia de un dosier de 69 páginas sobre el incremento
patrimonial de Ignacio González. Ya están todos manchados: Granados como
espía y González como corrupto. Todo ello aderezado con
la Gürtel, que estalla en febrero de 2009.
La pregunta que se hacen muchos es quien filtró a la prensa los
dosieres que circulaban ya preparados. Granados cree que González o
Gamón pasaron los partes de seguimiento de la 'gestapillo', aquellos que
supuestamente habían rellenado los guardias civiles después de espiar a
los 'rivales' de Aguirre, como Alfredo Prada (el consejero díscolo que apoyó a Rajoy) y Manolo Cobo
(la mano derecha de Gallardón).
González cree que sus males (los
informes sobre su patrimonio y el de su familia) los movió Granados.
Años después supo que
alguien del PP pagó 300.000 euros por seguirle a Colombia y que un amigo constructor de Granados (David Marjaliza)
contrató a detectives para elaborar informes contra él.
La propia Aguirre sigue pensando que es todo un asunto de faldas y que Gamón perdió la cabeza cuando se enteró de que habían filtrado a su mujer lo de su relación extramatrimonial. Un tema que acabó yéndose de las manos. Algunos de los espiados, por contra, creen que hay que mirar más allá de Gamón y González
y pararse a pensar quien tenía la información de los partes de
seguimiento y que la publicación de las filtraciones coincidió con la
llegada de Enrique Barón al Gobierno regional. Hasta entonces los trapos sucios se lavaban dentro de casa.
La versión de los acusados
Luego está la versión de los
acusados, los tres guardias civiles procesados y un funcionario de la
Comunidad de Madrid. Han explicado en sede judicial y en la Asamblea de
Madrid que Gamón les ordenó hacer los seguimientos
"por expreso deseo del señor González".
Esa orden se produjo en marzo de 2008, curiosamente cuando alguien ya
había perjudicado la relación de Gamón con su esposa y también cuando
Aguirre preparaba su lucha contra Rajoy para disputarle la dirección nacional.
Los
guardias se negaron a hacer los seguimientos y se quejaron ante
Granados, que les prometió una solución que nunca llegó. "Ahí es cuando
empezamos a comprender que, efectivamente, las órdenes procedían de
Ignacio González y que el señor Granados no mandaba sobre Gamón".
"Y,
en esa guerra, en mitad de esa especie de guerra sucia que tienen entre
ellos, aparecemos los tres asesores procedentes del cuerpo de la
Guardia Civil, sin conocer a nadie. Y con esa realidad se atreven a
mandarnos esa barbaridad. No necesitaban de nosotros nada de eso. Yo
creo que con esto lo que pretendían los señores Gamón y Castaño era
preconstituirnos una prueba para que coincidieran los posicionamientos
telefónicos con los lugares donde nos mandaban.
La insistencia en que
fuéramos a esos lugares era infernal", señaló José Oreja. Todo fue un montaje, según ellos, ya que tuvieron que reportar "informes
vacíos de contenido operativo". Aseguran que vieron cómo Miguel Castaño
(el segundo de Gamón) manipulaba esos informes.
¿Realmente ordenó González esos seguimientos? "
Yo creo que fue cosa de Gamón para demostrar el poder que tenía.
Si a esos partes de seguimiento, que apenas incluyen datos y que están
basados en la agenda pública de los presuntos espiados se puede llamar
espionaje, es para echar a la calle a los espías. Es ridículo. No
aportan nada de valor.
No sirven para nada. Quien ha trabajado dentro del equipo más cercano de González sabe que no tenía ninguna relación de Gamón",
explican fuentes cercanas al expresidente regional. González insistió
cuando fue a declarar como testigo esta misma semana que el único
espionaje que él conoce es el que le hicieron en
Colombia.
Merece la pena en este punto conocer lo declarado por Marcos Peña
en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Peña, policía
nacional, es fichado por Granados en junio de 2008 (cuando
supuestamente ya se había realizado los seguimientos pero no se habían
filtrado) para que la ayudara a poner orden en la consejería tras la
destitución y traslado de Gamón.
"Todo es un montaje realizado desde dentro,
con la colaboración muy seria por parte del periódico 'El País' y del
periodista que ejecutó toda la información. Además, el que lo monta, le
manda al periodista datos de filiación de cuatro personas, de Marcos
Peña, que soy yo, y de los tres guardias civiles. Es lo primero que le
manda al periodista: los datos de filiación de esas cuatro personas. Y,
por otra parte, le mandan unos partes, esos famosos partes..."
Peña prosigue: "Los partes tienen unas fechas; la primera barbaridad
que comete esta organización es mandar unos partes en los que el
responsable de esos señores soy yo, pero cometen un error, porque en las
fechas esas que figuran en los partes yo no me encontraba en la
Comunidad de Madrid. Primera barbaridad, yo no estaba. Yo creo que el objetivo primero es eliminar tanto a mí como a los guardias civiles,
que ya habían protestado ante el consejero.
Y segundo, el más
importante, el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo,
el espionaje real que se estaba haciendo".
Este veterano policía,
Peña (que trabajaba para Iberdrola antes de llegar a la Comunidad de
Madrid), cree que políticos de la Comunidad ya usaban desde años antes a detectives privados y asesores externos para sus tejemanejes.
"Yo creo que al señor Gamón no le hace falta los guardias civiles para
nada, y les hace hacer unos partes para implicarlos porque piensa que el
consejero Granados los ha traído para ver qué está haciendo el señor
Gamón, y este, como consecuencia, les hace hacer esos partes. Porque esos partes no valen absolutamente para nada".
La mujer despechada
Para echar más leña el fuego y refrendar la teoría del asunto de faldas, en junio de 2010 aparece en escena Yolanda Laviana, exesposa de Gamón y exsecretaria de Aguirre cuando presidió el Senado. En una entrevista detalló que su exmarido ya había espiado a Alfredo Prada mucho antes, en 2006.
Laviana precisó que el receptor de los informes de Gamón era Ignacio
González. "Yo he vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un
horror. Tengo miedo. He vivido una oleada de vicisitudes, un horror, que me perjudican hasta el día de hoy", llegó a declarar en el Parlamento madrileño.
La
entrevista de Lavinia en junio de 2010 provocó todo un terremoto. Ella
fue despedida fulminantemente de Telemadrid donde era secretaria del
presidente,
Manuel Soriano (este había sido exjefe de
prensa de Aguirre). Ni siquiera la ayudó que hubiera declarado a favor
de Soriano cuando este fue denunciado por acoso sexual por una
trabajadora.
Su mentora Aguirre la defenestró. Gamón, por su parte, tuvo que dimitir en junio de 2010, el mismo día que fue despedida Laviana. Ambos ya estaban en proceso de separación.
El juicio, también de Mortadelo y Filemón
El caso, once años después, está amortizado. Ni siquiera acusa la Fiscalía.
Los seguimientos a Alfredo Prada, a Manuel Cobo y a otras personas
dejaron seis procesados, los que se sientan hoy en el banquillo. Se
trata de los tres guardias civiles (Antonio Coronado Martínez, José
Oreja Sánchez y José Luis Caro Vinagre); de José Manuel Pinto Serrano,
personal laboral de la consejería acusado de escribir los partes de
seguimiento; y los dos jefes de todos ellos, Sergio Gamón y Miguel
Castaño. Todos están acusados de malversación de fondos públicos,
ya que el delito de espionaje político no está tipificado en el Código
Penal. Para la acusación, ejercida por varios diputados socialistas, los
procesados incurrieron en un delito de malversación y deben ser
castigados con penas de dos a cuatro años de prisión.
La verdad es que la semana de juicio ya celebrada ha sido tan
esperpéntica como algunos de los episodios del supuesto espionaje. La
jueza amenazó a Ignacio González con mandarle a la policía porque no se
había presentado a declarar. Luego se dio cuenta que había un error en
la fecha de citación y pidió disculpas.
También se equivocó el juzgado
cuando citó a una persona que se llamaba igual que la exmujer de Gamón pero no era ella.
Otro de los citados, el asesor Marcos Peña, tampoco fue correctamente
convocado. Manolo Cobo no puede declarar por enfermedad. Granados dijo
que todo era una "payasada", y González lo ha negado todo. El abogado
del PSOE, que ejerce la acusación popular, apenas pregunta. De hecho, la
juez llegó a reprocharle "el escaso interés que muestra por la causa".
Panorama desolador.
Y aparece el comisario Barrado
Entre tanto aburrimiento destacó la declaración como testigo de comisario ya jubilado Jaime Barrado,
el encargado hace años de realizar la investigación policial de la
'gestapillo'. Nunca declaró ante el juez instructor durante la misma,
por lo que lo aportado esta semana puede dar un giro al caso. Según
Barrado se produjeron seguimientos, pero nunca los realizaron los
guardias acusados, sino detectives privados pagados por uno y otro
bando.
Barrado llegó a localizar a uno de esos detectives e o incluso
detectó que sus superiores modificaban sus informes. El policía ya acusó
en un documental de Mediapro, '
las cloacas de Interior', que todo el montaje estuvo apañado por su jefe,
José Luis Olivera, y por
Manuel Moix, entonces jefe de la Fiscalía Superior de Madrid.
