La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la caja b del PP Tras cinco años de investigación, el juez Pedraz sobresee la pieza sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública

 "El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza de los 'papeles de Bárcenas' del caso Gürtel sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas, al no quedar "debidamente justificada" la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco acuerda el archivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción, tanto declaración de investigados como de testigos, documentos de sociedades y empresas públicas, así como de otros procedimientos judiciales y, principalmente, del informe pericial del pasado 4 de noviembre de la Intervención General del Estado (IGAE).

En dicho documento se especificaba que "no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable" e "imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados".

Recuerda el juez que esta parte de la pieza separada conocida como papeles de Bárcenas se reabrió el 28 de febrero de 2017 con motivo de las declaraciones efectuadas por el empresario Alfonso García Pozuelo y por el líder de la trama Gürtel Francisco Correa en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel.

A raíz de dichos testimonios, se solicitó la práctica de diligencias para "comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' o 'contabilidad b' del PP, constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones". 

En su auto, Pedraz señala que del informe de la IGAE no se desprende la comisión de los delitos que se investigaban. "En el mismo --expone-- se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados "papeles de Bárcenas'"."                      (Ana María Pascual, Público, 19/12/22)

Ocho años después, la Justicia sigue sin saber quién es el «M. Rajoy» de los papeles de Bárcenas... se trata del caso policial más arduo y enigmático de la historia del crimen. Un auténtico quebradero de cabeza, un galimatías que requiere de mucha técnica policial, de pruebas testificales y caligráficas, de informes periciales sobre la tinta china empleada... No se vaya usted a creer que esto se resuelve en cuatro días. La prueba palpable es que va ya para ocho años y seguimos sin saber quién demonios es “M punto Rajoy”. Y lo que te rondaré morena

 "En enero de 2013 el diario El País destapó lo que hoy se conoce como “los papeles de Bárcenas”, un registro contable elaborado por el ex tesorero del PP donde quedaban anotados los nombres y apellidos de los altos cargos del partido que supuestamente cobraban sobresueldos con cargo a la Caja B. 

 En una de las casillas, entre los demás prebostes populares que recibían la “paguita extra” en negro, aparecía el nombre de un tal M. Rajoy (a partir de ahora diremos “M punto Rajoy”) y tal como era de prever se destaparon las especulaciones y elucubraciones de todo tipo. 

e inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia el ex presidente del Gobierno –más que nada por la curiosa y casual coincidencia–, y el manda gallego enseguida se apresuró a decir que nada de lo que allí constaba era cierto, “salvo alguna cosa”. Hoy, ocho años después, Rajoy está retirado de la política y Luis Bárcenas ha vuelto a sentarse ante un juez para seguir tirando de la manta, esa frase que se ha puesto tan de moda. Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha restado importancia a los nuevos datos aportados por el extesorero, la duda de quién es ese misterioso “M punto Rajoy” sigue estando en el aire. Para despejarla habrá que ver si finalmente se celebra el anunciado careo entre Bárcenas y el ex líder del PP solicitado por la defensa del contable, un cuerpo a cuerpo que promete ser más apasionante que aquellos combates del siglo entre Tyson y Mayweather.

Ahora bien, más allá del proceso judicial en marcha, ¿qué razones de peso, qué indicios racionales concluyentes hay para pensar que “M punto Rajoy” es, sin dudarlo, Mariano Rajoy? Ninguno hombre, ninguno. El mundo es un lugar muy grande y la estadística nos dice que puede haber cientos de personas que se llamen igual que el insigne gallego. Además, Pablo Casado nunca habla de ese tema, siempre balones fuera, chitón, cremallera total, de modo que no vamos a desconfiar ahora de un hombre que no miente nunca (salvo cuando va a Bruselas a chivarse a los hombres de negro del despilfarro de Pedro Sánchez con los fondos europeos y le pierde su delirante imaginación, alimentando la leyenda negra chavista sobre el presidente del Gobierno). 

De ninguna manera la anotación “M punto Rajoy” tiene por qué corresponderse con Mariano Rajoy, qué disparate, qué ocurrencia, y la mejor prueba de ello es que la Justicia española, que jamás ha dado muestras de tolerancia con el rico y el poderoso (salvo alguna que otra sentencia hipotecaria favorable a la banca) ni siquiera le ha concedido un mínimo de credibilidad a la historia. Que el nombre de Rajoy aparezca en los “papeles de Bárcenas” sobre la Caja B del partido no tiene por qué ser nada extraño, tal como prueba que a nadie en la Fiscalía Anticorrupción se le ha pasado por la cabeza, en todos estos años, que aquello podía ser sospechoso.

Por los relatos de Sherlock Holmes sabemos que la mejor forma de ocultar el arma de un delito, por ejemplo una pistola humeante, es dejarla a la vista de todos para que pase desapercibida (véase encima de una chimenea). Pero este no es el caso. El nombre “M punto Rajoy” estaba allí, anotado en los papeles, por pura y simple casualidad, porque a algún gracioso se le ocurrió garabatearlo para gastar una broma o jugarreta o por un extraño fenómeno de impresión espontánea y sobrenatural que ocurre una vez entre un millón, como las Caras de Bélmez, cosa rara pero no imposible. 

Sin duda, más que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la persona que debería hacerse cargo de este misterioso caso es Íker Jiménez, que esto lo resuelve él en un plis plas llevando a Génova 13 a una médium bajita, regordeta y con gafas, como en la película Poltergeist, para que el espíritu de Bárcenas se le meta en el cuerpo, caiga en la escritura automática y sepamos por fin quién firmó aquel papelamen.

No, qué va, ni de coña. Hay muchas explicaciones y líneas de investigación que explorar antes de concluir a la ligera y a lo loco que “M punto Rajoy” es obligatoria y necesariamente Mariano Rajoy, una hipótesis de trabajo que debe ser siempre la última porque esto es España y aquí no se trabaja nunca con el método hipotético-deductivo científico y racional, sino con la intuición ibérica, la técnica bananera y echándole un capotazo al personaje importante. Es otro ritmo, otra manera de hacer, otra forma de trabajar. Ni mejor ni peor, solo distinta. 

En otras democracias occidentales serias y avanzadas las cosas son siempre lo que parecen siguiendo la lógica kantiana –uno más uno igual a dos; aquí hay colillas aquí han fumao; blanco y en botella leche–, pero Spain is different y rigen las leyes del realismo mágico, la fantasía berlanguiana y el esperpento valleinclanesco antes que la ciencia policial positivista y el Código Penal. El caso Bárcenas lo coge uno del FBI y acaba en un impeachment al presidente de padre y muy señor mío, pero en la piel de toro las cosas no funcionan exactamente igual y prima la lógica hispánica, aquello de Quevedo de poderoso caballero es Don Dinero, más el tema de la inviolabilidad, que vale lo mismo para expresidentes jubilados y para reyes eméritos.  

El asunto de la dichosa inscripción “M punto Rajoy” es complejo, difícil, críptico. El caso policial más arduo y enigmático de la historia del crimen. Un auténtico quebradero de cabeza, un galimatías que requiere de mucha técnica policial, de pruebas testificales y caligráficas, de informes periciales sobre la tinta china empleada, de la opinión de criminólogos expertos de reconocido prestigio y de la participación de los mejores investigadores nacionales y de la Interpol. No se vaya usted a creer que esto se resuelve en cuatro días. La prueba palpable es que va ya para ocho años y seguimos sin saber quién demonios es “M punto Rajoy”. Y lo que te rondaré morena."                (José Antequera, Diario16, 08/01/23)

La Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP

 "La Policía política que organizó el espionaje a Luis Bárcenas presionó al abogado que defendió en 2013 y 2014 al extesorero del PP, Javier Gómez de Liaño, para que su cliente no destapara la Caja B de la formación política entonces presidida por Mariano Rajoy. Así consta en los diarios del comisario jubilado José Manuel Villarejo que fueron interceptados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras reclamar información a varias de las personas conocedoras de los hechos.

Estos hechos, a juicio de las fuentes consultadas, podrían completar las pesquisas conocidas hasta el momento sobre la denominada Operación Kitchen. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que decir en las próximas semanas si se sigue investigando el espionaje a Bárcenas, como pide la fiscalía anticorrupción, o se manda a juicio sin procesar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, como ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Sin embargo, estas nuevas pruebas muestran que los integrantes de la Policía política, entre los que se encontraba el comisario José Manuel Villarejo, hurgaron en las cuentas privadas de Gómez de Liaño con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso. En las agendas del comisario constan numerosas anotaciones en las que se muestra cómo la trama Kitchen investigó, sin orden ni mandato judicial, el supuesto cobro en 'b' por parte de Gómez de Liaño de hasta 5,5 millones de euros que habrían sido abonados por Zakhar Kalashov, un criminal de origen ruso.

Este mafioso había sido detenido en el marco de la Operación Avispa, que había investigado el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Sin embargo, Kalashov logró escapar de España, aunque fue arrestado poco después en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), país que le entregó de nuevo a las autoridades españolas.

Al contactar con este mafioso ruso, que estaba interno en la prisión madrileña de Estremera, los integrantes del Ministerio del Interior que organizaron la operación Kitchen pretendían presionar, siempre según las pruebas y los testimonios de las fuentes consultadas, al abogado de Bárcenas, partidario de aportar al juez Pablo Ruz, el encargado de la investigación sobre la caja B del PP, todas las pruebas sobre la caja B del PP. 

En las agendas aparecen numerosas anotaciones en las Villarejo sostiene que el abogado Óscar Jiménez Rubia, integrante entonces del despacho del letrado Javier Iglesias, acudió a la prisión de Estremera (Madrid) para entrevistarse con Zakhar Kalashov. Años después este condenado, que había sido reclamado por la República de Georgia, fue extraditado a Rusia. Del contenido de la reunión en la prisión dio cuenta el propio abogado a Villarejo, quien pretendía obtener información comprometida sobre Gómez de Liaño. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha contactado con Jiménez Rubia llamando a uno de los números telefónicos apuntados por el comisario en su agenda. Este letrado ha confirmado que se vio en la cárcel con Kalashov. Sin embargo rechaza que el motivo de la reunión tuviera que ver con Gómez de Liaño.

"Fue una reunión muy breve y vi que estaba muy bien asesorado por sus abogados. Ni se habló ni se trató nada sobre Gómez de Liaño. Era un tema de una extradición que tenía. Me sorprende que Villarejo diga eso, no tengo conocimiento de nada de eso", ha respondido a las preguntas de este diario.

Fuentes conocedoras de la actuación del ex secretario de Estado Francisco Martínez confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Villarejo trató de entrevistarse en numerosas ocasiones con Kalashov, una intención que habría prohibido el Ministerio del Interior en varias ocasiones. Las mismas fuentes rechazan que desde el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se intentara presionar a Gómez de Liaño.

"Dinero en efectivo a Liaño" 

En su búsqueda de los presuntos trapos sucios del abogado de Bárcenas Villarejo contactó con Sahitaj Halit, con quien habría mantenido una conversación el 4 de abril de 2014. Villarejo escribió: "Sujeto interesante. Dice que pagó personalmente mucho dinero en efectivo a Liaño". Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a este diario que Halit había actuado como intermediario de Kalashov. Las notas muestran que el comisario se habría reunido hasta dos veces con él: la primera en un hotel de Zaragoza y la segunda en Madrid. 

Unos días después, el 10 de abril de 2014, Bárcenas, que permanecía en prisión preventiva, debía declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, que esperaba que el extesorero del PP tirara de la manta y destapara la caja B de la formación conservadora, que incluía a Mariano Rajoy como uno de los perceptores del dinero negro procedente de las donaciones de empresarios, muchos de ellos contratistas de los Gobiernos del PP. 

Precisamente, en el sumario de la pieza separada de los papeles de Bárcenas consta un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda que avisaba al juez Pablo Ruz de que una hermana de la mujer de Bárcenas, Arminda Iglesias, había abonado en 2013 una minuta de 65.000 euros a Gómez de Liaño. Según Hacienda, el envío de ese dinero podía tener trascendencia “a efectos de localizar posibles rentas ocultas” del extesorero del PP. Sin embargo, el magistrado no había reclamado ese documento. 

No lo pidió el juez. 

Ya desde octubre y noviembre de 2013 la agenda de Villarejo incluye anotaciones sobre los supuestos pagos que Bárcenas había realizado a Gómez de Liaño. Tampoco el juez Ruz reclamó esta investigación a la Policía Judicial, que dirigía en secreto el inspector Manuel Morocho. Sin embargo, el operativo de la Policía política organizado desde el Ministerio del Interior bautizado por Villarejo como "operación Kitchen" se centró en investigar las cuentas de Gómez de Liaño.

En concreto el comisario escribe, en relación a una información que le había proporcionado el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien había sido captado como confidente a cambio del pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior: "Malas sensaciones contra Liaño. 500 cada visita y 8.000 cada recurso". Después Villarejo puso en conocimiento del secretario de Estado Francisco Martínez, uno de los máximos responsables del espionaje a Bárcenas, el abono de 54.000 euros al exmagistrado de la Audiencia Nacional.

La Policía política también habría contactado con otras personas, quienes se habrían relacionado con Kalashov. El 28 de marzo de 2014 Villarejo apunta, tras conversar con el abogado Javier Iglesias: "José Aliste Martín. Juzgado de Instrucción 20. DP/135/2006. Con abogado José Luis Moreno Cela. Tema Kalashov (que llevó Andreu). Se reparten 4 millones con Liaño. Hay sociedades uruguayas que usaron". Este letrado no ha contestado a las preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

"Colocar un micro a Liaño". 

Ese mismo 28 de marzo de 2014 Villarejo informa al secretario de Estado de Seguridad sobre la posibilidad de colocar "un micro" a Liaño e incluso de la opción "Kalashov". Y unos días después, el 1 de mayo de 2014, Villarejo transcribe en su diario sus impresiones sobre una supuesta conversación que habría mantenido de nuevo con Sahitaj Halit: "Corrupción Cospe. 20 millones por compra del Aeropuerto C. Real, fondo Luxemburgo. Origen mafia rusa [...] Liaño 5,5 millones de euros en condado de Zut (Suiza). También en Uruguay. Pagos por Bélgica (pasa dinero en coche y en Francia, hija de la mujer lo recoge)".

El 30 de junio de 2014 Villarejo escribe que el abogado Jiménez Rubia le había hecho un comentario sobre el intermediario del mafioso ruso: "Dice que dispone de datos sensibles sobre Liaño. Trajo documentos para analizar". Después asegura que Halit le había dicho que Liaño le había llamado enfadado "por la visita del abogado". Un mes después Jiménez Rubia mostraba su preocupación por la posibilidad de que Halit informara a Liaño sobre quien le estaba persiguiendo. 

"Sus relaciones con Liaño" 

Para investigar las actividades de Gómez de Liaño el operativo de Kitchen también habría recurrido al abogado José Aliste, quien defendió a Kalashov. Según el letrado Javier Iglesias, a quien el comisario jubilado consideraba una persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, este tenía intención de hablar de sus "relaciones con Liaño a cambio de quitar su imputación por delitos fiscales". EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado sin éxito de conocer la versión de este letrado después de llamar a los cuatro números telefónicos que se incluyen en las agendas de Villarejo.

El 20 de agosto de 2014 Jiménez Rubia traslada a Villarejo, según las anotaciones, que Gómez de Liaño estaba en Suiza "recibiendo dinero de Bárcenas". Villarejo también redacta que el presunto intermediario del mafioso ruso, Sahitaj Halit, le reclamó un favor a cambio de dar datos sobre el abogado del extesorero del PP: "Informó de que tenía un problema de "busca-captura con Georgia".

En el espionaje al abogado de Bárcenas también habría participado el exchófer del extesorero del PP. De hecho Sergio Ríos informa a Villarejo el 11 de abril de 2014 que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, había entregado información a Gómez de Liaño: "Hoy entregó maletín y bolsa cerrada con bastante documentación". Unos meses después, el 4 de septiembre de 2014, Villarejo comunica a Francisco Martínez que el confidente Sergio Ríos Esgueva le había asegurado que Liaño "recibía dinero en Suiza".

Javier Gómez de Liaño se hizo cargo de la defensa de Bárcenas el 11 de julio de 2013, cuando el extesorero del PP llevaba ya dos semanas en la cárcel y se sentía traicionado por el PP. Y ese mismo 11 de julio Villarejo anotó en su agenda las supuestas instrucciones que le había dado el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez: "Plan contra LB [Luis Bárcenas]. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". El 15 de julio también Martínez también reclama "un plan estratégico para salir del caso LB [Luis Bárcenas]. 

El despacho de Liaño 

El 23 de julio de 2013 el comisario plasma de nuevo en su diario que la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, había acudido "al despacho de G. Liaño", y que este letrado era quien suministraba información a la prensa.

Fuentes cercanas al exmagistrado confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Gómez de Liaño, desde que se hizo cargo de la defensa de Bárcenas, detectó movimientos sospechosos de varias personas que hicieron que su trabajo fuera muy "incómodo". En este sentido, durante el registro realizado el 6 de octubre de 2020 a la vivienda del exchófer del extesorero los agentes de Asuntos Internos descubrieron un ‘pendrive’ con imágenes sobre seguimientos realizados al bufete profesional de Gómez de Liaño. 

Viaje a Uruguay 

El 22 de octubre de 2013 Villarejo escribe que el número dos del Ministerio del Interior le "propone hacer gestiones para ver si Liaño viajó a Uruguay estos días". Y el 25 de octubre redacta el contenido de la conversación que habría mantenido ese mismo día tras hablar con el letrado Javier Iglesias: "Viaje reciente de Liaño a Uruguay vía Londres. Se hospedó junto a Rodríguez Ponga en el Hotel La Marina de Montevideo. En estos días se han movido 23 millones de euros. [...] Apuntan a que hay más, hasta 100 millones".

En enero de 2015, tras dos años de investigaciones sin respaldo judicial y seguimientos presuntamente ilegales, Gómez de Liaño abandonó la defensa de Bárcenas, que cambió su estrategia. Pasó de culpar al PP y reconocer la existencia de una caja B a negar de nuevo su existencia. El 22 de enero de 2015, al salir de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros, el exsenador dijo, de forma literal: "El PP no tiene nada que temer de mí, pero yo he asumido mi cuota alícuota de responsabilidad, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos”.

Con el paso de los años y las sucesivas condenas Luis Bárcenas ha recrudecido su discurso contra el PP, ya que pasó de retirar su denuncia contra el partido por el borrado y destrucción de los discos duros de sus ordenadores a culpar de forma directa a Mariano Rajoy de la caja B, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo."                  (Tono Calleja, epe.es, 27/02/22)

Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”

 "Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero.

 Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, se empleó a fondo en el primer semestre de 2013 para evitar el desmoronamiento de su partido y del Gobierno, acorralados ambos por una grave sospecha de corrupción tras la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, los documentos que acreditaban la existencia de una caja b en la formación conservadora.

Cuando leyó el 18 de enero de 2013 en El Mundo que Luis Bárcenas, gerente y tesorero entre 1990 y 2009, pagó sobresueldos en negro durante años a una parte de la cúpula del PP, Cospedal acudió a su principal aliado policial desde 2009, el comisario José Manuel Villarejo, quien le informaba desde entonces de la investigación abierta contra la trama Gürtel, vinculada a su partido.

Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?

Yo, la libretita… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos esto…

Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír.

Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Que va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas.

La secretaria general del PP quería saber si el periódico tenía papeles —“la libretita”— para acreditar quiénes eran los beneficiarios de esos sobresueldos en negro y cuánto dinero se había llevado cada uno.

 Villarejo grabó entonces a Cospedal, y ese material sonoro, que guardaba en su vivienda, fue requisado por orden judicial dentro de la Operación Tándem, que acabó con la detención del comisario.

 Aquella conversación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que también publica el diario digital Fuentes Informadas, refleja la preocupación de la secretaria general del PP ante la posibilidad de que “la libretita de Bárcenas” estuviera en manos de los periodistas. Este periódico se ha puesto en contacto con Cospedal, quien ha declinado responder sobre aquellas conversaciones con Villarejo.

EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013 los papeles manuscritos donde Bárcenas registró durante casi 20 años (1990-2009) una contabilidad paralela, nunca declarada al Tribunal de Cuentas, con las entradas —casi ocho millones de euros que aportaron numerosos empresarios— y salidas de dinero.

En esa documentación, Bárcenas registró pagos de sobresueldos a los principales dirigentes del PP, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy y quienes fueron secretarios generales y vicesecretarios generales durante aquel tiempo, como Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y la propia Dolores de Cospedal. También apuntó los ingresos de fondos millonarios a través de donaciones de empresarios que tenían prohibido por ley financiar a los partidos políticos al tratarse de contratistas de la Administración.

Once días antes de que EL PAÍS publicase los papeles de Bárcenas, Villarejo tranquilizó a Cospedal y la asesoró sobre los próximos movimientos ante el escándalo que se avecinaba.

(...) [Hay que] ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada.

Eso es lo más importante.

Y en la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema. Vamos, el día de ayer estuve comiéndole el tarro a estos, al Inda, al Esteban, a todos, de que no sacaran… Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi, ¿eh?

Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?

Hombre, claro que sí…

Además, te digo una cosa: este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España, y nadie se lo compró. Y que lo hayan sacado ahora a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios, entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes (...).

La mención de Cospedal a “lo de los catalanes” se refiere a la investigación abierta en la propia policía durante el Gobierno del PP por un informe sin sello, firma, fecha ni destinatario en el que se relataban una decena de graves corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes (el expresidente Jordi Pujol, el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno, periodistas, jueces y fiscales de Cataluña).

El Gobierno del PP puso en marcha en aquellas fechas una estrategia basada en la denuncia de diversas corruptelas atribuidas a los principales líderes independentistas, con la idea de que la publicación de esos escándalos neutralizaría el desafío rupturista del Ejecutivo catalán.

La amenaza de querella que sugirió Cospedal en su conversación con Villarejo se llevó a efecto cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Los exsecretarios generales del PP —todos menos Mariano Rajoy— y algunas de las personas cuyos nombres aparecían en la contabilidad paralela del extesorero presentaron querellas contra este periódico. Todas ellas fueron archivadas o retiradas.

Aquel 20 de abril de 2013, la secretaria general del PP elucubró sobre las tres fuentes que supuestamente habían confirmado a El Mundo, sin pruebas documentales que lo avalaran, el pago de sobresueldos. Cospedal culpó de la filtración a Esperanza Aguirre; a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana. El comisario Villarejo mostró su extrañeza sobre la expresidenta madrileña:

... Y la Espe, pues no lo entiendo. Esta mujer piensa… ¿Qué quiere, repetir lo de 2008? Es que no lo entiendo.

No sé, no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que, sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sinvergüenza, lo hizo consejero… Es que nos hemos tragado mucho, ¿eh?

Alberto López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando estalló el caso Gürtel, fue uno de los primeros imputados, acusado de cobrar comisiones de la trama corrupta a cambio de adjudicar contratos de la Comunidad de Madrid. El tribunal lo condenó a 31 años de cárcel.

La secretaria general del PP acabó aquella conversación del 20 de enero de 2013 con un ruego a Villarejo.

Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar.

No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos...

EL PAÍS publicó por primera vez los papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013. Los principales dirigentes del PP que figuraban como beneficiarios de sobresueldos pagados con dinero de la caja B negaron los hechos. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el sumario del caso Gürtel para investigar el caso. Y la policía, por encargo del juez, comenzó a elaborar informes sobre los documentos. Es en ese momento cuando Cospedal vuelve a recurrir a Villarejo para conocer los avances de la investigación. Es viernes, 26 de abril de 2013.

El informe del lunes, vamos a ver.

Sí.

Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [del Interior, Jorge Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice.

No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas.

Villarejo y Cospedal hablan de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bárcenas y de las dificultades que existen para conseguir cambiar los párrafos que más daño hacen al PP. El comisario comunica a Cospedal que parte de ese trabajo ya está hecho.

De todas maneras, lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis [Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF] y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el Morocho [inspector de policía encargado de redactar los informes para el juez] de los cojones. Y luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes.

No.

Iba hasta el nombre del presidente del Gobierno, iba toda la lista reproducida de EL PAÍS por no sé qué, por no sé cuánto, unas conclusiones de estas, de esta gente. Y claro, cuando estaban, fíjate, llaman a José Luis por la tarde para que se vaya con el ministro y con el manos libres se pone… y el otro, no, yo es que no puedo hacer nada, yo no puedo hablar con mis subordinados para que cambien… Y claro, no querían que supiera que estaba José Luis allí asesorándole y manda una nota diciendo oye, claro que sí se puede cambiar el párrafo, un párrafo que haga simplemente referencia a la lista y referencia a la lista que hacen en EL PAÍS. En un informe se hace referencia a la lista que hacen en EL PAÍS, pero no se ponen 17 nombres de todos los tíos.

Bueno, bueno.

Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero así no podemos estar todos los días.

Ya lo sé.

Hoy he estado comiendo con Paco [Martínez, secretario de Estado de Seguridad], y le he dicho: Paco, tienes que empezar a hacer los cambios. Y dice: “No, es que no tengo todavía autorización política”. Y le digo, déjate de autorizaciones, macho, que… Mira, hace 15 días… Que por eso fue la llamada.

Los informes policiales sobre el caso Gürtel fueron elaborados por un equipo al frente del cual estaba el inspector Manuel Morocho, quien denunció al juez en 2021 —ocho años después de redactar esos informes— que sus jefes los habían manipulado antes de entregárselos al juzgado para borrar las referencias al PP o a sus principales dirigentes.

En la conversación con Cospedal, el comisario Villarejo le ofrece una solución para evitar en lo sucesivo informes duros contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, como los que redactaba el inspector Morocho.

Había una oportunidad tremenda, tremenda y era haber ascendido a dos del grupo de este tío, que son los que hacen todos los informes, y son tres años fuera. Y han suspendido el ascenso, es que de verdad. Hay uno que es subinspector, que ascendía a inspector, y se presenta y el hombre lo suspende, y es el que hace el 40% de los informes.

Es una cosa…

Y claro, cuando se lo volví a recordar a Paco y me decía, “Joe, estoy a mil cosas”, y le decía, claro, tú estás a mil cosas, y estás muy arriba, pero para eso tienes que tener a un comisario general que fuera de tu confianza, y no un tonto que… y dice, no, es muy buena persona, tal. No, si buena persona somos todos, pero…

Sí, claro, pero es que…

Total, que ha perdido una oportunidad tremenda porque ahora hasta el año que viene no hay otros exámenes de eso.

Ya.

Y es una forma sutil de no largar a un tío, ascenderlo, coño.

Totalmente.

La investigación judicial de los papeles de Bárcenas se abrió en 2013 y culminó ocho años después con un juicio en el que fue condenado el extesorero Luis Bárcenas. Solo se pudieron juzgar los pagos hechos en 2008 y 2009, dado que el resto de ejercicios estaba prescrito. Por eso, la sentencia solo analiza las obras de reforma en la sede nacional del PP, pagadas en parte con dinero de la caja b, y condena a penas de cárcel a Bárcenas, y al PP como responsable civil subsidiario.

La sentencia describe entre los hechos probados la financiación ilegal de la formación conservadora: “En el periodo en el que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero (1990-2009), gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni, por tanto, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Las dos causas abiertas de los papeles de Bárcenas

La Audiencia Nacional abrió en 2013 una pieza separada del caso Gürtel para investigar la contabilidad paralela del PP publicada por EL PAÍS el 31 de enero de ese año. La instrucción judicial reunió decenas de pruebas de la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, con testimonios de algunos de los que recibieron los fondos opacos y de algunos de quienes los dieron; y con documentación que demostraba algunos gastos hechos con dinero negro (en las obras de reforma de la sede de Génova, 13; en el pago de sobresueldos a varios dirigentes del PP; en la compra de participaciones de Libertad Digital). El juicio en la Audiencia Nacional terminó con la condena al extesorero Luis Bárcenas y al PP como responsable civil subsidiario de lo ocurrido. Ahora la causa sigue abierta, pues el Tribunal Supremo deberá resolver los recursos presentados por las acusaciones populares, por el PP y por los condenados del bufete de arquitectura que hizo las obras en Génova,13. 

Durante la investigación judicial del caso, el PP fue expulsado como acusación popular –sus iniciativas iban encaminadas a defender al extesorero en lugar de acusarlo– y destruyó los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, por lo que la formación conservadora fue encausada en un juzgado de la Plaza de Castilla, que acabó archivando el caso. A la vez, en el Ministerio del Interior se ejecutó un plan, a espaldas del juez que investigaba el caso, para espiar a la familia de Bárcenas e intentar sustraerle documentación que pudiera incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del partido. Esa causa judicial está abierta, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, procesados junto a media docena de comisarios que participaron en el operativo. Entre ellos, el propio Villarejo."                                 (José Manuel Romero , Iker Vega , ,Elena San José , El País, 16/05/22)

“El PP usó a Interior para tapar pruebas y la lógica apunta a Rajoy”... la organización de una trama parapolicial de esa naturaleza no se impulsara sola por mandos policiales y ni siquiera por órdenes expresas del entonces ministro, el ahora imputado Jorge Fernández Díaz, sin el conocimiento del presidente, Mariano Rajoy

 "Los partidos tienen de margen hasta las 12.00 de este lunes para registrar sus conclusiones de la comisión de investigación de la Operación Kitchen en el Congreso sobre la utilización irregular de fondos y recursos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para tapar escándalos del PP. 

Luego, y hasta el miércoles, apurarán las negociaciones ya en marcha, entre la coalición en el Gobierno y sus aliados, para encajar un dictamen común de esa comisión, del que por ahora solo se da por desmarcado el PP. Tras 23 sesiones y decenas de comparecientes, y después de examinar cientos de folios de documentación, la mayoría de los partidos concuerdan en que el PP usó de manera ilegal personal y fondos económicos reservados de ese ministerio sobre todo para ocultar la existencia de una caja b en ese partido, que manejó durante años su entonces tesorero, Luis Bárcenas. 

También consideran “lógico” que la organización de una trama parapolicial de esa naturaleza no se impulsara sola por mandos policiales y ni siquiera por órdenes expresas del entonces ministro, el ahora imputado Jorge Fernández Díaz, sin el conocimiento del presidente, Mariano Rajoy. Estas son las conclusiones más relevantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Vox, PNV y EH Bildu.

¿La comisión Kitchen ha servido para clarificar alguna responsabilidad política?

Felipe Sicilia, el portavoz del PSOE, responde: “Los testimonios y respuestas de los comparecientes han dejado muy claro y sin lugar a dudas que hubo una operación que llegó a utilizar un número de agentes y recursos que era imposible ocultar a los mandos policiales y por ende a los responsables políticos. El exsecretario de Estado de Interior ha apuntado al ministro y este al PP al advertir de que sería este partido quien tendría un verdadero interés en eliminar cualquier prueba en posesión de Barcenas que demostrara la caja b, es decir apunta de forma evidente a Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy”.

Ismael Cortés, de Podemos, remacha que los testimonios de los mandos policiales implicados, investigadores de la UDEF y el cajero pagador de los fondos reservados de la Policía han certificado irregularidades y mal uso. Y también que algunos comisarios, como el polémico José Manuel Villarejo y el responsable de la UCAO, Enrique García Castaño, han ratificado que la operación la conocían Rajoy, Fernández, Francisco Martínez y Cospedal.

Gabriel Rufián, de ERC, se declara firme defensor de estas comisiones, y resalta que en algunas comparecencias “importantísimos cargos policiales” reconocieron que desde Interior se les mandó “espiar y difamar para favorecer al PP, tapar la agresión de Villarejo a la doctora Elisa Pinto”, y a ese comisario admitir que “la Casa Real fue un dolor de cabeza para el Estado muchos años”.

Mikel Legarda, del PNV, argumenta que la comisión ha delimitado “el perímetro de unos hechos de gravedad política de los que se deriva una responsabilidad política directa en unos casos y en otros in vigilando”.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, sí ha visto constatado que los mandos y agentes afectados “reportaban a responsables del ministerio, lo que evidencia que había un mandato político”. Macarena Olona, de Vox, ha mantenido desde el inicio que la comisión iba a ser “una estéril e inútil inversión de recursos públicos” por coincidir en el tiempo con la investigación judicial, que facilitó a “los comparecientes más relevantes” no declarar para no perjudicar su derecho constitucional de defensa.

 Luis Santamaría, del PP, determina que tras las sesiones realizadas “no se pueden dar por probados hechos que están siendo investigados y sobre los que no se han pronunciado los tribunales” y, sobre todo, que no hay ni un solo dato o testimonio que relacione esa situación con el actual líder de su partido, Pablo Casado.

¿Ha quedado demostrado quién ordenó la organización de esa trama, quién es la X de Kitchen?

Sicilia tira de la “lógica” para razonar quién podía impulsar una operación irregular de ese calado: “El presidente del Gobierno, que sí tiene un verdadero interés, porque no solo aparece en los Papeles de Barcenas, y es que se sospecha que existe un vídeo que mostraría a Rajoy destruyendo documentos de la caja b del PP”.

Rufián amartilla: “A tenor de las grabaciones, mensajes y declaraciones es evidente que no se trataba de tiradores solitarios sino que había una jerarquía política conocedora de todo. Y con toda seguridad más allá del ministerio y por encima del ministro”. Iñarritu: “El operativo se realizó y fue supervisado por cargos políticos del ministerio y del Partido Popular. La X fue el PP”.

Los populares no entran en esas disquisiciones, porque sostienen que Kitchen como tal ni existió. Santamaría, en todo caso, acepta que lo que hubo fue “un despliegue policial puntual en dos momentos para recuperar el dinero de Bárcenas, al que los responsables del operativo dieron otro nombre”.

Olona, de Vox, sí apunta muy arriba: “El propio exministro imputado, en su recurso de apelación, ya dice claramente que no tiene la menor lógica que los máximos responsables políticos sean él y su exsecretario de Estado cuando el objeto era descubrir y sustraer documentación en poder de Bárcenas que podía perjudicar al PP y altos cargos de ese partido sobre su probada hasta en tres sentencias contabilidad paralela”.

¿Que el expresidente, el exministro y los cargos de Interior en aquella etapa digan que no sabían nada les exculpa?

Sicilia: “Lo grave no es decir que no se conoce un hecho, es mentir como hizo Rajoy ante la comisión, diciendo de manera reiterada que el PP no tenía una caja b y que no había ninguna sentencia que condenara al PP. Rajoy ya dijo que no sabía nada en el juicio Gürtel en la Audiencia y el tribunal en la sentencia calificó su testimonio de no suficiente creíble”. Rufián: “No es creíble que no supieran nada. O eran unos negligentes o bien estaban en el ajo. Ninguna de las dos posibilidades les deja en buen lugar”.

 Olona: ”Sus alegatos de desconocimiento no tienen ninguna lógica y lo que desvela el expresidente si no es una culpa directa es una culpa máxima como máximo responsable de su partido in vigilando”. Legarda insiste: “A efectos políticos en ningún caso pude suponer una exculpación; la responsabilidad vicaria o la culpa in vigilando son ejes clave de la responsabilidad política”.

Cortés destaca la gravedad de que esos comparecientes hayan mentido ante la comisión o en su etapa en Interior incurrieran en “irresponsabilidad de funciones al no haber sido capaces de ser conocedores de una trama delictiva de muy alto alcance dentro de su propio Ministerio”.

Por su parte, Santamaría denuncia lo grave de que se vulnere “la presunción de inocencia” imputando hechos aún pendientes de sentencia."                      (Javier Casqueiro, El País, 20/12/21)

La justicia da ya por acreditada una treintena de apuntes de ‘los papeles de Bárcenas’. La Audiencia Nacional reconoce la “veracidad” de los documentos desvelados por EL PAÍS en 2013.

 "La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, dictada el pasado jueves y que considera probado que se pagó en negro la obra de la sede nacional del partido en la calle Génova, entra de lleno en el análisis de los papeles de Bárcenas. La contabilidad paralela que llevaba el extesorero Luis Bárcenas, desvelada por EL PAÍS en enero de 2013, fue una prueba clave en la vista oral que ha acabado con una nueva condena al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos de su antiguo responsable financiero, que abonó en b más de un millón de euros para reformar el edificio. 

El tribunal reconoce la “veracidad” de esta documentación en su conjunto, señala a Bárcenas como el “autor de las anotaciones manuscritas” y da por acreditados ya más de una treintena de los apuntes de la contabilidad paralela —los investigadores dan por confirmados, por su parte, más de medio centenar de los casi 500—. Son registros “reales o verosímiles”, dicen los jueces, que describen cómo han podido corroborarlos a través de otras pruebas.

Los magistrados encargados de juzgar esta parte del caso Gürtel recuerdan que no pueden entrar a valorar todas las anotaciones recogidas en los papeles de Bárcenas, ya que una parte aún se encuentra en instrucción en la Audiencia Nacional —todas las relativas a las supuestas donaciones entregadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas— y otra parte no fue objeto de la vista oral —como los presuntos sobresueldos a las antiguas cúpulas del partido—.

Cuenta de donativos. Los jueces de la caja b consideran acreditadas 15 salidas de dinero reflejadas por Bárcenas en la contabilidad paralela que acabaron en las cuentas de donaciones del partido. 14 de esos movimientos se produjeron entre 2003 y 2007 por valor de más de 1,2 millones de euros: la formación sacaba esas cantidades y las ingresaba de forma fraccionada en sus cuentas bancarias oficiales.

El apunte número 15 se produjo el 31 de marzo de 2008, cuando el extesorero escribe una salida de fondos de 60.000 euros bajo el concepto de “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”. Ese mismo día, Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, abona esa misma cantidad con un talón en la cuenta de donativos nominativos del PP.

Perceptores. Los magistrados también otorgan absoluta credibilidad a los apuntes sobre salidas de dinero que han reconocido sus perceptores. El tribunal detalla que el exdiputado Eugenio Nasarre recibió 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia; que al exsenador Luis Fraga se le entregaron dos pagos de 3.000 euros para, según él, compensar gastos electorales; y que al exgerente Cristóbal Páez se le abonaron 6.000 euros en 2007 y 6.000 euros en 2008 tras quejarse de que no le subían el sueldo.

Además, el tribunal considera que el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo recibió dinero de la caja b para hacérselo llegar a terceros. Según los magistrados, este exparlamentario declaró que Bárcenas le dio 500.000 pesetas (3.000 euros) en julio de 2001 para una víctima del terrorismo; y que también le entregaron entre 1991 y 1992 cantidades periódicas —los jueces hablan de al menos 3,9 millones de pesetas (23.439 euros)— para Calixto Ayesa, al que compensaban económicamente porque perdía dinero al dejar su profesión para ocupar un cargo público y aún tenía que afrontar una deuda de la época de UCD.

Sin embargo, los jueces no se refieren en su fallo al empresario Santiago Lago Bornstein, que contó en el juicio cómo participó en una aportación de diez millones de pesetas a la caja b el 24 de enero de 1997. Además, en la sentencia de 2018 sobre Época I, la trama principal de Gürtel, la Audiencia dio credibilidad al testimonio de Santiago Abascal Escuza, exconcejal vasco del PP y padre del líder de Vox, que antes de morir explicó que en 1999 recibió 12.000 euros tras sufrir un ataque con cócteles molotov en su comercio.

Empresas. La sentencia de esta semana da por probados otros cinco apuntes sobre salidas de fondos de la caja b entre 2006 y 2008 para pagar a la empresa Unifica la obra de Génova, que suman más de un millón de euros. Además, considera acreditada la anotación que refleja cómo Bárcenas sacó 139.700 euros para dárselos a Lapuerta para comprar acciones de Libertad Digital. En Época I, el tribunal también dio por probado que Bárcenas sustrajo otros 149.600 euros de la caja b para adquirir acciones de ese mismo medio a nombre de su esposa."               (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , el País, 30/10/21)

La Audiencia Nacional considera probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas... cuando las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación

 "El pasado de corrupción del PP, condenado ya en 2018 por beneficiarse de la trama Gürtel, vuelve a estallarle al partido conservador, ahora encabezado por Pablo Casado. 

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves una sentencia que impacta de lleno en el corazón de la formación, al considerar probado que pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la madrileña calle Génova, un edificio que la fuerza política aseguró este año que abandonaría, pero de la que aún no se ha marchado. 

El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”, según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.

Esta resolución inflige un duro golpe a los populares y echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

La terna de jueces que forma el tribunal —José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García— cierra así otro capítulo de corrupción del PP, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Esta nueva sentencia, de 454 páginas, aborda una línea de investigación derivada del caso Gürtel y que se abrió tras la publicación de los papeles de Bárcenas, donde constaban entradas de dinero a nombre de Gonzalo Urquijo, uno de los socios del estudio de arquitectura Unifica. Aún se encuentra en instrucción otra parte de las pesquisas, centrada en las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de Gobiernos populares.

La Audiencia Nacional condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica y le impone una multa de 1,2 millones de euros. Al arquitecto Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García les sentencia a dos años y nueve meses de prisión, y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. El partido conservador debe responder de forma subsidiaria por un importe de 123.669 euros: “No consta que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de comisión de los hechos enjuiciados”.

La Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP, Cristóbal Páez; y Laura Montero, una empleada de Unifica. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García les absuelve del resto de los delitos de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.

En el caso de Bárcenas, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores. Si bien, apunta el tribunal, fueron los registros en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. El tribunal destaca también que el extesorero cayó “en algunas contradicciones en su declaración en el juicio con respecto a las anteriores, dando distintas versiones” de algunos apuntes recogidos en su contabilidad opaca. A Bárcenas también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

 

La veracidad de ‘los papeles’

Esta es la tercera sentencia —tras las dictadas por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y el Tribunal Supremo en octubre de 2020, ambas por la primera etapa del caso Gürtel— que da “verosimilitud” a los papeles de Bárcenas como reflejo de una caja b del PP, aunque recalca que “no puede darse validez a la integridad de su contenido” sin tener más pruebas. Los magistrados concluyen que “solo han de considerarse verosímiles las anotaciones o apuntes que se corresponden con hechos y acontecimientos reales acreditados”.

Entre los apuntes que considera reales se encuentran los referidos a las entregas de dinero en metálico a cinco miembros del partido que admitieron durante el juicio o la instrucción de la causa haberlos recibido. Se trata del exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo; el exsenador Luis Fraga; el exconsejero navarro Calixto Ayesa (ya fallecido); el exdiputado Eugenio Nasarre; y el exgerente Cristóbal Páez, que se sentaba en el banquillo y ha resultado absuelto.

A sus testimonios, el tribunal suma los cinco apuntes que recogen pagos en negro a la empresa Unifica que hizo los trabajos de reforma de la sede y una quincena más que reflejan el trasvase de fondos desde la caja b, nutrida con donaciones irregulares de empresarios, a la contabilidad oficial tras fraccionar las cantidades para burlar la ley. Sobre el supuesto desvío de fondos para comprar acciones del medio Libertad Digital, el fallo señala: “una cosa es que esas correlaciones corroboren o doten de verosimilitud a determinados apuntes, y otra distinta es que las operaciones que reflejan tengan trascendencia penal”, recoge la sentencia.

El impuesto de sociedades de 2008

El tribunal descarta condenar al PP por no declarar las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas en el impuesto de sociedades de 2008. Los magistrados aceptan la tesis de defensa del partido, que consideró que las acusaciones populares no estaban legitimadas para sostener esta imputación en solitario —ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo mantenían—. Según las anotaciones contables del extesorero, el PP recibió ese año hasta 17 donaciones por más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros. La sentencia respalda la pretensión del representante legal del partido y deja fuera esta acusación. No obstante, añade que, de lo analizado durante la vista, tampoco se hubiera considerado acreditada la comisión de este delito fiscal.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados ponen en valor el testimonio que prestaron durante la vista dos expertos de Hacienda y Margarita García Valdecasas, quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Durante sus declaraciones, estos concluyeron que el PP no cometió ninguna irregularidad. Como hicieron estos peritos durante la vista, los magistrados argumentan ahora en el fallo que ese dinero se trasladó “a la cuenta de donativos oficial, desde donde se atendían gastos de funcionamiento del partido, y al pago de parte de las obras de la sede central, es decir, al objeto y finalidad del partido”, por lo que deben considerarse exentas de tributación dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. El tribunal añade que, además, la cuota supuestamente defraudada era “muy inferior al límite penal”.

Consulte la sentencia íntegra. Si no puede leerla, pinche aquí. "          (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 28/10/21) 

La sentencia al PP: “El dinero [en b] se guardaba en una caja fuerte en el despacho de Bárcenas”. El fallo de la Audiencia Nacional conforma un contundente relato sobre la corrupción en el seno del partido

 "La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, que considera probado que el partido pagó la obra de su sede con dinero negro, destroza la línea argumental desplegada como defensa por la formación en la última década. 

Los jueces no solo consideran probada la contabilidad paralela, que el Tribunal Supremo ya dio por acreditada en 2020, sino que ahora ahondan en cómo se nutrieron estas cuentas opacas con donaciones privadas entregadas al partido. A lo largo de sus 454 páginas, los magistrados describen detalladamente un funcionamiento irregular con frases de enorme contundencia.

“Acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada“. “En el periodo en que Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b), de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”, arranca el relato de hechos probados de la Audiencia Nacional, que añade: “El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones, así como de los gastos, lo llevaba Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel, que es a lo que se ha llamado papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS en 2013.

Estos documentos “no contenían un registro sistemático de entradas y salidas, y adolecían de diversos errores de saldo, así como saldos negativos en los que generalmente faltaba dinero”, prosigue el fallo. “Si bien, reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede central de la referida formación política en la calle Génova 13 de Madrid”. “El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas”.

“Fondos b”. Los jueces inciden también en que, del análisis de la salida de dinero de “dichos fondos b, ha quedado acreditado que en 2007 (25 de abril) se abonó a Cristóbal Páez, adjunto a la Gerencia [y que ha resultado absuelto], el importe de 6.000 euros como complemento de sueldo. En 2008, se destinaron 888.000 euros a la remodelación de la sede del partido en Madrid, y se abonaron [otros] 6.000 euros a Páez; y otros 6.000 euros como compensación económica por gastos de campaña de las elecciones generales a las que Luis Fraga, [sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga], se presentaba como senador”.

“Se ha practicado prueba suficiente que corrobora la realidad de estos pagos en b, no facturados ni contabilizados, lo que resulta de la documental intervenida en Unifica, tanto en formato papel como digital, como de la requerida y aportada por el PP”, añade la resolución.

“Común acuerdo”. El tribunal detalla el pacto que sellaron los condenados para abonar en negro parte de la reforma. “Se convino de común acuerdo por Bárcenas, como gerente de PP, y Gonzalo Urquijo, en representación de Unifica [la empresa que llevó a cabo la reforma], que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos b que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8%, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. “[Un] acuerdo conocido y aceptado por la socia y también administradora mancomunada de dicha sociedad, Belén García.

El fallo prosigue así: “De este modo, en la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas figuraron únicamente las cantidades correspondientes a las facturas emitidas por Unifica de 2005 a 2011, ocultándose al control y la fiscalización la totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de remodelación al margen de la facturación y contabilización oficial, y con fondos en metálico que fueron satisfechos a Unifica [...], lo que a su vez le permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en b, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”. “[Hubo] un ahorro en el precio para el cliente (PP) y un ahorro fiscal para el prestador de servicios (Unifica) sobre esos ingresos obtenidos de manera clandestina (no declarados), tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA”, remacha el escrito de los magistrados.

“Doble sistema de pagos”. El PP no era el único que tenía una caja b. También la empresa de reformas a la que contrató. “Unifica, al menos desde 2005, operaba una estrategia y dinámica empresarial, puesta en marcha por sus dos socios y administradores mancomunados, Urquijo y García, con finalidad defraudatoria a la Hacienda Pública, dentro de la cual se enmarcarían los cobros de parte de los trabajos realizados para el PP en 2006, 2007 y 2008, en los términos antes detallados (doble sistema de pagos en a y en b), pero que lejos de quedar circunscrita a las operaciones previamente examinadas, se extendería al funcionamiento interno de la mercantil y a las operaciones comerciales realizadas con otras empresas”, sentencia el tribunal

“Colaboración real, activa y eficaz”. La sentencia considerada que ha “quedado acreditada la colaboración real, activa y eficaz [de Bárcenas] para el mejor esclarecimiento de los hechos y sus autores”. “La cual tuvo su inicio con su declaración como imputado el 15 de julio de 2013, en la que además de aportar la documentación original en papel e informática con las anotaciones de ingresos y pagos conocida como papeles de Bárcenas, hizo un relato detallado y completo de la llevanza de la contabilidad b y de la aplicación de tales fondos —entre otros, al pago de parte de las obras de reforma de la sede del PP—”. “[Colaboración] que [el extesorero] mantuvo hasta el juicio oral; donde, ratificando un escrito presentado unos días antes de su comienzo, vino a reconocer los hechos esenciales objeto de enjuiciamiento”.                (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 29/10/21)

Bárcenas ordenó desde la cárcel destruir la grabación que había hecho a Rajoy sobre la caja B del PP

 "Incautada una nota manuscrita del extesorero dando instrucciones a otro preso para que accediera a la 'nube' y borrara las grabaciones que había hecho al expresidente del Gobierno y a Javier Arenas. Bárcenas declaró en secreto que cuando salió de la cárcel los audios ya no estaban en la nube, pero insiste al juez de que la brigada política le robó otra copia que guardaba en el estudio de su mujer.

 El extesorero del PP Luis Bárcenas encargó a un recluso con el que había compartido encierro en Soto del Real que destruyera las grabaciones que él conservaba en la 'nube' y que había hecho a Mariano Rajoy y Javier Arenas, en las que ambos aparecerían implicados en la financiación irregular del partido. Así lo admitió el pasado 9 de abril el propio Bárcenas a dos agentes de Asuntos Internos que le preguntaban por una nota manuscrita incautada en prisión, en la que Bárcenas escribe las instrucciones al recluso y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La nota manuscrita dice: "Alex hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te de la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo". Posteriormente, Bárcenas explicó a los policías qué quería decir: "Son las instrucciones dirigidas al colombiano para destruir los audios de Mariano Rajoy, dice audios en plural porque uno es de Rajoy y otro de Javier Arenas, que son los únicos de los que disponía porque no ha grabado a nadie más", escriben los agentes de lo que les va contando Bárcenas. 

 Y añaden: "Lo que tenía que hacer el colombiano era entrar en la nube y con la clave y contraseña que el declarante le había facilitado previamente, acceder a la información del declarante, en concreto a una carpeta de audios donde estaban los dos descritos". Los agentes finalizan, de acuerdo a lo que declara Bárcenas: "Que esa información, en cuanto el declarante salió de prisión ya no figuraba en la nube".

Esta declaración aparece en la parte secreta del sumario de Kitchen cuyo secreto acaba de levantar el juez. En esa misma subpieza hay una declaración previa, de diciembre de 2020, en la que Bárcenas adelanta desde la cárcel el mismo relato al juez Manuel García-Castellón, pero precisando que él conservaba otra copia que debería haber quedado a salvo de esa destrucción. Se trata de un pendrive que escondía en el estudio de su mujer y que, cuando salió de la cárcel, y fue a buscar, ya no estaba. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones a Rajoy y Arenas es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen.

 Las instrucciones para la destrucción de las grabaciones al preso fueron dadas por Bárcenas en 2014, según cree recordar el extesorero. Los policías escriben en su acta de declaración: "Como manifestó en sede judicial (Bárcenas), el colombiano experto en informática accedió a dicho trabajo, pero previamente le pidió una cantidad de dinero (3.000 euros aproximadamente o una cifra similar) para comprar material informático. Para ello, y siguiendo las instrucciones del declarante, su mujer Rosalía Iglesias le entregó ese dinero a Sergio Ríos [el chófer], quien se reunió con un supuesto socio del colombiano experto en comunicaciones para entregarle el dinero. Sabe que Sergio le dió quejas a Rosalía por haber mantenido dicha cita ya que le generó intranquilidad".

Durante el juicio de la caja B, Bárcenas se refirió a una grabación en 2009. En el audio con Rajoy, contó el extesorero, Bárcenas acaba de hacer una entrega de dinero al presidente del partido y le muestra papeles de la contabilidad pararlela. Se trata de una conversación a raíz del estallido del caso Gürtel. Rajoy, "espantado", le reprocha que conste ese material, se gira en su silla y lo destruye en la máquina que para tal efecto tenía detrás, según el relato de Bárcenas. Sobre esa grabación y la de Arenas, Bárcenas añadió en el juicio la tesis del robo de la copia en el estudio de su mujer: "el señor Gómez Gordo [miembro de la brigada política próximo a Cospedal], que se los llevó, debería aportarlos".

 En la declaración de diciembre de 2020, el fiscal pregunta a Bárcenas por qué decidió destruir la copia de la nube. "Había habido una aproximación hacia mí por parte de personas vinculadas al Partido Popular, pues aquí pasamos de las amenazas del abogado del PP en aquel momento, Javier Iglesias, de que si hablas va ir tu mujer a la cárcel, a un periodo de negociación el que estamos dispuestos a darte 500.000 euros, serán en B, desde luego, provienen de empresarios (...)", explica Bárcenas. El extesorero añade: "Entonces, en esa aproximación que se me ofrece esa cantidad, y como gesto digamos de buena voluntad, yo le di una nota a este interno diciendo que destruya esa documentación". Bárcenas niega que en esa aproximación él esgrimiese en momento alguno las grabaciones. Las conversaciones con Rajoy y Arenas fueron registradas con su teléfono móvil, desvela Bárcenas, un Iphone.

En el juicio, Bárcenas se refirió a ese ofrecimiento de dinero pero lo situó temporalmente a principios de 2013 y no en 2014. El pasado marzo, en la vista de la caja B, Luis Bárcenas dijo que la oferta se produjo cuando 'El País' publicó sus notas manuscritas de la caja B y el PP, a través del letrado Iglesias, le habría ofrecido la misma cantidad a cambio de que fabricara otros papeles y poder crear confusión sobre la autenticidad de los publicados por el citado medio. 

 Además del ofrecimiento del dinero, Bárcenas aseguró a García-Castellón que obtuvo "una ventaja penitenciaria" consistente en que se doblaron los vis a vis que podía mantener con su mujer en prisión. "En un momento determinado, la persona que es mi contacto para ese tema y me dice que se ha acabado, que no se puede seguir con los vis a vis y tal, extraordinarios, y que digamos, entre comillas, esta gente es decir las personas que en el PP están gestionando este tema, digamos que se desmarcan de la palabra dada, de ese acuerdo de buena voluntad de no vamos a hacernos daños". Cuando el fiscal le pregunta quién es su contacto para "ese tema", Bárcenas responde que su amigo Javier Sánchez Lázaro.

El misterioso preso espía

El extesorero asegura que él escribió la nota pero que cambió su letra habitual y que en las instrucciones también incluía que el informático preso recuperara igualmente de la 'nube' "los movimientos de la Fundación Sinequanon". La nota fue incautada porque, según Bárcenas, alguien había puesto a un preso a seguirle. Bárcenas relata un movimiento desconocido hasta ahora que también apunta al Ministerio del Interior y a la guerra sucia en el caso de la caja B: un interno le seguía y tomaba notas de todo lo que hacía. El extesorero del PP, a través de otro preso, pudo conocer que el número de extranjero residente de ese interno correspondía a un dominicano de raza negra, cuando el recluso, en realidad, era "blanco, blanquísimo", según declara Bárcenas. El extesorero vincula a ese infiltrado con el hecho de que los funcionarios registraran la celda del colombiano informático y le requisaran la nota que él había escrito con las órdenes para acceder a la 'nube'

Ahora bien, Bárcenas dice que no puede asegurar que fuera el preso quien borrara los audios de la nube y que el recluso sufrió una extraña detención al tercer día de los seis que tenía de permiso. Fue arrestado en un hotel por otra reclamación judicial que luego en sede judicial se demostró que no existía."                (Pedro Aguado, eldiario.es, 18/06/21)