Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

Ábalos, Koldo y Aldama extendieron una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (Ernesto Ekaizer)

 "(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos, decíamos, se puso al servicio del rey de las coimas o mordidas, Victor de Aldama.

Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.

       La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela-  a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela, siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.

 El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.

   Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y se cubrió las espaldas.

¿Cómo?

    Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.

Sánchez contestó con un lacónico “bien”.

Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”- porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro, por así decir.

    Aldama consiguió a través del asesor para todo, el jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario: mascarillas y  pruebas de PCR para detectar el virus. 

     Para el rey de las coimas era solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios, según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis (Claude Rains)

    Su primera operación de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos), porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro Koldo García.

Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.

De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180 millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo fuera de España.

   Otro eslabón del informe solicitado por el juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia de la situación creada por la pandemia.

Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también obtuvieron inyecciones de fondos públicos.

Eso sí, si la UCO tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.

     Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso traido y llevado rescate de la aerolínea.

El reciente auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir la causa”, señala una fuente judicial.

      La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García, se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.

    Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)

    El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos.

La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.

    ¿Adónde nos lleva esto?

A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.

    Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).

¿Por qué?

Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.

    Y esto no era inevitable.

Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.

    Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe. 

    Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.

    Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.

Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.

Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo renunciar a el como le exigía el PSOE.

    Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?

     No deberíamos estarlo."                 (Ernesto Ekaizer , blog, 12/10/24)

Los interventores de Andalucía censuran a la Junta por adjudicar a dedo 300 millones a empresas “sin justificación alguna”

 "El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido un demoledor informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas ese año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.

El título del documento, al que ha tenido acceso este periódico, es “Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021”.

El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

“Abuso” del sistema de contratación

La Intervención del SAS, organismo competente para auditar las cuentas autonómicas, emitió un informe definitivo “desfavorable” sobre todos los contratos a dedo que se realizaron durante aquel ejercicio presupuestario de 2021: en total fueron 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.

El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año. El informe de control está dirigido por la Interventora Central Adjunta del Servicio Andaluz de Salud, Victoria López Gutiérrez, junto a dos asesores técnicos –José Miguel Lirola e Isabel Clavero– bajo la supervisión de la Interventora Central del SAS, Blanca Pons Rodríguez.

“Limita el principio de transparencia”

La decisión de la dirección gerente del SAS de seguir haciendo adjudicaciones a dedo hasta finales de 2021, argumentan, supuso ignorar las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (abril de 2020) y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que, a esas alturas, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.

El informe de la Intervención censura que el Ejecutivo andaluz prorrogase de manera “indebida” y “sin justificación alguna” los contratos a dedo a lo largo de 2021, porque en mayo de ese año el Gobierno central ya había derogado expresamente el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que permitió a todas las administraciones sortear los controles habituales y agilizar la contratación para dar una respuesta más ágil a la pandemia. “El artículo está plenamente derogado”, había advertido también la Consejería de Hacienda al SAS en una instrucción fechada el 18 de junio de aquel año.

En una de sus alegaciones al informe, la gerencia del SAS resta importancia a esta crítica –“no tiene ninguna virtualidad”– y defiende que tras derogarse el marco legal estatal “continuó vigente la norma que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecía la misma justificación para acudir a la contratación de emergencia”. El auditor echa por tierra ese argumento y le reprocha que “realice una serie de juicios de valor, que no se entra a analizar por no tratarse de alegaciones a incumplimientos normativos”.

Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.

“Sin justificación alguna”

Antes, incluso, de analizar los contratos uno a uno, el informe de la Intervención pone en cuestión la legalidad e idoneidad de prorrogar la contratación de emergencia en el SAS durante todo el ejercicio 2021: “Previamente a la exposición de los trabajos es preciso destacar que, una vez finalizado el segundo Estado de Alarma por la pandemia (9 de mayo de 2021), no encuentra justificación alguna el acudir a la contratación de emergencia, motivando tal tramitación en la situación provocada por la COVID-19”, dice el documento.

Los auditores argumentan que “ya este segundo Estado de Alarma no provocó una interrupción significativa ni del funcionamiento de la Administración, ni de la actividad económica general, no pudiéndose interpretar que las normas elaboradas con motivo de la declaración de los estados de alarma permitían el uso de este procedimiento para supuestos en los que no procediera conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Y concluye el informe: “De lo contrario se estaría utilizando el procedimiento de emergencia como algo distinto a lo previsto en dicha ley (carácter absolutamente excepcional y limitado a lo estrictamente necesario para remediar el acontecimiento producido o para la satisfacción de la necesidad sobrevenida) limitando los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la UE”.

Los auditores de la Junta acusan al SAS de ignorar una docena de artículos de la LCSP que regulan los requisitos para justificar la contratación a dedo, entre ellos aquellos que sirven a la Administración para “acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional” de las empresas con las que contrata, para así minimizar “situaciones de riesgo” en el gasto de dinero público.

“La indebida tramitación mediante procedimiento de emergencia en aquellos expedientes en los que no se justifica la imposibilidad de acudir a otros procedimientos ordinarios o no se limitan las actuaciones al tiempo estrictamente indispensable para solventar la situación de riesgo, ha supuesto [para la Junta de Andalucía] la no comprobación por parte del órgano gestor de las condiciones de aptitud (artículos 65 y 66 LCSP) capacidad (artículo 84 LCSP) y no concurrencia de prohibiciones de contratar (artículos 71 a 73) solvencia económica y técnica (artículos 74 a 83), cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social exigibles a cualquier adjudicatario de contratos”, reza el documento.

Las recomendaciones ignoradas del auditor

En el informe, se advierte a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud de que la adjudicación de contratos millonarios a dedo se hizo vulnerando aspectos “significativos” de la LCSP; y denuncian reiteradamente la “indebida tramitación [de contratos] mediante el procedimiento de emergencia” durante el ejercicio 2021, cuando la situación “se había convertido en algo más previsible, lo que habría de influir necesariamente en la forma en que la legislación de contratos públicos debía aplicarse”.

También censuran que muchos de los contratos a dedo se prorrogaron en el tiempo “sin justificación”, pues la ley limita el trámite de emergencia “a lo estrictamente indispensable en el ámbito temporal”. “La emergencia requiere la inmediatez con la acción que la justifica (art. 120.1 LCSP), sin que pueda dilatarse en el tiempo, y debe cesar cuando la situación haya desaparecido o acudir a la tramitación ordinaria o a otros procedimientos que permitan la libre concurrencia y la igualdad entre los licitadores”, dice el informe.

Sin embargo, el SAS prorrogó en el tiempo muchos de esos contratos a dedo, e incluso autorizó contratos de emergencia “por fases”, lo cual es “incongruente”, desde el punto de vista del Interventor, porque contradice la naturaleza misma de la emergencia.

“Salvedades de especial relevancia”

El informe plantea “salvedades de especial relevancia” a prestaciones millonarias adjudicadas a dedo, bien porque “no se justifica adecuadamente su carácter de emergencia”; o porque “los servicios objeto de contrato son anteriores a 2020 (año precovid), por lo que las prestaciones contratadas no se ciñen a servicios directamente relacionados con la pandemia”. El SAS tampoco aporta justificación “de la imposibilidad (...) de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores”.

Además, cuestiona varios contratos porque la ejecución de los mismos por parte de las empresas privadas adjudicatarias no se inició en el plazo de un mes, como exige la Ley de Contratos Públicos para justificar la tramitación de emergencia. Muchos de los contratos a dedo empezaron a ejecutarse después de ese plazo y, a juicio de la Intervención, “ese contrato debería haberse tramitado por procedimiento ordinario”.

El 98% de los contratos supervisados por la Intervención recoge este tipo de irregularidades. “En el año 2021, la situación se había convertido en algo más previsible, por lo que necesariamente la tramitación de emergencia, por exigencia de los principios fundamentales de publicidad y concurrencia previstos en el Derecho Comunitario, debe aplicarse sólo en supuestos tasados y cuando resulte de aplicación”, insiste el informe.

El expediente que adelantó elDiario.es Andalucía

La auditoría a los contratos a dedo del SAS en el ejercicio 2021 se elaboró a lo largo de 2022, el informe definitivo está fechado el 21 de noviembre de 2023, pero un año antes la Intervención había emitido otro informe definitivo sobre los contratos de emergencia de 2020, primer año de la pandemia.

Ese documento ya planteó una serie de recomendaciones al SAS para que fuera abandonando paulatinamente el sistema de contratación de emergencia, sin embargo, el posterior informe de 2021 emite una evaluación sobre el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones y concluye que el SAS no implantó ninguna. De hecho, siguió prorrogando algunos contratos a dedo con clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023.

El 14 de marzo de 2023, elDiario.es publicó en exclusiva que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas –para derivar a pacientes en lista de espera– amparándose en el marco legal de la pandemia ya derogado. El expediente inicial de esos contratos –Expediente 110/2021– es uno de los analizados y duramente cuestionados en el informe de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021.

El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero la Consejería de Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.

Menos de 24 horas después de la publicación de la noticia en este periódico, el Ejecutivo de Moreno anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo.

Sin embargo, el atasco en la lista de espera para operarse o para ser atendido por un especialista era tal –el retraso afectaba a 1,6 pacientes en ese momento– que la entonces consejera de Salud, Catalina García, admitió que tendrían que seguir exprimiendo aquel expediente inicial y prorrogando los contratos a dedo para derivar pruebas diagnósticas y operaciones pendientes a la sanidad privada.

Las dos últimas resoluciones de prórrogas a las que ha tenido acceso este periódico se autorizaron a finales de 2022, con un sobregasto de 16 millones –sumados a los 243 millones ya licitados–, para derivar pruebas oncológicas a clínicas privadas hasta el 30 de junio de 2023.

El informe definitivo de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021 está fechado el 21 de noviembre de 2023, es decir, nueve meses después de que elDiario.es revelase las cuatro prórrogas en dos años del famoso Expediente 110/2021, que terminaría triplicando el gasto inicialmente autorizado de 70 millones. “La resolución por la que se declara la emergencia de estas actuaciones es de 15 de julio de 2020”, dice el informe, “sin embargo, algunos de los contratos suscritos con las entidades prestadoras de estos servicios se firman con fechas de 10 de junio de 2021, 7 de junio de 2021, 17 de mayo de 2021, 14 de junio de 2021 haciéndose al amparo del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, normativa que se encontraba derogada”.

Del control financiero previo a los informes a posteriori

El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó un acuerdo que entonces pasó desapercibido bajo el auge de la crisis sanitaria, que ese día contabilizaba 74.766 contagios acumulados y 1.956 muertos. La Junta sustituyó el control previo de determinados gastos, órganos y servicios de la Administración –incluido los contratos a dedo del SAS– por el control financiero permanente, con objeto de ganar agilidad en la contratación.

Es decir, siete meses después de declararse oficialmente la pandemia, la Intervención de la Junta pasó de supervisar y autorizar cada expediente de gasto a priori –antes de que se librase el dinero– por “una auditoría de cumplimiento de carácter anual”, esto es, comprobar a posteriori que los contratos se habían hecho con arreglo a la legislación vigente y plasmarlo en un informe.

El informe “provisional” del auditor sobre los contratos a dedo que autorizó la Consejería de Salud en 2021 “se puso en conocimiento de la Dirección Gerente del SAS” el año pasado. En el informe aparecen dos fechas distintas: 15 de marzo de 2023 y 12 de junio de 2023.

La primera fecha es justo el día después de que este periódico publicase que la Junta llevaba dos años prorrogando contratos a dedo con clínicas privadas amparándose en un Real Decreto Covid ya derogado. El mismo día, también, que el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, anunció que el SAS cancelaría la contratación de emergencia y volvería al procedimiento ordinario en junio, cuando expirase la última prórroga. La segunda fecha que aparece en el informe es precisamente del 12 de junio, cuando aún seguían en vigor esos contratos a dedo.

El informe tumba las alegaciones del SAS

Los responsables del Servicio Andaluz de Salud presentaron una larga batería de alegaciones para corregir las duras críticas de aquel informe provisional, pero la Intervención desestimó prácticamente todas, reiteró sus conclusiones en el informe definitivo, y subrayó que se habían “producido incorrecciones significativas y reiteradas en el tiempo”.

La Intervención también reprocha a la dirección del SAS que le respondiera tarde y de manera “claramente extemporánea” –el 15 de mayo de 2023– con un informe sobre “el grado de implantación de las recomendaciones” que el órgano fiscalizador había hecho en el informe sobre los contratos de emergencia de 2020, un año antes. La respuesta del SAS llega “pocos días después del vencimiento del plazo legal de seis meses” desde que recibió las recomendaciones. “A pesar de lo extemporáneo de su remisión”, la Intervención analiza si se han cumplido y resuelve que todas las medidas propuestas, excepto una, “no están implantadas”.

El órgano fiscalizador supervisó una muestra de 126 expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia desde los servicios centrales del SAS entre el 1 de enero de 2021 y el cierre del ejercicio presupuestario, de un total de 3.669 expedientes que movilizaron 296,3 millones de euros. Es decir, la auditoría es sobre el 3,5% del total de adjudicaciones a dedo que se hicieron en 2021, con un margen de error “asumible” del 10% y un nivel de confianza del 90%. 

En la muestra seleccionada están todos los contratos de obras –“por ser sus importes más elevados”– y algunos de servicios y suministros. Esos 126 expedientes analizados suman 56,6 millones de euros adjudicados a dedo, un 19,13% del total."                           (Daniel Cela , eldiario.es, 09/09/24)

Los hijos terribles del PNV... todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo... militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos, el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas−... el diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”

"El nuevo portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, opinaba el otro día que el lehendakari, Imanol Pradales “ha conformado un gobierno de mujeres y hombres con mucha experiencia, respetados en sectores profesionales y comprometidos con Euskadi”.

Pocos medios atisbaron a señalar que repetía un eslogan del año 2015, cuando el presidente del partido, Andoni Ortuzar, afirmó que las puertas giratorias jelkides “funcionan en la dirección correcta”. Decía, “en primer lugar”, que “la gente tiene un perfil con una competencia contrastada” y, sobre la meritocracia jeltzale, “que tras demostrar su valía en tareas profesionales muchas de estas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales”.

La estrategia de Ortuzar comenzó en las elecciones municipales de 2013, cuando el partido intentaba renovar a los cuadros que llevaban a cabo las tareas de gestión municipal, y que lo hacían gracias al grupo conocido como “Jóvenes Burukides Bizkainos” (JoBuBi), que habían arrinconado sin miramientos a las anteriores generaciones lideradas por Arzalluz e Ibarretxe.

Los “JaBuGo” y “Michelines”, tal y como se distinguía a los miembros del partido, llevaban demasiados años vinculados a la administración pública y estaban asociados con los mecanismos clientelares del PNV. Se quiso vender entonces la imagen de que eran nuevos gestores, con labradas carreras en la empresa privada. La realidad era que la mayoría eran simplemente contratistas de la administración pública.

Pese a los nefastos resultados del PNV en las últimas elecciones, donde no lograron llegar a lo esperado ni disfrazando de feminismo a las últimas candidaturas, el partido ha seguido recurriendo al habitual enchufismo de jóvenes promesas vinculadas a un entramado de fundaciones radicadas en la sede de la Fundación Sabino Arana, así como la colocación de la hija influencer de Andoni Ortuzar en Iberdrola y la del responsable de organización Joseba Aurrekoetxea en el Puerto de Bilbao.

Muchos jeltzales ya están hartos de la falta de autocrítica del líder del grupo JoBuBi, Andoni Ortuzar, cuyo liderazgo está en el aire tras el anuncio de la renovación de la ejecutiva nacional del partido a finales de marzo del 2025, y del apoltronamiento del clan de Arratia, encabezado por Aitor Esteban e Itxaso Atutxa y muy contestado por amiguismo desde las propias bases. Desde las bases del PNV también reprochan la reubicación de algunos de los últimos JaBuGo del partido, como Josu Erkoreka, que cobrará 73.771,51 euros como “asesor general“ de la Diputación de Bizkaia, e Iñigo Iturrate, reubicado a sus 61 años como director general del Euskalduna. Incluso el propio Iñigo Urkullu presidirá una fundación atlantista.

De momento, la colocación de los expolíticos “Michelines del partido” solo ha dado lugar a posicionamientos como el del diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, quien defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”, dijo.

Ante la incapacidad de hacer autocrítica, la escisión del PNV, Eusko Alkartasuna, ha puesto el foco en el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas− y la forma en que sus militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos. Ello está evidenciando la profunda crisis de legitimidad interna del partido y la batalla entre sus facciones.

Y todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo."                            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 02/08/24)

Escándalo en las oposiciones en Infraestructures.cat: denuncian movimientos de ERC para colocar a afines

 "Trabajadores anónimos de la empresa pública Infraestructures.cat ponen en tela de juicio la pulcritud y la transparencia de sus oposiciones. Parte de la plantilla de la entidad, dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, denuncia públicamente supuestos movimientos de la cúpula para favorecer a miembros de Esquerra Republicana (ERC) en la consecución de una plaza fija.

Militantes y simpatizantes han sido admitidos para participar en varios procesos de estabilización de la plantilla sin cumplir con los requisitos descritos en las bases, aseguran. Una denuncia que se produce pocos días después de que la justicia suspendiera dos contratos públicos del Govern por supuestas irregularidades en su adjudicación, hecha con prisas por la celebración de elecciones anticipadas el 12 de mayo.

Cuatro procesos, 154 plazas

Apremiada por la normativa europea que llama a reducir el número de empleados interinos, la entidad encargada de ejecutar las obras encomendadas por la administración publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la convocatoria de cuatro concursos el 29 de diciembre de 2023.

Las pruebas de los procesos ICATFIX, pendientes desde el periodo de 2020 a 2023, se han celebrado el 13, 19 y 20 de junio y servirán para transformar contratos temporales en indefinidos en la cobertura de 154 puestos de trabajo. En concreto, 79 plazas de técnico superior, 46 de técnico medio y 29 de administrativo, con sueldos a la orden de 45.770,67 euros los más elevados y 29.750,94 los más bajos.

Titulación requerida

El apartado 2.2 de las bases de las citadas convocatorias de selección exige "estar en posesión o en condiciones de obtener el título académico requerido -títulos universitarios superiores, licenciaturas o diplomaturas, así como arquitecturas o ingenierías superiores o técnicas- en la fecha en que acaba el plazo de presentación de solicitudes".

Sin embargo, los órganos técnicos de selección han aceptado la solicitud de algunos trabajadores temporales que incumplían este punto, y lo habrían hecho con la intervención del presidente de Infraestructures.cat, Oriol Güell.

Intervención de Oriol Güell

Este ingeniero -vinculado a ERC y firmante del manifiesto que pide la renovación de la cúpula del partido- habría emitido y firmado un certificado para beneficiar a dichos empleados, que serviría para convalidar la falta de titulación oficial, siempre según los denunciantes. Las mismas voces alertan de que el nombramiento a dedo de los miembros de los órganos de selección ("personal de máxima confianza personal y política" del presidente") ha ayudado a la admisión de los participantes.

En un comunicado al que ha tenido acceso este medio, los trabajadores movilizados contra este supuesto trato de favor recuerdan que Güell "carece de la mínima competencia legal para acreditar, homologar o convalidar experiencia profesional con titulaciones universitarias oficiales". Y advierten de que podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y de falsedad de documento público; también de haber vulnerado las bases de las oposiciones.

Dos contratos tumbados

El Confidencial informó la semana pasada del varapalo que el Govern de la Generalitat ha recibido por parte de los jueces por actuar con prisas e intereses escondidos. El Tribunal Catalán de Contratos Públicos ha anulado dos adjudicaciones por presuntas irregularidades, formalizadas sobre la bocina antes de los comicios al Parlament.

Una de ellos benefició a Giny Comunicació, propiedad del empresario Guillem Carol -también cercano a ERC- y ascendía a 471.972 euros. Los servicios contratados consistían en la creación de contenido para la cuenta de la red social TikTok de la Generalitat para acercarse a los jóvenes. Una de las empresas que competían por el contrato denunció el proceso y la justicia encontró "incongruencias" y falta de argumentos, por lo que anuló el procedimiento el 6 de junio.

El segundo traspié judicial lleva la firma del Instituto Catalán de la Salud (ICS), cuyo contrato de un lote de material de ventilación y respiración por 2,8 millones de euros acaba de ser anulado también por graves irregularidades. La empresa Férmon-Indis denunció vulneración de las normas legales en los pliegos del concurso y alteración de las condiciones del concurso en una ampliación del plazo, entre otras cuestiones apreciadas por el tribunal."             (Crónica Global, 24/06/24)

POLITICO: Gran Bretaña se está volviendo más corrupta. ¿Ayudará echar a los conservadores? Tras 14 años de gobierno conservador, el Reino Unido ocupa el puesto más bajo de su historia en el índice mundial de corrupción... mientras que la confianza pública en las instituciones políticas ha alcanzado mínimos internacionales. Los escabrosos titulares sobre contratos de Covid concedidos a empresas con conexiones políticas, y los legisladores de todo signo que se comportan mal han contribuido a crear una sensación de malestar ético en el Reino Unido

 "Los laboristas han prometido vaciar el pantano de Westminster si ganan las elecciones en el Reino Unido el mes que viene. Buena suerte.

Tras 14 años de gobierno conservador, el Reino Unido ocupa el puesto más bajo de su historia en el índice mundial de corrupción -un estudio anual sobre el soborno realizado por Transparencia Internacional-, mientras que la confianza pública en las instituciones políticas ha alcanzado mínimos internacionales.

Los escabrosos titulares sobre contratos de Covid concedidos a empresas con conexiones políticas, los partidos del antiguo gobierno de Boris Johnson que incumplen las normas y los legisladores de todo signo que se comportan mal han contribuido a crear una sensación de malestar ético en el Reino Unido, que se prepara para las elecciones del 4 de julio.

Los laboristas, que van camino de derrotar ampliamente a los conservadores el mes que viene, han denunciado la "sordidez" de los tories.

Pero bajo la superficie ya están apareciendo grietas.

El partido de la oposición, liderado por Keir Starmer, tiene puestas sus esperanzas en una nueva y amplia Comisión de Ética e Integridad. La idea es reunir la confusa red de reguladores de Westminster -a menudo tachada de desdentada- en un organismo poderoso que pueda exigir responsabilidades.

 Pero los detalles del proyecto sugieren que los laboristas ya han suavizado partes de su gran plan para atajar el amiguismo.

En su día, el partido prometió prohibir que los parlamentarios tuvieran un segundo empleo, con "excepciones muy limitadas", a raíz de los numerosos casos de legisladores que trabajaban para empresas externas mientras ocupaban su escaño en la Cámara de los Comunes.

Sin embargo, en el programa electoral laborista se suavizó esa promesa y se limitó a prohibir "las funciones remuneradas de asesoramiento o consultoría", con la posibilidad de imponer más restricciones posteriormente.

 Una promesa anterior de introducir una prohibición general de cinco años para que los ex ministros acepten trabajos de consultoría o de lobby una vez que dejen el gobierno también se ha suavizado para prohibir tales funciones sólo si están "relacionadas con su antiguo trabajo".

Así pues, mientras los laboristas se preparan para la victoria, los defensores de la lucha contra la corrupción se mantienen alerta. El gobierno de Starmer tendrá que demostrar rápidamente que da prioridad a la limpieza de Westminster, afirman, o se arriesga a perder la confianza de los votantes.

Daniel Bruce, director general de Transparency International UK, afirma que Starmer debe conseguir victorias "fáciles" para marcar la pauta. En primer lugar, los laboristas deben cumplir su promesa de dotar de un verdadero poder al asesor ético del primer ministro, que actualmente sólo puede investigar a los ministros si el primer ministro está de acuerdo.

"[Los laboristas] se han comprometido a hacerlo en su manifiesto", señaló Bruce. "Pueden hacerlo desde el primer día. Eso no requiere cambios en ningún instrumento. No es una disposición legal. Es sólo una cuestión de procedimiento".
Perros nuevos, trucos viejos

Los partidos de la oposición tienen fama de prometer medidas drásticas contra el amiguismo, una promesa fácil de hacer cuando no se es quien ostenta el poder.

Por ejemplo, el ex Primer Ministro laborista Tony Blair presentó su aplastante campaña de 1997 como un antídoto contra años de escándalos conservadores, afirmando que su partido sería "más puro que la pureza".

En 2010, el flamante líder conservador David Cameron prometió importantes reformas en materia de transparencia y gobernanza cuando un escándalo protagonizado por legisladores que reclamaban gastos desorbitados financiados por los contribuyentes hundió la confianza pública.

Sin embargo, una vez en el Gobierno, cada uno de los antiguos agitadores de la oposición se vio pronto acosado por sus propios escándalos, y algunas de sus promesas más valiosas se vieron desbaratadas por los acontecimientos y la inercia.

Los cambios iniciales de Cameron -mejorar el acceso público a los datos de la Administración, endurecer las normas de contratación pública y presentar el primer registro británico de grupos de presión- se vieron eclipsados por su propia implicación en un gran escándalo de grupos de presión. El registro de grupos de presión que en su día promocionó ha sido tan ridiculizado que los propios grupos de presión han pedido normas más estrictas para evitar que los políticos manchen la reputación de su sector.

La postura de Blair de "más santo que tú" se vio pronto puesta a prueba por sus propios escándalos de dinero por acceso. Tras dejar el gobierno, se maldijo a sí mismo como un "ingenuo, tonto e irresponsable papanatas" por haber introducido la pionera Ley de Libertad de Información del Reino Unido.

"La tentación de los partidos políticos es hablar con dureza de ética cuando están en la oposición, pero dejar pasar las cosas cuando están en el gobierno", afirma Alex Thomas, director de programas del Instituto de Estudios Gubernamentales.

"En los últimos años hemos visto cómo unas normas éticas estrictas ayudan a los gobiernos a trabajar bien y a no meterse en líos", añadió. "Será importante que cualquier gobierno entrante se tome en serio esta agenda y aplique la reforma".

El dilema del reparto

En la actual campaña electoral, los laboristas han insistido en que realmente introducirán grandes cambios en la forma en que Westminster vigila los malos comportamientos.

La semana pasada, durante la presentación del manifiesto de su partido, Starmer fue preguntado por su compromiso con el programa y dijo que pondría en marcha las reformas "de inmediato". El líder laborista pareció reconocer el profundo cinismo de los votantes ante las sucesivas promesas de hacer las cosas de otra manera: "Sé que nadie creerá que ha cambiado hasta que vea la acción que sigue".

 La jefa de gabinete de Starmer, Sue Gray -retirada del corazón de la función pública, donde trabajó como temida jefa de ética y decoro de Whitehall- al menos conoce el terreno. Pero no está claro si impulsará el cambio o simplemente perpetuará un sistema que ha marcado sus propios deberes durante demasiado tiempo.

Una persona que la ha visto en acción en el gobierno, y a la que se le ha concedido el anonimato para hablar con franqueza, cree que Gray querrá realmente mejorar el régimen de ética y normas en el gobierno, pero que hacerlo no será una de sus prioridades.

"Es una de sus aficiones y algo que le preocupaba cuando estaba en el gobierno", dijo la persona. "Si hay cambios, querrá participar en esas conversaciones. Pero también es pragmática y habrá cosas mucho más importantes que necesiten atención, al menos al principio".

 "Está en una posición tan poderosa", dijo Sue Hawley, directora del grupo de campaña Spotlight on Corruption. "Ella podrá pensar en formas de hacerlo más eficazmente".


En cualquier caso, la erradicación de la corrupción tiene la extraña costumbre de bajar en la lista de prioridades cuando un nuevo gobierno -de repente abrumado por los retos nacionales e internacionales- toma posesión.

Un conjunto radical de promesas normativas presentadas por los demócratas liberales de centro-izquierda -tradicionalmente el tercer partido de Gran Bretaña, que parece que esta vez aumentará su número de diputados- da a los activistas algunos motivos para el optimismo. Hawley sostiene que la previsible afluencia de nuevos diputados liberaldemócratas creará un entorno político "constructivo" para ampliar las ideas laboristas y mantener la honradez de la nueva administración.

Sea cual sea la composición del próximo Parlamento, los observadores de la corrupción en Westminster sostienen que la inacción ya no es una opción.

"Estas cuestiones deben estudiarse detenidamente con los expertos pertinentes", dijo Bruce. "Pero poner las cosas en marcha... en los primeros 100 días es lo correcto".

( John Johnston , POLITICO, 20/06/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

El Congreso investigará los contratos por valor de más de 20 millones de la Xunta con la empresa del cuñado de Feijoo

 "La Xunta de Galicia, entre las administraciones de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, adjudicaron al menos 20 millones de euros a la empresa dirigida por el cuñado del hoy líder del Partido Popular, Ignacio Cárdenas, hermano de Eva Cárdenas. Estos contratos, al menos 44 según ha podido documentar ElPlural.com, se adjudicaron a Universal Support entre 2020 y 2023, y el Congreso de los Diputados los ha puesto bajo la lupa en la comisión de investigación que fiscalizará las contrataciones de mascarillas durante la pandemia.

Tal como ha podido documentar este medio mediante el acceso al documento de solicitud de información del Congreso, la empresa de la que Ignacio Cárdenas es director comercial y de retail recibió al menos diez contratos en 2020, lo que sumó un valor de 4.151.320,87 euros; dieciséis en 2021, sumando un valor de 10.912.781,20 euros; dieciséis en 2022, por valor global de 6.282.813,46 euros; y dos en 2023, por 145.768,70 euros. Sumando estas cantidades, se desvela un global de 21.492.684,2 euros.

Por todos ellos, el Congreso de los Diputados reclama a la Xunta de Galicia todos los expedientes de contratación y adjudicación completos de la empresa Universal Support S.A. con la Xunta, empresas, entes u organismos públicos dependientes de la comunidad entre 2008 al 2023; la documentación relativa a todas las comunicaciones realizadas, por cualquier vía, entre la empresa contratista, Universal Support, con los organismos públicos gallegos; y todas las subvenciones o ayudas económicas concedidas a Universal Support por parte de cualquier ente dependiente de la Xunta. Así como los al menos 44 contratos firmados con la empresa del cuñado de Feijóo por las adjudicaciones realizadas por la Consellería de Sanidade.

Además, la investigación del Congreso también solicita información a la propia empresa. En concreto, tal como consta en la solicitud de información de la Cámara Baja, se pide a Universal Support todos los contratos laborales, comerciales o mercantiles que se hayan producido entre Ignacio Cárdenas y Universal Support; las nóminas, facturas o documentos que acrediten cualquier clase de remuneración percibida por Cárdenas de la empresa; la información sobre las relaciones económicas, societarias, préstamos, donaciones o situaciones de participación de propiedad de inmuebles que pueda mantener Cárdenas con Universal Support; y la documentación sobre la adquisición por Universal Support de Sum Talk Iniciativas S.A. en 2019.

Universal Support, sin relación con el sector sanitario

Universal Support no tiene relación alguna con los sectores sanitario, farmacéutico o biomédico, pero entre 2020 y 2023 se llevó numerosos contratos de la Xunta de Galicia sin concurso público y mediante el procedimiento de emergencia.

Esas adjudicaciones estaban destinadas a que Universal Support pusiera sus medios y su personal al servicio de la Administración gallega para el teléfono de información ciudadana sobre el coronavirus, para el rastreo de casos de la enfermedad y para asesoría e información sobre citas y certificados de vacunación.

El mayor de los contratos adjudicados a la empresa en cuestión fue por valor de 4,8 millones de euros entre enero y mayo de 2021 para monitorizar cada contagio por coronavirus, así como la realización de encuestas epidemiológicas, recolectar información de contactos y vigilancia activa de todos ellos.

Conviene señalar que Universal Support pertenece al grupo de la multinacional Konecta, cuyo director comercial y de retail es Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja del actual líder de la oposición.

No obstante, la investigación iniciada en el Congreso de los Diputados también pone el foco en los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a otras empresas, como son Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment.

La comisión de investigación en el Congreso

Este martes se ha registrado la lista completa de los más de un centenar de personas llamadas a comparecer en la comisión de investigación del Congreso que fiscalizará las contrataciones de mascarillas en pandemia. Esta lista, acordada por los grupos que integran la comisión, está encabezada por los dos protagonistas que desataron la tormenta perfecta en la Cámara Baja: Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el otrora ministro al que le hacía de sombra en cada uno de sus movimientos.

La base del listado son los 84 nombres que registró el PSOE la pasada semana, pero, para asegurarse su aprobación, los socialistas han aceptado incorporar a medio centenar de personas propuestas por otros grupos parlamentarios.

Aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central, el PSOE ha primado las comparecencias del segundo punto, el de examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones."                 (NATALIA CABO / SUREN GASPARYAN, El Plural, 17/04/24)

Elías Bendodo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por contratos en la pandemia en Andalucía

 "El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, elegido a su vez por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia. Una investigación que se abrió en mayo de 2022, tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com, y cuyos plazos han sido ampliados hasta en dos ocasiones por la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón.

Según han explicado fuentes del Ministerio Público a este medio, "las Diligencias de Investigación siguen abiertas, ya que se ha ampliado el plazo para la investigación hasta mayo de este año, pues la prórroga se firmó en el mes de diciembre". Con esta última prórroga, Luzón mantiene “en tramitación” la investigación relativa a los contratos efectuados por la Junta de Andalucía durante la pandemia. 

Ampliación de la investigación al menos hasta mayo 

En cuanto a las prórrogas de la investigación, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la Fiscalía, Anticorrupción puede, debido a la complejidad de los asuntos a tratar, solicitar más plazos de ampliación de las DIP que el resto. Por tanto, podría darse el caso de que, llegado el mes de mayo, se vuelva a solicitar una nueva prórroga de los plazos de investigación.

En definitiva, la Fiscalía Anticorrupción tiene todavía más de un mes para seguir investigando los contratos bajo sospecha que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla realizó en el año 2020 de acuerdo a las nuevas normas de contratación de personal que emitió la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior antes de recurrir a una nueva petición de prórroga. Cabe recordar al respecto de esta causa que Elías Bendodo lideraba entonces la mencionada Consejería andaluza. 

Una investigación que se remonta a 2022

Fue el 5 de abril de 2022 cuando el PSOE de Andalucía denunció a Elías Bendodo ante la Fiscalía por presuntamente “prevaricar” con la adjudicación de 4.000 contratos exprés de empleos públicos en Andalucía. Los socialistas pidieron entonces al Ministerio Público que abriese una investigación contra el número tres de Feijóo sobre los contratos de urgencia durante la pandemia. 

Desde el PSOE planteron un posible delito de “prevaricación administrativa” y señalaron en su denuncia directamente al entonces consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. 

Las Diligencias de Investigación se abrieron inicialmente el 6 de mayo de 2022. Un año más tarde, el 17 de febrero de 2023, Alejandro Luzón, decidió ampliar el plazo de "las Diligencias de Investigación, asignadas a la Delegación Anticorrupción de Sevilla” para seguir investigando el asunto. El hecho de que la Fiscalía esté investigando por tanto tiempo las contrataciones implica la posible existencia de indicios.

Contratación exprés de la Junta de Andalucía durante el Covid

En marzo de 2020, en el primer mes de Covid, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior emitió nuevas normas de contratación de personal, poniendo con ello en el foco de la polémica al que por aquel entonces era hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, había sido rechazado por la justicia en el plano Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a ser objeto de estudio por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, lo que implicaba la existencia de indicios penales en el asunto. 

El modelo de contratación de la Junta permitía que después de la publicación de la oferta de empleo en la web de la administración, y solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran hacerse con la plaza. Para ello, está claro, tenían que haberse enterado de la existencia de una convocatoria que tan solo estaba abierta durante un día.

El resultado de la gestión dejó más de 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que en algunas ofertas no se concretaron el número de puestos a cubrir, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la justicia Contencioso-Administrativa anularon las bautizadas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’, al considerar que vulneraban derechos “constitucionalmente consagrados”. Hay que subrayar que este modelo de contratación a la sombra de las urgencias Covid no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Tal y como explicaría hace cosa de un año ElPlural.com, la Junta obedeció con las cautelares dictaminadas por la Justicia y los interinos exprés pasarían a mantener solo, al menos, sus retribuciones y cotizaciones. Ello, después de que los gabinetes jurídicos de la administración recurrieran las sentencias, con el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos del gobierno andaluz, que trató de borrar cualquier rastro de las contrataciones a través de una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos, desapareciendo así los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos.

Sin embargo, esto no alejó la sombra de sospecha sobre los contratos de Bendodo, ya que sindicatos denunciaron la anulación que decretó Recursos Humanos, defendiendo que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores que habían visto mermados unos derechos que habían conseguido a través de su puesto de trabajo en la administración. Pero del caso se desprenden otras actuaciones que fueron objeto de polémica, como que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto -normalmente las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios- o que del proceso se excluyera a ciertas personas -mujeres embarazadas, enfermos oncológicos, portadores de VIH o mayores de 60 años- a pesar de que el trabajo a desempeñar nada tenía que ver con la gestión sanitaria.

No fue el único hecho que levantó polvareda por aquel entonces en lo que a contratos Covid se refiere, y es que tras lo relativo a las contrataciones exprés saldrían a la luz concesiones a aseguradoras privadas. Aquellos contratos se prolongaron en el tiempo suspendiendo garantías administrativas. Un ejemplo de estas contrataciones fue el de Barveal, una compañía sin sede ni trabajadores y que había recibido pérdidas, pero que a pesar de todo recibió a dedo cuatro millones de euros para arreglar carreteras.

El equipo de Bendodo niega que esté siendo investigado

Ante esta noticia, desde el equipo del portavoz del PP en la comisión de mascarillas aseguran a ElPlural.com lo siguiente: "Elías Bendodo no está investigado por la Fiscalía y no ha recibido ninguna notificación al respecto en ningún momento". Un hecho, el de no haber recibido ninguna notificación que no implica, para nada, que no sea objeto de investigación. Y si no, que le pregunten a Koldo García, cuya causa estuvo en DIP y solo se enteró de que estaba siendo investigado después de que se judicializara cuando alguien dio un chivatazo a la trama corrupta."                 

(JOSÉ MARÍA GARRIDO / LORETO OCHANDO / RUBÉN ROZAS, El Plural, 05/04/24)

En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

“No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24)