Es el Watergate francés... La oficina de Macron se ve inmersa en un grave escándalo relacionado con el agua mineral Perrier... Un informe del Senado alega que Nestlé Waters presionó al gobierno francés para posibilitar la venta de agua mineral de esa marca que eludía las estrictas normas francesas que pretenden garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada... la empresa reconoció haber utilizado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral... «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas»

 "PARÍS - Es el Watergate francés.

La emblemática marca francesa de agua mineral Perrier está en el centro de un nuevo escándalo que amenaza con desbordarse y llegar a las más altas esferas del Gobierno.

Nestlé Waters presionó al gobierno de Francia, incluidas personas cercanas al presidente francés Emmanuel Macron, para hacer posible la venta de agua mineral de marca que eludía las estrictas regulaciones francesas, engañando efectivamente a los consumidores, según un informe condenatorio del Senado publicado el lunes.

En el centro de las acusaciones se encuentra el uso supuestamente no autorizado por parte de Nestlé Waters de filtros de carbono y luz ultravioleta -métodos utilizados normalmente en el agua del grifo- para tratar el agua mineral de varias de sus marcas, incluida su emblemática agua con gas Perrier. Pero la estricta normativa francesa pretende garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada, justificando el elevado precio que pagan los consumidores.

La ira por el escándalo de los presuntos grupos de presión amenaza con perjudicar aún más a un Macron ya asediado, que lucha contra el estancamiento político y los bajos índices de aprobación. Preguntado sobre el papel del Elíseo en el caso Nestlé Waters en febrero, Macron dijo que «no estaba al tanto de esas cosas» y que no había habido «acuerdo» o «colusión».

 A principios de 2024, anticipándose a la publicación de un reportaje de investigación de los medios franceses Le Monde y Radio France, la empresa de propiedad suiza emitió un comunicado en el que reconocía haber utilizado en el pasado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral y afirmaba que había adaptado sus procesos a la normativa francesa sobre el agua mineral a partir de 2023.

«Confirmamos que la seguridad alimentaria y la calidad de nuestras aguas minerales naturales siempre han estado garantizadas», escribió Nestlé Waters en un comunicado en ese momento.

El uso de los métodos de tratamiento fue necesario debido a «contaminaciones bacterianas o químicas esporádicas» causadas por «contaminaciones fecales» en el suministro de agua mineral, según el informe de prensa, que citaba «una nota confidencial» de la administración francesa.

Nestlé Waters France informó al gobierno francés de sus prácticas de tratamiento del agua a partir de 2021, dijo la compañía en su declaración original.

Nestlé adoptó un enfoque «transaccional», según el informe del Senado del lunes. Compartió sus irregularidades con el gobierno francés y, a cambio de poner fin a los tratamientos con filtros de carbono, ofreció en su lugar utilizar la microfiltración a 0,2 micras.

Hasta ese momento, las autoridades sanitarias francesas habían establecido que cualquier filtración por debajo de un umbral de 0,8 micras entrañaba el riesgo de alterar la composición del agua. Pero en 2023, el gobierno francés permitió a las autoridades locales flexibilizar el marco normativo mediante una acción ejecutiva para permitir el método de microfiltración más fino.

 El informe del lunes es el resultado de una investigación parlamentaria del senador socialista Alexandre Ouizille sobre las prácticas de la industria francesa del agua. La investigación de Ouizille, que siguió a la publicación de los informes de prensa el año pasado, también trató de establecer hasta qué punto la oficina de Macron puede haber estado al tanto de las prácticas de Nestlé Waters.

Ouizille y la comisión investigadora citaron a declarar al exjefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler -que ocupó ese cargo desde 2017 hasta el mes pasado y fue descrito a menudo como «el segundo cerebro del presidente»-, pero Kohler se negó a comparecer alegando la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

No obstante, la oficina del presidente francés compartió con la comisión investigadora 74 páginas de documentos en los que figuran conversaciones entre miembros del personal del presidente y Nestlé y sus grupos de presión.

«Fue al más alto nivel del Gobierno donde se tomó la decisión de autorizar la microfiltración por debajo del umbral de 0,8 micras», dice el informe publicado el lunes. «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas».

Durante una rueda de prensa el lunes, Ouizille insistió en que Kohler se había reunido «en varias ocasiones» con grupos de presión de Nestlé y que «como mínimo, el Elíseo estaba al corriente de lo que ocurría.»"

( Victor Goury-Laffont  , POLITICO, 19/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial. En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021. En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’. FROB El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR). El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

Vínculos entre las grandes empresas de la agroindustria y la derecha europea... Cómo la agroindustria ha usado excursiones, fiestas y alquileres gratuitos para ganarse el corazón de los conservadores europeos. Así, esta semana el Parlamento Europeo ha rechazado reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos en 2030

 "Excursiones alpinas, fiestas selectas o prestar despachos sin cargo alguno son solo algunos de los métodos que usan las grandes empresas agrícolas para conquistar a influyentes legisladores de la Unión Europea en relación a las importantes reformas ecológicas que se están llevando a cabo en los últimos años.

Estas actividades han contribuido a forjar una poderosa alianza en Bruselas entre políticos selectos del Partido Popular Europeo (PPE) y los que tienen intereses comerciales en frenar el avance hacia una agricultura más respetuosa con la naturaleza: los fabricantes de pesticidas y los sindicatos agrícolas vinculados a la industria.

Una importante investigación publicada a principios de octubre por DeSmog y Politico ha descubierto el elevado volumen de reuniones mantenidas por seis importantes parlamentarios del PPE. También ha revelado que la industria agrícola mantenía desde 2020 un promedio de dos reuniones semanales con estos políticos mientras la UE negociaba reformas emblemáticas para proteger la naturaleza y el clima.

DeSmog ha profundizado aún más y ha elaborado un mapa de los extensos vínculos personales y profesionales que existen entre estos seis eurodiputados conservadores y grupos vinculados a la industria agrícola.

Hemos decidido destacar las conexiones de los parlamentarios con los actores más poderosos de la UE que son hostiles a los planes para reducir el uso de pesticidas, un grupo que incluye a los principales sindicatos agrícolas. También hemos incluido a los grupos agrícolas con los que los eurodiputados tenían vínculos personales.

La naturaleza de los vínculos que aparecen en el mapa abarca desde el contacto directo en reuniones, encuentros sociales y excursiones hasta la pertenencia a organizaciones y comisiones relacionadas con el sector. 

La agresiva campaña de los grupos de presión que muestra el mapa parece haber dado resultados. Durante los tres años transcurridos desde que se anunció por primera vez la iniciativa De la granja a la mesa (Farm to Fork), un ambicioso plan para revisar las prácticas agrícolas en el marco del Pacto Verde, los legisladores del conservador PPE se han opuesto sistemáticamente a los planes de transformación de la agricultura.

Las reformas incluyen medidas para reducir a la mitad el uso de pesticidas en todo el bloque, propuestas que han alarmado a una industria que tan solo en Europa mueve 12.000 millones de euros al año. Los científicos afirman que la serie de medidas ecológicas destinadas a atajar la espiral de degradación climática y el colapso de la biodiversidad son esenciales para el futuro suministro alimentario de Europa.

Sin embargo, este miércoles 22 de noviembre, el pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea de julio de 2022 de reducir en un 50% el uso de todos los pesticidas químicos en 2030. La votación se ha saldado con 299 votos en contra, 207 a favor y 121 absenciones.

«Estas revelaciones se suman a la evidencia creciente de que poderosos intereses de la industria están comprando influencias en nombre de sus márgenes de beneficio, lo que tendrá un coste catastrófico para las personas y el planeta», ha declarado Célia Nyssens-James de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la mayor red de grupos ecologistas sin ánimo de lucro de la UE. «Es evidente que demasiados eurodiputados de esta Comisión no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos europeos».

Clara Bourgin, de Amigos de la Tierra, afirma: «Estos vínculos son espantosos, pero lamentablemente tampoco sorprenden a nadie. Cuando ciertos eurodiputados se oponen enérgicamente a la legislación de la UE sobre pesticidas, a objetivos vinculantes de reducción de emisiones y de forma generalizada a los compromisos medioambientales europeos, es evidente que detrás hay una campaña intensiva de los grupos de presión de la industria».

Franc Bogovič, uno de los seis eurodiputados de este análisis, negó que los responsables políticos estuvieran sometidos a la influencia de la industria. «Soy agricultor e ingeniero agrónomo y tengo mi propia opinión —declaró a Politico Europe—. No me hace falta la suya (de la industria). Tengo unas ideas muy claras sobre lo que es posible y lo que no en la agricultura».

Parlamentarios conservadores antiverdes

Entre la densa red de grupos de presión que se muestra en el mapa aparecen seis legisladores que han intentado sistemáticamente debilitar las reformas agrícolas verdes de la UE en proceso de convertirse en ley.

Los eurodiputados Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Franc Bogovič y Anne Sander forman parte del Partido Popular Europeo, la mayor formación política del Parlamento Europeo y que ha recibido críticas por tratar repetidamente de diluir estrategias como De la granja a la mesa y la Estrategia de biodiversidad 2030.

Estos eurodiputados ocupan altos cargos que les permiten ejercer una influencia significativa en el ámbito de las políticas verdes. Por ejemplo, Norbert Lins, presidente de la comisión de Agricultura, exigió en diciembre una importante reevaluación del expediente de reducción de pesticidas en nombre de la comisión, una medida polémica que llevó a los activistas a acusarle de intentar retrasar la legislación.

Otro de los seis, Alexander Bernhuber, principal negociador del PPE sobre el SUR (reglamento para la reducción de pesticidas), había solicitado previamente que la iniciativa se retirase por completo.

El PPE ha sido acusado de utilizar el chantaje y la difusión de noticias falsas para oponerse a los planes de restaurar el 20% de los ecosistemas dañados de la UE mediante la Ley de Restauración de la Naturaleza, acusaciones que niega el líder del partido, Manfred Weber.

El partido también fue objeto de críticas en julio, cuando sustituyó a más de un tercio de sus miembros habituales en la Comisión de Medio Ambiente para tratar de impedir una votación crucial sobre la ley. Entre los representantes del PPE incluidos se encontraban Herbert Dorfmann, Anne Sander y Franc Bogovič, los otros tres eurodiputados que aparecen en la muestra de DeSmog. 

Se descubrió que los seis eurodiputados analizados por DeSmog se habían reunido colectivamente con grupos vinculados a la industria ocho veces más que con grupos no gubernamentales que representaban intereses públicos.

Vínculos personales con sindicatos agrícolas afines a la industria

Los seis parlamentarios del PPE tienen amplios vínculos con los principales sindicatos agrícolas de la UE, que aparecen en la parte derecha del mapa. 

El análisis de DeSmog descubrió que los eurodiputados se habían reunido cuarenta veces con el sindicato Copa-Cogeca —y con sus influyentes miembros francés y alemán, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) y el Deutscher Bauernverband— entre enero de 2020 y julio de 2023. También constató que más del 75% de las reuniones sobre la iniciativa De la granja a la mesa, la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Reglamento para el Uso Sostenible de Pesticidas se habían celebrado con el Copa-Cogeca, sus miembros nacionales o sus secciones regionales.

El Copa-Cogeca es el mayor sindicato de agricultores y cooperativas agrarias del bloque. Lleva mucho tiempo en el centro de las políticas agrícolas de la UE, y The New York Times lo ha descrito como poseedor de «un acceso especial que ya querrían otros». Sin embargo, se trata de un grupo controvertido entre los agricultores. En una reciente investigación de Lighthouse Reports y Politico, admitió haber hinchado el número de miembros y se le acusó de promover los intereses de la agricultura industrial frente a los de las explotaciones más pequeñas y los jóvenes agricultores.

El sindicato se ha opuesto frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha tachado de «excesivamente ambiciosa e irresponsables» para la agricultura de la UE y que, en su opinión, provocará importantes caídas de la producción comunitaria y riesgos para la seguridad alimentaria. Científicos y activistas rebaten estas afirmaciones. 

Las últimas investigaciones de DeSmog revelan que los miembros nacionales del Copa-Cogeca también mantienen amplios vínculos personales con los seis eurodiputados.

Entre estos se incluyen los lazos familiares. Por ejemplo, la eurodiputada francesa Anne Sander —que fue una de las principales negociadoras de las recientes reformas de las subvenciones agrícolas de la UE y de los planes para restaurar los ecosistemas degradados en el bloque— es hermana de Franck Sander, vicepresidente de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA). El sindicato de agricultores franceses domina la política agrícola francesa y se opone frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha calificado de «estrategia de decrecimiento». 

Desde el lanzamiento en 2020 de De la granja a la mesa, Anne Sander ha mantenido al menos doce reuniones con la FNSEA o sus ramas regionales, la mitad de las cuales no declaró en la web parlamentaria. Una cuarta parte de todas las reuniones oficiales de Sander sobre las reformas de las subvenciones agrícolas de la PAC se produjeron con el sindicato o sus filiales. En cambio, Sander no celebró ni una sola reunión registrada sobre el tema con organizaciones sin ánimo de lucro. 

En Austria, el sindicato agrícola Österreichischer Bauernbund (ÖBB) tiene un vínculo directo con el PPE, ya que forma parte del partido político local de los conservadores europeos, el Österreichische Volkspartei.

Los documentos muestran que el sindicato ÖBB también paga el despacho del parlamentario austriaco del PPE que aparece en el mapa de DeSmog, Alexander Bernhuber, diputado de Österreichische Volkspartei.

Bernhuber es miembro del comité ejecutivo de una de las nueve ramas del ÖBB, Niederösterreichischer Bauernbund, donde también estuvo empleado como consultor remunerado entre 2017 y 2019 (con una remuneración de entre 1.000 y 5.000 euros al mes).

El sindicato ÖBB es también la organización dominante del miembro nacional del Copa-Cogeca Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), que representa tanto a las empresas agrícolas como a los agricultores.

Todos los veranos, el ÖBB, la LKÖ y otras poderosas asociaciones agrícolas se reúnen con el eurodiputado italiano Herbert Dorfmann (que aparece en el mapa) y otros políticos influyentes para ir de excursión a los Alpes. El recorrido ofrece a los grupos la oportunidad de charlar sobre la política de la UE, y el año pasado el representante del Deutscher Bauernverband, el miembro alemán del Copa-Cogeca, aprovechó la oportunidad para decir a los excursionistas: «Tenemos que reconsiderar este plan [de reducción de pesticidas]».

«Es evidente que numerosos eurodiputados conservadores del PPE se encuentran históricamente muy próximos al Copa-Cogeca, el grupo de presión agrícola que defiende, sobre todo, los intereses de las grandes explotaciones y de los propietarios de tierras, y no los del sector agrario en su conjunto», declaró la investigadora del Corporate Europe Observatory Nina Holland, que añadió: «Con sus constantes intentos de retrasar y hacer descarrilar la ley de reducción de pesticidas, este tenaz grupo de eurodiputados finge estar del lado de los agricultores, pero en realidad les están haciendo un flaco favor».

Deutsche Bauernverband —sindicato agrario alemán miembro del Copa Cogeca que aparece en el mapa— declaró a DeSmog que el grupo cuenta con la participación de eurodiputados de todos los partidos democráticos. Añadió que apoyan la iniciativa De la granja a la mesa y «ofrecen críticas constructivas y recomendaciones sobre las estrategias reguladoras para implementar objetivos políticos». 

Acceso «exclusivo» para las empresas de pesticidas

El análisis de DeSmog muestra que las empresas de pesticidas también disfrutan de un acceso privilegiado al Partido Popular Europeo. 

Esta industria, un lobby con una fuerza formidable en Bruselas, dispone de diversas vías para llegar a los responsables políticos mediante el patrocinio y el apoyo a redes influyentes, foros de debate y grupos de reflexión. Desde que en 2020 se anunciaron por primera vez los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas, los registros muestran que ha invertido treinta y cinco millones de euros en actividades de presión en la UE.

Las cuatro empresas principales de pesticidas —Bayer, Syngenta, BASF y Corteva—, junto con su poderosa asociación comercial CropLife Europe, han celebrado un total de 29 reuniones oficiales con los seis eurodiputados seleccionados desde 2020.

CropLife Europe declaró a DeSmog que «hace suyas las ambiciones del Pacto Verde de la UE y de la estrategia De la granja a la mesa». Anteriormente la organización había tildado los objetivos para reducir el uso de pesticidas como «no basados en datos» y «políticos», además de solicitar su reevaluación. 

El mapa de DeSmog muestra que CropLife Europe es también un «socio estratégico» de la EU40, una red de jóvenes políticos de la UE entre cuyos miembros actuales se encuentra Alexander Bernhuber y más de cincuenta políticos de la UE en activo. El grupo también cuenta con más de doscientos antiguos miembros, entre los que figuran los eurodiputados Norbert Lins y Herbert Dorfmann.

Aunque la EU40 —entre cuyos socios también se encuentran la empresa de semillas KWS y diversas empresas farmacéuticas y tecnológicas— se describe como neutral y niega «representar intereses comerciales», sus socios estratégicos tienen acceso especial a los miembros políticos en actos como su «exclusiva» fiesta anual de verano, calificada como la «más emblemática» de la organización. 

La EU40 describió la fiesta de 2023, celebrada en septiembre con cócteles, barra libre y baile en la terraza del hotel de cinco estrellas Sofitel de Bruselas, como «una oportunidad para relacionarse con la flor y nata de Bruselas» y «un punto de encuentro» para eurodiputados, sus asistentes parlamentarios acreditados, jóvenes funcionarios de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y representantes permanentes ante la UE.

Iniciativas y grupos de reflexión financiados por la industria de los pesticidas

La EU40 no es la única vía de influencia para la industria. El mapa de DeSmog revela una red más amplia de iniciativas y grupos de reflexión, que facilitan que los intereses de los pesticidas tengan acceso a los eurodiputados y otros políticos. 

Un ejemplo es el Foro Europeo de la Alimentación, una plataforma «independiente, política y no partidista» centrada en la alimentación y la agricultura, «dirigida y gobernada» por eurodiputados, entre ellos Christine Schneider, que aparece en el mapa de DeSmog y que con frecuencia presenta sus actos. 

Entre sus miembros empresariales figuran Croplife, la asociación de la industria química Cefic (que representa a BASF, Bayer y otros gigantes agroquímicos)  y la mayor empresa de fertilizantes de Europa, Yara.  

La organización confirmó que sus miembros aportaron fondos al grupo. En declaraciones a DeSmog: «Somos una plataforma que reúne a partes interesadas de todos los bandos, con opiniones a menudo divergentes», y añade que su objetivo es favorecer un debate no partidista, «transparente e integrador».  

La industria también está vinculada a grupos de reflexión y defensa. Según los registros de la UE, Bayer, la mayor empresa de pesticidas del mundo, «apoya» a Farm Europe, un grupo de reflexión centrado en cuestiones rurales y agrícolas que ha calificado los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas como un «tiro a ciegas a la agricultura de la UE». Desde 2020 el grupo se ha reunido en dos ocasiones con Anne Sander.

El eurodiputado italiano Herbert Dorfmann es miembro de un grupo multipartidista de eurodiputados dirigido por el Consumer Choice Center, un grupo de defensa neoliberal que se ha opuesto a los objetivos de reducir el uso de pesticidas y fertilizantes y ha recibido financiación de la industria química y petrolera. 

Bayer declaró a DeSmog que, como «empresa líder en tecnología agrícola, tenemos un interés directo en luchar contra el cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad». Añadió que «acoge con satisfacción los objetivos del Pacto Verde europeo y apoya la ambición de acelerar la transición a un sistema alimentario más sostenible y resistente, y hacia una mayor biodiversidad».

Sobre la cuestión de los grupos de presión, que defendió como «una parte esencial del proceso democrático», dijo: «Bayer participa, por supuesto, en una serie de temas diferentes, en múltiples países, y con una variedad de partes interesadas y organizaciones».

Un portavoz de la empresa de pesticidas Syngenta ha afirmado: «Syngenta estudia las tendencias normativas y ofrece apoyo a los legisladores y  actores políticos para que entiendan mejor el valor de la industria y los productos y servicios que proporciona a los agricultores europeos. Todas las actividades relacionadas con asuntos públicos de Syngenta aparecen en el Registro de Transparencia de acuerdo con la legislación de la UE».

Según Croplife Europe: «Apoyamos las ambiciones del Pacto Verde de la UE y la estrategia De la granja a la mesa, y creemos que los agricultores europeos deben tener acceso a una caja de herramientas completa de soluciones innovadoras para la  protección de cultivos que les permita mantener su producción durante la transición a un sistema agrícola más resistente y sostenible».

En un momento en el que las encuestas muestran la preocupación generalizada de la ciudadanía europea por el impacto del uso de pesticidas en el medio ambiente (hasta el 80%, según una encuesta de agosto), y en que el número de aves y polinizadores cae en picado en Europa, las ONG afirman que las estrechas relaciones expuestas en los mapas de DeSmog son motivo de preocupación.

Célia Nyssens-James, de la Oficina Europea del Medio Ambiente, afirma que «es urgente aumentar la transparencia de los grupos de presión en el Parlamento Europeo» y pide que se aborden los conflictos de intereses de los eurodiputados y «el dominio de la Comisión de Agricultura en la toma de decisiones relacionadas con los expedientes agroalimentarios»."                 (Claire Carlile (DeSmog) , Climática, 24/11/23)

Las consultoras multinacionales infiltradas en el poder político

 "Un nuevo sujeto o actor económico ha cobrado fuerza en el ámbito político sin pasar por las urnas. Uno más. Se trata de las consultoras empresariales, que han extendido su brazo hasta situarse en los resortes del poder a partir de su supuesto conocimiento técnico, lo cual encaja bien, aunque no haya sido tratado, en el concepto que acuñó John Kenneth Galbraith con la palabra tecnoestructura, entendida por él dentro del ámbito interno de la empresa.

 La influencia dentro de las grandes empresas (dentro del subsistema de planificación, siguiendo a Galbraith en su acertada caracterización del sistema económico desde la II G. M. hasta hoy), ganada por las consultoras externas, las convierten en actores relevantes en el ámbito de las empresas y la generación de una ideología productivista y economicista típica del modelo anglosajón de negocios, particularmente el de los Estados Unidos.

No voy a extenderme en la influencia que ejercen en el ámbito de la gran empresa privada, sino en la que ejercen en el poder político fruto de esa simbiosis entre éste y las grandes empresas y al crecimiento y oligopolio que han creado en el mundo las grandes consultoras multinacionales. En el trasfondo, los intereses de quienes se dedican a acumular capital, han conseguido penetrar la política ideológicamente, dando por sabias las prácticas de las consultoras que no hacen más que legitimar intereses con apariencia de eficiencia productiva. 

Para ello, nada mejor que aprovechar la reciente publicación del libro LES INFILTRÉS. Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l’État, escrito por Matthieu Aron y Caroline Michel-Aguirre (Allary Éditions, Paris, 2022). Libro francés, sin duda, enteramente referido a Francia, basado en periodismo de investigación de dos grandes reporteros en L’Obs(Le Nouvel Observateur es un semanario francés de actualidad), con varios libros publicados el primero y uno Caroline.

Quede avisado el lector de que las generalizaciones más allá de lo que atañe a Francia, son mías, que los autores se han circunscrito a presentar evidencias referidas sólo a Francia. Ellos muestran lo que han hecho las multinacionales de consultoría para infiltrarse en las instituciones de poder en Francia y cómo lo han hecho, desde el más alto nivel: los presidentes de la República francesa, sus Jefes de Gobierno y sus ministros, aprovechando y compartiendo el trampolín de los partidos políticos y de eso que en España denominamos “puertas giratorias”. Han penetrado diferentes ministerios haciéndose con suculentos proyectos e incluso influir en la propia configuración de las Administración Pública de la República Francesa, y lo hacen sin introducir ningún marco teórico (como he hecho yo en el primer párrafo), sin sistematización de conceptos, pues no era su pretensión, sino ofrecer al público datos e informaciones de contrataciones y vínculos personales. Para llevar a cabo la investigación, han entrevistado a una cincuentena de altos funcionarios, parlamentarios, ministros o antiguos ministros y a consultores “seniors” y “juniors”. De las dificultades para obtener la información contractual dan cuenta mencionando a la diputada Véronique Louwagie, de Les Republicaines, miembro de la Comisión de Finanzas y su perseverancia para obtener 47 contratos del ministerio de Sanidad, que beneficiaron a 7 grandes consultoras por 25 millones de euros.

Además de la introducción, sus once capítulos y la conclusión, contiene 48 notas (páginas 193 a 196) y un anexo con las mayores consultoras en el mundo según ellos, ofreciendo la lista con nombre, sede, año de creación, actividad, número de asalariados, distinguiendo los que lo son en Francia, así como la cifra de ventas. Agradecimientos e índice cierran el libro en la página 205. Su tesis principal es que, desde hace 20 años, las consultoras se han instalado en el corazón del Estado (francés, recordémoslo) y éste ha sido totalmente consentidor, hasta el punto de haber pagado su propia mengua, a modo de “suicidio asistido”, menospreciando a cuerpos de funcionarios del mayor nivel y reputación en el mundo y poniendo en peligro al propio Estado francés frente a los Estados Unidos a través de las consultoras multinacionales norteamericanas. Una lectura reposada, más allá de lo anecdótico, nos mueve a reflexionar sobre la calidad de quienes nos gobiernan: una corte de ganapanes titulados al servicio de las consultoras internacionales de origen mayoritariamente estadounidense, que crea el marco de una democracia aparente.

Consideran que el año uno de la ofensiva perpetrada por las grandes consultoras al corazón del Estado fue el 2006, cuando los principales cuadros del partido político UMP (Union pour un mouvement populaire), encargados de redactar el programa político, aceptaron participar en el brainstorming sugerido a Nicolás Sarkozy por la segunda mayor consultora americana después de McKinsey, el Boston Consulting Group (BCG). A partir de ahí van convenciendo a Presidentes, Jefes de Gobierno y ministros  para desarrollar lo que con Sarkozy se llamó “reforma del Estado”; Hollande, “modernización del Estado”, y Macron “transformación pública”, todas ellas orquestadas en estrecha colaboración con las grandes consultoras. (p. 42) Los autores nos mostrarán los vínculos cruzados entre los Presidentes, Primer ministro y ministros y el personal de las consultoras con que se inicia el contacto, también su coincidencia en las grandes escuelas en que se han formado e incluso con un think tank, el Institut Montaigne (en un 15%, financiado por las grandes consultoras, estando estas en la base del 20% de los trabajos publicados por el Instituto en un año, entre julio de 2019 y julio de 2020, lo cual incide en la homogeneización ideológica a través de esos informes).

Si bien abordan otros ámbitos ministeriales y de la Administración pública francesa, sanidad, educación, defensa y justicia, son ejemplos punzantes por su repercusión en los ciudadanos y por los nefastos efectos que han producido los infiltrados. Tomemos el ejemplo de la sanidad, por la preocupación que causa: Para los autores, el COVID 19 sirvió como espejo de aumento de las debilidades de los servicios públicos concomitante con el aumento de la consultoría con efecto de retroalimentación entre ambos. La ideología productivista de las consultoras se aúna con la obsesión de abaratamiento de los servicios al público, lo cual se consigue, sin duda, reduciéndolos, empeorándolos o privatizando, para que ejecuten esos recortes que hacen de los médicos un personal ajeno al paciente, al que se deben por su formación como médicos, sometidos ahora a una batería de indicadores a corto plazo que no toman  en consideración, por ejemplo, la velocidad de reingresos por una mala atención inicial.Y, como nos dicen los autores en la página 120: Agotados, mal pagados, poco considerados, los cuidadores huían del hospital, aumentando el personal administrativo (o sea, en funciones de “pegamento” y control, como se dice en gestión empresarial) en detrimento del personal médico. Entre los años 2000 y 2020, Francia perdió 80.000 camas hospitalarias, y, en el año 2021, el 20% de camas hospitalarias no podían utilizarse por falta de  personal, según mostró alarmado el presidente del Consejo científico, Jean-François Delfrasissy (p. 119). Consultores carentes de conocimientos específicos en sanidad, se encargan de vehicular una gestión empresarial de la que no se ha hecho prueba científica de su eficacia.

Que en aras de una digitalización no lograda en Francia, se dé acceso a los datos de los ciudadanos europeos a empresas de los Estados Unidos, y que incluso puedan conocer y almacenarlos en sus “nubes”, comprometiendo incluso datos de la Defensa nacional, es algo que debe hacernos meditar, sin entrar en los detalles franceses del asunto, la lectura del libro de Aron y Michel-Aguirre nos ayudará a establecer la comparación con lo que ha sucedido y sucede en España, los riesgos que implica apoyarse en estas consultoras, insistamos, sin control ciudadano, ni siquiera presupuestario, pues como bien nos indican los autores, en Francia se han hecho contratos en bloque, de los que después se pasan a contrataciones por los diversos ministerios, que, además, tampoco tienen por qué licitar cuando son inferiores a 40.000 euros. El libro deja ver claramente el potencial de dependencia de Estados Unidos en la que pueden incurrir los Estados europeos, que parece haberse materializado ya."      (Fernando G. Jaén  , Rebelión, 11/10/2022)

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial... La salida de la constructora de España se ha anunciado en paralelo a un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay ya 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo

 "La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos."                  (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 2 de marzo de 2023)

Mariana Mazzucato: Las grandes consultoras, la gran estafa. Cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías

 "Estos últimos años, McKinsey & Company (una de las «tres grandes» empresas de consultoría) ha estado en boca de todos, pero no por buenos motivos. Su trabajo para grandes corporaciones y gobiernos se ha convertido en fuente de escándalos e intrigas en todo el mundo. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, McKinsey aceptó pagar casi 600 millones de dólares por su participación en la mortal epidemia de opioides: la empresa fue acusada de haber asesorado a Purdue Pharma sobre cómo «potenciar» las ventas de OxyContin. En Australia, el trabajo de la empresa para la estrategia nacional de descarbonización del gobierno anterior recibió críticas por ser un intento evidente de proteger a la industria australiana de los combustibles fósiles. 

Y una investigación del New York Timeshalló que en Puerto Rico, su filial de inversiones (MIO Partners) estaba posicionada para obtener ganancias con los mismos títulos de deuda que sus consultores estaban ayudando a reestructurar. La lista podría seguir y seguir. Pero como mostramos en nuestro nuevo libro, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps our Economies [Las grandes consultoras/la gran estafa: cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías], estos escándalos son sólo la punta del iceberg. Es verdad que en cualquier empresa hay alguna manzana podrida, pero en el caso de la industria de consultoría, el problema real está en su modelo de negocios subyacente.

 El valor estimado del mercado mundial de servicios de consultoría en 2021 fue entre 700 y 900 mil millones de dólares. Pero a pesar del papel creciente del sector en la vida económica y política, sus actividades casi nunca se ven como lo que son: síntomas de problemas estructurales del capitalismo contemporáneo más profundos. Aunque la industria de consultoría no sea totalmente responsable por la financierización de la economía, el «cortoplacismo» de las corporaciones o el vaciamiento del sector público, es indudable que todo eso la beneficia. 

A lo largo de la historia del capitalismo moderno, las «Big Con» (en inglés: las «grandes consultoras» o la «gran estafa») han estado siempre listas para subirse a cada nueva ola de disfunción. En el sector público promovieron una ola de privatizaciones, reformas administrativas, recurso a la financiación privada, subcontratación, digitalización y austeridad, y obtuvieron de ella grandes beneficios. En el sector corporativo ayudaron a normalizar nuevos modelos de gobernanza, desde la difusión de la contabilidad de costos y de las corporaciones multidivisionales en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hasta el surgimiento del reinado del accionista en la fijación de prioridades y la asignación de recursos.

 Hoy la industria de consultoría promete revertir los mismos problemas que ayudó a crear; de allí el auge de nuevos contratos para la provisión de asesoramiento en lo referido a indicadores «ambientales, sociales y de gobernanza corporativa» (ASG/ESG). No es sorprendente que esta nueva línea de negocios haya traído consigo numerosos conflictos de interés. McKinsey, por ejemplo, asesoró en algún momento a no menos de 43 de las 100 empresas más contaminantes.

 Un hecho muy elocuente fue el papel de las consultoras en la crisis de la COVID‑19. Durante los primeros dos años de la pandemia, los gobiernos gastaron sumas enormes en contratos de consultoría, con resultados dudosos en el mejor de los casos y dañinos en el peor. En Francia, las consultoras estuvieron muy involucradas en la campaña de vacunación. Pero en vez de mostrarse como un ejemplo de eficiencia, el programa francés resultó un desastre. A inicios de enero de 2021 se habían aplicado apenas 5000 dosis, contra 316 000 en Alemania y 139 000 en España (los tres países iniciaron los programas más o menos al mismo tiempo).

 Puede ocurrir a veces que los gobiernos contraten consultoras para cubrir faltantes en sus capacidades propias. Pero por desgracia, se ha convertido en norma otorgarles lucrativos contratos de gran alcance incluso en áreas que obviamente deberían ser parte de las competencias del Estado. Por eso en 2020, un ministro conservador del Reino Unido se quejaba de que a los funcionarios públicos se les negaran una y otra vez «oportunidades para trabajar en algunas de las cuestiones más desafiantes, complejas y gratificantes», y que la dependencia «inaceptable» respecto de las consultoras privadas estaba infantilizando al servicio público.

 Cuando todo se subcontrata, las agencias públicas no pueden desarrollar en su seno las habilidades y el conocimiento que se necesitan para hacer frente a nuevos retos. Y es preocupante. Los epidemiólogos advierten que con la próxima pandemia global, la cuestión no es «si» se producirá sino «cuándo». Tenemos que invertir con urgencia en la capacidad de los gobiernos y de las agencias sanitarias públicas para detectar nuevos brotes y contenerlos antes de que puedan extenderse.

 Al fin y al cabo, las grandes consultoras no siempre son expertas en las áreas para las que se las contrata. Como reveló el New York Times (citando una fuente perteneciente al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), las consultoras que estuvieron detrás de la caótica campaña de vacunación francesa tendían a «importar modelos operativos de otras industrias que no siempre eran eficaces en salud pública». 

Depender cada vez más de grandes consultoras con modelos de negocios extractivos atrofia la innovación y la capacidad estatal, debilita la rendición de cuentas democrática y dificulta discernir los efectos de las acciones políticas y corporativas. Y en una era de disrupción climática, estas consecuencias se han vuelto existenciales. Cuando se desperdician los fondos públicos y otros recursos, y cuando las decisiones en los gobiernos y en las empresas se toman con impunidad y poca transparencia, el costo lo pagamos todos. 

Para colmo de males, la promesa de un trabajo significativo (y mejor remunerado) en la industria de la consultoría está alejando del servicio público a muchos jóvenes profesionales inteligentes y bienintencionados. (Aunque felizmente, hay indicios de que muchos jóvenes consultores se están desilusionando con el sector.)

 El primer paso para combatir cualquier adicción es reconocer el problema; sólo entonces podemos reducir la dependencia. En tiempos de creciente cuestionamiento de las ortodoxias económicas y búsqueda de alternativas, analizar y deshacer el papel de las grandes consultoras en la economía actual puede servir para hallar soluciones. Para crear una economía que funcione mejor, tenemos que invertir en la capacidad y el conocimiento práctico del Estado, reintroducir la idea de propósito público en el sector público y eliminar del sistema la intermediación costosa e innecesaria de la industria de consultoría. 

 Gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de los peligros de una dependencia excesiva de las consultoras (y de la forma de capitalismo que han ayudado a crear). Actores reformistas están desarrollando nuevos modelos de gobernanza innovadores, que van de la creación de consultoras internas en el sector público a «laboratorios» de políticas y programas locales de licitación pública orientados a las comunidades. Para transformar nuestras economías al servicio del interés público es necesario cambiar nuestros conceptos y discursos en relación con el papel del Estado.

 Tenemos que dejar de ver al Estado como un mero agente de rescate y reducción de riesgo del mercado y reconocerlo como un actor económico crucial. Organizaciones privadas y personas con conocimiento y capacidad auténticos pueden seguir siendo una fuente valiosa de asesoramiento. Pero deben asesorar y ser fuente de «consulta» en forma transparente y desde un costado, en vez de asumir una posición de mando y cobrar por sus servicios cualesquiera sean los resultados."                (Mariana Mazzucato  and Rosie Collington , Project syndicate, 02/03/23)

Los pozos negros de Ferrovial

 "De Ferrovial destaca la glamurosa cara A: proyectos internacionales, gestión de aeropuertos. Su reverso son los pozos negros de la cara B, menos conocidos en Washington y Londres. Aunque sí en Polonia, país laxo pero que enjuicia a su filial local, y a un exministro, entre otros. Por corrupción y facturas falsas en la recogida de basuras.

Las actuaciones polémicas cuestionan sus apelaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad, al Estado de derecho, a la competencia y la competitividad basada en la excelencia y el respeto al contribuyente.

El grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por impulsar y participar en tres grandes carteles, asociaciones ilegales de competidores para eliminar la competencia y anular el mercado, coordinando ofertas, precios, condiciones. Y repartirse obras licitadas por el Estado.

La más reciente (2022) fue contra las seis grandes constructoras: el G-7. A la empresa de los Del Pino la multaron con 38,5 millones. Fue por conjurarse, para “tomar un café” semanal con el resto durante 25 años (1992 a 2017) donde se repartían obras, información y criterios para licitar. Entraron en la ruleta proyectos como la Ciudad de la Justicia de Madrid, la línea férrea Madrid-Extremadura, obras del Canal de Isabel II, depuradoras gallegas.

La sanción de la CNMC fue suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional —las tumba todas, incluidas las prohibiciones de volver a participar en concursos públicos— por presunto defecto de forma.

Otra fue al cartel de las carreteras (2014 a 2018): 12 empresas se repartieron 71 de las 101 licitaciones ministeriales. Y el tercero, el de la basura —los concursos de recogida de residuos, multado para el conjunto en 98,2 millones—.

El otro bloque es el soborno político, ya a título individual. Fue sistemático en la Cataluña pujolista. Las sospechas —no comprobadas— empezaron por la adjudicación política y no con criterios técnicos de la autopista Terrassa-Manresa. Y han desembocado en la cuestionada concesión del 061 sanitario: 45 millones desde 2015.

El cogollo fue el caso del saqueo triangular del Palau. Desde 1999 Ferrovial aportó durante un decenio 12 millones al templo musical cuyos dirigentes se repartieron una parte. Al menos 6,6 fueron para Convergència en 10 años, una comisión ilegal no del 3%, sino del 4%: 2,3 millones mediante entregas en efectivo; 2,1 a cambio de facturas falsas al Palau por trabajos para el partido nacionalista; más de medio por “convenios de colaboración permanente”...

En ese tiempo la empresa obtuvo la concesión de la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del Metro (ingresos de 1.159 millones). Negó haber cometido soborno ni tráfico de influencias. La Audiencia acreditó el hecho delictivo cometido por dos de sus altos directivos en el caso Palau. No les pudo condenar a prisión, el delito había prescrito. Pero los hechos son verdad. Judicial."                 (Xavier Vidal-Folch , El País, 15/04/23)

La presidenta de la CNMC critica a la Audiencia Nacional por torpedear todas sus sanciones... señala que el tribunal suspende de forma cautelar “todas y cada una” de las multas impuestas a las empresas

 "La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha acusado a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que el organismo impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una” de las multas e impedir, además, de esta forma que se cumpla el mandato de evitar a esas compañías sancionadas firmar contratos con la Administración Pública.

Fernández, que compareció este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, denunció que el órgano jurisdiccional ordena sistemáticamente la suspensión cautelar de las sanciones porque, en su análisis donde evalúa el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanción, siempre “prima el segundo”.

Por ello, no dudó en reconocer que en la actualidad las prohibiciones a empresas sancionadas por vulnerar las normas de competencia de no poder presentarse a ningún contrato público ni ser adjudicatarias de los mismos “no se están aplicando”, bien porque esta prohibición tiene que ser aplicada por la Junta Consultiva de Contratos del Sector Público, o bien porque todas las empresas solicitan la suspensión cautelar de la multa. Fernández ha apuntado el derecho “perfectamente legítimo” por parte de las empresas de pedir la suspensión cautelar de las sanciones, aunque ha aclarado que eso signifique que la Audiencia tumbe todas las multas cuando dicta una sentencia firme.

Ante esta situación, la presidenta de la CNMC ha abogado por que las resoluciones que dicte el organismo que lidera incluyan la duración y el alcance de la prohibición de contratación con la Administración, teniendo en cuenta el máximo de tres años establecido por ley. Esto aportaría seguridad jurídica, según Fernández, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas españolas, y supondría a su vez un efecto disuasorio “inmediato” en las licitaciones.

También ha apuntado que al ser la CNMC quien impone la sanción, se podrá hacer de una forma más precisa, ya que si es la Junta de Contratos Públicos quien impone la prohibición, esta afectará a todos los negocios de una empresa con relación a todos los entes de la Administración. Así, en el caso de un conglomerado con varias áreas de negocio, la CNMC podrá centrar la prohibición solo en las áreas y licitaciones que considere oportunas. Tras haber sacado a consulta un primer documento de criterios, el organismo de Competencia quiere aprobar ahora una comunicación este mismo año y a poder ser “antes del verano”.

Las declaraciones de Fernández vienen a redundar en la queja histórica de la CNMC de la dificultad de aplicar con carácter inmediato las sanciones muy graves a las empresas que han formado parte de cárteles. Es el caso la sanción de 203,6 millones de euros que impuso Competencia a las seis principales constructoras españolas en julio de 2022 —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado presuntamente durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. La sanción incluía también la prohibición de contratar con la Administración, pero la Audiencia Nacional la suspendió cautelarmente, por lo que las empresas han seguido presentándose y ganando concursos públicos.

Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. Baste un dato para darse cuenta del fenómeno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 más de 1.153 millones de euros en sanciones a las empresas que incumplieron la legislación, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de cada cuatro euros. Pese a ello, Cani Fernández destacó que la labor de la CNMC es muy beneficiosa para el ciudadano, y puso como ejemplo que el ahorro total para los consumidores españoles en 2022 generado por la actividad de este organismo superó los 2.000 millones de euros con decisiones como las rebaja de las tarifas aeroportuarias o la competencia en el transporte ferroviario.

Fusiones e IVA de alimentos

Por otra parte, Cani Fernández ha anticipado una investigación “muy a fondo” de la fusión entre Orange y MásMóvil ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones. La CNMC ha reclamado para sí el análisis de la operación a la Comisión Europea, pero ha admitido que generalmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas.

No obstante, independientemente de la decisión comunitaria, Fernández ha anticipado una “colaboración muy estrecha” entre la autoridad nacional y Bruselas. Además, ha recordado que la CNMC ha analizado recientemente el mercado con la compra de Euskaltel por parte de MásMóvil y el papel de la entidad como reguladora de las telecomunicaciones.

También ha señalado que todos los escenarios son posibles a la hora de poner condiciones a la operación. Por un lado, reconoce la “altísima competencia” del sector y la erosión de márgenes de los operadores, así como el efecto positivo que podría tener la fusión a la hora de desarrollar infraestructuras como el 5G, uno de los argumentos defendidos por Orange y MásMóvil. Sin embargo, por otro lado, ha remarcado que la fusión puede “cambiar completamente el panorama”. Además, ha subrayado la necesidad de analizar si la unión se traducirá en una reducción de competencia sin posibilidad de que haya nuevas llegadas al mercado en alguno de los ámbitos de la misma. La Comisión Europea tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en primera fase sobre la fusión.

Asimismo, Fernández ha indicado que cooperarán con las autoridades de competencia europeas en el análisis de la compra de Air Europa por Iberia, pese a que no han recibido notificación de la operación, “aunque es posible que se esté notificando a nivel europeo”.

Por último, la presidenta de la CNMC ha confirmado que el organismo está estudiando si las grandes empresas de distribución están trasladando o no la rebaja del IVA a los alimentos por su posición de dominio en el mercado. En concreto, se está requiriendo información a grandes superficies para saber “en qué medida” la mayor concentración empresarial en un territorio específico está impidiendo un traslado efectivo de la rebaja del IVA. El Gobierno aprobó en diciembre una rebaja del IVA del 10% al 5% en aceites y pastas, mientras que suprimió este mismo tributo en alimentos básicos para contener el avance de la inflación y, sobre todo, de la cesta de la compra."               (Ramón Muñoz , El País, 23/03/23)