El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

Así paga la Justicia en España a quiénes osan enfrentarse a la mafia: condenados a nueve años de cárcel el juez y el fiscal que investigaron al magnate de la noche balear, Cursach

 "El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados. 

 La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.

 En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones."              (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)

La carrera hacia la libertad de los condenados por Gürtel

 "Desde finales de diciembre, cinco de los principales condenados por la primera etapa de la trama Gürtel han mejorado su situación penitenciaria, en dos de los casos antes de haber cumplido la mitad de la pena. El extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, han visto como la justicia ―en cuatro de los cinco casos en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias― les concedía la semilibertad o, en el caso de López Viejo, salidas diarias restringidas. Sin embargo, cada uno tiene por delante su particular calendario penitenciario, según reflejan diversos documentos judiciales. Cuatro esperan haber reunido los requisitos legales para que un juez les excarcele entre finales de 2024 y 2027.

 Luis Bárcenas. El 27 de diciembre el extesorero acudía al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para comenzar a disfrutar de la semilibertad que días antes le había concedido Instituciones Penitenciarias. Condenado a 29 años y un mes, para entonces Bárcenas hacía más de un año que había cumplido la mitad de los 12 años de cumplimiento efectivo que fijó la Audiencia Nacional. En su caso, la semilibertad era fruto de la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a internos que, como él, están clasificados en segundo grado (el ordinario, en el que está más del 70% de los presos en España) acceder a beneficios del tercer grado, como las salidas diarias. Desde entonces abandona durante 15 horas al día el recinto penitenciario para ir a trabajar. Pese a que esta situación es, prácticamente, un tercer grado, Bárcenas ha intentando sin éxito que se le progrese a esta clasificación. El juez lo rechazó el pasado julio.

Si lo logra finalmente (cada seis meses se revisa la clasificación de los reclusos), obtendría ventajas a corto plazo ―pasaría de 36 días de permiso al año a 48―, pero sobre todo le permitiría aspirar a la excarcelación a medio plazo. Según su calendario penitenciario recogido en el auto de julio, el 20 de septiembre de 2024 habrá alcanzado las dos terceras partes de la pena, lo que le abriría la puerta a que un juez le concediera la llamada “libertad condicional adelantada”, una medida excepcional contemplada en el artículo 91 del Código Penal. Justo un año después cumplirá las tres cuartas partes para aspirar a la libertad condicional ordinaria (artículo 90). Para lograr cualquiera de las dos, además de los respectivos requisitos temporales, Bárcenas tiene que estar clasificado, precisamente, en tercer grado además de haber tenido buen comportamiento y, en el caso de la libertad condicional anticipada, haber “desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales”. El extesorero, que ha realizado un taller de justicia restaurativa y participa en un programa de reinserción para delincuentes económicos, aprovecha sus salidas del CIS para, además de trabajar como contable, colaborar con una ONG. El extesorero extinguirá la pena el 19 de septiembre de 2028.

Pablo Crespo. El que fuera número 2 de la trama Gürtel está condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel, aunque la Audiencia Nacional fijó que el máximo que debe cumplir son 18 años. En diciembre pasado ya había cumplido la mitad. En su caso, y al contrario del extesorero del PP, la justicia sí le ha concedido el tercer grado penitenciario ―lo hizo en febrero―, por lo que en diciembre de 2025, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, podrá aspirar a que el juez le conceda la libertad condicional anticipada. De no lograrlo, en junio de 2027 cumpliría el requisito temporal para la ordinaria. Extinguirá la pena el 12 de diciembre de 2031. El auto judicial con el que se le concedió en febrero la semilibertad en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias se destacaba que Crespo había disfrutado de 11 permisos “sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción. La resolución también destacaba su colaboración con la justicia.

Francisco Correa. Condenado a 105 años y siete meses en siete juicios por corrupción, la Audiencia Nacional fijó para el cabecilla de la trama un máximo de estancia en prisión de 18 años. Aunque aún tiene que sentarse en el banquillo en otros tres juicios, el auto con el que el juzgado le concedió en junio el tercer grado ya destacaba que las hipotéticas condenas no ampliarán su tiempo de estancia en la cárcel. Su acceso a la semilibertad, como pasó con su número dos, se produjo en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias. El juez consideró que era merecedor de este beneficio porque su evolución en prisión había sido “muy positiva” y colaboraba con la justicia, además de tener una oferta de trabajo. Ahora, y con la mitad de la pena cumplida desde 2022, su vista está en julio de 2025, cuando habrá cumplido dos terceras parte de la condena y enero de 2027, cuando alcance los tres cuartos. No extinguirá la pena hasta el 9 de julio de 2031.

Rosalía Iglesias. La esposa de Bárcenas accedió a la semilibertad el pasado lunes después de que la Audiencia Nacional corrigiera a Instituciones Penitenciarias y ordenara aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como al extesorero. Condenada a 12 años y 11 meses de prisión, el tiempo máximo en prisión se le fijó en siete años y seis meses. Al no haber ingresado en prisión preventiva ―al contrario que su marido, Crespo o Correa― su grado de cumplimiento de la pena es inferior aunque esta es más baja. De hecho, aún no ha cumplido la mitad de la misma (lo hará en julio de 2024) y no llegará a los dos tercios hasta octubre del año siguiente. Su calendario penitenciario tiene en rojo otras dos fechas: el 28 de mayo de 2026 habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena y el 11 de abril de 2028 extinguirá el castigo. Como Bárcenas, Correa y Crespo, cumple su condena en el CIS Victoria Kent, del que en breve podrá salir a diario para trabajar y ayudar con una ONG. Además, deberá participar en programas de reinserción por orden del juez.

Alberto López Viejo. El exconsejero de la Comunidad de Madrid es, de los cinco, el que tiene los plazos más largos para la excarcelación. Condenado a 27 años y 10 meses, de los que tiene que cumplir 13 años y nueve meses, López Viejo no cumplirá la mitad de la pena hasta abril del año que viene. De este modo, no alcanzará las dos terceras partes hasta julio de 2027; las tres cuartas partes hasta septiembre de 2028, y no la extinguirá hasta el 13 de febrero de 2032. Aunque aspiraba a que se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el mismo que a Bárcenas e Iglesias―, el juez optó en julio por aplicarle otro artículo, el 117, que le permitirá salir varias veces a la semana para hacer voluntariado con refugiados ucranios a pesar de estar en segundo grado penitenciario. Es el mismo artículo por el que Iñaki Urdangarin abandonó a partir de 2019 varios días a la semana la prisión de Ávila también para colaborar con una ONG. No obstante, el magistrado apuntaba en el auto que, de continuar con la evolución “positiva”, el exconsejero obtendrá “en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 21/08/23)

José Luis López, alias "El turronero", empresario de la construcción que se hizo rico en la España del pelotazo. Condenado por participar en una red de facturas falsas que evadió 10 millones de euros a hacienda. El sábado celebró su cumpleaños con 3.000 invitados... fletó 7 aviones privados para llevar a lo más granado de la sociedad y la política española hasta su fiesta celebrada en Sevilla, donde alquiló el Palacio de Congresos y Exposiciones para montar un sarao gigantesco

PabloMM @pablom_m

José Luis López, alias "El turronero", empresario de la construcción que se hizo rico en la España del pelotazo. Condenado por participar en una red de facturas falsas que evadió 10 millones de euros a hacienda. El sábado celebró su cumpleaños con 3.000 invitados. Entre ellos:

Albert Rivera, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, José Bono, Ángel Acebes, Susanna Griso, Susana Díaz, Pedro J Ramírez, Joan Laporta, Chenoa, Miguel Ángel Silvestre, Bertín Osborne, Fran Rivera, los Morancos, Pitingo, Chenoa o Santiago Segura.

'El turronero' fletó 7 aviones privados para llevar a lo más granado de la sociedad y la política española hasta su fiesta celebrada en Sevilla, donde alquiló el Palacio de Congresos y Exposiciones para montar un sarao gigantesco.

Por supuesto no faltaron las actuaciones en directo: con los chistes de Carlos Latre, la voz de India Martínez, susurrándole al oído al propio turronero, Bertín Osborne destrozando a Frank Sinatra y un Pitingo emocionado. Querido Luis García Berlanga, no sabes lo que te pierdes.

Recordad que 'El turronero' está condenado 3 veces por corrupción. Una de los casos más rocambolescos fue cuando pagó a un policía para conseguirle una pensión de invalidez a la madre de María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique.

José Luis López, alias "El turronero", es natural de Ubrique, un pequeño pueblo de la sierra de Cádiz. Allí preside la Fundación López Mariscal y 2 veces al año recibe a gente de toda la provincia que hace cola durante horas para pedirle cosas.

Y cuando digo "cosas" me refiero a cualquier cosa. Una ortodoncia para el niño, un frigorífico nuevo o dinero para pagar la matrícula de la universidad. 'El turronero' te escucha y si le convences te lo paga. También organiza un sorteo de unas vacaciones para 5 familias pobres.

Porque 'El turronero' todo lo puede. Un niño de 6 años, natural de Ubrique, padecía una enfermedad grave y su mayor ilusión era conocer a La Legión. Pues 'El turronero' llamó a Margarita Robles, Ministra de Defensa, y 150 miembros de La Legión desfilaron por las calles de Ubrique

En la navidad del año 2022, en Jerez de la Frontera (Cádiz), montó una feria con atracciones y un circo. Y allí que se presentó 'El turronero' con el actor Miguel Ángel Silvestre para repartir entradas gratuitas a los niños.

¿Y qué saca 'El turronero' de sus conexiones con la política? Como ya os he dicho ha sido condenado 3 veces: por evadir impuestos, por intento de estafa a la seguridad social y por corrupción en la compra de una estación de autobuses. En las 3 pactó con fiscalía y evitó prisión.

Y se acabó el hilo. Otro día, si queréis, os hablo del bautizo de los nietos de 'El Turronero'. De nuevo, con la presencia de lo más ilustre de la política y la sociedad española.

1:14 p. m. · 3 jul. 2023 747,4 mil Reproducciones

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Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos... Mientras desde los púlpitos y los programas electorales se hacen ampulosas promesas de luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el resto de delitos económicos, los diferentes gobiernos dejan sin recursos económicos a sus organismos de lucha contra el fraude

 "La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los políticos de las graves consecuencias que estaban sufriendo las clases medias y trabajadoras por culpa de los desmanes de las élites dominantes.

Han pasado 14 años y los políticos no han podido frenar la hemorragia con dos consecuencias muy graves. En primer lugar, el crecimiento de los movimientos populistas de extrema derecha que están poniendo en jaque a los sistemas democráticos. En segundo término, el atrincheramiento de esas élites (en muchos casos conformadas por organizaciones criminales) para crear un escenario por el cual se chantajea directamente a los representantes del pueblo para no perder sus privilegios. Dentro de esas prerrogativas se incluyen, además, la protección, la permisividad y la impunidad cuando comenten delitos que atentan contra los intereses legítimos y reales de la ciudadanía.

Uno de los modos en el que los políticos, cuando alcanzan el poder, permiten esa impunidad cuando están en el poder se produce cuando se deja sin recursos a los organismos gubernamentales encargados, precisamente, de la detección de delitos económicos tan graves como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude o las estafas.

El mejor ejemplo de ello se comprobó la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos cuando el jefe de la unidad de lucha contra el crimen financiero (Financial Crimes Enforcement Network) expuso los graves problemas de financiación pública que tienen y las duras consecuencias que ello conlleva.

Himamauli Das fue muy claro: su agencia se está quedando corta en la batalla contra el dinero sucio debido a la falta de recursos. La unidad dispone de profesionales perfectamente preparados para esa lucha, pero la falta de recursos provoca que las transacciones sucias no sean detectadas, sobre todo porque los ricos, los banqueros y los criminales van siempre por delante, por ejemplo, con las transacciones en criptomonedas que dificultan el conocimiento del destinatario final de las mismas.

«No cumplimos los plazos. Para ser siceros, es probable que sigamos haciéndolo porque nuestra situación presupuestaria nos ha obligado a hacer concesiones significativas entre prioridades contrapuestas», afirmó Das.

Una prioridad clave para esta agencia es la creación de la base de datos o registro de propiedad exigido por la Ley de Transparencia Empresarial que obliga a millones de empresas constituidas en los Estados Unidos a informar de los nombres de sus verdaderos propietarios al gobierno federal. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de cumplimiento de los bancos y otras instituciones financieras tendrían acceso a la base de datos, lo que les permitiría realizar investigaciones más fácilmente o cerrar cuentas con vínculos a criminales.

Sin embargo, la respuesta de los políticos que ocupan ahora el poder, es decir, de Joe Biden y los demócratas fue proporcionar varias decenas de millones de dólares menos de lo que había pedido. «El Congreso ha dejado a la agencia luchando para implementar piezas clave de la histórica ley contra el lavado de dinero sin recursos», dijo Das. Así es como se protege desde la clase política a los ricos que evaden impuestos, a los criminales que blanquean dinero y a los bancos a través de los que se canalizan las transacciones.

Además, siempre cuentan con el apoyo de jueces y fiscales que son tan favorables a proteger los desmanes de los poderosos mientras dedican sus recursos a perseguir los delitos menores. Los ejemplos son muchos. En Estados Unidos, tal y como publicó Diario16, se condenó y encarceló a Natalie Edwards, la funcionaria que filtró a un periodista decenas de miles de documentos donde se descubrieron operaciones de blanqueo de capitales a través de los principales bancos del mundo por valor de más de 2 billones de dólares.

En España, la Audiencia Nacional archivó una causa de blanqueo de capitales en la que estaban implicados el Banco de Santander, BNP y HSBC a pesar de que los informes periciales del Banco de España demostraban que se había producido ese lavado de dinero.

Las empresas anónimas son una gran vulnerabilidad en la lucha global contra la evasión fiscal y el blanqueo. Los cárteles de la droga, los oligarcas, los déspotas y la élite mundial utilizan este tipo de herramientas para ocultar fortunas a las autoridades fiscales y las fuerzas del orden.

Establecer un registro de propietarios reales de empresas fue una reforma clave que, según los expertos, es necesaria implementar a nivel mundial.

Sin embargo, eso no será posible si los políticos no dan financiación suficiente para que la lucha contra los delitos económicos de bancos, ricos y criminales sea eficiente.

Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos denuncian, precisamente, la falta de interés por parte de los políticos de las principales potencias en conceder suficiente financiación para ello. Es decir, denuncian que la clase política no se toma en serio uno de los mayores problemas de la humanidad que más desigualdad está creando.  Por ejemplo, en Estados Unidos, el FinCEN cuenta con sólo 300 empleados, incluidos analistas de datos, investigadores, oficinas de cumplimiento y expertos en políticas. Eso en el país que es el centro del capitalismo mundial, donde se encuentran las principales entidades financieras mundiales y desde donde, tal y como mostraron los documentos filtrados por Edwards, se inician muchas de las grandes operaciones de blanqueo.

Ese fue uno de los puntos en los que el director del FinCEN se centró, en la escasez de personal. Y no se dejó nada en el tintero, sobre todo al recalcar que tienen un grave problema por la escasez de analistas para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas para mover dinero de forma encubierta. «Nos enfrentamos continuamente a desafíos en términos de tratar de averiguar quién está disponible para trabajar en problemas de criptomonedas para poder combatir esas finanzas ilícitas», dijo Das ante el Congreso.

Así es cómo se mantiene la impunidad de las élites, lícitas e ilícitas y de ello sólo es responsable la clase política que se olvida que ha sido elegida por el pueblo para representar al pueblo, no a las élites que ni siquiera se dignan a ir a un colegio electoral a depositar su voto porque los bancos, los ricos y los criminales son los que siempre ganan las elecciones dado que nunca hay políticos con las agallas suficientes para enfrentarse a esos poderes antidemocráticos que someten a la ciudadanía con total impunidad."                     (  J. A. Gómez, Diario16, 04/05/22)

Un juez dicta orden de detención para unas hermanas denunciantes de corrupción en Tarragona... Judith y Nathalia Martínez Velasco alegan que el juez, al que recusaron, demuestra una "manifiesta enemistad" por haber denunciado ellas una presunta trama de corrupción relacionada con embargos y subastas irregulares.

 "Sobre las hermanas Nathalia y Judith Martínez Velasco, pediatra y economista respectivamente, pesa en estos momentos una orden de búsqueda y detención dictada por el juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell (Tarragona). Estas hermanas catalanas no salen de su asombro y achacan la grave medida en su contra a "represalias" por su condición de denunciantes de una supuesta trama de corrupción instalada precisamente en el entorno de los juzgados de esa localidad catalana. 

El origen de la causa por la que las hermanas son requeridas en el juzgado de El Vendrell se enmarca en la guerra judicial que la familia emprendió en 2009 cuando, en el proceso de divorcio de Nathalia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de Catalunya retiró a la madre la custodia de la hija en común, de ocho años. Fueron muchos años los que esta pediatra estuvo sin poder ver a su hija, culpabilizada por los Servicios Sociales, en un principio, de influir en el retraso en el habla de la pequeña. Es un caso paradigmático de los muchos expedientes de desamparo que dictan injustamente-- y sin necesidad de requerir orden judicial-- los Servicios Sociales en todo el Estado y que acaban destrozando a menores y a sus madres principalmente.

Un año después del expediente de desamparo que provocó la retirada de la custodia y la entrega de la niña al padre, la DGAIA tuvo que retractarse de su informe, al constatar que la pequeña continuaba con sus problemas en el desarrollo del habla sin haber tenido contacto con la madre, pero, en vez de enmendar la situación, continuaron sin permitir las visitas maternas. Un despropósito que no corrigieron los juzgados de Tarragona hasta mucho tiempo después. Nathalia estuvo cuatro años y medio sin ver a su hija y después pudo hacerlo en un punto de encuentro durante dos años hasta que recuperó la patria potestad y la custodia compartida con el padre. 

Más complicaciones: la casa no se vende

La lucha judicial se complicó porque el exmarido de Nathalia perdió el uso exclusivo de la casa donde vivía con la niña, y que era propiedad también de la madre, al establecerse la custodia compartida. Una sentencia obligaba a vender la casa pero el exmarido pretendía que saliera a subasta con el fin de poder adquirirla él a bajo precio a través de la interposición de un testaferro, según denuncian Nathalia y su hermana. 

Es a partir de ahí cuando estas hermanas en sus acciones judiciales para que se ejecutara la sentencia que obliga a vender la casa --que a día de hoy aún no se ha vendido--, se toparon a partir de 2018 con una presunta trama formada por letrados de la Administración de Justicia en El Vendrell y un bufete de abogados que acabaría realizando "estafas procesales", según consta en varias demandas interpuestas por Nathalia y Judith Martínez que han llegado hasta la Audiencia Nacional, con el objetivo de ganar dinero a costa de subastas y embargos presuntamente irregulares. 

Mientras todo este asunto se cocía en los juzgados, la madre de Judith y de Nathalia presentó una denuncia por presunta agresión contra el exmarido de esta última. En las diligencias constan como testigos las dos hermanas, aunque nunca llegaron a declarar, porque la causa se archivó ante el informe de la forense por no percibir lesiones.

El exmarido presentó entonces una denuncia por denuncia falsa contra las dos hermanas y su madre, pero Nathalia y Judith no fueron denunciantes, sino testigos por lo que no habrían podido cometer un delito de denuncia falsa. Pese a ello, el juez admitió la denuncia. Se trata del juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell, donde recayó la denuncia que ha derivado en la orden de detención contra estas hermanas catalanas. 

El juez, recusado

En las diligencias abiertas por el juez Moreno Bolumar, Judith y Nathalia figuran como investigadas por un presunto delito de denuncia falsa. "Nosotras en un recurso de reforma le dijimos al juez que revisara el procedimiento inicial y se daría cuenta de que figuramos en calidad de testigos. Pero el juez respondió que nada tiene que ver ni importa el procedimiento previo [diligencias previas 43/17]; lo cual es una presunta prevaricación porque pretende imputar un delito sin estar tipificado", explica a Público Judith Martínez Velasco. 

Las hermanas presentaron una querella contra el juez y le recusaron por "enemistad manifiesta y un claro interés directo en el pleito".  "Pero el juzgado no tramitó la recusación porque dijo que había un defecto por no estar firmada la recusación por mi hermana --explica Judith --. Se aportó recurso demostrando que sí estaba firmada. El juzgado nunca ha resuelto este recurso".

Las hermanas han presentado hasta en tres ocasiones la recusación contra el juez, pero este ha seguido dictando autos y providencias en relación con la causa, haciendo caso omiso a su recusación, según denuncian ellas. El artículo  60 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que cuando el juez recusado "no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa alegada para la recusación, se mandará formar pieza separada. Esta contendrá el escrito original de recusación y el auto denegatorio de la inhibición. Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con arreglo a la Ley". 

Según los recursos de estas hermanas, a los que ha tenido acceso este medio, nada de lo que dice el anterior artículo se ha cumplido en este caso. "La Ley también dice que si el juez recusado es un juez de instrucción puede practicar, bajo su responsabilidad, aquellas diligencias urgentes que no puedan dilatarse hasta que su sucesor se encargue de continuar la instrucción --dice Judith-- pero hace nueve meses que le recusamos, ha tenido tiempo de trasladar la causa a  un sustituto y no lo ha hecho". 

Citación para declarar

El juez indica en su auto de orden de búsqueda y detención, de fecha de 16 de diciembre pasado, contra Judith y Nathalia Martínez Velasco que estas no han comparecido al llamamiento judicial efectuado en cuatro ocasiones, desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre pasado. Sin embargo, las hermanas tienen otra versión. "Nosotras no vivimos en Catalunya, mi hermana vive en Ávila y yo en Francia. El 5 de octubre y el 20 de noviembre ya le dijimos, mediante recursos presentados en el juzgado, dónde tenía que enviar los exhortos para que los juzgados de nuestras ciudades nos citasen. O sea, que antes de la orden de detención ya tenía nuestros domicilios, pero ha hecho caso omiso para acabar dictando orden de detención", dice Judith

Esta economista cree que el juez está tratando de evitar a la Audiencia Nacional, competente en cuanto a euroórdenes. "Pretende, instruyendo y ejecutando una orden de detención ilegal, eludir la competencia de la Audiencia Nacional, y no enviar la euroorden fundamentada a ese organismo para que ningún otro órgano judicial conozca lo que está pasando en su juzgado con nuestro caso". Al vivir ella en Francia, el exhorto para declarar debe dirigirse a los tribunales franceses a través del Ministerio de Justicia, y la orden de detención debe ser una euroorden.

Las hermanas consideran que son víctimas de represalias porque "somos denunciantes de corrupción institucional y pese a haber una ley europea que nos protege en el feudo de El Vendrell nada de eso se cumple"."                  (Ana M. Pascual, Público, 27/12/21)

La institucionalización de la corrupción es la verdadera «nueva normalidad»... Según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, los niveles de corrupción globales están estancados, lo que supone una normalización de un fenómeno que destruye las democracias

 "Una preocupante nueva normalidad en la corrupción se ha afianzado a nivel internacional. Esta es la principal conclusión a la que llega Transparencia Internacional en su informe anual. Al mismo tiempo destaca el papel de los facilitadores para ayudar a la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción encuentra niveles de corrupción estancados para la mayoría de los países en los últimos 10 años. Con la rendición de cuentas y la transparencia retrocediendo en medio de la pandemia de COVID-19, varios países con porcentajes altos de corrupción están en declive, señala el informe.

Europa Occidental sufrió varios intentos de socavar los esfuerzos anticorrupción durante la pandemia. El gobierno del Reino Unido se vio envuelto en un escándalo de adquisiciones por la adjudicación de contratos sin el escrutinio o la competencia habituales. Y la Comisión Europea reprendió a Chipre por vender ciudadanías a ciudadanos extranjeros ricos a través de los visados dorados.

Estados Unidos tampoco logró reformarse, incluso cuando intentó tomar medidas enérgicas contra los delitos financieros. En 2021, Congreso y Senado aprobaron una legislación que, en teoría, iba a aumentar la transparencia corporativa al exigir que las empresas faciliten información sobre sus beneficiarios finales a una oficina gubernamental. 

Los países latinoamericanos, incluidos Brasil, Venezuela, El Salvador y Colombia, experimentaron reveses antidemocráticos con líderes que difundieron información errónea, sofocaron el activismo y desplegaron una fuerza policial excesiva. Transparencia Internacional encontró a los países centroamericanos Nicaragua, Guatemala y Honduras en un mínimo de 10 años en términos de corrupción y democracia. La pandemia también se usó «como una cortina de humo para introducir nuevas restricciones a los derechos y la rendición de cuentas» en Asia Central y Europa del Este, que fue la segunda región con el desempeño más bajo en el índice.

Las libertades civiles en el África subsahariana y Asia también han seguido disminuyendo, según el informe de Transparencia Internacional. Aunque el presidente chino, Xi Jinping, instituyó controles para mejorar el crecimiento económico, China todavía está muy débil en el respeto a los derechos humanos débiles. A los países de Oriente Medio les va igual de mal, con las autoridades arrestando a algunos de los números más altos de periodistas en todo el mundo en el último año.

El secreto en los países «limpios» permite la corrupción

El informe cita ejemplos que aparecen en los Papeles de Pandora sobre cómo los facilitadores del sector privado ayudan a la corrupción incluso en los países con una mayor implicación en la lucha contra la corrupción y el crimen.

Transparencia Internacional no duda y señala directamente a los proveedores de servicios corporativos, los agentes inmobiliarios y los bancos que ayudan a los líderes corruptos a mantener redes ilícitas mientras eluden la regulación y la rendición de cuentas.

«El escándalo de los Papeles de Pandora es solo el ejemplo más reciente de cómo muchos países con los puntajes más altos permiten que políticos y oligarcas de todo el mundo afiancen su riqueza. Varios actores en los países con mayor puntaje están demasiado ansiosos por ayudar a los líderes autoritarios y cleptocráticos a limpiar no solo su dinero, sino también su reputación», afirma Transparencia Internacional."                   (J. Antonio Gómez, Diario16, 06/02/22)

La corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho.

 "Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo... si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa. 

 Los policías, ficales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. 

Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo. El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. 

Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari. Las opciones que le dejaron a Magu para defenderse fueron escasas. Durante varias semanas le impidieron acceder a las pruebas en su contra, y en reiteradas ocasiones le negaron la autorización para dirigirse al grupo de investigación y hacer repreguntas a los testigos. 

 Además, nunca se revelaron las instrucciones, los términos de referencia ni el cronograma que debía respetar el grupo de investigación. Esto no solo impidió a Magu —quien supervisó el enjuiciamiento exitoso de numerosos políticos de alto rango por cargos de corrupción y la confiscación de millones de dólares de activos obtenidos ilícitamente— seguir haciendo su trabajo, sino que además lo dejó expuesto a un incesante proceso de intimidación. Olanrewaju Suraju, uno de los activistas anticorrupción más famosos de Nigeria, enfrenta actualmente un patrón de ataques de persecución judicial similar. 

Este año, el ex fiscal general nigeriano Mohammed Adoke acusó a Suraju de forjar evidencia para un juicio por corrupción en Milán, Italia, que involucra a las multinacionales Shell y Eni. Las acusaciones contra las empresas —que finalmente fueronabsueltas— se relacionaban con la adquisición de un bloque petrolero nigeriano en alta mar conocido como OPL 245.

 Después de las acusaciones de Adoke, una unidad policial dedicada a investigar negligencias policiales y supervisada directamente por el líder de las fuerzas policiales nigerianas detuvo a Suraju para interrogarlo, quien demostró que había obtenido los documentos en cuestión de las autoridades italianas, gracias a una solicitud de asistencia legal mutua al Reino Unido. (Los documentos se habían hecho públicos en un caso en los tribunales de Londres que Nigeria había iniciado contra JP Morgan Chase, el banco que se ocupó de los pagos por la adquisición del campo OPL 245). Gracias a eso se desestimaron las acusaciones de falsificación contra Suraju, pero sus problemas distaban de haber terminado. 

En los meses siguientes la unidad policial lo obligó a viajar reiteradamente 300 millas (480 km), desde su casa en Lagos hasta la central en Abuja, para interrogarlo nuevamente. El hostigamiento continuó incluso después de que Suraju obtuvo una orden judicial para impedirlo. Actualmente Adoke enfrenta cargos criminales en Nigeria por acusaciones de delitos durante el acuerdo del OPL 245, pero eso tampoco ayudó demasiado a Suraju, que ahora enfrenta otras acusaciones: el acoso cibernético a Adoke y su difamación. La demanda señala que Suraju hizo circular un correo electrónico falso y manipuló conversaciones telefónicas para implicar a Adoke en el asunto del OPL 245. 

De hecho, lo único que hizo fue difundir documentos que se habían publicado durante el juicio en Milán y repetir declaraciones realizadas por el gobierno nigeriano en un tribunal abierto. Las nuevas acusaciones contra Suraju forman parte de una cláusula de una ley contra delitos informáticos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de Estados de África Occidental instó a Nigeria a revocar o enmendar porque infringe el derecho a la libertad de expresión. Y el gobierno nigeriano prometió hacerlo. Mientras tanto, en Italia, Fabio De Pasquale —el fiscal en el juicio de Milán contra Shell y Eni— y su colega Sergio Spadaro enfrentan acciones judiciales porque supuestamente no compartieron evidencia con la defensa. La evidencia en cuestión incluye una filmación cuya transcripción, según los registros del tribunal, Eni tuvo en su poder durante años. 

 La oficina del fiscal de Milán y la República Federal de Nigeria están presentando una apelación en el caso contra Shell y Eni, pero debido a las acusaciones que enfrenta es probable que De Pasquale —quien previamente logró enviar a la cárcel a dos primeros ministros italianos acusados de corrupción— sea retirado como fiscal principal en la apelación. También hay motivos para desconfiar de la legalidad del primer juicio: Desde la absolución, la prensa italiana se llenó de acusaciones que, de confirmarse, plantean serias dudas sobre la integridad del fallo judicial. Las primeras dudas sobre la probidad del juicio surgieron en febrero de 2020.

 De Pasquale trató de incluir una declaración de Piero Amara —ex abogado externo de varios gerentes de Eni— que confirmaba que la empresa había vigilado a los fiscales, jueces y testigos clave. Su pedido fue rechazado. Amara supuestamente afirmó también que los abogados de Eni tuvieron acceso «preferencial» a los jueces durante el caso del OPL 245, algo que Eni rechaza. Pero quien por entonces dirigía la fiscalía de Milán, Francesco Greco, confirmó que tanto De Pasquale como Spadaro sufrieron «intimidaciones» y que hubo intentos por «deslegitimar al fiscal de Milán».

 Claramente, la corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan para mejorar sus chances, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho."                    (Eva Joly Project Syndicate, 23/11/21) 

La investigación de delitos fiscales se desploma en la última década. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, revela que la investigación de los delitos fiscales se ha desplomado un 76% en los últimos años.

 "Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) revelan que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, mientras que las cuotas defraudadas en los presuntos delitos denunciados cayeron un 85%; después de proponer complementar el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal con la modificación del delito fiscal en el Código Penal.

Desde el sindicato denuncian que es caída a las normas internas de la AEAT, las cuales impiden terminar a los Técnicos de Hacienda las investigaciones de los delitos fiscales que descubren y concentran la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipos. De igual modo, señala que la AEAT viene primando el número de comprobaciones sobre autónomos y pequeñas empresas, a los que dedica el 80% de los efectivos, en lugar de poner la lupa sobre las grandes fortunas y grupos empresariales.

Piden que les dejen investigar

Por ello, desde Gestha reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que les permitan investigar los fraudes más sofisticados y abultados, pues el fraude fiscal provoca unas pérdidas en España de unos 91.600 millones de euros anuales, que en nuestro país cada año se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y que la economía española sumergida es un 65% mayor que la media europea.

A pesar de que la AEAT denuncie menos casos, el aumento de procesos penales investigados por los tribunales de Justicia exige a la AEAT que designe a 885 funcionarios al peritaje y auxilio judicial, la mayoría Técnicos de Hacienda. Y los Técnicos en la Intervención General del Estado (IGAE), especialistas en auditoría y contabilidad son designados al auxilio judicial en los procesos relacionados con la corrupción. De igual modo, explican que la Unidad de apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción está integrada por Técnicos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado dada su alta cualificación.

Soluciones en los Presupuestos Generales

Desde el sindicato también ofrecen soluciones que, según ellos, se podrían incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Tres medidas “organizativas y operativas necesarias para reducir la economía sumergida”, en la antesala de la previsible aprobación por el Consejo de ministros.

La primera sería la creación de un Cuerpo superior técnico que permita aumentar las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude en la AEAT, y el 90,8% de los funcionarios que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones en la IGAE.

Las otras dos medidas para luchar contra el fraude pasarían por aumentar la plantilla de la AEAT a medio plazo entre 15.000 y 17.500 efectivos más hasta equipararnos a la media de las Administraciones tributarias europeas, y por encargar a expertos independientes que realicen estimaciones periódicas de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España para promover que, de una vez por todas, se reduzca el fraude que crece desde 1980.

Según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), “reclamamos a la Ministra María Jesús Montero que valore el trabajo altamente especializado que desarrollan los Técnicos en el Ministerio de Hacienda, como lo reconocen los órganos judiciales y fiscales. Sobre todo en momentos como el actual, en los que el aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público”.              (El Salto, 26/10/20)

Un abogado presentó ante la Comisión Europea una denuncia por corrupción judicial sistémica... una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”»... y por la impunidad que desde el Poder Judicial se le da al Banco Santander

 "España ha sido denunciada nuevamente ante la Comisión Europea por corrupción judicial, y no será la última, puesto que la ciudadanía ya está harta del funcionamiento de la Justicia, sobre todo en lo referido a la priorización de los intereses de las élites frente a los del pueblo. 

 La denuncia ha sido presentada por un abogado que tiene que luchar día a día contra esas dictaduras privadas que tienen contralados los tribunales a través de terceros, por medio del lobby de los grandes bufetes.

La denuncia, a la que Diario16 ha tenido acceso, parte de los datos del Eurobarómetro que constatan el amplio descredito de la Justicia entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.

Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales «por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales», indica el documento presentado a la Comisión Europea.

Además, la denuncia hace referencia a los datos del CIS en los que se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción».

La denuncia, además, hace referencia a que dentro del propio poder judicial existen profesionales que, desde el anonimato, «han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de los informes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales12 sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos».

Hay que recordar cómo el mal funcionamiento sistémico de la Justicia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Servicio de Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en los que el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como publicamos en Diario16.

La denuncia incide en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los abogados, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces archiva todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirma en el documento.

La denuncia incide en el hecho de que todas las quejas y los actos denunciados por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil ponen de manifiesto que en España no es operativo formular denuncias por las actuaciones de los jueces ante el CGPJ porque son archivadas sin «siquiera incoar el correspondiente expediente para realizar una mínima investigación de los hechos, razón por la que nos vemos obligados a formular esta denuncia ante la Comisión Europea para que realmente se lleve a cabo una investigación para esclarecer la situación de corrupción judicial sistémica consentida por el Reino de España», se indica en el documento.

Como ejemplo muy claro de la situación de presunta corrupción judicial, la denuncia muestra el caso del trato que desde el Poder Judicial se le da al Banco Santander.

En la denuncia se ponen como ejemplo todos los casos, causas, demandas, procedimientos o querellas en las que el Santander se ha visto favorecido por las decisiones judiciales, incluso creando doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que los miembros de la familia Botín, altos directivos, consejeros o la propia entidad cántabra fuera condenada.

Uno de los elementos que fundamentan la puesta como ejemplo del Santander en la denuncia por corrupción judicial se halla en la impunidad que parece tener el banco presidido por Ana Patricia Botín: «las cesiones de crédito y la doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón Real coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario» se afirma en la denuncia que agrega «los 7.000 millones de euros de Valores Santander y el diferente trato que se dio a dicho producto tóxico del Banco Santander respecto a las preferentes de Bankia, judicial y mediáticamente».

Por otro lado, la denuncia indica la perfecta complicidad entre Santander y el despacho Uría y Menéndez, uno de los grandes bufetes que forma parte del lobby que controla a la Justicia española y que, en este caso, podría estar garantizando esa presunta impunidad tanto del Santander como de la familia Botín.

El documento hace referencia a un hecho que estos lobbies realizan, no sólo con el banco cántabro, sino con todos los representantes de las élites y las dictaduras privadas que ejercen su poder oculto en contra de los intereses del pueblo. Esta actitud es la referida a que trabajan «con Dios y con el diablo», es decir, saltándose la deontología y la buena praxis profesional al obviar conflictos de intereses: «la familia Pérez Dolset ganaba los pleitos hasta la entrada en escena de Uría y Menéndez con su abogado estrella, Jesús Remón Peñalver, ante el Tribunal Supremo».

Además, se hace referencia a la supuesta endogamia entre el Santander y su bufete de cabecera, donde ya trabajan «Marta Ríos Estrella socia de Uría y mujer de Javier Botín y a Francisco Javier Illescas que pasó de socio de Uría a lo más alto de la asesoría jurídica del Santander». Además, no hay que olvidar cómo Manuel Echenique Sanjurjo, hijo del vicepresidente del banco cántabro, Rodrigo Echenique, también es socio de Uría y Menéndez.

La connivencia que la ciudadanía ve entre la banca y la Justicia llega a su punto máximo cuando es el Santander el que tiene que dar cuentas ante los tribunales. Hay juzgados en España en los que todas las causas que llegan de la entidad cántabra son archivadas. La Audiencia Nacional, en concreto el juez Fernando Andreu, archivó el caso de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, lo que era un claro ejemplo de evasión fiscal. Baltasar Garzón, archivó la querella de Rafael Pérez Escolar por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas en relación de la compra de Banesto y que fue calificada como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española». Todo esto ocurrió tras el escándalo de los cursos de Baltasar Garzón en Nueva York que fueron patrocinados por el Santander.

Las puertas giratorias de la Justicia también favorecen a la banca. Hablamos mucho de la transferencia de cargos políticos a la empresa privada pero pasa desapercibida cómo jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dejan sus puestos para trabajar como abogados en bufetes privados defendiendo a las entidades que, precisamente, fueron juzgadas por ellos mismos. El caso del juez Gómez Bermúdez es uno de los más paradigmáticos porque en su momento intentó ser presidente de sala en la querella de Pérez Escolar o fue el ponente de la doctrina Botín.

En la denuncia se incluye una frase con la que finalizaba el reportaje de la revista La Clave sobre los lobbies de la Justicia que es muy esclarecedora: «Estos nuevos letrados, lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales, se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su agenda de contactos desempeña un papel estelar».

La influencia de estos lobbies en favor del Santander son el mejor ejemplo de que la denuncia presentada ante la Comisión Europea está fundamentada en hechos. No hay más que ver a los asistentes de la presentación del libro Se vende banco por un euro de Manuel Medina, asesor y lobista del banco cántabro, en el que se encontraban miembros de todos los poderes de la democracia mano a mano con los representantes de las élites económicas, financieras y empresariales de este país.

¿Hay corrupción judicial en España? Son muchas las denuncias interpuestas por la sociedad civil y por ciudadanos que así lo muestran. Esta es una más y sólo se podrá revertir la situación con una revolución absoluta del tercer poder que busque de una manera definitiva la absoluta independencia de los tribunales respecto a los intereses de los poderes financieros o de las grandes familias. Sólo así en España se logrará que la Justicia sea justa."                  (José Antonio Gómez, Diario16, 05/11/20)

Delito de cuello blanco, sin castigo. Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y otras partes, en lugar de combatir los delitos que son lucrativos para los delincuentes pero costosos para detectar, han dirigido sus recursos limitados contra quienes intentan descubrir esos delitos

 "Aunque mucho se debate sobre el rol apropiado del gobierno en la sociedad, pocos cuestionarían que la aplicación de la ley cae dentro de la órbita del estado. Pero los gobiernos, cada vez más, hacen la vista gorda a la aplicación de las leyes contra los delitos más lucrativos del mundo: el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva, los sobornos y el lavado de dinero cometidos por gente de buen pasar.

 En parte, este incumplimiento se puede atribuir a una falta de recursos. Las autoridades encargadas de aplicar la ley muchas veces no están a la altura de las técnicas sofisticadas de los delincuentes de cuello blanco, que se perpetran con la asistencia de abogados y contadores bien remunerados. 

Pero el mayor problema es que, cada vez más, los esfuerzos de cumplimiento de la ley no están dirigidos a los delincuentes sino a los periodistas que intentan descubrir sus delitos. Consideremos el caso de Wirecard, el procesador de pagos y proveedor de servicios financieros alemán. La empresa, hasta hace poco una predilecta de los inversores, resultó ser uno de los mayores fraudes en la historia de posguerra de Alemania. 

En un clásico esquema Ponzi, la compañía dijo haber depositado dinero en el exterior que nunca existió. Como con los escándalos de Enron y Bernie Madoff, los contadores, abogados y reguladores que supuestamente debían salvaguardar la integridad del sistema financiero fueron cómplices. 

Además de no cumplir en absoluto con su trabajo, apuntaron sus armas contras los periodistas que intentaron exponer el fraude. Por ejemplo, el regulador financiero de Alemania, BaFin, llegó a presentar una demanda penal en abril de 2019 contra Dan McCrum y Stefania Palma, dos periodistas del Financial Times que investigaban las prácticas y los reportes falsos de Wirecard. La procuración de Múnich no cerró su investigación contra McCrum

 y Palma hasta el 3 de septiembre de este año, más de dos meses después de que Wirecard ya había sido forzada a la quiebra y de que su CEO, Markus Braun, ya estaba preso a la espera de una investigación criminal completa. Aparentemente, la información engañosa que la compañía y sus agentes contratados presentaron ante los reguladores fue considerada más creíble que los informes de los periodistas que trabajaban para una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo. 

Éste no es un caso aislado. Si bien el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva y el lavado de dinero siguen siendo considerados delitos en la mayoría de los países, su control está declinando a pasos acelerados, y en ningún lugar más que en Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump.

 Como documenta mi colega John C. Coffee, de la Facultad de Derecho de Columbia, en su nuevo libro Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement, las acciones de aplicación de la ley contra las corporaciones cayeron un 76% en comparación con la era de Obama, y un 26-30% en el caso de los delitos de cuello blanco en general. Al ritmo actual, no pasará mucho tiempo para que los delitos financieros sean encubiertos por completo. 

 Algunos podrían decir que este control no merece el esfuerzo. En un artículo titulado en referencia a la famosa novela de Fiódor Dostoyevski “Crimen y castigo: un abordaje económico”, el difunto economista y premio Nobel Gary Becker (uno de los fundadores del campo del derecho y la economía) sostenía que la cuestión clave para la aplicación de la ley no tiene tanto que ver con la moralidad como con los costos y beneficios. Como la aplicación de la ley en sí misma tiene un costo, Becker preguntaba: “¿cuántos recursos y cuánto castigo deberían utilizarse para aplicar diferentes tipos de legislación… cuántos delitos deberían permitirse y cuántos delincuentes deberían quedar sin castigo?”

 Estas cuestiones normativas, sostenía, deberían estar determinadas por la “pérdida social” neta; vale decir, la diferencia entre los perjuicios a la sociedad y los beneficios para los criminales. Según este razonamiento, se desprende que cuanto mayores los beneficios para los delincuentes, más probabilidades de que contrarrestaran la pérdida social, especialmente a la luz de los altos costos de monitorear los delitos de cuello blanco.  

Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y otras partes parecen haber escuchado el consejo de Becker. En lugar de combatir los delitos que son lucrativos para los delincuentes pero costosos para detectar, han dirigido sus recursos limitados contra quienes intentan descubrir esos delitos y la complicidad del estado en ellos. 

En consecuencia, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) supo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) estaba a punto de informar sobre miles de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) sin responder que habían sido presentados ante la agencia, emitió un comunicado advirtiendo que la publicación no autorizada de documentos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional constituye un delito. 

El Departamento de Justicia, agregó la agencia, ya había sido notificado.Sin dejarse intimidar, el ICIJ difundió su exposición sobre los “Archivos de la FinCEN” el 20 de septiembre, detallando cómo grandes bancos globales –entre ellos JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered y Deutsche Bank- presentaban un SAR tras otro y, al mismo tiempo, seguían beneficiándose con las actividades de clientes sospechosos que estaban desplazando miles de millones, si no billones, de dólares. 

Según la ley actual, presentar un SAR no exige que un banco deje de brindar servicios al cliente en cuestión, pero debería al menos encender una señal de alarma dentro de la institución. No lo hizo. Por el contrario, los bancos mantuvieron el rumbo y siguieron sumergiendo en papelerío a 267 agentes mal pagos y excedidos de trabajo de la FinCEN. Entretanto, “vigilantes del mercado” contratados ganaban más desviando las investigaciones de sus clientes que monitoreando sus actividades. 

Los asesores legales y los contadores de Wirecard aparentemente embolsaron en conjunto 120 millones de libras (150 millones de dólares) por año antes de la liquidación de la compañía. Los archivos de la FinCEN no tienen todos los detalles dramáticos de la bomba de los “Panama Papers” de 2016 del ICIJ, que reveló una evasión impositiva descarada por parte de estrellas del deporte y políticos prominentes, cometida con la ayuda de la firma legal panameña Mossack Fonseca. De hecho, gran parte de lo que contienen los archivos de la FinCEN ya se conocía desde hace un tiempo. 

Tal vez ésta sea la razón por la que la noticia se reciba con indiferencia –Cuanto más cambian las cosas…, como dicen los franceses. Pero aún si el comportamiento escandaloso de parte de los grandes bancos no es nada nuevo, todos deberíamos estar profundamente preocupados por la complicidad de los vigilantes y de las autoridades de cumplimiento de la ley en delitos altamente lucrativos. No sólo le han dado la espalda a la ilegalidad descarada; han demostrado que están más que dispuestos a amordazar a la prensa libre en el proceso."                       

(Katharina Pistor, Professor of Comparative Law at Columbia Law School, Project Syndicate, 24/09/20)

“Si hubiera hecho la vista gorda, habría permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando”

"Lo que lleva pasado Roberto Macías solo lo sabe él, su familia y su círculo de amistad. Carga un calvario surrealista y doloroso desde que decidió no hacer la vista gorda a la corrupción del sindicato UGT-Andalucía. Destapar a la prensa, cuando era administrativo de compras del sindicato, la trama de facturas falsas para justificar subvenciones millonarias para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía, lo está pagando a precio de oro.

Ahora, tras un camino tortuoso, la distopía no ha sido suficiente. El pasado 13 de mayo recibió la sentencia de la jueza Ana María León estimando que las facturas denunciadas por Macías son “información reservada y sensible” y que han de ser protegidas como un secreto lícito de cualquier empresa. Por ello, la jueza le solicita dos años de prisión por revelación de secretos.

El resultado de la sentencia – contra la que Macias ya está preparando el recurso- viene después de haberse sentado el pasado seis de marzo en el banquillo de los acusados en el Juzgado de lo Penal 15 de Sevilla. Al juicio acudió como testigo Carmen Castilla, secretaria general de la federación en Andalucía.

Para el sindicato, Macias fue objeto de despido por causas objetivas en fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. “Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo. 

Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Macías acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal”.

La denuncia contra UGT parte de las publicaciones en prensa. “Es decir es por las revelaciones que hice. En el procedimiento de UGT soy testigo. El día 15 de junio están notificados para notificarles el auto de apertura de juicio oral”.

Condenado por destapar la corrupción

La condena de la jueza por desvelar información de la organización sindical no le pilla de nuevo. “Me lo esperaba”, dice. Y se lo esperaba porque como recalca este denunciante de la corrupción a cuartopoder “vivimos en el perfecto establishment de la corrupción. En una sociedad empobrecida moralmente frente a instituciones corruptas hasta la médula. España se convirtió en el paraíso de los corruptos y en una tierra hostil para las personas honestas. Aquí no se reconoce la honradez, al contrario, se criminaliza. Una prueba de esto es la sentencia que me condena a dos años de prisión”.

Por conocer el sistema Macías y no fiarse de filtrar lo que sabía a la Policía u otras instituciones, decidió ponerse en manos de la prensa. “Quiero agradecer a los medios que han intervenido el caso de las facturas falsas de UGT, cuidarme como fuente. El trato que he recibido ha sido excepcional. Nunca me arrepentiré de haber elegido a la prensa para hacer mi denuncia pública, pues me han demostrado gran profesionalidad, lealtad, responsabilidad y humanidad. A nivel legal, he recibido una excelente defensa de la mano de los abogados Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, presidente de la asociación AMAYT. Ellos me permiten tener la esperanza que pronto ganaremos está dura batalla”.

-¿Te arrepientes de no haber hecho la vista gorda?

-No me arrepiento de realizar las revelaciones públicas. De lo contrario, hubiera permitido que un sistema corrupto siguiera funcionando a perpetuidad con normalidad. El fraude de la UGT, puede calificarse como un fraude histórico, pues llevaba años funcionando con total impunidad. Un sistema que se fue perfeccionando con el tiempo, pasó de controlarse con hojas de Excel a contar con un sofisticado sistema informático.

-Tu vida ha sido un infierno desde que decidiste alzar la voz, pero esto solo lo sabes tú y tu familia…

-Seguimos pasando grandes amarguras. El fallo que nos acaban de comunicar nos ha destrozado de nuevo. Pues, albergamos la esperanza que la Directiva Europea en materia de protección de denunciantes nos ayudaría acabar con este infierno. Son muchos años soportando el acoso y derribo judicial, por alertar de un fraude millonario. Me sigue costando trabajo entender que todo un sistema conspire para represaliar al alertador de corrupción.

-Cuando no has tenido ni que comer, ni casa, ni siquiera poder dar a tu hijo el capricho de ir al cine a ver una película ¿de dónde has sacado las fuerzas?

-Es una de las preguntas más difíciles de responder. Me has toca fibras sensibles. Es cierto que, hemos pasado grandes penurias en casa producto de este largo y tortuoso proceso. La estigmatización que sufrimos, nos convierte en nuevos apestados. Nosotros los denunciantes conocíamos lo que era el confinamiento social, antes de la llegada del coronavirus. La distancia social, ya la practicaban con nosotros nuestros ex compañeros y amigos de trabajo. 

Yo considero que, nos han expulsado del mercado laboral. Aunque somos perfectamente trabajadores válidos, con un plus de honradez, nadie nos contrata. ¿Quién va querer contratar de administrativo al trabajador que reveló las facturas falsas de UGT? Creo que a pesar de ser una persona honesta y con experiencia, no me contratarían ni para hacer fotocopias. Este escenario, es lo que dificulta enormemente tener un empleo digno que me permita rehacer mi vida.

-También te has encontrado a solas con las autoridades de tu país que te han dado la espalda. ¿Te avergüenzas de ser mexicano?

-Si, tuve que solicitar el amparo y protección de la justicia federal en México por la negativa de la Embajada de México a brindarme la asistencia legal y la protección consular que tengo derecho por ser mexicano. Un recurso que gané en primera instancia, pero luego en la revisión del amparo, la sala hizo una resolución salomónica. Afortunadamente, una compañera de carrera que es Diputada, Claudia Murguia, ha vuelto a retomar mi caso. Consiguiendo que las relaciones con la Embajada hayan mejorado, de hecho, el día del juicio vino el cónsul honorario acompañarme y trasladarme el apoyo de la cancillería. Es decir, que nuestras relaciones han mejorado notablemente desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

-Aun así, no te vas a dar por vencido…

-En este momento, tengo que luchar por conseguir la transposición de la Directiva Europea a nuestro ordenamiento jurídico. También es fundamental que, en Andalucía, una de las comunidades autónomas más castigadas por la corrupción y el fraude, tengamos una oficina para luchar contra la rapiña de fondos públicos y, sobre todo que se brinde atención a los alertadores andaluces. 

Rendirme no entra en mi filosofía, considero que soy un luchador nato. Provengo de la cultura del esfuerzo, trabajo y sacrificio. Por eso, he podido resistir una presión brutal con dignidad. Y seguiré luchando en los tribunales nacionales y europeos hasta conseguir justicia.

-¿Los tribunales son cómplices de la corrupción? En tu caso te enfrentaste a un juicio en el que tampoco el Ministerio Fiscal ha tenido a bien protegerte…

-Mi percepción es que todo el sistema está podrido. Incluido el poder judicial. En el acto del juicio, manifesté que no me fiaba de la policía o Fiscalía, por ser instituciones opacas y políticas. Por eso, decidí acudir a los medios para hacer una denuncia pública sobre unas irregularidades graves con la gestión de fondos públicos.  

La actuación del Fiscal, ha sido deplorable, incluso negando la aplicación directa de la Directiva Europea. Una argumentación, totalmente contraria a la doctrina europea y al espíritu de la Directiva Europea. Pero, cómo voy a fiarme de una Fiscalía que dirigió Manuel Moix, que tuvo que dimitir por tener sociedades en Panamá. ¿Quién va confiar en una policía con comisarios como Villarejo? Es una realidad que existen las mafias policiales. Por eso, acudí a los medios para intentar proteger mi integridad y anonimato. Yo nunca hubiera querido aparecer en ningún medio.

-¿UGT puede representar la dignidad cuando te sienta en un banquillo?

 

.-Han escrito la página más negra de su historia. Es una vergüenza que Pepe María Álvarez, haya permitido un atropello a un sindicalista honrado. Me gustaría saber qué piensan los afiliados de la UGT, si están de acuerdo en la decisión de sus cúpulas de perseguir a un humilde alertador de corrupción. Creo que una decisión de este tipo, deberían de escucharse a las bases del sindicato, si quieren formar parte de la cacería a un padre de familia que tuvo el valor de informar a la sociedad de un fraude millonario.

Fíjate que hay organizaciones sindicales que han reprobado la actuación del sindicato. Algunos sindicatos, se manifestaron para pedir a la cúpula de UGT que detuvieran su acusación, entendiendo que era un abuso de poder y un acto contrario a los buenos valores sindicales y principios de clase. Pero tenían mucha sed de venganza...

-¿Qué compartes con Julian Assange?

-Julian, es un referente en mi lucha. Un hombre que por informar al mundo de atrocidades graves vive un infierno. Comparto su espíritu de lucha, resistencia y perseverancia. Es un hombre que admiro por no ceder y mantenerse fuerte en nuestra lucha contra los corruptos poderes. El día que se celebró el juicio, acudí con una camiseta con su imagen. Deseaba dejar constancia de mi apoyo y preocupación por su situación. Realmente es que me parece una canallada, lo que hacen con Assange.

-Gracias a la red de denunciantes de la corrupción con personas del enorme talante como Ana Garrido ¿todo se ha hecho más fácil?

-Ella es un icono para muchas personas que anhelamos vivir en una tierra más transparente y libre de corruptos. Es increíble y admirable la fortaleza de Ana, incluso estando abatida, encuentra fuerzas para ayudar a sus amigos. Es un honor gozar de su amistad y protección. Sin duda, la persona más influyente en nuestra lucha.

Es más fácil luchar teniendo a personas valientes como Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta, Maite Morado, Jaime González, José María Castillejo, Paco Sánchez, Paloma Coiduras, Sonia Peral, Julita Gómez, Robert Martínez, y tantas personas anónimas que luchan de forma decidida contra las mafias que viven de nuestro dinero.

-¿Tu lucha será la verdad porque es la única que te hace libre?

-Mi lucha es por construir un país libre de corruptos. Por dejarles a mis hijos una tierra más justa, decente y solidaria.  Me duele ver a nuestro país y sus instituciones controladas por delincuentes y mafiosos. El escenario que tenemos es devastador pero la sociedad sigue durmiendo un profundo sueño que permite expolien nuestros recursos con impunidad. Pero un día, el pueblo despertara y hará una limpieza generalizada. Los alertadores de corrupción somos figuras claves para frenar la pandemia de la corrupción.  Sin nosotros, la sociedad está avocada a mantener una peligrosa especie de parásitos que viven del dinero público."                

 (Entrevista a Roberto Macías, denunciante de la corrupción de UGT- Andalucía, Nuria Coronado, Cuarto Poder, 21/05/20)