Mostrando entradas con la etiqueta o. Impunidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta o. Impunidad. Mostrar todas las entradas

9.4.24

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

25.3.24

El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos

 "El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.

El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.

Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una “represalia” por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió “presión” del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.

Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

Obligación de revertir las obras

La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.

El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de “ampliar” su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.

La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.

La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.

En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de “propietarios de toda la vida” en una manzana de marcado carácter residencial. “Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50”, añadía a esta publicación.

No consta otra petición de obras ni inspecciones

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.

Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.

Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información."                 (José Precedo / Diego Casado , eldiario.es, 18 de marzo de 2024)

23.1.24

García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados... A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

 "La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión. 

 En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta."                          (Pedro Águeda  , eldiario.es, 9 de diciembre de 2023)

15.11.23

Así paga la Justicia en España a quiénes osan enfrentarse a la mafia: condenados a nueve años de cárcel el juez y el fiscal que investigaron al magnate de la noche balear, Cursach

 "El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados. 

 La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.

 En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones."              (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)

14.11.23

La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la caja b del PP Tras cinco años de investigación, el juez Pedraz sobresee la pieza sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obra pública

 "El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza de los 'papeles de Bárcenas' del caso Gürtel sobre las supuestas donaciones de empresarios al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas, al no quedar "debidamente justificada" la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción Cinco acuerda el archivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción, tanto declaración de investigados como de testigos, documentos de sociedades y empresas públicas, así como de otros procedimientos judiciales y, principalmente, del informe pericial del pasado 4 de noviembre de la Intervención General del Estado (IGAE).

En dicho documento se especificaba que "no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable" e "imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados".

Recuerda el juez que esta parte de la pieza separada conocida como papeles de Bárcenas se reabrió el 28 de febrero de 2017 con motivo de las declaraciones efectuadas por el empresario Alfonso García Pozuelo y por el líder de la trama Gürtel Francisco Correa en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel.

A raíz de dichos testimonios, se solicitó la práctica de diligencias para "comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas' o 'contabilidad b' del PP, constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones". 

En su auto, Pedraz señala que del informe de la IGAE no se desprende la comisión de los delitos que se investigaban. "En el mismo --expone-- se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados "papeles de Bárcenas'"."                      (Ana María Pascual, Público, 19/12/22)

11.10.23

El informe que enfada al PP y acelera el cierre de la Oficina Anticorrupción balear atribuye posibles delitos a un alto cargo del partido

 "Fabricación de actas falsas, ocultación de irregularidades, concesión de licencias urbanísticas ilegales... Se trata de las presuntas prácticas ilícitas que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) ha detectado en el Ajuntament de Campos (Mallorca), en manos del PP. Se da la circunstancia de que los populares registraron este lunes una Proposición de Ley con la intención de eliminar de urgencia la Oficina, apenas unos días después de que saliera a la luz pública que el organismo público se encuentra investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, exconcejal en Campos y actual director general de Emergencias e Interior del Govern de Marga Prohens (PP).

El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. Sin embargo, la supresión del ente se ha acelerado coincidiendo con la publicación de las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por Sureda y otros miembros de la corporación municipal. Los conservadores, sin embargo, aseguran a elDiario.es que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda fueran publicadas por Diario de Mallorca, por lo que niegan que éstas hayan influido a la hora de presentar la iniciativa parlamentaria. Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, acusaba al director de la OAIB, Tòfol Milán, de filtrar expedientes “con el único objetivo de difamar a miembros del partido”.

El informe de la Oficina Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta, en concreto, a la presunta comisión de varios delitos de prevaricación y falsedad documental por parte de las autoridades de Campos al no actuar en diversos locales que funcionan sin licencia en el polígono industrial del municipio mallorquín, al tiempo que denuncia la concesión de licencias ilegales en zonas donde no está permitido el desarrollo de actividad alguna. Tal como consta en el dictamen, un policía local se personó en la zona a finales de 2022 e hizo constar en su informe que no se apreciaba actividad en las naves y que tan sólo estaban siendo utilizadas como almacén.

“Actividad clandestina”

Sin embargo, la Oficina ha detectado que, en contra del ordenamiento jurídico, sí hay negocios en activo, entre ellos, un club de golf y un taller de reparación de embarcaciones, por lo que el organismo apunta a la comisión de varios delitos de falsedad en documento público al considerar que el agente “faltó a la verdad” en la narración de los hechos. Los investigadores señalan que la nave en la que se ubican estos locales se encuentra en situación “inadecuada” ya que el suelo está clasificado como rústico, e inciden en que el ejercicio de una actividad sin licencia o sin la presentación de una declaración responsable “la convierte en una actividad clandestina” y, por tanto, debe ser objeto de un expediente sancionador.

El informe constata que hasta un total de veinte locales, algunos de los cuales se encuentran en funcionamiento desde hace años, no cuentan con título habilitante alguno para el desarrollo de su actividad, “sin que el Ajuntament haya adoptado ninguna medida”. Una situación que, según el ente público, “pone en peligro la seguridad y la vida de las personas” ya que no está garantizado el cumplimiento de las medidas de seguridad (tales como las relativas a la seguridad eléctrica, a la prevención de incendios o a los planes de evacuación). Asimismo, deduce que los locales sin licencia de actividad podrían no disponer de seguro de responsabilidad civil, puesto que para obtenerlo se necesita disponer de licencia.

El organismo subraya, en este contexto, que se trata de una manera de funcionamiento “reiterada” por parte del Consistorio, y recalca que, a la fecha de redacción del informe, no tiene constancia del cierre, clausura o suspensión alguna promovidos desde la corporación municipal.

El Ajuntament de Campos defiende su actuación

Frente a tales indicios, desde el Ajuntament aseguraron el pasado sábado que todas las decisiones tomadas por la institución cuentan con el aval de los informes técnicos y el voto “favorable y unánime” de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

En un comunicado, el Consistorio asegura que, desde que tuvo constancia de la denuncia interpuesta por un empresario en noviembre de 2020 –de la cual, defiende, no se derivaron investigaciones hasta el pasado 5 de septiembre “por una cuestión estrictamente administrativa”–, ha puesto en marcha todos los mecanismos legales pertinentes para regularizar una situación que afecta a varios centenares de familias del municipio. Asimismo, el Ajuntament señala que continuará trabajando “desde la legalidad por la economía, el bienestar y el futuro laboral” de los vecinos.

PP y Vox, contra la Oficina Anticorrupción

Pese a las investigaciones sacadas a la luz en los últimos años por parte de la Oficina Anticorrupción, la proposición de ley registrada por el PP para tramitar de urgencia la eliminación del ente señala que la OAIB, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del organismo.

El ente fue impulsado por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol. Ha sido el encargado, entre otros presuntos casos de corrupción, de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia.

La batalla judicial por el macrocomplejo de Ses Covetes

Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística, no son ajenas al PP en el archipiélago.

Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.

Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.

La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.

En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.

El primer gran golpe contra la corrupción urbanística en Balears

También en Andratx, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de Mallorca, se produjo en 2006 el primer gran golpe contra la corrupción en Balears, el caso Andratx. Si las primeras investigaciones parecían limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular, la causa acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios.

Los hechos llevaron a la detención, entre otros numerosos cargos, del entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), quien ese mismo día se autoproclamaba “preso político” al apuntar que todo era un “montaje” contra él, mientras Jaume Matas, entonces presidente del Govern, aseguraba ser el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofreció para defender su honorabilidad y la de su gobierno y alzarse en defensor de las instituciones baleares."               (Esther Ballesteros / Angy Galvín  , eldiario.es, 11 de octubre de 2023)

30.8.23

La carrera hacia la libertad de los condenados por Gürtel

 "Desde finales de diciembre, cinco de los principales condenados por la primera etapa de la trama Gürtel han mejorado su situación penitenciaria, en dos de los casos antes de haber cumplido la mitad de la pena. El extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, han visto como la justicia ―en cuatro de los cinco casos en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias― les concedía la semilibertad o, en el caso de López Viejo, salidas diarias restringidas. Sin embargo, cada uno tiene por delante su particular calendario penitenciario, según reflejan diversos documentos judiciales. Cuatro esperan haber reunido los requisitos legales para que un juez les excarcele entre finales de 2024 y 2027.

 Luis Bárcenas. El 27 de diciembre el extesorero acudía al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para comenzar a disfrutar de la semilibertad que días antes le había concedido Instituciones Penitenciarias. Condenado a 29 años y un mes, para entonces Bárcenas hacía más de un año que había cumplido la mitad de los 12 años de cumplimiento efectivo que fijó la Audiencia Nacional. En su caso, la semilibertad era fruto de la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a internos que, como él, están clasificados en segundo grado (el ordinario, en el que está más del 70% de los presos en España) acceder a beneficios del tercer grado, como las salidas diarias. Desde entonces abandona durante 15 horas al día el recinto penitenciario para ir a trabajar. Pese a que esta situación es, prácticamente, un tercer grado, Bárcenas ha intentando sin éxito que se le progrese a esta clasificación. El juez lo rechazó el pasado julio.

Si lo logra finalmente (cada seis meses se revisa la clasificación de los reclusos), obtendría ventajas a corto plazo ―pasaría de 36 días de permiso al año a 48―, pero sobre todo le permitiría aspirar a la excarcelación a medio plazo. Según su calendario penitenciario recogido en el auto de julio, el 20 de septiembre de 2024 habrá alcanzado las dos terceras partes de la pena, lo que le abriría la puerta a que un juez le concediera la llamada “libertad condicional adelantada”, una medida excepcional contemplada en el artículo 91 del Código Penal. Justo un año después cumplirá las tres cuartas partes para aspirar a la libertad condicional ordinaria (artículo 90). Para lograr cualquiera de las dos, además de los respectivos requisitos temporales, Bárcenas tiene que estar clasificado, precisamente, en tercer grado además de haber tenido buen comportamiento y, en el caso de la libertad condicional anticipada, haber “desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales”. El extesorero, que ha realizado un taller de justicia restaurativa y participa en un programa de reinserción para delincuentes económicos, aprovecha sus salidas del CIS para, además de trabajar como contable, colaborar con una ONG. El extesorero extinguirá la pena el 19 de septiembre de 2028.

Pablo Crespo. El que fuera número 2 de la trama Gürtel está condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel, aunque la Audiencia Nacional fijó que el máximo que debe cumplir son 18 años. En diciembre pasado ya había cumplido la mitad. En su caso, y al contrario del extesorero del PP, la justicia sí le ha concedido el tercer grado penitenciario ―lo hizo en febrero―, por lo que en diciembre de 2025, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, podrá aspirar a que el juez le conceda la libertad condicional anticipada. De no lograrlo, en junio de 2027 cumpliría el requisito temporal para la ordinaria. Extinguirá la pena el 12 de diciembre de 2031. El auto judicial con el que se le concedió en febrero la semilibertad en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias se destacaba que Crespo había disfrutado de 11 permisos “sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción. La resolución también destacaba su colaboración con la justicia.

Francisco Correa. Condenado a 105 años y siete meses en siete juicios por corrupción, la Audiencia Nacional fijó para el cabecilla de la trama un máximo de estancia en prisión de 18 años. Aunque aún tiene que sentarse en el banquillo en otros tres juicios, el auto con el que el juzgado le concedió en junio el tercer grado ya destacaba que las hipotéticas condenas no ampliarán su tiempo de estancia en la cárcel. Su acceso a la semilibertad, como pasó con su número dos, se produjo en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias. El juez consideró que era merecedor de este beneficio porque su evolución en prisión había sido “muy positiva” y colaboraba con la justicia, además de tener una oferta de trabajo. Ahora, y con la mitad de la pena cumplida desde 2022, su vista está en julio de 2025, cuando habrá cumplido dos terceras parte de la condena y enero de 2027, cuando alcance los tres cuartos. No extinguirá la pena hasta el 9 de julio de 2031.

Rosalía Iglesias. La esposa de Bárcenas accedió a la semilibertad el pasado lunes después de que la Audiencia Nacional corrigiera a Instituciones Penitenciarias y ordenara aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como al extesorero. Condenada a 12 años y 11 meses de prisión, el tiempo máximo en prisión se le fijó en siete años y seis meses. Al no haber ingresado en prisión preventiva ―al contrario que su marido, Crespo o Correa― su grado de cumplimiento de la pena es inferior aunque esta es más baja. De hecho, aún no ha cumplido la mitad de la misma (lo hará en julio de 2024) y no llegará a los dos tercios hasta octubre del año siguiente. Su calendario penitenciario tiene en rojo otras dos fechas: el 28 de mayo de 2026 habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena y el 11 de abril de 2028 extinguirá el castigo. Como Bárcenas, Correa y Crespo, cumple su condena en el CIS Victoria Kent, del que en breve podrá salir a diario para trabajar y ayudar con una ONG. Además, deberá participar en programas de reinserción por orden del juez.

Alberto López Viejo. El exconsejero de la Comunidad de Madrid es, de los cinco, el que tiene los plazos más largos para la excarcelación. Condenado a 27 años y 10 meses, de los que tiene que cumplir 13 años y nueve meses, López Viejo no cumplirá la mitad de la pena hasta abril del año que viene. De este modo, no alcanzará las dos terceras partes hasta julio de 2027; las tres cuartas partes hasta septiembre de 2028, y no la extinguirá hasta el 13 de febrero de 2032. Aunque aspiraba a que se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el mismo que a Bárcenas e Iglesias―, el juez optó en julio por aplicarle otro artículo, el 117, que le permitirá salir varias veces a la semana para hacer voluntariado con refugiados ucranios a pesar de estar en segundo grado penitenciario. Es el mismo artículo por el que Iñaki Urdangarin abandonó a partir de 2019 varios días a la semana la prisión de Ávila también para colaborar con una ONG. No obstante, el magistrado apuntaba en el auto que, de continuar con la evolución “positiva”, el exconsejero obtendrá “en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 21/08/23)

25.8.23

Ernesto Ekaizer narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas... En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo, y por jueces y periodistas de su cuerda... Si es así, quedará 'Operación jaque mate' como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida

"Hoy desde El Periódico y ayer desde un ramillete de medios, algunos de los cuales le han vetado la entrada, el periodista Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) ha escrito algunos de los libros más importantes para conocer las tramas políticas más determinantes de la historia reciente de España. En el último, Operación Jaque Mate (Ediciones B, 2023), que llega estos días de julio a su tercera edición, el periodista de origen argentino, que comenzó trabajando en las páginas económicas del Grupo Prisa, narra el inicio y declive de la Operación Tándem, en la que se encuentra gran parte de la caja negra de las maniobras del Estado –y especialmente del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy– para la persecución y destrucción de sus antagonistas.

Un personaje emerge como principal protagonista del libro. El hoy excomisario José Villarejo, de quien Ekaizer ha publicado una serie de entrevistas recientemente, y que aporta cada vez más cantidades de sombras de sospecha con cada una de sus intervenciones. Fuera de la cárcel desde marzo de 2021, Villarejo es, antes que nada, un oportunista que se pone al servicio del Partido Popular en el periodo de 2011 a 2016 con un objetivo personal: enriquecerse.

“Villarejo es un francotirador, es una pieza más de las operaciones”, resume Ekaizer. Son operaciones llevadas a cabo desde el Ministerio de Interior, la Dirección General de la Policía y la Unidad de Asuntos Internos, convertidas por el PP “en instrumentos directos del poder” en ese periodo.

Si el control del poder es lo que motiva a los altos mandos del Gobierno, lo que busca Villarejo “es una rentabilidad personal, hacer un patrimonio: pero no un patrimonio de un policía de clase media que asciende, no, quiere ser millonario”. Por eso, para Ekaizer, la idea de la cloaca es poco matizada, insuficiente para explicar las circunstancias que dieron lugar a –en una enumeración rápida– las operaciones contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la Operación Catalunya contra los principales dirigentes de la antigua Convèrgencia o el intento de destruir a Podemos. “Toda esa idea de que todo lo que ha operado son mecanismos de cloaca es equivocada”, defiende el autor de Operación Jaque Mate:

”La Policía siempre es un instrumento del Estado, no de un partido político. El PP convirtió todo eso en una estructura que dependía de sus directrices, con gente formada para eso, es decir, 'peperos' de ideología. No es que hubieran servido al PSOE y después sirvieran al PP. No. Si tú tienes un aparato descontrolado, un sector descontrolado del aparato del poder, tienes un problema, pero el salto que hubo aquí es tremendo: es decir, desde que entra Rajoy a finales de 2011, primeros de 2012, ya inmediatamente se inicia la actividad política de la Policía, con un objetivo fundamental, que es controlar a Bárcenas y la información que puede acumular, porque eso pone en riesgo la supervivencia del partido que acababa de ganar las elecciones”.

Si Bárcenas, el independentismo procesista catalán y Podemos son los rotos, Villarejo se presenta como el descosido. El oportunista, el hacedor de las lluvias, lo que los estadounidenses y Ekaizer llaman un name-dropper, alguien que basa su prestigio e influencia en las referencias a la gente con la que ha estado, con la que ha comido, hecho negocios o le debe favores. “Villarejo es un agente del PP. Si quieres agente encubierto, porque no se conoce que es agente del PP, pero no encubierto porque se trate de un agente de inteligencia”, explica Ekaizer. “Lo que he tratado de documentar es cómo el auge de Villarejo entre el año 2012 y 2017 es un auge que coincide además con su plan para hacer una gran fortuna personal. Porque las relaciones con el PP también dan para eso”.

Ese es su momento. Hasta la llegada de Rajoy, María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández a lo más alto de la política, el excomisario nunca ha tenido relaciones tan cercanas con altos cargos del partido. Él no lo presenta así. En las comparecencias y entrevistas del excomisario son frecuentes las referencias a los viejos tiempos, a las relaciones con la plana mayor del PSOE. Ekaizer destierra esa idea, aunque en ese periodo aparecerá una pequeña moneda de oro en el camino del excomisario, la fiscal Dolores Delgado, un fichaje estrella de Pedro Sánchez que al todavía presidente le sale mal.

No le sale tan mal a Dolores ‘Lola’ Delgado. Aunque no consigue terminar legislatura como ministra de Justicia, será Fiscal General del Estado y el 13 de junio, como anticipó el entrevistado, ha sido designada como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Caballos de Troya

Nombres, fechas, diálogos. Operación Jaque Mate es un trabajo de precisión, escrito con una estructura ágil, que explicita las formas –a veces torpes, pero finalmente efectivas– de desactivar “desde dentro del sistema” una macrocausa que amenaza con llevárselo por delante. Dos jueces de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se afanan en desactivar la bomba de relojería que la investigación de dos fiscales, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, supone para el sistema y el Estado, dos esferas concomitantes pero distintas, matiza Ekaizer.

El primer juez, Diego de Egea –entonces magistrado de la Audiencia Nacional, hoy en la Audiencia Provincial de Madrid–, es un jurista de formación jurídico-militar, que cae en la causa como magistrado de refuerzo a propuesta de Carlos Lesmes. Se trata de un hombre de confianza de la derecha. Escandalizado por el alcance que puede alcanzar la causa Tándem, De Egea pone de su parte para sabotear la investigación de Stampa y Serrano:

“En el primer año de instrucción [2017], De Egea intenta contaminar la causa porque cree que no tiene ningún futuro. Y además, como está el tema del rey, la pieza Carol, él considera –en palabras que cito literalmente– que eso es un cáncer y que hay que extirparlo. Ese año se dedica a denegar diligencias que plantean los fiscales y a filtrar información para que se crea que las filtraciones a la prensa vienen de los fiscales. Esto no es solo para que lo crea el público general, sino también los abogados de las defensas, a los efectos de pedir nulidad”.

Stampa y Serrano son, a su manera, y como en el podcast de Álvaro de Cózar “El País de los Demonios” (Spotify, 2023) lo más parecido a los “hombres honrados” en la reconstrucción que Ekaizer hace de los hechos. Ellos son los que ordenan la detención de Villarejo en 2017. A ellos se la tiene jurada el excomisario, que considera que son simples herramientas de los servicios secretos, alfiles de Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia.

Stampa y Serrano sospechan del juez De Egea y lo llevan en secreto: solo se dirigen al juzgado para presentar la querella y pedir la entrada y registro en la casa del excomisario. El juez no juega papel alguno en la detención. No lo sabe pero su papel en la investigación está tocando a su fin. Tiene poca cintura para el problema que se le está planteando al Estado en su conjunto y al sistema en particular.

2018 comienza, no obstante, siguiendo la misma tónica. De Egea filtra, fundamentalmente a El Confidencial, señala Ernesto Ekaizer. Embarra, pone palos en las ruedas de la investigación. Stampa y Serrano, a su vez, acumulan pruebas contra el juez. En noviembre hará cinco años, parece que fue ayer, los fiscales presentan un documento a María José Segarra, fiscal general del Estado entre junio de 2018 y enero de 2020. El informe “es casi una querella”, apunta el periodista. Los fiscales lanzan un ultimátum: o De Egea o ellos, y si es De Egea se guardan la baza de presentar una querella.

Obtienen una victoria pírrica. Carlos Lesmes habla con Manuel García Castellón, titular del juzgado. Convencen al exjuez militar de que se tiene que marchar, y en enero de 2019 ya está fuera de la causa. El propio García Castellón, una figura fundamental para entender el devenir partidista de la justicia española, asume el control del caso. Es el juez rescatado desde su posición de enlace en Roma, y tras un largo periplo de 15 años sin pisar los juzgados españoles, para arreglar los problemas generados en torno a la Operación Lezo. Es el magistrado que hace de la causa general contra Podemos algo personal.

El gran capital

Uno de los elementos fundamentales para entender el alcance y la trascendencia de las operaciones llevadas a cabo por Villarejo es el dinero. No el dinero con el que se da la entrada de un piso. El gran capital. El excomisario representa la ambición de todo un país, simboliza a todas las criaturas nacidas del pelotazo económico de los años 80 y 90: llega tarde pero tiene mucha prisa.

Ekaizer explica que para entender esa ambición es fundamental otro nombre. Adrián de la Joya, empresario, con residencia fiscal en Gstaad, en el cantón suizo de Berna. De la Joya –apodado Joy– es otro de los apellidos que aparecen en los audios más conocidos del serial Villarejo. Pero no es solo un compañero de francachelas, no es una comparsa:

“Es un intermediario, un comisionista, un tipo que tiene relaciones excelentes con la jet de Marbella. Ha tenido relaciones familiares con Abdul Rahman El Assir, a través de su exmujer. Y cuando le conoce en el año 2014, Villarejo queda fascinado. Sobre todo porque este tío tiene una gran agenda nacional e internacional y tiene glamur. Algo de lo que evidentemente Villarejo carece. Joy le explica que, con la cantidad de información que él tiene, con su capacidad para conseguir información, él tiene que monetizarlo. De la Joya le explica [a Villarejo] que es un mal gestor de su activo. ‘Tu activo necesita monetizarse’. Joy es quien le dice: ‘Eso que estás haciendo no tiene sentido. Lo que necesitas es vincularte a gente que tenga la relación con los bancos, que te contraten todos los bancos. En eso hay un mercado’. Es un mercado que poca gente conoce y donde están otros rivales de Villarejo: [Gabriel] ‘Gabi’ Fuentes, el propio Enrique García Castaño y otros que también se dedican a traficar con su información y conseguir el apoyo de bancos y empresas. Por eso le hace la reunión con Medina, con Manuel Medina, que es el íntimo amigo de [Emilio] Botín y le cuenta toda la operación en la que montan el embalsamamiento de Botín, que muere con su amante en Italia y se dice que muere aquí”.

Diálogos, nombres, fechas. Y una práctica que se remonta a muchos años atrás. Agentes de la policía que se pasan al sector privado, como Gabriel Fuentes, como Enrique García Castaño, como Carlos Salamanca, como Antonio Giménez Raso. Ecos de la Brigada Política Social y su devenir empresariado. Ecos de Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, colocándose como jefe de seguridad de Renault, ejerciendo de hombre para todo del empresario Mario Conde. El nuevo milenio ha visto colocados a esas piezas de la policía en las principales empresas del país. Julio Corrochano, en el BBVA; Rafael Araujo, en Repsol; Miguel Ángel Fernández Rancaño, en Caixabank; Antonio Asenjo, en Iberdrola. Villarejo piensa que puede controlarlos a todos, les ofrece los servicios de su empresa, Cenyt. Desliza nombres, provoca confesiones, promete la lluvia.

Entre todos los nombres destaca uno, el citado Manuel Medina. Expolicía, abogado. Comenzó a trabajar para el sector privado en 1984, en el departamento de “asuntos dificultosos” del Banco Central, hoy disuelto en el Santander. Tiene uno de los principales bufetes de la derecha en Madrid, Medina Cuadros, con sede en la plaza del Marqués de Salamanca, y “relaciones con todo el mundo”, subraya Ekaizer, desde Rajoy hasta Alberto Núñez Feijóo. Así describe en Operación Jaque Mate el papel que Villarejo atribuye a este abogado jienense: “La relación personal de Medina con los banqueros era de gran interés para Villarejo. Medina era el asesor áulico de Emilio Botín e Isidro Fainé, presidente de Caixabank en aquellos días, y su bufete realizaba trabajos de envergadura para ambas entidades”.

 finales de diciembre de 2018, el caso Villarejo es el caso de las grandes empresas del país. Las miserias de los multimillonarios, sus paranoias y sus miedos, han sido “monetizadas” por fin, como insistía De la Joya. “A De Egea la preocupaba la figura del rey, es un juez de Estado y a García Castellón le preocupa todo en su conjunto: el sistema”, subraya Ekaizer. BBVA, La Caixa, Iberdrola, Planeta. Estrellas en el Ibex 35 implicadas hasta el tuétano en operaciones turbias. El tribunal se encarga de desmontar las piezas del mecano:

“Todo va a quedar reducido a los jefes de seguridad, porque son los que pagaron, son ellos los que se sientan en el banquillo. Los paganos. ¿Por qué? Porque, como dice García Castellón, todos los bancos y las entidades cuentan con un sistema de compliance [cumplimiento normativo] donde se prevé un sistema deontológico. Entonces, lo justifican en que los presidentes no tenían por qué saber los detalles de lo que pagaban los jefes de seguridad. Un contrato de diez millones de euros anuales, ¿quién se lo come? Nadie”.

Así, los casos han ido muriendo uno por uno. Esos “paganos” abonan la factura. Queda vivo el del segundo banco del país, cuyo expresidente, Francisco González, es sospechoso de espionaje corporativo y administración desleal. El BBVA, presuntamente por orden de González, encargó entre 2004 y 2017 unos trabajos por los que la entidad habría pagado a Villarejo más de diez millones de euros.
Estado judicial

La destitución de De Egea, celebrada por los fiscales Stampa y Serrano, se ha convertido en una victoria pírrica.

“Esta es una instrucción judicial en la que los fiscales, aparte de perseguir a los delincuentes –y a unos delincuentes muy poderosos en este caso– tienen que perseguir a los jueces. Esta es la paradoja. ¿Por qué? Porque les torean con las medidas, las adoptan, se las tumban, archivan las causas, etc. Con García Castellón es más difícil, porque tiene más experiencia que De Egea, entonces los va toreando, les sigue la corriente, parece que les sigue la corriente. Por ejemplo, en el tema de Kitchen, García Castellón, en un momento determinado, se da cuenta de que la vía para salvar a Cospedal es imputarla primero. La interroga y determina que no se puede criminalizar el derecho de reunión. Dice que sus reuniones con Villarejo son expresión del derecho de reunión, cuando ella está detrás de la operación Kitchen. Ella es quien se sirve de Villarejo, a quien informa Villarejo: hablan de dinero, ella hace las gestiones en el Ministerio del Interior”.

Manuel Marchena, Manuel García Castellón, Pedro González Trevijano, Enrique Arnaldo, Carlos Lesmes. Sus nombres están marcados al cambio de década. Nunca se habló tanto de la derecha judicial en España, nunca se mostró más poderosa y más indiferente a las críticas. La no renovación del Consejo General del Poder Judicial en la XIV legislatura ha supuesto una manipulación de las reglas del juego, que coincide en el tiempo, y no es casual, con los años en los que todo estuvo a punto de saltar por los aires.

“En España estamos en un Estado judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que la judicatura y las decisiones de las instituciones judiciales altas, medias y bajas intervienen en el terreno político. Pasa también porque la política, además, ajusta cuentas en torno a la judicatura. La judicatura es un estamento que ha sufrido durante la Transición la menor adaptación a la democracia que se puede dar. González Trevijano dice que los jueces son conservadores porque el derecho es conservador. Eso es algo que se ha inventado, porque la Constitución española no es especialmente conservadora. Es una Constitución que permite un desarrollo. Habla de nacionalidades y regiones, habla del Estado social y democrático de derecho, habla de la vivienda. Eso no es conservador, otra cosa es que no se aplique. El Estado judicial es el Estado controlado por la derecha, una derecha que no vacila en que los consejeros del Consejo General del Poder Judicial estén no cinco años, sino diez años en el cargo. Es una derecha judicial que bloquea la renovación del Constitucional de forma alevosa, y lo que es más grave, tolerada por todo el mundo”.

La situación de la Justicia no ha sido provocada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero este interviene solo al final, en una crisis que queda cerrada cuando las instituciones representativas acatan el bloqueo del Tribunal Constitucional a la aprobación de una serie de leyes de renovación de órganos en el Parlamento. Antes, el presidente ha cometido una serie de errores. El principal ya ha sido mencionado: Dolores Delgado.

Delgado será la encargada de cargarse al fiscal Ignacio Stampa. Esa es la principal responsabilidad de los socialistas en el desmantelamiento de un caso que amenazaba, principalmente, a su partido adversario. Entre los audios de Villarejo está el de una comida de la hoy fiscal de Derechos Humanos con una serie de policías, aquél en el que llama “maricón” al que sería más tarde su compañero, Fernando Grande-Marlaska. Aquel otro en el que Delgado insinúa que algunos jueces españoles se dedican al turismo sexual con menores –presuntos delitos que no denunció– en sus viajes a congresos en Latinoamérica.

“Es una comida con los principales comisarios de la Policía Nacional en 2009 en el restaurante Rianxo al que asiste el entonces juez Baltasar Garzón, quien se lleva a Lola Delgado allí. El bufete de Garzón, Ilocad, defiende al comienzo a varios imputados en Tándem. Y Garzón asiste personalmente a 'El Gordo', el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao) de la Policía (especializada en intervenciones de teléfonos y seguimientos)”.

La pareja de Delgado, el magistrado condenado por prevaricación Baltasar Garzón, abogado de algunos de los policías implicados en la Operación Tándem, considera que los fiscales son los que filtran información que contamina la causa y perjudica a sus clientes. Stampa es el enemigo.

Stampa es sacrificado a finales de octubre de 2020, en una conjura que agrupa a los fiscales afines al Partido Popular y a la Unión Progresista de Fiscales. Un “crimen imperfecto” motivado por la animadversión de Delgado hacia el fiscal, de quien cree que es el que ha filtrado el audio en el que se muestra tan bocachancla; un audio que le deja en mal lugar con su nuevo jefe, Pedro Sánchez, que en la formación de Gobierno en 2020 deja de contar con ella. La nombra, eso sí, Fiscal General del Estado, en un movimiento insólito, que Ekaizer solo se explica porque “en el ámbito de la justicia Pedro Sánchez carece de idea y no se deja asesorar. Se fía de Lola y punto”.

¿Cómo termina esta historia? Las piezas del mecano están dispuestas para ser ordenadamente dispuestas en la caja, la caja está lista para ser cerrada, y el cierre determinado para que el mensaje sea que aquí no ha pasado nada. Villarejo seguirá dejando caer nombres, atacando a Félix Sanz Roldán, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia que aceptó su órdago, a quien el excomisario ya ha ganado un juicio, y asegurando que España la controla el Opus Déi o alguna secta secreta.

Probablemente postergada por la convocatoria de elecciones, la primera gran sentencia de la Operación Tándem está lista. Ese juicio, cuya vista oral terminó en septiembre de 2022, examina tres de las más de 20 causas derivadas de la información recabada en los registros de las viviendas y oficinas del excomisario Villarejo. Para Ekaizer, la trascendencia de esa sentencia, no obstante, radica no tanto en las penas como en la valoración de las pruebas. Se trata de los audios, el factor diferencial del método Villarejo. Si el tribunal los considera una prueba lícita, los siguientes juicios, entre ellos el que juzga el Caso Kitchen –trascendental para el PP– pueden hacer zozobrar a actores principales del sistema. Si el tráiler de información obtenido por Stampa y Serrano no sirve como prueba, las causas pueden fundirse como la nieve de las pistas de Gstaad cuando termina la temporada.

Si eso sucede, el diagnóstico sobre la corrupción en todo el sistema puede recrudecerse. Ekaizer no lo niega, pero aporta un matiz: “Eso dependerá de la situación política: si el PP vuelve a gobernar, si se vuelve a hacer cargo de la maquinaria del Estado”. Núñez Feijóo no es un desconocido en el Madrid sistémico. En noviembre de 2022, el candidato del PP a presidente del Gobierno presentó Pasión por vivir, el último libro del abogado Manuel Medina. En la misma mesa estaba Margarita Robles, ministra de Defensa con el PSOE, y entre el público, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la fiscal Dolores Delgado y el abogado Baltasar Garzón.

En el audio de Medina, explica Ekaizer, se habla de Feijóo y de cómo este abogado les lleva a la presidencia de la Xunta a García Castaño y a Gabriel Fuentes para comer con el hoy candidato. Quieren que este les apoye para que Rajoy les nombre en algunos puestos. “Según Feijóo, quien filtró la foto suya en marzo de 2003, con el narco Marcial Dorado no ha sido, como se pensaba, Soraya Sáenz de Santamaría, la pequeñita –la llaman así en el audio, especifica este periodista– sino la amiga de Rajoy, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor”.

En las próximas semanas, ese sistema que pudo estallar en mil pedazos puede superar el trance. Solo son necesarias una sentencia que cancele el impacto como prueba de los audios grabados y divulgados por Villarejo –y por jueces y periodistas de su cuerda– y un resultado favorable para el Partido Popular el 23 de julio. Si es así, si todo termina a partir del 24 de julio, quedará Operación jaque mate como testimonio de esos años en los que el sistema estuvo a punto de perder la partida."                               (Pablo Elorduy , El Salto, 02/07/23)