Así paga la Justicia en España a quiénes osan enfrentarse a la mafia: condenados a nueve años de cárcel el juez y el fiscal que investigaron al magnate de la noche balear, Cursach

 "El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados. 

 La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.

 En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones."              (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)

La historia de cómo el juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach han acabado perseguidos por la Justicia

 "La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. Tras investigar al empresario del ocio nocturno, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán se enfrentan al que muchos consideran uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.

 En julio de 2018, el caso Cursach, que durante varios años se había centrado en desvelar un presunto entramado mafioso urdido para salvaguardar los intereses del magnate del ocio Bartolomé Cursach, saltaba por los aires. Tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del considerado rey de la noche mallorquina y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al denunciar las filtraciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial. Nada hacía sospechar todavía que aquella denuncia por supuesta revelación de secretos se convertiría en el germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional. 

 Y es que, más de cuatro años después, y tras un turbulento peregrinaje judicial, Cursach ha sido absuelto de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears, la que le situaba en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche, mientras, en un giro de 180 grados, el juez y el fiscal que lo investigaron se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España por la Fiscalía contra un magistrado y un representante del Ministerio Público: sobre cada uno pesan solicitudes de pena de más de cien años de cárcel por numerosos delitos presuntamente cometidos para apuntalar sus tesis mientras instruían el caso Cursach. Junto a ellos, se encuentran a las puertas del banquillo cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que trabajaron estrechamente. Los dos juristas niegan, sin embargo, la comisión de acto delictivo alguno y defienden el trabajo que llevaron a cabo al frente de la causa.

 La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. A lo largo de sus interminables vuelcos llegaron a trascender cargos por homicidio, narcotráfico, corrupción de menores o extorsión, a fabricarse falsas agresiones de supuestos sicarios del magnate, a esgrimir grabaciones como arma y a aflorar comprometedores mensajes de WhatsApp convertidos en piedra angular de las acusaciones que hoy pesan sobre aquellos que un día quisieron levantar las alfombras del mayor imperio del ocio de Balears. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, hasta cuarenta encarcelados y 45.000 folios, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach.

Comienzan las investigaciones

Sin embargo, nada de todo ello podía presagiarse en 2013. Fue el año en que comenzó todo, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño de un concurso, convocado el año anterior, para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes pesquisas dieron pie, con el paso del tiempo, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra a los negocios del magnate, quien comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Balears, exclusivos gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas.

Con todo, no sería hasta mediados de 2015 cuando la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios comenzaría a tomar forma. En junio de ese año, el juez Manuel Penalva, que lo había sido anteriormente de vigilancia penitenciaria y había servido en Juzgados de Alicante e Inca (Mallorca) antes de recalar en Palma, cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, Carmen González. Decenas de testigos comenzaron a desfilar ante el magistrado y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Hablaban, sobre todo, de extorsiones y amenazas. Uno de ellos, camarero del buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito's (cuyas galas habían conquistado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, a Marlene Dietrich, Ray Charles y Charles Aznavour), aseguraba, incluso, haber presenciado fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP del local con las que se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate, unas acusaciones que, años después, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud.

Por su parte, otra testigo aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Los hechos también acabarían siendo tiempo después desechados por la Policía Nacional al señalar en un extenso informe que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo. La supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció también agresiones que, según las posteriores investigaciones, nunca se produjeron, como la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Un atestado policial señala incluso cómo la testigo llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Cursach, enfrentado a quince delitos

Con toda esta ristra de acusaciones a sus espaldas, hasta una quincena de delitos recayeron entonces sobre el empresario del ocio. Entre ellos, los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Ninguno de ellos ha logrado probarse a lo largo de estos años y, en la actualidad, tanto la supuesta madame como el camarero de Tito's están siendo investigados, junto a otros testigos, por un presunto delito de falso testimonio.

 Con todo, el 28 de febrero de 2017, Penalva ordenaba, a instancias de Subirán, detener a Cursach y a Sbert. Tres días después, los dos empresarios eran enviados a prisión sin fianza. Hasta entonces, apenas habían trascendido unas pocas imágenes del magnate, habitualmente alejado de las cámaras pero siempre envuelto en leyendas populares. Parapetado tras unas gafas oscuras de aviador, Cursach había comparecido en una ocasión en el Parlament balear para ser interpelado sobre las irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública impulsada en Balears, el hospital de Son Espases, cerca de cuyos terrenos había adquirido una finca. Manifestó que desconocía que allí se iba a construir un hospital y que había adquirido el terreno porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. E ironizó: “No lo compré para sembrar patatas”.

Tan solo dos semanas más tarde de que Cursach ingresara en prisión, eran arrestados el director de Tito's, el exjefe de camareros del establecimiento nocturno y otro extrabajador de la discoteca. Para entonces, decenas de policías locales de Palma llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la Península como Estremera y Albocàsser. 

Presiones a testigos: “A ver cómo atamos los cabos sueltos”

Apenas unos meses después de los encarcelamientos, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar el caso Cursach, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la presunta madame, erigida hasta entonces en la principal testigo de la causa.

En el primer vuelco que sufría el caso, afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

 Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -ahora acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.

Penalva, apartado del caso Cursach

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Las normas de reparto hablaron y el incómodo caso Cursach llegó a manos del juez Miquel Florit. Tras las denuncias interpuestas por los abogados de Cursach y Sbert a raíz de las supuestas filtraciones mientras el caso se hallaba bajo secreto, en julio de ese año el veterano magistrado abría diligencias penales dirigidas a averiguar el origen de las revelaciones y, de la mano de la Policía Nacional, se introducía de lleno en la investigación de las presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa. 

Ante el cariz que comenzaron a tomar las pesquisas, con informes de la Policía Nacional apuntando al “clima de terror” presuntamente sembrado por Penalva y Subirán, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con ellos acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros de Blanqueo en paralelo a sus investigaciones.  

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

El hallazgo del chat reveló manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Los whatsapps desvelarían, incluso, que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Confiscación de los teléfonos móviles de dos periodistas

Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, el juez Florit daba un paso en falso que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: en diciembre de 2018 acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa y desencadenaba, con ello, una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. La medida fue, además, declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional.

 El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgaba la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada. Tras él, alguien debía recoger de nuevo el testigo del caso Cursach, pero varios magistrados decidieron abstenerse por su relación de amistad con Penalva. Finalmente, la causa recayó en manos de la jueza Carmen Abrines, quien prosiguió la labor iniciada por su antecesor mientras la Policía Nacional continuaba internándose en los entresijos del caso Cursach.

En sus atestados, los inspectores centran sus pesquisas en los principales testimonios en los que se sustentó el caso Cursach, afirmando cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos por los que los antiguos investigadores se encuentran ahora bajo el foco de la justicia.

Detenciones ilegales y aleccionamiento de testigos

La magnitud de las investigaciones condujo a la magistrada a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ante el aforamiento de Penalva y Subirán, y llevó a dos fiscales procedentes de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, a personarse en la causa. Herranz fue, precisamente, el fiscal que rompió a llorar durante el juicio al término del juicio contra Cursach: “Este procedimiento es un fracaso total de la Justicia”, afirmó entre lágrimas mientras, en una imagen inédita, acusados y defensas estallaban en un extenso aplauso. 

 A raíz de lo arrojado por las investigaciones contra ellos, el 29 de enero de 2020 el juez Penalva y el fiscal Subirán eran finalmente imputados. La causa, en manos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, no se ha librado de los inauditos vaivenes que han sacudido a las investigaciones desde su inicio. Mientras el magistrado cerró en dos ocasiones la instrucción del caso determinando que los dos juristas cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, Anticorrupción considera que las actuaciones que ambos desplegaron fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. 

 Entre medias, el instructor llegó a archivar la causa para el exfiscal Subirán, quien alega que un trastorno de estrés postraumático le impide afrontar con garantías su derecho de defensa. Una supuesta afección que, según los fiscales de Madrid, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido. Finalmente, el TSJIB revocó el sobreseimiento que su propio presidente había decretado y Subirán, quien ha estado presente en la instrucción de la mayoría de causas de corrupción que durante los últimos quince años han sacudido Baleares, volvía a ser imputado.

Peticiones de más de cien años de prisión

En la actualidad, Penalva y el exfiscal, ya jubilados, afrontan peticiones de condena, por parte de la Fiscalía, de más de cien años de prisión. En concreto, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Sobre los cuatro policías de Blanqueo -un inspector jefe, José Luis García, dos subinspectores, Miguel Ángel Blanco y Blanca Ruiz, y un agente, Iván Bandera- pesan, por su parte, solicitudes de pena que oscilan entre los 71 y los 105 años de cárcel.

Anticorrupción enmarca su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Nueva línea de investigación

Sin embargo, no es la única línea de investigación que se cierne sobre los antiguos investigadores. La Audiencia Provincial de Balears, que durante varios meses ha juzgado a Cursach, Sbert y a otros quince acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar Penalva y Subirán, y de la que todos los procesados han sido absueltos, ha ordenado investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto exjuez como exfiscal habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

 A lo largo de la sentencia absolutoria, el tribunal hace hincapié en la “temeridad” y “mala fe” con la que actuaron las acusaciones intentando mantener un proceso penal con “fines distintos” a los regidos por la ley. Las magistradas condenaron por ello a los empresarios al pago de las costas generadas a Cursach y su mano derecha tanto en el juicio oral como en la fase de instrucción. Los acusadores prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano al que, por primera vez, llegará el caso Cursach. Únicamente se ceñirán a su desacuerdo con las costas, puesto que ninguna de ellas discute la absolución de los procesados.

Penalva y Subirán defienden su inocencia

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que, por el momento, prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que ha presentado en el procedimiento judicial niega la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra sus patrocinados, quienes se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron. La defensa llegó a esgrimir grabaciones de “personas de más arriba” que serían entregadas en caso de no tomarse en consideración la tesis de Subirán en torno a una supuesta confabulación entre cúpula policial y fiscales para incriminarle, “con las consecuencias que ello implicará”, añadía. 

 Hasta el momento, exjuez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’ (en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas). Y es que, a juicio de Penalva, la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”.

Hallazgo de los Whatsapps

El TSJIB, sin embargo, ha determinado en varias ocasiones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”, por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los policías arrestados, quien hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El órgano judicial -en línea de lo también manifestado por la Fiscalía- incidía en que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Ahora, los caminos de Penalva y Subirán, así como los de Cursach y el resto de quienes fueron por ellos investigados, discurren de forma completamente inversa a como transcurrían hace más de cinco años, cuando ambos juristas se volcaron en destapar lo que hasta entonces, y durante décadas, había sido alimentado por la leyenda: cómo el magnate había medrado hasta la cúspide de la noche mallorquina. El empresario y su número dos se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido, mientras sus antiguos verdugos se enfrentan al que algunos consideran el mayor escándalo judicial en España. La historia de una metamorfosis judicial en una tierra, Balears, nunca ajena a los desmanes, la corrupción y los tratos de favor."                   (Esther Ballesteros  , eldiario.es, 22 de enero de 2023)

El esperpéntico viraje del 'caso Cursach': de pedir ocho años de cárcel a la absolución entre llantos del fiscal (que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia)... Sorprendente final del juicio del 'caso Cursach', con las lágrimas del fiscal Tomás Herranz en medio de su alegato para remarcar su tesis de inocencia a favor de los acusados, procesados por liderar una mafia policial y empresarial relacionada con los negocios de la noche mallorquina... "Ha ganado el miedo y no la Justicia", dice una de las abogadas de la acusación... ¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares? El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados... El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios iniciales... "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado... ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia"... y el primer juez instructor y el primer fiscal, expedientados por intentar meterlo en la cárcel. Ahora irán ellos...

 "Lágrimas en la última sesión del juicio por el caso Cursach: las del fiscal Tomás Herranz, que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia.

De los 24 procesados iniciales se ha pasado, tras las 36 sesiones del juicio, a dos; ambos, policías locales de Palma de Mallorca acusados de hacer inspecciones arbitrarias al local de un empresario para los que se pide dos años de prisión. Todos los demás, incluido Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, han quedado sin cargos en su contra, lo que significa la absolución.

El alegato final del fiscal Herranz, con llanto incluido, podría ser calificado de inaudito. "Este informe [su informe final de calificación], más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido". Esta ha sido su tesis durante el juicio, la inocencia. Hay que recordar que a escasos días de que arrancara la vista oral, Herranz amputó el grueso de las acusaciones de la Fiscalía contra Cursach y los suyos, presentando un memorable escrito lleno de tachones, que fue admitido por la Sala, pese a que implicaba de facto un nuevo escrito de acusación, algo que no está permitido al inicio de una vista oral.

Al lado de Herranz, escuchaba impertérrito el fiscal Carrau, que fue quien durante la investigación pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach y sus hombres, a la vista de las denuncias y testimonios que existían sobre la mafia que lideraban en Mallorca para mantener la hegemonía sobre los negocios de ocio. Carrau se opuso firmemente a la puesta en libertad del magnate. En base a las evidencias del sumario, la Fiscalía llegó a pedir para el líder de Cursach ocho años y medio de prisión por liderar una trama de sobornos a policías y otros funcionarios para hacerse con el control de las discotecas en Mallorca. El cambio de postura de Carrau y de la Fiscalía es calificado por varios abogados de las acusaciones con los que ha podido contactar este diario como "vergonzoso".

De cohecho y organización criminal a "nada delictivo"

A lo largo del juicio, una a una se han ido desinflando todas las acusaciones contra Cursach, para quien la Fiscalía pedía al inicio del juicio 18 meses de prisión, por pertenencia a organización criminal, pero ya sin el concurso del delito de cohecho. Pero este miércoles ya no había ni sombra de organización criminal. "Algún jurista diría que el hecho de que un proceso que termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal Herranz, para quien los acusados "no han hecho nada delictivo". 

El miedo de los testigos ya lo adelantó 'Público'

¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares?  El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados.

Este periódico lo desveló en una veintena de exclusivas sobre la denominada 'mafia' que pivotaba alrededor de los negocios de la noche de Mallorca; una investigación periodística que arrancó a través de denuncias internas de las policías locales de Calviá y Palma sobre sobornos a agentes y políticos para hacer la vida imposible a la competencia de Cursach y que salpicaba incluso a las oposiciones para entrar en esos cuerpos. 

Las presiones a todo aquel que señalaba al entorno de Cursach fueron enormes. Al testigo número 29 de la causa se le llegó a quemar la cara, a una mujer que regentaba un club y que testificó sobre aquella mafia se la apaleó; y a dos periodistas, del Diario de Mallorca y de Europa Press, que cubrían el caso un juez les intervino sus móviles, medida sin motivar que provocó una lesión en sus derechos fundamentales, como sentenció el Tribunal Constitucional. 

El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios  iniciales; incluso algunos testigos no han comparecido y se encuentran en paradero desconocido. "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado, que ha tenido que renunciar a la acusación porque "no se han presentado las pruebas que incriminaban a Cursach", sostiene.

 Respecto a su cliente, Bueyes alega que las 14 denuncias que José Manuel Bover llegó a presentar en su día y que estaban aportadas en el sumario, "han desaparecido directamente, ni se han enjuiciado ni se han archivado, es que no están". La abogada se refiere a "hechos gravísimos de coacciones, escombros a la puerta de su local, carne muerta que le dejaron como amenaza..." Bueyes apunta a que en este juicio "ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia", en relación al temor de los testigos a decir la verdad.

Inexplicable actuación fiscal

Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma y la consejería de Turismo. 

Para Teresa Bueyes, "lo que se ha celebrado en Palma no ha sido un juicio sino una farsa, que allana el camino para que el Estado indemnice a Cursach y a Sbert por haber pasado por la cárcel". Hay que recordar que ambos estuvieron 14 y 10 meses respectivamente en prisión provisional. "Este miércoles hemos asistido al proceso de canonización de Cursach y los suyos", dice Bueyes en relación al alegato final del fiscal.

Graves acusaciones contra el juez instructor

Pero además de esa hipotética indemnización, la absolución de Cursach y los suyos defendida con ahínco por el fiscal Herranz también servirá previsiblemente para aumentar los cargos contra el juez instructor del caso Cursach, el ya exjuez Manuel Penalva, y contra el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El Ministerio Público ha reclamado otra investigación por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación en la instrucción. 

La Fiscalía afirma que en el juicio han aparecido indicios de que Penalva y Subirán "presionaron" a testigos y ordenaron detenciones "indebidas"; además acusa de falso testimonio a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio --todos ellos, en contra de Cursach y su red--, entre ellos, una exinspectora de Blanqueo. 

Los ataques a la instrucción judicial de Penalva y Subirán fueron continuos durante la investigación con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones, como finalmente ha sucedido.

 El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto. También hubo campaña mediática; algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

El golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas y acabó siendo apartado tras una recusación. En julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020. "                 (Ana María Pascual, Público, 30/11/22)

Las 4.000 víctimas de la mayor red de ‘sextorsión’

"El número de víctimas de la red de chantaje sexual desmantelada en febrero del año pasado por la Guardia Civil en la Operación Lubido-Hezurra se acerca a las 4.000. Así lo destaca un escrito remitido por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la causa, precisamente por el elevado número de afectados y su extensión a “la práctica totalidad del territorio nacional”.

El sumario, que permanece en gran parte secreto, acumula más de 25 tomos y en él están imputadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, alias Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su detención en la prisión de Teruel. En la causa se investigan delitos de extorsión, amenazas, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación, blanqueo y organización criminal.

La trama de sextorsión ahora investigada es descrita por la Guardia Civil en uno de los primeros informes incorporados a la causa como “un grupo criminal organizado” dedicado al chantaje sexual a personas que habían contratado o intentado contratar los servicios de prostitutas a través de la web pasion.com. Los investigadores recogían en aquel documento policial que la red podría llevar actuando “incluso años” y ya hablaban de “centenares o miles de víctimas”, aunque aún sin concreción.

La Guardia Civil destacaba que los presuntos integrantes de la misma tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas, quienes —ante el temor de ser descubiertos por familiares y parejas su consumo habitual o esporádico de servicios sexuales— realizan desembolsos de diversas cantidades en una o en varias ocasiones”. Para conseguir sus objetivos, la red amenaza a las víctimas con enviar a sus domicilios a los supuestos integrantes de un grupo mafioso de Europa del Este para darles una paliza o, incluso, matarles si no pagaban. “En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, le dicen a un hombre al que reclamaban 450 euros.

‘Mulas’ para cobrar

“Es ese temor a un mal que creen factible el que logra paralizar a las víctimas y conlleva el pago de las sumas solicitadas, llegándose a superar, en algunos casos, los varios miles de euros”, destacan varios informes de la Guardia Civil, que recogen el caso de una víctima que entregó a la red 25.000 euros. Cuando se produjeron los primeros arrestos, las pesquisas apuntaban ya a que la red de chantaje sexual había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”. Para cobrar estas cantidades, los presuntos extorsionadores habían montado un entramado de cuentas a nombre de testaferros para recaudar el dinero sin que se les pudiera conectar con los chantajes. 

A través de una familia del conflictivo barrio valenciano de La Coma, coordinaban una red de mulas, personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir los ingresos a cambio de una pequeña comisión: de cada 1.000 euros, 50 eran para el coordinador y otros 50 para la mula. El dinero se retiraba de inmediato de las cuentas, la mayoría de las veces sin dejar siquiera el rastro de una tarjeta, sino mediante un código. Uno de los implicados llegó a mover “en unos pocos meses” más de 250.000 euros, de los que 233.000 salieron enseguida hacia cuentas abiertas por personas con pasaportes de Malawi, que los investigadores sospechan que son falsos.

La Guardia Civil conoció la existencia de la trama en abril de 2018, cuando una de las víctimas denunció en el cuartel de Sarrión (Teruel) después de ver que, pese a efectuar un primer pago, la extorsión no cesaba. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón o Guipuzkoa, donde aparecieron nuevas víctimas. Las primeras investigaciones apuntaron como origen de los chantajes sexuales la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias donde la trama había abierto las cuentas para recibir el dinero. Diez meses después eran detenidos como presuntos cabecillas dos veinteañeros valencianos, Salva y Erik.

El juez Cano ya intentó el pasado año que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de las pesquisas a la vista de “la magnitud de la causa”, pero entonces el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama, rechazó la inhibición, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que no era competente porque no estaba acreditada “la existencia de una generalidad de personas afectadas” por las actividades ilegales de la red de extorsión. Por ello, el juez de Teruel se dirigió el pasado 3 de diciembre al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que este decida qué órgano debe, finalmente, hacerse cargo de la investigación, según confirmó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El principal argumento del juez Cano es que las investigaciones practicadas hasta el momento cifran ya en “un total aproximado de 4.000 potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional” a las víctimas de la red de sextorsión."                   (Óscar López-Fonseca, David Fernández, El País, 14/01/20)

Juez y fiscal destapan a la cúpula de la Policía Nacional de Palma como cómplice de Cursach

"Nunca en la Historia de España un juez y un fiscal habían acusado de "mafiosa" a la cúpula policial de una comunidad autónoma.

 Hasta ahora, puesto que el juez y el fiscal anticorrupción que investigaron durante años el caso Cursach acaban de acusar a los tres más altos mandos de la Policía Nacional de Baleares de participar de una conspiración para "acabar a cualquier precio con la investigación" de ese entramado mafioso para el que presuntamente trabajaban.

Después de haber sido apartados de la causa e imputados por cuatro atestados policiales chapuceros de ser ellos los que formaban una "organización criminal" sui generis para encarcelar a un montón de supuestos inocentes que toda Palma de Mallorca sabía que formaban parte de la mafia de Tolo Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán finalmente han pasado al contraataque.

Y su ofensiva es demoledora: no sólo se han querellado contra el exjefe superior Antonio Jarabo, el comisario José Luis Santafé y el inspector-jefe Antonio Suárez –exjefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO)– por ordenar presuntamente que se falsificase un informe con el fin de destruir la investigación sobre la mafia policial balear, sino que hace sólo dos días han presentado un recurso en el que presentan unas acusaciones sin precedentes, al que ha tenido acceso este diario.

Este recurso de reforma sostiene que el procedimiento abierto contra ellos para apartarlos de la causa "está viciado completamente de nulidad" por numerosos motivos, empezando por la inconstitucionalidad de las resoluciones del juez Miguel Florit –hoy procesado ante el Tribunal Superior de Justicia por presunta prevaricación–, quien supuestamente cometió al menos tres delitos contra los derechos fundamentales de dos periodistas para incautarse de sus móviles y poner así en marcha la campaña contra los investigadores conocida como el "caso de los whatsapps".

Los cuatro atestados de 'los Juanes' y sus ascensos

Este escandaloso caso se fundamenta en los informes policiales de los dos policías conocidos como "los Juanes" –Juan Márquez y Juan Palomo–, "quienes han actuado en connivencia delictiva con el Sr Suárez y resto de la cúpula policial (Jarabo y Santa Fé)", según sostiene el recurso, al elaborar los cuatro atestados inculpatorios contra el juez y el fiscal.

Sospechosamente, después de haber presentado esos atestados, "los Juanes" acaban de ser ascendidos a altos cargos de jefatura para los que no cuentan con la categoría requerida y pasando por delante de otros inspectores con mayor antigüedad: Márquez como jefe de brigada de la Policía Judicial, sin ser comisario sino inspector-jefe, y Palomo como jefe de la (UDYCO), pese a ser sólo inspector.

El montaje policial consistía, según juez y fiscal, en perseguir una filtración sin gran importancia –puesto que el sumario no estaba ya declarado secreto–, la de un informe económico sobre el Grupo Cursach que le imputaba un fraude a Hacienda por valor de 51 millones de euros, y atribuírsela a Subirán para apartarlo de la causa. Para ello, Márquez y Palomo acusaron a juez y fiscal de trece supuestas filtraciones al periodista Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, cuyo móvil fue incautado por orden de Florit, igual que el de la redactora Blanca Pou de Europa Press.

La demostración de que ese primer atestado de "los Juanes" contra Penalva y Subirán fue ejecutado premeditada y precipitadamente sólo para comprometerlos radica en que no sólo no existe ninguna revelación de secretos punible sino que "si tanto el Juez Florit, como el Fiscal Carrau, y los señores Márquez y Palomo (instructores del atestado), hubieran dedicado una hora a contrastar las publicaciones del Diario de Mallorca, con las realizadas por otros medios, se habrían percatado que CASI TODAS LAS NOTICIAS SON PUBLICADAS POR OTROS MEDIOS, Y LA MAYORIA DE VECES CON ANTERIORIDAD AL DIARIO DE MALLORCA, tal y como se explica con detalle en las alegaciones", explica el recurso de juez y fiscal.

Por tanto, Márquez y Palomo, "guiados maliciosamente por los instructores del atestado" –continúa el recurso–, "han llevado una actividad investigadora SOSPECHOSAMENTE SELECTIVA Y PREDETERMINADA, contra un solo medio de comunicación, porque el único objetivo que presidia esta investigación, como luego veremos, era el de desacreditar a toda costa a los investigadores, y al tiempo proporcionar una “excusa aparentemente legal”, para instar la nulidad de la causa seguida contra el Sr Cursach y resto de investigados".

El recurso también recoge los motivos de la querella, presentada hace poco más de un mes por juez y fiscal, contra los tres altos mandos de la cúpula policial de Palma. Así reza el escrito de Penalva y Subirán:

La cúpula policial ordena un informe falso contra el fiscal

"Cuando ya se conocía que la filtración del informe que dio lugar al inicio de este procedimiento, procedía aparentemente del Grupo de Blanqueo (recordad al respecto que el Sr Penalva, llevaba meses apartado del caso, y el Sr Subirán ni siquiera leyó el referido informe), en una reunión mantenida por nada menos que LA CÚPULA POLICIAL, integrada por el Sr Jarabo (Comisario Principal), el Sr Santafé (Jefe de Policía Judicial), y como no, el Sr Suárez, se instó al Subinspector Miguel Ángel Blanco, a que ELABORARA UN INFORME FALSO, DONDE SE ATRIBUYERA LA INDICADA FILTRACIÓN DEL INFORME AL SR SUBIRÁN, propuesta que fue rechazada por el Subinspector".

"Semejante maniobra, además de ser constitutiva de delito, ya demuestra el interés de la cúpula policial, para acabar con uno de los investigadores a cualquier precio, y también con la investigación de la causa principal, que podría alcanzarle (Sr Suárez), pues según explicará un testigo en su momento, presuntamente recibía sobres de dinero del Grupo Cursach, además de compartir mesa y mantel en algún que otro restaurante con el Sr Cursach".

"Como quiera, que esta turbia maniobra no le salió como esperaban, la cúpula policial y en especial el Sr Suárez, valiéndose de sus amigos íntimos Márquez y Palomo, al igual que en su día hicieron con la testigo 31 (madame), ORQUESTÓ EL PLAN QUE CONCLUYÓ CON LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, para así saciar su sed de venganza, construyendo un atestado a su medida, repleto de falsedades y manipulaciones, como en nuestras alegaciones vamos a demostrar, que empezaba con las medidas acordadas contra los indicados periodistas, puesto que el objetivo final y predeterminado desde un principio era acabar con los investigadores, y en especial con el Sr Subirán, que aún era el único que quedaba al frente de la investigación".

 "Las defensas, y en especial la del Sr [Tolo] Sbert [lugarteniente de Cursach], tardaron escasos días en solicitarla, porque seguramente ya disponían del atestado con anterioridad (es más, este hecho, esto es que estas “defensas” ya conocían antes el atestado es algo que reconoce explícitamente la representación del Sr. Sbert en su Recurso de Reforma), y que habría sido filtrado por los señores Márquez y Palomo, al igual que lo hicieron con el Diario Ultima Hora, claramente posicionado desde hace tiempo en la defensa de la Organización criminal".

"Los investigadores, desde un primer momento ya conocían que la filtración del informe aludido procedía presuntamente de Blanqueo, de manera que ningún sentido tenía intervenir el material de los periodistas, al que sin duda accedieron, con la consiguiente desilusión provocada por el hecho de que nada apuntaba a mis representados, iniciándose desde ese momento una investigación prospectiva de la que luego hablaremos, “para ver qué podían encontrar”, con el fin de implicar a mis representados, que se habían convertido en el objetivo de los señores Jarabo, Santa Fé y Suárez, simple y llanamente porque habían investigado a éste último tanto en la causa “Cursach”, como en la denuncia que interpuso en su día la testigo 31 contra él, y que también fue sospechosamente investigada por los mismos instructores que han elaborado este atestado (Márquez y Palomo)".

Ante la extrema gravedad de estas acusaciones –sin parangón en la historia judicial de nuestro país– por parte de un magistrado y de un fiscal Anticorrupción, este diario se ha puesto en contacto con el Testigo Protegido 29 –quien, como ya adelantó Público, ha tenido que huir al extranjero ante las agresiones de sicarios contratados por la mafia de Cursach–, y ha obtenido el vídeo de la declaración de la Testigo Protegida 31 –conocida como "la madame" porque regentaba un puticlub frecuentado por los más altos dirigentes del PP y por policías–, quien quiso testificar ante Penalva tras ser amenazada y coaccionada personalmente por el propio Antonio Suárez, según declaró ante la cámara.

La Testigo 31 fue también amenazada de muerte por un sicario de la trama Cursach, que le golpeó salvajemente la cabeza contra los escalones del portal de su domicilio, exigiéndole que retirase su denuncia contra el sobrino del capo, Pedro Rosselló Cursach, quien acabó siendo condenado a 15 meses de prisión por coacciones y obstrucción a la Justicia.

A continuación, mostramos el vídeo completo –por su interés para comprobar que no estaba dirigida y era a todas luces sincera– de la declaración de la Testigo 31, quien se muestra atemorizada y en ocasiones llorosa ante las gravísimas amenazas, incluso de muerte, que recibió de los mandos policiales.

Durante su declaración, la testigo pide una y otra vez que no se muestre ese vídeo hasta que no "esté segura", algo que ya se cumple dos años después de su testimonio, según fuentes judiciales consultadas por Público. De todas formas, en el audio, hemos suprimido las menciones a su nombre completo, pese a que su identidad es plenamente conocida por los que la amenazan y tratan de impedir que declare libremente, además de haber sido desvelada en las redes por la trama mafiosa.

El vídeo de una testigo protegida amenazada por Suárez

Desesperada porque los mandos policiales le han quitado su documentación y la de su hijo, conminándola a declarar contra juez y fiscal o abandonar el país, la Testigo 31 queda en una cafetería con el magistrado Penalva, quien le toma declaración y la graba con su propio móvil con la asistencia de un agente policial del Grupo de Blanqueo, Iván Bandera, que toma nota del testimonio que a continuación transcribimos casi íntegro por su indudable trascendencia. Es el 25 de septiembre de 2017:

Manuel Penalva (MP): Se va a tomar declaración a Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx, testiga protegida número 31 en relación al presunto ofrecimiento de dinero para que primeramente declarara contra el juez, que es el que ahora mismo está hablando, instructor del caso Cursach, y contra el fiscal. Parece que al no haber aceptado ese ofrecimiento le han ofrecido marcharse del país, entregándole dinero a cambio de que se olvide del tema y que no declare. A continuación se va a proceder a la lectura de la declaración que se le ha tomado manualmente a día de hoy en presencia de la testigo para que pueda aclarar, rectificar, lo que consta en la declaración manuscrita. Un agente de Policía procede en este mismo acto a la lectura íntegra de la declaración y la testigo hará las correcciones o ampliaciones o rectificaciones que estime oportunas.

IB: La testigo policial 40, judicial 31, Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx Xxxx, dice así:

Declara para poner en conocimiento su marcha del país. Hace una semana, dos personas que se identificaron como policías nacionales, mostrando su placa, se adentraron en su domicilio. Los dos agentes le dijeron que eran los jefes, y lo saben todo, de la causa. Uno de ellos, bajito, regordete, con poco pelo negro peinado hacia atrás. ​Le hemos mostrado la fotografía y reconoce a [Antonio] Suárez. ¿Le vuelvo a mostrar la fotografía?
T31: No, no quiero volver a verle. Por favor. Es la persona que hemos dicho que era Antonio Suárez.
IB: Le dijo que era el jefe de la Policía Nacional y que tenía acceso a todas las actuaciones de la investigación y que por ello sabe qué es lo que han declarado todos los testigos de la causa…
T31: Comentó las declaraciones; sabe lo que se había declarado y aparte de eso los abogados también lo tienen, con lo cual cuando se llegara al juicio pues tirarán todo para detrás, todo.
IB: Que iban a desmontar, uno a uno a todos ellos, refiriéndose a testigos. Éste le dijo que fuese a declarar al juzgado y dijese que todo lo que había declarado había sido porque el juez y el fiscal le habían obligado a hacerlo.
T31: Sí. Ellos lo primero que querían era eso, que yo dijera que tanto el fiscal como el abogado… ¡perdón! Que tanto el juez de instrucción como el fiscal me habían dicho todo lo que tenía que decir, me habían enseñado las fotos de a quienes tenía que inculpar… todo, todo, todo lo que yo decía era porque me habían dicho que se dijera así. Cosa que no es verdad, que me niego en rotundo a que se diga eso porque no es verdad. Yo fui obligada a ir a declarar por culpa de la gente de Cursach. Por culpa de Pedro Cursach, de Tolo Cursach, y de toda la gente que me ha metido en esto. Pero nadie me ha obligado a decir nada. Nadie. Pero también digo muy claro [llorando] que yo me voy del país para no declarar, pero es la verdad, todo lo que he declarado. Y nunca es mentira y nadie lo podrá demostrar que es mentira eso. ¡Nadie!

 IB: Seguimos. Que para no equivocarse la enviarían a Madrid para que se viera con unos abogados…
T31: Sí, para que me dieran todo lo que tenía que decir.
IB: …que le dirían todo lo que tenía que decir. Este policía iba acompañado de otro, más joven, con pelo corto, que le dijo que él era el jefe del grupo de drogas y que sabía todo lo que ocurría en la isla…
T31: Todo.
IB: La dicente se negó a declarar contra el juez y el fiscal, a lo que –después de insistir– le dijeron que se marchara del país. Exigieron que les entregara toda la documentación que tuviera, suya y de su hijo…
T31: [sollozando] Lo tienen todo…
IB: Le dijeron que volverían por su casa para darle los pasaportes y la documentación junto a dos billetes de avión, para ella y para su hijo…
T31: ¡Sí! [ininteligible entre sollozos] …mente.
IB: No le dijeron el lugar de destino, pero le dijeron que sería fuera de España y le darían dinero para que pudiera vivir tranquila…

 IB: Por los nervios, y un poco por la negativa de la dicente, el policía más joven le dijo en tono amenazante que aceptara, que no sabía lo que iba a suceder, que era muy peligroso, que si no quería aparecer en un contenedor con un pico clavado era mejor que se fuera. La dicente entregó el libro de familia de su hijo y los DNIs y el pasaporte caducado de la dicente. Quedaron en que volverían en cualquier momento con los billetes de avión. Que estuviera con las maletas preparadas…
T31: [con un hilo de voz] Sí…
IB: Después de esto los policías le dijeron que la acompañaran a la comisaría. Fueron en un coche gris que conducía el más joven. En comisaría tomaron el ascensor de mano izquierda y subieron a la última planta. Allí le enseñaron aparatos y le dijeron que allí se podían conectar teléfonos y saber lo que dicen. Que podían poner micrófonos, cámaras, etc. Se dio cuenta de que podían arruinarle la vida o hacerle desaparecer con una sobredosis…
T31: No, [sollozando] aparte de eso sé positivamente que es verdad porque ellos no quieren que hable, no quieren que vaya al juzgado, no quieren que denuncie nada en la Policía, no quieren que hable contigo [dirigiéndose al juez], no quieren que hable con un abogado, no quieren que hable con nadie. Y con eso me demostraron que lo van a saber en cuanto pase…
IB: Le dijeron que la iban a desestabilizar por todos los medios, incluida la pres…

 31: De hecho, ellos me lo dijeron que esto iba a pasar cuando hoy ha salido en los periódicos una querella o una denuncia contra mí, de la que yo todavía no tengo y que yo no sé si está puesta ni sé nada, y sin embargo ya ha salido en la prensa. Y esto ya me lo dijeron ellos, con lo cual…
IB: Aquí lo pongo: “En el día de hoy ha salido una noticia en el Última Hora en la que se querellan contra la dicente”.
T31: Bueno… yo no tengo… Esta es la noticia, yo no lo sé.
IB: Por su seguridad y la de su hijo hará lo que estos hombres digan…
T31: Sí, me voy…
IB: …y se irá del país cuando le ordenen.
T31: Yo no voy a declarar mentiras, pero tampoco voy a declarar. Yo no puedo afrontar más [entre lágrimas], yo estoy ya completamente hundida…
IB: También le dijeron que no hablara con nadie, pero se toma la presente [declaración judicial] para que sea utilizada cuando ella y su hijo estén a salvo.
T31: Sí…
IB: Queda claro en la declaración: no se utilizará hasta que estén seguros…
T31: Sí, por favor [sollozando] es lo único que pido… que piensen… Que a mí me acusen de mentirosa de estafadora… Vale, esto ya se lo inventan y la gente podrá creer lo que quiera, pero nunca podrán decir que he mentido, jamás.

IB: Para mostrarle que lo que decían era cierto le dijeron que hay un testigo al que han pagado para que diga que ha recibido dinero del testigo 29 para llamar a una abogada desde una cabina de Lluchmayor, y así, con ello, desmontarían su credibilidad, aun sabiendo que no había sido él el que llamó a la abogada y que estaba en [ininteligible]. Todo ello lo saben por el posicionamiento de los teléfonos. La dicente no sabe a qué se refería el identificado como Suárez, pero le dejó ver que tienen la sartén por el mango y que tienen muchas armas…
T31: Y que además estos señores también me dijeron que los que me había pegado a mí, igual que al testigo 29, son cinco rumanos que viven juntos y que están pagados por ellos. Ellos saben que son… yo no sé si estos rumanos viven juntos o no. Ni de hecho si han llegado a saber quiénes me han pegado a mí. Pero ellos dijeron que eran ellos y viven los cinco juntos… cinco rumanos. Yo no sé si la Policía Nacional los tiene identificados, pero este señor lo tiene muy claro y sabe quién me ha pegado.
MP: ¿Sabe si son los que vinieron a declarar en falso en el juzgado?
T31: Sí, eso es lo que este señor me dijo. Que igual que estos han declarado en falso, van a declarar los demás y que todo el proceso se va a ir a pique. Porque igual que quieren que yo declare mentiras hacen que yo declare mentiras…
​MP: ¿Son los rumanos que defiende el señor Herrero Cereceda?
T31: Sí, sí. Que este abogado también es uno de los abogados que a mí me propusieron para que me defendiera…

 IB: Bueno, eso no lo he puesto. Añado… lo añado. También le dijeron que a este testigo 29 le han dado una paliza los mismos rumanos que la agredieron a ella y que ellos lo saben y les protegen…
T31: Por eso ellos… por eso no los han…
IB: …Se trata de un grupo de cinco individuos…
T31: Viven juntos, además.
MP: Y que estos rumanos…
T31: Han sido traídos además por el Grupo Cursach, estos rumanos.
MP: Son los que han declarado en la pieza, si es que lo sabe…
T31: No…
MP: Bueno, que han declarado falsamente en el juzgado.
T31: ¡Sí! Eso me lo dijo él, que han declarado falsamente y que los protegen, además.
MP: En el juzgado se lleva, no sé si lo sabe, una pieza como consecuencia de la agresión que sufre el testigo 29. Y en esa pieza es donde han declarado cinco rumanos que, efectivamente, viven juntos.
T31: Yo sólo sé lo que esta gente me ha contado. Y sé positivamente que tanto el testigo 29 como yo no vamos a…
MP: ¿Pero sabe que son los rumanos que defendía el señor Herrero Cereceda?
T31: ¡Sí! Porque es que a mí eso me lo ha dicho este señor, me lo ha dicho el policía. Igual que me ha dicho que ellos los protegen. ¡Y son los que nos están pegando a los testigos! ¿Y la Policía los está protegiendo? Es que parece una película… La verdad que la gente no sabe lo que estamos pasando. No lo saben, no lo saben. Porque yo no creo que haya nadie normal que pueda permitir que esto pase.

IB: Bueno acabo de leer lo que queda…
T31: Yo lo único que pido es que por favor esto no salga hasta que yo esté fuera del país con mi hijo porque es que me van a matar [sollozando]. Ahora ya es que me van a matar.
IB: Leo lo que acabo de añadir: “Se trata de un grupo de cinco rumanos que viven juntos y los que ya han declarado falsamente, y por eso son protegidos por ellos. Si la dicente quiere un abogado le pondrían al señor Herrero, el mismo que le han puesto a estos rumanos”…
T31: ¡Sí! Que han salido libres, porque él me lo ha dicho, que han salido libres. ¡Siendo culpables han salido libres! ¿Cómo es esto posible?
MP: Pero, igualmente, tú no quieres abogado y…
T31: ¡No, no, no! Yo no quiero nada, yo me quiero ir… [llorando] Quiero mi documentación, me la quiero llevar conmigo… [secándose las lágrimas] Por favor, no lo saquéis, esto, porque yo estoy muy lejos… [toma aliento y todos quedan callados un rato]
IB: [tragando saliva] La dicente le hizo saber que no quiere abogado y que acepta marcharse del país cuando la ordenen…
T31: ¡Eso! Yo no voy a hablar con nadie y no voy a hacer ninguna declaración, no voy a ir a los juzgados, no voy a ir a la Policía… Estoy sin documentación hasta que ellos me proporcionen todo para irme…
IB: [mostrándole papeles sellados] Ésta es la declaración que te acabo de leer…
T31: Muy bien.
IB: Fírmala…
T31: Sí [coge un bolígrafo y firma en cada hoja y al final de la declaración]
MP: Igual convendría… para que…
El policía muestra a la cámara una fotografía en su móvil del entonces inspector jefe de la UDYCO, Antonio Suárez, y luego se la muestra a ella, preguntando:
IB: ¿Éste es…?
T31: [hablando con firmeza] Ése es el jefe de la Policía que me amenazó y se llevó toda mi documentación.
MP: Ya, vale.
T31: [con la voz quebrada] No lo saquéis, por favor…

Los 'Juanes' también investigaron el caso de la testigo 31

Después de tan dramática declaración se abrió una investigación interna en la Policía, pero le fue encargada precisamente a "los Juanes" Márquez y Palomo, quienes la cerraron diciendo que no habían hallado prueba ninguna de todo ello.

Fuentes policiales de la Jefatura de Palma han revelado a Público que este mismo martes, 17 de septiembre, esos dos mandos recién ascendidos le han dicho al inspector jefe de la UDEF que se quede al mando "unos días" porque ellos tienen que hacer un trabajo muy urgente y se van a quedar encerrados en el despacho, donde están revisando frenéticamente todas las grabaciones de la causa.

En cuanto al Testigo 29, acaba de viajar hasta Palma de Mallorca, desde el extranjero donde reside ahora, para presentar una denuncia –que se reproduce en el margen izquierdo de este párrafo– el pasado día 13 ante la Jefatura de Policía contra Márquez y Palomo, en la que pone en conocimiento del jefe superior del CNP de las Islas Baleares, Gonzalo Espino, que esos dos inspectores han revelado sus datos personales:

"Que desvelan no sólo mi nombre y apellidos sino incluso mi número de móvil, que he tenido que dejar de usar porque comencé a recibir llamadas amenazantes tras la difusión del citado número de móvil".

"La Web "JAVA" SE HIZO eco tanto de mi identidad, como del número que se me asignó en el juzgado como testigo protegido, además de revelar mi número de móvil como ya habían hecho Márquez y Palomo".

Todo ello "constituye una vulneración clara de la ley de protección de testigos", subraya la denuncia contra los dos inspectores.

Además, el Testigo 29 ha confirmado personalmente a Público que él mismo vio "en innumerables ocasiones cómo Antonio Suárez iba a la discoteca Tito's –cuartel general de Cursach– a por sobres de dinero, los sábados a primeros de mes, sobre las doce o la una de la noche". Y que eso lo declaró ante el juez Penalva en su despacho, aunque no se le tomó testimonio judicial, y que está dispuesto a prestar esa misma declaración en la vista oral del caso Cursach.

El Testigo 29 ha dado amplias explicaciones a este diario sobre lo que vio de las actividades de Suárez en relación a la mafia de Cursach, y Público también ha conseguido nuevas pruebas de audio en las que otro testigo más ratifica esa versión. Pero todo eso tendremos que presentarlo en un nuevo artículo de esta serie."                         (Carlos Enrique Bayo, Público, 17/09/19)