Jacobo Pombo aparece como el hombre clave y cabecilla de la trama de comisiones en mascarillas durante la pandemia. Es afiliado del PP de Feijóo, ha trabajado para FAES de Aznar, aparecía en el caso Pequeño Nicolás y había sido recibido por Felipe VI, Ábalos y Margarita Robles.
"Jacobo Pombo, el cachorro que el PP crió en Génova emerge como “intermediario” en el 'caso Koldo'.
La Guardia Civil apunta al antiguo empleado de FAES,
que compartió militancia con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y que ha
explotado sus contactos al más alto nivel desde un lobby con sede en
Santander
Jacobo Pombo (Santander, 1983) acumula un álbum al que no falta
ningún cromo importante. Sería la envidia de cualquier coleccionista de
famosos. Un paseo por las redes sociales de este consultor y lobista,
que ha desarrollado la práctica totalidad de su vida laboral a la
sombra del Partido Popular, deja muy claro el alcance de su agenda
personal y de sus contactos al más alto nivel político, empresarial y
social: desde Felipe VI y la reina Letizia hasta la presidenta del Banco
Santander, Ana Patricia Botín; del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pasando por la
presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ministros de
distintos signos políticos, líderes gubernamentales de varios países de
América Latina o diversos integrantes de la Comisión Europea.
Este 'cachorro' de Nuevas Generaciones criado en Génova, que
trabajó en FAES, fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y
compartió militancia con dirigentes como Pablo Casado o Isabel Díaz
Ayuso –cuando estos todavía no habían llegado a lo más alto–, es
señalado ahora en el sumario como “intermediario” en la vertiente balear de la trama destapada por el 'caso Koldo',
que investiga las comisiones en torno a la venta de mascarillas en el
peor momento de la pandemia de la COVID. En realidad, Pombo lleva más de
una década entre bambalinas presumiendo sin rubor y posando con la
élite de España y Latinoamérica.
“Koldo García estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase
a través de dos personas distintas. La observación de las
comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta Unidad han
permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y
Jacobo Pombo”, señala un informe sobre los avances en la investigación
consultado por elDiario.es y firmado este mes de febrero por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El atestado menciona por primera vez en el sumario al todavía
presidente del Global Youth Leadership Forum, un foro internacional de
“líderes por el cambio” que se celebra desde hace varios años en el
Palacio de La Magdalena de Santander y cuya página web ha dejado de funcionar tras saltar a la luz la presunta implicación de su fundador en esta trama corrupta.
Hay un nombre que viene a la cabeza recurrentemente a muchos de
los que han coincidido con él en Santander a lo largo de los últimos
años. “Antes de que nadie conociera al Pequeño Nicolás... Jacobo Pombo
ya era el Pequeño Nicolás”, bromea un excompañero de trabajo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución
académica con una docena de sedes por toda España y que celebra sus
tradicionales Cursos de Verano en el mismo Palacio de La Magdalena de
Santander en el que Pombo radicó su foro años después. Se da la
casualidad de que Pombo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias tuvieron una
relación de amistad y que Pombo también apareció citado entre los
papeles que la Policía incautó al estafador junto a una cifra anotada de
9.000 euros por unas gestiones con Ferrovial y Eduardo Zaplana.
Carrera fulgurante
Su paso por la UIMP fue meteórico. De tareas relacionadas con el
protocolo saltó a director de Proyectos, Patrocinios e
Internacionalización. Todo ello, tras la llegada a La Moncloa de Mariano
Rajoy en 2011 y con José Ignacio Wert como titular de Educación,
Ministerio del que depende la entidad académica. “Su tarea aquí siempre
fue muy difusa, pero aprovechó bien el tiempo. Nadie sabía muy bien a
qué se dedicaba, pero siempre estaba en el lugar correcto en el momento
indicado, acompañando a un ministro, ejerciendo de anfitrión,
repartiendo tarjetas...”, recuerda una funcionaria de la UIMP que
coincidió con Jacobo Pombo en aquella etapa.
Ese es el hilo conductor de su trayectoria personal y su
currículum vitae: las relaciones públicas, los contactos políticos y su
intensa relación con el Partido Popular. Militante de Nuevas
Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, donde
compartió tiempo y espacio con figuras relevantes como Pablo Casado,
Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol, trabajó en el Departamento
de Relaciones Internacionales en la sede de la calle Génova, pasó por la
Fundación FAES de José María Aznar y por el Ayuntamiento de Madrid, y
en los últimos años ha contado con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Santander para desarrollar en la ciudad las reuniones del Global Youth Leadership Forum, que hace tan solo unos días preparaba junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).
El levantamiento del secreto del sumario del 'caso Koldo' ha
dejado al descubierto que la trama de corrupción en la que participaba
el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista
como “intermediario” –término empleado por el magistrado– para evitar el
pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares. Koldo
García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo. El juez del caso,
Ismael Moreno, cree que “sus maniobras habrían surtido efecto” porque el Govern del PP que preside Marga Prohens dejó caducar la reclamación.
El informe policial de la UCO refleja los controles de
actividades y seguimiento realizados por esta Unidad de la Guardia Civil
sobre los investigados, dos viajes de Jacobo Pombo y Koldo García este
mismo mes de enero, primero desde México a Madrid y posteriormente desde
Madrid a Perú, con tan solo unos días de diferencia y con asientos
contiguos.
También aparecen visitas del exasesor del Ministerio de
Transportes con el presidente del Global Youth Leadership Forum a la
sede social de este mismo organismo en la capital de España, de la que
constan además varios pagos a Koldo García en años anteriores, con
documentación e imágenes que se alejan del glamour que hasta ahora había
conseguido transmitir el protagonista en su particular álbum de fotos
personal." (Laro García, eldiario.es, 05/03/24)
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre
(Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio
corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de
Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8
millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones
públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta
2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un
euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier
precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes.
En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la
necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García
quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del
Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión,
para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de
contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con
los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre
el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el
Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo
se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del
Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de
la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con
diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo
investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación
alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante
2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción
atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones
ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio
de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los
ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de
origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es
dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de
Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la
pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a
54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio,
según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus
desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la
siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en
su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su
Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del
exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa
en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las
comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y
su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el
pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para
recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado
la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15
vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la
Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los
lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de
guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las
escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes
han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el
esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama:
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo
siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la
inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos
declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno
balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el
PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un
material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia.
La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la
denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía
Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García
con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer.
Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se
duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se
triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros).
Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de
138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación
alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero
que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además,
la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de
2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en
la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija
menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en
estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus
ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus
ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021
(123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra
reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente
por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de
nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó
sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de
tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La
empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia,
hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado
societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa
reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones
intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque
decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de
euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones
de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el
laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear
de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El
Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la
devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la
empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la
reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que
los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar
el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos
socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del
ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución
con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido
acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a
funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo
García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a
los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara
en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se
produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el
que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que
intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido
cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete
supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al
dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José
Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la
apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y
seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí
aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a
fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor.
Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el
exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se
han saldado, de momento, sin resultados claros.
La
acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los
primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con
Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el
exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una
documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo
García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio,
Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un
operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre
Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía
recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de
noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y
averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de
control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de
la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido
por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a
Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero
que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del
vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del
asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo
interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al
litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea
estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien
denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con
el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el
expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre
que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de
fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los
contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese
organismo.
La
Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos:
“Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron
adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación
mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos
relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En
realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4
de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la
demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama
una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos
en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos:
“Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un
precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más
prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos
artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La
Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se
concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para
"mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos
cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos
detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó
cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del
Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y
2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y
Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de
material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios
contratos.
A
cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco
en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en
su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su
mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones
entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el
subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA
Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es
el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las
conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que
los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el
empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de
5,5 millones de euros.
Ambos
tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama
habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con
el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García.
Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría
experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros
entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de
Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición"
de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de
febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se
localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada
en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja
fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer
de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la
titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del
exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es
el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y
2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su
conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es
también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece
como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en
una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de
Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente
Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro
de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto,
aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos
sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la
empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de
Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados,
para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa
instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un
beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones
de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en
2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en
2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670
euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre
las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de
estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de
financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e
instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es
el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas,
aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo
Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la
querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el
juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en
las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta
al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además
de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se
habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en
distintos medios:
José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y
de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha
ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su
partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a
Ábalos como intermediario de la trama
para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las
mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y
actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que
estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
Jacobo
Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y
exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las
"gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la
reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la
empresa de la trama.
Francina
Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de
Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de
Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin
de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones
efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra
de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que
ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
Ángel
Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y
expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa
Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción
en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo
García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha
revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor
de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario”
para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de
Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas.
Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que
llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también
presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz
parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de
buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El
juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern
del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los
investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del
Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las
semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo
García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa
reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió.
Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con
un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de
tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la
causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE)
saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa
instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios
contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros
en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los
implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente
estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga
Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la
reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto,
habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también
empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que
pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que
ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que
estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era
presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones
de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a
esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas
después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva
dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al
Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que
otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había
dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los
investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual
Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría
relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una
tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle
cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de
Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto
de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía
más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al
frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están
dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y
“colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a
un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que
había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la
cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los
periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún
miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de
haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de
enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto
en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil
dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su
sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova
en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a
Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le
transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más
desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis
medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el
asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha
que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales
responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe”
–en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP
que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar
la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los
pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten
“concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería
Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la
sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales.
Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado
enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos
días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de
enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus
conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría
haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa
adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en
consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión
habrían “surtido efecto”.
""¿Aquí qué hay? ¿Mil, no?” “Sí, coño [...]”. “Acepto, tiene
2.000, o sea 1.000, 20 billetes [de 50 euros]” “Vale, ¿cuánto tiene
ahí?”. “Hay 20”. “Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez.
1.500”. “Venga, perfecto”. El 26 de enero de 2021, Marcos Antonio
Navarro, integrante confeso de la trama de corrupción desmantelada en el caso Mediador,
se reunía con uno de los presuntos cabecillas, el general de división
de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Navarro, sin que lo
supiera su interlocutor, estaba grabando con su teléfono móvil el sonido
de aquel encuentro en el que, tras contar los billetes, le entregaba al
alto mando del instituto armado una supuesta comisión de 1.500 euros
por las gestiones que el general supuestamente había hecho para
favorecer a un empresario, según destaca un informe del Servicio de
Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario y al que ha
tenido acceso EL PAÍS. El mismo documento policial, fechado el 8 de
febrero, poco antes de las primeras detenciones, destaca que aquel
dinero no fue la única dádiva que presuntamente recibió el general
Espinosa. Las pesquisas recogen el pago de billetes de avión, estancias
en hoteles, tarjetas prepago, quesos canarios e, incluso, una caja de
puros que el alto mando mandó ir a recoger al aeropuerto a uno de los
agentes a sus órdenes.
El general Espinosa es uno de los
12 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la
Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de
corrupción asentada en varias islas que se dedicaba a cobrar comisiones a
empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar
inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas
europeas o facilitarles la consecución de contratos. Espinosa ―ya fue
investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él― es el único de los arrestados al que la jueza del caso Mediador ha enviado a prisión provisional.
Sobre él pesan acusaciones de cohecho y organización criminal, bajo la
sospecha de haber cobrado comisiones por, entre otros motivos, el
supuesto amaño de cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000
euros financiados con fondos europeos.
Según el relato contenido en los documentos policiales, el modus operandi
del general era recibir a los empresarios en su despacho oficial en la
Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para “seducirlos” de
su capacidad de influencia, para posteriormente almorzar en un
restaurante cercano en el que “en ocasiones” estos le entregaban algún
presente “como parte del engrasamiento hacia el funcionario [para
facilitar su colaboración]”. Los investigadores destacan que a partir
de ese primer encuentro los empresarios incrementaban “el gasto de los
supuestos sobornos” al general que, junto al pago de vuelos, hoteles y
otras comidas, incluía la entrega de dinero en efectivo y de tarjetas
prepago. Las pesquisas han revelado que Espinosa pidió o recibió en tres
ocasiones, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, uno de estos modos
de pago que hace muy dificultoso identificar a quién la utiliza.
El informe de
la Guardia Civil detalla que el alto mando se integró presuntamente en
la trama en septiembre de 2020 ―cuando ya era el director del Proyecto
GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea para reforzar la
seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad― y
permaneció en ella aproximadamente un año, hasta que “los empresarios
comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos
no veían prosperar el resultado prometido”. En ese tiempo, las pesquisas
lo vinculan con cuatro empresarios y, sobre todo, con el mediador de la
red de corrupción, Navarro Tacoronte, también con antecedentes
policiales que datan de hace 20 años. Este, tras su detención en enero
del año pasado acusado de estafar 2.575 euros, comenzó a colaborar con
la justicia y delató al resto de integrantes de la trama, entre ellos al
general, al que situó en su epicentro al asegurar que actuaba “como
mediador de las negociaciones llevadas a cabo a cambio de una comisión”.
Navarro acompañó sus acusaciones con documentos, fotografías y audios
de las visitas que tanto él como los empresarios hicieron al despacho
que el alto mando tenía en la sede principal de la Guardia Civil en
Madrid. Los investigadores recalcan en sus informes que el testimonio
del arrepentido ha sido corroborado con numerosos documentos durante las
pesquisas.
Navarro aseguró que el general, al que la trama se refería con los alias de Papá y Viejo, era “mucho más prudente” a la hora de recibir “regalos” que el otro presunto cabecilla de la trama, el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni,
aunque detalló que ello no impidió que los empresarios a los que
prometía ayudar le pagaran todo tipo de regalos. También aseguró que
Espinosa pidió a uno de ellos que contratase como comercial, con un
sueldo de 3.000 euros al mes, a una mujer con la que supuestamente
mantenía una relación sentimental, y a la que el propio alto mando se
refería en sus conversaciones por WhatsApp con otros miembros de la
trama como “el chocho volador”. Navarro añadió que el general justificó
precisamente su intervención en la trama en que “tenía que buscarse un
futuro económico porque se iba a jubilar [pasó a retiro en enero de
2021] y tenía que buscar un porvenir” tanto para él como para esta
mujer.
En su declaración, el mediador aseguró que él
entregaba en mano al general un sobre con dinero ―entre 1.500 y 3.000
euros ― cada vez que se veían y que estos fondos eran aportados por los
empresarios, uno de los cuales llegó a pagar a lo largo del tiempo cerca
de 20.000 euros para entregárselo a Espinosa. El informe de la Guardia
Civil destaca que Navarro aseguró ante la jueza que Espinosa llegó a
prometer a uno de estos empresarios ayuda para conseguir un contrato
para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por un
valor de 35 millones de euros, gestión por la que el general pretendía
cobrar supuestamente un 10% “por gastos de representación”.
El
mediador también afirmó ante la jueza que, en cierta ocasión, Espinosa
le facilitó la numeración de una cuenta bancaria de una entidad belga
para que le ingresase allí el dinero, pero que, como estaba “un poco
borracho”, le mandó horas después un mensaje para pedirle que no
transfiriera nada “porque faltaban números”. El mediador aseguró que,
finalmente, nunca envió dinero a esa supuesta cuenta. La magistrada ha
pedido ayuda a las autoridades belgas para intentar localizar esa
cuenta, cuya existencia revelaría, según el informe de la Guardia Civil,
“un evidente afán [...] en ocultar o encubrir las ganancias que
ilegítimamente obtuviera”. La investigación también rastrea posibles
bienes que Espinosa pudiera tener en los países del Sahel donde operaba
el proyecto que dirigió durante casi cuatro años como general de la
Guardia Civil.
Ascendido por los ministros Fernández Díaz y Zoido
El
general Francisco Espinosa, al que los investigadores sitúan como
cabecilla de la “rama empresarial” de la trama de corrupción, medró en
la Guardia Civil durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy encausado en el caso Kitchen,
y el de Defensa, Pedro Morenés, lo ascendieron a general de brigada en
2012 y le destinaron como segundo jefe del Estado Mayor del instituto
armado. Sus sucesores, Juan Ignacio Zoido, hoy europarlamentario del PP,
y María Dolores de Cospedal lo volvieron a ascender en diciembre de
2016 al nombrarlo general de división tan solo cinco días antes de que
pasase a la reserva, lo que permitió a Espinosa seguir en activo, según
detallan fuentes del instituto armado. Gracias a esta decisión, el
general, del que algunas fuentes destacan su cercanía personal con Zoido
—ambos son sevillanos—, pudo permanecer en activo hasta 2021. En esos
años ocupó, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde
2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por
la Comisión Europea en esta zona de África. Pese a que pasó a la
situación de retiro en enero de aquel año, en este último destino
permaneció operativo unos meses más, según refleja las nóminas que
recibió y que obran en el sumario. Según la investigación, la supuesta
implicación del general Espinosa coincide en el tiempo, precisamente,
con su permanencia en este cargo. De hecho, la jueza investiga si desde
ese cargo amañó cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000
euros." (Óscar López-Fonseca , Guillermo Vega , El País, 24/02/23)
"Basic Devices, empresa controlada por la familia Parellada, facturó
35 millones a la Generalitat por la venta de mascarillas y batas de
protección procedentes de la China y obtuvo, según informa El Confidencial, más de 24 millones de euros de beneficios -un margen del 500%- aprovechando la escasez de material médico por culpa del covid.
La información firmada por el periodista Marcos Lamelas señala que
mientras que Basic Devices, la sociedad pantalla con sede en Vilafranca
del Penedès facturaba 35 millones a la Generalitat, otra empresa
controlada por los Parellada, el Institut de Radiofarmàcia Aplicada de
Barcelona (IRAB), se gastaba 3,8 millones en aprovisionamientos.
La Generalitat abonó los 35 millones de euros antes de que se
entregase la mercancía. La entonces secretaria de Economía, Natalia Mas
Guix, envió un correo electrónico a Roger Rovira Camprubí, quien
entonces era administrador de IRAB, donde anunciaba en inglés a "los
representantes y socios internacionales" de Basic Devices el pago.
Todos los directivos de IRAB que participaron en la operación ya no
están en el grupo ni en sociedades vinculadas a los Parellada porque
tras de esta operación Roger Parellada ha vuelto a restringir su grupo
de confianza a su hermano, Marc Parellada, director de una de las firmas
opacas que controla en Singapur, su padre y su madre, Maria Teresa
Ferré, a la que usa de testaferro en diversas sociedades 'holding'.
Marcos Lamelas señala en su cuenta de Twitter que "facturar 35
millones a la Generalitat y que te queden limpios 24 mill. El pelotazo
del año gracias a las mascarillas y a la Covid. Roger Parellada, el
conseguidor inesperado". (e-notícies, 27/06/22)
"El empresario Roger Parellada, según informa El Confidencia,
llamó por teléfono a Carola Miró, la mujer de Quim Torra, entonces
presidente de la Generalitat, cuando la Administración catalana le
congeló la cuenta del Banco Sabadell con los 35 millones de euros que
había pagado a Basic Devices por la compra mascarillas y material
hospitalario en marzo de 2020.
Así lo cuenta el propio Roger Parellada en un whatsapp que reenvió a
los socios que le estaban financiando para justificar el bloqueo de los
fondos y que publica el periodista Marcos Lamelas en su información:
"Ahora colgando con la mujer de Torra, que dice que a él lo tienen
capado del todo".
Dos días después de este mensaje, que se envía el sábado 21 de marzo
de 2020, los fondos quedaron liberados e incluso se retiró una denuncia
por estafa que se había puesto ante los Mossos d'Esquadra.
Preguntada por el periodista, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja,
ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que "el
consellero de Salud compareció en el Parlament por iniciativa propia, la
Sindicatura de Cuentas analizó el expediente sin que encontrara ninguna
irregularidad y la Oficina Antifraude, que también había abierto una
investigación, ha archivado su actuación". "El tema está cerrado", ha
añadido." (e-notícies, 28/06/22)
"La Generalitat retiró la denuncia contra la empresa de las mascarillas en tres días. La Oficina Antifrau dice que el contrato fue un "acto de temeridad".
La Generalitat dio
marcha atrás con la denuncia por una presunta estafa de 35 millones en
la compra de material sanitario -máscarillas y equipos de protección-
contra la empresa Basic Devices SL, con sede en Vilafranca del Penedès
que opera en Luxemburgo, y la retiró tres días después de presentarla.
La denuncia se puso el pasado 20 de marzo, cuando se detuvo el pago
de este importe después de que las entidades financieras implicadas en
la transferencia advirtiera a la Generalitat de que Basic Devices nunca
había manejado antes ingresos tan altos y que no contaba con un
historial conocido sobre operaciones de este tipo; pero el día 23,
cuando trascendió a la prensa la operación; la retiró.
El director general de Política Financiera, Josep Maria Sánchez,
declaró el pasado día 23 a las nueve de la mañana en la comisaría de las
Cortes de Barcelona que la compañía había aportado la información
"suficiente para refutar los indicios de estafa".
Sánchez, según la declaración a la que tuvo acceso e-notícies,
trasladó a los Mossos un correo electrónico enviado por el secretario
general de Presidencia, Albert Castellanos, donde se manifestaba que
"hoy los responsables de la empresa Basic Devices SL nos han aportado
los detalles operativos referentes a logística, operaciones, y toda la
operativa financiera nacional e internacional”.
"La información aportada es suficiente para refutar los indicios de
estafa que habían motivado la denuncia presentada el pasado 20 de marzo y
te pediría que pudiéramos retirarla", añadía Castellanos en el correo
enviado al director general de Política Financiera.
Josep Maria Sánchez también aportó una serie de documentación donde
"constan las referencias de la SICAV a donde se ordenó una transferencia
y las dos personas de contacto con las que los responsables de la
empresa operan desde Luxemburgo para acreditar la naturaleza de las
operaciones".
La Oficina Antifrau remarca en su informe del 22 de febrero que el
contrato fue un "acto de temeridad" y detalla que "las mismas personas
que formularon la denuncia del 20 de marzo, se personaron, de nuevo,
ante los Mossos d'Esquadra para declarar su voluntad de desistir de la
misma, puesto que personas responsables de la empresa contratista habían
aportado información considerada suficiente para rechazar los indicios
de estafa que habían motivado la denuncia". (e-notícies, 30/06/22)
"Se hizo pasar por el director de la Fundación Amancio Ortega;
se presentaba en los medios de comunicación como creador de una fórmula
de fomento del empleo juvenil aplicando conocimientos adquiridos en
Harvard y se reconocía como el mediador institucional para que Vigo, su
ciudad, se convirtiese en sede del Foro del Joven Parlamento Europeo (en
realidad, una ONG que no depende de esa institución).
No obstante,
Javier Boo, joven exmilitante del PP que se implicó en la campaña de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta
en 2016 y que llegó a participar como experto economista en un acto
organizado por el Gobierno gallego, buscaba trabajo. A lo grande. El
pasado diciembre fue detenido en Madrid acusado de estafa, falsedad
documental y hacerse pasar por otra persona. La Xunta y el PP, a los que
reiteraba públicos agradecimientos, se desmarcan de él.
Le pudo la ambición. Con apenas 27 años, Boo —conocido ya como El
Pequeño Nicolás gallego, por su similitud con el caso de Francisco
Nicolás Gómez Iglesias, el joven que vivió una situación similar con el
PP de Madrid— fue detenido sin haber conseguido ninguno de sus
propósitos.
Empeñado en obtener un empleo de prestigio, el joven vigués
que flirteaba con el PP contactaba al mismo tiempo con consultoras y
entidades financieras por teléfono o correo electrónico, al que añadía
los logotipos de la Fundación de Amancio Ortega. Haciéndose pasar por el
director de la misma, recomendaba a un supuesto sobrino —en realidad,
él mismo— para un empleo.
Fracasó en ese intento. Aunque consiguió algunas entrevistas, no
llegó a firmar contrato alguno y cambió el plan rebajando las
expectativas: comenzó a buscar acuerdos con financieras y empresas
automovilísticas internacionales.
Según la policía, Boo, que no tiene carné de conducir, les pedía
vehículos de alta gama a cambio del prestigio que, según les decía,
supondría que los utilizasen miembros de su fundación. El Pequeño
Nicolás gallego cayó a las puertas de un concesionario de BMW tras
cruzarse dos denuncias en la Policía. Una, la que presentó en A Coruña
el verdadero director de la fundación del empresario del imperio textil
de Galicia alertando de que alguien estaba usurpando su identidad, y
otra del representante de una multinacional de automóviles por motivos
que la Policía no especifica.
No obstante, las primeras ambiciones de Javier Boo fueron políticas.
Simpatizante primero y posteriormente militante del PP, intentó hacerse
un hueco en el partido. Antes de implicarse en la campaña de Feijóo a la
presidencia de la Xunta en 2016, el vigués ya mostraba maneras. En
2013, con el caso Bárcenas amenazando los cimientos del PP, un
entonces jovencísimo Boo se presenta como militante ante una revista
digital para analizar la situación del partido desde dentro. El supuesto
estafador cita a Winston Churchill y a Antonio Machado para reivindicar
el valor de la verdad y la honestidad.
Dos años después, se presenta en el Faro de Vigo como
profesor de ICADE y experto en finanzas que trabajaba para el Boston
Consulting Group y en un proyecto del Banco Central Europeo. En esa
misma época se reconoce, en una entrevista publicada en La Voz de Galicia,
como el cerebro de una plataforma, Up-Work-Act, capaz de encontrar
empleo para los jóvenes y desarrollada gracias a su “formación
empresarial en Harvard y su experiencia financiera en Goldman Sachs y en
consultoría estratégica en Boston Consulting Group”. Y en 2018 se
presenta ante los medios como “responsable de relaciones
institucionales” de la sección española de la plataforma Joven
Parlamento Europeo, que había elegido Galicia para celebrar un
encuentro.
Agradecimientos
Boo agradece entonces públicamente la implicación del vicepresidente
de la Xunta, Alfonso Rueda y del entonces concejal del PP de Vigo y
actual presidente nacional de Nuevas Generaciones y diputado en el
Congreso, el también vigués Diego Gago. Meses después, la Conselleria de
Economía incluye al supuesto estafador en la jornada “El empleo del
futuro” celebrada en la Ciudad de la Cultura y presidida por el conselleiro Francisco Conde.
El Gobierno gallego presenta al joven, entonces de 25 años, como
asesor senior de The Boston Consulting Group, la consultora
estadounidense que tiene entre sus clientes a más de dos tercios de la
lista Fortune 500 de grandes empresas. La Conselleria de Economía
asegura que esa fue su única relación con Boo y matiza que no lo
presentó como representante de la Fundación Amancio Ortega. Destaca,
además, que no le pagó por su participación en aquella jornada.
Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones elude pronunciarse
sobre su paisano.“No tiene nada que decir; no lo conoce de nada. Todo
lo que haya dicho sobre él se lo habrá inventado”, justifican su
silencio desde el PP. Y marcan la distancia: “Ese señor habrá sido
afiliado, vete a saber; ahora ya no lo es, un partido no puede
responsabilizarse por lo que hace cada uno de sus militantes”. (Cristina Huete, El País, 20/01/20)
"Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria,
crearon una trama dirigida a la realización de labores de
intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a
operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas
comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad
como el origen presuntamente delictivo de las referidas
ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento
posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de
complejos entramados societarios y financieros.
Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán,
derechista e insolidario, que está soportando Cataluña.
Prenafeta ya
había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5
de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo
de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad
Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal,
sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta.
Esta decisión determinó
que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra
Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces
Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.
Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente
emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter
delictivo.
Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra
como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los
hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones
por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos
reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían
con Jordi Pujol y Artur Mas.
Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García
en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que
también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña,
se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones
procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron
obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias
especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del
interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación
de la sociedad Poliafrers S.A.
La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias,
Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la
comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias.
Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros,
de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida
por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras
actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a
través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas;
beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública
eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber
regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a
su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal
ante la delincuencia de los poderosos.
Para
mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta
contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”,
creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que,
a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias
domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y
en Madeira.
Para dificultar el seguimiento de sus operaciones,
Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas
en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los
movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en
efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante
transferencias, a 7.029.999,23 euros.
Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista.
Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están
obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que,
unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total
ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su
enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los
ciudadanos.
Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones
penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.
Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para
dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista,
en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias
de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus
presuntos responsables penales."
"Como es sabido, Macià Alavedra formó parte de los gobiernos de Jordi Pujol desde 1980 hasta 1997. Diecisiete años. En este año, se retira de la política institucional de CiU pero no del aprovechamiento de sus relaciones institucionales para su enriquecimiento personal y familiar, como acredita la sentencia del caso Pretoria.
Durante todo ese periodo, en el que se sientan las bases del actual desafío independentista, comparte gobierno con el president Pujol que, desde 1980, estuvo defraudando a la Hacienda Pública. Lo que no impidió que Alavedra dijese del president: "Era un hombre de austeridad absoluta y le interesaba poco el dinero".
Retirado de la política institucional, es nombrado presidente de Autopistes de Catalunya,
sociedad concesionaria de la Generalitat, manteniendo, pues, sus
estrechos vínculos con el aparato institucional. Además, presidió las
sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.
Desde esta posición de poder económico y, por mediación, político, realiza las conductas delictivas que describe la sentencia con un evidente afán de enriquecimiento.
Dice así: "La cuantía de los fondos que durante los
años 1997 a 2003 Macià Alavedra percibió por su actividad ilícita
ascendió --cuando menos-- a 6.080.405,41 euros, de los cuales 452.088,88 derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación
en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de Sant
Andreu de Llavaneres y Badalona, 185.600 por aparente actividad de
intermediación realizada en el año 2004 en el municipio de Hospitalet de
Llobregat sin que consten el origen y justificación de dicha comisión,
290.337,69 euros de un pago recibido de Gas Natural; 288.000 euros de pagos realizados por la sociedad BUIC --instrumental de Lluís Prenafeta
a la que más adelante nos referiremos-- y 9.604,17 euros de intereses
percibidos, desconociéndose el origen último del resto de sus ganancias
--4.854.774,67 euros--, si bien, al igual que las cantidades anteriores,
ocultó su existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por
tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".
"Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito --contra la que no se dirige acusación al haber fallecido-- y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos".
"Para asegurar la opacidad
de estos fondos hizo figurar como titulares de estas cuentas tanto a su
esposa como a Gloria Torres, encargando a Philip Mc Mahan Bolich que,
bajo sus órdenes, asumiera su gestión diaria y directa, función que
ejecutó realizando una gestión muy activa con continuas inversiones en
compras y ventas de valores.
Asimismo, es quien organizó, tal y como
había planificado Macià Alavedra, el plan para repatriar a España parte del dinero --300.000 euros-- que este tenía oculto en sus cuentas de Andorra”.
"Las cantidades que ocultó cada año a través del
entramado societario y financiero que describiremos a continuación
fueron las siguientes:
1997: 2.643.743,46 euros 1998: 1.192.182,05 idem 1999: 9.604,17 idem 2000: 296.450,22 idem 2001: 22.398,94 idem 2003: 88.000,00 idem 2004: 100.000,00 idem 2005: 100.000,00 idem 2006: 700.000,00 idem 2.008: 290.337,69 idem
Total: 5.442.716,53 euros".
A continuación, la sentencia describe puntualmente las estrategias de ocultación y reinversión utilizadas por Alavedra y sus cooperadores.
Lo que acabamos de exponer es una brevísima muestra de la actividad delictiva analizada en la sentencia.
Pero, además de este pronunciamiento condenatorio, siguen pendientes todas las causas penales contra los miembros de la familia Pujol, la investigación de la percepción ilícita del 3% por CiU
por el juzgado central número 5 y otros procesos contra dicho partido.
El poder judicial es un instrumento indispensable para perseguir la corrupción y cualquier otra forma de abuso de poder. Es un elemento esencial del Estado democrático que nadie, nadie, podrá eludir." (Carlos Jiménez Villarejo, Crónica global, 06/07/18)
