Un desfalco y 22 años de investigación: a juicio el fraude en la patronal gallega en los años 90

 "Si la dudosa gestión económica de la patronal gallega en los 90 se prolongó en el tiempo, su recorrido judicial ha batido récords. Nada menos que 22 años han pasado desde que aflorara un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer desfalco con cursos de formación y convertir la organización en lo que la Fiscalía describe como un estercolero económico. La instrucción y el juicio se retrasaron de forma incomprensible hasta esta misma semana, cuando dio comienzo en la Sección Sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago. El hombre que presidía entonces la CEG, Antonio Ramilo, falleció hace 16 años, algunos de los procesados arrastran problemas de salud que les impiden comparecer y el principal acusado reclama la prescripción de los presuntos delitos.

Este es Rafael Sánchez Sostre y fue secretario de la patronal y mano derecha de Ramilo durante largos años. En concreto, hasta que una auditoría comenzó a destapar en 1999 el descontrol financiero: facturas incobrables, sobrevaloración de la sede e incluso fondos desaparecidos de las cuentas de la entidad sin explicación alguna. Acorralado, el presidente entregó la cabeza de su hombre fuerte, quien declaró que había avisado a Ramilo tres años antes, sin que la advertencia surtiera más efectos que un incremento en el descontrol del gasto. En su comparecencia ante el tribunal, Sostre se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía pide para Sostre cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel y sanciones que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto.

Si el retraso de la instrucción del sumario y la impunidad que rodeó la gestión de la CEG son llamativos, también sorprendió el aplazamiento de un juicio que estaba señalado para septiembre de 2019, pero que no pudo celebrarse por “traspapelarse” miles de folios. Las defensas alegaron indefensión al no poder acceder a 21 tomos de la causa: entre 6.000 y 9.000 folios, según distintos recuentos. Reclamaron una suspensión a la que accedió el tribunal. Para ilustrar la situación, el abogado del principal acusado comentó con sorna que se inició en la causa con 40 años y que por entonces contaba ya con 59. “Me voy a jubilar antes de que se termine”, bromeó.

Durante los años que son objeto de investigación, la Confederación de Empresarios se manejaba con absoluta ostentación de músculo económico, pero disparaba con pólvora del rey. O más bien de la Xunta, entonces presidida por Manuel Fraga, amigo personal de Ramilo, con quien colaboró en la formación de Alianza Popular de Galicia. Su generosidad con la CEG había quedado clara en 1992, cuando contribuyó con 160 millones de pesetas a fondo perdido (el 40% del total) a la compra y acondicionamiento de la sede de la entidad, un edificio noble de cuatro plantas del casco histórico de Santiago. Adicionalmente, la patronal se benefició de 20 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno autonómico y la Fundación para la Formación Continua (Forcem) le entregaron entre 1996 y 2000 para cursos de formación, su principal fuente de financiación.

Según la Fiscalía, la mayoría de esos cursos nunca llegaron a impartirse, mientras se inflaban facturas de todo tipo para justificarlos, incluidos unos desmesurados gastos de representación. El Ministerio Público sostiene que ese dinero permitió a los imputados obtener una ganancia personal con cargo a dinero público. Todos ellos, “con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial”, se apropiaron de fondos públicos justificados a través de cursos no realizados, facturas dobladas y la imputación excesiva de coste de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de “otros excesos contables”, describe el fiscal. A Sostre se le considera el máximo responsable de la trama y de ser el “encargado de tramitar y dar cumplida cuenta” entre 1997 y 1999 de subvenciones por varios millones de euros y procedentes de fondos europeos.

Los interrogatorios a los acusados se suspendieron este viernes hasta el 3 de febrero debido a la enfermedad de uno de los procesados, pero el juicio se reanuda el miércoles con la toma de declaración como testigos a trabajadores de la patronal. Mientras los abogados de las defensas han informado de la renuncia a diferentes testificales, el abogado del Estado anunció que se retira de la causa al no mantener el interés en ella porque el servicio público de empleo “ha cobrado todos los perjuicios derivados de la misma”, según informó el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Ángel Pantín.

Pantín fue tajante en las cuestiones previas del juicio al rechazar decidir en ese momento procesal sobre la prescripción de los delitos, como reclamaban las defensas. El juicio —previsto inicialmente para 12 días— se inició con el rechazo de Sostre a declarar, aunque otros de los acusados sí lo hicieron. Por ejemplo, el administrador de una sociedad de formación y consultoría ya extinta, que sostuvo que solo mantenía una "relación institucional" con Sostre, mientras que de las gestiones prácticas se encargaba un comercial. Según indicó, tenía un contrato “firmado con Antonio Ramilo” por valor de 11 millones de pesetas que recogía las especificaciones técnicas de lo que “no fue un curso”, dijo, sino “un proyecto específico de formación”, en el que los contenidos corrían a cargo de profesores universitarios.

Otro administrador de una empresa de formación aseguró que los cursos se impartieron, pero admitió como práctica habitual que hubiese un contrato previo en el que se estipulaba que un 50% de la retribución iba para la empresa, en calidad de diseño de curso, y el otro 50% para el formador.

La impunidad con la que se comportaba la patronal gallega en los años 90 llamó la atención en 2001 del entonces fiscal de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que en un acto público puso el caso de Galicia como ejemplo de ausencia de control por parte de la Administración. Ramilo y Sostre ya habían dimitido, pero Villarejo se quejó: “No hemos recibido ni una denuncia de nadie”. El fiscal confirmaba la apertura de diligencias informativas, y ese mismo año la Unión Europea reclamaba al Gobierno central la apertura de una investigación. La Xunta salió al paso para defender a la CEG, después de “comprobar” que todos los cursillos encargados se habían realizado y los profesores cobraron sus salarios. Para el Ejecutivo de Fraga, todo se reducía a “posibles irregularidades” en gastos de funcionamiento de algunos cursos, que afectarían “solo a algún proveedor en concreto”.

Pese a las palabras de Jiménez Villarejo, no fue hasta 2011 cuando la Fiscalía actuó de oficio, en una causa a la que se incorporó la propia CEG durante la presidencia de Antonio Fontenla, aunque para entonces buena parte de la contabilidad había sido destruida. Las diligencias se eternizaron, ante el elevado número de implicados, las numerosas empresas que participaban en los supuestos cursos y la complejidad del entramado de facturas y de programas financiados con fondos de la UE. Además del fallecimiento de Ramilo en 2006, en ese tiempo se deterioró considerablemente el estado físico del principal testigo, el entonces tesorero Juan Casas. Dos décadas largas después de que el caso estallase, y con el juicio ya en marcha, los acusados depositan sus esperanzas en la probable prescripción de los delitos."                  (Pablo López, El Confidencial, 22/01/22)

Villarejo y Guinea Ecuatorial: "negocios" desde los 90 al calor de sus grandes reservas de gas y petróleo

 "La pasada Nochebuena, el diario digital Vozpopuli avanzaba la detención en Dubai, donde residía desde el año pasado, de Cándido Nsue Okomo, hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo, actual mujer de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979 y madre de su teórico futuro sucesor Teodorín. 

El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Villarejo (Caso Tandem) había cursado una orden de detención internacional. Cándido Nsue y su sobrino Crispín Edu Tomo, en 2012 respectivamente director general y director de Marketing de Gepetrol, la empresa pública de Guinea Ecuatorial que gestiona sus yacimientos de gas y petróleo, figuraban como investigados en el Caso Villarejo desde el primer momento junto a su hombre en España, Francisco Menéndez Rubio, abogado, profesor de la UNED y socio y administrador único sobre el papel de la sociedad Framen Consultores y Asesores SL.

A Nsue y Edu se les investiga por desviar, ocultar y blanquear con ayuda de Menéndez y Framen Consultores y Asesores SL, cerca de 30 millones de euros  de Gepetrol entre al menos 2010 y 2013. Se prevalían de sus puestos directivos para suscribir contratos ficticios y admitir facturas ficticias entre Gepetrol y una red de empresas, entre las que figuraba Framen, a nombre de testaferros o terceros. 

Asimismo, el juzgado investiga las razones por las que, en 2012, Nsue contrata con Villarejo a través de Menéndez y se le hace entrega, en mano y vía transferencia de al menos 3,2 millones de euros. También se indaga en una pieza separada del Caso Tandem, la primera, los servicios prestados a cambio de una contraprestación a ciudadanos guineanos vinculados a Gepetrol por el exjefe del puesto fronterizo de Barajas, el comisario Carlos Salamanca con relación al franqueo de la frontera de Barajas y trato "Vip" de pasajeros y equipajes.

 Los hechos investigados se centran en 2012 para Villarejo y para los guineanos en el periodo en el que el dinero es desviado de Gepetrol. Sin embargo, el sumario y los archivos incautados a Villarejo apuntan a múltiples interacciones en asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial que se remontan a los años 90, cuando se descubren en el Golfo de Guinea una de las mayores reservas de gas y petróleo de Africa.

Es el dinero de Gepetrol lo que fundamenta la querella que abre el Caso Villarejo en la Audiencia Nacional 

La trama de saqueo y ocultamiento del dinero de Gepetrol usando la española Framen Consultores y Asesores SL de "puente" para el dinero, había sido descubierta por la Agencia Tributaria tras iniciar una inspección a Framen en marzo de 2014. La inspección concluye tres años después, en junio de 2017 con una querella en el juzgado 27, tras atarse la investigación en noviembre de 2016 con la recepción, rogatoria mediante, de información bancaria de detalle del paraíso fiscal de Malta. Tal como consta en sus informes, dos años antes, en enero de 2015, el equipo de inspección del fisco ya proponía informar al Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales). 

Por las manos, empresas y cuentas off shore de Villarejo pasaron en 2012 al menos 3,2 millones de euros procedentes en última instancia de Gepetrol. Francisco Menéndez atribuyó las entregas a una forma de ayudar a los guineanos a "sacar" el dinero de Gepetrol y definió como "parapeto" (cobertura) el "Proyecto King" contratado por Villarejo por el que supuestamente se le entregó dicha millonada: esto es, una contratación tapadera con la que justificar los dineros que iban a pasar por las cuentas del comisario. 

Este "Proyecto King" (el parapeto según Menéndez) es el que centra la denuncia anónima que llega a Anticorrupción en abril de 2017 adelantándose oportunamente a la querella de la Agencia Tributaria de junio de 2017 con relación al saqueo y blanqueo de fondos de la pública Gepetrol. En dicha denuncia anónima se atribuye al Proyecto King la totalidad de lo cobrado por Villarejo de los guineanos, describiéndose dicho proyecto según la documentación aportada en la denuncia y otra incautada al comisario como servicios de comunicación de crisis con una doble orientación y con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros:

 a) El "Proyecto King" propiamente dicho, dirigido a desprestigiar al hermanastro y supuesto rival de Teodorín, Gabriel Mbega Obiang Lima en las fechas anteriores a su nombramiento como ministro del petróleo que significaba el fin del mandato en Gepetrol de Cándido Nsue y su equipo.

b) El proyecto complementario llamado indistintamente "Guin" o "Líder" junto al "Blog Hablemos de Guinea", orientado supuestamente a la mejora de la imagen de Teodorín y su familia, que se encontraba muy perjudicada por el desarrollo judicial de dos denuncias, una en España y otra en Francia, interpuestas contra los Obiang casi a la vez en 2008 pero admitidas a trámite con tres años de diferencia. La denuncia española había sido impulsada en septiembre en 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España de Manuel Ollé recayendo en un primer momento en el juzgado de su amigo Baltasar Garzón (apodado "Balta" por Villarejo) y derivada en 2009 por temas competenciales a un juzgado de instrucción de Canarias el cual instruye el caso desde entonces bajo las DP 737/2009. La denuncia francesa se interpone en diciembre de 2008 por la asociación Transparencia Internacional representada por Daniel Lebègue y no es admitida hasta 2011. Fue a raíz de esta última denuncia en Francia que en 2012 le fueron embargados a Teodorín sus propiedades en Francia. 

No obstante el enfoque de la denuncia anónima, la querella de la Fiscalia Anticorrupción que abre el caso Villarejo en Noviembre de 2017 abrazó el hallazgo de Hacienda tal como se puede ver en la misma portada de la querella y que figura en el folio 3 del primer tomo de todo el Caso Tandem:

 "...un grupo de individuos nacionales de Guinea Ecuatorial comenzó a invertir en España fondos que tenían su origen último en negocios ilícitos del sector del petróleo, prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol, desviando los fondos ilícitamente obtenidos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar a otros países de la Unión Europea, utilizando otras empresas pantalla y testaferros mediante los cuales realizaron inversiones de grandes capitales, entre otros, en el sector inmobiliario".

Fue, por tanto, la trama de desvío de fondos de Gepetrol descubierta por la Agencia Tributaria lo que abrió el Caso Villarejo y no tanto el asunto del "Proyecto King" de la denuncia anónima (y definido como parapeto por el propio Menéndez) que se situaba al borde de la prescripción y con limitado castigo caso de inferirse delito. No obstante, no fue hasta finales de 2018, que la Audiencia Nacional pidió la inhibición del juzgado 27 para instruir la querella de Hacienda bajo el Caso Villarejo.

Menéndez: “El informe King es un  parapeto para enmascarar la salida de dinero ”

Según Anticorrupción, por las cuentas y las manos de Villarejo pasaron al menos 3,2 millones de euros procedentes en ultima instancia de Gepetrol y los recibió de dos formas: mediante transferencias desde una cuenta suiza a nombre de Boway Holdings Ltd, con sede en Hong Kong y controlada por los guineanos; y mediante entregas en efectivo por parte del abogado Francisco Menéndez Rubio, bajo las instrucciones de sus clientes. Los fondos de Boway Holdings LTD tenían origen en Gepetrol según los hallazgos de la Agencia Tributaria durante la inspeccion que realizó en Framen Consultores y Asesores SL desde marzo de 2014 a junio de 2017 sobre los ejercicios 2011 y 2012.

 En palabras del propio Francisco Menéndez ante Anticorrupción en octubre de 2017 (fase prejudicial del caso), no se pagaron esos millones por esos informes "King"  y dichos informes tenían en mucha parte una función de "parapeto" para "enmascarar la salida de dinero" .

 La condición de "parapeto" del proyecto "King" para justificar los dineros cobrados se pone también de manifiesto con una simple y rápida comprobación de la documentación que produjo Villarejo de justificante.

a) Párrafo estándar sobre recursos necesarios. Los grandes recursos que relaciona (vehículos, etc) en la propuesta para justificar el importe de honorarios (en un principio más de 5 millones de euros) conforman un epígrafe párrafo estándar, idéntico al que Villarejo inserta en muchísimas "propuestas" para diferentes clientes.

b) Los informes "King" no ofrecían novedades. Ni a sus clientes, ni a la prensa. Se trataba de un conjunto de chismes sin prueba alguna de soporte, mezclados y fusionados con datos ya conocidos y republicados de cuando en cuando procedentes del eterno sumario del caso salido de la denuncia de Ollé de 2008. 

c) Los informes de carísimas consultoras presuntamente subcontratados por cuenta del cliente eran producciones simuladas de Villarejo. Así, puede verse con facilidad que, aunque Menéndez escriba que destina 250.000 euros a un informe USA (en referencia a un supuesto informe que Villarejo subcontrata con la famosísima y carísima consultora Strategic Forescasting Inc "StratFor" , es imposible que fuera así. El supuesto informe de Stratfor requisado al comisario es un montaje al mejor estilo Pequeño Nicolás, producido por Villarejo haciendo corta y pega: en el pie de página de cada hoja aparece como copyright la palabra "Stratford" con "d" al final. Poner un copyright incorrecto permitía al comisario jugar con la sugestión, y lo burdo del asunto evitar una acusación de falsificación. Jugando en favor de la sugestión estaba el hecho de que en febrero de 2012 se publicaba que Stratfor había sufrido un hackeo de su correo y que los difundía Wikileaks. 

Stratfor es una de las consultoras más conocidas del planeta. Pero, de forma inexplicable, Asuntos Internos (al mando del Jefe de Grupo III) no supo ver al momento el copyright incorrecto, tal y como se comprueba en su oficio de septiembre de 2018 (que para más inri adjunta el falso informe en un anexo). A cualquier persona mínimamente familiarizada con consultoras de investigación y de análisis financiero le hubieran dolido los ojos al ver ese pie de página. Pero es que, además, en los dispositivos de memoria requisados al comisario se comprueba cómo buscó en internet datos de Stratfor y... también el logo para insertar en el documento.

 Aunque el proyecto contratado fuera "parapeto" se le dió apariencia de realidad: hubo campaña mediática.

Aunque el Proyecto King fuera según el propio Menéndez un "parapeto" y el alcance de los servicios y calidad del trabajo sin duda no justifique la millonada cobrada, la coincidencia en tiempo y contenido entre los informes producidos y simulados por Villarejo y los artículos publicados durante el mismo periodo, indican que los servicios descritos en el Proyecto King y comentados en conversaciones grabadas entre Villarejo y Menéndez, tenían una parte de realidad. Porque aparentemente sí se produjeron. 

-La campaña contra Gabriel Mbega Obiang Lima se produjo en las semanas antes de su nombramiento como ministro del Petroleo. Diversos medios reprodujeron el contenido del falso informe StratforD, (atribuyéndolo a una filtración del "CNI"), que acusaba a Mbega de favorecer a empresas chinas en detrimento de Repsol, lo que provocó un comunicado oficial del Gobierno guineano, así como también se publicó contenido de los dosieres salidos de la fértil pluma del comisario en los que se decía que Gabriel Mbega pidió dinero a Repsol y Caixa (que ambas compañías negaron) o que favoreció a empresas americanas como Exxon Mobil, también a cambio de dinero. Asimismo, en sus dosieres, Villarejo le acusaba de reunir "pruebas falsas" para perjudicar a Candido Nsue y su sobrino (aun quedaba año y medio para que el ejército de la Agencia Tributaria desembarcara en Framen).

-Con relación a la campaña para mejorar la imagen de Teodorín en detrimento de la de su rival se identifican artículos que reproducen la estrategia a seguir que Villarejo explica a sus clientes: equiparar el comportamiento de su rival Gabriel Mbega al de Teodorín porque según decía no sería creíble dibujar de primeras a Teodorín como un santo con el frente judicial que tenía en Francia. 

Varios artículos que reprodujeron contenido de estas Producciones Villarejo citaron de fuente "notas policiales". La mayoría de las notas e informes de Villarejo solo eran policiales en la medida que él era policía en activo, ya que no solían ingresar en las bases policiales. Tal es así que, por ejemplo, tuvo que llevar previamente a un notario para dar fe de que eran suyas, las cuatro notas (entre ellas la wikinota del pantallazo de las cuentas de Pujol) que aportó a la querella de los hermanos Cierco: si las hubiera ingresado en una base policial no hubiera tenido que hacerlo. Este tipo de notas eran suyas y solo suyas, pero tenían una utilidad: daban cobertura a su ejército mediático. No son pocas las veces que determinados periodistas han esgrimido "fuentes policiales" en los juzgados cuando han sido denunciados por los artículos que publicaban. Esta es la razón por la que Villarejo dice que vuelve de la excedencia, "para que sus informes tuvieran validez".

Fue la Agencia Tributaria la que descubre  la trama

La trama en Gepetrol junto a la titularidad de las empresas off shore que se usaban (entre ellas de la que salió el dinero para Villarejo) fue descubierta mucho antes de que Anticorrupción abriera diligencias de investigación (abril de 2017) por el implacable, eficiente, preparado y trabajador ejército de inspectores y del equipo de delitos de la Agencia Tributaria durante la inspección de los ejercicios 2011 y 2012 que realizó tanto a Francisco Menéndez como persona física como a la sociedad que éste administraba Framen Consultores y Asesores SL.   

En un extenso análisis de 800 folios, la Inspección fiscal analiza y destripa cada asiento contable y movimiento bancario, y concluye que Framen funcionaba como un túnel opaco de dinero con el que, mediante un juego de facturas ficticias, se saqueaba la tesorería de Gepetrol y se canalizaba el botín hacia sus corruptos directivos. 

Hacienda ata sus pesquisas en noviembre de 2016, con la información bancaria de detalle que por fin le llega, requerimiento mediante, del paraíso fiscal de Malta, donde tanto Menéndez como Framen tenían cuentas y en las que recibían la mayor parte de los fondos que tenían origen directo o indirecto de la petrolera pública guineana. Hacienda no inspecciona de incógnito y Menéndez fue informado de los descubrimientos de la inspección lo que explica el nerviosismo de Villarejo y sus cómplices durante los meses siguientes a noviembre de 2016. Una preocupación que subió varios grados cuando Público coloca en portada el 6 de febrero de 2017 la exclusiva de un informe de Asuntos Internos que llevaba un año guardado en un cajón y que describía mucha parte del inmenso patrimonio del comisario encarcelado. No es de extrañar que, en dichas fechas, el comisario redoblase la presión para que Jose Luis Olivera fuese nombrado Director Adjunto Operativo de la Policía, que el 9 de febrero de 2017 comentase en Nueva York que se había temido que el " ef bi ai" (FBI) lo detuviese nada más aterrizar y que planease "partir las piernas y cortar la cara" a los periodistas que tenían el valor de contar en detalle sus andanzas tal y como también informó Público en exclusiva.

La actuación del fisco terminó en junio de 2017 con la interposición de una querella por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable y blanqueo de capitales, contra Framen y contra su administrador y socio único Francisco Menéndez. La Agencia Tributaria solicitó además que su gestoría, Orión Consultoría y Gestión SL (administrada por Isabel Escrig), fuera "llamada en calidad de investigada como coautor o al menos como cómplice". En sus informes, la Agencia Tributaria señaló a todos los directivos corruptos de Gepetrol participantes: Cándido Nsue (director general) y su mujer; Crispin Edu (director Comercial y marketing y sobrino del anterior) y su mujer; Jonás Nsue (director de Asuntos Jurídicos y Contratas);  Leoncio Abeso (asesor); y Eliseo Nzeng  (director Financiero).

De acuerdo con el Registro Mercantil, Framen ingresó más de 30 millones de euros de 2010 a 2013 que muy probablemente a tenor de los hallazgos de Hacienda para los ejercicios que inspecciona (2011 y 2012) procedían de Gepetrol en su practica totalidad. Del estudio de las cuentas de Framen se aprecia también la salida inmediata de los dineros que entran y que Hacienda hace corresponder con el pago de facturas recibidas de sus directivos, de atenciones y regalos para terceros (entre ellos policías según la investigación posterior del juzgado del Caso Villarejo) y de una remuneración para Menéndez.

 Los 30 millones se extraían de Gepetrol e ingresaban en cuentas bancarias de Framen (mayormente en las abiertas en Malta) por dos vías:

1. Vía directa: Emisión directa de facturas ficticias por Framen a Gepetrol por asesorías (al menos 12 millones entre 2011 y 2012 según la Agencia Tributaria).

2. Vía indirecta: Emisión de facturas por Framen a cinco sociedades pantallas controladas por los directivos corruptos que previamente a su vez habían emitido facturación falsa a Gepetrol: Geoex International Limited, con sede en Seychelles; BHP Engineering Construction, con sede en Estados Unidos; Xuan Energy Limited y Falconara Limited, de Guinea Ecuatorial; Moswen Resources, de Islas Vírgenes Británicas (vinculada a la trama de Hanny Tagher); y Boway Holdings Limited, creada en Hong Kong en marzo de 2011, y que fue la que nutrió, además de a Framen, a las empresas panameñas y uruguayas de Villarejo.

En un segundo paso, los guineanos directivos retiraban el dinero de Framen girándole facturas ficticias en concepto de asesoría para el contrato de Framen con Gepetrol que Framen les abonaba haciendo pagos por su cuenta (incluidos pagos por compra de viviendas). Es decir, en palabras de la Agencia Tributaria "se llegaba al absurdo": los directivos corruptos eran clientes como directivos de la petrolera que contrataban a Framen y a la vez proveedores como subcontratados por Framen para prestar los servicios contratados con Gepetrol).

Todo lo que ingresaba Framen iba a los directivos, salvo un remanente para agasajar a personas de su interés (entre ellas policías) y una cantidad para remunerar a Menéndez por la gestión. A pesar de los múltiples requerimientos, los inspectores de Hacienda no lograron saber el destino de joyas, relojes y otros objetos de lujo adquiridos en 2011 y 2012 y contabilizados en la cuenta de gasto "Relaciones Públicas" por casi 2,6 millones de euros.

 La inspección se demoró tres años, de 2014 a 2017, por, según hace constar la Agencia Tributaria en sus informes, la renuencia de los inspeccionados a entregar documentación solicitada, lo que obligó al fisco a realizar más de 100 requerimientos de información a terceros. También se observa parsimonia en la instrucción de la querella que la Abogacía del Estado pone en nombre de la Agencia Tributaria y que recae en el juzgado 27, que no se inhibe en el juzgado de Tandem hasta finales de 2018. Su titular era el juez Enrique Berges de Ramón con Enrique Remón firmando los primeros escritos de la fiscalía.

 Orión, la gestoría de Framen. Relación con Luis Oliver y Mario Conde

Orión Consultoría y Gestión SL es la gestoría y asesoría fiscal de Framen, a la que Hacienda pedía considerar como cómplice en la trama junto a su administradora, Isabel Escrig Juan, señalando los múltiples lazos mercantiles de ésta con Framen y otras empresas -algunas administradas por Menéndez- que también  movían dinero de Framen y por tanto dinero con origen en Gepetrol (Tucane Inversiones y Estudios SL,  Inversiones Llavanera SL, Guttengroup Estudios y Proyectos SL y Laima Export SL).

Otro detalle que remarca el Equipo de Delitos de la Agencia Tributaria, y que confirma el Registro Mercantil consultado por Público, es la estrecha vinculación que mantienen Orión e Isabel Escrig Juan con el polémico Luis Oliver Albesa, amigo y socio de Mario Conde en algunos proyectos o negocios según ellos mismos. La relación es también comentada por Francisco Menéndez  en una conversación con Villarejo el 7 de marzo de 2012 en la que discuten la estrategia fiscal del primero y en la que éste afirma que su  gestoría y su administradora Isabel Escrig trabajaban tanto para Oliver como para Conde. La transcripción obra en el sumario Tandem y se ofrece al lector a continuación:

- Villarejo: Vente un día, nosotros... nosotros tenemos aquí, dos abogados expertos en fiscal muy buenos, aparte de que Rafa es un número uno en tema fiscal y tal se lo sabe todo y bueno.
- F. Menéndez: ¿También eres abogado fiscal y todo?
- Redondo: No, yo solo me sé, de no ir a la cárcel. [se ríen].
- F. Menéndez: Ya
- Villarejo: No, en serio.
- Francisco: Porque Isabel [Isabel Escrig administradora de Orión] estuvo trabajando y está trabajando con gente, como Luis Oliver, ¿ sabes que Luis Oliver tiene mucho que callar, mucho que y..?
- Villarejo: Bueno, pero Paco [Paco es Francisco Menéndez] se trata...
- F. Menéndez: y con Mario Conde y con gente así.
- Villarejo: Pues fíjate, pues me has dado unas referencias menos [ininteligible] de puta madre.
- F. Menéndez: Pero de Mario Conde, estamos hablando de miles de millones eh, no estamos hablando de…

A su vez, Francisco Menéndez, también muestra vinculación directa con Luis Oliver. La Agencia Tributaria los identifica como los dos únicos socios de Swat Systems Europa SL, un proyecto en el sector de la seguridad en el que Menéndez participa con dinero procedente, en última instancia, de Gepetrol. Tres años más tarde, en 2015, el propio Menéndez dice por mensaje al comisario Carlos Salamanca (su "compadre" y presunto colaborador del comisario jubilado) estando éste en Madrid y Menéndez en Malabo, que ese día Oliver llega a la capital de Guinea "a ver si hacen algo" [se entiende que "a ver si les sale un negocio"] .

El Equipo de Delitos de Hacienda hace constar asimismo en su informe que, según sus bases, Orion Consultoría y Gestion SL es miembro de una "red de opacidad" junto a otras sociedades que han facturado a Framen. Una "red de opacidad" es una "marca" interna que pone el fisco a personas físicas y jurídicas sospechosas de conformar redes de pantallas para ocultar fondos según explican a Público fuentes de Hacienda. En este punto el informe fiscal refresca la vinculación de Orion y Luis Oliver en el caso de la insolvencia del Betis (concretamente con respecto de Bitton Sport SL, la sociedad de Oliver en el centro del caso).  Precisamente, este mes de enero, Oliver será juzgado en la Audiencia de Sevilla con relación al traspaso de jugadores cuando ocupaba la presidencia del club. Para rizar el rizo de vinculaciones de Oliver y Orión con otros personajes del mundo de Villarejo, Público observa que Bitton Sport SL cuelga de otra firma comprada como sociedad urgente a Affirma (la firma de sociedades urgentes preferida de Villarejo y sus amigos) y que además tuvo sede en Plaza de Salamanca 11, el edificio propiedad de la primera mujer de Ignacio Lopez del Hierro que, con la intermediación de éste, se vendió el año pasado a Blas Herrero y un grupo de inversores.

Pero las casualidades no terminan aquí. Curiosamente, el fiscal Enrique Remón, presente al inicio de la instrucción de la querella de Hacienda a Framen, fue fichado hace veinte días por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Este despacho tiene de socio a César Albiñana, casado con Virginia Arroyo, hermana de la fallecida primera mujer de Conde y por tanto, cuñado de éste.

Guinea Ecuatorial: un filón para Villarejo y conseguidores

No es el primer asunto en el que Villarejo y allegados aparecen interesados o implicados con relación a Guinea Ecuatorial. En los dispositivos móviles que le fueron requisados cuando el comisario jubilado fue detenido figuran antiguas carpetas informáticas referidas a Severo Moto, eterno opositor y líder del Partido del Progreso durante 40 años quien, junto a Armengol Engonga su mano derecha y sucesor, reconocen trato con Villarejo y el uso de un espacio en los años 90 en las oficinas que el expolicía ocupó en el conjunto residencial Las Torres, en la Avenida de San Luis 93 de Madrid hasta 2003, año en el que se traslada a la planta 9 de Torre Picasso, el rascacielos promovido por sus conocidos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos. Asimismo en una conversación grabada por el comisario, hace referencia a Repsol sobre una supuesta ayuda que le ofreció con relación a Guinea.

No es difícil advertir que el interés de Villarejo, sus amigos y sus clientes por Guinea Ecuatorial comienza, sobre todo, cuando a primeros de los años 90 se descubre una de las mayores reservas de petróleo y gas de África en mitad del golfo donde se encuentra la isla que alberga a su capital Malabo. 

Muchas empresas españolas como la petrolera Repsol -presidida de 1996 a 2004 por el hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina (fallecido en abril de este año a causa de la Covid-19), buscaron posicionarse en la prometedora e incipiente industria y servicios auxiliares (transporte de crudo y de personas y suministros a las plataformas) relacionados con el exploración y extracción del gas y petróleo guineano. Pero se adelantaron las compañías americanas como Exxon Mobil que en 1996 dio con el primer yacimiento. Guinea fue también punto de mira de empresas de construcción e ingeniería por la demanda que surgiría al calor de los petrodólares para dotar al país de infraestructuras de todo tipo (viviendas, infraestructuras de agua, energía y transporte). Un país con mucho dinero para gastar, mucha gran infraestructura por hacer y sin barrera idiomática, porque en Guinea se habla español. Un universo de oportunidades para las empresas españolas pero también para conseguidores de todo pelaje, aventureros y funcionarios corruptos."                        (Pilar L. González Lara, Público, 04/01/21)

El escándalo contable de WIRECARD: 1900 millones desaparecidos

"La digitalización y la innovación tecnológica abaratan la prestación de servicios financieros, contribuyendo al crecimiento de la organización y su volumen financiero, pero generan una complejidad contable que facilita los fraudes propios con la connivencia de las firmas auditoras. Mientras el mundo estaba agarrotado y con razón por la pandemia mundial del Coronavirus, se desarrollaba y estallaba un gran escándalo que ha sacudido al mundo financiero. Una firma alemana, Wirecard AG se ha visto envuelta en un fraude contable corporativo y en un proceso de quiebra, que implica la desaparición de 1.900 millones de euros, la detención de varios altos ejecutivos; deja en entredicho a la firma auditora de cuentas EY (antes Ernst and Young) y revela graves fallos de la supervisión financiera en Alemania.

La gravedad de este escándalo financiero, que algún experto asemeja al famoso caso ENRON en los EEUU, ha planteado la urgencia de que el Parlamento Europeo realice un examen riguroso de esta firma financiera global; del gran fracaso del supervisor alemán BaFin y la escasa fiabilidad de las auditorias de cuentas; y en general, sobre la deficiente regulación de las transacciones financieras que aún sufrimos en la Unión Europea. El escándalo de Wirecard abarca una serie de fraudes contables que condujeron a la insolvencia de esta firma procesadora de pagos y proveedor de servicios financieros, con sede en Munich, Alemania, y que forma parte del índice bursátil DAX.

 Ya el 30 de enero de 2019, las acciones de Wirecard se desplomaron luego de que el Financial Times informara que un alto ejecutivo era sospechoso de "falsificación de cuentas" y de "lavado de dinero sucio" y de “round-tripping”, término que designa una serie de transacciones de ida y vuelta entre filiales destinadas a inflar el volumen financiero de la compañía en Asia y el Pacífico. Y desde entonces se han sucedido los rumores hasta su declaración de quiebra en 25 de junio de 2020. En este ensayo, intentaremos explicar el alcance del escándalo de Wirecard resumiendo lo sucedido según los datos conocidos hasta ahora y las cuestiones suscitadas.

Un grupo empresarial con filiales en varios continentes

Wirecard AG es una compañía global de tecnologías y servicios financieros fundada en 1999, con sede en Alemania, que opera en todos los continentes del mundo desde 2017 y actualmente se encuentra en proceso de quiebra. Tiene su domicilio central en Aschheim, un municipio cercano a Munich, Baviera. Es un tipo de banco alemán con licencia completa y ofrece a los clientes servicios de transacciones de pago electrónico, gestión de riesgos y tarjetas físicas y virtuales emitidas y procesadas. A partir de 2017, la compañía operaba en todos los continentes, cotizaba en la Bolsa de Frankfurt y formaba parte del índice bursátil DAX. Proporciona servicios a más de 279 000 clientes corporativos de todo el mundo y ofrece numerosas aplicaciones de pago móvil y la propia aplicación de pago móvil de Wirecard, denominada Boon. (Wikipedia ofrece abundantes datos)

Dispone de filiales en todos los continentes, desde Alemania hasta Melbourne y Hong Kong. Wirecard Card Solutions Ltd. tiene una filial en Newcastle upon Tyne, Reino Unido, con una licencia de dinero electrónico que le permite emitir tarjetas virtuales; así como una sucursal en América del Norte después de que adquirió los servicios de tarjetas prepago del Citi. En 2016 Wirecard se hizo cargo de la empresa brasileña MOIP. El año anterior, en 2015, ingresó al mercado hindú con la adquisición del negocio de pagos de Great Indian Retail Group. Desde 2014, Wirecard ha estado fortaleciendo sus operaciones en la región Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. También está activa en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Turquía y Brasil. En 2019, el SoftBank invirtió en Wirecard, y también está representada en Beijing. Toda una firma financiera de alcance global.

Gama de productos y servicios comercializados

Wirecard es una firma proveedora internacional de productos y servicios en las áreas de pagos móviles, comercio electrónico, digitalización y tecnología financiera. Esto tradicionalmente comprende la integración de métodos de pago, transacciones de pago a través del comercio electrónico, así como transacciones de pago en la caja estacionaria (POS). En estas áreas, Wirecard actualmente trabaja en cooperación con 280,000 compañías (a diciembre de 2018), incluyendo Allianz, KLM, Qatar Airways, Rakuten.com y Transport for London, entre otras. En 2018 el volumen de transacciones los 125.000 millones de dólares.

Desde 2015, Wirecard ofrece a los consumidores la aplicación de pago móvil totalmente digitalizada, Boon, que funciona independientemente de los bancos u operadores de red, y se basa en una Mastercard virtual y se ejecuta en dispositivos móviles con los sistemas operativos Android o iOS. La versión de Android está actualmente disponible en Alemania y otros países europeos, entre ellos España. En España, el 1 d agosto de 2020 Google Pay ofrecía la instalación de la app Boon (Pay-Contactless Payments. Wirecard. Technologies GmbH) para pagos sin contacto a través de teléfonos inteligentes. En este sector de los pagos móviles, Wirecard ha negociado varios contratos con proveedores de telecomunicaciones para servicios técnicos con respecto a los pagos de teléfonos inteligentes móviles.

Las sospechas de fraudes contables

A la compañía Wirecard AG,l centro de un escándalo financiero internacional, las acusaciones de malas prácticas contables le habían seguido desde los primeros días de su constitución, llegando a su punto máximo en 2019 después de que, como mencionamos arriba, el Financial Times publicara una serie de investigaciones junto con quejas de denunciantes y documentos internos. Wirecard anunció el 22 de junio de 2020 que los datos financieros de los años anteriores podrían ser incorrectos. Según un informe del SüddeutscheZeitung (3/7/2020) la fiscalía alemana supone que la compañía ha manipulado los balances desde 2014. El 25 de junio de 2020, Wirecard solicitó la insolvencia después de las revelaciones de que faltaban 1.900 millones de euros, el cese y detención de su CEO Markus Braun, varios miembros de la junta directiva y otros ejecutivos han sido arrestados o implicados en procesos penales.

El escándalo de Wirecard está teniendo un desarrollo complejo y multipaís. Aunque se haya descubrió este año, los rumores de irregularidades que datan de 2008. Estos rumores incluían sugerencias de irregularidades en el balance y un expediente de acusaciones de lavado de dinero. Los que criticaron a Wirecard fueron víctimas de campañas de piratería, aunque el autor de estas nunca fue encontrado.

En 2018, el personal legal de la sede de Wirecard en Singapur comenzó una investigación sobre tres miembros del equipo de finanzas. Esto se produjo después de que un denunciante los alertó sobre un plan para enviar dinero a la India de manera fraudulenta a través de terceros. Aunque nada salió de esta investigación, el Financial Times fue alertado de la investigación y la posterior inacción. Wirecard desestimó la reclamación y también lo hizo el BaFin, el regulador financiero alemán. En realidad el Financial Times llevó a cabo una investigación sobre la manipulación del mercado. Y en 2019 la policía de Singapur registró las oficinas de Wirecard. El mismo año, reciben una inyección de efectivo de 900 millones de euros de SoftBank, así como una aprobación de las cuentas de 2018 por la auditora EY (Ernst & Young).

Las revelaciones del Financial Times han jugado un importante papel en el conocimiento de este escándalo financiero, puesto que ha estado observando de cerca la firma Wirecard. Y a fines de 2019 publicaron documentos que indicaban que las ganancias en las unidades en Dublín y Dubai estaban infladas de manera fraudulenta. A pesar de negar esto, Wirecard designaba a la auditora KPMG para llevar a cabo una auditoría especial, que no se terminó en la fecha prevista en 2020 y que la auditora principal EY pospuso s publicación y los resultados de todo el año. Cuando el informe finalmente se publicó en abril, KPMG alegó que no podía verificar que fueran genuinas las operaciones que habían aportado la "mayor parte" de las ganancias reportadas de 2016 a 2018. A partir de ahí se suceden una serie de informaciones confusas sobre el dinero en los bancos filipinos.

Mientras el mundo comenzaba a salir del encierro de la covid-19, los fiscales de Munich iniciaron una investigación sobre el presidente ejecutivo Markus Braun y otros tres miembros de la junta ejecutiva. Unas semanas más tarde, el 16 de junio, los bancos filipinos BPI y BDO informan a la auditora EY que los documentos que detallan los saldos de 1.900 millones de euros son "espurios". Y el 18 de junio, en lugar de publicar sus resultados de auditoría para 2019, anuncian que les faltan 1.600 millones de euros. Desde el anuncio de la pérdida de 1.600 millones de euros, el banco central de Filipinas confirmó que el dinero nunca ingresó al sistema financiero del país y desde entonces el director ejecutivo ha sido arrestado. EY se negó a cerrar sesión en las cuentas de la empresa en 2019 y Wirecard ha retirado sus resultados financieros para 2019 y el primer trimestre de 2020.

El hecho es que Wirecard presentó una demanda de insolvencia el 25 de junio, en medio de las confusas informaciones de las auditoras, que las autoridades alemanas habrán de clarificar.

El inexplicado papel jugado por la auditora EY/Ernst & Young

El peor escándalo contable de Alemania en décadas ha puesto el foco en la auditora EY (antes Ernst and Young); que realizó auditorías no calificadas a Wirecard durante más de una década; y actualmente sus trabajos están siendo examinados por Apas, el organismo alemán de supervisión de auditores del país, El mes pasado, la auditora EY afirmó que terceros le habían proporcionado a la empresa documentación falsa en relación con la auditoría de Wirecard de 2019, según Financial Times (FT,19/7/2020)

Estar envuelto en tal escándalo es lo último que la industria contable quería o necesitaba, afirman profesionales experimentados en su web donde ofrecen un intento de explicación de lo sucedido. Desde que se desarrolló el escándalo, se informó que la auditora EY no solicitó información crucial de la cuenta al Banco OCC de Singapur para confirmar que tenía los mil millones de euros en efectivo a nombre de Wirecard. Este procedimiento rutinario de auditoría podría haber descubierto el fraude mucho antes. El nuevo director ejecutivo de Wirecard también ha señalado que los controles básicos deberían haber sido suficientes para descubrir el escándalo.

Sin embargo, la auditora EY ha hablado sobre el escándalo mediante un memorando a los socios principales, en el que se atribuye la responsabilidad de descubrir el fraude. Esto a pesar del hecho de que firmaron la revisión de las cuentas durante más de una década y las preguntas sobre las prácticas contables de Wirecard fueron cada vez más cuestionadas por periodistas e inversores. Por lo que inversores europeos han pedido una "investigación exhaustiva" del trabajo de la auditora EY a cargo del regulador financiero alemán.

El fraude solo se descubrió en los últimos diez días, lo que significa que esta historia sigue desarrollándose sin que aún se conozca el final. A pesar de la solicitud de insolvencia, Wirecard tiene la intención de continuar operando. Naturalmente, se harán preguntas sobre cómo lograron estafar a los inversores y sobre el papel de EY durante tanto tiempo. Y esto, sin duda, socará aún más la confianza en los auditores, subraya referido el grupo de profesionales de la auditoria.

Informes de auditorías de cuentas cuestionados

El caso de la auditora EY, nuevo nombre de la veterana Ernst & Young, se suma a los numerosos escándalos contables ya históricos que demuestran la irresponsabilidad de las grandes firmas auditoras que tienen poco respeto por su responsabilidad pública, por los derechos de los accionistas y los ciudadanos, por las normas que pretenden la independencia de la función auditora, la profesionalidad y la ética, como analizamos y destacamos en nuestro libro El casino que nos gobierna (capitulo3, la contabilidad falaz de los jugadores; Parte III. Los reguladores del casino en la sombra).

Ante el escándalo de la firma Widecard proyectado en los medios alemanes y europeos, las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo han remitido una carta conjunta a la Comisión europea en Bruselas sobre tarjetas electrónicas y las normas de auditoría europeas, en la que se le pide que examine detenidamente los eventos que rodearon la quiebra de Wirecard, evalúe el papel de la Autoridad Federal alemana de Supervisión Financiera (BaFin) y de los supervisores europeos y obtenga las correspondientes conclusiones con respecto a las debilidades en el marco legal europeo en materia de servicios financieros, como ejemplifican el caso de las auditoras y sus graves conflictos de intereses desde el momento en que conciertan su retribución con aquellas entidades cuyas cuentas van a revisar y a juzgar. 

Como ha subrayado el eurodiputado Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica del grupo Verdes / EPT: "Los graves conflictos de intereses de las principales firmas de auditoría deben detenerse. Las normas de la UE sobre auditoría deben cambiarse para que los auditores ya no sean seleccionados y pagados directamente por la empresa auditada. Las firmas de auditoría y el negocio de asesoramiento deben estar completamente separados. La auditoría de la UE La Directiva debe revisarse rápida y fundamentalmente". “Es vergonzoso pero necesario que el supervisor financiero alemán BaFin esté en el centro de nuestras preguntas críticas. La posición actual del BaFin es perjudicial para Alemania como centro financiero. Las reservas legales y la aplicación inconsistente de reglas importantes son malos consejos para la supervisión financiera"." (La Europa opaca de las finanzas, 06/08/20)

Mikhail Fridman, o home detrás do “Prestige” que desembarca en DIA

"A Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, está en proceso de reestruturación e cun ERE sobre a mesa sen concretar. O actual dono de case o 30% da cadea de alimentación, é o millonario Mikhail Fridman, propietario do fueloil que levaba o petroleiro “Prestige”. GC publicou en exclusiva en 2012 unha reportaxe de investigación con documentos que comprometen a este empresario.

 A noticia caeu como unha bomba. A empresa convocara unha reunión coas forzas sindicais para o día catro de marzo. Discutiríanse as condicións do ERE que o Grupo DIA busca aplicar para a súa “reestruturación”, ideada polo actual CEO Borja de la Cierva. O pasado día 25 de febreiro, forzas sindicais foran convocadas para distribuírenlles información relativa a tendas, locais e almacéns que estarían afectados polo Expediente.

De súpeto os medios comezan a emitir información sobre o líder do fondo de investimentos LetterOne, Mikhail Fridman. A Fiscalía investiga a este empresario e investidor como presunto membro dunha trama criminal. Mesmo o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos pedíu á Fiscalía Anticorrupción española que actuase de maneira inmediata. As últimas informacións apuntan que España deixaría en mans de  EE UU debido ao sobredimensionamento do caso.

FRIDMAN E O “PRESTIGE”

Mikhail Fridman é un cidadán de orixe xudeo-ucraína e con dobre nacionalidade, rusa e israelí. Estudou enxeñería durante os anos da URSS e logo, aproveitando os procesos de apertura do réxime soviético durante o goberno de Gorbachov, foi abrindo pequenos negocios con colegas da universidade. Licenciado como enxeñeiro experto en metais e aleacións, fundou primeiro Curier, empresa de aluguer de pisos e logo Alfa Eco, importadora de computadoras de segunda man e outros produtos occidentais como tabaco e roupa.

O diñeiro sacado destas operacións permitiu que Fridman fose ampliando o seu abano de negocios ata chegar a sociedades de investimento en empresas petroleiras. Así, creou Alfa Group, empresa financeira que sería a propietaria de Crown Resources. Esta empresa tiña sede en Zug, Suíza, e era a propietaria do fueloil que transportaba o buque “Prestige” cando afundiu diante da Costa da Morte o 19 de novembro de 2002. 

Logo do afundimento, e debido á “mala imaxe” que transmitía, Crown Resources foi vendida e logo rebautizada como Energy, Resources and Commodities Trading Company (ERC). GC publicou unha amplísima e exclusiva reportaxe de investigación con información sobre aquelas operacións e os negocios sucios de Fridman.

Mikhail Fridman non parou e continuou cos seus negocios, ás veces non tan claros para as autoridades fiscais internacionais. Mesmo houbo voces que o apuntaban como presunto autor de accións fraudulentas no intercambio de petróleo por alimentos durante o embargo a Irak. Tamén entrou en enfrontamentos con outras empresas enerxéticas como BP (British Petroleum) coa que chegou a fusionar o seu conglomerado empresarial e petroleiro. Logo duns anos, vendeu todas as súas participacións na sociedade con BP e co diñeiro fundou LetterOne (L1).

O DESEMBARCO EN DIA

O grupo LetterOne entrou en DIA o ano 2017, mercando un 10% do capital. Pasado un tempo, acabou sendo o propietario do 25% do capital da empresa. A cuestión é que Fridman, cabeza de LetterOne, non está conforme co que ten e agora quere a compañía enteira. As manobras do millonario ruso incluían esperar que os prezos das accións de DIA fosen caendo para despois emitir unha OPA e quedar con todo o capital da compañía.

A cuestión é que as autoridades internacionais que controlan as compras e vendas de activos e valores, están en alerta diante das manobras especulativas tanto de Fridman como doutros magnates, pois algúns destes investimentos son considerados como vías de branqueo de diñeiro. Mesmo apuntan desde as Nacións Unidas, ONU, a posibilidade de estaren incumprindo os puntos relativos á “Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción”.

O motivo polo que LetterOne desembarcou en DIA foi aproveitar un momento de debilidade financeira da compañía española, que ademais, buscaba reestruturarse para afrontar perdas. O estraño do caso é que a caída de valor da empresa foi moi rápida e sospeitosa. Por iso houbo quen avisou á Comisión Nacional del Mercado de Valores para que iniciase as investigacións necesarias.

O vindeiro día 20 de marzo haberá unha reunión de accionistas do Grupo DIA.

 Daquela verase cal é o poder de decisión do 70% do accionariado fronte ao 30% de Fridman e LetterOne. Mentres tanto, a actual dirección do grupo quere negociar un ERE sen garantías. O día catro de marzo habería unha xuntanza entre dirección e sindicatos para tratar o expediente, pero de momento está todo no aire e os traballadores e traballadoras esperan unha resposta no medio de toda esta confusión."                     (Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 26/02/19)

Windsor, el ‘incendio’ en el corazón financiero que salpicó a Francisco González... (el 12 de febrero se incendió el Edificio Windsor, donde tenía la sede Deloitte y donde se guardaban presuntamente las auditorías del bróker de Francisco González)...

"Las informaciones sobre las escuchas encargadas al comisario José Villarejo por parte del entonces presidente de BBVA, Francisco González, han generado estupor en el mundo financiero. Numerosos directivos de todo tipo de empresas cotizadas comprobaron a través de la herramienta creada por El Confidencial, como si fuese el boleto de la lotería de Navidad, si su teléfono móvil había sido intervenido por el comisario en un trabajo pagado por orden del que durante dos décadas ha sido el primer ejecutivo de la entidad financiera. 

Algunos tenían premio, estaban en la lista de los agraciados y tiraron de memoria para recordar sus operaciones con el bróker de Chantada (Galicia).

Dos de las más relevantes fueron la venta a la Corporación Banesto de Oil Dor y el traspaso de FG Inversiones Bursátiles. El primero fue un proyecto de red de gasolineras lanzado en 1991 con un capital de 10 millones y del que Francisco González tenía un 4% del capital.

En 1992, la compañía fue vendida a Banesto y los accionistas de esa petrolera obtuvieron 6.000 millones de las antiguas pesetas con una plusvalías del 3.000% apenas un año después de su creación. FG, como se le conoce en el mundo financiero, invirtió 16 millones de pesetas y obtuvo 480 millones en una operación que 'a posteriori' fue afeada por conflicto de interés por el juez que investigó el caso Banesto, ya que su bróker, FG Inversiones Bursátiles, actuó de tasador en la compraventa.

Cuatro años después, en febrero de 1996, el negocio redondo fue la propia enajenación del bróker, que el empresario gallego transmitió a Merrill Lynch por 3.700 millones de las antiguas pesetas (22,24 millones de euros).

La operación se hizo a la carrera porque José María Aznar había ofrecido un alto cargo al reconocido inversor en el futuro organigrama de poder del Partido Popular. El PP ganó sus primeras elecciones y Francisco González fue elevado a presidente de Argentaria, el banco controlado por el Estado y que tres años más tarde se fusionaría con BBV.

Pero la venta de FG Inversiones Bursátiles, que tuvo a Juan Fernández Armesto como asesor jurídico del ya banquero, dejó muchas incógnitas. Una 'garganta profunda' reveló a Merrill Lynch que se habían ocultado grandes pérdidas ocasionadas por inversiones fallidas en renta fija tras la subida de los tipos de interés en España —devaluación de la peseta— en 1994.

 El agujero era de 800 millones, roto que Francisco González había maquillado con operaciones intragrupo para evitar que el auditor y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supiesen que la sociedad de valores había estado en potencial causa de disolución.

Tras revisar esa cartera fallida, Merrill Lynch decidió continuar con la adquisición, pero informando a la CNMV de que cambiaba el formato de la compraventa para solo quedarse con los activos y no con los pasivos. La filial española del banco americano, presidida en esos momentos por Claudio Aguirre, remitió por carta al organismo regulador la relación de hechos, si bien no interpuso ninguna acción judicial.

El asunto cayó en el olvido hasta que, coincidiendo en el tiempo con el intento de Sacyr por controlar BBVA, la CNMV recibió una demanda —de la que Villarejo da buena cuenta en los papeles a los que ha tenido acceso este diario— en la que se denunciaban esos hechos. Fue el 19 de enero de 2005, momento en que FG ya tenía contratado al comisario para espiar a sus presuntos enemigos.

 Pero la institución cerró el caso tras una investigación fugaz de tres días al indicar que era “prácticamente imposible” esclarecer las supuestas irregularidades contables.

Cuando la Fiscalia Anticorrupción entró a investigar el caso, la carta con la que Merrill Lynch había diseccionado las operaciones intragrupo a la CNMV había desparecido del archivo del organismo regulador. El fiscal se la pidió a Manuel Conthe, entonces presidente del supervisor de los mercados españoles, pero no la encontró.

Se había extraviado durante el mandato de Fernández Armesto, abogado personal de Paco González y a quien Aznar nombró presidente de la CNMV. Merrill Lynch, por su parte, presentó su copia, con entrada en el registro de su misiva, por lo que el juez pidió a Deloitte, auditora de FG Valores, la documentación.

Pero la auditora tampoco pudo aportar los papeles: el 12 de febrero se incendió el Edificio Windsor, donde tenía la sede Deloitte y donde se guardaban presuntamente las auditorías del bróker de Francisco González.

En julio de 2005, cuando la constructora ya había renunciado a comprar un paquete relevante del banco y el asalto encomendado por el PSOE y el PNV había sido sofocado, la Fiscalía Anticorrupción decidió archivar las "diligencias informativas" abiertas sobre la venta de FG Valores al descartar "la existencia de responsabilidades criminales", bien por estar prescritas o por no constituir delito.

 No obstantoe, reconoció la existencia de "manipulación contable" al estar acreditada "la existencia de operaciones intragrupo dentro del consolidable FG ante la CNMV para remediar un desfase contable en torno a los 800 millones de pesetas [4,8 millones de euros]”.

Varios nombres de estos protagonistas aparecen entre los investigados en tiempo real por Villarejo a petición de FG, que, como explican algunos de los afectados y algunos de sus más fieles colaboradores, tenía sospechas sobre supuestos o potenciales enemigos a los que aplicó medidas de vigilancia. Todo ello pese a asegurar en una reciente entrevista en 'El Español' que "los principios no sólo implican que todo lo que hagamos sea legal, lo cual es obvio.

Además, implican que todo lo que hagamos se pueda publicar, es decir, que si se publica, al coger un periódico, te gustará o no te gustará, pero que siempre puedas decir: yo he hecho las cosas de acuerdo con mis principios”.

Más adelante, el aún presidente de honor de BBVA añade: "Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas: las cuentas secretas, Sacyr, el presidente del Banco Central de Italia, Sareb, Bankia… En fin, todas las experiencias que quieras. Y cuando había que tomar decisiones de ese calibre siempre pensaba: ¿esto es legal?, ¿esto es moralmente aceptable?".                   (Agustín Marco, El Confidencial, 11/01/19)

Banca Catalana, con depósitos por valos de 300.000 millones de pesetas, pasó a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, Jordi Pujol. Fué absuelto. La causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños

"(...) Un mago cuyas maravillas llevan dejándonos boquiabiertos desde hace décadas. Lo mismo desde el escenario del poder político, en el que fue protagonista principal durante muchos años, que desde las bambalinas de su dorado retiro, no ha dejado desde entonces este personaje de alterar a su antojo las reglas de la Justicia y las normas de la razón. El Sr. Jordi Pujol i Soley.

Este, que ahora podría parecer a simple vista un acomodado e inofensivo tendero jubilado, empezó su carrera de taumaturgo con un espectáculo de magia titulado Banca Catalana, allá por los años 80 del pasado siglo, no sé si lo recuerdan. 

La cosa, para los olvidadizos, iba de una pequeña entidad bancaria que había fundado el padre de nuestro personaje y que el joven Jordi convirtió en gigante financiero cuando se puso manos a la obra, después de una temporadita avecindado en Zaragoza (en la prisión de Torrero, para ser más precisos).

Con una red de 352 oficinas, más de 5.000 empleados y depósitos por valor de casi 300.000 millones de las pesetas de aquella época, Banca Catalana pasó casi de la noche a la mañana a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, el vicepresidente ejecutivo y mandamás del invento. Jordi Pujol. 

Después de varios intentos de procesarle (a él y a unos cuantos más), la Audiencia de Barcelona falló el sobreseimiento definitivo del sumario. No encontraron indicios de delito, aunque los jueces afirmaron que «se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa». Este Sr, que a la sazón redondeaba sus ingresos con un pluriempleo como Molt Honorable President de la Generalitat, salió limpio de polvo y paja, como suele decirse.

Entre medias hubo numerosas maniobras en la oscuridad, sobre las cuales se hablaba en voz baja, que hicieron encanecer prematuramente a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo. Como buenos profesionales, se habían empapado los 65.000 folios del sumario y veían los delitos con claridad. Muy instructivo leer sus declaraciones sobre este asunto.

Yo entonces era más joven y no podía creerlo, cuando alguien susurraba a mi oído que la causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños. Unas conversaciones, se decía, que hubieran servido de modelo a los guionistas de El Padrino.

La amenaza de tirar de la manta, que tantos otros (desde Bárcenas a Granados) han usado después con fanfarronería de principiantes para quedarse en agua de borrajas, define a la perfección lo que debió de suceder. Pero entonces debía de ir en serio. Y, aterrorizados ante lo que pudiera aparecer bajo la manta, los poderes del Estado se plegaron a las exigencias de inmunidad (sería mejor decir de impunidad) del pequeño y astuto mago catalán.

Entonces no me lo creía. Sobra decir que ahora, puedo creerme cualquier cosa.

Porque ya me dirán ustedes si no es cosa de magia que la plana mayor del partido que fundó, y la del soberanismo catalán que Jordi Pujol patrocinó (y sigue patrocinando) esté entre rejas o a punto de estarlo, acusados de gravísimos delitos económicos y políticos, mientras que el Sumo Pontífice apura su vejez tan tranquilo. Sin que ningún juez se atreva a molestarle, más allá de pedirle por favor algunas declaraciones, siempre muy respetuosos.

Así pues, lo ha vuelto a hacer. ¿Lo de los millones en Andorra, desconocidos para Hacienda? Nada, una cosilla del abuelo que los dejó por ahí y quién iba a acordarse de ellos. ¿Lo del tres por ciento? Pregúntele usted al señor Mas, o al señor Millet, o al señor Alavedra… a mí, que me registren. 

¿Que la familia Pujol-Ferrusola (padre, madre y los numerosos retoños) actuaba literalmente como una familia (de las de la mafia bajo el disfraz de orden religiosa, con Madre Superiora, párrocos, misales y Papa Negro? Bueno, señor juez, esos son secretos del convento,

Lo que quiere decir que el conjuro, las palabras mágicas (ojo, que tiro de la manta) solo funcionan cuando el que las pronuncia está de verdad en el secreto. 

Cuando tiene mucha y muy sensible información de su exclusiva propiedad.Esa información que garantiza inmunidad. E impunidad."                (Antonio Plazuelo, El Periódico, 08/04/18)

“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”

"Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. 

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama. 

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.

¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización?

Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. 

 Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina.  En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. 

Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí había denunciado ante la Fiscalía una de esas operaciones de saqueo del CYII por parte del PP. Porque empieza Gallardón, pero después sigue Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos ellos impulsan operaciones en el Canal con sociedades anónimas vehículares y con ánimo de lucro.  

¿Qué era lo que denunciaba Parque Sí en Chamberí?

Está colgada ahora mismo en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M la querella contra el fiscal Manuel Moix que recoge las denuncias de la Asociación Parque Sí en Chamberí contra Ignacio González. 

Éste se había empeñado en construir un campo de golf en Chamberí, en los terrenos del CYII, para beneficiar directamente a su familia, adjudicando la explotación y gestión de sus instalaciones a un consorcio compuesto por tres compañías, una de ellas controlada por su hermano y su cuñado. Pero entró en conflicto con el Gobierno de Gallardón, quien tendría sus propios planes y que inició un expediente contra el CYII por estar ejecutando obras sin licencia municipal. 

Para sortear este obstáculo, González las declaró de “excepcional interés general” y fue entonces cuando los vecinos del barrio de Chamberí llevaron esa declaración a los tribunales. Además de interponer acciones por la vía contencioso-administrativa, presentan dos denuncias penales en 2007 y en 2009, y una querella criminal en 2010, en las que interesan una serie de diligencias de investigación que tienen que ver con la contabilidad de las empresas del consorcio al que se adjudicó el campo de golf. Esa contabilidad, si se hubiera investigado por parte de Moix hace 10 años, hubiera delatado la operación corrupta urdida por González en la que resultaron beneficiados su hermano y su cuñado.

Pero no se investigó.

No se investigó nada. Moix archivó en tres días hábiles una de las denuncias. En dos ocasiones firmó él mismo el archivo de las actuaciones y en una tercera la firmó un fiscal basándose en los mismos argumentos que Moix había dado en los anteriores archivos. Pero esa es solo una de las varias piezas que se investigan en la Operación Lezo. 

En realidad, estamos ante una operación o trama bastante extensa en la que intervienen actores como Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la Cámara de Cuentas, las empresas auditoras… O sea, políticos, miembros de los órganos de control y auditores, que no dijeron ni mu, pudiendo haber denunciado hace muchos años todas estas operaciones. Así es como la trama se organiza y se extiende.

A esto se añade la red de sociedades de Canal Isabel II en América Latina

Sí, la red consta en un diagrama que provenía de un informe de la Cámara de Cuentas. Con base a ese informe y a una investigación que realizamos sobre varias de las empresas del Canal que actúan en América Latina, concretamente en Barranquilla, denunciamos el caso Taganga, una población, como otras muchas del Caribe colombiano, que se vio afectada por los procesos de privatización y saqueo de las empresas públicas del agua en la zona. 

Conozco muchas de esas poblaciones y sé de primera mano lo que significaba la actuación de las transnacionales del agua en Colombia. Pero lo curioso de todo esto es que no hace falta ir tan lejos para saberlo ya que todo es público, se encuentra en internet. Los procesos judiciales en Colombia, las protestas de los trabajadores y de la propia ciudadanía colombiana cuando empiezan a subirle las tarifas, en el momento en que ocurren las privatizaciones. Todo es público. 

Así, recogemos esa información y con ella, en 2010, ATTAC presenta una denuncia de carácter político, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por la actuación del Canal como transnacional. El tribunal asume la denuncia y condena al Canal, no ya por las actuaciones en Madrid o en Chamberí, si no por los abusos que comete en países de América Latina. Poco después de aquel proceso se crearía la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.

¿Y a partir de 2010?

Desde el 2010 no hemos parado. Creamos la plataforma, nos movilizamos, comenzamos a contar en barrios y pueblos lo que estaba ocurriendo… Y llegó el 15M. Con él, todo ese activismo que habíamos desarrollado desde finales de 2010 hasta mediados de 2011 se multiplica por diez. Hacemos una manifestación con 15.000 personas frente al Canal. Lo cual rompe todas las expectativas que teníamos y se crea un movimiento muy importante.

 Tanto es así que, en 2012, conseguimos que casi 180.000 personas se pronunciasen a favor de mantener el Canal bajo titularidad pública. La operación urdida por el PP pretendía engordar al Canal como grupo empresarial trasnacional y a la vez desplegar la ingeniería institucional necesaria para convertirla en sociedad anónima que luego pudiera privatizarse estupendamente.

Ese era el gran negocio previsto, que generaría las comisiones multimillonarias que ahora se van viendo, cómo se iban produciendo en cada una de las inversiones que se hicieron en cada país: caso Emissao (Brasil), caso Inassa… En los correos de Blesa aparecen conversaciones en las que Bankia y FCC hablan sobre la privatización del Canal. Eso multiplicado por todas las posibles ventas, reventas y emisión de bonos que se podrían haber seguido haciendo si no hubiéramos parado el proceso privatizador.

 En la última operación se calcula en más de 25 millones de dólares lo que ha costado Emissao. En 2014 publicamos el libro para explicar de manera comprensible nuestras denuncias, y lo que estamos haciendo ahora, y para lo que hacemos un crowdfunding, es ampliar la edición con todo lo que hemos podido investigar y conocer desde 2014 hasta 2017. Sabemos lo que ha ocurrido en Canal de Isabel II y cómo se ha utilizado a esta empresa para saquearla y para beneficio de unos pocos.

 Sabemos, también, que estas tramas en el Canal están relacionadas con otras muchas que se han venido conociendo; por ejemplo, la relacionada con la concesión de contratos en los Teatros del Canal, denunciada por trabajadores de Telemadrid en el caso Ático. Hoy está claro que en el Canal se saqueaba y se conseguían comisiones que alguien se embolsaba, ésa era la situación que hemos venido sufriendo.

Tras las elecciones de 2003, Esperanza Aguirre asume la presidencia de la Comunidad de Madrid, designando como vicepresidente y presidente del Canal a Ignacio González. Durante su mandato se promulgó la ley que permitió la creación de la sociedad anónima Canal Gestión y, cuando Aguirre dimite en 2012, es González quien asume la presidencia.

 Los dos tienen el mismo proyecto. Por eso no se puede adjudicar exclusivamente a Ignacio González la responsabilidad de todo esto. Es un sector muy importante del Partido Popular el que lleva a cabo la trama, empezando por la propia Esperanza Aguirre, que está siendo ahora mismo investigada. Es una red muy amplia y perdurable, han estado mucho más de una década, más de 15 años tramando todas estas actuaciones.

Cómo es esa ley que abrió las puertas de la privatización del Canal.

La ley 3/2008 es una ley de presupuestos y ellos introducen, como hace siempre el Partido Popular, con nocturnidad y por la puerta de atrás, en una disposición adicional, una coletilla que les permite privatizar y crear la sociedad Canal Gestión. Así no se hacen las leyes, es una mala práctica legislativa.

Canal, hoy, sigue siendo una sociedad anónima pero con capital 100% público.

El capital del Canal es público aún, pero la sociedad anónima continúa gestionándolo y, si quisiera, si el Partido Popular quisiera, privatizaba el Canal, porque la gestión sigue siendo de carácter mercantil mediante un régimen jurídico que les permite, por ejemplo, emitir deuda, que es lo que han hecho. Empezaron emitiendo 500 millones y ahora sabemos que la deuda se eleva por encima de los 1.200 millones de euros, mientras que, cuando era una empresa 100% de gestión pública, daba beneficios. En el 2013 denunciamos el proyecto de emisión de 500 millones en bonos de deuda. 

La operación se autoriza en 2014 cuando hacemos la presentación del libro El Saqueo del Agua, y en 2015 se concluye. Una deuda que, además, no tiene justificación alguna, porque la emiten exclusivamente para repartir ese dinero en dividendos entre los ayuntamientos, mayormente el de Madrid, endeudados hasta las cejas en la era del ladrillo. 

Era una manera de tapar agujeros y compensar de alguna manera a los consistorios que habían suscrito los convenios necesarios para crear la sociedad anónima. Es la pescadilla que se muerde la cola: necesitan el apoyo de los ayuntamientos para crear una estructura societaria que genera comisiones y deuda, y los ayuntamientos apoyan porque necesitan cubrir sus propias deudas. En conjunto, una pésima gestión pública, porque lo único que hacen es tapar agujeros mientras pagan comisiones millonarias.

Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que se van a deshacer de las filiales internacionales del Canal, ¿qué opinas sobre ello?

Desde el principio dijimos que cuestionábamos la actuación transnacional del Canal, y que había que desmontarla. El problema es cómo se desmantela, pues el Canal sigue actuando con absoluta opacidad. Lo que sí sabemos es que hay ciudadanos en América Latina, en Barranquilla, en Santa Marta, en lugares donde actúan empresas dependientes del Canal, que se están rebelando, porque en determinado momento sus dirigentes cedieron y permitieron la privatización que les supuso elevadísimas tarifas y ahora desconocen los términos en que se está negociando la recuperación de la gestión. 

Tampoco aquí lo sabemos ni nos fiamos, ni aquí ni allí, porque son los mismos los que participaron en su creación y los que ahora dicen que la están desmontando."                (Ter García, Saltamos.net, 04/07/17)