Descontrol y engaño en la compra a ciegas de mascarillas en Madrid... La empresa acordó el pagó de madrugada, con escasa información y por WhatsApp... Hacienda ocultó a los consejeros el papel jugado por Luceño y Medina... La encargada municipal pensó que los intermediarios sólo querían ayudar, “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”... "El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”

 "La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra de un millón de mascarillas, 500.000 pares de guantes y 250.000 pruebas rápidas de detección de la covid a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina ha destapado una cadena de engaños, desinformación y falta de control en el Ayuntamiento de Madrid que facilitó una presunta estafa de 11 millones de euros. 

La operación se llevó a cabo entre la última semana de marzo y la primera de abril de 2020, cuando la Comunidad de Madrid era el lugar de España donde la pandemia causaba más muertes y contagios.

El sumario del caso que ahora instruye el juez Adolfo Carretero incluye documentos de los organismos municipales encargados de la compra del material sanitario y declaraciones de los implicados en la operación que describen un escenario caótico, opaco, permeable al fraude.

La Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de euros que costó el material, se quitó la responsabilidad de encima cuando le preguntó la Fiscalía Anticorrupción: “La empresa no ha participado en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia relacionada con la negociación de los términos de los contratos”, declararon los responsables de la funeraria, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fue la Concejalía de Hacienda la que se encargó de todos estos trámites a través de Elena Collado, alto cargo encargada de la compra del material y con la que uno de los comisionistas, Alberto Luceño, mantuvo comunicación telefónica durante todo el proceso.

 Luceño declaró al fiscal anticorrupción, en abril de 2021, que fue él quien fijó los precios del material vendido al Ayuntamiento de Madrid —de los más caros pagados aquellos días por las principales administraciones municipales de toda España—, que supuestamente fabricaba una empresa de Malasia llamada Leno. El comisionista relató al fiscal que hizo aquella operación en una situación de extrema necesidad cuando los precios subían en cuestión de horas. “Hablé con Elena Collado y me dijo que necesitaban el material de manera rápida, en tiempo y forma y de buena calidad. Y le dije que le podía asegurar esos tres productos” (mascarillas, guantes y pruebas).

Miguel Montejo, vocal de Más Madrid en el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, explica a EL PAÍS que el 4 de abril preguntó a Collado por qué se decidió contratar a Luceño y Medina entre todas las ofertas recibidas. “Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de por qué no denunciaron los hechos cuando ya supieron que la Fiscalía estaba investigando, ni por qué se le ocultó al consejo de administración que aquella operación estaba dirigida por intermediarios”.

Luceño declaró al fiscal que había preguntado a su socio Luis Medina si conocía a alguien en la administración con quien pudiera contactar para ofrecerle material sanitario chino. Y que Medina le dio el contacto de los responsables municipales de Madrid. Como debía pagarse en parte por adelantado, el Ayuntamiento formalizó un convenio con su Empresa de Servicios Funerarios, que tenía flexibilidad suficiente en su actividad para asumir operaciones de ese tipo.

De madrugada

El decreto de alarma para combatir la pandemia cerró España a cal y canto el 14 de marzo de 2020. 10 días después, el martes 24 de marzo, el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, municipal, se reunió de madrugada a través de un grupo de mensajería creado al efecto para aprobar una compra urgente que podía salvar vidas.

La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, contó a los asistentes (con representación de todos los grupos políticos) que se trataba de adquirir un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. Y que había que pagar la mitad esa misma noche por anticipado.

Collado no explicó entonces a los consejeros si aquella era la oferta más barata o la más cara de todas las que habían recibido, ni detalló que la operación se hacía a través de dos intermediarios, Luis Medina y Alberto Luceño; ni siquiera explicó si el fabricante que suministraría las mascarillas era de confianza o tenía solvencia suficiente para garantizar que el encargo llegaría a buen puerto.

Los representantes de todos los grupos municipales (Vox, Más Madrid, PP y PSOE) votaron a favor ante la emergencia. Unas horas después (25 de marzo), el consejo de administración volvió a reunirse de urgencia para más compras, que anunció otra vez Elena Collado: 250.000 pruebas rápidas a 17 euros la unidad y 2,5 millones de pares de guantes a 2 euros cada par. Tenían que actuar deprisa porque, según dijo, se estaba acabando la mercancía y había que pagar el 50% por adelantado.

Ese segundo lote resultó defectuoso. Las pruebas tenían una fiabilidad del 60%, muy lejos del 98% comprometido. Los guantes llegaron a un precio disparatado, incluso en pandemia. Tanto fue así que, cuando Elena Collado se quejó al respecto ante Alberto Luceño, este tardó una hora y media en comprometerse a devolver cuatro de los cinco millones de dólares que ya había pagado el Ayuntamiento por esa mercancía.

Luceño explicó al fiscal anticorrupción que existe una recomendación verbal de la Cámara de Comercio de París para que las comisiones no superen el 50% de cada operación: “Yo reconozco [que] en el contrato de las máscaras [me llevé] el 44,85% y en la otra operación un 49,91%”.

Esta respuesta dejó perplejo al fiscal anticorrupción, quien le leyó las comisiones que habían pactado Luceño y Medina por la venta de dos millones de pares de guantes. De los cinco millones de euros, 1,8 millones eran la comisión de Luceño y 1.125.000 euros la de Medina. En total, 2.925.000 euros sobre cinco millones, más del 50%.

Luceño intentó replicar al fiscal que esa operación “se intentó hacer, pero no se cobró”. En realidad, fue Elena Collado quien comprobó en un supermercado de Madrid que los guantes que habían comprado a través de Luceño y Medina a dos euros el par costaban menos de la mitad en comercios de la capital. Eso llevó a que Luceño devolviera cuatro millones de euros sin poner reparos."             (José Manuel Romero , El País, 15/04/22)

 

"El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”.

Luis Medina se presentó ante el fiscal anticorrupción como un probo empresario que cobra con naturalidad comisiones, aunque sea en el peor momento de la pandemia, y que se ha sentido engañado por su socio Alberto Luceño porque este se ha llevado más dinero que él como corretaje por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El hermano del duque de Feria declaró que su único trabajo en este negocio fue el de “facilitador” para poner en contacto a Luceño, que tenía contactos en China para conseguir pertrechos médicos, con la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Un trabajo que le reportó un millón de dólares, “menos del 10% [de comisión], que no es nada”, le explica al fiscal, quien manifiesta que en el asunto “hay muchas cosas raras”. “Lo que hablamos Luceño y yo era que las comisiones se dividían en tercios: que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia”, asegura Luis Medina. Pero su parte fue un millón, y la de su socio, casi cinco millones.

La declaración de Luis Medina, acompañado de dos abogados, se produjo el 13 de abril del año pasado, durante unos 40 minutos. Al principio se muestra algo nervioso, y tutea al fiscal. Su posición es clara: todo es legal, hizo un trabajo de intermediación por el que cobró, se desentendió del asunto y, ahora, con el escándalo por las abultadas comisiones, él también se ha escandalizado por lo que se embolsó su socio. La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, atribuye a los dos empresarios delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad.

Más información

El comisionista Luceño, al fiscal: “De las mascarillas me llevé un 45%”

El interrogado se define a sí mismo como “un facilitador, un introductor”, cuya única misión fue enlazar a Luceno, con contactos en China, y con el Ayuntamiento. “Mi labor es únicamente ponerles en contacto, y yo del monto total, si lo sumas, lo que me llevo es menos de un 10% de comisión”, le cuenta al fiscal, a quien le explica: “En esa época las comisiones eran mayores porque eran unos meses en los que había mucha demanda y muy poca oferta y entonces todo se disparaba”.

Medina detalla que obtuvo el contacto de Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, gracias a una profesora de su universidad, que, a su vez, “conoce bien al hermano del alcalde” de la capital. Él, según insiste, le dio el contacto a Luceño y nada más. “Yo no tengo ninguna relación con José Luis Martínez-Almeida”, insiste. El ministerio público vuelve a preguntar por la relación de negocios de los socios:

Fiscal. ¿Qué relación tenía usted...?

Luis Medina: Yo desde que acabamos con todo eso... creo que quedé un día a comer con Alberto, a toro pasado, el pasado abril o mayo, que vino a mi casa y, a partir de ahí alguna vez le preguntaba [a Luceño] por si había alguna comisión más que cobrar... y él no me coge el teléfono ni nada. (...) Pero vamos, yo llevo un año que no sé nada de él y, vamos, que tengo mil llamadas y mensajes sin contestar.

El motivo de este malestar es, cuenta el hijo de Naty Abascal, que se enteró de que su socio lo había engañado y había cobrado una comisión muy voluminosa, del 45% de lo vendido en mascarillas, según ha admitido el propio Luceño: “Yo tengo que fiarme de lo que me diga él y lo que hablamos un poco era que [las comisiones] se dividían en tercios, que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia. Y ya está. Eso era lo que yo sé a día de hoy; es ayer por la tarde que me entero realmente de lo que este señor se llevó...”.           (Jorge A. R., El País, 14/04/22)

"La responsable municipal de compras: “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”.

 La declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena Collado, la responsable del Ayuntamiento de Madrid que negoció el contrato de las mascarillas con los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, es una muestra del caos en el que derivaron los procedimientos de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. “No había nada. Estaba el mercado absolutamente roto. Los proveedores habituales no tenían material y nosotros teníamos a 10.000 personas [trabajadores esenciales] en la calle. Cualquiera que podía ofrecernos algo se dirigía a nosotros y yo contestaba. Nos dimos cuenta de que era imposible comprar nada sin adelantar dinero. Como mínimo, el 50%”, afirma Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.

“No recuerdo quién me puso a mí en contacto con Rafael [se refiere a Luis] Medina. Pudo ser un concejal, otro coordinador… Me llegó el teléfono y le llamé. Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que tenía empresas en China y nos podía ayudar”, prosigue. A partir de ahí, Medina la derivó a Alberto Luceño. “Me llegó un wasap: ‘Hola, buenos días, soy Alberto Luceño”. Este le pareció a Collado “un hombre un poco pagado de sí mismo”. “Me dijo que era un empresario de éxito, que había vivido en China y tenía muchísimos contactos y facilidad para moverse en ese entorno que entonces era un mercado persa. Me dijo que su mujer estaba trabajando de médico en el [hospital] Puerta de Hierro y que todo lo que pudiera hacer por nosotros, que encantado”. ¿Aportó papeles para verificar todo eso que decía?, le pregunta el fiscal. Y ella responde: “No, no creo. Hicimos una búsqueda en internet y vimos que la empresa era real. La verdad es que son las mejores mascarillas que tenemos”.

El fiscal Anticorrupción se interesa entonces por cómo se acordó el precio de seis dólares (5,54 euros al cambio actual) por mascarilla. “Lo que el proveedor dijo. La oferta era esa”, contesta Collado. Y añade: “Nos metimos en internet y vimos mascarillas de grafeno similares, y en aquel momento estaban a 40 euros. Y no llegaban, además. No sé si ustedes han tenido que comprar material en marzo… Nos pareció muy buen precio”. Luceño, según la responsable municipal, no le contó que él iba a recibir una comisión millonaria de la empresa a cambio de la intermediación: “Nunca. Yo entendí que de verdad querían ayudar a Madrid [...] Si yo oigo la palabra comisión, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”.

En un momento dado, Luceño les pidió que el Ayuntamiento escribiera una especie de carta de recomendación para presentar ante las autoridades chinas y que le “trataran bien” si surgían problemas. Les explicó, cuenta Collado, que si alguien elevaba la oferta, ellos corrían el riesgo de quedarse sin el producto, y que por eso era mejor asegurarse con esa carta. El Ayuntamiento lo hizo y la carta la firmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El fiscal pregunta también a la coordinadora general por la donación de 238.000 mascarillas que, después de lograr ese suculento contrato, hicieron Luceño y Medina al Ayuntamiento. “Sí, me llamó Alberto y me dijo que Luis y él habían decidido donarlas. Me pareció muy bien. Me dijo que quería que 50.000 fueran al hospital Puerta de Hierro [donde trabaja la esposa de Luceño]. Es de las donaciones más grandes que hemos recibido”, afirma.

En la parte final de su declaración como testigo, que duró unos 50 minutos, el fiscal le muestra a Luceño otros dos contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Leno. Estos tenían que ver con el transporte del material sanitario desde China hasta Madrid. La funcionaria recuerda que en aquellas semanas era complicadísimo sacar los portes desde Asia y que recurrieron a empresas de transporte e incluso buscaban “huecos en aviones”. Quien se hizo cargo de aquella operación de transporte fue Rafael Gutiérrez de Mesa, una persona a la que describe como experimentada en este tipo de movimientos de comercio exterior. Collado señala que cuando llegaba el material a España se enviaba a la Policía Municipal, que escoltaba la mercancía, “porque pasaban cosas en todos los sitios”.

En otro pasaje de la declaración, el fiscal le pregunta por los guantes que compraron a la empresa malasia por mediación de Luceño, y que resultaron ser mucho más caros de lo esperado. “Eso fue horrible”, dice Collado moviendo la cabeza. Explica que cuando los contrataron pensaron que estaban adquiriendo guantes gruesos para cubrir todo el brazo, “para pandemias”, y que cuando vieron que lo que llegaba eran guantes normales de los que se vendían en los supermercados a 20 céntimos casi se “desmaya”. “Le dije [a Luceño]: esto es una estafa, voy a la policía”. Él le dijo que iban a devolver el dinero y, efectivamente, en cuestión de “ocho a diez horas” llegó al Ayuntamiento una transferencia de “cuatro millones y pico”.

Collado, que en todo momento mantiene una actitud de aparente colaboración con el fiscal, afirma que en aquel momento “todos” se sintieron “traicionados”, y asegura que después del “disgusto” de los guantes, “ni contestó” a los mensajes de la empresa, ni quiere mantener relaciones con ella “ni muerta”. “Antes me muero; ya puede pasar otra pandemia, somos todos funcionarios, qué le puedo contar, te puede costar, no sé...”, le dice al fiscal.

El interrogatorio termina con el fiscal solicitándole a Collado que entregue copias de los contratos, los mensajes de WhatsApp, y muestras de los materiales que trajeron Medina y Luceño."           (El País, 14/04/22)

Está claro quién da las órdenes, quién se lleva los beneficios y quién da las collejas a Almeida... Es decir, quién manda en Madrid.. Florentino Pérez

 "Todo se puede medir en una campaña hasta que te ocurre algo que no esperabas. Está José Luis Martínez Almeida dando unas declaraciones a los periodistas, aparece por detrás Florentino Pérez y le da una colleja. Una pequeña, pero una colleja. Al excelentísimo alcalde de la Villa y Corte de Madrid. Cómo va eso, chaval. Todo bien, ¿no?

Para algunos, sería un gesto cariñoso. Algo que pasa entre amigos. No hay que engañarse. No es habitual con una autoridad política importante. Nadie le da collejas a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo. Si acaso, una palmadita en la espalda, como si hubiera más cercanía que la real.

Es más grave cuando el que la da también es una autoridad en lo suyo. El presidente del Real Madrid lo es y los ejemplos que demuestran su influencia política y económica son numerosos. No ya por ser presidente de una de las corporaciones con más contratos con las administraciones, sino por estar al frente del mayor equipo de fútbol de la ciudad. 

Florentino consigue todo lo que quiere. Es una idea firmemente asentada en Madrid. Quedó patente con la recalificación de los terrenos de la Ciudad Deportiva que permitió una operación inmobiliaria de la que el club obtuvo centenares de millones de beneficio. La concejala socialista Matilde Fernández recibió múltiples presiones, que resistió, con intervenciones personales de Pérez, para que diera su brazo a torcer. 

Con la corporación presidida por José María Álvarez del Manzano, Florentino consiguió lo que buscaba gracias a la intervención de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

Ahora con la reforma del estadio Santiago Bernabéu, vuelve a suscitarse la sospecha del alcance de esa influencia. El Real Madrid quiere que se construyan dos grandes aparcamientos, cuya gestión se entregará a una empresa privada, al lado de su estadio. Un informe crítico con el proyecto presentado por una concejalía fue retirado en cuestión de días. 

“Vaya collejita me ha dado el presidente. Agresión, agresión. Pido el VAR”, comenta sonriente Almeida. Como si estuviera acostumbrado. “Es para que vengamos dentro de un mes”, dice Pérez. Será para celebrar otra victoria del Real Madrid de baloncesto. No está clara la relación causa-efecto. No es que Almeida tenga mucha mano en el baloncesto.

Almeida quedó aún más retratado por la estafa de las mascarillas. Dos pijos se levantaron seis millones de euros en calidad de comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento. Un juez los ha procesado por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. Inflaron los precios de la venta de mascarillas, guantes y tests en un 60%, 81% y 71%, respectivamente.

Un mensaje que uno de los comisionistas envió la otro no ocultaba la dificultad de la maniobra. Los bancos “van a decir, hostia, pero qué tipo de pelotazo es este”.

Pero es muy fácil hacer negocios con Almeida. Es muy sencillo colarle una estafa. Con tales antecedentes, uno se puede imaginar cómo son sus relaciones con Florentino. 

Está claro quién da las órdenes, quién se lleva los beneficios y quién da las collejas. Es decir, quién manda en Madrid."                   (Guerra eterna, 24/05/23)

La Empresa Municipal de Transportes planteó aplicar al comisionista del 3% un atenuante que evita su despido... Almeida descarta llevar a los tribunales al hijo de un ex alto cargo de Esperanza Aguirre que cobró más de 150.000 euros por ayudar a una empresa en una adjudicación

 "La Empresa Municipal de Transportes (EMT) se planteó aplicar un atenuante a Pablo Pradillo, el jefe de División que cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a conseguir la adjudicación de una obra de la propia compañía pública.

 En un informe del director de Recursos Humanos enviado a la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid, la EMT concluye que la actuación del trabajador puede considerarse una “falta muy grave” —castigada con hasta dos meses de suspensión de empleo y sueldo, o incluso con el despido—, pero que se podría aplicar el atenuante al empleado porque “no tenía intención de causar un mal, daño o perjuicio tan grave como el ocasionado”.

 Esa medida suponía un importante salvavidas para Pradillo, hijo de José Manuel Pradillo, quien fuera gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Según remachaba el informe de la EMT, de concluirse que se le podía aplicar el atenuante, era “poco viable” que se le castigara con el despido. Una situación que, finalmente, no tuvo ni que valorarse, ya que la empresa pública ha considerado directamente que la irregularidad ha “prescrito”, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS.

Este lunes, durante una comparecencia pública con preguntas, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, echó balones fuera y achacó toda responsabilidad al anterior equipo de Gobierno: “¿Por qué se adjudicó este contrato el día antes de que llegáramos al Gobierno? Debería responder Rita Maestre, [por entonces portavoz de Manuela Carmena y ahora de Más Madrid]”. Almeida, además, descartó llevar a los tribunales a Pradillo, tal y como sugirió el edil de Movilidad, Borja Carabante, el pasado mayo: “Dijimos que iríamos si se acreditaba un contenido penal, pero esto es una irregularidad en el ámbito laboral, son planos distintos”. José Manuel Calvo, actual portavoz de Recupera Madrid, grupo integrado dentro del Grupo Mixto, y cuando se adjudicó el contrato concejal de Urbanismo con Carmena, dijo en el mismo acto que Almeida estaba “indultando” a Pradillo con esta decisión. “Esto tiene que ir a los tribunales para llegar hasta las últimas consecuencias”.

Como desveló este periódico, el jefe de División ayudó en 2019 a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco, a “preparar la oferta” que ganó el proyecto de reforma de unas cocheras en el barrio de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento pagó cinco millones de euros (sin contar el IVA). El trabajador bajo sospecha, que recibió pagos hasta junio de 2021, mantiene que en ese periodo estaba de “baja voluntaria”, pero la Dirección General de Función Pública recalca que existía una clara “incompatibilidad”. Además, Pradillo ya fue sancionado en 2018 por cometer otra “falta muy grave” al gestionar otra obra y se le castigó con 60 días de suspensión de empleo y sueldo.

La oposición ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de no querer actuar contra Pradillo. Esther Gómez, concejal de Más Madrid y consejera de la EMT, se ha pronunciado así este lunes sobre el caso: “Almeida protegiendo a uno de los suyos. Más comisiones a la saca. A pesar de haber cometido una falta muy grave, la dirección de EMT no le sancionó. Y el expediente informativo que le abrieron hace cuatro meses al trabajador sigue sin sernos facilitado”. Fuentes de dicha formación consideran también llamativo que se llegase a valorar la posibilidad de aplicarle un atenuante y, sin embargo, se obviaran los agravantes previstos en el convenio laboral: entre otros, “la premeditación” y el “ser reincidente”.

El Consistorio tardó una semana en poner en marcha una investigación sobre los pagos al jefe de División. EL PAÍS publicó la exclusiva el 3 de mayo, pero la Administración no abrió un expediente hasta siete días después. Los populares lo hicieron tras poner primero en duda la información, y después de que la propia Oficina Anticorrupción iniciase por su cuenta otras pesquisas y les reclamase información sobre la adjudicación bajo sospecha. El Ayuntamiento optó después por extender un manto de silencio sobre el caso y, durante meses, apenas ha facilitado información a los consejeros de la EMT.

Ahora, la empresa afirma que no se puede hacer nada contra Pradillo. Según la EMT, estas irregularidades prescriben a los 60 días desde que la compañía “tuvo conocimiento de su comisión” o, “en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. Y la empresa, presidida por el PP, comienza a contar el plazo en 2019, cuando “habrían ocurrido” los hechos. Aun así, Pradillo recibió su último pago en junio de 2021 y se reincorporó a su puesto en agosto de ese año. En ese momento, la EMT “era conocedora” de su relación con la UTE, según afirmó Pradillo a eldiario.es. A su vez, Más Madrid mantiene también que la ejecución de la obra adjudicada a la UTE aún no ha terminado, por lo que el plazo de prescripción no habría vencido."              (Manuel Viejo , J. J. Gálvez, El País, 20/09/22)

Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida

 "En los periódicos y radios de medio mundo se le presenta siempre como Philippe Hababou Solomon. Pero su identidad real es la de Philippe Haim Solomon. Es el empresario al que todo el mundo busca. 

El que se esconde tras la consultora estadounidense que protagoniza la segunda supuesta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Policía Municipal llegó a atribuirle un delito de estafa y contra la propiedad industrial tras haberle adjudicado por 2,5 millones de euros 500.000 mascarillas que nunca llegaron a utilizarse. Ni el consistorio de la capital, ni la policía neoyorquina, ni la justicia española han logrado llegar hasta él. infoLibre ha conseguido dar con este empresario franco-israelí. Bien posicionado en varios países africanos y de Oriente Medio, el consultor no entiende los motivos por los que se encuentra en el centro de la diana. Dice que la operación se hizo con arreglo a la ley. Y que, para nada, se encuentra "escondido".

Madrid, 23 de abril de 2020. El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López Ventura, recibe más de medio millón de mascarillas que han sido despachadas a través de la aduana del aeropuerto de Barajas. La mercancía forma parte de una compra que el consistorio de la capital ha hecho a través de Sinclair & Wilde Ltd, una consultora radicada en Delaware. Medio millón de mascarillas FFP2 de la marca EKO por las que está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros, cinco euros la unidad. Un éxito que, en solo unos días, acaba tornándose en fracaso. A comienzos de mayo, López Ventura interpone una denuncia ante la Policía Municipal. Dice que existen "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio está convencido de que ha sido víctima de una estafa. Otra operación bajo sospecha que se une a la de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño y a través también de la empresa funeraria municipal.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante todo el verano intentó, sin éxito, contactar por correo electrónico con la persona al frente de Sinclair & Wilde. Incluso dos investigadores de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario en la dirección de la empresa que figuraba en las facturas. Pero, de nuevo, fue un fracaso. Las señas que se aportaban correspondían, realmente, a otra firma diferente. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Tampoco dio resultado. Fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.

En conversación con infoLibre, el misterioso director general de Sinclair & Wilde al que todo el mundo busca mantiene que su identidad real es Philippe Haim Solomon, tal y como lo cita la Policía Municipal de Madrid en el atestado que hace llegar a la magistrada decana de los juzgados de instrucción de Madrid por un delito de estafa y contra la propiedad industrial. Sin embargo, lo cierto es que en buena parte de los países, sobre todo en Francia, siempre se le cita con otro nombre diferente: Philippe Hababou Solomon. Es, dice, la denominación con la que se quedó a nivel mediático tras el estallido en suelo galo del conocido como caso Benalla.

Una firma y un mensaje en redes sociales

Poco después de conocerse que la causa judicial se encontraba bloqueada ante la imposibilidad de dar con el consultor de la supuesta segunda estafa al ayuntamiento de la capital en plena primera ola de la pandemia, este diario comenzó a indagar sobre la posible identidad del empresario perdido. Todas las pistas recopiladas se dirigían hacia Francia. Y apuntaban hacia el famoso caso Benalla, en referencia al exguardaespaldas de Emmanuel Macron que fue grabado, ataviado con un casco de la policía gala, golpeando a manifestantes durante el Primero de Mayo de 2018.

Una de las claves se encontró en una información publicada en el diario Mediapart, socio editorial de infoLibre. Bajo el titular "Los falsos documentos y las verdaderas mentiras del affaire Benalla", el periódico francés ponía sobre la mesa "varios documentos producidos por Alexandre Benalla" sobre los que recaía la sospecha de falsificación. Uno de ellos era, justamente, un supuesto contrato de "consejero" con Philippe Hababou Solomon con el que el exguardaespaldas de Macron trataba de justificar dos transferencias de 15.000 euros que el empresario había ingresado en la cuenta que Benalla tenía en un banco online.

Solomon no tuvo ningún problema en reconocer públicamente ese envío de dinero. Eso sí, dijo que se trataba de un préstamo, no de una remuneración. Así, aseguró que Benalla nunca había sido su empleado. Y que la firma que figuraba como suya en ese documento era falsa. Para corroborarlo, Mediapart reprodujo la original del empresario. Una rúbrica que coincide, como se puede apreciar en la imagen, con la que estampó el Philippe Solomon de Sinclair & Wilde en una carta que envió el 1 de abril de 2020 a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid actualizando la situación en la que se encontraba el envío del medio millón de mascarillas compradas por la capital.

A través de ese hilo se llega a las redes sociales del empresario, en las que se presenta como "consultor geopolítico internacional". No tiene demasiada actividad. Pero las mantiene, más o menos, actualizadas. Es ahí donde aparecen más detalles que apuntalan la investigación. El más importante tiene fecha del 22 de abril, un día antes de que el director general de Emergencias de la capital recibiese el pedido de Sinclair & Wilde. Es un mensaje en la red social Twitter acompañado de una imagen en la que se muestra el interior de un avión cargado hasta los topes de cajas: "Orgullosos de haber contribuido a la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Madrid con 500.000 mascarillas de Turquía". La cifra y la procedencia del material coinciden al milímetro con el de la operación de compra a través de la consultora.

La cuenta de Twitter no tiene demasiados seguidores, aunque entre ellos figuran desde embajadores a periodistas. La presentación se acompaña de una fotografía que coincide con la que los medios galos publicaron en su momento sobre ese empresario franco-israelí que había saltado a la palestra con el caso Benalla. Y muchos de los contenidos son, directamente, informaciones en las que se hace mención al conocido mediáticamente en suelo galo como Philippe Hababou Solomon. El 12 de septiembre de 2020, tuitea una noticia de Jeune Afrique en el que se da al consultor un papel relevante en el acercamiento entre Chad e Israel. Seis minutos después, pone un mensaje en su perfil: "Feliz de haber sido el iniciador en la sombra y de haber contribuido a la paz y la cooperación entre los estados y gobiernos de Chad e Israel".

"No estoy escondido en absoluto"

En contacto por escrito con este periódico, explica su versión y por qué hay dos nombres para una misma persona. "Tengo doble nacionalidad y mi identidad es Philippe Haim Solomon. Philippe Hababou Solomon es como me citaron en la historia de Benalla", responde por correo electrónico.

El empresario dice desconocer que el asunto haya estado abierto en un juzgado de la capital. Y se muestra "muy sorprendido" por el escándalo alrededor de dicha operación. "Fue una solicitud directa de compra y todo fue entregado incluso por carga especial. Hubo incluso una inspección de SGS y las aduanas turcas son muy estrictas", sostiene. No entiende por qué motivo aparece "involucrado" en este caso. Ni tampoco que nadie tratase de llegar hasta él. Sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". "No estoy escondido en absoluto", recalca.

El atestado elaborado en su momento por la Policía Municipal sostenía que existían "indicios suficientes para presuponer" que "las mascarillas de la marca EKO" recibidas por el Ayuntamiento de Madrid no se ajustaban "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que resultaba entonces "imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencia de aquellas". "Desde el mes de mayo se reitera a la consultora intermediaria de la compra los Certificados de Conformidad UE de Tipo y de Producción de las mascarillas FFP2, tal y como estaba comprometido en el contrato, no obteniendo en ningún caso respuesta de aquella, ni en sentido positivo ni negativo", continúa el documento.

Solomon, sin embargo, asegura que lo entregó todo. "No es cierto. Tengo todos los documentos de exportación de Turquía que mencionan: la certificación de la UE...", apunta el empresario, que insiste en que todo se hizo conforme a la "legalidad". "Seamos serios, entregué lo que se ordenó y nunca pagué comisiones a nadie, todo en la transacción fue legítimo. Hubo un retraso de un par de semanas en la entrega debido al desorden en ese momento, pero eso es todo", insiste en un intercambio posterior de mensajes móviles con este diario.

Sí hubo una empresa intermediaria, según ya reveló este periódico la semana pasada. Se trata de Aifos [lee aquí más sobre el contrato y las incógnitas del caso]

Un pasado oscuro y bien conectado en diferentes países

El pasado de este empresario franco-israelí está lleno de oscuros episodios. Es más, aparece por ellos en un cable de WikiLeaks. Está fechado en 2006. En él, se cita una información del diario Maariv: "Publicó un artículo sobre el nativo francés Philippe Hababou-Solomon, quien organizó eventos de recaudación de fondos en la década de 1990 –incluida una cena de gala con el entonces presidente Bill Clinton– para Robert Torricelli, que entonces era senador demócrata en New Jersey. Salomón pasó un tiempo en cárceles americanas y francesas. El periódico también escribió que Hababou-Solomon lavó dinero en casinos de Donald Trump en Atlantic City y casi compra un importante club deportivo israelí".

Según publicó en su día The New York Times, estuvo entre rejas en Francia por un asunto de "venta de cheques robados". Preguntado por todos estos casos, responde: "Es parcialmente cierto. Contribución ilegal a una campaña federal en 1996 en Estados Unidos. Son todas historias de hace 26 años". Ahora, casi tres décadas después, vuelve a saltar a la palestra por su papel en plena pandemia. Más allá de la operación con el Ayuntamiento de Madrid, Intelligence Online le vinculó en julio de 2020 con el escándalo por la baja fiabilidad de las pruebas covid de Biozek. Él, sin embargo, se defiende: "No es cierto. Un competidor trató de ensuciarme. Nunca vendí ninguno de los productos de Biozek".

"En mi línea de trabajo siempre tendré gente en mi contra, lo que significa que eres un jugador que cuenta. También tengo muchos aliados", sostiene el empresario. Más allá de los aspectos más controvertidos, Solomon quiere resaltar también su "trabajo diplomático" y sus "logros por la paz en diferentes situaciones". Habla de Libia, del Chad o de Israel. De hecho, es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. En enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, colgaba en sus redes sociales una fotografía junto a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea Bissau. "Felicidades a mi hermano, presidente electo", escribía.

Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos". Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos Gobiernos. En su propia página web, Sinclair & Wilde asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que dice haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales."                   (Álvaro Sánchez Castrillo / Alicia Gutiérrez  , eldiario.es, 27 de abril de 2022)

Los sellos falsos de un laboratorio italiano, detrás de las mascarillas del hermano de Ayuso, de los comisionistas de Madrid y de la Xunta

 "Los recientes escándalos por los pelotazos de parientes y amigos con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia tienen otra vertiente: las sospechas de que los productos no eran de calidad, no servían para protegerse de la covid. En el triángulo de casos que salpican al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia hay un componente común añadido al presunto tráfico de influencias. Y es que en los tres casos existen certificados falsos sobre la calidad de las mascarillas procedentes de un mismo laboratorio italiano. 

La empresa italiana Ente Certificazione Macchine SRL (ERM) figura como entidad europea que certificó que las mascarillas FFP2/KN95 que vendieron Alberto Luceño y Luis Medina a través de la mercantil malasia Leno cumplían con los estándares de la Unión Europea en cuanto a su capacidad para filtrar partículas víricas, como ha podido comprobar Público. Sin embargo, este laboratorio italiano no puede certificar mascarillas, puesto que no está habilitado para ello.

Así lo ha confirmado Luca Bedonni, director de servicios de ECM, a este diario. "Nos han falsificado muchos documentos estos importadores. Han usado inapropiadamente nuestro número certificador 1282". Este número acompaña al sello CE de las mascarillas de Leno, de las que Luceño y Medina se lucraron con seis millones de euros.

ERM también aparece en el inicio de la actividad importadora de mascarillas de la gallega Sibucu 360 SL, un caso que ha destapado Público. Esta mercantil es una de las que más volumen de ventas ha tenido en estos dos años de pandemia, pese a que con anterioridad no se dedicaba al suministro de material sanitario, sino al sector de la ingeniería e iluminación.

Su entrada en el Ayuntamiento de Madrid, el 20 de marzo, para proporcionar mascarillas de China en un momento de imperiosa necesidad fue presuntamente favorecida por la amistad con Alberto Núñez Feijóo de uno de los socios del grupo de empresas vinculadas a Sibucu. 

Cuatro de los modelos de mascarillas FFP2/KN95 que vendió Sibucu presentaban ilegalmente el sello CE procedente de la italiana Ente Certificazione Machine. A falta de los expedientes de los cuatro contratos con el consistorio madrileño que el equipo de Almeida se niega a entregar a este diario, no se puede verificar la versión de Sibucu, que alega que fueron 80.000 las mascarillas afectadas que tuvo que retirar y que ninguna afectó ni a la Xunta de Galicia ni al consistorio madrileño ni a la Comunidad de Madrid, que también compró a la citada empresa gallega.

Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu 360 SL, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad. 

Diego Mata, uno de los administradores de Sibucu, afirmó a este diario que existió un "fraude" por parte de la empresa italiana ECM: "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía". 

Sin embargo, ECM niega con rotundidad su implicación en el caso. "Nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Los importadores han importado las mascarillas sin un certificado CE. Nosotros no hemos hecho certificaciones de mascarillas porque no podemos hacerlas. El documento de nuestra empresa no vale como certificado europeo para las mascarillas", insiste Luca Bedoni, director de Servicios de ECM.

De hecho, esta empresa italiana ha incluido en su web un listado de fabricantes chinos que han usado ilegalmente su sello CE para introducir sus mascarillas en Europa. En ese listado figura uno de los proveedores de Sibucu: la mercantil china Dongguan Huagang Communication Technology, LTD. 

Preguntado por el certificado que consta en el contrato para el suministro de un millón de mascarillas FFP2 con la empresa Leno, en el que intermediaron los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el directivo de ECM asegura a Público que es falso. Es decir, que no se podía asegurar que las mascarillas fueran eficaces frente a la covid. 

Alertas sanitarias

Sin embargo, en este caso la documentación falsificada no provocó una alerta sanitaria respecto a las mascarillas de Leno. El Ayuntamiento de Madrid no alertó de que los tapabocas por los que había pagado 6 euros la unidad no contaban con el aval de un laboratorio independiente europeo y, por lo tanto, no podía asegurarse su calidad.

Respecto a las mascarillas de Sibucu, tanto el Servicio Galego de Saúde (Sergas) como el Gobierno de Navarra, a donde habían llegado también, alertaron al Ministerio de Consumo, y éste a la Red de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea, sobre la ilegalidad del sello CE.  

La Federación Europea de Seguridad (ESF, en sus siglas en inglés), una organización de proveedores de EPIS (Equipos de Protección Individual), alertó en la primera ola de la pandemia de la proliferación de fabricantes chinos que usaban certificados falsos para las mascarillas. "Esos 'certificados' no tienen valor legal y no puede utilizarse como conclusión de la evaluación de la conformidad. No está claro si estos documentos han sido realmente emitidos por las propias organizaciones mencionadas o si son falsos (tenemos la impresión de que se están presentando muchos documentos falsos como prueba de cumplimiento)", reza en su web, en un documento actualizado a fecha de 15 de marzo de 2021. 

En el caso que están investigando tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Europea respecto al contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas, del que se lucró el hermano de la presidenta Ayuso, también aparece un certificado falso con el sello CE de Ente Certificazione Machine, según publicó El País."                           (Ana María Pascual / Juan Oliver , Público , 07/05/22)

Feijóo, Almeida y Ayuso pagaron 4,8 millones a un empresario vinculado a la Xunta que vendió mascarillas con sello falso... y Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibucu a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sello falso

 "Días antes de que los avispados comisionistas de la empresa malasia Leno, Luis Medina y Alberto Luceño, contactaran con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecerse a traer material sanitario, una empresa gallega firmaba cuatro contratos con el Consistorio para la provisión de mascarillas.

Sibucu 360 SL fue la primera en hacer negocio con el Ayuntamiento, el 20 de marzo de 2020. En total, 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2, según ha podido comprobar Público.

Pero en los albores de la pandemia, no todos los trámites resultaron correctos. Sobre cuatro de los modelos de las mascarillas FPP2 distribuidas por Sibucu se decretaron otras tantas alertas sanitarias por riesgo para la salud de las personas. Según la empresa, fueron 80.000 mascarillas alertadas de un total de 80 millones que ha importado en estos dos años.

La alerta saltó desde el Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta en mayo de 2020. El sello CE que llevaban las mascarillas no era legal, ya que habían sido certificadas por un laboratorio italiano que no estaba capacitado para hacerlo. La identidad de la persona que facilitó el contacto de esta empresa de A Coruña con el Ayuntamiento de Madrid aún es un misterio que el Consistorio no está dispuesto a desvelar; al haberse negado a responder a la pregunta en ese sentido de Público. 

La empresa no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería. De hecho, está vinculada con la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación, de la que Sibucu es la administradora única. Detrás de Moonoff, desde 2013, estuvo el empresario José Ramón García González, hasta que sus problemas con la Justicia le empujaron a abandonar la presidencia de la compañía en 2018, pero siguió presentándose socio inversor. La prensa gallega, de hecho, al comienzo de la pandemia vinculaba la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia. 

Uno de los administradores de Sibucu, Diego Mata, en conversación con este diario, explica que en aquellos días iniciales de la pandemia, en marzo de 2020, recibió una llamada de alguien del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora no recuerda su nombre. "Mi teléfono en aquel entonces circulaba por todos los sitios, recuerdo que el precio máximo que nosotros vendíamos las FFP2 era 2,5 ó 2,72 euros la unidad [Luceño y Medina las vendieron a 6 euros]. Se demostró que fuimos razonables con el precio y teníamos todo un equipo de trabajo en Asia, con toda nuestra experiencia", indica para explicar el éxito de la empresa en la distribución de mascarillas. 

Según la versión del administrador de Sibucu, las llamadas les llovieron en aquellos días por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de media España que buscaban desesperadamente hacerse con mascarillas para sus sanitarios, y en efecto, la empresa ha contratado con varias comunidades, incluso con el Gobierno de España. Pero uno de sus comerciales en aquella época ha confirmado a este medio que también buscaron el negocio y que tanto él como otros compañeros se dedicaron a contactar con empresas y organismos públicos para proponerles el suministro de material.

En aquellos momentos cuando Moonoff SL comenzó a importar mascarillas desde China --aunque las adjudicaciones públicas estaban a nombre de Sibucu-- el peso en aquellas operaciones de José Ramón García González, fundador de la tecnológica gallega Blusens, muy bien relacionada con la Xunta, era grande. Es un emprendedor muy conocido en Galicia y por el expresidente Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acompañado en actos institucionales como notable empresario gallego. Así ha sucedido en varias ocasiones en las galas de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña, por ejemplo, donde el fundador de Blusens compartió mesa con la difunta Rosalía Mera, confundadora de Zara.

Un empresario polémico

José Ramón García González es un emprendedor de Santiago que se hizo popular tanto por sus primeros éxitos empresariales como por las polémicas judiciales que éstos levantaron. De hecho, fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental.

Hace apenas unos meses un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral contra él por un presunto delito contra la propiedad intelectual. El fiscal le pide un año de cárcel y 2,4 millones en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participa o participó.

Se le acusa junto con otras ocho personas de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenidos de pago. Este medio ha intentado contactar sin éxito con García González a través de Moonoff SL, una empresa participada por Sibucu y que tuvo como socio inversor a García González hasta hace poco. 

Desde Sibucu 360 SL se desvinculan en la actualidad de José Ramón García González, aunque el registro mercantil indica que la sociedad sigue poseyendo el 30% de las participaciones de Magna Tecnology Sl, administrada por Visualiza Business, el holding propiedad de García González. Él mismo contaba a la prensa gallega en abril de 2020 que ya había traído a través de sus empresas 35 millones de mascarillas desde China a España. "Ya no tiene nada que ver con nosotros", apuntan desde Sibucu.

2,5 millones de la Comunidad de Madrid

No sólo el Ayuntamiento de Madrid, también el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contrató a esta empresa los primeros meses de la pandemia. Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.

Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid se han negado a contestar a las preguntas de este diario sobre las irregularidades detectadas en algunos de los lotes de mascarillas. Según Diego Mata, de Sibucu, esos lotes no alcanzaron a ninguna administración pública, sino sólo a farmacias en Galicia y en Madrid. 

1,5 millones de la Xunta de Galicia

En los primeros meses de la emergencia sanitaria, entre el 25 de marzo y el 26 de junio, el Sergas compró a Sibucu 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros. Las compras se realizaron mediante cuatro expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia, tal y como figura en un documento interno de la Dirección Xeral de Recursos Económicos al que ha tenido acceso Público. 

Al poco de la llegada de los primeros envíos de Sibucu, el Sergas detectó que cuatro lotes de mascarillas FFP2 estaban validadas por una empresa italiana, ENS Certificazione Macchine SRL, que no estaba autorizada para certificarlas. Aún así, Sibucu las distribuyó con el sello de marcado 'CE' que garantiza la adecuación de las condiciones de determinados productos a la legislación comunitaria.

El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) activó su primera  alerta el 18 de mayo y envió cartas a los clientes de Sibucu advirtiéndoles de que debían devolver el material o certificar su destrucción. Aún así, la Xunta siguió distribuyéndolo, e incluso hizo público que una de las empresas vinculadas a Sibucu y a través de las que operaba García González, Moonoff, había donado al Sergas otras 100.000 unidades -tantas como las que había entregado gratuitamente Inditex-, y que el Gobierno de Feijóo planeaba repartir entre personal sanitario y ayuntamientos.

Público ha pedido a la Xunta que valore por qué no inmovilizó las mascarillas que había comprado a Sibucu cuando detectó que llevaban un sello ilegal, pero fuentes del Sergas se limitaron a decir que "tras revisar los pedidos (...) ninguno de los modelos adquiridos (...) está afectado por las alertas del Insitituto Galego de Consumo". Parece improbable que sea así, teniendo en cuenta que el Sergas tramitó cuatro expedientes y que el Instituto Galego de Consumo alertó de que eran precisamente cuatro los que correspondían a lotes con sellos ilegales.

El Sergas tampoco ha dado explicaciones sobre por qué ninguno de los expedientes de compra a Sibucu aparece en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. Por su parte, el IGCC ha asegurado que se le abrió un expediente sancionador el 21 de julio de 2020, por importe de 10.500 euros, "por vender sin cumplir con la documentación", pero que redujó la sanción porque Sibucu las retiró del mercado. Según fuentes de la empresa, la sanción quedó reducida a 600 euros. 

Sin embargo, Sibucu 360 niega que el lote afectado llegara a la Xunta: "Sibucu comunicó al organismo de Consumo dependiente de la Xunta el error detectado y esta procedió como corresponde a lanzar la alerta en los mecanismos habituales. Procedimos a su retirada para nuevo etiquetado puesto que las mascarillas cumplían con todas las exigencias de calidad, y en ningún caso presentaban peligro para los usuarios".

La empresa insiste en su inocencia. "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa, no aquí, por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía", explica Diego Mata.

Subvenciones prohibidas 

A pesar de que la sentencia que lo condenó a un año de cárcel en el 2017 vetaba expresamente a José Ramón García González el acceso a ayudas públicas entre febrero del 2017 y mayo del 2019, la Xunta de Feijóo concedió en 2018 a Moonoff a través de su Consellería de Emprego dos subvenciones por valor de 84.000 euros para mejorar la calificación profesional de sus trabajadores.

Poco después de concluir el período de veto judicial, la misma consellería le otorgó en noviembre del 2019 otra ayuda de 3.000 euros para la contratación de un empleado; y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), otra en diciembre de 31.360 euros para incentivar la realización de acciones de promoción exterior. "                        (Juan Oliver / Ana María Pascual , Público, 03/05/22) 

"Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibucu a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sello falso.

 Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por cuatro tipos de mascarillas importadas por la mercantil gallega Sibucu 360 SL desde China se publicaron tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, todas las comunidades compartían las irregularidades detectadas en las mascarillas. 

Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotación de material sanitario contra la covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: Galicia y Madrid. Tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esafirma, que hasta entonces no se había dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo: José Ramón García González. 

En concreto, la Xunta volvió a contratar con esa empresa en junio de 2021, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia.

La Comunidad de Madrid, por su parte, invirtió medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición a Sibucu de mascarillas quirúrgicas para el Hospital de La Paz. 

Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con esta empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ramón y Cajal, sin que en el Portal de la contratación de la Comunidad de Madrid conste más información sobre los productos adquiridos a la sociedad, con sede en  A Coruña.

La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, según Sibucu] parece que no ha pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.

Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias. 

Sí lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, más de un año después de que informara a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) volvió a comprar a esa misma empresa.

La oferta más baja

En la resolución de la adjudicación, la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Sergas informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con doce empresas, en noviembre de ese año, les solicitó una minoración de precio en las FFP3 "por razones de interés público". 

A esa llamada respondieron ocho compañías, entre ellas Sibucu, que fue la que ofertó el precio más barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara.

La normativa española sobre contratación pública establece restricciones para contratar con empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como 'ofertas temerarias'.

En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 que si el "órgano de contratación presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja", deberá exlduirla mediante el procedimiento pertinente y que se rechazarán las ofertas temerarias si "vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral". 

Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros la unidad. En febrero del año pasado, cuando las medidas de protección aún eran preceptivas y la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compró a Sibucu a menos de medio euro "por ser dicha mascarilla idónea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud". 

A pesar de que aquel contrato no se adjudicó por el procedimiento de emergencia, en el expediente sólo aparece la resolución, que menciona una memoria justificativa del Servicio de Aprovisionamiento de la Subdirección Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho pública. 

Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones técnicas y administrativas del contrato, ni su formalización, ni si en el estudio de las ofertas se consideró que el hecho de que Sibucu ofertara mascarillas un 15% más baratas que el resto podría estar relacionado con su calidad. Más aún cuando la Xunta sabía desde hace un año que esa misma empresa había importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE. 

Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu sí fue descartada por presunción de temeridad, ya que aunque suponía una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, "en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid", consta en la resolución.

Tampoco alude a una "fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público", consta en la resolución del 18 de septiembre de 2020, a la que ha podido acceder Público.

Sello ilegal

Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una  empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el número de ningún organismo certificador. 

La explicación de la empresa ofrecida a este diario es que sufrió un "fraude" por parte del laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe laboratorio acreditador. 

Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, que también compró mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid.

En dichos expedientes deberían constar los certificados de los test en un laboratorio del país de origen, es decir China. Según Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afectó a la calidad del producto. También indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna administración pública, sino sólo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta pruebas de ello. 

Un conocido empresario

El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff  y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad. 

José Ramón García González fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual por el que la Fiscalía le reclama un año de cárcel y 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, además de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o participó.

Con 31 años, García González inició su trayectoria con Blusens Global Corporation, una empresa tecnológica que fundó con un amigo y que llegó a ser la que más reproductores mp3 vendía en España en la época del bum de esos aparatos.

Llegó a estar  cuarenta países y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, dueño hasta ese mismo año de la constructora Fadesa. Por esa época, la Blusens patrocinaba programas de televisión y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro de Santiago, tras uno de cuyos éxitos se fotografió con Feijóo en la sede de la Xunta.

El crac financiero afectó enormemente a la firma, cuya facturación fue cayendo en picado. En el 2012 un juzgado de Santiago la condenó a dejar de fabricar varios productos de su catálogo al entender que violaban la propiedad intelectual de Televés, otra compañía competidora de Santiago. Jove salió del capital de la compañía en 2013, y Blusens siguió cayendo hasta que otro juez ordenó su liquidación en 2015. Dos años más tarde, su fundador fue condenado por fraude fiscal y estafa.

Público ha tratado sin éxito de contactar con él. El móvil de contacto que aparece en la web de Visualiza Businnes, el holding que construyó tras la liquidación de Blusens, corresponde a una persona que dice no tener nada que ver con él.

Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff,  la empresa de la que González García aparecía como socio inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.

El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.

Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.

En Andalucía, el catálogo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compañía en la que ésta ya se autodefine como un consultora especializada en "certificación de productos" y "gestión de suministros sanitarios"."                   (Juan Oliver / Ana María Pascual , Público, 05/05/22)