"(...) Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del
partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en
salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para
declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento,
Magdalena, de ti no ha dicho nada.
Ha recurrido al mismo argumento
manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el
proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han
llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo
parece ser que sí.
En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que
no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han
extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino
constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez
años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no
habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes
perpetuarse en el poder.
Hay una tendencia en la sociedad y en muchos
comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos
cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras
maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la
finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la
financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y
rompe la neutralidad del juego democrático.
El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas
de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de
medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la
creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo
de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución
como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras
tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas.
El
hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no
haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no
quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea
partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal
beneficiario de la malversación.
Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento
desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y
hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por
Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada
por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por
Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que
en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver,
tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí
y que por casualidad ocupaban esos puestos.
Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado
por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel.
El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien
con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas
podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad,
destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación
judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan
descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el
proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas,
trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar
el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron
después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con
indignación, las palabras de Ábalos.
La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal
relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer
que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta
forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus
posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté
situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección
actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y
seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados
electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan. (...)
Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los
condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la
devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La
responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los
autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda
cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las
autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos
públicos.
La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no
ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una
corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde
las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización
regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema
específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento
administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la
fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos
públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta
arbitrariedad.
Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia
de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el
pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación
de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de
organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una
característica común, la supresión o flexibilización de los controles.
Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se
ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se
acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí
donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las
Autonomías o en los Ayuntamientos.
Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet,
presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro
día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo
escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida
principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el
menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para
modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere
el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE." (Juan Francisco Martín Seco, República, 28/11/19)
