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23.1.17

Federico Trillo es la representación de la basura política del estado salido de la transición... alcanza la categoría del paradigma

"Desconozco cómo empezó este personaje en la política. No me interesa. Abogado, cartagenero, miembro egregio del Opus Dei, autor de un libro olvidable sobre Shakespeare, imagino que del mismo modo que otros juegan al golf o se dedican a amasar dinero. Un trabajo de los que cuentan a la hora de las valoraciones de sus iguales. “¿Shakespeare? Ah, sí, Shakespeare”. No creo que lo haya leído nadie que no sea un subalterno, y yo, por vicio. 

Cuando aseguro que es la representación de la basura política del estado salido de la transición, no lo digo a humo de pajas. Trillo alcanza la categoría del paradigma. Es falaz, cínico, miente cuanto habla con ese tonillo de abad, al que nadie sabe muy bien cómo llegó donde llegó, a menos de hacer marrullerías. No hay que olvidar que Mariano Rajoy le envío en acto de servicio a desenmarañar toda aquel lío que se habían montado en Valencia, tan enmarañado de comisiones y repartos económicos.

Debió de hacerlo bien, porque casi nadie se enteró de nada y la mierda que él iba a sanear les alcanzó hasta el cuello. Detesto a Trillo, porque me producen alergia esos tipos de comunión diaria y mucho Kempis, y no tienen rubor en matar sin que les afecte en nada. 62 muertos de su estricta responsabilidad no los consigue ni un sicario colombiano

62 cadáveres afectos al ejército español, tan bravo él, que dejó a las víctimas en la indefensión más absoluta, al pairo de su familia. El avión no debía volar, el tiempo estaba contraindicado y el ministro en su papel de canalla, mezcló los cuerpos de unos y otros como si fueran chatarra de la guerra. Siguiendo el viejo adagio medieval, de otra talentosa autoridad religiosa: ya los pondrían en orden cuando llegaran al cielo.

Un escándalo, por utilizar una palabra suave, el del crimen de Estado del YAK-42, allá por el año 2003, cuando nadie le tosía a un ministro de Aznar , y Trillo lo era. El desafuero, tan desmesurado, el desprecio y la arrogancia del patán tan considerable, su manera de despreciar a los muertos tan humillante, que acabó de embajador en Gran Bretaña, la cancillería más solicitada después de Washington, e incluso más; mejor nivel de vida, tranquilidad garantizada, y viejas costumbres tan estimadas por los diplomáticos desde que el Duque de Alba lo fue con Franco. 

Así se premia a la basura que recoge los restos que va dejando el poder. Ya tenía que ser grave la ofensa para que una quincena de diplomáticos “de la carrera” solicitaran su retiro inmediato.

Y este hombre, ducho letrado y basura política, tiene honor; los muertos mucho menos, y los que escribimos ninguno. Por eso se va. No con la cabeza alta, porque en su caso la lleva singularmente atornillada al cuello y el cuello, robusto, sabe que no hay otra cosa que el poder. Como si estuviéramos en tiempos del Duque de Olivares, como una gárgola soldada al cuerpo.

 ¿Qué carajo le importan los muertos, sus familiares, la opinión pública, y demás zarandajas? Quien manda, manda. Y ese sabe lo que le debe; hay que evaluar lo pernicioso que es tener un enemigo avieso, rezador, sin dama que le tiente, solo la Gracia Divina, que siempre perdona.

Esta basura política resultó un producto, no sé si espúreo o genuino, de una época donde nosotros mirábamos, la oposición miraba hacia otra parte, los radicales se callaban porque los fallecidos eran militares y ellos aún siguen discutiendo sobre una coleta o una camisa bien planchada.

Y nuestra basurilla, ¿qué será de ella? Después de tantos méritos a los mandos del Estado no sería de extrañar que le pusieran con medallas , con fondo de atambores, y esos collares que, discúlpenme la impertinencia, parecen hechos para colgar más que honrar. 

En Francia lo hicieron hace siglos, y no tienen ninguna razón para arrepentirse. La basura política por excelencia, Federico Trillo, con toda probabilidad asentará sus reales sobre los mullidos sillones del Consejo de Estado, la máxima sinecura que existe en España. Y bien saben ustedes que hay muchas y bien regadas."            (Gregorio Morán, Bez, en Rebelión, 16/01/17)

5.1.17

La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003 es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia

"La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003, que costó la vida a 75 personas, es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia.

Empecemos por el desastre del avión estrellado en Turquía. Además de las vidas humanas que destrozó, el caso tuvo todo lo necesario para llevarse por delante la carrera política y profesional de sus responsables. 

La contratación chapucera de un aparato desvencijado, en condiciones lamentables de uso y mantenimiento, para trasladar a militares españoles a una zona de máximo riesgo; una sucia operación de ocultamiento y de intoxicación informativa para dar carpetazo al asunto cuanto antes; cadáveres sin identificar o con identificaciones falsas, enterrados a toda prisa por orden de la superioridad; el engaño deliberado a las familias de las víctimas, y, por fin, la ingeniería judicial para que los culpables quedaran impunes.

Si aquella monstruosidad se dejó pasar sin mayores consecuencias fue, en primer lugar, porque eran tiempos de mayoría absoluta, la oposición estaba débil y el Gobierno se había procurado —gracias a Trillo, entre otros— un control del poder judicial como ningún Gobierno anterior ni posterior han tenido jamás. Y, en segundo lugar, por la singularísima personalidad del ministro de Defensa.

En otras democracias parlamentarias, el suceso y su manejo no solo habrían fulminado al ministro responsable, sino que habrían puesto en dificultades al propio jefe del Gobierno. En España, en cualquier otro momento político —en el actual, sin ir más lejos— no se habría podido mantener al ministro ni enervar la acción de la justicia. Incluso en aquel tiempo en el que todo valía, quizá se habría apartado púdicamente al titular de Defensa si su nombre no fuera Federico Trillo.

¿Haber sido presidente del Congreso y ministro de Defensa cualifica a una persona para ocupar una embajada importante? Teóricamente, sí. Pero no nos engañemos: todo el que ha habitado en la cocina de la política española desde los años ochenta sabe que Trillo no está hoy en Londres por haber desempeñado esas altas responsabilidades. 

Es al contrario: esos puestos han sido sucesivas recompensas por su impagable (aunque excepcionalmente bien pagado) trabajo al servicio de su partido en las cloacas del sistema judicial.

Trillo fue siempre el enlace especial del PP con el submundo de los tribunales, el arquitecto de las estrategias político-jurídicas destinadas tanto a destruir a los adversarios políticos como a proteger a los suyos de cualquier amenaza.

La estrategia de este veterano opusdeísta siempre fue la misma. Jugando al ataque, acosar a los rivales con una catarata de denuncias y acusaciones fundadas o prefabricadas, recursos, impugnaciones y recusaciones sin fin, hasta conseguir una sentencia condenatoria o la lapidación pública del perseguido. 

Jugando en defensa, lanzar toneladas de sospechas contra los jueces que investigaban algún caso relacionado con el PP para sumirlos en el descrédito profesional. Siempre, hay que admitirlo, con altísima eficacia.

Vimos a Trillo en los ochenta desactivar el caso Naseiro (primer tesorero del PP acusado de financiación irregular) para convertirlo en el caso Manglano (el juez encargado de la investigación, sometido a una feroz campaña difamatoria).

Lo vimos, durante el periodo de Felipe González, agitando todos los casos de corrupción que despedazaron a aquel Gobierno: moviendo los hilos judiciales del caso Filesa, de los fondos reservados, de lo de Roldán, lo de Juan Guerra, lo de los papeles de Laos… También tratando de bloquear en los tribunales las decisiones del Gobierno, se tratara de la expropiación de Rumasa, la ley Corcuera o la primera despenalización del aborto.

Lo vimos, durante el periodo de Zapatero, en la sala de máquinas de la ofensiva contra el Estatuto de Cataluña (recusando en cadena a magistrados del Tribunal Constitucional para alterar la mayoría en ese órgano), así como contra las leyes emblemáticas del Gobierno: la de igualdad, la del matrimonio homosexual… y, por supuesto, la segunda ley del aborto (defendiendo el regreso a la primera, que él mismo había combatido).

Lo vimos jalear y tirarse paredes con el juez Garzón cuando este perseguía a los socialistas por los GAL; y años más tarde, dirigir el comando de demolición del mismo juez Garzón cuando empezó a investigar en serio el caso Gürtel.

Quien mejor lo explicó fue, como siempre, Mariano Rajoy, que en 2011 se dirigió a él en público con palabras que querían ser de gratitud: “Has estado siempre ahí, ocupándote de temas que no vamos a calificar”. Y a continuación le entregó la embajada de España en Londres, junto con la matrícula en un curso intensivo para que al menos aprendiera a chapurrear el inglés.

Todo lo que ha sido se lo debe a esos “temas que no vamos a calificar”. Trillo es un intocable, uno de esos tipos a los que no conviene dejar tirados mientras tengan memoria.

Por eso es especialmente enojosa para este Gobierno en minoría la reaparición del episodio del Yakovlev en un informe demoledor del Consejo de Estado que corrobora lo que ya se sabía: que aquel accidente pudo y debió evitarse sin la incuria y la venalidad de las autoridades responsables. Que Trillo y sus colaboradores nos deben 75 vidas y todo el bochorno que vino después.

Es una ocasión pintiparada para que se active una de las varias mayorías que conviven en este Congreso caleidoscópico: la de todos contra el PP. PSOE, Ciudadanos, Podemos, los nacionalistas: todos a una pedirán la dimisión del embajador, la comparecencia de Cospedal y después la de Dastis. 

No les extrañe que se reclame y se obtenga una comisión de investigación para revisar todo lo que ocurrió con aquel avión y los sucesos adyacentes. O que asistamos al insólito espectáculo de la reprobación parlamentaria de un embajador de España en activo.

Si fuera cualquier otro, Rajoy encontraría sin gran dificultad una fórmula para entregar la pieza —la cabeza del embajador— sin perder la cara, ahorrándose un escándalo en vísperas de Presupuestos. Pero tratándose de Trillo, es dudoso que tenga libertad para hacerlo sin pactarlo con el interesado. Y es que no se toca a un intocable salvo que se deje, y aun así ha de hacerse con extrema precaución."             (Ignacio Varela, El confidencial, 03/01/17)

1.12.16

Trillo y Rajoy dieron "caza" al juez Garzón

"(...)  Wyoming, a priori, lo tenía fácil. Tan sólo debía adoptar un rictus más serio que el ofrecido en televisión, y el tema ayudaba: un juez que se atreve a remover el estercolero de la presunta financiación irregular del partido en el Gobierno es acorralado judicialmente con el fin de quitárselo de encima. O sea, que al magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba los crímenes del franquismo lo aparcaron en la cuneta por el caso Gürtel. (...)

De los aquellos maravillosos años de un adolescente del barrio madrileño de Prosperidad a las más de dos décadas de Garzón al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde combatió el terrorismo etarra, la guerra sucia del Estado y a los narcos gallegos. “Ha abarcado tanto, que cabe preguntarse: ¿y los demás jueces qué hacen?, ¿dónde están?

 Encarna a ese hombre en España que lo hace todo, como el de la canción de Astrud”, dijo Wyoming del magistrado, un daño colateral de las cloacas del PP por haber pisado la mina de la corrupción política. “No fue condenado el 9 de febrero de 2012”, pues “la cacería” había comenzado tres años antes, cuando Mariano Rajoy leyó su sentencia.

Entonces, el presentador de El Intermedio amplificó a través de su micrófono las declaraciones del líder del PP: “El PP cree que Garzón debe abstenerse de la causa y pide la recusación del juez. Esto no es una trama del PP, sino una trama contra el PP”.

Era el 11 de febrero de 2009 y Rajoy comparecía ante la prensa rodeado de los suyos: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Y quiero dejar claro también que este partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. Junto a él estaban Soraya, Gallardón, Trillo, Montoro, Arenas, Botella… Tampoco faltaban Aguirre, Mato, Camps o Barberá.

 “Si lo hace el PP, es una foto institucional. Si lo hace Podemos…”, ironizó Wyoming, que describió En el punto de mira como “un mosaico de nuestra historia reciente” en el que Garzón le pega “un repaso al imperio del mal”. 

Sin embargo, el juez que destapó el caso Gürtel fue condenado a once años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo por ordenar que se grabasen las conversaciones entre los detenidos implicados en la trama de corrupción y sus abogados, pese a haber preservado su derecho de defensa. 

“Es difícil sobrevivir entre las intrigas palaciegas si eres independiente. Ese fue el pago que recibió de las personas que dirigen la Justicia, instigadas por el PP”, criticó Monzón, intrigado por saber quién estará cobrando los derechos de autor por haber descubierto la Gürtel. 

“Se lo atribuyó Aguirre”, respondió el abogado, quien denunció que muchos jueces ascienden a la cúpula judicial no gracias a sus “méritos”, sino a “fidelidades, acuerdos y conveniencias que, tarde o temprano, se suelen pagar”.   (...)

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional batallaba contra ETA, los GAL o, años después, la presunta corrupción del PP: “Las personas que me denostaron me besaban la mano cuando les interesó”. Federico Trillo, por ejemplo, lo llamó “juez prevaricador”, recordó Wyoming [cuando encarcelaron a los cabecillas de la Gürtel, en 2009 el responsable de Justicia del PP dijo que el magistrado actuaba "con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley"]. 

Garzón lo tiene claro: “Desempeñó el papel que le marcaron: coordinar la acción contra un juez al que había que tumbar”.

Fue el inicio de “una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo”, sostiene en sus memorias, donde defiende que “el juicio y condena a los que fui sometido obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia”. 

En sus páginas también arremete contra los jueces que demostraron “una animadversión congénita contra mí”, contra Manos Limpias y Ausbanc, así como contra un “determinado sector judicial” que aceptó que un “seudosindicato” y una “extraña organización” convirtiesen la acción popular en “un instrumento de extorsión”. 

La conclusión es desesperanzadora: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo”.  (...)

Si Almudena Grandes había considerado antes de la presentación que estamos ante “un caso de injusticia flagrante”, el abogado Manuel Ollé afirmaba al término de la misma que “ese final jamás se tenía que haber producido”. 

La escritora cree que fue “una medida absolutamente arbitraria y el modo de destrozar la carrera de un juez estupendo”, mientras que el profesor de Derecho Penal Internacional, que ha trabajado como letrado con Garzón, va más allá: “Fue una caza en la que se cobraron su pieza. Cuando investigas, eres absolutamente independiente, te quieren coartar esa libertad y no le gustas al poderoso ni a los que desean controlar el poder judicial, te cortan la cabeza”. (...)"               (Henrique Mariño, Público, 26/11/16)

28.4.15

Trillo, el conseguidor apañador

"Embajador en Londres, ministro de Defensa durante la tragedia del Yak-42 y la toma del Islote de Perejil, presidente del Congreso responsable del “manda huevos”… Las facetas de Federico Trillo son múltiples y variadas, por lo que es difícil perfilarle. 

Así que mejor recurrir al agradecimiento que su jefe, Mariano Rajoy, le brindó en noviembre de 2011, en el acto de cierre de campaña del Partido Popular en la Plaza de Toros de Valencia: “Has estado también ahí, ocupándote de temas que no vamos a calificarlos”.

Con eso debería bastar, pero intentemos indagar un poco más en las labores de Trillo que podrían haberle llevado a ese misterioso agradecimiento. ¿Se refería a su labor como responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP o a las gestiones en la sombra que realizó dentro del caso Gürtel? Pues bien podría ser por lo primero, ya que su labor para obstaculizar casos de presunta corrupción, como el de los trajes de Francisco Camps, ya estaba más que pagada.

69.600 euros de asesoría

De hecho, el 21 de diciembre de 2009, el Partido Popular pagaba 69.600 euros (60.000 más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de “coordinación [de] defensas”. El despacho, que se dedica al “asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes” está gestionado como administradores por los dos hijos de Federico Trillo y es al mismo al que Grupo Collosa pagó los 354.560 euros que ahora han causado el enésimo escándalo del exministro.

Entre bambalinas

Según fuentes conocedoras del pago, y aunque el PP lo negaba, la factura era por asesorar a los militares acusados del caso Yak-42. Trillo nunca fue citado en el juicio ni como testigo, gracias en parte a que el principal acusado y condenado, el general Navarro, le exoneró de toda responsabilidad. Pero el exministro participó entre bambalinas, entrevistándose tanto con Navarro como con testigos clave antes de que declarasen.

Contra el sastre

Un portavoz del PP citado por El País reconoció que Trillo estuvo coordinando la defensa de casos como “el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel”. Pero en aquella época el PP estaba personado como acusación, lo que no cuadra con el concepto “coordinación [de las] defensa”.  Lo que sí se sabe es que estuvo al frente de maniobras como intentar desacreditar al sastre José Tomás que hacía los trajes para Camps y otros dirigentes.

El escándalo Prosegur

La historia del despacho de Trillo y familia ya aparecía en la prensa en 2005. Entonces era Interviú quien publicaba un jugoso reportaje en el que se narraba que el bufete había firmado un contrato de asesoría jurídica con la famosa empresa de seguridad Prosegur. Todo normal si no fuera, según narraba la revista, porque Prosegur fue una de las empresas más beneficiadas con los contratos del Ministerio de Defensa durante la etapa de Trillo. 

Prosegur llegó a facturar hasta cinco millones de euros a Defensa, lo que le valió para estar en la asociación de empresas suministradoras del Ministerio, y durante la gestión de Trillo colocaron guardas jurados y otros dispositivos de seguridad en varios cuarteles y academias militares.


Los sobresueldos

A estos dos oscuros episodios habría que sumar la aparición de Trillo en los famosos papeles de Bárcenas. De esa contabilidad paralela de la caja B se deduce, presuntamente, que habría cobrado varios sobresueldos, algunos de ellos entre 2000 y 2004, cuando era ministro de Defensa. 

Así, en el año 2000 habría cobrado 12.000 euros; cantidad que subiría a 65.275 euros en 2001 y luego a 74.990 euros en 2002. En 2003 la cifra habría caído a 36.000, luego en 2005 habría cobrado 12.000 euros de nuevo y 3.000 euros en 2006. Lo que arroja una cantidad superior a los 203.000 euros entre 2000 y 2006."         (El Plural, 23/04/2015)

23.4.15

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo... y de 75.000 a Pujalte

Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo

"Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. 

Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. 

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. 

Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. 

El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda."            ( /   , El País, Madrid 22 ABR 2015)

26.11.10

Testigos del 'caso Gürtel' revelan cómo se tapaba el regalo de trajes a Camps

"Nos hicieron firmar una carta en blanco contra José Tomás" - "Hubiéramos firmado que todos éramos unos ladrones" - "Me forzaron a hacer una entrevista"

La cúpula del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza encargó numerosos trajes en la tienda madrileña de ropa Forever Young entre los años 2005 y 2008 pero no pagó ninguna de las prendas adquiridas .

José Tomás, vendedor de la tienda Forever Young que tenía entre sus clientes a los políticos valencianos del PP, declaró ante el juez a primeros de 2009 que esas prendas fueron abonadas por los jefes de la trama Gürtel mediante transferencias bancarias de cuentas corrientes propiedad de distintas empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

El dueño de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, le despidió poco después acusando a Tomás de elaborar facturas falsas y otras irregularidades. Los jueces, muchos meses después, declararon improcedente ese despido.

Hinojosa se reunió con Federico Trillo, el ex ministro que dirige la estrategia jurídica de defensa de los imputados del PP en el caso Gürtel, y obligó a sus trabajadores a firmar una carta en blanco que él rellenó con afirmaciones que pretendían desacreditar a José Tomás, uno de los testigos clave para destapar el supuesto cohecho del presidente valenciano, Francisco Camps.

Hinojosa llegó incluso a forzar a sus trabajadores para que concedieran entrevistas a varias televisiones mintiendo sobre José Tomás.

Todos estos hechos fueron relatados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tres empleados de la tienda de ropa -una cajera, un jefe de compras y un jefe de ventas- que acudieron al juzgado como testigos y contaron esta versión de los hechos bajo juramento y conociendo que podrían terminar en la cárcel si prestaban falso testimonio.

Sus declaraciones íntegras apuntan a que tanto el dueño de la tienda, Eduardo Hinojosa, como Federico Trillo, ex ministro de Defensa y responsable de Justicia en el Partido Popular, urdieron un plan para desacreditar a José Tomás, quien era uno de los testigos clave para atribuir a Camps el delito de cohecho impropio. (...)

Miguel Marqués. Él nos hizo firmar un folio en blanco y luego redactó con su letrado una serie de puntos... No sé qué ¿verdad?, sí.

P. ¿No recuerda usted una entrevista con televisión realizada en una de las tiendas de Forever Young en la que estaba usted con una compañera de ventas?

Miguel Marqués. Esto fue una entrevista...

P. En esa entrevista usted manifiesta que José Tomás había confeccionado 15 facturas que no se ajustaban a la realidad en cuanto a concepto.

Miguel Marqués. Le repito, que esta entrevista me la fuerza a hacer a mí el señor Hinojosa, me obliga a hacerlo porque yo pertenezco a la empresa, soy un mandado y no tengo más remedio que decirlo. Fue una entrevista forzada, Hinojosa está presente en la tienda en el momento de la grabación, y yo me presto porque no tengo más remedio que prestarme. Porque era eso o ir a la calle.

P. ¿O sea que usted si su jefe le dice que mienta, usted miente?

Miguel Marqués. En este caso sí, porque yo tengo que comer todos los meses." (El País, 26/11/2010)

11.11.10

Un despacho con influencias... el de Trillo

"El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable. Con un capital social de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros, con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles.(...)

La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.

La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía." (El País, 08/11/2010, p. 16)