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7.11.22

Anticorrupción pide cuatro millones a la fundación de Florentino Pérez por financiar irregularmente a Convergència

 "La obra social de ACS está en la lista de acusados junto a otras 13 constructoras o empresas de servicios que ayudaron al partido catalán entre el 2008 y el 2015

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional la condena de la Fundación ACS, presidida por Florentino Pérez y dirigida por José Mayor Oreja, por un delito continuado de corrupción entre particulares en el llamado caso del 3%. Un procedimiento abierto por la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y su sucesor PDECat, entre los años 2018 y el 2015. 

El Ministerio Público reclama a la fundación de la constructora, como persona jurídica, una multa de cuatro millones de euros. La Fundación ACS, junto a otras 13 empresas de construcción y servicio, aparece en el centro de la investigación que ha instruido el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional desde el 2018, tras inhibirse un juzgado de El Vendrell (Tarragona). 

De las variadas formas de financiación encubierta, al margen del Tribunal de Cuentas, la Fundación ACS usó la vía de la donación a entes vinculados a CDC como CatDem y Forum Barcelona, «para ocultar el destinatario final». Los acusados Andreu Viloca y Daniel Osácar fueron tesoreros de estas dos fundaciones y ambos forman parte de la lista de 30 personas físicas que se sentarán en el banquillo. Para Viloca, a la sazón extesorero de CDC, reclaman la pena más alta: 21 años y cuatro meses de cárcel, seguido del también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, 18 años y diez meses de cárcel. Gordó fue asimismo consejero de Justicia del Ejecutivo catalán.

En el caso de Daniel Osácar, condenado a tres años y medio por el caso Palau, una derivada de la trama del 3 %, la petición de la Fiscalía se reduce a un año y medio de prisión por delitos de organización criminal y fraude a la Administración. Una pena que se puede sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad.

Convenios de «colaboración»

Según el escrito del Ministerio Público, la obra social de Florentino Pérez acudió a la suscripción de convenios de «colaboración» desde el 2008. La Fiscalía enumera el acuerdo entre la Fundación ACS y la Fundación Trías Fargas (denominación anterior de CatDem); los convenios del 2010 y el 2011 con Forum Barcelona, cada uno por importe de 30.000 euros; y un contrato de donación de ACS con la Fundación Fórum Universal de las Culturas, de enero de 2011 por valor de 25.000 euros.

 El importe total de la donación de este convenio ascendió a la cantidad de 120.000 euros, a razón de 25.000 euros al año, durante la vigencia de cinco años. Por otra parte, la compañía Urbaser -que en las fechas investigadas pertenecía a ACS- suscribió un acuerdo de patrocinio con el equipo de fútbol de Olot (Gerona). La duración fue la misma que el contrato suscrito entre el ayuntamiento catalán y la Unión Temporal de Empresa (UTE) IGFA-Urbaser, adjudicado en octubre de 2011 para el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos.

Según Anticorrupción, estas entregas estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación de concretos contratos de obras y servicios públicos, alterando, en perjuicio de los intereses públicos, los procesos de contratación pública."                 (Mateo Balín, La Voz de Galicia, 03/11/22)

5.4.21

Laura Borràs, funcionaria con la complicidad del rectorado de la UB y la facultad de Educación. Malestar en la UB por la plaza universitaria de Borràs. Logra un puesto de profesora titular, como funcionaria del Estado, que la universidad no convocaba desde hace 15 años y tras ser suspendida como agregada

 "Los amigos de Laura Borràs conocen bien su verdadera ambición: la presidencia del Parlament no le quitaba el sueño, tampoco la presidencia de la Generalitat. Borràs “quería y quiere ser catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada”. Ese camino, el de ser catedrática, está ahora más cerca desde que ha obtenido la plaza de titular como funcionaria del Estado. Pero no será en la especialidad que más le gusta. 

La plaza la ha logrado en la facultad de Educación, en el departamento de Educación Lingüística y Literaria y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática, después de un proceso en el que han sido decisivos varios actores: el director de ese departamento, Joan Perera, la decana de la facultad, Roser Boix y el rectorado de la UB, primero con el vicerrector de profesorado, Josep Batista y luego con el propio rector, Joan Elias. Ese equipo ya no está al frente tras las elecciones en la universidad, que ganó el independentista Joan Guàrdia con el apoyo de la ANC.

Esa es la paradoja. Laura Borràs se ha visto impulsada por la coyuntura política favorable, pero se trata de una complicidad más personal que ideológica. Borràs aspiró a una plaza de profesora titular en la facultad de Filología y, posteriormente, a una plaza de agregada dentro del plan Serra Húnter. Y en las dos ocasiones no las obtuvo.

 "¿Qué le hacéis a la Laura?"

La primera ocasión fue a finales de los años 90. La plaza de titular, que hubiera colmado sus aspiraciones para seguir su carrera académica, la ganó David Viñas Piquer, un referente en el ámbito académico, autor de uno de los manuales clave de su disciplina, Historia de la Crítica Literaria (Ariel). 

En la segunda ocasión, en 2014, cuando ya era directora de la Institución de las Letras Catalanas, tampoco lo consiguió dentro, esta vez, del programa Serra Húnter, el plan que ideó el catedrático Andreu Mas-Colell para introducir profesores contratados sin necesidad de seguir la vía del funcionariado del conjunto de España. En esa segunda ocasión se interesó por la suerte de Borràs el propio expresident de la Generalitat, Artur Mas. 

Los comentarios de los allegados de Borràs eran constantes: "¿Qué le hacéis a la Laura?", mientras que los académicos involucrados se ceñían a la decisión de los tribunales y a los méritos del resto de candidatos. Quien ganó la plaza de agregada fue Annalisa Mirizio.

 Al no lograr la plaza de titular en 1997, Borràs se quedó como profesora asociada en el departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la facultad de Filología en la UB. También fue profesora de la UOC, de estudios de Humanidades y Filología entre 1999 y 2007, y de Lenguas y Culturas de 2007 a 2009. 

Pero salió de forma brusca de la universidad catalana a distancia, donde entabló buena amistad con Manuel Castells, catedrático de Sociología de la UOC y actual ministro de Universidades. Y ya como diputada de Junts per Catalunya en el Congreso, en los últimos meses logró plaza como asociada en la facultad de Educación, cuya decana es Roser Boix y bajo la dirección del departamento de Joan Perera.

Educación celebra su cargo en el Parlament

Borràs, como muchos profesores que siguen esperando plaza de titular o de agregado, había tramitado la acreditación necesaria en la AQU --Agència de Qualitat Universitària-- de la Generalitat y en la ANECA --Agencia Nacional de Evaluación de la Caliudad y Acreditacón--.

 La plaza de titular llega tras la decisión del departamento que dirige Joan Perera, que la solicitó con el apoyo de Roser Boix, la decana, y con la aprobación del consejo de profesores de la facultad. La petición se elevó --como es menester-- al vicerrector de profesorado, Josep Batista, que la gestionó y con la firma final del rector de la UB, Joan Elias, responsables finales de autorizar o no su necesidad. Lo cual implica la correspondiente financiación y abre el proceso para la formación de un tribunal y el examen a la candidataLa plaza, finalmente, la otorga el nuevo equipo en el rectorado tras las recientes elecciones que ganó el rector Joan Guàrdia.

Todo el proceso coincide con la toma de posesión de Borràs como presidenta del Parlament. En la web de la facultad de Educación se mencionaba esa circunstancia, recalcando que Borràs era profesora de la facultad de Educación.

¿Y el sueño postergado?

El malestar creado entre el profesorado de la UB, en diferentes facultades, viene provocado por el hecho de que las plazas de titulares apenas se ofrecen. Hay facultades que no tramitan esas plazas de funcionarios del Estado desde hace más de 15 años. De hecho, la Generalitat, a través de la secretaría de Universidades, disuade a las facultades de pedirlas. La voluntad, desde la aprobación de la Ley Catalana de Universidades de 2003, que impulsó Andreu Mas-Collel bajo el último gobierno de Jordi Pujol, es que los funcionarios del Estado en las universidades se vayan extinguiendo a medida que pasan a la jubilación, sustituidos por un conjunto docente bajo contratos laborales que pueden ser despedidos.

Borràs, que ha pedido una comisión de excelencia especial como cargo electo, justo después de tomar posesión de la plaza de titular, no tendrá ese problema. Es funcionaria del Estado tras una gestión que ha causado una enorme perplejidad en el ámbito académico. Eso sí, su sueño sigue sin estar colmado: ser catedrática, pero de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en la facultad de Filología, la suya."                 (Manel Manchón, Crónica Global, 31/03/21)

 

 "Malestar en la UB por la plaza universitaria de Borràs. Logra un puesto de profesora titular, como funcionaria del Estado, que la universidad no convocaba desde hace 15 años y tras ser suspendida como agregada, la figura que creó Mas-Colell.

 ¿Qué ha pasado con Laura Borràs, flamante presidenta del Parlament? Borràs tomó posesión, justo el mismo día que se estrenaba en ese cargo institucional en la Cámara catalana, de la plaza de profesora titular en la UB en el cuerpo de funcionarios del Estado, una plaza que hacía más de 15 años que no se convocaba, y a la que solo Borràs se había presentado. El malestar entre los profesores de la UB no deja de aumentar, al entender que ha habido alguna influencia que explique esa circunstancia. Borràs, que había sido suspendida para ser profesora agregada, la figura que creó Andreu Mas-Colell con la Ley de Universidades catalana de 2002, en la propia UB, logra ahora una plaza que se había desterrado y que la universidad no ofrecía desde hacía tres lustros.

Es funcionaria del Estado, como profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB), dentro del área de Didáctica de la Lengua y Literatura, tras un proceso que se ha mantenido en secreto en los últimos meses, y que ha tenido como responsables al anterior rector de la UB, Joan Elías, y a la decana de la facultad Roser Boix, con Ramon Tremosa como titular del Departamento de Empresa, del que depende la secretaría de Universidades. A esa plaza, convocada de forma extraordinaria, solo se presentaba ella.

 Borràs no había obtenido la plaza de agregada en el departamento de Teoría de la literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, que es lo que pretendía. Pero ha encontrado acomodo en la Facultad de Educación, que tiene a Roser Boix como decana y a Joan Perera como director del departamento de Educación Lingüística y Literaria. Según el mecanismo interno universitario, a Boix y Perera les correspondió pedir que se habilitara esa plaza al rectorado de la UB, para conformar, posteriormente, el concurso y el tribunal, con una única demandante: Laura Borràs.

 Una plaza titular, perteneciente a los cuerpos funcionariales del Estado, no se convocaba desde hacía una media de 17 años, en función de cada facultad. En algunas, como Derecho, hace 20 años que no se otorga. Y es que la política universitaria de la Generalitat ha sido la de disuadir la petición de esas plazas, y reclamar que las distintas facultades se acojan a las figuras que se crearon con la Ley de Universidades de Mas-Colell, la de lector y la de agregado. Con ello, en la práctica, se ha buscado una separación en el cuerpo de profesores entre Cataluña y el resto de España, una especie de estructura de estado.

Una "disfunción"

¿Quién animó a Borràs a optar por ese camino para tener una plaza fija de profesora titular como funcionaria del Estado español? Los académicos que han intentado saber qué ha pasado apuntan a Ramon Tremosa como el gran cómplice de Borràs. Tremosa, como profesor titular en la Facultad de Economía de la UB, conoce a la perfección los vericuetos de la burocracia universitaria.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno recuerdan reuniones de hace muy pocos años, en 2018, en las que el Departamento de Empresa –en manos en aquel momento de Àngels Chacón-- tildaba de una “disfunción” a los que aspiraban a plazas de titular, dentro de la vía estatal. 

Se consideraba que en Cataluña obtener ese tipo de plazas era tan “disfuncional” como la Guardia Civil, si se tiene en cuenta que son los Mossos d’Esquadra los que ejercen de policía integral en la comunidad. Y se orientaba, desde la secretaría de universidades, a no optar ni promover esas plazas. Borràs, en cambio, ha logrado algo que ha causado una enorme perplejidad interna en la Universidad de Barcelona.

Sin larga carrera académica y docente

La excepcionalidad es enorme. Una plaza como la de Borràs no se convocaba por parte de la universidad catalana desde hace muchos años. En las facultades de la UB se hace referencia a 15, 17, e incluso, 20 años, en el caso de la Facultad de Derecho. ¿Por qué ahora?, se pregunta el personal docente.

La Generalitat, con Mas-Colell al frente como secretario de Universidades en los últimos gobiernos de Jordi Pujol, puso en marcha un nuevo modelo laboral con la intención de que fueran las propias universidades las que contrataran a los profesores. Las dos figuras, la de lector --con una vigencia de cinco años, como primer escalón para los docentes, con un salario precario-- y la del agregado, el equivalente a la plaza de titular de la universidad española. 

Lo que pudo ser una opción innovadora para contratar a profesores sin necesidad de que fueran funcionarios, se convirtió en una práctica habitual con la que la Generalitat ahorró recursos. Sin embargo, y de forma súbita, y sin que Laura Borràs pueda acreditar una larga carrera académica y de docencia, la presidenta del Parlament ya es funcionaria del Estado, como titular en una facultad de la UB."                       (Manel Manchón, Crónica Global, 29/03/21)

29.3.21

Si podían colocar a la Generalitat 6 millones de tests para la Covid-19, esto podría suponer un negocio de casi 39 millones de euros. Si la comisión es de un 10%, Madí (ex-alto cargo del Gobern y mano derecha de Artur Mas) obtendría casi 4 millones de euros por la intermediación

"El 14 de mayo del 2018, Víctor Terradellas, hasta entonces responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), hablaba con David Madí, ex-responsable de Comunicación del mismo partido y ex-alto cargo del Gobierno como mano derecha de Artur Mas

 La conversación se estaba grabando en el móvil de Terradellas, donde la encontró la Guardia Civil meses más tarde, junto con otra conversación entre éste y Xavier Vendrell, ex-secretario de Organización de ERC y ex-consejero de Gobernación.

Las dos conversaciones pusieron a los agentes sobre la pista de algunos asuntos que podrían tener una trascendencia penal, puesto que algunas de las cosas que se trataban en estas conversaciones apuntaban a que podía haber contactos de los dos ex-políticos con altos cargos de la Administración catalana. 

A partir de este hilo, se desencadenó una actuación judicial que acabó el 28 de octubre pasado, cuando en la operación Volhov fueron detenidos David Madí, Xavier Vendrell y otros destacados independentistas, como el presidente de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas, Xavier Vinyals; el editor Oriol Soler; los empresarios Roc Aguilera y Toni Fusté, propietarios de la firma de logística Iniciativas Events; el alcalde de Cabrera de Mar y su concejal de Urbanismo, Jordi Mir i Enric Mir, altos cargos de la Generalitat y algunos colaboradores de Xavier Vendrell que presuntamente formaban la cúpula del Tsunami Democrático.

Graves acusaciones

  El nombre de Madí, sin embargo, era suficientemente importante para que el tema adquiriera un relevo mucho mayor. “Hay un grupo de personas que, liderados por el ex-presidente Carles Puigdemont, podrían estar cometiendo actualmente los delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Entre este grupo de personas están David Madí, Xavier Vendrell, Xavier Vinyals y Jaume Cabaní”, relata un informe de la Guardia Civil datado el mayo del año pasado. Las acusaciones que pesan sobre él son de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos.

La importancia de las conversaciones encontradas en el teléfono de Terradellas es tan grande que en este mismo informe se explica que “la observación telefónica ha puesto de manifiesto la participación de los investigados David Madí y Xavier Vendrell en otras actividades en que, igualmente, podrían estar incurriendo en actividad delictiva”. A partir de aquí se abrió una nueva dimensión en la investigación.

Presiones al Procicat
Una de las líneas de investigación fue el interés de Madí en sacar rédito del coronavirus. “Los intereses económicos de David Madí intentando obtener beneficios de la crisis provocada por el coronavirus empezaron a reflejarse en la llamada del 23 de marzo del 2020 a las 20.33 horas, en la cual habló con Cristian sobre conseguir unos medicamentos a través de unas farmacias”, relata el informe policial.

Por eso, urdió una estrategia doble con el fin de hacer negocios para suministrar material a la Generalitat: por un lado, se sirvió del secretario general de Interior, Brauli Duart, para que presionara al Procicat y se aviniera a comprar los productos que a él le interesaban. Por otro lado, consciente que la sanidad estaba en manos de ERC, acudió a su amigo Xavier Vendrell para que éste presionara por su parte a los republicanos.

El 25 de marzo, Madí hablaba con Ignasi Carnicer, ex-diputado socialista, amigo suyo y con quien compartía intereses en la Fundación Casa Cresques (de la cual Madí es presidente, y Carnicer, director), que le había enviado unos correos electrónicos. Y le comentaba que después de recibirlos “habló con el secretario del Gobierno (Víctor Cullell) sobre cómo habían centralizado las compras, y que ellos estaban haciendo compras por mecanismos poco ortodoxos, porque si no las hacen desde Madrid”. Además, con Carnicer habló de hacerle llegar al secretario del Gobierno una “oferta concreta” que tendría que ser gestionada por el mismo Madí por sus vínculos con los altos cargos de la Generalitat.

“Esto es divertido”

El 29 de marzo, después de otra conversación con Carnicer, Madí hablaba con el empresario David Anidjar y le explicaba que, a través de la Fundación Casa Cresques (en la cual querían que participara Henrique Cymerman, ex-periodista reconvertido en lobista, que vive en Israel), podían hacer un negocio interesante. “Nos ha aparecido una empresa israelí que tiene material: mascarillas a punta pala y material de todo tipo. Y quiere hacer una oferta a la Generalitat para hacer una compra importante. Entonces, me lo ofrecen a mí porque además hay una comisión de por medio. Pero yo a estos no los conozco de nada, no tengo ni puta idea. Entonces, yo les puedo proponer hacer la operación a través de Multitrade”. Esta firma está administrada por Anidjar y se dedica al comercio al por mayor de todo tipo de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero.

La gestión le sirvió a Madí para saber que las empresas de Anidjar podían tener hasta 6 millones de tests rápidos para verificar si cualquier ciudadano estaba infectado. “Esto es divertido, esto es divertido… ok, vale… otra cosa… en el supuesto de que hiciéramos negocios, para mí, ¿qué comisión quedaría?”, le preguntó Madí a uno de los directivos del grupo familiar, Sergio Brenner. “El que tú me digas. Yo te digo el precio que tenemos y depende de cómo lo hacemos que se pueda justificar de una forma o de otra”, le contestó Brenner.

Dos días más tarde, el 1 de abril, Madí le informa que se ha creado el Procicat, que será quien controlará todas las compras, pero que ya tiene un contacto en este organismo. “Hemos intercambiado unos mensajes y parece que están interesados”, le deja caer. El negocio no era malo: si podían colocar a la Generalitat 6 millones de tests, esto podría suponer un negocio de casi 39 millones de euros (cada test se vendería a 6,45 euros). Si la comisión es de un 10%, Madí obtendría casi 4 millones de euros por la intermediación.

Y el día 3 de abril, Madí hablaba con Brauli Duart, secretario general de Interior, que le advertía que “las funerarias no darán abasto y no se podrán llevar los fiambres de las casas ni de las residencias ni de los hospitales”. Además, le aseguraba que “en Igualada, en este momento, ya los tenemos dentro de refrigeradores. De camiones de estos que son congeladores, porque la incineradora de Igualada puede coger 12 al día, y cada día se mueren más de 12. Por lo tanto, te puedes morir hoy y te puede tocar el turno de la incineradora de aquí 5 o 6 días”.

“Envíame el contacto”

Duart le comunicó también que había hablado con Salud sobre “el tema que me habías comentado”. Y relató a su interlocutor que se había decidido que todas las compras las centralizaba la consejería de Salud, pero que “no entra en contacto con esta empresa ni con cualquier otra porque se han convertido en exportadores directos ellos. Ya no utilizan intermediarios, sino que van directamente al Gobierno chino y están exportando ellos”. Después, se disculpa y subraya que se refiere al hecho que ellos importan los tests, no los exportan. “Para acabarlo de explorar, ¿no hay manera que lo reciban y se lo explique, les diga los tests que tiene y todo esto?”, le pide Madí. “Les paso la gestión”, contesta Duart. “Con solo que los reciban y lo puedan explicar. Son fluorescentes o no son…” dice Madí. “Envíame el contacto de esta gente”, le contesta Duart. De este modo, los investigadores concluyen que Duart se compromete a interceder “para una reunión en que intente fructificar el negocio con los tests de detección del coronavirus”.

El 9 de abril, Madí hablaba otra vez con Sergio Brenner y le comunicaba que además de un jefe del Procicat también había hablado con Vendrell, de quien le aseguraba que “es el hombre de confianza del vicepresidente Aragonès […]. Entonces, por un lado tengo encendida la mecha por la parte del Procicat y ahora la he encendido por esta vía, ¿vale? Tengo confianza en él porque es un tío competente y muy operativo, ¿eh? Tengo confianza que él lo puede desencallar”.

“La relevancia de esta conversación recae en el hecho que David Madí, siendo consciente de lo que él denomina ‘lucha en el interior del mismo Gobierno’, especialmente por la grave crisis en la gestión de las residencias de personas mayores […], no solo intenta convencer a sus contactos en JxCat, como Brauli Duart, miembro del órgano de gestión del Procicat, sino que, sabedor de la relevancia de Xavier Vendrell como persona de máxima confianza del vicepresidente Pere Aragonès, ha hablado con él porque lo considera muy competente y muy operativo, obviamente en el sentido de apoyarlo en la intención que prospere su negocio con los tests, especialmente en cuanto a superar los escollos que supone la contratación administrativa”, dice el informe policial.

Bien es verdad que Madí no iba de farol: aquel mismo día, Xavier Vendrell llamó a Brenner y le aseguró que había pasado a Pere Aragonès “la posibilidad que tienen ustedes de suministrar tests” y que el vicepresidente le pidió expresamente “de qué tipo son y la validación que tienen”.

En sus conclusiones, el informe de la Guardia Civil destaca que Xavier Vendrell podría haber presionado a “los altos cargos de ERC, incluida Marta Rovira, para convencer a Pere Aragonès de comprar tests masivamente, cosa que, si se hacía, con independencia de la utilidad sanitaria que esto tuviera, podría derivar en un importante lucro personal para los investigados David Madí y Xavier Vendrell”. El informe destaca, sin embargo, que no se pudo concretar si la operación fructificó o no."                 (elTriangle, 27/03/21)