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25.6.20

Los sicarios de Cursach vuelven a la carga: intentan quemar la cara a otro testigo al acercarse la vista oral

"Habría sido el segundo testigo del caso Cursach con graves quemaduras en la cara a causa de un ataque intimidatorio de sicarios de la trama que pronto se sentará en el banquillo acusada de formar una organización criminal para cometer coacciones, cohechos y prevaricación continuada. Pero esta vez los mafiosos fallaron en su intento de abrasar el rostro del denunciante, que corrió escaleras abajo de su garaje, y el líquido se derramó en su abdomen causándole heridas graves.

El testigo, quien trabajó como subdirector de la discoteca Megapark del Grupo Cursach, tuvo que recibir asistencia médica de urgencia en el hospital de Son Espases –donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado– pero no se arredró y después compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº4 de Palma, en funciones de guardia, para denunciar el ataque mafioso y ratificarse en su testimonio de hace dos años sobre las graves irregularidades que había presenciado en el citado centro de ocio nocturno de la capital balear.

 Más aún, y pese al doloroso ataque intimidatorio sufrido en la madrugada del pasado jueves, en su nueva denuncia judicial –a la que Público ha tenido acceso– el exempleado de Cursach quiso agregar más datos a su denuncia original de corrupción, revelando que también intentaron sobornarle para que retirase su declaración y alegase que había sido inducida por las presiones de la Policía, el juez y el fiscal de la causa.

El hombre –que no goza del estatus de testigo protegido, pero al que no identificaremos–, de 42 años y de origen eslovaco, ha narrado en detalle cómo otro de los empleados de Cursach –Toni Espigares, según su nuevo testimonio ante el juez– se citó con él unos días después de su declaración original (de 1 de abril de 2018, ante un inspector del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional) para proponerle el trato, tal como expone la copia de su denuncia que aquí reproducimos:


Oferta de 300.000 euros para marcharse de España

"Espigares le propuso, de parte de Bartolomé Cursach Hernández, que si no iba al juzgado a ratificar la denuncia policial le darían 300.000€, siempre y cuando se fuera de España y compareciera en el Juzgado de Guardia para denunciar que había declarado en Policía por presiones de la Policía, del Juez y del Fiscal.

El declarante no aceptó la propuesta de Espigares y ratificó la denuncia en el Juzgado. A raíz de ello ha sufrido amenazas y agresiones de Cursach. Le asaltaron en el garaje de su casa dándole un puñetazo en la cara. Le llaman por teléfono a horas intempestivas y luego cuelgan. Vehículos que constantemente pasan por debajo de su casa o que con el conductor a bordo estacionan frente a su vivienda pasando toda la mañana, tarde o noche. Que por ese motivo tiene miedo no sólo por él mismo sino también por su madre con quien convive.

Que realmente quien le presionó no fueron ni los policías ni el juez ni el fiscal, sino Bartolomé Cursach (hijo) a través de Toni Espigares".

Cursach y 23 cómplices, incluidos policías, irán a juicio

Además, el antiguo subdirector de Megapark hizo una síntesis de lo que ya declaró en su día y que se dispone a ratificar cuando se señale fecha para la vista, tras el auto de apertura de juicio oral que dictó el juez Enrique Morell el pasado 17 de febrero, imputando "un delito de grupo criminal" a Bartolomé Tolo Cursach y a su lugarteniente, Tolo Sbert.


El magistrado también ha enviado al banquillo a 22 presuntos cómplices de esa trama mafiosa, incluidos varios directivos del Grupo Cursach y numerosos policías locales, encabezados por el actual Adjunto a la Prefectura de Palma, Juan Miguel Mut García, como se puede ver en la página 2 de dicho auto judicial que obra en poder de Público y que reproducimos.

 La nueva denuncia que ha presentado, ante el Juzgado Nº4 de Palma, el testigo ahora atacado continúa así:

Quiere denunciar igualmente que mientras el declarante ha trabajado para Cursach ha presenciado cómo en Megapark se dispensaba un trato de favor a Policías Locales, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Palma que tenían acceso de manera gratuita a alcohol, drogas y servicios sexuales que tenían lugar en unos "reservados" de la última planta del establecimiento.

Que sabe que en la discoteca Tito's ocurría lo mismo que en Megapark, de tal manera que los grupos a que se ha referido en el párrafo anterior (policías, etc.) recibían los mismos "regalos" en la zona VIP de la discoteca, consumiendo droga y sexo, gratuitamente, en una habitación con forma de despacho que se encontraba en la citada zona VIP.

Este testimonio coincide en todos sus puntos con las imputaciones de los fiscales recogidas en el auto de acusación que el juez ha empleado para dictar procesamiento abreviado y juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma. También han sido ratificadas por otros denunciantes exempleados del Grupo Cursach, como el Testigo Protegido nº 29, al que sicarios de la mafia nocturna de Palma agredieron en varias ocasiones –rompiéndole una costilla y quemándole la mejilla con un hierro candente– hasta que huyó de España y se refugió en Suiza.

Próximo juicio por el acoso al Testigo Protegido 29

Ese Testigo 29 también ha mantenido y reiterado sus denuncias a pesar del acoso continuo de los sicarios, de abogados y directivos del Grupo Cursach, y hasta de medios de comunicación afines, hechos por los que esos letrados, un ejecutivo y la editora del diario Última Hora tendrán que sentarse próximamente en el banquillo por los delitos de revelación de secretos, calumnias y obstrucción a la Justicia. La jueza también les ha impuesto fianzas por un total de 34.000 euros.

Todo indica que esos denunciantes llegarán a juicio para declarar en la macro-causa de la trama mafiosa de Cursach sin que se haya concluido en España la transposición legal de la nueva directiva europea que dispone la obligación de todos los países miembros de la UE –a partir del pasado 17 de diciembre– de proporcionar la adecuada protección personal y seguridad legal a todos los alertadores de corrupción o whistleblowers."               (Carlos Enrique Bayo, Público, 24/06/20)

15.5.14

Cañete compró a un testigo en un caso de blanqueo de 2.000 millone de pesetas de un grupo de abogados amiguetes


"La historia la publicó por primera vez la revista Interviú en julio de 2001. Una historia complicada con todos los ingredientes típicos y necesarios en un caso de corrupción. Y en ella Miguel Arias Cañete, según la sentencia, jugó un papel de importancia…, y nada irrelevante. Ahora, por primera vez, la página colaboradora de ELPLURAL.COM, LosGenoveses.net, ha hecho pública esa sentencia con los nombres verdaderos de los implicados.

Resumir la historia, por sus características, resulta complejo. Como en su momento hizo el periodista Miguel Rico para Interviú, el primer punto básico resulta establecer el círculo de relaciones de amistad entre un grupo de abogados amigos, en el que se encuentran el propio Miguel Arias Cañete, su socio Antonio Morenés, y un tercero, José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, que era concejal de Alianza Popular en Jerez.

 Arias Cañete, aunque ya entonces era eurodiputado, y Morenés, agente en bolsa además de abogado, colaboraban con una empresa, de nombre Sogdal. Una empresa que se vio envuelta en el blanqueo de 2.000 millones de pesetas de un industrial catalán, Bertrán de Caralt, suegro de un hermano de Morenés.., también amigo de Arias Cañete.

Inversiones a nombre de personas que ni siquiera sabían lo que hacían con sus datos
El sistema que se utilizaba para realizar ese trabajo de ocultación de capitales a Hacienda consistía en realizar inversiones en Letras del Tesoro a nombre de personas que desconocían las operaciones. Para ello se utilizaban sus datos, uso de DNI’s incluidos.

Una de las personas que, sin su conocimiento, se ve envuelto en la historia es un pescador de Cartaya, Huelva, de nombre Manuel Díaz Pérez. A esta persona, humilde, un día le llegó una notificación del Banc Catalá de Crédit por el rendimiento de su supuesta inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. El pescador acudió al banco a pedir lógicas explicaciones.

Ante el ‘error’ del Banc Catalá, desde Sogdal se intentó una estrategia que consistió en dos cosas: una hablar de error; otra, ofrecer al pescador una ‘compensación económica’. Quien fue encargado de esta gestión por parte de Sogdal, la de ‘tapar’ el agujero con una ‘compensación económica’, fue Miguel Arias Cañete.

Con posterioridad a la gestión de Arias Cañete, sin embargo, volvieron a llegar al pescador nuevas notificaciones bancarias. Manuel Díaz se asustó y decidió acudir entonces a Hacienda. Lo que provocó que se abriera una instrucción a la que se le dio de nombre “caso de los DNI falsos”.

Como se puede ver en la reproducción de este párrafo de la sentencia, el papel jugado por Miguel Arias Cañete intentando silenciar con dinero al testigo quedó, a opinión de los jueces, probado.
 
Una gestión que no parece que se pueda considerar además circunstancial. Porque cuando sus responsables decidieron poner a la empresa Sogdal en disolución, a quien nombraron como administrador fue a Miguel Arias Cañete, un eurodiputado con intereses diversos.

Como estrambote a la historia, conviene añadir que a pesar de que quedó demostrado, como se ve, la participación del actual número uno de las listas del PP al Parlamento Europeo, la fiscalía no pidió que se le condenara, y los magistrados no actuaron contra él.

 A quien sí se condenó fue al millonario Bertrán de Caralt, al que se le sentenció a dos años de prisión y 246.630.086 pesetas por cada uno de los dos delitos fiscales que se encontraron contra él. Pero bueno, el gobierno de José María Aznar, aunque en él no figuraba aún el eurodiputado Arias Cañete, tuvo a bien amnistiarle. Es evidente que nunca fue lo planeado por aquellos abogados amigos de Sogdal, pero del mal.., el menos."                    (El Plural, 13/05/2014)

26.11.10

Testigos del 'caso Gürtel' revelan cómo se tapaba el regalo de trajes a Camps

"Nos hicieron firmar una carta en blanco contra José Tomás" - "Hubiéramos firmado que todos éramos unos ladrones" - "Me forzaron a hacer una entrevista"

La cúpula del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza encargó numerosos trajes en la tienda madrileña de ropa Forever Young entre los años 2005 y 2008 pero no pagó ninguna de las prendas adquiridas .

José Tomás, vendedor de la tienda Forever Young que tenía entre sus clientes a los políticos valencianos del PP, declaró ante el juez a primeros de 2009 que esas prendas fueron abonadas por los jefes de la trama Gürtel mediante transferencias bancarias de cuentas corrientes propiedad de distintas empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

El dueño de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, le despidió poco después acusando a Tomás de elaborar facturas falsas y otras irregularidades. Los jueces, muchos meses después, declararon improcedente ese despido.

Hinojosa se reunió con Federico Trillo, el ex ministro que dirige la estrategia jurídica de defensa de los imputados del PP en el caso Gürtel, y obligó a sus trabajadores a firmar una carta en blanco que él rellenó con afirmaciones que pretendían desacreditar a José Tomás, uno de los testigos clave para destapar el supuesto cohecho del presidente valenciano, Francisco Camps.

Hinojosa llegó incluso a forzar a sus trabajadores para que concedieran entrevistas a varias televisiones mintiendo sobre José Tomás.

Todos estos hechos fueron relatados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tres empleados de la tienda de ropa -una cajera, un jefe de compras y un jefe de ventas- que acudieron al juzgado como testigos y contaron esta versión de los hechos bajo juramento y conociendo que podrían terminar en la cárcel si prestaban falso testimonio.

Sus declaraciones íntegras apuntan a que tanto el dueño de la tienda, Eduardo Hinojosa, como Federico Trillo, ex ministro de Defensa y responsable de Justicia en el Partido Popular, urdieron un plan para desacreditar a José Tomás, quien era uno de los testigos clave para atribuir a Camps el delito de cohecho impropio. (...)

Miguel Marqués. Él nos hizo firmar un folio en blanco y luego redactó con su letrado una serie de puntos... No sé qué ¿verdad?, sí.

P. ¿No recuerda usted una entrevista con televisión realizada en una de las tiendas de Forever Young en la que estaba usted con una compañera de ventas?

Miguel Marqués. Esto fue una entrevista...

P. En esa entrevista usted manifiesta que José Tomás había confeccionado 15 facturas que no se ajustaban a la realidad en cuanto a concepto.

Miguel Marqués. Le repito, que esta entrevista me la fuerza a hacer a mí el señor Hinojosa, me obliga a hacerlo porque yo pertenezco a la empresa, soy un mandado y no tengo más remedio que decirlo. Fue una entrevista forzada, Hinojosa está presente en la tienda en el momento de la grabación, y yo me presto porque no tengo más remedio que prestarme. Porque era eso o ir a la calle.

P. ¿O sea que usted si su jefe le dice que mienta, usted miente?

Miguel Marqués. En este caso sí, porque yo tengo que comer todos los meses." (El País, 26/11/2010)

17.3.09

La empresa de Berlusconi sobornó al abogado Mills

"El abogado británico David Mills fue condenado ayer por un juez de Milán a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial. Los magistrados consideran probado que Mills fue corrompido por Fininvest, la empresa de Silvio Berlusconi, que le pagó 600.000 dólares (460.000 euros) por testificar en falso a favor del hoy primer ministro durante dos juicios por corrupción celebrados contra Berlusconi.

El hoy primer ministro italiano fue imputado como presunto corruptor de Mills en el proceso, pero se ha librado de ser juzgado gracias al laudo Alfano, llamado así en honor del ministro de Justicia actual, Angelino Alfano, quien elaboró hace unos meses la norma ad hoc que impide procesar a los cuatro altos cargos de la República italiana en el curso de su mandato. Esta ley, aprobada ya por el Parlamento, está siendo examinada en este momento por el Tribunal Constitucional.

El caso Mills originó un escándalo político en Reino Unido que acabó con la dimisión de la esposa del abogado, ministra de Cultura del Gobierno de Tony Blair. Paradójicamente, el letrado ha sido condenado además a indemnizar con 250.000 euros a la parte civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, a Berlusconi.

La sentencia proyecta una sombra inquietante sobre los usos judiciales de Il Cavaliere. Según el tribunal, los 600.000 dólares pagados a Mills por Fininvest en 1998 sirvieron para comprar el testimonio favorable del abogado en los procesos por comisiones a la policía fiscal y en el caso All Iberian, con el fin de exculpar a Berlusconi.

"En un país normal", dijo ayer Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, "el presidente del Consejo habría presentado ya la dimisión". "Si hay un corrupto, hay un corruptor. Pero ya se sabe cómo son las cosas en Italia". (El País, ed. Galicia, Internacional, 18/02/2009, p. 3)