Anticorrupción cree que guardias civiles perpetuaron durante años un sistema corrupto de compra de uniformes... Una investigación revela que las empresas organizaban presuntamente los contratos y luego agasajaban con regalos a los funcionarios del SABAS. En la causa hay seis guardias civiles imputados y hasta 26 empresas bajo el foco

 "Guardias civiles entregaban supuestamente borradores de contratos a empresarios del textil para que confeccionaran los pliegos a su antojo; la empresa terminaba llevándose la contratación pública de los uniformes de la benemérita por un buen pico y, a cambio, los funcionarios eran presuntamente agraciados con un porcentaje del dinero, tarjetas regalo, viajes o monterías. Este era el modus operandi de una enorme trama de corrupción que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y que mantiene a 26 empresas y a seis guardias civiles imputados, entre ellos al coronel Juan Antonio Maroto Gil, jefe del Servicio de Abastecimiento (SABAS) hasta 2020, y al teniente coronel Alberto José Martín Altube, miembro de este mismo servicio desde 2000. Las declaraciones de la causa se retoman esta semana y el sumario al que ha accedido El Independiente muestra un reguero de correos con palabras clave y favores para que los uniformes del Instituto Armado se volvieran en un elemento más rentable para ellos. 

La operación se bautizó como 'Grapa' y nació en la unidad homóloga de compras de la Policía Nacional en 2017. Dos años después, la Unidad de Asuntos Internos de Policía (y un escrito anónimo) avisaron de que en la Guardia Civil podía estar pasando lo mismo y los agentes que investigan a sus compañeros en la Benemérita iniciaron unas pesquisas secretas. La Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella el 25 de junio de 2019 contra Maroto Gil y Martín Altube como cabecillas y otros tres guardias civiles (E. V. C., A. S. O. y A. J. A.); así como contra el que fuera director comercial de El Corte Inglés Fernando Fernández Vidal y el exresponsable de uniformidad de la empresa Eduardo Vélez, además de contra dos empresarios de la sociedad Manufacturas Aura S.A., Pablo Fernández Álvarez y Santiago Rodríguez Angulo. Igualmente pedían la imputación de las dos mercantiles como personas jurídicas y de Calzados Robusta S.L.

Poco a poco, los contratos afectados empezaron a crecer. Zapatos, prendas impermeables, mochilas, sacos de montaña, petos reflectantes, chalecos, cascos para el Seprona, trajes de agua... millones de euros en licitaciones bajo la lupa porque las empresas, supuestamente, organizaban los contratos a su gusto y pactaban condiciones ventajosas con los guardias durante todo el proceso de contratación pública. En el último informe de los Servicios de Asuntos Internos de la Guardia Civil que consta en la causa de mayo de este 2023 ya aparecen 34 empresarios o trabajadores bajo el foco y 26 mercantiles. Una macrocausa que se extiende a lo largo de más de 5.000 folios y que indaga en delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

“Buenas tardes, en la reunión con la G.Civil me he informado sobre un nuevo expediente plurianual que va a publicar aproximadamente en un par de meses. El expediente va a ser de varios lotes, y uno de los lotes va a ser de Anoraks y trajes de agua. Os adjunto los pliegos técnicos que van a publicar”, decía el responsable del área de El Corte Inglés a sus empleados. La forma de actuar consistía en dar la vuelta, literalmente, al procedimiento, según el sumario. En lugar de que los pliegos los creara la Benemérita en función de sus necesidades y los sacara al mercado de forma que cualquier empresa pudiera analizarlos y tratar de concursar en igualdad de condiciones, eran determidas empresas seleccionadas las que revisaban los borradores, troceaban los paquetes de productos o pactaban condiciones con los funcionarios para luego, supuestamente, que todos quedaran untados de dinero público.

El juez Esteban Vega Cuevas, que ha llevado la mayor parte de la instrucción, permitió intervenir teléfonos y volcar todo el contenido de correos oficiales. "Estaría bien disimular un poco por contratación [...] Creo que a veces la estética tiene importancia y puede cantar demasiado", dice en un mail de 2012 un empresario de Fal Calzados de Seguridad SA.

Las ofertas eran de todo tipo. Algunas se trataban de contratos menores (por valor un valor inferior a 40.000 euros), mientras que otras alcanzan varios millones de euros. Por ejemplo, en las diligencias consta un contrato de junio de 2017 de petos, chalecos, uniformes diarios para distintas unidades de la Guardia Civil cuyo valor total era de 21.297.500 euros. El contrato se repartió entre Sagres S.L. (casi 9 millones de euros), Iturri S.L. (3 millones), Fabrica Española de Confecciones SA (casi 1 millón) , Manufacturas Aura S.A (1,5 millones), una UTE (2,8 millones) y El Corte Inglés (4,5 millones). El entonces jefe del departamento de esta última pidió sigilo entre sus trabajadores al avanzar que iba a publicarse ese contrato: "Una vez más, permitirme (sic) recordaros que esta información es 'delicada' por lo que ruego la máxima discreción".

Tras años de investigación, la Guardia Civil tiene la teoría de que las empresas tenían "una conexión extramuros" y se ponían de acuerdo para que los billetes llegaran a todas. Dividían y se repartían los contratos antes de su publicación, presuntamente, de forma que aniquilaban cualquier tipo de competencia. Así se evidencia en un mensaje de Calzados Robusta en el que asegura haber hablado con otra empresa del sector de los zapatos. "He hablado con Iturri y hemos quedado en que se lo llevan ellos pero lo fabricamos o vosotros o nosotros y facturamos a 69 euros. Cuando adjudiquen y tengan las tallas, hablamos entre nosotros a ver quién lo fabrica dependiendo de si hay más cosas etc para compensar".

De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntaló esta tesis señalando en un informe un presunto acuerdo entre las empresas Fal Calzado De Seguridad, Calzados Robusta e Iturri para repartirse las licitaciones correspondientes a productos de calzado. "Abarcaría además la fijación de los precios y la producción del lote adjudicatario, de manera que cada una tenía asignado un porcentaje de fabricación del 33%", indica el órgano que supervisa el buen funcionamiento de los mercados.

Un proceder durante años

Asuntos Internos destaca cómo había agentes que se encargaron de perpetuar esta corrupción a lo largo de los años y con distintos jefes de la unidad. Así se muestra en una conversación de febrero 2011 del capitán A. J. A., quien estuvo destinado en el SABAS desde 1980 hasta 2016, en la que habla con un empresario de Manufacturas Auras S.A. "Hablando ayer con Alberto (Martín Altube) en su despacho, coincide con tu comentario en el sentido de que quiere que todo siga igual, si bien será necesario pedir, en ocasiones, presupuestos de 'relleno' para cubrir el expediente".

En esta línea, la Guardia Civil incautó en el teléfono de uno de los empresarios de Manufacturas Auras S.A. unos mensajes con su expareja en los que ella lo amenazaba con tirar de la manta. "Igual te conviene quedarte en china", le dice ella; "Dale la paliza a tu novio", responde el agente; "Más quisieras", "Igual hasta empiezo a hablar de la trama de chinos en la que estás involucrado" "Y empiezo a dar los nombres de los guardias civiles y militares a los que untáis para que os den concursos"; "Uhhh. Tú también lo estás. No te olvides", devuelve él la amenaza.

En otra comunicación de octubre de 2015, uno de los apoderados de Fal Calzados de Seguridad S.A. transmite a sus socios que ha hablado con Martín Altube sobre la nueva jefatura de la Unidad (el coronel Maroto Gil había tomado posesión justo en abril de ese año). "Los empresarios mostraban su preocupación ante la posibilidad de que dicho oficial no estuviera por la labor de continuar participando y/o validando estas prácticas; ante lo que [el empresario] tranquilizó a sus compañeros haciéndoles saber que Martín Altube '...quiere hacer partícipe al coronel de todo esto y le ha avanzado algo al respecto…'", expone un informe de Asuntos Internos.

A cambio de amañar estos contratos, los investigadores han rastreado tarjetas regalo de El Corte Inglés, viajes organizados para los funcionarios, entradas para ir a ver al Real Madrid, o una parte porcentual de los contratos que consideran parte de la contraprestación. Con todo ello, las empresas mantenían presuntamente su posición privilegiada para conseguir que las contrataciones públicas siempre recayeran sobre ellos.

Detenciones y entradas y registros

La operación cristalizó en julio de 2020, cuando Anticorrupción pidió que se practicaran las primeras detenciones. Para entonces, la CNMC ya había entrado a analizar muchos de los expedientes y había trazado una actuación meridianamente ilegal: "Estamos ante un indicio claro de vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, al realizarse un acuerdo anticompetitivo entre las empresas fijando los precios a presentar en la licitación y manipulando la misma para que resulte adjudicataria una de ellas”, consta en uno de los informes.

En las entradas y registros encontraron pliegos de contrataciones, anotaciones que parecen indicar comisiones, e incluso dinero en efectivo. De entre los documentos hallados, hay por ejemplo excels de regalos navideños con las direcciones de las casas personales de los guardias civiles. Algunos datan, incluso, de 1997, lo que puede indicar que la corrupción comenzó más de 20 años atrás.

“En esta supuesta trama criminal cada sujeto ocupa su rol, incluido el coronel jefe del SABAS; responsable en darle esa supuesta continuidad delictiva a los mecanismos que sus subordinados investigados y los empresarios en cuestión habrían puesto en marcha tiempo atrás”, afirma Asuntos Internos. Las defensas, eso sí, ponen de relieve que será muy difícil perseguir estos delitos tan antiguos porque pueden estar prescritos.

Paradógicamente, la investigación patrimonial reveló a nombre del coronel Maroto Gil una lavandería donde los agentes creen que podría haberse "lavado" dinero, presuntamente, conseguido a través de esos contratos. En su casa encontraron varias bolsas con fajos de billetes.

A lo largo de las últimas semanas de junio y las primeras de julio el juzgado de instrucción número 50 de Madrid ha practicado decenas de declaraciones de todas las personas físicas investigadas. Este miércoles 6 de septiembre se retomarán las declaraciones de las empresas que es uno de los pocos flecos que queda por terminar en la causa."           (Irene Dorta, El Independiente, 04/09/23)

Los mensajes que implican al exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho: “Yo no fallo a los míos” Un agente de Asuntos Internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes

 "El exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho de Gibraltar David Oliva consiguió información reservada de la investigación que Asuntos Internos dirigía contra él a cambio de prometer a uno de los agentes de este servicio un puesto en el dispositivo especial en el que entonces mandaba. Así consta en los mensajes que Asuntos Internos incautó en diciembre pasado al exintegrante de esa unidad y autor de la filtración. El 25 de enero de 2022, a punto de producirse el soplo, Oliva exprime al que terminaría por ser su subordinado: “Entrega la tarea. Esto es la operación boomerang”

Cuando se envió ese mensaje, el teniente acusado de la filtración todavía estaba destinado en Asuntos Internos. Acababa de regresar de una baja de paternidad y ya había acordado con Oliva extraer del servidor de la unidad los datos recabados sobre él y otro mando en el marco de la Operación Varea, tal y como acredita de forma indiciaria la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.

Asuntos Internos indagaba en la relación con el clan de los Ariza del teniente coronel Oliva y otro mando del operativo antidroga en el Campo de Gibraltar, a partir de los datos obtenidos por la Policía Nacional contra el grupo de narcotraficantes. La posible implicación de Oliva y su teniente con los ‘narcos’ motivó la apertura de una pieza separada de la causa contra los Ariza.

La Audiencia Nacional encargó esta pieza separada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado, que certificó la asistencia de Oliva y el otro teniente investigado a una fiesta del clan de narcos si bien acumulaban indicios de posibles irregularidades del mando desde 2016, en destinos anteriores y también relacionados con el combate al narcotráfico, precisan las fuentes consultadas.

En dicha pieza están imputados el teniente coronel Oliva, el teniente que también se habría beneficiado del chivatazo y el exmiembro de Asuntos Internos, también teniente, que dio el soplo a cambio de un destino en el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCON-Sur. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los tres los delitos de revelación de secretos y cohecho. La pieza ha permanecido en secreto hasta hace unos días.

El cohecho: un puesto de 2.100 euros más al mes

Asuntos Internos explotó la primera fase de la operación el 19 de diciembre de 2019. Los investigadores llegados de Madrid detuvieron al exteniente de Asuntos Internos y registraron su casa de Cádiz. Allí, en un ordenador, encontraron una copia de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el teniente coronel Oliva y que ilustran qué gano el teniente de Asuntos Internos con la filtración: un destino temporal en OCON-Sur, el dispositivo especial que el Ministerio del Interior desplegó en 2018 en el Campo de Gibraltar ante la impunidad con la que actuaban los narcotraficantes en la zona. 

Para el teniente de Asuntos Internos, la comisión de servicio en OCON-Sur suponía regresar a su lugar de origen y percibir un incremento de 2.100 euros mensuales en la nómina. El teniente, que acababa de ser padre, quería evitar también los numerosos viajes a los que le obligaba su destino en Asuntos Internos y que complicaban su vida familiar, según explicó en la Audiencia Nacional. También declaró que la mejora económica no era tanta porque en Asuntos Internos disponía de vivienda en un pabellón de la Guardia Civil y en Cádiz debería alquilar una vivienda. 

El teniente coronel Oliva, por entonces comandante, conocía el deseo de su compañero de Asuntos Internos por regresar a Cádiz y se acercó a él en una maniobra en la que participó presuntamente el otro mando a sus órdenes, también imputado. 

“Yo no fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”

Entre las 8.00 y las 15.00 horas del 18 de enero, el agente de Asuntos Internos extrajo los datos del servidor de Asuntos Internos y creó la carpeta “VAREA_Algeciras” en un pendrive de la marca Toshiba que rodeó con un pequeño trozo de cinta aislante. Ese mismo día, Oliva volvió a escribir al teniente: “Cómo llevas los deberes?”. El jefe Antidroga de la Guardia Civil recibió de inmediato una respuesta: “Buenos días, mi comandante: Hechos”. El 27 de enero, el teniente se incorporó a su destino en el Campo de Gibraltar y cinco días después entregó a su nuevo jefe, el entonces comandante Oliva, el citado pendrive.

Los investigadores sostienen que a la entrega de información, la revelación de secretos, hay que añadir un segundo delito, el cohecho, por la prebenda que recibió a cambio el filtrador. Así lo deja claro otro intercambio de mensajes del 25 de enero. El teniente informa a su próximo jefe de que ya está con los preparativos para mudarse al sur y el teniente coronel le advierte: “Antes tienes que entregar la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Los investigadores creen que con esa expresión, la “operación boomerang”, Oliva hace referencia al regreso del teniente a su casa a cambio de la información. El 31 de enero acuerdan verse al día siguiente y el 1 de febrero se produce el pase de información en el pendrive. Esa misma noche, el teniente se preocupa porque Oliva cumpla su parte del trato. El teniente coronel responde: “Nunca le fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”. 

Arruinada la investigación al clan Ariza

La filtración de las averiguaciones de Asuntos Internos al teniente coronel Oliva y a un subordinado suyo en el OCON-Sur estuvo seguida de un cambio radical en la actividad de los narcos investigados que ha terminado por provocar que la Fiscalía Antidroga haya solicitado el archivo de la pieza principal, dirigida contra el clan de los Ariza, según ha adelantado El Independiente.

El juez Alejandro Abascal deberá decidir si acepta el archivo y otra petición de Antidroga, que se inhiba a favor de un juzgado de Valdemoro de la pieza separada contra Oliva y los dos tenientes, por encontrarse la sede de Asuntos Internos, de donde procede la filtración, en la citada localidad madrileña.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior anunció que decidía reestructurar la unidad de OCON-Sur y reubicar por las distintas comandancias de Andalucía a los 150 agentes que había destinado al Campo de Gibraltar en comisión de servicio, esto es, temporalmente. La decisión se publicitó como una nueva fase de la lucha contra el 'narco' en la zona, pero ya por entonces Asuntos Internos seguía los pasos a Oliva. El teniente coronel nació en Algeciras y ha sido condecorado en varios puestos que ha desempeñado.

Durante los cuatro años que estuvo operativo, el OCON-Sur participó en las grandes operaciones contra el narcotráfico y sus clanes en la zona del Campo de Gibraltar cosechando numerosos éxitos. La penetración de los grupos de 'narcos' en la economía y el tejido social había hecho encender todas las alarmas en los poderes públicos. En 2021, elDiario.es reveló el contenido de un informe redactado por el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se constataba “la existencia de un grave problema de corrupción policial en el sur de España”."              (Pedro Águeda  , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)

El Gobierno del PP archivó el ‘caso Cuarteles’ pese a que un segundo informe confirmaba irregularidades

 "José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el último Gobierno de Mariano Rajoy, ordenó por escrito el 27 de diciembre de 2017 que el Servicio de Asuntos Internos dejara de investigar la supuesta adjudicación irregular de decenas de obras del instituto armado al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, uno de los ahora imputados en el caso Cuarteles de corrupción junto al teniente general Pedro Vázquez Jarava. Holgado dio la orden a pesar de que un informe encargado a la Jefatura de Asuntos Económicos había confirmado las sospechas de Asuntos Internos de que hubo supuestas irregularidades en aquellas licitaciones, según recogen documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso El País.

En el escrito por el que ordenaba el archivo, Holgado, juez de carrera, señalaba que, tras diversas comprobaciones internas sobre los hechos que Asuntos Internos recogía en un “borrador de informe” que había planteado llevar a la Fiscalía, “se concluye que no existen […] acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ni conductas contrarias a la ética profesional en las que se haya visto involucrado personal destinado en la Dirección General del Cuerpo”. En la orden, el máximo responsable político del instituto armado esgrimía para justificar su decisión tres estudios realizados por diferentes órganos de la Guardia Civil sobre el contenido de aquel borrador. Entre ellos citaba un informe de la Jefatura de Asuntos Económicos que, en realidad, enumeraba diversas irregularidades y que ahora ha sido incorporado al sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, María Isabel Durántez.

En concreto, este documento detallaba supuestas anomalías en las adjudicaciones de nueve comandancias a las empresas de Tejera de León en el período 2015-2017. Entre ellas, las realizadas en cuarteles de la provincia de Ávila, foco donde arrancaría un año después la investigación que ha desembocado en la actual causa judicial en la que está imputado el empresario y alto mando del instituto armado, ya retirado. El documento está fechado el 31 de agosto de 2017 y consta de 24 folios y 29 anexos en los que se acumulan más de 270 facturas, presupuestos y correos electrónicos de aquellas obras. Lo firman dos tenientes coroneles interventores.

En el capítulo de “conclusiones y recomendaciones”, el informe señala que, en buena parte de los expedientes de licitación examinados, no consta como es preceptivo una memoria “u otro documento análogo” que justifique el gasto. La investigación judicial ha revelado ahora que el constructor recibió encargos de trabajos que ni siquiera habían pedido los responsables de los cuarteles donde se hicieron. Además, el documento de Asuntos Internos detalla que, si bien en general en todas las adjudicaciones se solicitaron presupuestos a tres empresas para hacer una “prospección de mercado”, al final este requisito quedó “viciado por el hecho de que las empresas o empresarios que concurren están controladas por las mismas personas”.

Los interventores, que calificaban de “anómala y bastante reiterada” esta circunstancia, destacaban que las cuatro sociedades beneficiadas (Angrasurcor, Solocorcho, Canarycork e Impermekork) “cuentan con las mismas personas como administradores y apoderados”, en referencia a Tejera de León. El quinto licitador era un empleado del propio empresario canario. Y añadían un detalle: “Incluso los formatos de documentos presentados [por estas mercantiles] cuando concurren a las licitaciones son prácticamente idénticos”. Estas empresas se hicieron finalmente con cerca del 50% de los importes de las obras analizadas en el informe.

El informe también alertaba de que las sociedades de Tejera de León no tenían “personal ni infraestructura específica para el desarrollo de los trabajos de construcción, reparación y conservación” que se le adjudicaron. En este sentido, destacaba que en ocasiones se había visto obligado a subcontratar a otras compañías. La actual investigación judicial ha constatado que el constructor se hizo con el concurso para demoler el cuartel de Garachico, en la isla de Tenerife, por 168.524 euros. Sin embargo, los trabajos nunca los hicieron trabajadores de sus compañías, sino dos empresas de la isla, a las que pagó 62.000 euros. Tejera de León se embolsó un beneficio superior a los 100.000 euros.

Asuntos Económicos también ponía el foco en la “lejanía del domicilio social de las empresas respecto a buena parte del lugar de ejecución de las obras”, dado que la mayoría de las empresas de Tejera de León tenían su sede en Canarias, pese a lo cual se le adjudicaron concursos para hacer pequeñas reparaciones en cuarteles de toda la Península. El documento señalaba que en tres comandancias ―las de A Coruña, Badajoz y Castellón― el ofrecimiento a contratar a estas empresas “había sido gestionado desde órganos centrales” de la propia Dirección General de la Guardia Civil, sin mayor concreción. La actual investigación judicial ha concretado que era el propio general Vázquez Jarava quien presuntamente indicaba a los responsables de las comandancias que tenían que contratar al constructor.

Pese a todo ello, el ex director general aludía en su orden a este documento como uno de los tres que habían propiciado su decisión de archivar la investigación de Asuntos Internos. Los otros dos eran uno elaborado por la Jefatura de Servicios de Apoyo-Servicio de Acuartelamiento para verificar “la calidad de los trabajos” realizados por las empresas de Tejera de León y el informe que elaboró el propio Vázquez Jarava, que entonces estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar sus recursos financieros y patrimoniales. En este, el alto mando concluía que “en las actuaciones informadas [en el documentos de Asuntos Internos] no existe indicio de delito”. Según detallan ahora informes incorporados al caso Cuarteles, para entonces el general ya había recibido supuestamente dádivas del empresario en forma de viajes para ver en Milán y Cardiff (Reino Unido) sendas finales de la Champions League y estancias de hotel para él y su familia.

Con todo ello, Holgado ordenó a finales de diciembre de aquel año “el archivo del expediente incoado por el Servicio de Asuntos Internos” y “el cese en las actuaciones” al considerar que no eran “necesarios nuevos elementos de juicio en que basar esta decisión”, según recoge el documento. Ocho días después de la orden, el 4 de enero de 2018, el propio Vázquez Jaraba remitía un oficio al coronel jefe de Asuntos Internos con copia del documento firmado por Holgado “para conocimiento y constancia de esa unidad”. En el escrito, el general le indicaba al otro alto mando que el máximo responsable político de la Guardia Civil había ordenado “el archivo del expediente” sobre las adjudicaciones al constructor y, por tanto, que no iba a ser enviado a Fiscalía. La orden muestra el recibí manuscrito del coronel de la unidad. Once días más tarde, el general pasaba a la condición de retirado por edad y abandonaba la cúpula de la Guardia Civil.

Ahora, más de cinco años después, las supuestas irregularidades denunciadas son investigadas por un juzgado de Madrid, que mantiene como imputadas a cuatro personas por las supuestas irregularidades en la adjudicación de 193 obras en cuarteles de 13 comandancias (cuatro más de las que revelaba aquel documento) por un valor superior a los 3 millones de euros. Entre los imputados está Tejera de León y Vázquez Jarava, este último acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. Hay un segundo alto mando de la Guardia Civil imputado y Asuntos Internos ha planteado a la jueza que instruye la causa que tome declaración como investigados a otros responsables del instituto armado y a una arquitecta, aunque la magistrada ha rechazado citarlos por el momento."            (Óscar López-Fonseca, El País, 26/03/23)

Todo lo que necesitas saber sobre el ‘Caso Cuarteles’: 193 obras en comandancias de la guardia civil adjudicadas a dedo

 "El “Caso Cuarteles” es un escándalo de corrupción en la Comandancia de Ávila que salió a la luz en mayo de 2018 gracias a una denuncia anónima. El caso involucra a un guardia civil y a un empresario, quienes están acusados de presuntas irregularidades en las reformas de 13 comandancias, que fueron realizadas entre marzo de 2014 y abril del 2019, por un valor presuntamente superior a los 3,3 millones de euros.

El principal acusado en el caso es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien ocupaba uno de los cargos más poderosos en el Instituto Armado y dirigía la Subdirección General de Apoyo, encargada de gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Vázquez Jarava fue el responsable de las reformas y se le acusa de presionar para que se hicieran con los contratistas que él designaba.

El otro acusado es el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, también conocido como ‘Mon’, quien aparece en el sumario de la trama del ‘Caso Mediador’ como uno de los empresarios dispuestos a pagar por conseguir un trato de favor en las adjudicaciones de la Administración.

Múltiples cargos

A los implicados se les acusa de falsedad documental, cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación. Las obras más sospechosas están relacionadas con la Comandancia de Tenerife, que habría ordenado 47 reformas por un importe de 927.499,74 euros. La segunda Comandancia con más contratación con ese empresario es la de Huelva, con 61 proyectos por importe de 461.079,45 euros; seguida de Algeciras, con 29 obras por 399.189,48 euros.

Se ha denunciado que el contratista se encargaba de los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios, siempre tratando de evitar superar los límites de los contratos (menos de 50.000 o incluso de 5.000 euros), aunque las obras en realidad valían mucho menos y eran chapuceras.

El diario ‘El Periódico de España’ realizó un recorrido por las obras que se realizaron en los cuarteles y encontró numerosas irregularidades, como en Ávila, donde en los municipios Arenas de San Pedro y Pedro Bernardo no retiraron los cuadros de las paredes para pintar. En El Tiemblo no movieron el armario del comandante y pintaron alrededor, y en El Barraco dejaron el cuartel pintado de dos colores, usando el blanco cuando el resto de las dependencias estaban en crema.

Las obras en el caso de Navarredonda de Gredos fueron sin pintura y los guardias civiles tuvieron que acompañar a los contratistas para comprarla. En Arévalo, no pusieron enchufes para los secamanos, y en Cebreros, se dejaron cinta de carrocero y el despacho del comandante en dos colores.

En Jacarilla (Alicante), solo se pintó la fachada, y en Castellón (Vall de Uxó) se facturaron obras que nunca llegaron a ejecutarse."              (Javier F. Ferrero  , Contrainformación, 28 marzo 2023)

El jefe del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, detenido por la UCO en una operación antidroga

 "«Esto se veía venir», dicen entre los agentes que están a las órdenes del comandante del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, un subteniente que lleva al menos tres años en ese destino. Este mando fue detenido y posteriormente puesto en libertad la pasada semana, según confirmaron a ABC fuentes oficiales de la Comandancia de Toledo este lunes, aunque aseguraron desconocer los motivos de su arresto. «No se dan más detalles por tratarse de una operación reservada de unidades de investigación de la Guardia Civil ajenas a esta comandancia», añadieron.

Los agentes que lo detuvieron eran de la Unidad Central Operativa (UCO) llegados desde Madrid, concretamente investigadores de estupefacientes, aunque los instructores son los de blanqueo de capitales. «Cuando hay involucrado un jefe de unidad, tienen que venir compañeros de otras unidades especiales... Y, si la UCO interviene, debe ser algo gordo», explicaron otras fuentes sobre una operación por tráfico de drogas en la que hay más detenidos, si bien no precisaron el número.

El domicilio de este mando de Ocaña fue registrado y los investigadores encontraron supuestamente droga y utensilios que se emplean para el tráfico, según otras fuentes. «Iba a lugares en los que no debe de estar un guardia civil y tiene una relación con la responsable de un club de la comarca», relataron.

Este subteniente veterano tiene a su cargo cerca de una treintena de agentes en un cuartel abierto las 24 horas porque cuenta con calabozos. «Como jefe, muy bueno y trabajador», manifestaron otras fuentes de ABC, que desconocían si continuaba al frente del puesto, uno de los veinte que dependen de la Compañía de Ocaña, mandada por un capitán.

«Cuando pasa algo de esto, o te das de baja o te suspenden provisionalmente a la espera de juicio», dijo un agente, que se enteró de la detención de su superior esta mañana, aunque se habría llevado a cabo el pasado martes.

El agente, domiciliado en la localidad toledana de Mora, lleva en la cárcel desde el 15 de diciembre. Está acusado de delitos contra la salud pública y organización criminal

«Los garbanzos negros existen y nos dan mucho asco, y más con lo que ha pasado con el caso Cuarteles. Es vergonzoso», se lamentaron guardias civiles que conocen al agente involucrado en esta operación antidroga de la UCO.

Esta detención se conoce tres meses después del arresto de un guardia civil domiciliado en la localidad toledana de Mora. Lleva en la cárcel desde el 15 de diciembre por la presunta comisión de dos delitos: contra la salud pública y organización criminal, liderada supuestamente por un quincallero del pueblo conocido como la Rubia.

El agente fue arrestado dentro de la Operación Ramo de la Policía Nacional, que se cerró con 620 kilos de cocaína intervenidos y 38 detenidos, además de incautar 35 vehículos de alta gama e intervenir más de 360.000 euros en efectivo."                    (Manuel Moreno y Cruz Morcillo  , ABC, 20/03/23)

Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Cargos investigados en noticias de los últimos días

AntonioMaestre @AntonioMaestre

Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Hilo con cargos investigados en noticias de los últimos días.

Eugenio Pino, Director adjunto operativo de la Policía Nacional. Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía. Caso Kitchen.

José María Tocornal, comisario jefe de Fuengirola, detenido en una trama de tráfico de diamantes.

Teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Imputado por corrupción en la reforma de cuarteles.

Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila. Imputado en una trama de corrupción en la reforma de cuarteles.

General de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Imputado en el caso Mediador. En prisión provisional.

Un teniente coronel del Ejército destinado en la VI Zona de la Guardia Civil. No ha trascendido el nombre, se realizó un registro en el cuartel de Benimaclet. Todos estos casos son noticias de actualidad. ¿Para sentirse seguros, verdad?

8:15 a. m. · 7 mar. 2023
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Las dádivas del general corrupto de la Guardia Civil en el ‘caso Mediador’

 ""¿Aquí qué hay? ¿Mil, no?” “Sí, coño [...]”. “Acepto, tiene 2.000, o sea 1.000, 20 billetes [de 50 euros]” “Vale, ¿cuánto tiene ahí?”. “Hay 20”. “Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez. 1.500”. “Venga, perfecto”. El 26 de enero de 2021, Marcos Antonio Navarro, integrante confeso de la trama de corrupción desmantelada en el caso Mediador, se reunía con uno de los presuntos cabecillas, el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Navarro, sin que lo supiera su interlocutor, estaba grabando con su teléfono móvil el sonido de aquel encuentro en el que, tras contar los billetes, le entregaba al alto mando del instituto armado una supuesta comisión de 1.500 euros por las gestiones que el general supuestamente había hecho para favorecer a un empresario, según destaca un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El mismo documento policial, fechado el 8 de febrero, poco antes de las primeras detenciones, destaca que aquel dinero no fue la única dádiva que presuntamente recibió el general Espinosa. Las pesquisas recogen el pago de billetes de avión, estancias en hoteles, tarjetas prepago, quesos canarios e, incluso, una caja de puros que el alto mando mandó ir a recoger al aeropuerto a uno de los agentes a sus órdenes.

El general Espinosa es uno de los 12 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción asentada en varias islas que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Espinosa ―ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él― es el único de los arrestados al que la jueza del caso Mediador ha enviado a prisión provisional. Sobre él pesan acusaciones de cohecho y organización criminal, bajo la sospecha de haber cobrado comisiones por, entre otros motivos, el supuesto amaño de cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros financiados con fondos europeos.

Según el relato contenido en los documentos policiales, el modus operandi del general era recibir a los empresarios en su despacho oficial en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para “seducirlos” de su capacidad de influencia, para posteriormente almorzar en un restaurante cercano en el que “en ocasiones” estos le entregaban algún presente “como parte del engrasamiento hacia el funcionario [para facilitar su colaboración]”. Los investigadores destacan que a partir de ese primer encuentro los empresarios incrementaban “el gasto de los supuestos sobornos” al general que, junto al pago de vuelos, hoteles y otras comidas, incluía la entrega de dinero en efectivo y de tarjetas prepago. Las pesquisas han revelado que Espinosa pidió o recibió en tres ocasiones, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, uno de estos modos de pago que hace muy dificultoso identificar a quién la utiliza.

El informe de la Guardia Civil detalla que el alto mando se integró presuntamente en la trama en septiembre de 2020 ―cuando ya era el director del Proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad― y permaneció en ella aproximadamente un año, hasta que “los empresarios comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos no veían prosperar el resultado prometido”. En ese tiempo, las pesquisas lo vinculan con cuatro empresarios y, sobre todo, con el mediador de la red de corrupción, Navarro Tacoronte, también con antecedentes policiales que datan de hace 20 años. Este, tras su detención en enero del año pasado acusado de estafar 2.575 euros, comenzó a colaborar con la justicia y delató al resto de integrantes de la trama, entre ellos al general, al que situó en su epicentro al asegurar que actuaba “como mediador de las negociaciones llevadas a cabo a cambio de una comisión”. Navarro acompañó sus acusaciones con documentos, fotografías y audios de las visitas que tanto él como los empresarios hicieron al despacho que el alto mando tenía en la sede principal de la Guardia Civil en Madrid. Los investigadores recalcan en sus informes que el testimonio del arrepentido ha sido corroborado con numerosos documentos durante las pesquisas.

Navarro aseguró que el general, al que la trama se refería con los alias de Papá y Viejo, era “mucho más prudente” a la hora de recibir “regalos” que el otro presunto cabecilla de la trama, el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, aunque detalló que ello no impidió que los empresarios a los que prometía ayudar le pagaran todo tipo de regalos. También aseguró que Espinosa pidió a uno de ellos que contratase como comercial, con un sueldo de 3.000 euros al mes, a una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, y a la que el propio alto mando se refería en sus conversaciones por WhatsApp con otros miembros de la trama como “el chocho volador”. Navarro añadió que el general justificó precisamente su intervención en la trama en que “tenía que buscarse un futuro económico porque se iba a jubilar [pasó a retiro en enero de 2021] y tenía que buscar un porvenir” tanto para él como para esta mujer.

En su declaración, el mediador aseguró que él entregaba en mano al general un sobre con dinero ―entre 1.500 y 3.000 euros ― cada vez que se veían y que estos fondos eran aportados por los empresarios, uno de los cuales llegó a pagar a lo largo del tiempo cerca de 20.000 euros para entregárselo a Espinosa. El informe de la Guardia Civil destaca que Navarro aseguró ante la jueza que Espinosa llegó a prometer a uno de estos empresarios ayuda para conseguir un contrato para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por un valor de 35 millones de euros, gestión por la que el general pretendía cobrar supuestamente un 10% “por gastos de representación”.

El mediador también afirmó ante la jueza que, en cierta ocasión, Espinosa le facilitó la numeración de una cuenta bancaria de una entidad belga para que le ingresase allí el dinero, pero que, como estaba “un poco borracho”, le mandó horas después un mensaje para pedirle que no transfiriera nada “porque faltaban números”. El mediador aseguró que, finalmente, nunca envió dinero a esa supuesta cuenta. La magistrada ha pedido ayuda a las autoridades belgas para intentar localizar esa cuenta, cuya existencia revelaría, según el informe de la Guardia Civil, “un evidente afán [...] en ocultar o encubrir las ganancias que ilegítimamente obtuviera”. La investigación también rastrea posibles bienes que Espinosa pudiera tener en los países del Sahel donde operaba el proyecto que dirigió durante casi cuatro años como general de la Guardia Civil.

Ascendido por los ministros Fernández Díaz y Zoido

El general Francisco Espinosa, al que los investigadores sitúan como cabecilla de la “rama empresarial” de la trama de corrupción, medró en la Guardia Civil durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy encausado en el caso Kitchen, y el de Defensa, Pedro Morenés, lo ascendieron a general de brigada en 2012 y le destinaron como segundo jefe del Estado Mayor del instituto armado. Sus sucesores, Juan Ignacio Zoido, hoy europarlamentario del PP, y María Dolores de Cospedal lo volvieron a ascender en diciembre de 2016 al nombrarlo general de división tan solo cinco días antes de que pasase a la reserva, lo que permitió a Espinosa seguir en activo, según detallan fuentes del instituto armado. Gracias a esta decisión, el general, del que algunas fuentes destacan su cercanía personal con Zoido —ambos son sevillanos—, pudo permanecer en activo hasta 2021. En esos años ocupó, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde 2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por la Comisión Europea en esta zona de África. Pese a que pasó a la situación de retiro en enero de aquel año, en este último destino permaneció operativo unos meses más, según refleja las nóminas que recibió y que obran en el sumario. Según la investigación, la supuesta implicación del general Espinosa coincide en el tiempo, precisamente, con su permanencia en este cargo. De hecho, la jueza investiga si desde ese cargo amañó cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros."                (Óscar López-Fonseca , Guillermo Vega , El País, 24/02/23)

La alargada sombra de la corrupción del narco: un agente infiltrado es expulsado de la Guardia Civil... El Tribunal Supremo dictamina que un guardia condenado por filtrar investigaciones en Galicia debe abandonar el cuerpo por “sabotear” a la UCO y poner en grave riesgo a compañeros y confidentes

 "La información es la principal estrategia en la guerra contra el narcotráfico que se libra desde hace ya cinco décadas. El objetivo de la policía es apresar cargamentos mientras el narco trata de evitar a cualquier precio la pérdida de su valiosa materia prima. En este cruce de intereses no hay casualidades, sino un constante espionaje mutuo donde agentes infiltrados y narcos confidentes se mueven en un peligroso tablero arriesgando su vida o cayendo en la corrupción. Es el caso del exagente Javier López Suárez, al que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado la sanción, que conlleva la expulsión de la Guardia Civil por haber filtrado y “saboteado” información de operaciones a narcotraficantes gallegos.

Pese a la condena, el agente, de 38 años y adscrito a la Policía Judicial, que tenía acceso a información reservada de las unidades de ECO y EDOA del instituto armado desde la comandancia de Pontevedra y desbarató decenas de operaciones policiales que se habían puesto en marcha a partir de 2013, pretendía seguir vistiendo el uniforme. Pero el Supremo ha desestimado su recurso contra la resolución de la ministra de Defensa de 20 de enero de 2021 por la que acordó la expulsión del guardia.

Defensa consideró al agente autor de un delito de revelación de secretos, que “causa grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica”, previsto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. La sentencia recoge que la conducta del agente se desvió para neutralizar las investigaciones realizadas por el Equipo contra el Crimen Organizado (UCO) cuando su deber profesional le obligaba a perseguirlas.

“Se ve claramente perjudicada la dignidad de la Guardia Civil por la condena a uno de sus miembros por un delito de revelación de secretos, lo que resulta expresivo de la dejación de las cualidades de integridad y dignidad que la sociedad presume en los miembros del instituto armado”, proclama el tribunal, que considera proporcionada la sanción impuesta por la naturaleza del delito cometido. Se refiere a la “frontal oposición” del agente “a los deberes de rectitud, integridad y respeto a la ley exigidos a los miembros de la Guardia Civil”, incide.

Confidentes con una gran proyección

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra de junio de 2018 condenó al guardia Javier López Suárez y a su compañero Diego Fontán, de 39 años e hijo de otro agente de los servicios de información, a la pena mínima prevista de tres años de prisión y dos de inhabilitación frente a los 11 que solicitaba la Fiscalía, con la inhabilitación absoluta para ambos acusados. El fallo solo apreció un delito de revelación de secretos y no el de integración a un grupo criminal junto a los confidentes a los que pasaban información. La sala concluyó que los agentes filtraron información reservada, pero no quedó suficientemente acreditado que los datos en cuestión “fueran material exclusivo de los mandos”, como tampoco que los archivos de confidentes o matrículas de vehículos camuflados que manejaron los acusados estuvieran debidamente protegidos.

López y Fontán fueron descubiertos tras una investigación interna de los servicios de información de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron después de que en apenas seis meses, entre enero y julio de 2013, se hubieran frustrado hasta cuatro investigaciones en curso, algunas judicializadas, contra grupos de narcos que operaban desde el sur de Pontevedra. Los “agentes dobles”, que tenían acceso a material sensible, tanto informático como fotográfico, utilizaban a un presunto narco de Vilanova de Arousa, Juan Carlos Santorum Navazas, que se encargaba de hacer de mensajero y enlace entre los agentes y los traficantes investigados.

El grueso de la información confidencial era trasladada así a un traficante del segundo escalón, que hacía de intermediario para las organizaciones y que fue condenado por ello a dos años de prisión. El correveidile entre agentes y narcos se convirtió en la diana de grandes operaciones policiales como la que desbarató en 2020: el desembarco de un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportó el buque Karar en plena pandemia y por el que está procesado. La información acumulada por Santorum, un experto en obtener filtraciones, lo situó en el foco de las fuentes mejor informadas del narcotráfico.

El agente Javier López accedía a toda la información reservada que luego pasaba a su compañero y este a su vez filtraba a Santorum, que la vendía al mejor postor, según la investigación. Informes, operativos, seguimientos, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes o cualquier documento tramitado ante los juzgados llegaban a manos de los narcos. En el ordenador del agente Diego Fontán se localizaron unos 2.000 escritos confidenciales, mientras en el del presunto traficante se pudieron recuperar unos 500 archivos relacionados con los servicios antidroga y sus actividades.

El guardia ahora expulsado que se ha resistido a abandonar la Guardia Civil “filtró a los propios investigados por narcotráfico en diversas operaciones información relevante y sensible de las actuaciones que les afectaban, frustrando su detención y facilitándoles su impunidad”, dice el Tribunal Supremo. “Filtró la relación de confidentes con todos sus datos personales, provocando un grave riesgo para su integridad; filtró la información concreta que estos confidentes habían suministrado a la Guardia Civil; filtró los datos personales y reservados de los miembros de su unidad, poniéndoles, igualmente, en peligro; y filtró información reservada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Pontevedra”, abunda el fallo.

La justicia subraya que “saboteó durante, al menos, seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes”. “Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado en la persecución del delito y este grave daño a la Administración no puede ser más evidente”, añade. Por ello, el tribunal incide en que “el comportamiento del recurrente choca frontalmente con los deberes de honradez y probidad que exigen su pertenencia a la Guardia Civil, de cuyos miembros se predica, precisamente, un plus de moralidad y eticidad que es exigible a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”.                   (Elisa Lois , El País, 02/07/22)

Cae un entramado de corrupción policial en el mayor golpe al narco de la historia del país

 "Para dimensionar la importancia de este caso, recurramos a un ejemplo: el Gobierno central anunció días atrás un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros; pues bien, el quebranto económico causado a esta organización se ha estimado en 525 millones. 

No son simples bandas que se exhiben en redes sociales con chándales de Versace, sino peligrosos narcos que controlaban el tráfico de drogas por los puertos de Tánger y Algeciras. Elementos a los que gustaba pasar desapercibidos, capaces de tejer una red de agentes supuestamente corruptos que salpicaba a distintos cuerpos de seguridad y que era la garantía de que el alijo cruzase la frontera. Sí o sí. 

Son el Clan de Tánger y el Clan del Sur. Probablemente, las dos redes de mayor impacto en el tráfico de drogas a través del Estrecho y que, tras año y medio de investigación, han sido desmanteladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta, Corsini-Imperium, que ha permitido detener al menos a cinco agentes del Instituto Armado que operaban en el recinto portuario de Algeciras, un policía destinado en Ceuta, un auxiliar administrativo de Aduanas y un expolicía local. En total, 61 detenidos.

Fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial sitúan esta investigación como una de las más importantes llevadas a cabo en el país en la larga lucha contra el narcotráfico, "probablemente en la que más droga se ha intervenido". Y la verdad es que las cifras son mareantes. Se han incautado más de 83.680 kilos de resina de hachís, así como 9,76 toneladas de clorhidrato de cocaína. Aunque los investigadores han logrado imputarles su participación en la introducción de otros aproximadamente 67.275 y 6.200 kilogramos de ambas sustancias, respectivamente. Por lo que las cantidades de una y otra droga superarían las 150 y casi 16 toneladas de peso.

La estimación del valor de estos alijos ronda los 525 millones de euros —algo más de 170 millones, el hachís; y 350 millones, la cocaína— y se ha descubierto en torno a 1,1 millones que estaban en posesión de alguno de los 61 detenidos que han ido cayendo a o largo de las siete fases de la operación. Un total de 31 de estas personas han sido arrestadas en suelo español, mientras que el resto fueron interceptadas, principalmente, en Francia y Marruecos.

Los agentes de ambos cuerpos llevaron a cabo 34 registros e intervenciones en distintas partes del país —Málaga, Cádiz, Granada, Ceuta, Palma de Mallorca, Barcelona...— que evidencian la capacidad operativa de las redes investigadas. En estas inspecciones hallaron "miles de joyas", así como al menos ocho armas de fuego, entre las que destacaba un auténtico 'unicornio', una muestra tan grande de mal gusto, como de poderío económico: un AK47 hecho de oro y brillantes digno del mismísimo Tony Montana.

También se han intervenido 35 vehículos, entre los que desatacaban numerosos camiones articulados en los que distintas organizaciones transportaban la droga. Porque la importancia de la operación Corsini-Imperium es que no solo se ha golpeado a los grupos que traficaban en diversos países, sino que su gran valor es que se han desactivado las presuntas tramas corruptas que gestionaban los 'filtros' de entrada al continente por el estrecho de Gibraltar. El Clan de Túnez y el Clan del Sur. Dos redes que extendían sus tentáculos entre miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que cobraban a las otras bandas por permitir el paso seguro de sus cargamentos a través de los dos grandes puertos del norte de África y el sur de Europa: Tánger Med y Algeciras. Replicando un 'modus operandi' similar al utilizado por las organizaciones holandesas para tomar el recinto portuario de Rotterdam.

La investigación que por primera vez les ha hecho hincar la rodilla se inició hace aproximadamente año y medio, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol pertenecientes a la Comisaría de Fuengirola intervenían en el municipio de Alhaurín de la Torre un alijo de 11 toneladas de hachís. Días más tarde, eran los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil los que interceptaban un camión "cargado" de hachís. Según pudo saber este periódico, se detectó un nexo común entre ambas investigaciones y los dos cuerpos decidieron trabajar conjuntamente para llegar hasta la desarticulación de ambos clanes. "Ha sido una excelente labor de coordinación", destacaron las fuentes consultadas, que señalaron que "no hubiésemos logrado el objetivo final de no ser así".

Desde el inicio de las pesquisas, ambos cuerpos han llevado a cabo siete fases, o 'tiradas', como se les conoce en el argot policial, en las que han ido incautándose de diversos alijos hasta sumar las impresionantes cantidades anteriormente descritas. Se han detenido a numerosos camiones a lo largo de las carreteras españolas, y otros eran capturados en suelo francés. Y todos ellos con cantidades exageradas de droga que ni siquiera se preocupaban en ocultar. Ni un doble fondo con sistema hidráulico, ni algo tan sencillo como camuflarla entre una carga legal. Lo más curioso, y parecido a un sistema de ocultación, dos cargamentos en los que los narcos habían moldeado la resina de hachís con formas de tomate y melones para después envolverla con papel celofán de color rojo y verde.

Agentes implicados

Esta despreocupación, unida a las elevadas cantidades de las aprehensiones, hizo pensar a los responsables del caso que podían haber contado con ayuda en la frontera. Obtuvieron la trazabilidad de los distintos transportes intervenidos y se detectó un patrón que hizo que las pesquisas se centraran en un turno de agentes de la Guardia Civil que operaba en los filtros de acceso del puerto algecireño.

El líder del Clan del Sur, un individuo de origen magrebí, se encuentra fugado

Las fuentes consultadas señalaron que algunos de los guardias habían sido captados por el Clan del Sur para —supuestamente a cambio de dinero— "facilitar la entrada de los alijos" dejando sin inspeccionar los vehículos que los transportaban y "ofreciendo información relevante" de esa importante base del Instituto Armado —número de efectivos, turnos...— para programar los envíos.

El cabecilla de este supuesto entramado corrupto era un guardia civil que residía en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y cuya ascendencia sobre el resto hacía que acatasen sus instrucciones. Estos, presuntamente, hacían la vista gorda sobre los camiones o contenedores de mercancías en los que viajaba la droga. Pero no eran los únicos miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente implicados. Un policía nacional destinado en Ceuta fue detenido en esta ciudad autónoma a mediados de mayo en la última fase del caso. Se le investiga por revelación de secreto. También ha sido arrestado un auxiliar administrativo de Aduanas, así como un expolicía local de fuera de la región que se había asentado en tierras andaluzas.

Al menos han sido arrestados cuatro guardias civiles, a los que se une un quinto que es investigado no detenido. Según pudo saber este periódico, la captura de todos ellos ha generado un gran orgullo entre sus compañeros porque han acabado con "unos elementos que ensuciaban el trabajo y la imagen del cuerpo".

Estos ocho agentes presuntamente trabajaban para el Clan del Sur, que estaba liderado por un individuo de origen magrebí que en la actualidad se encuentra fugado. Esta organización cobraba un 'peaje' a distintas redes del narcotráfico que previamente habían pagado una 'mordida' al Clan de Túnez. De esta forma, se aseguraban el paso, sin sobresaltos, por las fronteras marroquí y española. Compraban la seguridad del éxito, y ahí estaba el origen de su impunidad.

El entramado cobraba grandes cantidades por un paso seguro de los alijos por la frontera

El Clan del Sur "no movía droga", especifican las fuentes consultadas, que añadieron que su función principal era controlar los filtros de entrada al país. "Facilitaban el acceso". Así de simple. Y así de lucrativo.

El grueso de los detenidos, entre los que también hay algún empresario, se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Y, aunque la investigación ha sido liderada por los agentes de la Udyco Costa del Sol y el EDOA, en las distintas intervenciones han estado apoyados por efectivos de distintas unidades, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) o el Grupo de Acción Rápida (GAR), que realizaron el asalto de algunos inmuebles en los que se encontraban sospechosos.

Las distintas fuentes destacaron que, con base en la droga intervenida, posiblemente sea el mayor golpe al narcotráfico asestado en España y dan por "desmantelados" ambos clanes."              (Pablo D. Almoguera, El Confidencial, 04/06/22)

Informe GRECO: España incumple sus compromisos contra la corrupción

 "El informe que elabora el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se ha publicado hoy. En él se hace una evaluación detallada del cumplimiento de los compromisos adoptados por sus miembros.

Concretamente, a España le señala el incumplimiento y subraya que «no ha implementado por completo ninguna de las 19 recomendaciones» a las que se había comprometido. Siete recomendaciones se han desarrollado parcialmente y 12 de ninguna manera.

El punto 108 del informe dice literalmente:

«En vista de lo anterior, GRECO concluye que España no ha cumplido satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda. De las recomendaciones, siete se han aplicado parcialmente y doce no se han aplicado.»

Se da un plazo hasta el 31 de marzo del 2023 para que se presente información sobre las recomendaciones que están pendientes de ser implementadas.

La pandemia y las elecciones como excusa

La excusa que se ha dado desde el ejecutivo español ha sido la celebración de elecciones generales en 2019 así como la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Entre los puntos pendientes de cumplimiento están los aforamientos, que debían ser modificados para «no obstaculizar el proceso de justicia penal con respecto a miembros del Gobierno sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción». Una cuestión que está pendiente.

También tiene España la asignatura pendiente de transparencia, concretamente sobre la divulgación financiera de las personas con funciones ejecutivas superiores. Desde el GRECO consideran que «se puede mejorar» a través de un mayor desglose para una mejor transparencia. Este es uno de los siete puntos en los que se han tomado medidas, pero no las suficientes.

Señala además el informe que una cosa es poner sobre la ley los puntos necesarios y otra distinta es llevarlos a la práctica. Concretamente se ha referido a la Oficina de Conflictos de Interés como el Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno.

Sobre los asesores de altos funcionarios, se subraya también la importancia de establecer transparencia sobre ellos, de la misma manera que se establece para los funcionarios para los que trabajan. Una de las medidas que no se ha abordado de ninguna manera por parte de España.

Destacan también los conflictos de intereses y la necesidad de introducir pautas y normas claras sobre cómo personal encargado de funciones ejecutivas a elevado nivel tienen contactos con terceros que buscan influir en las labores legislativas. En este punto también hacen referencia a un necesario control de las denominadas «puertas giratorias» para poder establecer un claro recorrido del empleo de estos asesores y altos funcionarios después de su trabajo.

Las medidas tomadas para evitar la corrupción en la policía son «decepcionantes»

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones que tienen que ver con las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se considera en el informe como «decepcionante».

El GRECO ha subrayado «la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía» más allá de promover la igualdad de género. «Es una oportunidad perdida» para los redactores del informe.

Señalan la necesidad de una acción «decidida» para poner en marcha estrategias de prevención de la corrupción de manera proactiva, no meramente reactiva, en el ámbito policial."                 (Beatriz Talegón, Diario16, 29/03/22)

El Supremo anula y ve "sonrojante" la absolución a un coronel de la Guardia Civil por narcotráfico a gran escala... el narcoestado andaluz después del narcoestado gallego

 "El Tribunal Supremo ha anulado la absolución por los delitos de narcotráfico a gran escala y cohecho del coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella, dictada por la Audiencia Provincial de Granada en septiembre de 2019 sobre unos hechos ocurridos cuando el mando era comandante antidroga en la provincia andaluza.

 Los jueces de Granada consideraron probado que García Santaella había participado en la introducción de dos entregas de hachís por la costa a finales de 2005 y principios de 2006, pero no aplicaron el tipo agravado de narcotráfico, lo que condujo a declarar los hechos como prescritos. Tampoco consideraron probado que García Santaella hubiera cobrado por aquello. Cuando elDiario.es desveló la investigación contra Santaella el coronel estaba destinado en la Dirección General de la Guardia Civil y estaba a punto de ascender a general. 

 Ahora, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha accedido elDiario.es, ordena repetir el fallo en un auto cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta. La sentencia en casación del Supremo censura duramente el fallo previo de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, cuyo ponente fue Juan Carlos Cuenca Sánchez, acompañado en el tribunal por José María Sánchez Jiménez y Aurora Fernández García. Estos tres jueces no incluyeron en el cálculo del delito contra la salud pública las cuatro toneladas de hachís de baja calidad ("apaleao", como se conoce vulgarmente) que los narcos y el entonces capitán García Santaella pusieron a la vista de los investigadores en una tercera entrega para distraer y lograr introducir el hachís de calidad. 

 "Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 'regalo' al Estado, del que nunca podría obtener ningún beneficio, tratándose de una conducta enmarcada en una operación de narcotráfico", escribe Martínez Arrieta y suscriben sus cuatro compañeros del tribunal, entre los que se encuentra el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Sin esos 4.000 kilos de costo "apaleao" no alcanzaba, según el cálculo de la Audiencia de Granada, para aplicar el tipo agravado que extendería la prescripción del delito. Pero el Tribunal Supremo les corrige: "El tipo de la especial gravedad no solo resulta del peso extremo del objeto del tráfico, también cabe en los supuestos de utilización de embarcaciones, y el relato fáctico refiere el empleo de una embarcación de la que descargan y dos 'gomas' [lanchas neumáticas], según relatan los testigos". "Además el acusado era autoridad en la lucha contra el tráfico de drogas y la cantidad era notoriamente importante, sin que sobre esas cualificaciones agravatorias se diga absolutamente nada", añade la resolución del alto tribunal.

Los jueces de Granada apreciaron escasa credibilidad en el testimonio que acusaba a García Santaella de haber recibido 120.000 euros y un coche como pago por uno de los desembarcos de droga. Los magistrados del Supremo corrigen ahora: "Nada dice el fallo de la segunda operación de desembarco que fue objeto de acusación". Tampoco se pronunciaba la Audiencia de Granada sobre el hecho de que un funcionario público delinca gravemente a cambio de nada. "Al menos requiere un esfuerzo argumentativo superior al de la falta de credibilidad de quien asume realiza la entrega", añaden en el Supremo.

"Los hechos probados son de una extraordinaria gravedad. El que el máximo responsable policial de la demarcación, encargado de la represión penal de conductas delictivas relativas al tráfico de sustancias estupefacientes, sea acusado, y se declare probado, que colabora con los autores de la llegada a España, vía marítima, de las sustancias que debe reprimir, resulta escandaloso, si bien es absuelto porque se desconoce el peso de la sustancia tóxica y esa falta de determinación incide en la calificación de los hechos (...) y consecuentemente están prescritos", resumen los magistrados de la Sala de lo Penal. Si el señuelo era de 4.000 kilos de hachís, añade el auto del Supremo, se puede "racionalmente suponer que las otras dos [entregas] , con las que el acusado se concierta dejándoles actuar, deberían ser de una cantidad sensiblemente superior".

El fallo de la Audiencia Provincial había sido recurrido por la Fiscalía, por considerarlo "arbitrario e incoherente". El Ministerio Público había solicitado en la vista oral nueve años de cárcel para Santaella. La Asociación Unificada de Guardias Civiles también recurrió, ejerciendo la acusación popular, así como el propio coronel, que no estaba de acuerdo con que se considerara probado en el fallo que él había participado en el tráfico de hachís a gran escala. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial deberán volver a deliberar y redactar una nueva sentencia.

Los 'pinchazos' sobre un tal "Padre"

El fallo del Tribunal Supremo amenaza con poner fin a 30 años de impunidad de García Santaella, ya que la primera investigación por corrupción contra él data de hace tres décadas. Incluso un antiguo jefe del Servicio de Asuntos Internos resultó imputado, en una causa contra él finalmente sobreseída, por no haber llevado al juzgado los indicios contra García Santaella que habían acumulado sus subordinados.

Tuvieron que ser agentes Antidroga de la comandancia quienes, en unas escuchas en el marco de una investigación por narcotráfico, apreciaron unos comentarios de los 'narcos' sobre un tal "Padre", con el que habrían trabajado en el pasado. Cuando llegó el momento de detener a los narcos averiguaron que "Padre" había sido el jefe Antidroga de la Comandancia, en ese momento miembro ya del Estado Mayor de la Guardia Civil y con despacho a escasos metros del entonces director general, Arsenio Fernández de Mesa.

La información de elDiario.es sobre la investigación a García Santaella, bajo secreto entonces en un juzgado de Granada, motivó su inmediata destitución. El coronel estaba a punto de ascender a general de la Guardia Civil, proceso que se detuvo en aquel momento."                    (Pedro Águeda, eldiario.es, 23/11/21)

Existe un grave problema en el sur de corrupción policial por parte de los narcos

 "El Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, ha marcado “un antes y un después” también en la lucha contra la corrupción de los agentes de la zona, según asegura a Efe Miguel Ángel Ramos, portavoz en de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz.

En ese periodo han sido detenidos por contactos con narcos 34 agentes, entre ellos el que fuera jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Pero la situación sigue preocupando, según un atestado que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Brigada de Estupefacientes de la Policía han remitido a la Audiencia Nacional y en el que exponen que “existe un grave problema de corrupción policial en el sur de España”, según publica hoy eldiario.es.

Este atestado forma parte del sumario que instruye la Audiencia Nacional, por el que el juez envió a prisión el pasado mes de junio al guardia civil Antonio Jesús P.Ll., destinado en el puerto de Tarifa y conocido como “Ojos de loco” o “El Fuerte”, y a otro agente.

Según eldiario.es, la investigación sobre estos agentes se inició cuando, a través de un micrófono oculto, los policías que investigaban a una de las mayores redes de tráfico de drogas de España, escucharon que un guardia civil se había ofrecido para trabajar para ellos.

Ahí se inició una nueva investigación que llevó a la detención de “El Fuerte”, que llevaba una década facilitándole las operaciones a los narcos.

Los investigadores, siempre según eldiario.es, explican que este agente pidió a los narcos 12.000 euros para sentarse en una reunión y 50.000 euros en el momento de la entrada del camión cargado con droga.

Miguel Ángel Ramos, que trabaja en La Línea de La Concepción, explica que las redes del narcotráfico siempre han tratado de tentar a los agentes de la zona.

“Fui a comprarme una moto a una tienda de La Línea de La Concepción. Yo pedí una de 2.500 euros. Allí mismo me dijeron que cogiera una que valía 12.000 euros, que la probara y me la quedara, que alguien la pagaría. En ese momento llegó un compañero con una moto como la que me estaban ofreciendo y me dijeron, mira él tiene una igual. Yo ya lo entendí, lo rechacé y me fui a comprar la moto a Málaga”, ha relatado a Efe un agente que trabaja en la zona.

Es uno de los ejemplos de cómo los narcotraficantes tratan de iniciar los contactos para corromper a los agentes.

“Si en ese primer contacto dices un no tajante, que es lo que dicen casi todos los agentes, no vuelven”, comenta otro miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“No es algo generalizado”
El portavoz de la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, que engloba a una veintena de colectivos antidroga y asociaciones y sindicatos policiales en el Campo de Gibraltar, y presidente de la coordinadora contra la droga Alternativas, Francisco Mena, sostiene que “no se trata de algo generalizado. Esto no es México o Colombia, sería injusto considerarlo algo muy extendido”, en referencia a los agentes corruptos.

Para Mena ha sido clave que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar haya “profundizado en la investigación del dinero del narcotráfico. En el blanqueo entra en juego mucha otra gente vinculada a las organizaciones. No se trata sólo de agentes policiales, sino que es algo que afecta a todas las capas de la sociedad”.

Eso sí, el portavoz de la plataforma pide mano dura con los efectivos policiales que se dejen comprar por los narcotraficantes: “Si un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es condenado o sancionado por estos hechos no puede volver a ejercer”.

Mena considera que “los narcotraficantes no son arbitrarios cuando tratan de corromper a los agentes. Saben a quién tocar, conocen su situación económica o familiar. Ahí ya entra en juego la catadura moral de cada uno”, señala.

Coincide, además, con reclamación generalizada de las asociaciones policiales y de guardias civiles de declarar la provincia como Zona de Especial Singularidad. “Todo lo que suponga mejorar la situación económica de los agentes reduce el riesgo y la tentación”, apunta.

Colectivos de agentes
Por su parte, el secretario de Comunicación de la AEGC a nivel nacional, Juan Amado, también subraya que “no creo que se trate de un problema grave de corrupción por la cantidad de agentes que son, por que son una minoría entre más de mil guardias civiles destinados en la zona”.

Igualmente, defiende la declaración de Zona de Especial Singularidad, “no porque vaya a evitar que haya agentes corruptos por ganar doscientos euros más, pero sí porque el trabajo es muy duro, es una zona muy complicada. Hay muchos compañeros que sufren agresiones, que están amenazados de muerte, amenazan a sus familias…”.

El secretario de Organización de AUGC, Luis Bueno, lamenta que “es un porcentaje muy pequeño” el de agentes corruptos, “cuando somos más de dos mil en la provincia”. “El narcotráfico genera mucho dinero y para algunos una cantidad como los 10.000 euros que menciona el informe pueden ser un caramelo”, explica.

Como solución, insiste en la necesidad de declarar a toda la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, con incentivos que mejoren las condiciones de los guardias civiles y demás efectivos policiales desplazados a la misma."                  (Andalucía Información, 07/10/21)