Jordi Pujol, Prenafeta, ¿el auténtico origen de los fondos que engrasan el movimiento independentista catalán?

"Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria, crearon una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán, derechista e insolidario, que está soportando Cataluña.

 Prenafeta ya había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5 de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal, sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta. 

Esta decisión determinó que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa​, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.

Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter delictivo.

Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían con Jordi Pujol y Artur Mas.

Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña, se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación de la sociedad Poliafrers S.A.

La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias, Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias. 

Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros, de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas; beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal ante la delincuencia de los poderosos.

Para mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”, creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que, a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y en Madeira. 

Para dificultar el seguimiento de sus operaciones, Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante transferencias, a 7.029.999,23 euros.

Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista. Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que, unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los ciudadanos.

 Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.

Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista, en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus presuntos responsables penales."

(Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal jefe anticorrupción, Crónica Global, 09/07/18)

Condenado a 5 años y 8 meses de cárcel el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz

"(...) Según el relato del Ministerio Público, la trama habría defraudado 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos desarrollados en Santa Coloma de Gramenet (Operación Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (Operación Niesma) y Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad.  (...)

Los magistrados describen el papel trascendental llevado a cabo en las ilícitas actuaciones urbanísticas por Luis García, conocido como “Luigi”. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”.

 Intervino en las operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas, ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

Comisiones ilícitas

Los jueces concluyen que el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. 

Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios ‘off shore’ para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.

Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan.

García resulta absuelto del blanqueo por cuanto el entramado societario utilizado fue el mismo que se empleó para cometer los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por los que ocultó que era él quien se encontraba detrás de las ilícitas operaciones llevadas a cabo en los tres ayuntamientos.

“Burlaron los principios rectores”

Por otro lado, el tribunal recuerda que los condenados han ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”."          (Carlota Guindal, La Vanguardia, 02/07/18)

Condenados los 11 acusados por el ‘caso Pretoria’ de corrupción urbanística en Barcelona

"La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados por la Operación Pretoria, la trama de corrupción urbanística que funcionó durante casi una década en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, en la zona metropolitana de Barcelona. 

A lo largo de una resolución de más de 1.300 páginas, los magistrados consideran probados los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Y sentencian al principal implicado, Luis Andrés García, alias Luigi y exdiputado del PSC, al que definen como el "conseguidor", "facilitador" e "intermediario".

Los jueces imponen la mayor pena a Luigi: siete años, un mes y 27 días de prisión, así como una multa de 14,1 millones de euros. También condenan a Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, exconsejeros de la Generalitat, pero solo a un año, 11 meses y 27 días. 

El tribunal les ha aplicado los atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, después de que ambos alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía. Por su parte, la resolución contempla una pena de caso seis años de cárcel para Bartomeu Muñoz; de dos años y tres meses para Manuel Valera; de un año y diez meses para José Singlá; de seis meses para Gloria Torres, Philip Mc Mahan y María Lluisa Mas; y de cinco meses y 29 días para Manuel Carrillo. El exconcejal Manuel Dobarco ha sido condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación.

Según la sentencia, los acusados tejieron entre 2002 y 2009 toda una red de corrupción en el área metropolitana de la provincia de Barcelona para participar en diferentes operaciones urbanísitcas y, en lugar de favorecer el interés público, enriquecerse. 

"Buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones", relata la Audiencia Nacional, que describe también cómo utilizaron para ello un entramado de intermediarios, testaferros y empresas.

Luis García jugaba un papel fundamental en esa red. Tras ejercer como diputado del PSC desde 1980 a 1988, el socialista contaba con "fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos" que le permitían ejercer como "conseguidor". De hecho, los jueces relatan que participó en operaciones en los tres municipios y que se encargaba de seleccionar a los posibles inversores. 

Después, influía para aprobar los cambios urbanísticos que les beneficiaban, a cambio de comisiones para él y los cargos públicos e intermediarios que intervenían. En Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, usó su amistad con el alcalde para lograr un "dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística".

La sentencia también detalla que Luigi influyó del mismo modo sobre el concejal de Urbanismo en San Andrés de Llavaneras, y en Badalona lo hizo a través del Consejero Delegado de la sociedad pública Marina Badalona. En esta localidad consiguió que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa."                 (J. J. gálvez, El País, 02/07/18)

‘Caso Pretoria’: Alavedra admite haber cobrado comisiones junto con Lluís Prenafeta

"Los acusados del Caso Pretoria empiezan a tirar de la manta. El exconsejero de Economía en los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra, ha admitido este jueves ante el tribunal haber cobrado comisiones ilícitas del 4%. Lo ha hecho después de que el fiscal ofreciera la semana pasada pactos a varios acusados para rebajar sus penas, como ha sido su caso. 

En concreto, Alavedra ha reconocido en su declaración como imputado en el juicio de Pretoria que se celebra en la Audiencia Nacional haber recibido comisiones junto con el exsecretario de Presidencia de la Generalitat en ese momento, Lluís Prenafeta, por ejercer de intermediarios. Fue gracias al uso de sus relaciones con políticos, ha admitido, que empresarios recibieron adjudicaciones públicas.

Hechos imputados

El acusado ha implicado a Antoni Castells, exconsejero de Economía y Política Territorial, en los hechos, aunque ha excluido a Artur Mas de la lista de políticos que intermedió a favor de empresarios. “Con Artur Mas, para nada”, ha contestado.

Alavedra ha reconocido todos los hechos que le imputa la fiscal Ana Cuenca. El ministerio público pide para él una pena de seis años y 10 meses de cárcel al considerar que ocultó comisiones ilegales a Hacienda a través de sociedades opacas. Cuenca ha anunciado este jueves que solicitará para Alavedra un pena que no suponga su ingreso en prisión si paga una multa de 10,3 millones. 

Venta de terrenos en Badalona 

En concreto, el exconsejero de Economía de Pujol ha reconocido haber recibido comisiones ilícitas del 4%, "que en este tipo de casos, es habitual", en la venta de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y de dos fincas en Sant Andreu de Llavaneres. En ambos casos, Alavedra presentó los compradores a Luis Andrés García Luigi, el cerebro de la trama.

Fue junto a Prenafeta que creó un "grupo de intermediación" entre empresarios y cargos públicos. En el caso de Sant Andreu de Llavaneres, el comprador acabó pagando una plusvalía de cuatro millones. En relación al exsecretario de Presidencia ha añadido que se "inquietó" cuando las encuestas daban como ganador de las elecciones a Artur Mas, y le dijo que el futuro presidente tenía que aceptar una adjudicación en la que estaba trabajando. 

La Fiscalía sostiene que tanto Alavedra como Prenafeta cobraron comisiones ilícitas por un importe total de unos 638.000 euros cada uno, que ocultaron a Hacienda con sociedades opacas y cuentas en Andorra y Suiza. "                   (Crónica Global, 23/03/17)

Ediles del PSC y ex dirigentes de CiU protagonizan el mayor caso de corrupción de Cataluña

"Su base de operaciones era Santa Coloma de Gramenet, de 120.000 habitantes, uno de los municipios de menor renta per cápita de Cataluña.

La trama llegó a embolsarse 32 millones de euros en comisiones. Eran los años felices. Entre los políticos catalanes reinaba el convencimiento de que Cataluña había quedado al margen de la corrupción urbanística que ya hundía Ayuntamientos y llevaba a la cárcel a alcaldes de media España. Todo pasó sospechosamente inadvertido hasta que Baltasar Garzón desembarcó con la Guardia Civil en octubre pasado en la primera gran intervención en Cataluña del ex juez de la Audiencia Nacional desde 1992.

Los pelotazos de Luigi requerían de una amplia agenda de contactos de alcaldes, concejales, abogados y otros cargos públicos que se concentraban sobre todo en el área de Barcelona. Y sus negocios no entendían de colores políticos. En su etapa en el Parlamento catalán había fraguado amistad en las filas convergentes con el ex consejero de Economía Macià Alavedra. Y este, a su vez, le presentó al que fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, para participar en varias operaciones urbanísticas durante la época del boom. Dos antiguos pesos pesados de CiU que también hacían sus negocios echando mano de su estatus de ex consejero.

La trama ha acabado salpicando casi por igual a los dos principales partidos catalanes. CiU ha visto caer del pedestal a Prenafeta y a Alavedra, dos de sus tótems. Al PSC le han torpedeado la flota más sólida de la que dispone, su red de alcaldes metropolitanos.

Pero ¿cómo logró un sindicalista llamado García tamaños contactos en la crema nacionalista catalana? "En su etapa de diputado ya apuntaba maneras; era buen orador y a veces parecía que trabajaba más para caer bien a los de Convergència que al propio partido", dice un dirigente histórico del PSC. "Luigi es el Correa catalán", dice sin reparos este socialista que ve en Luis García una copia de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Y hablaban el mismo idioma, el del dinero contante y sonante. De eso y de cómo mantener en el poder a los políticos que les ayudaban.

La relación entre el alcalde y Luigi viene de lejos, de cuando el conseguidor todavía militaba en el PSC y puso en marcha una empresa de gestión de servicios a Ayuntamientos que protagonizó una sonora quiebra. Fue entonces cuando la dirección del partido le expulsó y lanzó la consigna de romper cualquier relación con él. Bartu no cumplió. Tampoco lo hicieron otros alcaldes socialistas. Durante la bonanza inmobiliaria, la trama se embolsó 32,3 millones de euros en perjuicio de los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. La dinámica era siempre la misma: los consistorios aprobaban un proyecto que se paralizaba por algún motivo y después las Administraciones modificaban el plan urbanístico para beneficiar a la empresa promotora. Siempre había un contacto. En Santa Coloma, Luigi controlaba el Ayuntamiento; en Badalona, era amigo íntimo del consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, que también fue subdelegado del Gobierno en Menorca, y en Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Jiménez, el concejal de Urbanismo, que había pasado por Santa Coloma. Tres pelotazos en toda regla que reportaron a Luigi más de ocho millones de euros, y a Alavedra y Prenafeta, 637.590 euros.

Luigi era, además, el alcalde de facto de Santa Coloma y dirigía con mano férrea la actividad de la constructora pública Gramepark. En una conversación intervenida, Luigi llegó a prometer al alcalde montarle una campaña como la de Obama, con comunidades de apoyo en Facebook y Twitter. El alcalde se lo agradece: "Sí, porque si lo tuvieran que hacer los míos [el PSC] vamos dados; me montarán la misma web de siempre, la porquería de siempre".

Esa cercanía fue su tabla de salvación tras la crisis inmobiliaria. Ahí hacía y deshacía a sus anchas: decidía adjudicaciones, amañaba concursos y fijaba las cantidades que debía recibir del Ayuntamiento. "Fantástico. A la mejor oferta del mejor amigo", le dice Luigi a un constructor.

Prenafeta y Alavedra picaban todavía más alto. Ambos ex dirigentes presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para colar tres pelotazos. Lo lograron en dos casos: uno en El Prat de Llobregat y otro en Cerdanyola del Vallès. Para este último, Prenafeta requirió incluso de la ayuda del presidente de CiU, Artur Mas, quien lo puso en contacto con la concejal del partido en la localidad, que era contraria a los intereses de la trama. No fue la única ocasión en la que los ex dirigentes convergentes recurrieron a Mas. Y eso que eran conscientes del riesgo que entrañaba. "¡Coño!, a este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el burro", le espetó en una ocasión Alavedra a su socio nacionalista.

Prenafeta quería endosarle, además, a la Generalitat por 89 millones un inmueble en la exclusiva zona de Diagonal Mar. Y durante más de un año y medio, él y Alavedra presionaron a los consejeros socialistas Antoni Castells y Joaquim Nadal. No les fue posible. Las llamadas y las presiones a Castells y a sus secretarios de departamento fueron constantes. Pero les salió un obstáculo: la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, insistía en convocar un concurso público. "A la que hay que apretar es a Trilla", decía Prenafeta al empresario. "Supongo que el concurso es para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro", le dice en otra llamada. Llegaron tarde, porque el tripartito concluyó que ya no había dinero para compras, lo cual no les impidió seguir intentándolo presionando el entorno de José Montilla. La última salida fue la de intentar que la Generalitat realizara una opción de compra, con el cálculo de que Artur Mas ganaría este año las elecciones y debería "cumplir". (El País, Domingo, 30/05/2010, p. 20/1)

Las esposas de Alavedra y Prenafeta, entre los 11 nuevos acusados del 'caso Pretoria'

"El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un nuevo impulso a la investigación del caso Pretoria de corrupción urbanística e imputó a otras 11 personas, que declararán hoy y mañana. Entre ellas se encuentran Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat, que dimitió al poco de conocerse la decisión judicial. Mas está acusado de actividades prohibidas a funcionario público por su "fluida relación" con Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama, para desarrollar operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet." (El País, ed. Galicia, España, 03/12/2009, p. 16)

La trama corrupta salpica a la empresa de urbanismo de la Generalitat. El Gobierno catalán revisará todos sus tratos inmobiliarios con Santa Coloma

"La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea." (El País, ed. Galicia, España, 01//11/2009, p. 13)

La Generalitat catalana arropa a su alto cargo investigado por Garzón

"El Gobierno catalán cerró ayer filas y arropó públicamente al gerente de la empresa pública de urbanismo de la Generalitat, Incasòl, Emili Mas, a quien el juez Baltasar Garzón cita en su auto del caso Pretoria en referencia a unas supuestas facturas falsas que sirvieron para desviar fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma. "No hay ninguna imputación", recordó el consejero de Educación, Ernest Maragall. "Y tenemos la convicción absoluta de que su actuación es correcta", añadió tras la reunión del Ejecutivo catalán." (El País, ed. Galicia, España, 04/11/2009, p. 14)