El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)

"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

La narcocorrupción en las filas de la DEA y su peso en Latinoamérica

 "La agencia federal antinarcóticos DEA, en su publicitado combate contra la narcocorrupción por el mundo, se ve obligado a enfrentar esa misma batalla, pero dentro de su propia casa con una serie de escándalos internos que sin duda captan más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas. Lo cierto es que la política estadounidense antidrogas es un gran fracaso, y el mercado mundial de la cocaína sigue siendo boyante.

 La todopoderosa DEA ha tenido que investigar por corrupción y complicidad con el narcotráfico a docenas de sus agentes. Algunos –pocos- fueron presos, otros obligados a retirarse, mientras los escándalos de corrupción y complicidad con el narco en sus propias filas ya son comunes. Hoy la poderosa agencia estadounidense enfrenta un problema sistémico, no a casos aislados de corrupción.

A 50 años de su creación, la DEA fue objeto de una primera evaluación de desempeño en más de 100 países, que descubre irregularidades de agentes en su desempeño. Se detallan casos de sobornos, robo, filtración de información e incluso vínculos con el crimen organizado. En el mismo, hay acusaciones brutales de falta de acompañamiento de los informantes con los que trata la DEA en varios países, a los que deja completamente descobijados una vez que les sirven.

Una inveterada costumbre de la clase política estadounidense es la culpar a los países latinoamericanos por los problemas de consumo de drogas que azotan a sus comunidades y de explotar la xenofobia de una parte de sus ciudadanos para evadir la responsabilidad de las autoridades y encubrir que el comercio de narcóticos se origina en EEUU.

Desde que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró “el consumo de drogas […] como el enemigo público número uno”, Washington trató de imponer a los líderes de la región que acataran las políticas antidrogas de línea dura del gobierno de EEUU. Pero esa era parece haber llegado a su fin, al menos para los nuevos líderes latinoamericanos.

Colombia, uno de los aliados más fieles de Washington en esta guerra, también se ha distanciado definitivamente, lo que consolida esta tendencia. Sin México ni Colombia, Estados Unidos se queda sin una estrategia regional antinarcóticos.  Es en EEUU donde se localizan no sólo la demanda, sino la industria armamentista que empodera a los cárteles, las instituciones financieras que facilitan y administran el lavado de dinero y agencias del gobierno que operan en favor del crimen organizado.

El discurso de la DEA trata de instalar un manto de olvido sobre los probados casos como la entrega de armas mediante los esquemas Receptor abierto y Rápido y furioso de la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); o la ayuda de la DEA para trasegar y lavar millones de dólares de los carteles colombianos y la banda criminal mexicana La familia michoacana.

La narrativa de que al norte del río Bravo no existen cárteles refuerza la certeza de lo infiltrados que se encuentran estos grupos criminales en las esferas del poder político y económico de EEUU, las cuales viven en el absurdo de pretender que las drogas se distribuyen por sí mismas, sin estructuras y complicidades que expliquen su ubicuidad.

 Gustavo Petro, el presidente colombiano, no es el único que está rechazando la política antinarcóticos y el modelo de prohibición de Washington. El otro aliado clave de Estados Unidos en la región, México, también se ha enfrentado a la política de Estados Unidos y ha reducido la cooperación antinarcóticos durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Departamento de Estado estadounidense lanzo alertas que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que México es, sin dudas, más seguro que EEUU: “Ésto ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios quieren crear una percepción de inseguridad para decir que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador”.

Cuando se ve en apuros políticos o de seguridad, EEUU –incluyendo la DEA- lanza camapañas de desprestigio contra gobernantes latinoamericanos, tratando de dañar su imagen ante sus compatriotas y en el imaginario colectivo mundial, brondándole excusas para intervenir en los asuntos internos de nuestros países.

La última semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al periodista estadounidense Tim Golden, quien en un reportaje, sin prueba alguna, lo involucró en un presunto financiamiento del crimen organizado en su campaña presidencial de 2006 en medio del actual proceso electoral: “que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron? o ¿desde cuándo viene a México a tratar este asunto?”, dijo el mandatario

La injerencia de la DEA, el “cuco” de la droga

Lo que no dice la autoevaluación es que la DEA es uno de tantos modos de intervención de EEUU con la tarea explícita de combatir el narcotráfico mediante métodos nunca explícitos. La poderosa agencia con base en Estados Unidos y tentáculos en todo el mundo fue penetrando diferentes capas de la estructura judicial, policial y política local de los países latinoamericanos, hasta controlarlas.

 Por ejemplo, la agencia de noticias estadounidense Associated Press dio cuenta el 1° de febrero, de operaciones encubiertas realizadas por la DEA en Venezuela, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, y rastrear a altos funcionarios públicos, incluido el presidente Nicolás Maduro. Hechos similares se repitieron en varios países de la región.

Aunque parezca inverosímil, los informantes son asesinados e incluso desaparecidos, y nunca dan cuenta de ello los reportes de la DEA. Eso pasa en todo el mundo, la DEA opera en más de 100 países, pero no tienen protocolos de salvaguarda a los informantes, por lo cual es imposible saber cuáles, cuándo y de qué manera, pero hay mucha acusaciones en ese sentido, nada más que no son tomadas en serio en el informe oficial.

Una evaluación de las operaciones en el exterior de la Agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), aún no toca fondo sobre las operaciones irregulares de sus agentes en el extranjero; tampoco plantea un plan de reforma interna de fondo. No obstante, revela casos de corrupción, escándalos e incluso complicidades con grupos criminales.

 El análisis refiere incidentes críticos relacionados con las operaciones de la DEA en México, Honduras, Colombia y Haití, que además de la corrupción, señala casos de inteligencia comprometida y muerte de civiles.

Pero a pesar de noticias bastante frecuentes de agentes que aceptan sobornos, colaboran con operaciones de lavado de dinero, que filtran información a narcos o que roban bienes confiscados y más, los escándalos parecen no tener impacto sobre la agencia, que sigue con su cantinela de combate a las drogas ilícitas y la corrupción en el mundo, mientras su presupuesto sigue creciendo con más de 2.500 millones de dólares al año.

Los diez mil empleados de la DEA en 241 oficinas en Estados Unidos, así como en 93 oficinas en el extranjero, son –en los papeles- los encargados de combatir las redes criminales de droga, causante de daño, violencia, sobredosis y envenenamiento a los estadounidenses.

Pero ha debido asumir Estados Unidos, y una parte central de eso incluye combatir la corrupción que es parte integral del negocio de drogas ilícitas. Según la información oficial, realizó en los últimos años más de 26 mil arrestos y participó en algunos casos prominentes en México como los de El Chapo y García Luna.

Y sigue persiguiendo a otros capos mexicanos como El Mayo Zambada y el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de ser los principales actores en el tema que ha elevado a su mayor prioridad: el fentanilo.

Casos espectaculares

Entre los casos más espectaculares está el de su agente estrella José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar en 2020 al FBI,  que trabajó con (y para) cárteles colombianos para lavar dinero, y robó millones en bienes confiscados y de supuestos pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y prostitutas.

 Irizarry, que se ganó el título del agente más corrupto en la historia de esa dependencia, denunció que él no era un caso aislado dentro de las filas de la DEA y acusó a varios de sus colegas, funcionarios del gobierno estadounidense, políticos de los países donde actuó e informantes de participar en su gran festival de corrupción a través de tres continentes: “con lo que llamábamos Equipo America, tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.

Pero por más que la DEA intentó señalar a este escándalo como un caso aislado, a finales de 2022 investigadores del Departamento de Justicia ya habían empezado a interrogar hasta dos docenas de agentes de la DEA y fiscales acusados por Irizarry, el agente estrella.

Irizarry señaló que la acusación pinta una imagen de él, como el agente corrupto que manejó todo este esquema, “pero no habla sobre el resto de la DEA. Yo no era el cerebro”. El jjuez que lo condenó aseveró ante los fiscales en 2021 que el acusado es quien fue atrapado, pero sin duda para su corte hay muchos otros.

Irizarry, por su parte, dijo a la prensa que sus actos corruptos fueron resultado de que se dio cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa. “No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también…. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego…. Y estábamos jugando un juego divertido”. Y por demás redituable.

Un año atrás, La DEA removió de su cargo a su director en México, Nick Palmeri, en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con autoridades mexicanas. Utilizó fondos de la agencia para, entre otras cosas, pagar su propia fiesta de cumpleaños, así como rentar un yate en Panamá para recibir al entonces director interino de la agencia.

 Nick Palmeri, jefe regional de la DEA en México, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado, luego que se filtró la información de que se había reunido varias veces con abogados de líderes de cárteles.Pero recién dos años más tarde el inspector general del Departamento de Justicia informó públicamente las razones por las cuales había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post.

Fraudes

Un ex agente de la DEA comentó: “no puedes componer lo que está mal en el gobierno mexicano si tu propia casa está incendiada”. Y por cierto, en su propia casa el año pasado, unos siete altos funcionarios de la DEA fueron sujetos de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia por posible fraude en el otorgamiento de contratos millonarios no competitivos y emplear a una docena de personas que habían trabajado antes con la administradora (directora) de la agencia, Anne Milgram.

También estaba bajo investigación un contrato de 1.4 millones de dólares con un bufete en Washington que fue realizado por Milgram –y encabezado por un abogado cercano a un amigo de la directora– para realizar una evaluación de los escándalos de las operaciones en el extranjero de la agencia; el informe final fue ampliamente cuestionado por sus críticas limitadas a la conducta inapropiada por varios agentes.

Milgram fue nombrada por el presidente Joe Biden en 2021 para limpiar la casa, y muy rápido provocó conflictos al imponer reglas más firmes para prevenir conducta inapropiada de agentes que incluyen frenar actos racistas y sexistas.

Fue ella quien ordenó la evaluación de las operaciones internacionales de su agencia, sobre todo después del escándalo de Irizarry .Pero ella resultó ser la cuestionada por a quién encargó y contrató para el trabajo, y sus actividades han sido parte de investigaciones de legisladores poderosos como el senador Charles Grassley.

Altos mandos en problemas

La corrupción dentro de la agencia es un tema delicado y la DEA repite que entre sus prioridades está garantizar la integridad de su labor y asegurar que no permitirá la impunidad entre sus filas. Pocos le creen y la realidad les da la razón.

 A mediados del año pasado, el segundo en el mando de la DEA, Louis Millones, renunció después de que la agencia noticiosa Ap revelara que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y también consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos.  Millione había dejado su carrera de 21 años en la DEA en 2017 para irse al sector privado y retornó en 2021 como segundo de Milgram."              (Álvaro Verzí Rangel, estrategia.la)

Los mensajes que implican al exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho: “Yo no fallo a los míos” Un agente de Asuntos Internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes

 "El exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho de Gibraltar David Oliva consiguió información reservada de la investigación que Asuntos Internos dirigía contra él a cambio de prometer a uno de los agentes de este servicio un puesto en el dispositivo especial en el que entonces mandaba. Así consta en los mensajes que Asuntos Internos incautó en diciembre pasado al exintegrante de esa unidad y autor de la filtración. El 25 de enero de 2022, a punto de producirse el soplo, Oliva exprime al que terminaría por ser su subordinado: “Entrega la tarea. Esto es la operación boomerang”

Cuando se envió ese mensaje, el teniente acusado de la filtración todavía estaba destinado en Asuntos Internos. Acababa de regresar de una baja de paternidad y ya había acordado con Oliva extraer del servidor de la unidad los datos recabados sobre él y otro mando en el marco de la Operación Varea, tal y como acredita de forma indiciaria la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.

Asuntos Internos indagaba en la relación con el clan de los Ariza del teniente coronel Oliva y otro mando del operativo antidroga en el Campo de Gibraltar, a partir de los datos obtenidos por la Policía Nacional contra el grupo de narcotraficantes. La posible implicación de Oliva y su teniente con los ‘narcos’ motivó la apertura de una pieza separada de la causa contra los Ariza.

La Audiencia Nacional encargó esta pieza separada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado, que certificó la asistencia de Oliva y el otro teniente investigado a una fiesta del clan de narcos si bien acumulaban indicios de posibles irregularidades del mando desde 2016, en destinos anteriores y también relacionados con el combate al narcotráfico, precisan las fuentes consultadas.

En dicha pieza están imputados el teniente coronel Oliva, el teniente que también se habría beneficiado del chivatazo y el exmiembro de Asuntos Internos, también teniente, que dio el soplo a cambio de un destino en el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCON-Sur. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los tres los delitos de revelación de secretos y cohecho. La pieza ha permanecido en secreto hasta hace unos días.

El cohecho: un puesto de 2.100 euros más al mes

Asuntos Internos explotó la primera fase de la operación el 19 de diciembre de 2019. Los investigadores llegados de Madrid detuvieron al exteniente de Asuntos Internos y registraron su casa de Cádiz. Allí, en un ordenador, encontraron una copia de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el teniente coronel Oliva y que ilustran qué gano el teniente de Asuntos Internos con la filtración: un destino temporal en OCON-Sur, el dispositivo especial que el Ministerio del Interior desplegó en 2018 en el Campo de Gibraltar ante la impunidad con la que actuaban los narcotraficantes en la zona. 

Para el teniente de Asuntos Internos, la comisión de servicio en OCON-Sur suponía regresar a su lugar de origen y percibir un incremento de 2.100 euros mensuales en la nómina. El teniente, que acababa de ser padre, quería evitar también los numerosos viajes a los que le obligaba su destino en Asuntos Internos y que complicaban su vida familiar, según explicó en la Audiencia Nacional. También declaró que la mejora económica no era tanta porque en Asuntos Internos disponía de vivienda en un pabellón de la Guardia Civil y en Cádiz debería alquilar una vivienda. 

El teniente coronel Oliva, por entonces comandante, conocía el deseo de su compañero de Asuntos Internos por regresar a Cádiz y se acercó a él en una maniobra en la que participó presuntamente el otro mando a sus órdenes, también imputado. 

“Yo no fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”

Entre las 8.00 y las 15.00 horas del 18 de enero, el agente de Asuntos Internos extrajo los datos del servidor de Asuntos Internos y creó la carpeta “VAREA_Algeciras” en un pendrive de la marca Toshiba que rodeó con un pequeño trozo de cinta aislante. Ese mismo día, Oliva volvió a escribir al teniente: “Cómo llevas los deberes?”. El jefe Antidroga de la Guardia Civil recibió de inmediato una respuesta: “Buenos días, mi comandante: Hechos”. El 27 de enero, el teniente se incorporó a su destino en el Campo de Gibraltar y cinco días después entregó a su nuevo jefe, el entonces comandante Oliva, el citado pendrive.

Los investigadores sostienen que a la entrega de información, la revelación de secretos, hay que añadir un segundo delito, el cohecho, por la prebenda que recibió a cambio el filtrador. Así lo deja claro otro intercambio de mensajes del 25 de enero. El teniente informa a su próximo jefe de que ya está con los preparativos para mudarse al sur y el teniente coronel le advierte: “Antes tienes que entregar la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Los investigadores creen que con esa expresión, la “operación boomerang”, Oliva hace referencia al regreso del teniente a su casa a cambio de la información. El 31 de enero acuerdan verse al día siguiente y el 1 de febrero se produce el pase de información en el pendrive. Esa misma noche, el teniente se preocupa porque Oliva cumpla su parte del trato. El teniente coronel responde: “Nunca le fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”. 

Arruinada la investigación al clan Ariza

La filtración de las averiguaciones de Asuntos Internos al teniente coronel Oliva y a un subordinado suyo en el OCON-Sur estuvo seguida de un cambio radical en la actividad de los narcos investigados que ha terminado por provocar que la Fiscalía Antidroga haya solicitado el archivo de la pieza principal, dirigida contra el clan de los Ariza, según ha adelantado El Independiente.

El juez Alejandro Abascal deberá decidir si acepta el archivo y otra petición de Antidroga, que se inhiba a favor de un juzgado de Valdemoro de la pieza separada contra Oliva y los dos tenientes, por encontrarse la sede de Asuntos Internos, de donde procede la filtración, en la citada localidad madrileña.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior anunció que decidía reestructurar la unidad de OCON-Sur y reubicar por las distintas comandancias de Andalucía a los 150 agentes que había destinado al Campo de Gibraltar en comisión de servicio, esto es, temporalmente. La decisión se publicitó como una nueva fase de la lucha contra el 'narco' en la zona, pero ya por entonces Asuntos Internos seguía los pasos a Oliva. El teniente coronel nació en Algeciras y ha sido condecorado en varios puestos que ha desempeñado.

Durante los cuatro años que estuvo operativo, el OCON-Sur participó en las grandes operaciones contra el narcotráfico y sus clanes en la zona del Campo de Gibraltar cosechando numerosos éxitos. La penetración de los grupos de 'narcos' en la economía y el tejido social había hecho encender todas las alarmas en los poderes públicos. En 2021, elDiario.es reveló el contenido de un informe redactado por el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se constataba “la existencia de un grave problema de corrupción policial en el sur de España”."              (Pedro Águeda  , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)

Los escándalos que envuelven a la DEA no cesan

 "La DEA (Drug Enforcement Agency) la agencia antidrogas que despliega Estados Unidos en el mundo, es uno de tantos modos de intervención en Latinoamérica y el Caribe, con la excusa de una tarea explícita: combatir el narcotráfico mediante métodos menos explícitos. (...) 

Los escándalos que la envuelven no cesan. Ahora se reveló que destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre EEUU y México y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera. (...)

Pero el caso que fulminó la reputación de la DEA fue el de José Irizarry, condenado a 12 años de prisión después de admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. 

Irizarry aseguró que no caería solo, y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de colecta permanente para recoger dinero proveniente del lavado en ciudades de tres continentes. De cara al discurso oficial de Washington, Irizarry afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra de la DEA contra las drogas.

Mientras, en abril pasado, el gobierno mexicano disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA en “el combate al crimen organizado”, una medida que fue criticada por el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, como un disparo en el pie por parte de las autoridades mexicanas. 

Medios de prensa mexicanos, como La Jornada, calificaron entonces de saludable el alejamiento respecto a una institución probadamente corrupta y carente de cualquier autoridad para dictar la manera en que ha de conducirse la lucha contra el crimen organizado en otros países.

La destitución de Palmieri es crítica debido al deterioro de la situación con México, señaló Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”, añadió.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami..Uno de esos abogados, identificado como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri.

 Los registros internos muestran que el abogado Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje sin un propósito laboral útil que violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.

Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021, para interrogar a una fuente confidencial. Pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reunión social donde hubo alcohol.

Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una cacería de brujas provocada por celos personales y profesionales, que se negó a especificar. Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020 ya que algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985.

Indicaron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.

Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump,citó el arresto en EEUU en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA.

 López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular, a inexistente."

 ( Gerardo Villagrán del Corral , https://rebelion.org/749611-2/3)

La alargada sombra de la corrupción del narco: un agente infiltrado es expulsado de la Guardia Civil... El Tribunal Supremo dictamina que un guardia condenado por filtrar investigaciones en Galicia debe abandonar el cuerpo por “sabotear” a la UCO y poner en grave riesgo a compañeros y confidentes

 "La información es la principal estrategia en la guerra contra el narcotráfico que se libra desde hace ya cinco décadas. El objetivo de la policía es apresar cargamentos mientras el narco trata de evitar a cualquier precio la pérdida de su valiosa materia prima. En este cruce de intereses no hay casualidades, sino un constante espionaje mutuo donde agentes infiltrados y narcos confidentes se mueven en un peligroso tablero arriesgando su vida o cayendo en la corrupción. Es el caso del exagente Javier López Suárez, al que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado la sanción, que conlleva la expulsión de la Guardia Civil por haber filtrado y “saboteado” información de operaciones a narcotraficantes gallegos.

Pese a la condena, el agente, de 38 años y adscrito a la Policía Judicial, que tenía acceso a información reservada de las unidades de ECO y EDOA del instituto armado desde la comandancia de Pontevedra y desbarató decenas de operaciones policiales que se habían puesto en marcha a partir de 2013, pretendía seguir vistiendo el uniforme. Pero el Supremo ha desestimado su recurso contra la resolución de la ministra de Defensa de 20 de enero de 2021 por la que acordó la expulsión del guardia.

Defensa consideró al agente autor de un delito de revelación de secretos, que “causa grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica”, previsto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. La sentencia recoge que la conducta del agente se desvió para neutralizar las investigaciones realizadas por el Equipo contra el Crimen Organizado (UCO) cuando su deber profesional le obligaba a perseguirlas.

“Se ve claramente perjudicada la dignidad de la Guardia Civil por la condena a uno de sus miembros por un delito de revelación de secretos, lo que resulta expresivo de la dejación de las cualidades de integridad y dignidad que la sociedad presume en los miembros del instituto armado”, proclama el tribunal, que considera proporcionada la sanción impuesta por la naturaleza del delito cometido. Se refiere a la “frontal oposición” del agente “a los deberes de rectitud, integridad y respeto a la ley exigidos a los miembros de la Guardia Civil”, incide.

Confidentes con una gran proyección

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra de junio de 2018 condenó al guardia Javier López Suárez y a su compañero Diego Fontán, de 39 años e hijo de otro agente de los servicios de información, a la pena mínima prevista de tres años de prisión y dos de inhabilitación frente a los 11 que solicitaba la Fiscalía, con la inhabilitación absoluta para ambos acusados. El fallo solo apreció un delito de revelación de secretos y no el de integración a un grupo criminal junto a los confidentes a los que pasaban información. La sala concluyó que los agentes filtraron información reservada, pero no quedó suficientemente acreditado que los datos en cuestión “fueran material exclusivo de los mandos”, como tampoco que los archivos de confidentes o matrículas de vehículos camuflados que manejaron los acusados estuvieran debidamente protegidos.

López y Fontán fueron descubiertos tras una investigación interna de los servicios de información de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron después de que en apenas seis meses, entre enero y julio de 2013, se hubieran frustrado hasta cuatro investigaciones en curso, algunas judicializadas, contra grupos de narcos que operaban desde el sur de Pontevedra. Los “agentes dobles”, que tenían acceso a material sensible, tanto informático como fotográfico, utilizaban a un presunto narco de Vilanova de Arousa, Juan Carlos Santorum Navazas, que se encargaba de hacer de mensajero y enlace entre los agentes y los traficantes investigados.

El grueso de la información confidencial era trasladada así a un traficante del segundo escalón, que hacía de intermediario para las organizaciones y que fue condenado por ello a dos años de prisión. El correveidile entre agentes y narcos se convirtió en la diana de grandes operaciones policiales como la que desbarató en 2020: el desembarco de un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportó el buque Karar en plena pandemia y por el que está procesado. La información acumulada por Santorum, un experto en obtener filtraciones, lo situó en el foco de las fuentes mejor informadas del narcotráfico.

El agente Javier López accedía a toda la información reservada que luego pasaba a su compañero y este a su vez filtraba a Santorum, que la vendía al mejor postor, según la investigación. Informes, operativos, seguimientos, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes o cualquier documento tramitado ante los juzgados llegaban a manos de los narcos. En el ordenador del agente Diego Fontán se localizaron unos 2.000 escritos confidenciales, mientras en el del presunto traficante se pudieron recuperar unos 500 archivos relacionados con los servicios antidroga y sus actividades.

El guardia ahora expulsado que se ha resistido a abandonar la Guardia Civil “filtró a los propios investigados por narcotráfico en diversas operaciones información relevante y sensible de las actuaciones que les afectaban, frustrando su detención y facilitándoles su impunidad”, dice el Tribunal Supremo. “Filtró la relación de confidentes con todos sus datos personales, provocando un grave riesgo para su integridad; filtró la información concreta que estos confidentes habían suministrado a la Guardia Civil; filtró los datos personales y reservados de los miembros de su unidad, poniéndoles, igualmente, en peligro; y filtró información reservada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Pontevedra”, abunda el fallo.

La justicia subraya que “saboteó durante, al menos, seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes”. “Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado en la persecución del delito y este grave daño a la Administración no puede ser más evidente”, añade. Por ello, el tribunal incide en que “el comportamiento del recurrente choca frontalmente con los deberes de honradez y probidad que exigen su pertenencia a la Guardia Civil, de cuyos miembros se predica, precisamente, un plus de moralidad y eticidad que es exigible a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”.                   (Elisa Lois , El País, 02/07/22)

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue detenido tras una solicitud de extradición de EE. UU... La solicitud especificaba que el exmandatario, quien dejó la presidencia el mes pasado, era buscado por una “conspiración violenta de narcotráfico”

 "Las autoridades hondureñas detuvieron al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández el martes para enfrentar una potencial extradición y cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Es el colofón de una espectacular caída para uno de los hombres más poderosos de Centroamérica.

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. 

 

Hernández, quien lideró el país durante ocho años y dejó el cargo hace menos de un mes, fue escoltado por agentes de seguridad desde su casa, vestido con un chaleco antibalas y esposado de pies y manos.

“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”, dijo Hernández en un mensaje de audio publicado en su perfil de Twitter a las 5:00 a. m. del martes.

“Estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley”, dijo en otro mensaje de Facebook poco después.

Los fuegos artificiales explotaron en Tegucigalpa, la capital hondureña, casi inmediatamente después de que las autoridades sacaran a Hernández de su casa, y alrededor de cien manifestantes se reunieron cerca de su residencia para celebrar su detención. El expresidente es profundamente impopular, y lo acusan de permitir que el crimen organizado y la corrupción penetren en los niveles más altos del poder, manteniendo a Honduras como uno de los países más pobres y violentos de América Latina.

“Se hizo justicia para Honduras”, dijo Ana María Torres, una estudiante universitaria que vino a deleitarse con el arresto de Hernández. “Dejó destruido el país y ahora se lo llevan los gringos para que pague por narco”.

Camiones de policía y camionetas SUV negras con vidrios polarizados rodearon su casa la noche del lunes, solo minutos después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país reveló que habían recibido de Estados Unidos una solicitud de extradición de un político. El martes en la mañana, Hernández recibió a las autoridades en su casa y fue detenido.

La solicitud de extradición, presentada por la Corte Suprema de Honduras y vista por The New York Times, asegura que Hernández participó en una “conspiración violenta de narcotráfico” que desde 2004 había transportado 500 toneladas de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia con destino a Estados Unidos, vía Honduras. El documento asegura que Hernández recibió millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar los envíos y proteger a los traficantes de ser procesados.

El hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Otro traficante convicto de cocaína, Geovanny Fuentes, quien implicó al expresidente en el comercio de drogas, recibió una sentencia similar la semana pasada.

Se espera que Hernández sea presentado ante el tribunal el miércoles. En el pasado, ha negado todas las acusaciones relacionadas con drogas y ha dicho que las grabaciones de voz no especificadas realizadas por la Administración de Control de Drogas estadounidense demuestran su inocencia.

No está claro si Hernández será extraditado a Estados Unidos ni cuándo sería ni tampoco si será acusado de crímenes en su país. Se espera que la Corte Suprema de Justicia de Honduras se pronuncie sobre la solicitud de extradición.

El juez de la Corte Suprema de Justicia que se designó el martes para atender el caso de Hernández está afiliado al partido del expresidente y tiene antecedentes de absolver a sospechosos en casos de corrupción, indicó Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo independiente creado por el Congreso.

Honduras, que depende intensamente de la asistencia estadounidense, jamás ha rechazado un pedido de extradición de Estados Unidos, dijo Marlon Duarte, abogado residenciado en Tegucigalpa que ha participado en cinco casos de extradición. Lo que no tiene precedentes es un caso en contra de un presidente reciente y Hernández conserva apoyo considerable en el poder judicial, dijo.

La batalla legal que decidirá el futuro de Hernández podría prolongarse durante semanas o incluso meses, dijo Duarte.

“Estamos poniendo a prueba las instituciones del país”, dijo. “Estamos a punto de ver si el sistema judicial es parte de la misma estructura criminal de la que se acusa haber creado al presidente”.

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había acusado a Hernández de convertir al país en una “narco dictadura”. En noviembre obtuvo la victoria electoral con la promesa de transformar el sistema de corrupción e impunidad que prosperó durante la presidencia de Hernández y que contribuyó al éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Aunque la detención de Hernández parece mostrar la determinación de Castro para perseguir a los opositores corruptos, sus acciones iniciales han sembrado dudas sobre la lucha contra la cultura más amplia de corrupción. Sus aliados en el Congreso aprobaron una ley que efectivamente otorgaría inmunidad a los miembros del gobierno de su esposo y expresidente, Manuel Zelaya. Y Castro ha designado a varios miembros de su familia para que trabajen en su gobierno.

La extradición de Hernández sería una importante victoria en política exterior para el gobierno de Biden, que ha luchado por ejercer influencia en Centroamérica y cumplir su promesa de reducir la corrupción en la región para ayudar a detener la migración.

Es probable que el destino del expresidente hondureño sea seguido de cerca en países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyos líderes han desmantelado las instituciones anticorrupción, a pesar de las protestas de Estados Unidos, y cuyos círculos internos han estado implicados en escándalos de corrupción.

Hernández es impopular en Honduras, sin embargo, a muchos les sorprendió cuán rápido fue detenido. Es miembro del Parlamento Centroamericano, lo que técnicamente le otorga inmunidad judicial, y su partido político sigue siendo una fuerza importante en el congreso de Honduras.

“Este es el primer paso fundamental en la lucha iniciada por los ciudadanos contra un sistema de impunidad en Honduras”, dijo Josué Murillo, analista político hondureño y jefe de país de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los derechos humanos.

Pero Murillo dijo que el país no puede avanzar hasta que la justicia deje de ser un arma política utilizada para atacar a los opositores del gobierno. La posible extradición de Hernández, agregó, demuestra que el sistema judicial del país muchas veces es incapaz de castigar los crímenes cometidos por los poderosos.

“La justicia está contaminada por la corrupción”, dijo. “Necesitamos reformarla urgentemente para despolitizarla”.

(Joan Suazo informó desde Tegucigalpa y Anatoly Kurmanaev desde Oaxaca, México. Oscar Lopez colaboró con reportería desde Ciudad de México. The New York Times, 15/02/22)

El Supremo anula y ve "sonrojante" la absolución a un coronel de la Guardia Civil por narcotráfico a gran escala... el narcoestado andaluz después del narcoestado gallego

 "El Tribunal Supremo ha anulado la absolución por los delitos de narcotráfico a gran escala y cohecho del coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella, dictada por la Audiencia Provincial de Granada en septiembre de 2019 sobre unos hechos ocurridos cuando el mando era comandante antidroga en la provincia andaluza.

 Los jueces de Granada consideraron probado que García Santaella había participado en la introducción de dos entregas de hachís por la costa a finales de 2005 y principios de 2006, pero no aplicaron el tipo agravado de narcotráfico, lo que condujo a declarar los hechos como prescritos. Tampoco consideraron probado que García Santaella hubiera cobrado por aquello. Cuando elDiario.es desveló la investigación contra Santaella el coronel estaba destinado en la Dirección General de la Guardia Civil y estaba a punto de ascender a general. 

 Ahora, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha accedido elDiario.es, ordena repetir el fallo en un auto cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta. La sentencia en casación del Supremo censura duramente el fallo previo de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, cuyo ponente fue Juan Carlos Cuenca Sánchez, acompañado en el tribunal por José María Sánchez Jiménez y Aurora Fernández García. Estos tres jueces no incluyeron en el cálculo del delito contra la salud pública las cuatro toneladas de hachís de baja calidad ("apaleao", como se conoce vulgarmente) que los narcos y el entonces capitán García Santaella pusieron a la vista de los investigadores en una tercera entrega para distraer y lograr introducir el hachís de calidad. 

 "Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 'regalo' al Estado, del que nunca podría obtener ningún beneficio, tratándose de una conducta enmarcada en una operación de narcotráfico", escribe Martínez Arrieta y suscriben sus cuatro compañeros del tribunal, entre los que se encuentra el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Sin esos 4.000 kilos de costo "apaleao" no alcanzaba, según el cálculo de la Audiencia de Granada, para aplicar el tipo agravado que extendería la prescripción del delito. Pero el Tribunal Supremo les corrige: "El tipo de la especial gravedad no solo resulta del peso extremo del objeto del tráfico, también cabe en los supuestos de utilización de embarcaciones, y el relato fáctico refiere el empleo de una embarcación de la que descargan y dos 'gomas' [lanchas neumáticas], según relatan los testigos". "Además el acusado era autoridad en la lucha contra el tráfico de drogas y la cantidad era notoriamente importante, sin que sobre esas cualificaciones agravatorias se diga absolutamente nada", añade la resolución del alto tribunal.

Los jueces de Granada apreciaron escasa credibilidad en el testimonio que acusaba a García Santaella de haber recibido 120.000 euros y un coche como pago por uno de los desembarcos de droga. Los magistrados del Supremo corrigen ahora: "Nada dice el fallo de la segunda operación de desembarco que fue objeto de acusación". Tampoco se pronunciaba la Audiencia de Granada sobre el hecho de que un funcionario público delinca gravemente a cambio de nada. "Al menos requiere un esfuerzo argumentativo superior al de la falta de credibilidad de quien asume realiza la entrega", añaden en el Supremo.

"Los hechos probados son de una extraordinaria gravedad. El que el máximo responsable policial de la demarcación, encargado de la represión penal de conductas delictivas relativas al tráfico de sustancias estupefacientes, sea acusado, y se declare probado, que colabora con los autores de la llegada a España, vía marítima, de las sustancias que debe reprimir, resulta escandaloso, si bien es absuelto porque se desconoce el peso de la sustancia tóxica y esa falta de determinación incide en la calificación de los hechos (...) y consecuentemente están prescritos", resumen los magistrados de la Sala de lo Penal. Si el señuelo era de 4.000 kilos de hachís, añade el auto del Supremo, se puede "racionalmente suponer que las otras dos [entregas] , con las que el acusado se concierta dejándoles actuar, deberían ser de una cantidad sensiblemente superior".

El fallo de la Audiencia Provincial había sido recurrido por la Fiscalía, por considerarlo "arbitrario e incoherente". El Ministerio Público había solicitado en la vista oral nueve años de cárcel para Santaella. La Asociación Unificada de Guardias Civiles también recurrió, ejerciendo la acusación popular, así como el propio coronel, que no estaba de acuerdo con que se considerara probado en el fallo que él había participado en el tráfico de hachís a gran escala. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial deberán volver a deliberar y redactar una nueva sentencia.

Los 'pinchazos' sobre un tal "Padre"

El fallo del Tribunal Supremo amenaza con poner fin a 30 años de impunidad de García Santaella, ya que la primera investigación por corrupción contra él data de hace tres décadas. Incluso un antiguo jefe del Servicio de Asuntos Internos resultó imputado, en una causa contra él finalmente sobreseída, por no haber llevado al juzgado los indicios contra García Santaella que habían acumulado sus subordinados.

Tuvieron que ser agentes Antidroga de la comandancia quienes, en unas escuchas en el marco de una investigación por narcotráfico, apreciaron unos comentarios de los 'narcos' sobre un tal "Padre", con el que habrían trabajado en el pasado. Cuando llegó el momento de detener a los narcos averiguaron que "Padre" había sido el jefe Antidroga de la Comandancia, en ese momento miembro ya del Estado Mayor de la Guardia Civil y con despacho a escasos metros del entonces director general, Arsenio Fernández de Mesa.

La información de elDiario.es sobre la investigación a García Santaella, bajo secreto entonces en un juzgado de Granada, motivó su inmediata destitución. El coronel estaba a punto de ascender a general de la Guardia Civil, proceso que se detuvo en aquel momento."                    (Pedro Águeda, eldiario.es, 23/11/21)