Ábalos y Koldo cobraron por venderse al comisionista Aldama hasta casi 1 millón y 500.000 euros, respectivamente, entre 2019 y 2022 (Ekaizer)

 "La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama, consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14 detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.

       Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política demandan.

Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento: pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes secundarios.

Así, aparecieron en la primera parte además de sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.

   Pero desde el punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir: declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por venderse.

    Y como creador del entramado para la concesión de negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde 2022.

   “Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un pico de años” añadió.

     Entre esas “novedades” hay dos: la presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

    La Fiscalía pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.

    El primero de los cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.

Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.

Se hace la gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan el sobre.

El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000 euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.

    Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.

También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.  

    ¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?

   Las fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y 2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos) cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000 euros.

   Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.

Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.

     El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2 millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.

     Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar 250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.

Ese fue el acuerdo.

     En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:

   -Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al señor Koldo, unos 200.000 euros más.

   -Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?

  -Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.

 -Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.

 -Sí.

    Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos realizado por  la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.

    Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.

Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000 para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.

    Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:

   -Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?

-Manifiesto mi disposición y colaboración

     Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de octubre en la trama de los hidrocarburos.

El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente.

    Aldama se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este asunto.

     Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.

Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se preocupe, tendrá pruebas”."

( Ernesto Ekaizer , blog, 23/11/24)

Crónica negra del socialismo andaluz en 10 años de pillaje institucional... El fraude acreditado en el caso de los ERE suma 135 millones; la norma prevaricadora fue aprobada como ley cada año en el Parlamento autónomo

 "El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel al ser condenados solo por prevaricación.

Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.

El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.

Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.

¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán sí conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absolución.

“Cuando se trataba de dar el paso siguiente, ahí se detuvo”

José Antonio Griñán declaró que cuando era consejero de Hacienda, su viceconsejera no le remitió el informe del interventor de la Junta de Andalucía donde se denunciaban las irregularidades del sistema para otorgar subvenciones excepcionales a empresas en crisis. El magistrado que primero interrogó a Griñán consideró que esa explicación se oponía “a las máximas elementales de la experiencia aplicables en los juicios de inferencia”. “Resulta inverosímil”, escribió, “que la persona de confianza de Griñán, la viceconsejera, reciba notificaciones de un contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima confianza”.
El interventor nunca elevó su nivel de alerta sobre lo ocurrido a través de los denominados “informes de actuación”, donde se denuncia la existencia de fraudes y perjuicios para las arcas públicas. Ese tipo de informes nunca llegó a los consejeros andaluces para que tomaran las medidas oportunas.

El magistrado también tenía explicación para esta carencia: “Cuando se trataba de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo. La omisión solo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor, o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”.      (José Manuel romero, El País, 31/07/22)

"‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno.

 El juicio político que hizo el PSOE sobre la sentencia del caso de los ERE confirmada por el Tribunal Supremo encendió la bronca con el PP en una reyerta dialéctica de duros reproches a cuenta de las condenas por corrupción que golpean a ambos partidos. Los principales dirigentes del PSOE salieron en defensa de los expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con una frase repetida varios días: “Pagan justos por pecadores. Griñán y Chaves no se enriquecieron”.

El PSOE asumió hace tiempo que la irregular gestión de aquel programa de ayudas a empresas desencadenó un fraude multimillonario en Andalucía y recuerda que los dos expresidentes dejaron sus cargos tras conocer que el Tribunal Supremo había encontrado indicios de delito en su actuación. Pero la dirección socialista acusa de esa corrupción masiva a quienes directamente se encargaron de administrar los fondos públicos en la consejería de Empleo y en ningún caso quienes estuvieron a la cabeza de aquellos gobiernos.

El principal señalado es Francisco Javier Guerrero, quien decidió el reparto de la mayor parte de los fondos para ayudas sociolaborales como director general de Trabajo y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y 1 día de cárcel en el juicio a la rama política del caso de los ERE. Esa partida multimillonaria y controvertida que gestionó era, según declaró él mismo a la Policía, “un fondo de reptiles para crisis” que la Junta “tenía que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se detiene en algunas de las ilegalidades que supuestamente cometió Guerrero, fallecido de un infarto en octubre de 2020 a los 63 años de edad.

A principios del año 2006, un concejal socialista de Camas organizó la solicitud de las ayudas sociolaborales concertando citas de sus conocidos con Guerrero. El entonces director general de Trabajo incluía a estos amigos en listas de trabajadores pertenecientes a empresas que tramitaban expedientes de regulación de empleo, aunque no habían trabajado en las mismas.

“En marzo o abril, detalla la sentencia, “varios militantes socialistas se dirigieron a la entrevista concertada con Guerrero, quien posteriormente ordenaría a la mediadora de seguros Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda socio-laboral de alguna empresa; de esta forma tras los estudios hechos por Vitalia relativos a la empresa Surcolor, el referido director general de Trabajo, en fecha 28 de junio de 2006, remite una escueta comunicación a la aseguradora APRA LEVEN mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes” eran los militantes socialistas a los que coló.

El regalo de Guerrero con dinero público a uno de los beneficiados consistió en una “paga mensual de 1.300 euros hasta el 31 de enero de 2010, fecha de la jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años”. En el otro caso, la persona favorecida por Guerrero estuvo percibiendo algo más de “1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006″.

El ex director general de Trabajo subvencionó también con 1,4 millones de euros a una empresa que montó su propio chófer, quien a su vez le suministraba droga.

Algunos colaboradores del alto cargo de la Consejería de Empleo explicaron durante el juicio el procedimiento seguido para conceder las ayudas. Una secretaria de Guerrero detalló que “lo relativo a la partida 31L”, correspondiente al controvertido programa de ayudas sociolaborales, “lo llevaba directamente Guerrero”, quien le dictaba los convenios con distintas empresas para conceder las subvenciones, le mandaba la relación de trabajadores afectados y posteriormente se confeccionaba la orden de pago.

Al menos seis personas que participaron en el examen de los expedientes con motivo de la información reservada abierta dejaron durante el juicio innumerables ejemplos del descontrol y caos que se encontraron al revisar la documentación:

—”En algunos expedientes no había ningún acto administrativo. Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos no había ni solicitud, ni memoria”.

—”En algunos casos no constaba el DNI de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si era un intruso. No vimos el ERE, no podíamos saber si los trabajadores estaban incluidos en los ERE”.

—”No vi ningún documento contable, ni de fiscalización. La documentación era muy dispersa e incompleta. No vi ningún expediente de gasto. No había documentación de la fiscalización del gasto”.

—”En las carpetas había un desorden absoluto. No eran expedientes administrativos. Había fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Los expedientes no estaban completos, faltaban piezas clave. No había solicitudes ni resoluciones. Tampoco había expediente de gasto”.

La sentencia concluye que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se acordaban pagos multimillonarios ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, “sin sujeción a procedimiento alg uno en la asunción de dichos compromisos”. Un agujero de corrupción que se prolongó durante 10 años.

Subvenciones a empresas nuevas y sin trabajadores

La investigación judicial analizó con detenimiento la concesión de 16 subvenciones por más de 11 millones de euros a empresas radicadas en la sierra norte de Sevilla, vinculadas a municipios dominados por el PSOE, y destapó un fraude masivo. “Las empresas beneficiadas compartían accionistas y órganos de administración; los pagos de subvenciones a varias de ellas se ingresaron en la misma cuenta bancaria; se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas; tenían escaso patrimonio propio. “Salvo Matadero de la Sierra Morena, S.A. y su filial Al Ballut, S.L., el resto de las sociedades carece de sustancia económica y de trabajadores. No consta que haya habido solicitud de subvención por parte de las beneficiarias, ni figura ningún documento de las mismas (memoria, proyectos, presupuestos, etc.)”."                      (J. M. R. el País, 31/07/22)

El Supremo concluye que Chaves y Griñán no se llevaron dinero público en el caso de los ERE pero los condena por malversación

 "El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el ‘caso ERE’, informa Europa Press. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Así lo ha anunciado este martes el alto tribunal, si bien el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días. Algunas fuentes han filtrado ya que el fallo se ha elaborado en medio de una profunda división y opiniones diversas entre los miembros del tribunal. De esta manera, Ferrer y Polo han anunciado un voto discrepante donde exponen que deberían haber sido estimados parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009. Por su parte, Chaves, histórico del PSOE, fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo, según ha podido saber RTVE.

La sentencia concluye que Chaves y Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE, de manera que el Gobierno andaluz regentado por el PSOE repartió discrecionalmente y al margen de los mecanismos de control más de 680 millones de euros. Este reparto supuestamente arbitrario se habría hecho mediante redes clientelares y con presuntas motivaciones políticas como la compra de votos, según viene denunciando machaconamente la derecha andaluza, algo que está por demostrar. Sobre Griñán, los magistrados le reprochan que haya ignorado las alertas sobre irregularidades de la Intervención General, que en la vista oral declaró que nunca llegó a conocer. A lo largo del juicio, los representantes legales de los exlíderes socialistas andaluces han mantenido una misma argumentación jurídica: los encausados son inocentes porque nunca se lucraron, a título personal, con el fraude de los ERE. Los letrados recuerdan que el delito de malversación consiste en sustraer o permitir que otros sustraigan fondos públicos, de modo que consideran que la sentencia de Sevilla, y ahora también la del Tribunal Supremo, construye un “delito de malversación de riesgo” que no figura tipificado en el Código Penal.

No está de acuerdo con esta tesis el Supremo, que entiende que la agilización del proceso de adjudicación de las ayudas y la modificación de los requisitos para obtenerlas puede constituir un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión. De esta manera, según los abogados de la defensa, conductas como la incorrecta o ineficiente gestión del dinero público, que deberían ser enjuiciadas por los votantes en las urnas, terminan convirtiéndose en ilícitos penales, en este caso en un asunto de malversación de caudales. Algunos expertos en Derecho consideran que esta interpretación es injusta y demasiado “rigorista”, ya que no es lo mismo enriquecerse (meter la mano en el cazo, como suele decirse coloquialmente), que gestionar de forma ineficaz las ayudas del Estado.

Según la sentencia del Supremo, Griñán conoció los informes de la Intervención General pero no hizo nada para evitar las presuntas irregularidades. Es decir, ratifica el fallo de la Audiencia de Sevilla, que ya en su día consideró que los expresidentes andaluces eran “conscientes de la palmaria ilegalidad” del desvío de fondos. “Griñán asumió”, como consejero de Economía, “la eventualidad de que los fondos fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Esto, para el Ato Tribunal, constituye un grave delito mientras que para las defensas no sería así. Desde el punto de vista de los acusados, los magistrados del Supremo estarían, no ya interpretando la ley, sino construyendo un nuevo tipo legal delictivo que no existe actualmente en la legislación penal.

Por tanto, el debate jurídico queda abierto y algunos de los condenados ya hablan de sentencia teñida de connotaciones e intencionalidades políticas, es decir, un fallo con un claro objetivo “ejemplificador”. Los críticos con esta sentencia advierten de que si cualquier error o deficiente gestión en los fondos públicos constituye una malversación –con independencia de que haya habido o no apoderamiento de dinero del Estado por parte de los gobernantes, funcionarios o responsables de la administración del patrimonio estatal–, se abre un peligroso precedente, ya que en el futuro cualquier político podrá ser sentado en el banquillo por pura incompetencia o errática gestión. En ese aspecto, el analista Javier Aroca habla de que la sentencia genera un gran “desconcierto político”.

En cualquier caso, la sentencia ha caído como un jarrón de agua fría en el PSOE, que confiaba en la exculpación de Chaves y Griñán en el Supremo. En plena campaña a las elecciones andaluzas, y en un concurrido mitin, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un encendido alegato en defensa de los procesados al asegurar que siente “orgullo de todos los que han liderado Andalucía, orgullo de Chaves, de Griñán, de Pepote Rodríguez de la Borbolla, de Susana Díaz”.

La defensa de los procesados ha anunciado que interpondrá un recurso contra la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, mediante un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, y no descartan solicitar el indulto al Gobierno."                      (Marcos López , Diario16, 26/07/22)

La justicia investiga el posible cobro de mordidas en operaciones urbanísticas y adjudicaciones por parte de políticos del PP y del PSOE en la Comunidad Valenciana

 "La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia envió la noche del sábado al domingo a prisión provisional sin fianza al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, y al hasta hace cuatro días subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición durante el Gobierno de la alcaldesa ya fallecida. 

Los dos políticos están investigados en el caso Azud, una causa abierta en 2007, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Grau y Rubio, Gobierno y oposición durante años en el Consistorio capitalino, fueron detenidos el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación coordinada por la jueza de Instrucción y la Fiscalía Anticorrupción. La ofensiva judicial se saldó 48 horas después con 14 arrestados y más de 40 registros en Valencia, Alicante, Madrid, Ibiza y Tomelloso (Ciudad Real). Junto a estos dos políticos, la magistrada mandó a la cárcel también al constructor Jaime Febrer, clave del entramado de comisiones, a su asesor Joaquín Pastor y a la empresaria Mónica Montoro.

 Los investigadores sospechan que Grau pudo beneficiarse de un millón de euros en mordidas y Rubio, de unos 300.000 euros. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, las sospechas sobrevuelan sobre varias operaciones urbanísticas, entre estas la relacionada con el plan del Grao, uno de los grandes proyectos inmobiliarios de la capital, malogrado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, y salpica a cargos políticos del PP y del Partido Socialista, algunos retirados y otros activos.

Es el caso de Rafael Rubio, concejal socialista de Valencia en la década de los noventa y responsable en la oposición de fiscalizar la política urbanística del PP. El edil permaneció en el Consistorio hasta 2011 y ejerció de portavoz de grupo en el periodo investigado por el juzgado, al menos entre 2004 y 2007. Los socialistas, que gobiernan Valencia desde 2015 junto a Compromís, lo repescaron ―es funcionario municipal― para sus servicios de Urbanismo y allí permaneció hasta que le nombraron subdelegado del Gobierno en Valencia. Está investigado, además, en una pieza separada de otro conocido episodio de corrupción política, el caso Taula, por la presunta contratación irregular de dos falsos trabajadores. Pese a ello, mantuvo el cargo de subdelegado. La detención de Rubio ha dejado estupefacto al partido de los socialistas valencianos, que lo ha suspendido de militancia. Su esposa aparece entre el medio centenar de investigados.

Otro conocido socialista implicado en esta segunda fase del caso Azud es José María Cataluña, exresponsable de Finanzas del PSPV, y el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra [empresa de la Diputación de Valencia en extinción], José Luis Vera, próximo al partido y que los investigadores sitúan como la persona que supuestamente puso en contacto a Febrer con cargos del PSPV.

 El exvicealcalde del PP Alfonso Grau dejó la política activa en 2015, poco antes de perder el Gobierno local, acosado por su procesamiento en el caso Nóos, del que salió absuelto. No fue así en otro caso donde le condenaron en junio de 2019 por aceptar relojes de lujo de un contratista municipal. La hija de Grau también está investigada junto a su padre por Azud. Otro antiguo cargo del PP bajo investigación es la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú por un plan urbanístico con campo de golf proyectado en su municipio.

La primera fase del caso Azud estalló en 2019, dos años después de abrirse la investigación, con la detención de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y su socio en el bufete de abogados que compartían. En este primer golpe de Azud están investigadas además la mujer de Corbín y hermana de la exalcaldesa de Valencia, y sus tres hijas. Fuentes del caso aseguraron entonces que el abogado cobró presuntamente más de un millón de euros en mordidas a diversos empresarios a cambio de la obtención de recalificaciones."                      (Cristina Vázquez, El País, 17/05/21)

Impunidad para el mayor caso de corrupción de la historia de Aragón

"Este caso de corrupción está vinculado al gran proyecto logístico y de construcción llevada adelante durante los 12 años del gobierno de coalición PSOE-PAR en la Diputación General de Aragón (DGA), presidida por el socialista Marcelino Iglesias.

La idea era construir un gran espacio logístico de más de 1.300 hectáreas en las cercanías de ciudad de Zaragoza y próximo al Aeropuerto y a la línea del Ave.

El objetivo esgrimido era potenciar la industria en la ciudad y la región, con miras a desarrollar el sector logístico y que la economía aragonesa dejara de ser tan dependiente del sector automovilístico.

Para su construcción, que duró alrededor de 3 años (2003-2006), y gestión posterior se creó la Sociedad pública PLAZA, donde la DGA tenía el 51’52%, el Ayuntamiento de Zaragoza el 12’12% y las dos cajas de ahorros aragonesas de entonces, Ibercaja y Caja Inmaculada un 18’18% cada una.

El resultado fue la creación de un gran emplazamiento industrial y del centro logístico más importante de la región y uno de los más importantes del Estado español. En el mismo están ubicadas grandes empresas como Inditex, Decathlon, Mercadona o Pikolin. Centros donde los trabajadores y trabajadoras sufren unas condiciones de explotación brutales..

La creación de este gran escenario de explotación laboral desde el principio estuvo salpicada de muchas dudas. En 2013, se inició una investigación por malversación. Las investigaciones policiales, que han continuado durante los años siguientes, se han convertido en la mayor investigación y juicio anticorrupción de la región.

El resultado final del mismo, conocido hace 4 días, ha sido la absolución por falta de pruebas de los 3 principales acusados. Estos no habían llegado a un pacto previo con la fiscalía como el resto de los acusados. Se trata del empresario Miguel Ángel Floría, el ex viceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco, y el constructor al que se le adjudicaron la mayoría de las obras de PLAZA y ex presidente del club de fútbol Real Zaragoza, Agapito Iglesias.

La absolución de los dos últimos es la más significativa ya que se trataba de los “hombres fuertes” y más cercanos al entonces presidente de Aragón Marcelino Iglesias. El primero, Carlos Esco, era quien desde el Ejecutivo autónomo supervisaba directamente la gestión de la empresa pública Plaza y sus movimientos a más alto nivel. 

Además, es el marido de Eva Almunia, que fue secretaria de Estado en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, consejera de Educación bajo el gobierno de Iglesias y candidata a la presidencia del Gobierno aragonés en las autonómicas de mayo de 2011.

El segundo, Agapito Iglesias, fue el “constructor de cabecera” del gobierno autonómico socialista y fue animado por este a comprar el principal club de la región, el Real Zaragoza, al que, tras varios años de nefasta gestión, dejó con una deuda millonaria que estuvo a punto de hacerlo desaparecer.

El resto de los procesados, hasta 25, ya habían llegado a acuerdos previos con la fiscalía que rebajaban sustancialmente las penas de cárcel y las multas económicas que inicialmente se les pedían. El caso más claro es el del principal acusado, Ricardo García Becerril, directivo de la empresa pública Plaza, quien pacto solo dos años y un día de cárcel, cuando en la Fiscalía había pedido para él 23 años de prisión.

Al final, de los 175 años de prisión que sumaban las peticiones de condena formuladas en su momento por la Fiscalía, el caso ha quedado reducido a condenas por un total de 17 años, y con la absolución de tres de los principales acusados. En resumen, el mayor caso de corrupción de la región, se cierra con ningún ingreso en prisión, y con la mayoría del dinero “robado” sin ser devuelto a las arcas públicas.

Otros graves casos de corrupción o despilfarro en Aragón

Por desgracia el caso PLAZA, no es el único caso de estas características ocurrido en la región. En la localidad Zaragozana de La Muela, el ayuntamiento dirigido por la alcaldesa del PAR, Marcia Victoria Pinilla, desvío a ella y a sus familiares, amigos y empresarios cercanos, más de 8,5 millones de euros provenientes de la instalación de los Molinos de Viento para la generación de Energía eólica.

En la ciudad de Zaragoza, la Exposición Internacional del Agua de 2008., dejó en las arcas municipales un agujero de 350 millones de euros, un tercio de la deuda toral del consistorio zaragozano. Esto hace que el pasado 2018 Zaragoza repitiera como la gran ciudad con más deuda por habitante, alrededor de 2000 euros por persona. (...)"                (Jorge Calderón, Izquierda Diario, 15/05/19)

Todos los partidos, desde Convergència Democràtica de Cataluña y PNV hasta PP y PSOE, pasando por Eusko Alkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya se han financiado ilegalmente

"Todos los grandes partidos, desde Convergència Democràtica de Cataluña y PNV hasta PP y PSOE, pasando por Eusko Alkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya, han cometido, supuestamente, delitos fiscales y/o de falsedad documental en sus cuentas relativas al ejercicio fiscal de 2012. 

Así lo afirma el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, en un demoledor informe al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que desgrana las graves infracciones penales que atribuye a cada una de estas formaciones: condonación ilegal de deudas, cuentas sesgadas en las que no se computan los gastos e ingresos reales, extraños préstamos a fundaciones desconocidas e, incluso, donaciones ilegales, entre otros ilícitos penales (todo ello sin contar las irregularidades del ámbito administrativo). 

Fuentes de la fiscalía no recuerdan un escrito tan duro dirigido a un tribunal, el de Cuentas, que nunca ha sancionado en firme a ningún partido y que ha sido muy criticado por sus largas demoras a la hora de fiscalizarlos (lo que le ha llevado a archivar muchos expedientes por estar prescritas las infracciones). Y también por numerosos casos de nepotismo en su plantilla.

El de 2012 es el último ejercicio fiscal sobre partidos políticos y sus fundaciones que ha fiscalizado este tribunal, que se encarga de analizar si las Administraciones Públicas y los partidos destinan su dinero a fines legales y cumplen con las leyes. 

Nunca antes la fiscalía de este tribunal había redactado un escrito tan contundente. Este es el primer informe (“el primero del que se tiene conocimiento”, explica el fiscal jefe) que se elabora “para depurar las posibles responsabilidades que se deducen del ejercicio fiscal de 2012”. Aún no se ha fiscalizado 2013 ni 2014.

 A juzgar por las acciones que describe la fiscalía, todos estos partidos han cometido delitos en sus cuentas de 2012.  (...)

El fiscal aprecia los citados delitos tras analizar el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas en el citado ejercicio, y denuncia que determinados pasajes parecen “redactados para que se interpreten en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”. Fuentes del tribunal señalan que se ha contestado oficialmente al escrito del fiscal y se le han aclarado dudas sobre determinados aspectos contables. 

Que haya trascendido, el Tribunal de Cuentas nunca ha actuado contra los grandes partidos por irregularidades en sus cuentas, salvo muy recientemente, que ha abierto expedientes sancionadores a IU y al Partido Aragonés Regionalista por cuentas irregulares. Antes, ni siquiera detectó casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha descubierto irregularidades, pero cuando ya estaban prescritas por el paso de los años. (...)

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El fiscal sostiene que hay delitos en sus cuentas de 2012 (aún no están fiscalizados los años 2013 y 2014). En este ejercicio, CDC “tiene contabilizados ingresos que, en principio, no se corresponden con los servicios efectivamente prestados”.

 Hay un total de 1,7 millones de euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios que supuestamente ha prestado a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así como a las fundaciones CatDem (antes denominada Trias Fargas) y a Fórum Barcelona, que no están debidamente acreditados. 

Los justificantes que aporta CDC sobre estas lagunas se limitan a “notas internas” que no amparan si tales servicios se efectuaron o no. Ha sido la misma respuesta que había dado en ejercicios anteriores cuando el Tribunal de Cuentas le pidió explicaciones. Se trata de notas con simples “cálculos de costes” hechas por el propio partido.

Y no solo eso: CDC ha hecho aportaciones a su fundación Cat-Dem que ésta “no ha contabilizado como tales” en sus cuentas. En 2012, CDC efectuó aportaciones por importe de 635.865,99 euros bajo el epígrafe de “ayudas” a sus fundaciones (una de ellas, Cat-Dem), pero sin especificar las otras fundaciones a las que ha dado dinero, siempre según el escrito del Ministerio Público. Cat-Dem señala que lo recibido no “son aportaciones”, sino “donaciones”, que tienen tratamientos fiscales diferentes. 

Otra falsedad que advierte el fiscal en CDC, a la que dedica tres de los 15 folios del informe, es que en sus cuentas anuales no incluye “todos los ingresos y gastos”. No figura incluida, por ejemplo, la actividad económico-financiera de sus sedes locales, lo que también “ha podido incidir en su declaración sobre el impuesto de sociedades”.

Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En este partido, aliado de CDC, la fiscalía del tribunal también aprecia “diversos hechos” susceptibles de ser considerados “delitos contra la Hacienda Pública”. La sede del partido en Girona fue adquirida mediante un crédito por importe de 402.016 euros. 

Esa deuda está “prácticamente amortizada”, si bien el partido la tiene contabilizada como pediente de pago. El partido asegura que esa deuda debe ser abonada por la sede territorial, cuyas cuentas están al margen de las del partido. El fiscal entiende que no deben desgajarse. UDC contabiliza en sus cuentas como deuda propia ese crédito que, en realidad, quedó reducido a 14.016,50 euros (no 402.016) que es lo que realmente queda por pagar.

Otro supuesto delito que ve el fiscal es el siguiente: el partido tenía una deuda con la entidad financiera pública Kutxabank por importe de 9,5 millones de euros “que esta entidad le ha condonado”, revela el informe del fiscal. 

Cuando el tribunal pidió explicaciones sobre este crédito, el partido señaló (lo hizo en 2013) que estaba en negociaciones con la entidad para refinanciar el préstamo. Según el fiscal, el propio banco ha reconocido que la deuda real, con fecha 31 de marzo de 2013, se había reducido a 939.999 euros, debido, explicó la entidad al tribunal, a que “hay una notoria diferencia entre los tipos de interés en el momento de la formalización del crédito (comienzos de los noventa) y el actual”. Es decir, el partido y el banco han llegado a un acuerdo para que el crédito de algo más de 10 millones se quede ahora en menos de uno.

El fiscal también denuncia lo siguiente: “La formación tiene registrados entre los gastos de explotación que figuran en su cuenta de resultados los importes abonados en concepto de dietas a un cargo del partido, por importe de 57.773,94 euros”. 

El partido ha justificado estas entregas con “documentos mensuales firmados por el perceptor en los que figura el importe de la dieta a percibir, con su correspondiente retención, recibiendo la misma cantidad mensualmente y devengándose en 14 mensualidades”. El fiscal no especifica a qué alto cargo cargo del partido se refiere.

Partido Popular. También sale muy mal parado el PP en el informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Ha podido cometer en las cuentas de 2012 “varios delitos tributarios”, entre otros ilícitos penales.

Ocho bancos han informado de que, en ese ejercicio, existen cuentas que suman 1,3 millones que no han sido declarados al fisco, así como “pagos de anticipos a miembros del partido que no aparecen descontados o justificados y que superan los 50.000 euros”. El fiscal destaca que el PP “se ha negado” a aportar al Tribunal de Cuentas 34 contratos contraídos con firmas que le han prestado servicios.

El fiscal ve una clara falsedad documental en el PP por aceptar una donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos, hecho que está prohibido. Se le pidieron explicaciones al PP y este alegó que se limitó a respetar la declaración jurada de la firma en la que esta decía que cumplía los requisitos legales para hacer esa donación. 

El PP alegó que no tiene forma alguna de comprobar la existencia o no de relaciones con las Administraciones Públicas de las empresas que le hacen donaciones, por lo que tiene que tener por cierto sus certificados “mientras no se acredite lo contrario”. El fiscal jefe afirma en su informe: 

“Hay indicios de falsedad documental por parte de la persona jurídica [la empresa] donante en la certificación, dado que el artículo 4, 2, bis, de la Ley Orgánica 8/2007, establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.

El caso de los llamados papeles de Bárcenas, que instruye el juez Ruz, revela que el PP ha percibido donaciones ilegales por importe de casi 8 millones de euros en los últimos 20 años.

PSOE. Dos folios del informe dedica el fiscal a las cuentas del PSOE, en las que también ve delitos en sus relaciones con las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso. Señala el fiscal que, en 2012, el PSOE concedió préstamos a ambas por un importe, al menos, de 4,4 millones de euros, a pesar, señala el fiscal, de la imposible devolución de ese dinero dados sus balances negativos.

 Ve irregular el fiscal que el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas fueran la misma persona. Además, alude a otros préstamos del PSOE a sus fundaciones en los ejercicios 2010 y 2011 por algo más de un millón de euros que han sido parcialmente condonados. No entiende el fiscal tales préstamos, máxime cuando el propio PSOE, en 2012, señala, tuvo que pedir “a cuatro entidades bancarias un préstamo de 14,7 millones para financiar un ERE en el partido”. 

El aval dado por el PSOE a los bancos son las “subvenciones presentes y futuras” que consiga el partido del erario público “hasta el año 2020”. Sobre la Fundación Pablo Iglesias, el fiscal destaca que ha colocado en sus cuentas como ingresos un dinero que en realidad es una deuda. En 2012, el partido le dio “un préstamo a esta fundación de 1,7 millones para sufragar gastos de funcionamiento y actividades”.

 Sin embargo, las cuentas de la fundación reseñan este dinero, no “como deuda”, sino como “una aportación” del partido. Para el fiscal, eso es “un delito de falsedad en documento público”, puesto que exhibe como ingreso un dinero que, oficialmente, obtuvo como préstamo. Al incluirla como aportación, la declaró “exenta de tributación”, lo cual es falso.

Eusko Alkartasuna. Sobre esta formación, el fiscal jefe advierte que también ha podido cometer delitos fiscales en 2012. ¿Por qué? En sus cuentas no figuran “todos los ingresos y gastos”. EA dispone, señala el fiscal, de 72 cuentas corrientes con un saldo, a fines de ese ejercicio, de 383.999,26 euros.

Partido Nacionalista Vasco (PNV). El fiscal ve un delito claro en el siguiente hecho: el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca. Y además posee, aunque está prohibido, una maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones “puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita” hacia el partido que gobierna ahora en el País Vasco. 

El fiscal cita, entre otras, las mercantiles Inmobiliaria Lurukanez (100% del PNV) y otra constituida en Francia denominada Iguzkia (98%). También reprocha el fiscal que las cuentas del PNV no son reales y no incluyen toda su actividad verídica.

 El PNV tiene 357 cuentas corrientes, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros, que oculta en sus balances oficiales, destaca la fiscalía dentro del cúmulo de ilícitos que aprecia en sus cuentas y que detalla a lo largo de tres folios."                ( José Antonio Hernández  ,  El País,  Madrid 4 ENE 2015)