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26.2.24

A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

4.12.23

El Cártel de los coches: los clientes abonaron un sobreprecio estimado entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo... más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia... La OCU está presentando demandas colectivas contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda, Volvo, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault

 "Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMWSEAT, ToyotaMercedesHyundaiNissanVolvo o Ford.

La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.

En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.

El sobrecoste de los coches

Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.

La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.

Multa de 137 millones

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.

El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.

Los coches del cártel

 La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.

En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ."     (Economía Digital de Galicia, 04/12/23)

28.6.22

La Fiscalía pide multa de 84,9 M para Iberdrola y cárcel para cuatro de sus directivos por por "provocar una subida del precio de la energía" a través de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013

 "La Fiscalía Anticorrupción ha pedido enviar a juicio a Iberdrola Generación y a cuatro de sus directivos por "provocar una subida del precio de la energía" a través de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013. 

En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sostiene que incurrieron en un delito relativo al mercado, por lo que pide una "pena de dos años de prisión" para cada directivo y una multa de 84,9 millones de euros para la filial de la eléctrica. También solicita que los acusados indemnicen a las comercializadoras y consumidores afectados con un "máximo" de 107,3 millones de euros.

"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", sostiene Anticorrupción. 

 Como avanzó El Confidencial en septiembre, la instrucción arrancó en 2017 y concluyó en julio de 2021, cuando los abogados de Iberdrola y de los directivos solicitaron el sobreseimiento del caso al descartar su implicación en la escalada del precio a finales de 2013. Anticorrupción, sin embargo, echa por tierra esta tesis en su escrito.

"Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad", advierte la Fiscalía. "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía".

 Apoyándose en este razonamiento, la Fiscalía pide enviar a juicio a Iberdrola Generación, que se integra dentro del 'subholding' Iberdrola España, y a cuatro de sus directivos: Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Un perjuicio de más de 100 millones

"Iberdrola, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh", concluye Anticorrupción tras comparar la oferta realizada entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre con la que se produjo el mes anterior.

A partir del 24 de diciembre, "el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables", pero "la consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh". De esta manera, Iberdrola "despachó en el período que nos ocupa 2.965.779 megavatios (...), lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros".

 Según advierte Anticorrupción, esta manipulación del sistema provocó un perjuicio de al menos 10,6 millones de euros a las compañías comercializadoras. "El resto del perjuicio causado, hasta los 107.340.000 de euros, fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos", añade en su escrito.

Con estas cifras sobre la mesa, pide multar con 84.891.272 euros a Iberdrola Generación, el "cuádruplo del beneficio obtenido", así como obligar a los acusados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados "hasta un máximo de 107.340.000 de euros".                (Pablo Gabilondo , El Confidencial, 27/06/2022)

5.2.18

El Castor o la vergüenza del régimen

"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la indemnización que recibió ACS por la hibernación del almacén subterráneo pone de manifiesto cómo se toman las decisiones en un Estado como el español.

 Este proyecto tenía como objeto el almacenamiento de gas y se situaba frente a las costas de Tarragona y Castellón y fue inicialmente aprobado por el gobierno de Zapatero en un alarde visión de futuro. Todo formaba parte de una estrategia de garantía de suministro de gas en caso de desabastecimiento externo que se ha demostrado como errónea y muy cara, como siempre, para los consumidores. 

Las veleidades de los grandes grupos energéticos alrededor del poder, independientemente  de quien gobierne, casi siempre recaen sobre el eslabón más débil de la cadena, es decir los súbditos que conformamos el Estado moderno.

 Tres de esos proyectos se han paralizado en los últimos dos años: Castor (en el Golfo de Valencia), Marismas (en Huelva) y la ampliación de Gaviota (frente a la costa de Bizkaia).

 La planificación vigente preveía que el volumen operativo en almacenamientos subterráneos aumentara un 238% en 2016, un objetivo que no se ha cumplido y demuestra la falta de pericia y conocimiento de quienes pensaron en esta fórmula tan dolosa para los consumidores y tan golosa para las grandes corporaciones, que siempre pagan muy bien este tipo de experimentos con las cobayas nacionales.

 El fiasco más notable ha sido el de Castor. La secuencia de seísmos, primero ignorados y luego minimizados por los responsables políticos, provocaron la paralización de los trabajos por parte de Escal UGS, controlada por ACS, quien era la concesionaria de la explotación.

 El Gobierno de Zapatero introdujo una cláusula de salvaguardia de la inversión para que estas pobres empresas no sufrieran ningún quebranto y no incurrieran en pérdidas, importando muy poco si la salud peligraba o si el coste final para el consumidor era tan elevado, como así ha sido finalmente. 

Esta cláusula se fijó, ahora parece que de forma arbitraria según el Constitucional, en 1.350 millones. Del mantenimiento de las instalaciones, que permanecen en estado de hibernación, se encarga ahora Enagás. La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, aunque todavía no hay sentencia sobre ello.   

Pero lo más grave fue que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España.  

 Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores, lo cual dice mucho de la influencia que tiene montar una estructura de este tipo con el apoyo de un Estado miembro, aunque las dudas sobre su viabilidad técnica y sus riesgos sobre la población sean ignorados por políticos y empresarios, cuya única hoja de ruta es la cuenta de resultados.

 Una vez el proyecto se suspendió, la concesionaria, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS ya aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto el valor de la inversión es totalmente recuperable. 

Esta clausula, que fue recurrida por el Abogado del Estado por ser lesiva para el interés general, fue avalada por el Tribunal Supremo, para respiro del gobierno de Zapatero.  Por suerte, en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se incluye el riesgo sísmico como variable a tener en cuenta para la concesión de permisos y licencias de este  tipo.

 Después de toda esta chapuza legislativa, con gran dolo para el Estado que tanto quieren y protegen los diputados mal llamados constitucionalistas, ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia del desembolso. 

No hay que olvidar que el dinero que el Estado pagó de forma inmediata a la concesionaria, 1350 mill€, fue a parar a los bonistas (entre ellos el BEI), como bien apuntaba ya la empresa de Florentino en 2013. Siempre hay que preservar los derechos de accionistas y bonistas porque si no, no hay flujos de capital hacia este tipo de inversiones.

 La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada, pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron su inversión. 

Ahora comenzará un proceso larguísimo de litigios entre las partes,  sin que exista ninguna garantía que algún día los consumidores españoles puedan recuperar una cantidad muy respetable que se han embolsado los inversores y la empresa concesionaria, gracias a una cláusula que alguien del entorno de Zapatero introdujo y que un tribunal ha avalado, obviando el dolo para el interés general.

 En suma, ya tenemos el círculo vicioso perfecto. Empresas del régimen oligopolístico proponen un negocio al gobierno de turno, asegurándose de que se hace la vista gorda con los riesgos para su explotación, como así fue en el caso del Castor.

 Para llevarlo a cabo, se incluyen cláusulas de salvaguardia por si los resultados son negativos o generan una alarma social, como ocurrió con los seísmos en la zona. Una vez se suspende el proceso, cobran de forma inmediata para no espantar a los inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los consumidores.

 El círculo se cierra votando a los mismos que nos han sacado de la cartera los 1350 mill€. Y por supuesto, siempre hay jueces que son cooperadores necesarios para evitar que prime el interés general, frente a las grandes multinacionales. 

Y ahora el Constitucional, para disimular, apela a un defecto de forma (como la amnistía fiscal, por ejemplo) y recuerda al ejecutivo que hay que cuidar las formas y no pagar tan rápido. Pero de devolver el dinero nada, que si no Florentino Pérez se enfada y entonces dejará de regar con palcos y catering a los que supuestamente defienden a los trabajadores y la oposición política de la villa y corte. "         (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 25/12/17)    

3.8.15

Multa de 171 millones a 21 marcas de coches por actuar como un cártel. SEAT se chivó a cambio de 'clemencia'

"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa de vehículos en todo el territorio español.

La sanción, que afecta también a dos consultoras, se ha impuesto por realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Según la CNMC estas empresas han actuado directamente como un cártel.

El organismo da por probada una infracción "única y continuada" consistente en el "intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas".

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas 'premium'.

 Competencia asegura que ha quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información "con manifiesta ocultación y secretismo", valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información, mediante la participación a tal efecto de dos consultoras, Urban Science y Snap-On Business Solutions.

La organización explica que el intercambio de información se estructuraba en el ámbito de la gestión empresarial, con datos relativos a la distribución y la venta de vehículos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de las marcas". También se compartió información sobre servicios y actividades de posventa, para lo que se creó un programa de colaboración a partir de 2010 de la consultora Urban Science y se convocaron diferentes foros.

Igualmente, algunas de las marcas envueltas en este expediente también intercambiaron información confidencial en el campo del marketing, con reuniones denominadas 'Jornadas de Constructores', en las que participaron responsables de marketing de posventa.

 Competencia apunta que en las inspecciones realizadas en las sedes de las empresas a finales de julio de 2013 y junto con la documentación facilitada por Seat "en su solicitud de exención de pago de multa" se comprueba que estas acciones han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado.

La CNMC ha decidido eximir de la multa a Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica por su condición de solicitantes de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", añadió, al tiempo que señaló que éstas han quedado eximidas de una multa de 39,44 millones de euros.

Además, considera que el papel de Urban Science y de Snap-On "es determinante", ya que actuaron como facilitadores activos del cártel y como instrumentos fundamentales en el intercambio de información y en el mantenimiento en el tiempo de dicha conducta.

 Entre las empresas con mayores sanciones dentro del expediente figuran Citröen (14,7 millones), BMW (8 millones), Ford (20,2 millones), General Motors (22,827 millones), Peugeot (15,7 millones) o Renault España Comercial (18,2 millones).

Además, también se ha multado a B&M Automóviles España con 776.012 euros; a Chevrolet España, con 138.580 euros; a Chyrsler España, con 264,5 euros; a Fiat Group Automobiles Spain, con 6,9 millones de euros; a Honda, con 609.325 euros; a Hyundai, con 4,41 millones de euros; a Kia, con 2,07 millones de euros; a Mazda, con 2,37 millones de euros; a Mercedes-Benz España; 2,37 millones de euros; a Nissan Iberia, con 3,15 millones de euros; a Snap-On, con 52.785 euros; a Toyota España, con 8,65 millones de euros; a Urban Science, con 70.039 euros, y a Volvo Car España, con 1,7 millones de euros.

Competencia procede al archivo de las actuaciones contra Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España y Orio Spain "por no haber quedado acreditada la comisión de infracción" y recuerda que no existe recurso alguna en vía administrativa contra estas resoluciones."                 (Público, 28/07/2015)

10.12.13

Multa récord de la UE a la gran banca por manipular el euríbor

"Las autoridades de Competencia de la Unión Europea han anunciado este miércoles las multas millonarias contra seis de los grandes bancos internacionales por manipular los tipos de interés, en un caso del euríbor y el líbor y, en un segundo expediente, del japonés tíbor.

 La sanción, finalmente, ha ascendido a 1.700 millones, lo que la convierte en la más alta fijada hasta la fecha por el departamento que ahora dirige Joaquín Almunia. Las entidades sancionadas son Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, Société Générale, RPMartin y Royal Bank of Scotland.

"Lo que es impactante en los escándalos del líbor y del euríbor no es sólo la manipulación de los índices de referencia sino también la colaboración entre bancos que deberían competir entre ellos", ha denunciado el también vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia.(...)

En concreto, cuatro de las entidades —Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Société Général— participaron en un cártel entre 2005 y 2008 para manipular derivados del euríbor, que es el interés al que los bancos se prestan dinero en euros entre sí, y el líbor, que es su homólogo británico. 

No obstante, Barclays, tras recibir fuertes multas en EE UU y Reino Unido por los mismos motivos, se libra de una sanción de 690.000 euros por ser la primera entidad que denunció el cártel. Junto a ella, otras tres entidades han visto rebajadas sus multas por colaborar. El Ejecutivo comunitario mantiene procedimientos abiertos contra Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan y seguirá la investigación.

Por otro lado, seis entidades —UBS, RBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup y RPMartin— participaron en uno o varios acuerdos bilaterales entre 2007 y 2010 sobre productos derivados de tipos de interés referenciados al yen japonés. UBS se libra de una multa de 2.500 millones de euros por ser el primer banco que denunció la existencia del cártel. (...)

Gracias a los acuerdos, los bancos lograban aumentar sus márgenes y mejorar beneficios a costa de mantener artificialmente altas las tasas de referencia que luego se utilizaban para fijar las cuotas de cientos de millones de euros en estos créditos y productos derivados. 

"Son cárteles que han sacado beneficio", ha advertido Almunia, que se ha mostrado confiado en que el elevado importe de las sanciones sirva para "castigar y disuadir" a los participantes del mercado de repetir este tipo de comportamientos. (...)"       (El País, 04/12/2013)

23.9.13

Repsol y Cepsa manipularon el mercado del asfalto

"El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este lunes las multas de 83,8 millones de euros a Cepsa y de 80,4 millones de euros a Repsol por liderar entre 1991 y 2002 un cártel para pactar los precios y repartirse el mercado del asfalto en España

 La sentencia confirma la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario en 2007 y rechaza los recursos interpuestos por las petroleras españolas. Fuentes de Cepsa indicaron que la compañía ha recibido la notificación de la resolución y que se encuentra analizando su contenido. "Respetamos la decisión del tribunal", añadieron. (...)

Los jueces sí que han rebajado ligeramente las multas impuestas a otras dos empresas participantes en el cártel, la sueca Nynäs y la portuguesa Galp, por errores de apreciación de la Comisión. En el cártel participó también la británica BP, que se libró desde el principio de la sanción por haber sido la primera en delatar la existencia de este acuerdo legal.

La sanción total para el cártel que fijó la Comisión ascendía a 183 millones de euros. Afectaba en concreto al betún de penetración, utilizado para la construcción de carreteras y no sujeto a transformación posterior. El valor del mercado español de este producto en 2001, el último año completo de la infracción, fue aproximadamente de 286 millones de euros."                      (Vox Pópuli, 16/09/2013)

17.9.13

Un funcionario europeo recuerda cómo llegó a su despacho un directivo con todos los documentos que comprometían a su empresa bajo el brazo... por celos

"A veces, el mundo de los negocios se parece a una película de espionaje. A esos largometrajes en los que el héroe fotografía a hurtadillas unos planos secretos, levantando con frecuencia la cabeza, por miedo a que un fiero agente del KGB le sorprenda.

 Un directivo del grupo químico Degussa debió sentir lo mismo un día de abril de 2002, cuando se encontraba, cámara en mano, en un bello edificio de oficinas de Zúrich, intentando desesperadamente recopilar las pruebas con las que su empresa pudiera escapar de la ira de la Comisión Europea.

Ante él y sobre la mesa se encontraban documentos que resumían 30 años de un acuerdo secreto entablado por varias empresas químicas: Degussa, la empresa para la que trabajaba, y su filial Peroxid, pero también AkzoNobel, Atofina... La finalidad era controlar un mercado muy determinado: el de los peróxidos orgánicos. A partir de 1971, estos grupos celebraron reuniones secretas para repartirse los clientes y acordar los precios.

La conspiración duró casi tres decenios. Hasta que se produjo una traición. En abril de 2000, los dirigentes de AkzoNobel decidieron denunciar ante la Comisión Europea el acuerdo en el que habían participado. ¿Un remordimiento repentino? Lo cierto es que no: el grupo sólo quería aprovecharse de lo que se denomina el procedimiento de clemencia. 

El primero que denuncie un monopolio en el que participa ve cómo se anula la gran multa que tendría que pagar. Pero incluso a los demás participantes les interesaba participar: el segundo que confiesa puede beneficiarse de una reducción de entre el 30 y el 50 % de la multa, el tercero, de una rebaja del 20 al 30 %, etc. Es como la protección del arrepentido en la lucha contra la mafia, pero adaptada al mundo de los negocios.

Tras las confesiones de Akzo, cundió el pánico. Rápidamente, Atofina hizo lo mismo. Unos meses más tarde, Degussa quiso colaborar. Pero sus dirigentes se quedaron helados por lo que les dijeron los funcionarios del Ejecutivo europeo: "Está muy bien que hayan venido a vernos, pero tendrán que aportarnos pruebas que aún no tengamos para poder beneficiarse de una rebaja de la multa".

 ¿Cómo lo iban a conseguir? Todos los documentos que demostraban el acuerdo se encontraban en Zúrich, ocultos en la caja fuerte de Treuhand, la empresa suiza que coordinaba el cártel. Sólo quedaba una solución: un directivo de Degussa cogió un avión con dirección a Zúrich, con la excusa de plantear alguna pregunta a Treuhand y fotografió a escondidas los documentos comprometedores. 

Unos días más tarde, los funcionarios de la Comisión tenían todos los negativos en sus oficinas. Y sobre todo, el que inmortalizaba el acuerdo fundador, un papel rosa de 1971 que establecía el contexto del cártel. Un golpe maestro con el que Bruselas pudo concluir su investigación. En 2003 llegaron las sanciones. Degussa tuvo derecho a una reducción del 25 % en la multa de 34 millones que tenía que pagar.

Los funcionarios de la todopoderosa "DG Comp", la Dirección General de la Competencia de la Comisión, podrían contar decenas de historias rocambolescas de este tipo. Desde hace diez años, todo el mundo se apresura a denunciar los acuerdos secretos y alrededor del 80% de estos acuerdos se castigan en Europa gracias a un "delator".

 "Este programa es lo que permite realmente echar por tierra el sistema. Todas las empresas implicadas en un acuerdo se preguntan en algún momento u otro si les convendría denunciarlo antes de ser denunciadas", explica Olivier Guersent. El actual jefe del gabinete de Michel Barnier, comisario de Mercado Interno, conoce a la perfección el asunto, ya que creó este procedimiento y luego cambió por completo los métodos de investigación de la Comisión.

 Sin embargo, al principio, este cambio, calcado de lo que se había hecho unos años antes en Estados Unidos, no contaba con el apoyo unánime en los pasillos de Bruselas. Varios funcionarios expresaban su desagrado ante este concepto de "manos limpias" que situaba a los cárteles en el mismo nivel que los crímenes de sangre...

 Se suelen adoptar mil precauciones para escapar a los inspectores. En Alemania, los directivos de los fabricantes de camiones de bomberos compraron teléfonos de prepago, no de contrato, para comunicarse discretamente entre ellos. ¡Exactamente igual que los traficantes de droga de Baltimore de la serie de culto "The Wire"!

En el caso del transporte aéreo, al que Bruselas aplicó el año pasado importantes multas por un total de 169 millones de euros, los directivos de los grandes grupos (UPS, Panalpina, Kühne & Nagel, Deutsche Post, Deutsche Bahn, etc.) crearon direcciones de correo electrónico específicas en Yahoo! para no tener que utilizar los sistemas de correo de las empresas.

 La persona encargada de gestionar el cártel era un amante de las hortalizas. Por ello creó un "club de horticultura" con sus colegas para hablar de "espárragos" o de "calabacines". Cada verdura designaba en realidad un mecanismo de sobretasa específico.

A veces, esta sofisticación explica cómo se mantienen durante tantos años estos cárteles. Pero éste en concreto acabó cayendo, como muchos otros. Siempre llega un momento en el que uno de los miembros del club acaba denunciando a todos sus compañeros. A veces los que dan la voz de alarma son delatores de una empresa implicada y no necesariamente por los motivos que podamos pensar.

 Un funcionario europeo recuerda cómo llegó a su despacho un directivo con todos los documentos que comprometían a su empresa bajo el brazo. ¿Un caballero blanco? En realidad, la persona que organizaba el cártel mantenía una relación con la mujer del famoso "denunciante", que vio en la delación una forma práctica de vengarse...

En la mayoría de los casos, son las mismas empresas las que denuncian los cárteles en los que han participado. A veces éstos funcionan tan bien, que sus miembros son cada vez más numerosos, por lo que el grado de lealtad disminuye. Y también suele ocurrir que la actuación de Bruselas en un sector análogo desata los temores.

 El "club de horticultores" compartía hangares con las grandes empresas de transporte aéreo (Air France-KLM, British Airways, Air Canada...), todos castigados severamente en 2010 por la Comisión por otro acuerdo. "Eso quizás les hizo reflexionar y explica sin duda en parte que Deutsche Post denunciara a sus compañeros horticultores", opina un experto. 

Pero el motivo más frecuente es mucho más sencillo: a veces el pastel se descubre cuando alguien compra una de las empresas del cártel. El nuevo propietario se da cuenta de ello y para no inmiscuirse en ello, prefiere denunciar.

Cuando alguien quiere delatar un cártel, tiene que ser rápido. A veces, a los miembros del acuerdo se les ocurre denunciarlo al mismo tiempo. Por mucho que hayan trabajado juntos durante años, no es habitual que confíen plenamente en los demás. Y sólo el primero que acuda a la Comisión se beneficia de inmunidad total.

 Este aspecto es tan importante que, a veces, las empresas apelan ante el Tribunal de Justicia de la UE el "orden de llegada" que mantiene la Comisión en la delación. De hecho, la diferencia puede costar decenas de millones de euros en multas. Para designar el lugar en la lista de arrepentidos, Bruselas tiene en cuenta la hora de llegada, pero también el valor añadido que aporta la empresa a la investigación.

Con un "arrepentido", todo se vuelve más fácil para la Comisión. Organización del cártel, objetivos, número de miembros: estas confesiones le aportan una visión clara de todo el conjunto. Pero antes de castigar severamente, es necesario recopilar aún más pruebas. Documentos concluyentes, correos electrónicos sospechosos. 

El tipo de documentos que no se pueden obtener sin algo que se parece mucho a una intervención policial. Para ello existen las inspecciones sorpresa de los funcionarios del Ejecutivo europeo. Llegan en grupo, a menudo se niegan a subir juntos en el ascensor para evitar que una desafortunada casualidad los deje a todos atrapados durante horas y registran todo, tanto armarios como ordenadores. 

También se analizan los SMS de los móviles. Precintan todo. A veces se encuentran con papeles de divorcio, con correos electrónicos de amantes. Pero, a no ser que los planes se tuerzan, normalmente encuentran lo que buscan.

En una ocasión, un directivo, presa del pánico, tiró todos los papeles comprometedores a los retretes. Cuando el abogado de la empresa se dio cuenta de ello, se desató el pánico. Los empleados del grupo acabaron yendo a buscar los documentos por la bajante de aguas residuales del edificio. Un poco doblados y mojados, pero perfectamente utilizables.

Ahora toda Europa sabe a qué atenerse. Es preferible colaborar con Bruselas para evitar una elevada multa. Observar los nombres de las empresas que han denunciado un cártel ante la Comisión desde hace diez años es como dar la vuelta al mundo: encontramos de todo... aunque no empresas francesas, [excepto] la antigua Rhône-Poulenc, que denunció hace cerca de quince años dos cárteles distintos, entre ellos el de las vitaminas.

No es mucho. En Alemania, las empresas se quedaron traumatizadas por el escándalo de corrupción de Siemens de hace diez años y ya no dudan en "delatar".

Los grupos italianos tampoco destacan por su diligencia en la materia. En 2002, la italiana Deltafina desobedeció las normas, al denunciar un acuerdo con el que se controlaba el mercado del tabaco crudo transalpino. 

¿Tuvo miedo de su propia valentía? En la siguiente reunión con los miembros del cártel, el grupo avisó a los demás que los había delatado. Una acción totalmente prohibida por Bruselas. Deltafina perdió su inmunidad y tuvo que pagar una multa como el resto. Los reflejos culturales son difíciles de erradicar."            (Presseurop, 10 julio 2013, Les Echos París)

7.1.13

Cómo los cárteles imponen su ley. Tanto si venden cemento como televisores, electricidad o café, los grandes grupos prefieren ponerse de acuerdo entre ellos para inflar los precios antes que arriesgarse a que se genere competencia. Y aunque esta práctica es ilegal, rara vez les importa.

"Los respetables hombres de negocio se reunían la mayoría de las veces en los congresos de la federación profesional de electrónica en Fráncfort. Allí realizaban exposiciones sobre los nuevos mercados, las nuevas tecnologías y sobre cualquier otra novedad del sector de los transformadores, esos grandes aparatos compuestos de imanes y bobinas, indispensables para cualquier proveedor de electricidad.

 Pero tras el cierre del programa oficial del congreso es cuando las cosas se ponían realmente interesantes, durante veladas o excursiones en grupo.

Entonces, los directores generales y los responsables de ventas se reunían en "petit comité", según determinaron los investigadores, para realizar "intercambios sobre proyectos concretos", con los que obtendrían jugosos beneficios. 

Pactaban acuerdos que garantizaba a pseudo-competidores una serie de beneficios complementarios del orden de decenas de millones. Los participantes presentes acordaban en detalle la forma de compartir los contratos y, sobre todo, los precios que se iban a aplicar.

Los funcionarios de la Oficina Federal de la Competencia en Bonn descubrieron que, durante al menos cinco años, el grupo Siemens, la empresa Starkstrom-Gerätebau de Ratisbona, el francés Alstom y el gigante suizo de la electricidad ABB se dividieron el mercado alemán de los transformadores, eliminando de este modo cualquier tipo de competencia, en detrimento de los consumidores, pues éstos pagaron considerablemente más que si los proveedores hubieran operado en una situación de competencia. La investigación de la policía sobre los cárteles duró cuatro años y el resultado fue, el pasado mes de septiembre, una serie de sanciones financieras.

 En total, las cuatro empresas y los directivos implicados tuvieron que pagar 24,3 millones de euros de multa al Tesoro público.

Pero nada más. Nadie ha tenido que responder de sus actos ante un tribunal. Ni siquiera se ha señalado a ninguna de las partes implicadas. Más allá de algunas noticias breves, los medios de comunicación no se han hecho mucho eco del asunto.

Casi siempre ocurre lo mismo cuando se descubren cárteles en Europa. Cada año, las autoridades responsables de la competencia investigan a cientos de empresas que burlan la prohibición de formar cárteles. Café, productos para lavar vajillas, cemento y productos químicos, pantallas planas y lectores de DVD, cristales y haces eléctricos para automóviles, incluso los camiones de bomberos y los camarones, la lista de los sectores implicados es casi infinita.

En realidad, el coste de la plaga de los cárteles es mucho mayor de lo que se cree en general. Según han podido determinar las autoridades de la competencia, los cárteles inflaban los precios de sus productos una media del 25%, con lo que en cuestión de cuatro años podían acumular una bonificación equivalente a su volumen de negocio anual. Como es evidente, es imposible conocer las cifras exactas.

Después de todo, los cárteles son "hijos de las tinieblas", como dijo Franz Jürgen Säcker, antiguo juez especializado en cárteles y hoy uno de los grandes especialistas del derecho de la competencia en la Universidad Libre de Berlín.

No obstante, desde 2007, un equipo compuesto por nueve economistas de tres institutos de investigación europeos cuantificaba las pérdidas imputables a los cárteles europeos en más de 260.000 millones de euros al año, en un estudio encargado por la Comisión Europea. Una cifra que equivale al 2,3% del PIB anual de la Unión o al doble del presupuesto anual de la Comisión Europea. (...)

Las cifras de la reincidencia no contribuyen a disipar las dudas. Un grupo de economistas estadounidenses han analizado los casos de 283 trusts internacionales. Sus conclusiones son asombrosas. Solo el grupo químico alemán BASF habría formado parte de 26 cárteles entre 1990 y 2005. En cuanto al petrolero francés Total, fue perseguido por la justicia en 18 ocasiones y la [empresa química] alemana Degussa, 13 veces.

No se puede acusar a los cazadores de cárteles de falta de celo. Desde principios de 2010, la Comisión Europa investigó 15 importantes casos en los que 112 empresas fueron condenadas a pagar multas cuya cantidad total fue de casi cuatro mil millones de euros. Es decir, en tres años, cuatro veces más de lo que se pagó durante toda la década de los noventa.

Sin embargo, las causas de esta escalada en las multas no residen en la adaptación de las autoridades competentes, sino más bien en la introducción de unas normativas generosas con respecto a los testigos principales. 

Desde 2004, las empresas y los directivos que denuncien las actividades de los cárteles y presenten las pruebas necesarias ante la Comisión Europea no incurrirán en ninguna multa, aunque hayan sido en el pasado los principales beneficiaros de los cárteles.

A esto se añade que las sanciones financieras se limitan como máximo al 10% de la cifra de negocios. Un chollo, tal y como lo demuestra el asunto del cártel de las empresas de cemento alemanas, descubierto en 2002.

 Según los cálculos de la autoridad de la competencia, habría expoliado a sus clientes cerca de 2.000 millones de euros. En cambio, las empresas incriminadas no tuvieron que pagar más de 400 millones de euros en sanciones.  (...)

Aunque causan grandes estragos, los trusts pagan multas dignas de infractores de normas de tráfico. Sus artimañas se consideran simples infracciones. El resultado es que a ninguno de los autores se le considera personalmente responsable ante la justicia. La mayoría de las veces, la opinión pública ni siquiera conoce sus nombres.

En Estados Unidos, la situación es totalmente distinta. Allí, la pertenencia a un cártel desde hace tiempo se castiga con penas de prisión. En 2004, la pena máxima se prolongó a diez años de prisión. Irlanda y Gran Bretaña han adoptado el modelo estadounidense. Pero la República Federal no quiere ni oír hablar del asunto."      (Presseurop,5 diciembre 2012 Der Tagesspiegel Berlín)

23.12.09

Competencia abre expediente a 11 empresas del asfalto. El órgano ve indicios de pacto de precios y reparto de mercado

"La Comisión Nacional de Competencia (CNC) no ceja en su empeño de impedir que los carteles de empresas sigan proliferando en muchos de los sectores de la economía para impedir la libre competencia. Ayer el órgano sancionador informó de que ha abierto un expediente sancionador contra 11 empresas del sector de los asfaltos, entre ellas la firma en concurso de acreedores Teconsa, por posibles acuerdos para el reparto del mercado y fijación de precios de los productos.

El resto de empresas afectadas por el expediente son Aglomerados León, Asfaltos Urretxu, Asfaltos Vidal Ferrero, Gehorsa, Construcciones Mariezcurena, Coprisa, Collosa, Excavaciones y Transportes Orsa, Grupo Campezo y Tebycon.

La incoación del expediente es resultado de una información abierta por la Dirección de Investigación de la CNC tras la presentación de una denuncia y de las inspecciones realizadas el pasado 15 de octubre en las sedes de estas empresas. (...)

La nueva ley permite que una empresa quede exenta de la multa si denuncia ante la CNC una práctica de cartel en su sector aunque esté ella incluida." (El País, ed. Galicia, economía, 22/12/2009, p. 27)

16.7.09

La UE multa con 1.106 millones a E.ON y GDF Suez por monopolio

"La Comisión ha impuesto hoy multas por un valor total de 1.106 millones de euros a la empresa energética alemana E.ON y a su filial E.ON Ruhrgas y a la compañía francesa GDF Suez por haber llegado a un acuerdo para repartirse los mercados francés y alemán del gas, lo que vulnera la normativa comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas. Cada una de las empresas -E.ON/E.ON Rhurgas por una parte y GDF Suez por la otra- deberá pagar 553 millones.

El Ejecutivo comunitario cree que el acuerdo "permitió a E.ON y a GDF conservar posiciones sólidas en los mercados alemán y francés del gas en el momento de su liberalización". Las empresas privaron así deliberadamente a los consumidores de gas franceses y alemanes de las ventajas aportadas por la directiva europea de 1998, es decir, más competencia en cuanto a precios y más posibilidades para elegir proveedor." (El País, ed. Galicia, Economía, 08/07/2009)