Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos

 "El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.

El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.

Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una “represalia” por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió “presión” del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.

Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

Obligación de revertir las obras

La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.

El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de “ampliar” su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.

La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.

La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.

En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de “propietarios de toda la vida” en una manzana de marcado carácter residencial. “Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50”, añadía a esta publicación.

No consta otra petición de obras ni inspecciones

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.

Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.

Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información."                 (José Precedo / Diego Casado , eldiario.es, 18 de marzo de 2024)

Un funcionario de Industria se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado... En una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado... El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado...

 "Crónica Libre desvela, gracias a un documento en exclusiva, cómo un funcionario de Industria, se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado. El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado

 En las dos entregas anteriores del #IndustriaGate, Crónica Libre ha desvelado como se utilizó el Ministerio de Industria para favorecer al partido popular en las elecciones generales, autonómicas y locales, y como el PP defraudó 2.000 millones del Ministerio.

En esta nueva entrega, Crónica Libre desvela, en base a unos documentos exclusivos, cómo la situación fue tan irregular que el propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado para cuando les denunciaran, situación que parece ya anticipaba. El viernes 13 de marzo de 2015, tuvo lugar en el Ministerio de Industria una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado.

A esa reunión, asistió el funcionario David Ginard Pariente que en ese momento era el Jefe de Unidad de Servicios en la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Según el perfil de Linkedin de Ginard, éste funcionario tiene una formación impresionante: es Ingeniero Aeronáutico, Doctor en Astrofísica, Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. A día de hoy, Girard es Coordinador del Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.

#INDUSTRIAGATE

El martes 17 de marzo de 2015, Ginard escribió un email a su superior, Antonio Alcolea Muñoz con copia a otros 9 funcionarios del Ministerio.  (...)

 Ginard, expone su preocupación con respecto a una de las empresas que estaban auditando, en concreto al Grupo Tecnológico ZED:“El viernes pasado tuvimos que indicar si los proyectos iban a tener reintegros totales o parciales.” Esta información choca con la realidad de los informes de auditoría que ha podido confirmar el equipo de investigación de Crónica Libre. A pesar de tomar la decisión de auditoría el viernes 13 de marzo de 2015, las fechas de los informes son extraordinariamente posteriores.

Crónica Libre ha constatado, en los 18 expedientes a los que hemos tenido acceso, que la auditoría de proyecto más cercana está fechada 2 meses después. Y la más lejana, más de 2 años . En la mayor parte de ellos, ni siquiera se había realizado una sola acción de comprobación o auditoría en el momento que se tomó la decisión de cancelarlos.

Crónica Libre ha contactado con varios auditores registrados en el ICAC (Instituto de Censores y Auditores de Cuentas), el organismo que regula todas las auditorias que se realizan en España, que han confirmado que esta práctica es simple y llanamente un fraude.

Por ello, es muy razonable pensar que Ginard, con su extensa formación, era consciente de la prevaricación que se estaba cometiendo, pues el mismo dice en el email: “Como este tema es muy “extraordinario” y no sabemos dónde va a llegar”.

 Para curarse en salud, el funcionario propone una serie de medidas para protegerse ante las posibles consecuencias jurídicas: “Respecto a las firmas de los informes finales, ¿no podríamos intentar que firmase una comisión y no nosotros?” Es decir, vuelve a ser consciente de la ilegalidad e intenta evitar tener que firmar los informes. La preocupación por una posible denuncia es latente: “¿Nos podrían denunciar individualmente? ¿Nos defiende la AE?“. Está claro que el funcionario estaba pidiendo la asistencia jurídica a la Abogacía del Estado ante las denuncias que anticipaba que se iban a producir.

En su cuarto punto, pregunta por el procedimiento de realización de los informes que tiene que hacer con la decisión sobre su resultado ya tomada: “Supongo que seguiremos como hemos dicho el procedimiento normal: TACI, TAER, etc”. Y continúa diciendo: “todos los de ZED (excepto Ilion Studios) pecan de la parte de personal“, en referencia a la información que Crónica Libre desveló ayer sobre la inclusión de la norma sobre control de gastos de personal que se inventó el gobierno del PP para cancelar los proyectos.

Ilion Studios y Planet 51

Debemos explicar que Ilion Studios era una filial de ZED que fue la autora de la película Planet 51, cuyo estreno en 180 países del mundo la convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine español (180 millones de dólares) y fue ganadora del Goya a la mejor película de Animación. Según ha podido constatar Crónica Libre, la sociedad Ilion Studios no fue víctima de la cacería de proyecto por parte de Industria, pero sí su matriz, a pesar de que la coordinación e interlocución con el Ministerio de todos los proyectos la llevaban las mismas personas. Fuentes de la administración consultadas por Crónica Libre confirman que se decidió no aplicar la persecución a las empresas del mundo del Cine por la repercusión mediática de las mismas."              (Patricia López , Crónica Libre, 18/08/22)

El inspector Morocho, un policía que sobrevivió a las cloacas

 "El 6 de noviembre de 2007 dos personas se encontraron por primera vez sin saber que iban a provocar un terremoto en la política española cuyas réplicas llegan hasta hoy. Fue en una impersonal sala de reuniones del complejo policial de Canillas, en Madrid. 

Uno era José Luis Peñas, un antiguo concejal del PP en Majadahonda que acudía a denunciar una trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, un empresario muy próximo a los dirigentes del PP. El otro era un inspector de la Policía Nacional que acababa de cumplir los 40 años, Manuel Morocho. Peñas aún hoy recuerda aquel encuentro: “Me escuchó, leyó la denuncia y me hizo unas pocas preguntas”, señala.

 El exconcejal asegura que, tras aquel día, solo le volvió a ver una vez en los pasillos de la Audiencia Nacional y, más tarde, durante el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. “En todas ellas fue amable, aunque nunca se quitó su coraza de policía”, añade.

Más de 13 años y medio después, Peñas, que fue condenado a cuatro años y nueve meses en el juicio por la red de corrupción que ayudó a destapar, espera que el Gobierno se pronuncie sobre su petición de indulto. Y Morocho, que hace poco más de un año ascendió a inspector jefe, sigue investigando los últimos flecos de la trama Gürtel mientras ha perdido el anonimato que le daba el número profesional 81.067 con el que firmaba sus informes. 

Su apellido acapara ahora titulares tras denunciar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, las trabas que, desde el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, le pusieron para dificultar las pesquisas sobre la caja b del PP. Este viernes tiene de nuevo una cita ante el juez.

Para algunos, Morocho es un héroe que sobrevivió a las cloacas policiales. Para otros, un policía con sombras. Una agente que coincidió con él en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que pide mantener el anonimato, asegura que, efectivamente, Morocho “recibió presiones, pero como muchos de los que estuvimos allí, tanto desde los gobiernos del PP como del PSOE. Unas veces, para difuminar el contenido de un informe; en otras, para lo contrario. Trabajar en esa unidad ha quemado a muchos que terminan marchándose”, añade antes de admitir que fue uno de estos últimos. ¿Por qué no lo ha hecho Morocho? “No lo sé, pero tampoco entiendo por qué no denunció antes lo que ahora está contando al juez”, añade.

Morocho ingresó en la Policía Nacional en junio de 1999 y, en marzo de 2006, ascendió a inspector. Su condición de licenciado en Económicas le abrió entonces las puertas de la UDEF, una unidad que tenía entonces solo un año de existencia y que se estrenó ese mismo mes en Marbella con el caso Malaya, la primera gran operación contra la corrupción en España. Poco después, arrancaba la Gürtel. Un compañero suyo de aquella etapa, que también pide que no se le identifique, asegura que el inspector se resistía a que sus superiores modificaran sus informes: “Siempre fue muy crítico con los cambios que le proponían. Llegaba a amenazar con no firmarlos si se le corregían”. 

Uno de sus superiores, recuerda este policía, le recordó más de una vez que “la policía es un cuerpo jerarquizado” y que el entonces máximo jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, señalado ahora por Morocho como uno de los que le presionó, le llegó a decir: “Con esa actitud, tienes poco porvenir en esta unidad”. Olivera, ya jubilado en la policía, fue relevado al frente de la UDEF en 2012. Ahora es asesor de riesgos en la Federación Española de Fútbol.

Uno de los abogados personados en el caso Gürtel como acusación alaba los informes de Morocho, aunque coincide con algunos excompañeros del agente que en el trato personal es distante: “Tiene bastante ego, en gran medida justificado, porque su formación está muy por encima de la de su unidad y, sobre todo, de la de sus jefes. Es metódico y no parte de hipótesis preconcebidas”.

 También dejó buena impresión entre la mayoría de los diputados de la comisión que investiga en el Congreso la Operación Kitchen y ante la que Morocho compareció el pasado 25 de marzo y en la que también denunció las presiones sufridas. Jon Iñarritu, el portavoz de EH Bildu en la misma, asegura que aquel día “transmitió sinceridad y la imagen de un policía que hace su trabajo”.

Esa opinión es compartida por varios agentes consultados, que califican sus informes de “escrupulosos”. Sin embargo, también hay policías que le critican que “haya superado alguna línea de investigación sin salida con demasiada imaginación”. Otro agente recuerda que en cierta ocasión le preguntó por qué nunca solicitó al juez registrar la casa de Bárcenas o el chalé que este tenía en la estación de esquí de Baqueira en busca de pruebas. “Sorprendentemente me dijo que no lo considero importante”.

Condecorado en dos ocasiones —en 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, y en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz—, Morocho ha recibido durante el caso Gürtel ocho denuncias en los juzgados y Asuntos Internos le investigó —luego se archivó— como sospechoso de filtrar a la prensa sus informes. Son algunas de las secuelas de aquel encuentro con el exconcejal Peñas en 2007: “Ninguno de los dos sabíamos entonces lo que se nos venía encima”, señala este."                        (Óscar López Fonseca, El País, 17/06/21)

Ingresa en prisión la funcionaria que destapó cómo los bancos blanquearon billones mientras los banqueros culpables siguen en la calle

 "Natalie Edwards, la funcionaria del Departamento del Tesoro que filtró miles de documentos que revelaban cómo los principales bancos del mundo blanquearon más de dos billones de dólares, ingresó en prisión el pasado 3 de septiembre.

Tal y como publicamos en Diario16, Edwards fue condenada a 6 meses de cárcel por, precisamente, filtrar documentos bancarios confidenciales a un periodista. Esto provocó una investigación mundial sobre los flujos de dinero ilícito: los Archivos FinCEN que fueron publicados por BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). 

Edwards filtró los llamados informes de actividades sospechosas, documentos altamente confidenciales que los bancos deben presentar a FinCEN cuando sospechan que un cliente está cometiendo un delito o moviendo dinero robado. La oficina y los datos financieros que recopila desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

Además de los seis meses de cárcel, la sentencia, dictada por el juez Gregory Woods del Distrito Sur de Nueva York, condena Natalie a tres años de libertad vigilada. 

Ben Smith, actual columnista del New York Times y ex editor de BuzzFeed News, criticó duramente en un tuit la condena: «Esta mujer va a ir a prisión durante seis meses por su papel en revelar la corrupción financiera global sistémica e inspirar cambios legales en todo el mundo».

Según la sentencia, a Edwards se la condenó porque, según el juez, «ella abusó de una posición de confianza y violó una ley que estaba diseñada para detener a los criminales».

Antes de entrar en prisión, Natalie Edwards declaró en una entrevista concedida a BuzzFeed News que estaba «emocionalmente preparada en cuanto a entrar en las instalaciones y conocer a las otras personas. No estoy emocionalmente preparada para ser separada de mi hija, mi esposo y mi familia».

Esto demuestra cómo la sociedad, los Estados, defienden a los poderosos, a los banqueros porque, mientras a esta mujer, una verdadera heroína, es separada de su familia durante seis meses, los banqueros culpables de blanquear billones de dólares para organizaciones de narcotraficantes, estafadores, traficantes de armas.

Natalie Edwards, la honestidad del ser humano

Sin embargo, gracias a la valentía Natalie, más de 100 medios de comunicación de todo el mundo pudieron publicar los Archivos FinCEN que revelaron la corrupción de la banca a escala global. Esa investigación ha sido tan importante que ha servido para que se implementen reformas muy importantes y acciones legales en los Estados Unidos, la Unión Europea y países de todo el mundo.

En su declaración en el juicio, Edwards se describió a sí misma como una denunciante de corrupción que recurrió a los medios de comunicación para exponer las malas conductas dentro de su oficina. 

Ella creyó que los funcionarios del Departamento del Tesoro habían almacenado ilegalmente datos financieros confidenciales sobre ciudadanos estadounidenses y que es posible que FinCEN no hubiera brindado información completa al Congreso de los Estados Unidos para investigar, por ejemplo, la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Edwards se convirtió en fuente de un periodista porque creía que era imperativo exponer las irregularidades y ya había agotado todos los canales internos de denuncia de irregularidades.

Además, señaló que, antes de entregar la documentación a los medios de comunicación, había notificado a varias oficinas del gobierno federal sus revelaciones, sin que nadie hiciera ningún caso. 

Sin embargo, el juez afirmó que, aunque Edwards pareció inicialmente estar impulsada por la denuncia de irregularidades, los registros que proporcionó a los medios cubrieron un alcance mucho más allá de sus preocupaciones iniciales. ¿Y qué importa si gracias a esos documentos se ha descubierto la mayor trama de corrupción bancaria de la historia? La Justicia, en demasiadas ocasiones, vive en un idilio tan permanente con las élites que se olvida de que una de sus máximas responsabilidades es la de acabar con la corrupción, venga de donde venga y tenga el dinero que tenga.  

Natalie Edwards desveló una realidad permitida

Natalie Mayflower Sours Edwards es una denunciante valiente. Luchó para advertir al público sobre los graves riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, primero a través de los canales oficial de denuncia de irregularidades y luego a través de la prensa. Lo hizo, porque su conciencia así se lo dictaba, a pesar del tremendo riesgo personal y profesional, porque creía que se lo debía a su país y al resto del mundo.

Los Archivos FinCEN filtrados por Natalie revelaron por primera vez, con detalles forenses, cómo los poderosos bancos globales se benefician a sabiendas de la corrupción y cómo las autoridades de todo el mundo permiten que florezca la economía oscura.

Edwards vio pruebas de irregularidades masivas a nivel mundial y arriesgó su libertad para concienciar tanto de la mala conducta como de los numerosos fracasos para frustrarla. Sus acciones y la publicación de dichos informes han provocado una reforma internacional sin precedentes.

Bancos españoles

Los documentos filtrados, hechos públicos por BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), eran millones de Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que las entidades entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

La documentación señala, principalmente, a 5 grandes bancos mundiales como responsables de este tipo de transacciones: JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon.

Nada impidió que estos bancos siguieran actuando con activos procedentes de actividades ilícitas, ni siquiera la dura legislación norteamericana contra el blanqueo de capitales. Estas grandes entidades siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieran que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos.

El análisis de los documentos indica que se movieron más de 2 billones de dólares en transacciones en el periodo 1999-2017 que fueron identificadas como posibles apuntes de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas.

Del total de operaciones sospechosas, 25 fueron canalizadas o tuvieron como destino final a las entidades españolas ubicadas en España, no a sus filiales en el resto del mundo. El monto total fue de 895 millones de dólares, según los SAR entregados por Natalie Edwards, dinero procedente de movimientos que partieron de Deutsche Bank, The Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase y China Investment Corporation (CIC).

Entre todos los SAR en los que tuvieron participación entidades españolas, destacan 3 operaciones realizadas desde el New York Mellon, canalizadas a través del alemán Isbank AG y que terminaron en las oficinas del Banco Santander en España. El valor conjunto de los 3 movimientos fue de 787 millones de dólares. 

CaixaBank, por su parte, fue el destino final de una operación de 2,2 millones de dólares iniciada en JP Morgan, que fue canalizada a través de la Banque Privee Edmond De Rothschild.

Banco Sabadell canalizó dos operaciones de más de 75 millones de dólares con origen en el New York Mellon y que tuvo como destino el Wirecard Bank AG de Alemania. Bankinter participó en 4 operaciones por un valor cercano a los 30 millones de dólares que tuvo el mismo origen que la anterior y finalizó en el AS LHV Pank de Letonia.  

Otras entidades que aparecen entre los SAR analizados por ICIJ son Abanca, Citibak España o ING España, con operaciones con origen en Deutsche Bank, New York Mellon, JP Morgan o China Investment Corporation.

Otras operaciones del Santander

El banco cántabro también participó, según los SAR filtrados por Edwards, en otras 30 operaciones. En concreto, desde esta entidad financiera, se ejecutaron 2 operaciones: la primera, en junio de 2016, por un valor de 454.89 millones de dólares. Este movimiento se inició en el New York Mellon Bank, pasó por la oficina del Santander en las Islas Caimán y terminó en la Winterbotham Trust Company Limited de Bahamas.

Respecto a la segunda, realizada en enero de 2013 y un valor de 550.000 dólares, tuvo el mismo origen, pasó por Santander España, para finalizar en el Caledonian Bank Limited de las Islas Caimán. Otras operaciones que aparecen en los documentos filtrados por Natalie Edwards se canalizaron desde el New York Mellon y utilizaron al Santander en Portugal y Uruguay.

Deutsche Bank es el que más operaciones realizó con o a través de Santander. En total 22. Estos movimientos se ejecutaron en las oficinas en Argentina (2), Brasil (11), Hong Kong (2), España (3), Suiza (3) y Uruguay (1). Lo mismo ocurre con JP Morgan, con una operación a través de Santander Totta (Portugal). Respecto al Standard Chartered, según los datos de la documentación del FinCEN filtrada por Edwards, realizó con Santander operaciones a través de Brasil y España."                    (José Antonio Gómez, Diario16, 25/09/21)

El acoso al comisario que destapó a Villarejo y su organización culmina con su procesamiento en Kitchen.... Marcelino Martín Blas, el exjefe de Asuntos Internos que junto al inspector Ruben Eladio López y su equipo destapó y puso coto a los desmanes de la organización delictiva del caso Villarejo, ha sido procesado junto a los mismos a quien investigó, por indicios tergiversados, omisiones y declaraciones en su contra, carentes de base, del resto de investigados

 "En el reciente auto de transformación de la pieza Kitchen, el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, procesa, sin indicios que merezcan ser llamados como tales según los juristas consultados, a Marcelino Martín Blas, el comisario principal que precisamente puso coto y cercó a la cúpula policial investigada y también procesada en esta pieza, desde el momento que fue nombrado jefe de Asuntos Internos (febrero 2012-marzo 2015), unidad cuya función es velar por la limpieza policial, identificar las manzanas podridas y sacarlas del cesto.

Tras su cese fulminante en marzo de 2015 para que dejara de investigar, Martín Blas es recuperado de inmediato por el juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso Nicolás y la grabación ilegal al CNI, para que lidere una Comisión Judicial compuesta por 6 policías y un jefe de equipo  creada por el magistrado, para llevar la investigación en lugar de la unidad de Asuntos Internos bajo el nuevo jefe Francisco Migueláñez, a la que aparta. Con dicho movimiento, muy excepcional en la historia procesal española, el juez Zamarriego enviaba ya un mensaje nítido: la cúpula policial y la del Ministerio del Interior no eran de fiar. Y el tiempo le ha dado toda la razón. Posiblemente, sin el trabajo de Martín Blas y su equipo, contra todo y pese a todos, lo que ahora se conoce como el caso Villarejo nunca se hubiera abierto dos años más tarde en la Audiencia Nacional.

García Castellón procesa a buena parte de aquella cúpula policial (y también a Martín Blas) por participar o conocer el hecho delictivo investigado en la conocida como Pieza 7 Kitchen: el contubernio ejecutado entre julio y octubre de 2013 para supuestamente sustraer documentación sensible que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas en su poder, usando recursos públicos (fondos reservados y recursos policiales) de forma ilegal. La operación consiste, según el auto del magistrado, en primero captar al chófer de Bárcenas, Sergio Rios Esgueva y, seguidamente, articular un dispositivo policial de apoyo para seguimiento al extesorero y su familia, con el fin de localizar y sustraer la documentación mencionada.

 El magistrado responsabiliza al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como ideólogos y coordinadores,  y a la cúpula policial como ejecutora del plan por delegación de los anteriores, comenzando por el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino que, a su vez, según el auto, "se lo encarga primero a Martín Blas" para sustituirle al poco por Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) hasta febrero de 2017.

Se encapsula así el asunto en los muros del Ministerio Interior y la cúpula policial, dejando fuera de la causa a la principal potencial interesada y beneficiaria María Dolores de Cospedal (y a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz) entonces número dos del Partido Popular en su condición de secretaria general.

El juez sobresee también para los jefes de sección del grupo de vigilancias de la UCAO y Asuntos Internos a los que también, como a Cospedal, citó en calidad de investigados, porque tras procesar a sus jefes máximos (García Castaño y Martín Blas) concluye que obedecían ordenes y actuaron por "obediencia debida". Una apreciación discutible, según explican a Público fuentes policiales, en tanto en cuanto dichos jefes no podían no saber quién era Bárcenas o su mujer y su situación procesal, y en todo caso, tenían la obligación de comprobar si las órdenes de seguimiento recibidas estaban encuadradas en una investigación policial dada de alta en el sistema con su correspondiente referencia NIV (Nota de Investigación) o, bajo tutela judicial en su caso, porque la "obediencia debida" carece de eficacia cuando se trata de ordenes fuera de la normativa, según dispone el apartado d) del  articulo 5 de la Ley Orgánica de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Procesa a Martín Blas con indicios que no son tales 

El juez imputa y procesa a Martín Blas en ausencia de indicios, como ya informó Público en detalle en artículos anteriores. El magistrado repite en el auto de procesamiento el mismo cuadro "indiciario" que usó para citarle como investigado: lo que llama "conversación" sobre Kitchen entre Villarejo y Martín Blas y que no existe; la declaración de Jesús Vicente Galán, jefe en 2013 del pequeño grupo propio de vigilancias  de Asuntos Internos, sobre una gestión que supuestamente le ordena Martín Blas sobre un vehículo y que nunca se produjo; una única vigilancia atribuida a Asuntos Internos pero de la que no existe ninguna prueba documental y además la agente que la desvela atribuye la orden a Vicente Galán quién a su vez lo niega.

El magistrado pone en la lista, además, un informe que Asuntos Internos envía a su juzgado a golpe de orden del fiscal que informa (y el juez lo omite) de que no existe en sus archivos ninguna referencia documental a ningún operativo de vigilancias, cualquier tipo de gestión o informe relativo a Bárcenas, incluyendo las supuestas notas informativas que el DAO Eugenio Pino declaró (como investigado y derecho a mentir) que Villarejo elaboraba y entregaba a Asuntos Internos, porque, según él, es a Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos a quien confía en un primer momento la ejecución de plan. La relación de "indicios" termina con un documento incautado a Villarejo sobre datos personales y mercantiles de la familia de Martín Blas que apareció en el mismo periodo temporal que fue elaborado y publicado en las páginas de Okdiario, la web de Eduardo Inda, con el objetivo de desprestigiarle.

Según las fuentes policiales y jurídicas consultadas, se tratan todos de "indicios" sin base alguna para una imputación y mucho menos para un procesamiento:

 a) El supuesto primer encargo de Pino a Martín Blas para ejecutar el Plan Kitchen: Solo tiene reflejo en la declaración de Villarejo y Pino. Y los datos demuestran que es falso. Así, del primer paso del Plan, la captación del chófer Sergio Ríos, el sumario acredita que se ocupan García Castaño, el exjefe de seguridad de Cospedal Andrés Gómez Gordo, y el comisario Villarejo. En ninguna de las grabaciones de 2013, año en que tienen lugar los hechos investigados, ni en sus numerosas y extensas declaraciones judiciales por la causa Kitchen, Sergio Ríos menta a Martín Blas, ni como captador, ni como interlocutor, ni como pagador.

b) La supuesta orden de Martín Blas, que este niega, al jefe de sección de vigilancias de su unidad, Jesús Vicente Galán, para indagar en un Citroen C4 (modelo usado por la policía) sin detalle de matrícula o color en una zona sobre la que según este, el exjefe de Asuntos Internos le advierte "que cerca vivían los Bárcenas": no solo no hay constancia documental ni de la orden ni de la gestión de indagación sino que, además, el juez no ordena diligencias para verificar la realidad de la misma, localizando y citando al subordinado (solo tenia 8 agentes) al que dijo Vicente Galán haberle encargado a su vez la tarea y al que no identifica. Durante la declaración de éste en sede policial primero y judicial después, no se le pregunta tampoco si verificó antes de proceder a cumplir la supuesta orden si estaba amparada por una investigación dada de alta en el sistema (NIV).  

c) La vigilancia a los Bárcenas que supuéstamente hace Asuntos Internos bajo mando de Martin Blas: La documentación obrante en el sumario prueba que todas las vigilancias acreditadas las hizo la unidad de Enrique García Castaño, y bajo orden y monitorización directa de éste. La única atribuida a Asuntos Internos es la que declara de palabra una agente, pero sin acta que la ratifique, y cuya orden achaca a Vicente Galán y no a Martín Blas. Por su parte, Vicente Galán negó dicha orden y no habló de ninguna gestión de seguimiento ordenada por su jefe, a quien únicamente le atribuye la gestión para el vehículo C4.

 d) El juez cita un informe pedido por la fiscalía a la central de Asuntos Internos que en las fechas de autos mandaba Martín Blas, omitiendo que fue exculpatorio como se comprueba en la imagen inferior. En el escrito se informaba al juzgado de la inexistencia en los archivos de documental alguna referida a Bárcenas.

 e) Lo que el juez y la unidad investigadora llaman "conversación" entre Villarejo y Martín Blas para hablar de Kitchen nunca existió, como ya demostró Público. Se trató de una llamada que el 25 de febrero de 2014 (cuatro meses tras el fin del operativo) Villarejo realiza primero a la secretaria del DAO Eugenio Pino para que ésta le pase al móvil de Martin Blas a sabiendas de que éste está allí mismo reunido con Pino. Tras pasarle y hablar con Martín Blas menos de un minuto de un asunto ajeno a Bárcenas, Villarejo pide a Martín Blas que le pase su móvil a Pino para comentarle un asunto. De la transcripción de lo que entonces hablan Pino y Villarejo se desprende que es imposible que Martín Blas supiera de qué trataban solo escuchando al exDAO. El audio de esa llamada obra en el sumario y además fue reproducido por el fiscal durante una declaración de Pino en presencia del juez. Aún así, el magistrado asume de nuevo la versión falaz que recoge el cuerpo del oficio con el que se informó en su día al juzgado de su existencia, que para más inri, adjuntaba la versión correcta del audio en un kilométrico anexo que adjuntaba. El cuerpo del oficio daba el cambiazo a la parte de la transcripción que resumía el minuto en que Villarejo "conversaba" con Martín Blas, usando además un juego visual de cobertura, como se comprueba en la imagen siguiente.

 f) Carpeta INTERIOR que contiene el audio y también un carpeta Kit con 9 notas sobre Barcenas de la que los investigadores infieren que Kitchen es una operación bajo el mando de "órganos superiores y/o directivos del Ministerio del Interior"  como Martin Blas. Una deducción incluida en el oficio antes mencionado que puede leerse en el margen izquierdo de la imagen superior y que no responde a la realidad. 

 La carpeta INTERIOR se localiza en el pendrive "disco plateado" incautado a Villarejo y referenciado judicialmente como indicio BE09. Contra lo que dice el oficio, del examen de su contenido se infiere rápidamente y con certeza que la etiqueta INTERIOR refiere a "Prensa de Interior y Tribunales", una sección en la que Villarejo tiene infiltrados a la mayoría de sus periodistas afines y en una parte considerable del espectro de medios de comunicación. La carpeta, a la que Público ha tenido acceso, contiene una veintena de subcarpetas donde Kit es una más, y Marcel (con el audio) otra. Cada subcarpeta trata de un asunto en el que trabaja o trabajó (como por ejemplo el caso Nicolás, el caso Varma, el caso Pinto, el asunto de Podemos, ademas de Kit), y en los que hizo jugar a la prensa un papel protagonista. Así, en cada subcarpeta almacena las notas informativas que recogen las historias o versiones de historias que quiere difundir junto a los artículos de prensa publicados sobre la cuestión. 

No es difícil ver que muchos de los artículos de prensa almacenados bajo cada carpeta están firmados por su corte de periodistas y recogen el contenido de las notas de Villarejo. Sin ir más lejos, el contenido de las 9 notas almacenadas bajo la subcarpeta Kit (las que hablan sobre los famosos "cocineros" o confidentes infiltrados en el entorno familiar y de prisión de Bárcenas ) se confecciona en noviembre de 2015 y su contenido es publicado por periodistas afines a Villarejo ese mismo mes así como en años posteriores citando como fuente "notas policiales". La confección y publicación se produce dos años después de sucedidos los supuestos hechos pero coincidiendo con el alta de Kitchen como supuesta investigación oficial en el sistema, con la nota NIV/29,  para amparar en diferido la actuación irregular de vigilancias a Bárcenas y la disposición de fondos reservados y para "regularizar" la situación. Es llamativo que una carpeta tan voluminosa como INTERIOR, cuyo contenido es claro, pueda interpretarse en la Audiencia Nacional de una forma tan distinta.

Distintas varas de medir

Para sobreseer a Cospedal el magistrado alega que hablar con Villarejo no es un delito, que hablar de manejar los medios es "algo banal" o "una conversación social" y que solo hay una referencia directa sobre su supuesta participación (un apunte en una agenda de Villarejo datado en 2013) y, "más importante", que la ex secretaria general del PP y su marido han negado "categóricamente" su implicacion en los hechos investigados. Pues bien, no solo Martín Blas también lo ha negado "categóricamente" sino que además, en esas mismas agendas, el exjefe de Asuntos Internos no es mencionado hasta diciembre de 2013 y por asuntos sin relación con Bárcenas.

El juez apoya la estrategia de Villarejo calificando de “enemistad” la relación entre éste y Martín Blas 

En la página 29 del auto de procesamiento, el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional califica la relación entre Villarejo y Martin Blas de "notoria enemistad" haciendo así suya una de las principales estrategias (falaces) de defensa del comisario jubilado: recrear en los medios una enemistad recíproca con los que le investigan para acto seguido solicitar que sean apartados de las investigaciones por "falta de parcialidad". 

A Marcelino Martín Blas se le ha incluido en algunos medios en una "guerra de comisarios", expresión que sitúa a Villarejo al mismo nivel que aquel cuya obligación era investigarle como jefe de Asuntos Internos que era, y no por enemistad. El juez instructor del caso Villarejo ve, en cambio, "enemistad" en la labor de Martin Blas y también en la actitud de Villarejo, quien solo buscaba recrear una escena que le permitiera sacarse de encima a su colega y de paso restar credibilidad y objetividad a sus investigaciones.  

Las defensas de Villarejo (Ernesto Díaz Bastién) y de Carlos Mier (bufete Boye&Elbal) alegaron exactamente enemistad recíproca entre Villarejo y Martín Blas en diciembre de 2016, para quejarse de "falta de imparcialidad" y pedir al juez Arturo Zamarriego que lo apartara del caso Nicolas y la grabación ilegal al CNI, junto a su jefe de equipo el inspector  Rubén Eladio López y procediese a disolver la Comisión Judicial. Tanto el juez como luego la Audiencia Provincial desestimaron esa petición por entender que dicha "enemistad" solo estaba en la imaginación de Villarejo (y en los textos de sus periodistas). 

El juez sobresee para Vicente Galán, hombre de Fuentes Gago, y no imputa a Cosidó

El principal beneficiado por el procesamiento del exjefe de Asuntos Internos  es el inspector jefe Jesús Vicente Galán, quien ve archivada su imputación al asumirse que Martín Blas es responsable y, por tanto, cumple sus ordenes como "obediencia debida". El juez no se plantea, pues, la posibilidad de que pudiera actuar por su cuenta (aprovechando las vacaciones de Martin Blas) o bajo  indicaciones de otra persona ajena a Asuntos Internos como, por ejemplo, de su mentor, el también procesado José Ángel Fuentes Gago o de el jefe de éste el DAO Eugenio Pino.

El magistrado soporta también el archivo de la imputación en el desconocimiento que entiende que el inspector tenía del operativo lo que se contradice con el hecho de que una subordinada le señala como ordenante de una vigilancia sobre el "domicilio" de los Bárcenas (en la madrileña calle de Príncipe de Vergara). También de forma contradictoria, se apoya en que Vicente Galán declara que Martin Blas le daba todas las ordenes referidas a gestiones en la "calle General Díaz Porlier " (estudio de la mujer de Bárcenas) una calle diferente de la del domicilio. Además, no se verifica si de verdad se produjeron unas gestiones (vehículo y vigilancia) cuya efectiva realización presenta dudas: no hay actas que ratifiquen, no se identifica al subordinado que debía buscar el vehículo y el conflicto entre declaraciones de la agente y Vicente Galán respecto a la autoría de la orden de vigilar la casa de los Bárcenas. 

Otro punto llamativo es que los motivos del archivo para Jesus Vicente Galán que se recogen en un auto del juez del 1 de junio, se omiten en el auto de procesamiento de 29 de julio (el que se envía a los medios por el gabinete de prensa), donde el magistrado se limita a informar de este archivo para Vicente Galan en el auto de 1 junio donde sobresee pero citando este auto con una fecha equivocada (2 de junio) . No sucede así, sin embargo, con la otra persona sobre la que también se acuerda el archivo de la causa en el mismo auto de archivo de 1 de junio, el comisario José Francisco González García, otro jefe de sección pero del grupo de vigilancias de la UCAO, la unidad de García Castaño .

Vicente Galán es un hombre del ex jefe de gabinete del DAO Eugenio Pino, Jose Ángel Fuentes Gago. Fue Gago quién lo recomienda para Asuntos Internos, y se lo lleva después con él a la DAO, donde presuntamente participa, entre otras misiones, en la construcción de acusaciones falsas contra Podemos. Las agendas de Villarejo recién encontradas (en ausencia de pruebas científicas que corroboren que están escritas en las fecha que se indican) muestran que Villarejo tiene relación con Vicente Galán a partir de, como mínimo, 2014 pero ya en una apunte de 14 de septiembre de 2012, semanas después de que entrase en Asuntos Internos, el comisario apuntaba su nombre y número de teléfono 

Tras su etapa en la DAO, Vicente Galán es recompensado con un fabuloso destino de agregado de Interior en Mauritania.

Y, como el mundo es un pañuelo, y el mundo de Villarejo apenas un retal, resulta que Fuentes Gago comparte con García Castellón a un amigo común también policía: Pedro Agudo Novo, que intimó con el juez cuando ambos coinciden en Roma, Agudo como agregado y Garcia Castellón como juez de enlace. Y las coincidencias no terminan: también se rechaza en Kitchen,  la imputación solicitada por la Fiscalía del que era el director general de la policía (cargo entre el secretario de Estado y ministro), Ignacio Cosidó porque el magistrado no aprecia indicios que señalen su participación efectiva. Agudo era jefe de gabinete de Cosidó hasta septiembre de 2012, mes en el que es relevado tras trascender su presunta vinculación a una academia de preparación de oposiciones para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía.

La estrategia del falso culpable es una seña de identidad

Los "proyectos" ejecutados durante años por la organización de la que Villarejo es parte están plagados de falsos culpables creados ad-hoc. En cuanto al objetivo perseguido, la casuística es amplia: destruir a un competidor, sea empresarial o contrincante político (interno o externo); reorientar un caso policial-judicial por la vía de desviar las culpas a otro que dé el pego; o bien para anular una causa articulando campañas de desprestigio contra los investigadores, fiscales o jueces que intervengan, como fue el caso de Martin Blas, del fiscal Anticorrupción José Grinda o el del comisario Jaime Barrado, por citar algunos de los más recientes.

Se busca la creación de un clima de opinión que trabaje en favor de la aniquilación social, política, de la credibilidad o del prestigio del objetivo a batir. Y eso se logra con un "diseño de medios" (Villarejo dixit) que el comisario alimenta con primero sus "notas informativas policiales" y luego con la parte de los sumarios que le interese fijar.  

El acoso a Martin Blas empieza al poco de ser nombrado jefe de Asuntos Internos en febrero de 2012 cuando solicita sin éxito a un juzgado permiso para pinchar a la cúpula de la UDEF (entonces al mando Jose Luis Olivera) al cerciorarse de que los periodistas llegaban antes que los policías a los inmuebles cuyos registros había ordenado el juez del Caso Gurtel (y en  estas operaciones la sorpresa es clave). Al enterarse, la cúpula policial entró en furia. Al poco, le siguió el caso Colombo, que Martín Blas abre al detectarse nuevas  filtraciones de informes de la UDEF bajo secreto del caso Gurtel, que se salda con denuncia en la Fiscalía Anticorrupción tras ser interrogados varios mandos y agentes de esa unidad; unas pesquisas que la cúpula mafiosa filtraba a varios periodistas (y estos así lo publicaban) como "presiones de Martin Blas, a los agentes que investigan al PP" para, en su opinión, amedrentarles y perjudicar el caso, cuando se trataba de todo lo contrario.

Al poco llega el caso Emperador y su pieza separada "Funcionarios" y luego el caso del chivatazo de Villarejo a Varma. Culminando en octubre de 2014 con el Caso del Pequeño Nicolás, el principio del fin para Villarejo y el comienzo para Martín Blas, (y para su inspector jefe del equipo Rubén Eladio López), de una verdadera odisea que narró él mismo durante más de dos horas y media en el Parlament de Catalunya y en el documental Las cloacas de Interior  producido por Mediapro y este diario."                     (Pilar L. González Lara, Público, 12/08/21)