Estela San José (izquierda) y Pilar de Lara, junto a los juzgados de Lugo / pedro agrelo
"Marioneta, la venganza se sirve en plato frío, no te olvides de
ello. Yo no me olvido”. El mensaje de amenaza apareció publicado en El
Faro Verde, un polémico foro de la Red frecuentado sobre todo por
agentes que administra la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Marioneta es Pilar de Lara. Uno de los nicks o pseudónimos de Internet
que en algún momento usó para rastrear delitos. El autor del mensaje era
60Folios, un alias desde el que recibe constante “acoso e insultos” y
tras el que, según ya ha informado el abogado de la magistrada al
subdelegado del Gobierno en Lugo y al general de zona, se esconde un
agente muy conocido en la ciudad, J.M.B., especializado en seguridad
ciudadana y explosivos. “Penitencia, Marioneta, penitencia”, “te
observo”.
Desde 2012, la juez que desmanteló una presunta mafia de proxenetismo
y corrupción policial en la Operación Carioca, y removió los cimientos
de una comandancia que lucía intachable bajo el Todo por la Patria, ha
tenido que cambiar sus rutinas.
Dejar un grupo al que acompañaba tocando
la guitarra (su gran vocación), cambiar incluso varias veces la
parroquia a la que iba los domingos con su marido. Y actualmente, según
allegados, se mueve con escolta.
Se la asignaron por las amenazas de
cariz personal y contra su familia sufridas desde que mandó a prisión a
los cabecillas de la trama, entre ellos el proxeneta José Manuel García
Adán y el cabo de la guardia civil Armando Lorenzo Torre.
Según fuentes
de los juzgados, se han llegado a “detectar seguimientos incluso desde
vehículos oficiales” hacia esta juez y Estela San José, instructora de
casos tan sonados como la llamada trama de las multas y la Operación
Campeón.
Las amenazas, vejaciones, insultos, pintadas denigrantes, calumnias
difundidas para dañar (o hasta destrozar, como en el caso de San José)
sus vidas privadas, las denuncias, los anónimos y los intentos de
coacción se suceden apenas sin tregua desde que las titulares de los
juzgados de Instrucción 1 y 3 de Lugo empezaron a imputar delitos a
personas con poder, desde agentes hasta políticos y empresarios.
En 2013
fue precisamente uno de estos últimos, Miguel García Gesto, imputado
por el caso Pokémon, quien fue detenido por amenazar e insultar a De
Lara en público.
El calvario vivido por el acoso que padeció a través de los foros de
Internet la magistrada del 3, Estela San José, quedó recogido en la
declaración que prestó en el juzgado 1 tras denunciar a J.M.B., en marzo
de 2009.
El perseguidor, aquella vez, era el mismo guardia civil que,
supuestamente, se esconde bajo el nick 60Folios, aunque entonces lanzaba
sus ataques bajo otros disfraces, tales como Habemus o Tiodelavara,
desde un cíber perfectamente identificado.
No es, de todas formas, el
único que está bajo sospecha de utilizar los foros para ofender,
amedrentar y descalificar el trabajo de las juezas o la dignidad de las
víctimas de trata cuyos testimonios hicieron posible la Carioca: “La
palabra de una puta no tiene la misma credibilidad que la de un agente
del orden”, “si vende su cuerpo por dinero, ¿qué más puede ser capaz de
hacer por unos billetes?”.
Fuentes cercanas a las magistradas critican
esta impunidad, la falta de apoyo institucional y la pasividad de los
superiores en el instituto armado ante estos agravios que no cesan.
Los agentes del cuerpo comisionados en la Carioca, los colaboradores
más próximos a Pilar de Lara, también son blanco de la campaña de
hostilidad. Alguno de ellos recibió sucesivas amenazas de muerte vía
Internet. Sus coches fueron atacados varias veces y ellos incluso
tuvieron que exiliarse de la Comandancia después de que alguien
intentase forzar la puerta de su despacho, probablemente para obtener
información.
Se refugiaron en el juzgado, y la propia juez tuvo que
pagarles material de trabajo. El móvil que les habían facilitado para
comunicarse con las testigos protegidas tenía un saldo mínimo que muchas
veces no les permitía devolver las llamadas perdidas y comunicarse con
mujeres en auténtico riesgo.
Actualmente, J.M.B., que fue denunciado por San José y se libró del
juicio al límite tras reconocer los hechos, está de nuevo imputado,
junto a dos personas más, en otro procedimiento penal por presunto
delito de injurias, amenazas y calumnias contra las dos magistradas
iniciado a finales de 2010 a petición del fiscal jefe de Lugo.
En
febrero de este año, por último, instruyó un atestado contra De Lara por
presuntas prácticas irregulares.
Al final reconoció su “enemistad
manifiesta” con la juez y se abstuvo, pero la denuncia llegó a los
juzgados en papel oficial de la Comandancia. “¿Alguien se cree que en un
cuerpo jerárquico se puedan saltar el escalafón y presentar un atestado
individualmente?”, apuntan las mismas fuentes judiciales.
La “enemistad” con De Lara empezó a gestarse, según J.M.B., después
de acudir a prestar declaración como testigo en la Carioca, en relación
con la explotación sexual de una menor. Según él, se sintió acosado y
padeció “un infierno”:
“Me despierto cada mañana pensando que terminará
imputándome algo”, describía en una denuncia que presentó en 2012. El
propio agente llegó a asegurar que una tercera persona le ofreció 22.000
euros para ayudarle a acusar a las juezas, aunque, según dijo, nunca
aceptó el dinero.
Al menos un par de años antes que con De Lara, Tiodelavara,
representante sindical en el cuerpo, la emprendió con San José después
de que la juez ordenase detener, en contra del criterio de los guardias
civiles, a otro agente que había sido denunciado por violencia machista.
A partir de ahí, según relató la instructora en su momento, se dedicó a
minar su relación con otro agente propagando infundios.
Los rumores
llegaron incluso a la Guardia Civil en Madrid. La gravedad de los
mensajes, declaró San José, deterioró su vida de pareja hasta romperla.
Fueron “dos años de auténtica tortura, de ver que la vida se viene
abajo, que todo el mundo te señala y no por tu labor profesional”.
Un día, la juez sufrió en su despacho una crisis nerviosa. Tuvo que
comenzar un tratamiento psicológico y tomar medicación. “Cuando se acusa
de prevaricación a un juez, si es hombre se habla de dinero.
En el caso
de una mujer, se habla de camas”, sentenciaba la víctima. Y no debía de
estar equivocada, porque también en el caso de De Lara algunos de los
ataques responden a la misma estrategia. Aunque con menos éxito de
público." (El País, 24/05/2014)
