Los cuatro presidentes del Ibex salpicados por el caso Villarejo: Sánchez Galán, Fainé, Brufau y Francisco González (iberdrola, La Caixa, Repsol y BBVA)

"No es una noticia positiva". Primera reacción de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al ser preguntada por la imputación del presidente de Iberdrola en el 'caso Tándem'. Este tipo de informaciones "no son buenas" para la imagen de las empresas y personas afectadas, añadía. Por extensión, Calviño pensará lo mismo de Isidre Fainé (Fundación la Caixa), Antonio Brufau (Repsol). Porque Ignacio Galán no es el único máximo directivo salpicado por la presunta red corrupta del excomisario José Manuel Villarejo. También está siendo investigado Francisco González, el expresidente del BBVA.

Sánchez Galán es el último alto cargo de una empresa del Ibex-35 en sumarse a esta lista particular. El juez que lleva el caso considera que hay indicios suficientes para acusarle de un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

¿Qué pasará con ellos a partir de ahora? No está nada claro que sus puestos de trabajo peligren hasta que se resuelva la situación judicial. Los estatutos de ninguna de esas cuatro prevén la dimisión de un máximo responsable en caso de imputación. Aunque bien es cierto, Francisco González abandonó la presidencia del banco antes de que le llegara la decisión del magistrado de investigarle.

¿Qué tienen en común los cuatro en el caso Villarejo? Todos se dirigieron al entonces comisario José Manuel Villarejo para que “espiara”, presuntamente, a otros empresarios que habían puesto el ojo en sus compañías.
Caso Iberdrola y Florentino Pérez

En el caso de Iberdrola se investiga el presunto espionaje ilegal a varios empresarios y directivos. Pero el más conocido de ellos fue Florentino Pérez. El presidente de ACS y del Real Madrid había intentado ocupar un asiento en el consejo de Iberdrola. El auto explica que la investigación se centró en investigar a Pérez a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto. También se espió a Manuel Pizarro, en ese momento presidente de la eléctrica competidora, Endesa.

En la mayoría de las causas están implicados los jefes de seguridad de esas empresas –en algunos casos policías retirados- que abrían la puerta a Villarejo y hacían de nexo con las entidades.

Antonio Asenjo era el jefe de seguridad de Iberdrola y hombre de máxima confianza de Sánchez Galán. Llegó a la compañía desde Prosegur, y también conocía al comisario jubilado desde hacía mucho tiempo.

En su declaración judicial el exjefe de seguridad declaró haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención de Villarejo.

Según el juez, se trataría de facturas emitidas por servicios prestados al entonces comisario “ocultados mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán”.

La actuación era similar en los otros casos: todo apunta a que Villarejo era el solucionador de problemas cuando los directivos veían amenazados sus sillones por rivales de su misma talla.
El hombre al que todos temían

En las causas de Repsol y Caixabank y la del BBVA, el objetivo a espiar era el mismo: Luis del Rivero, el que era presidente de Sacyr Vallehermoso. En el caso de la petrolera, del Rivero aumentó su participación y los directivos, según el auto, temían que quisiera lanzar una OPA con la petrolera Pemex (también accionista de Repsol).

Tanto Brufau como Fainé en su declaración ante el juez del pasado 7 de mayo se desvincularon de la contratación de Villarejo. “No tengo el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo", señaló el presidente la Fundación La Caixa, según varias fuentes que estaban presentes.

El trabajo de Villarejo para Repsol y Caixabank se llamó "Proyecto Wine" y consistía en espiar y anular los intentos de Luis del Rivero de hacerse con el poder de Repsol. Los responsables de ficharle fueron los directores de seguridad de ambas compañías.

¿Estaban al tanto Fainé y Brufau? En la documentación que Repsol entregó al juez se decía que "probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de Caixabank, y dada la confluencia de intereses que ambos mantenían para defenderse frente Luis del Rivero, acordaron compartir los servicios de información”.

Además, Miguel Ángel Fernández, jefe de seguridad e intermediario entre Caixabank y Villarejo, confirmó ante el juez el conocimiento y la participación de Fainé con el que aseguró haber despachado sobre la investigación a Luis del Rivero.
BBVA también contra Del Rivero

BBVA también recurrió a Villarejo cuando Del Rivero intentó hacerse con el banco en 2004. Fue a raíz de una comunicación que envió Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Tenemos la oportunidad de adquirir una participación significativa en el BBVA”.

El banco se dirigió a Villajero para frenar los pies a Del Rivero en un proyecto que se llamó 'F.G'. según la investigación. Se realizaron campañas de descrédito en medios de comunicación y se espiaron 869 comunicaciones telefónicas en tres meses.

Según Del Rivero, desistió de la operación tras el incendio del Windsor, porque comprendió que le iba "a costar la vida". Aunque fuentes del BBVA aseguran que en realidad la operación había decaído antes.

Aún así, el BBVA siguió contando con los servicios de Villarejo durante 15 años. El juez está convencido de que detrás estaba Francisco González. Y lo cree porque le han señalado directamente sus subordinados. Pero González lo niega todo y así se lo dijo al juez el 18 de noviembre de 2019 cuando declaró. El caso todavía está en fase de instrucción, todavía queda un largo recorrido hasta ver a estos cuatro directivos en el banquillo."              (Isabel Sanz/Carles García Baena , NIUS, 24/06/21)

La Audiencia Nacional desimputa a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé en el ‘caso Villarejo’

 "El juez Manuel García-Castellón, instructor en la Audiencia Nacional, ha desimputado a Repsol y CaixaBank por el caso Villarejo, así como al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau; y al expresidente del banco y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. 

Según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado ha tomado esta decisión tras interrogar esta misma semana a los representantes jurídicos de ambas compañías, que negaron cualquier irregularidad por su parte en la contratación de Cenyt, el grupo empresarial encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pese a las sospechas de los investigadores de que las dos sociedades se hicieron con los servicios del policía para urdir una operación de espionaje en 2011 contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y que pretendía hacerse con el control de Repsol tras un pacto con la mexicana Pemex.

Esta decisión llega apenas dos días después de que finalizara la última ronda de interrogatorios fijada en esta línea de investigación de un macrosumario que señala a varías de las compañías más importantes del país: otra parte de las pesquisas salpican a Iberdrola, Mutua Madrileña, BBVA o el Grupo Planeta. Tras escuchar el pasado martes y miércoles a los representantes de Repsol y CaixaBank, el magistrado descarta que ambas empresas fueran responsables como personas jurídicas de la contratación de Villarejo. 

También rechaza que sus entonces máximos responsables, Antonio Brufau e Isidro Fainé, supieran algo del encargo al comisario. De hecho, el juez baja el punto de mira en la escala directiva y lo sitúa, especialmente, en los directores de Seguridad: Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank).

El auto de García-Castellón recoge buena parte de la defensa de Repsol y CaixaBank, que alegaron esta semana que solo contactaron con Cenyt para obtener de forma legal cualquier información sobre el acuerdo entre Pemex y Sacyr, pero nunca para recabar datos personales que pudieran suponer una vulneración de derechos —en los registros a Villarejo se encontró un registro de llamadas telefónicas de las presuntas víctimas—. Además, remacharon que la contratación fue transparente y rigurosa, y se cumplió siempre con los estándares internos y de control de las empresas.

Una batería de argumentos que acepta el juez en su fallo, donde considera que ambas compañías contaban un sistema de prevención y cumplimiento “eficaz” cuando se produjeron los hechos, “sin que las acusaciones hayan aportado elementos de cargo que permitan concluir la existencia de un defecto estructural en los modelos de prevención, vigilancia y supervisión vigentes en las compañías”. La documentación aportada por las dos sociedades, incide el instructor, “permite constatar que los mecanismos de prevención implantados existían y eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación”.

“No recaía en el ámbito de los presidentes”

El magistrado García-Castellón mantenía imputados por estos hechos a varios directivos de ambas compañías. Entre ellos, a Antonio Brufau, actual presidente de Repsol; y a Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la petrolera española, para quienes archiva ahora las pesquisas. Ambos ya negaron también al juez cualquier ilegalidad e insistieron en que desconocían quién era Villarejo. El comisario jubilado bautizó esta supuesta operación de espionaje contra Del Rivero como Proyecto Wine y, según el sumario, cobró al menos 400.000 euros de ambas compañías.

Sobre Fainé y Brufau, el magistrado considera que no se ha acreditado su participación en la contratación de Cenyt y que, de la documental aportada por ambas compañías, “se desprende que la contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de Seguridad”. Por tanto, añade: “Sin indicios que apunten a que [ambos] interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”. García-Castellón remacha que “no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo”.

El magistrado afirma que no existen indicios suficientes para mantener imputados a los dos empresarios. Según el juez, la contratación de Cenyt por parte de Repsol corrió a cargo de Araujo “en el ámbito de sus funciones”: “No consta en las actuaciones que Brufau tuviese conocimiento de a qué empresa se contrataba, ni de la existencia de Villarejo”. En la misma línea se pronuncia sobre Fainé: “No consta en la causa otra participación de Fainé que informar a Fernández Rancaño de que Repsol ya habría contactado con una empresa y que hablase con su homólogo de [la petrolera]. No consta un especial conocimiento sobre la empresa, ni antes, ni después de la contratación; ni de Villarejo, ni antes, ni después de la contratación; ni de los detalles del contrato. Tampoco consta que Fainé hiciese un especial seguimiento de dicha contratación tras la conversación mantenida con Brufau. Ni tan siquiera que ambos volviesen a hablar sobre el asunto en cuestión”.

Tras conocerse las desimputaciones, CaixaBank ha valorado de “forma muy positiva la resolución que se ha dictado y continuará, en su caso, con la voluntad de colaborar con la autoridad judicial, como ha hecho siempre”.               (J. J. Gálvez, El País, 29/07/21)

Expolíticos, directivos de empresas del IBEX y otros contratantes del comisario maniobran para librarse del 'caso Villarejo'

 "La mayoría de las empresas y directivos o exdirectivos que adquieren la condición de "investigados" en el caso Tándem o caso Villarejo lo hacen por el hecho de haber contratado y pagado por servicios prestados a José Manuel Villarejo, un policía en activo que no tenía la preceptiva compatibilidad concedida para llevarlos a cabo. Pagar a un funcionario de Policía en activo por servicios privados de gestión de crisis en los que su condición de policía es parte fundamental de la oferta de valor es un delito de cohecho. Para estas personas físicas y jurídicas investigadas la clave de su defensa está en poder demostrar que su condición de policía en activo no fue determinante en su contratación, que los servicios contratados no eran ilícitos per se y que le estaban permitidos o no tenían forma de saber que no lo estaban. 

En esto trabajan a marchas forzadas los abogados de todos aquellos que hicieron negocios con el policía jubilado. A dia de hoy, ya hay tres compañias del Ibex imputadas como persona jurídica (BBVA, Repsol y Caixabank) y Anticorrupción ha pedido que también sea llamada en calidad de investigada unaa filial de Iberdrola. Ademas, varios directivos y exdirectivos de dichas compañías están siendo investigados.

La defensa de la mayoría de los contratantes del comisario se basa en los siguientes argumentos falaces: desconocimiento de su condición de policía en activo, actividad privada autorizada de "facto" porque era "sabida por sus "superiores", selección de sus servicios porque tenía "prestigio" y había sido contratado antes por "muchas empresas importantes" y  plantilla amplia y estable que de un lado demuestra la realización de un trabajo real de investigación y consultoría y de otro descarta una actividad ilegal con tantos testigos de riesgo. En las últimas horas algún medio de comunicación ha hecho suyos estos argumentos, cuya inconsistencia mostramos a continuación:

"No sabía que era policía"

Unos dicen (como Susana García Cereceda, investigada en la pieza Land) que "no sabían que era policía"; otros (como Dolores de Cospedal —que fue subsecretaria de Estado de Interior—, y varios jefes de seguridad expolicías de alto rango, como Antonio López de Planeta o Miguel Ángel López Rancaño) afirman que conocían que era policía pero que creían que "llevaba mucho tiempo en excedencia". Si dicen la verdad, lo que es de todo punto cuestionable, nadie se ocupó de verificar las credenciales de Villarejo, lo que causa estupor si los temas encargados eran tan "confidenciales" (excusa que dan en sede judicial para explicar que los pagos al comisario no pasaran por los controles habituales para con los proveedores).

"En 2015 Interior avala su actividad privada"  

En 2015, y tras la publicación por El País de una serie de artículos sobre el entramado empresarial de Villarejo y los movimientos sospechosos de capitales asociados a dicho entramado que fueron completados más tarde por un inventario patrimonial publicado por este diario, José Ángel Fuentes Gago,  el jefe de gabinete del entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y a instancias de éste elaboró y difundió urbi et orbi lo que los fans del comisario llamaron "informe de compatibilidad de las actividades del comisario Villarejo".

El escrito no era más que un refrito e inconexo de disposiciones administrativas que validaba la actividad privada de Villarejo, pero sin analizar ninguna empresa o negocio. Simplemente finalizaba diciendo que no estaba obligado a pedir la compatibilidad porque la "gestión de su patrimonio" no tenía conexión con las actividades encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía y no mermaba su dedicación horaria. Cómo sería el "informe policial" de Fuentes Gago que "avalaba" la actividad de Villarejo que hasta el magistrado García Castellón tuvo que preguntarle cómo pudo emitir escrito semejante cuando en cinco minutos mirando en internet se podía ver que tenía empresas de investigación y de gestión de crisis judiciales manifiestamente incompatibles. Fuentes Gago fue premiado junto a su mujer, también policía, con un estupendamente remunerado destino de agregado en Holanda (donde paraba poco porque venía a Madrid en comisión de servicios) .

"Tres DAO's conocían y validaron su actividad"

En junio de 2018, se remitió al juzgado de Tándem un informe fechado el 2 de junio de 2017 emitido por la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), en el que se dejaba claro  —como Público ya había avanzado mucho antes— que "no consta que el Comisario José Manuel VILLAREJO PÉREZ haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".

Tras el jarro de agua fría, los investigados en dicha fecha repiensan la estrategia y un mes después redefinen la actividad privada de Villarejo como una actividad que no estaba autorizada formalmente, pero sí de "facto", por sus sucesivos superiores, quienes la aprovecharían para apoyar investigaciones policiales. Para asentar la idea, Villarejo pide a los tres anteriores máximos cargos policiales vivos (DAO) —Agustín Linares (1987-1994), apodado "Ágil" por Villarejo; Pedro Díaz-Pintado (1996-2004), "Pincel" o "Pintor"; y Eugenio Pino (2011-2016), alias "Pin" o "PinE"— que envíen una carta al juzgado en dicho sentido, cosa que hacen. El efecto del escrito duró lo que tarda en disolverse un azucarillo: llamados al juzgado a ratificarse en su contenido, los tres ex DAO se desdijeron. El único que aún sostiene que la Policía se servía de las empresas de Villarejo es el ex jefe del UDEV, de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera ("El Oli"), imputado también en el caso y con cuyo progresivo ascenso en la cadena de mando policial florecen los negocios del comisario.

Por su parte, Villarejo defendió durante mucho tiempo que, desde su reincorporación al Cuerpo, se limitaba a mantener el patrimonio creado en su época de excedencia, pero esto no es cierto: tras regresar al servicio policial activo, constituyó en España y fuera nuevos negocios bajo dos fórmulas mercantiles: como filiales de sus empresas preexistentes o cambiando razón y objeto social a éstas manteniendo el CIF.

“Yo contrataba con Redondo, no con Villarejo"

No pocos investigados defienden su actuación alegando que su único interlocutor era la mano derecha del comisario, su director general y cara visible del bufete filial Stuart Mckenzie SL, Rafael Redondo Rodríguez. Pero audios sitúan a Villarejo con sus clientes en la comercialización y ejecución de los servicios concretos prestados. Además, fue el propio Villarejo quien declaró en sede judicial (en el Caso Nicolás ante el juez Arturo Zamarriego) que todas sus empresas funcionaban con unidad de decisión ("él daba las instrucciones") y con "caja única", dos elementos que, junto a la "confusión de patrimonios" que también se da, definen jurídicamente a su conglomerado empresarial como "grupo de sociedades" y bajo el mando de un policía en activo.

Por tanto, es indiferente que se contratase con cualquiera de las empresas de su grupo: gestión de crisis o de comunicación con Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), con la unidad de "investigación" (Servicios de Investigación y Detección SL, Inteligencia y Detección SL y Cenyt Argo SL), con la unidad de consultoría y cursos de formación (Cenyt Consultoría Organizacional SL), con el bufete Stuart Mckenzie SL o con cualquier otra firma del grupo. Como "grupo de sociedades" a todos los efectos son una misma empresa y bajo el mando de Villarejo. 

"Tenía actividad real y todos le contrataban"

Una línea de defensa muy común a casi todos los contratantes es la de argumentar la selección de su servicios y su necesaria legalidad en la afirmación "somos muchos y muy importantes los que le contratamos". Se alega así que se le contrata por ser una firma "prestigiada y conocida" y se intenta presentar como "prueba" el hecho de que fuera contratado por un buen número de grandes empresas españolas, enarbolando las declaraciones anuales de clientes y proveedores de las empresas del comisario y remitidas recientemente al juzgado por la Agencia Tributaria. Explican asimismo que si su contratación esquivó los controles exigidos al resto de proveedores fue por que se trataba de asuntos sensibles que requerían máxima confidencialidad. Ambas explicaciones pierden fuerza si se tiene en cuenta que todas esas empresas tienen en su mayoría algo en común: jefes de seguridad que eran policías del círculo de Villarejo y que además iban a comisión de (comprobada en el caso de Julio Corrochano de BBVA). Con respecto de la elusión de controles exigidos a la contratación de proveedores, baste decir que eso no ocurría con la contratación de otros proveedores prestadores de servicios que requieren gran confidencialidad.

Se alega también, con un informe de la Dirección General de la Seguridad Social de soporte también remitido al juzgado recientemente, que la plantilla de Villarejo es amplia y mostraba larga vinculación laboral, lo que a juicio de los medios afines a los investigados prueba que sus empresas poseían infraestructura y medios para desarrollar un trabajo de consultoría real como el contratado y que prácticas ilegales son improbables dado el número de testigos y peligro de eventuales delaciones.

Nuevamente el argumento tiene "trampa", porque el trabajo realizado por la plantilla no pasaba de confeccionar "notas" por la vía de copiar, de forma literal, textos de artículos publicados y de internet que no se molestaban en editar y en sacar del registro del mercantil y de la propiedad listas de empresas y propiedades asociadas a las personas supuestamente de interés para sus clientes. Nada que no pudiera realizar su cliente en pocas horas con personal propio no muy formado y por el 5% de lo que abonaba a Villarejo. Es decir nada que ver con algo que valiera lo pagado. Y con respecto del peligro de que alguien de la plantilla pudiera un día denunciarle, se omite el hecho relevante de que la estable plantilla de su grupo de empresas estaba compuesta por su mujer y hermanos de su mujer, sus cuatro hijos, un sobrino, su mano derecha Redondo, y dos hijos de éste; el resto eran o hijos de policías con los que Villarejo tenía tratos (entre ellos una hija del fallecido DAO Miguel Ángel Fernández Chico) o policías en segunda actividad con los que había compartido muchos tejemanejes pasados. 

Se le contrata por los servicios que presta gracias a su condición de policía en activo

El propio Villarejo ha insistido y remarcado en muchas ocasiones que vuelve al servicio activo tras diez años en excedencia (1983-1993) "para que sus notas  tuvieran validez". Y cuando negocia su jubilación, se ve cómo pelea por tierra, mar y aire para que le concedan el título de "comisario honorario". Pero ¿"validez" para quién?

Tras siete años de investigación propia, Público acumula indicios que apuntan a que Villarejo cobraba a hito conseguido, que el servicio valía lo pagado y que estaba en condiciones de prestarlo gracias a su condición de policía en activo y de varios de sus cómplices. Destacan dos:

1) Diseño y ejecución de campañas mediáticas con la distribución de contenidos a una nutrida facción transversal de medios o redactores a los que se proporcionan sus "notas" para incentivar su publicación o ser utilizadas como información procedente de "fuentes policiales" en caso de querellas o demandas por difamación o injurias, a pesar de que tales notas (sin sello de entrada en registros policiales) no sean policiales mas que en la medida que él era "policía en activo". Prácticamente todos los informes, propuestas y avances que Villarejo presenta a sus clientes desde hace 30 años tienen a los medios de comunicación como centro, y no pocos contienen la lista de artículos publicados en la línea que interesa al cliente (a modo de lista de gestiones realizadas). La propia Dolores de Cospedal repitió una y otra vez durante su hora y treinta dos minutos de declaración judicial que su interés en el comisario no estaba en obtener información de nada, porque ya la tenía, sino en su relación con los medios de comunicación, y que esto era de lo que el comisario hacía alarde y le ofrecía. 

Villarejo ocupaba la mayor parte de su tiempo en hablar con medios y periodistas afines, con los que establecía una relación simbiótica porque sus relatos siempre incluían detalles con morbo y características de "exclusiva". Nuevos indicios en la documentación bruta incautada apuntan a que además Villarejo les remuneraba, algo que, en caso de verificarse, explicaría las cantidades cobradas de los clientes.  

2) Provocación, orientación, reorientación o enredo de investigaciones policiales, pesquisas de la fiscalía o investigaciones en fase judicial, un objetivo para el que también desempeña un papel esencial su condición de policía en activo. Para estos servicios, en muchos casos se apoya en prensa de refuerzo o en sus famosas "notas", que una vez publicadas son recogidas por acusaciones populares amigas o creadas al efecto, que con los recortes de prensa ponen denuncias en instancias policiales, fiscales o judiciales amigas: estrategias de ida y vuelta ya avanzadas hace años en el reportaje audiovisual producido por Mediaprp Las cloacas de Interior. Para asegurar su admisión a trámite y no solo titulares, se recurre también a denuncias directas en la UDEF de Madrid, aunque el origen del asunto sea en otra región de España. 

Los objetivos son variados y también la casuística: creación de problemas judiciales en el peor momento a empresas o personas físicas adineradas para, seguidamente, ofrecer in extremis a los afectados sus servicios de gestión de crisis, destrucción en favor de clientes de competidores empresariales o rivales políticos dentro y fuera de un partido, facilitar jugadas de bolsa, etc.

En el juzgado: no se solicitó información clave a la Agencia Tributaria hasta hace un mes

La remisión reciente de los informes de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social que las defensas están incorporando a sus argumentarios muestra una nueva anomalía, una de tantas de las que Público viene informando con relación a la instrucción del caso Villarejo: alteración de transcripciones, omisión de audios en oficios, omisiones de investigación acerca del verdadero problema que tenían sus clientes y que les urgía resolver, registros de inmuebles sin practicar, móviles de investigados clave sin analizar tras años de instrucción,  información clave omitida en el cuerpo de los oficios y relegada a anexos kilométricos y una pieza abierta, la 28, que parece provocada para archivar todo el caso. Resulta que no ha sido hasta hace un mes que se ha solicitado información oficial a la Agencia Tributaria sobre la plantilla de las empresas de Villarejo y la identidad de los clientes y proveedores que hizo constar en las declaraciones anuales modelo 347. 

 "Parecería que no se quiere saber quiénes eran los clientes y los destinatarios de los pagos de Villarejo a lo largo de los años", han comentado juristas expertos en Procesal y Penal consultados por Público y que no salían de su asombro al conocer la dilación. Funcionarios de Hacienda que prefieren permanecer en el anonimato creen que es "muy raro" y todos coinciden en que esas declaraciones modelo 347 es casi lo primero que se solicita en un procedimiento de estas características (como así ocurrió en el caso Púnica) y además se pide remontar a todos los años posibles porque "el blanqueo es un delito grave que tarda muchos años en prescribir".

 La solicitud de las declaraciones anuales de clientes y proveedores es de las primeras diligencias que se practican en casos de este tipo. De hecho, fue solicitada por la comisión judicial del Caso Nicolás y Grabación Ilegal al CNI para todas las empresas de Villarejo a la nueva instructora de ese caso, Pilar Martínez Gamo, como conclusión y consecuencia de un informe de julio de 2017 que incluía múltiples indicios de una trama de blanqueo. El informe fue despreciado por la magistrada y la comisión judicial resultó disuelta, con sus miembros seguidamente expulsados de la unidad de Asuntos Internos que comandaba Francisco Migueláñez y enviados a puestos con funciones de muy inferior rango."            (Pilar L. González de Lara,  Patricia López , Público, 08/07/21)

El juez imputa a Repsol y CaixaBank por los encargos a Villarejo

 "El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al ex comisario José Manuel Villarejo. Esto sucede en mitad de las maniobras ex políticos, directivos del Ibex 35 y otros contratantes para eludir esta imputación, tal y como adelantaba hoy Público.

Ambas compañías, desde hoy, investigadas en el marco de la pieza separada número 21 del caso 'Tándem' que se se refiere al conocido como "proyecto Wine", desarrollado entre 2011 y 2012, sobre el presunto espionaje encargado a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para investigar al ex presidente de Sacyr Luis del Rivero por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse con el control de Repsol.

En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, les imputa un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos. El magistrado indica que existen indicios de que tanto Repsol como CaixaBank, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para investigar a Del Rivero y su entorno.

 El 26 de julio a las 10.00 de la mañana tomará declaración a ambos representantes de las compañías.

Dudas sobre la contratación de Cenyt

En opinión del titular del juzgado central de Instrucción número 6, existen dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de Villarejo en un momento en el que éste aún era funcionario público.

De hecho, aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para constatar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

 Para el juez, resulta especialmente llamativo que no se practicara esa comprobación cuando los dos jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo -y que ya se encuentran investigados en la causa- habían formado parte de la Policía.

Así, añade, aunque ambos no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías contrataron sus servicios.

Esta falta de diligencia debida, concluye García Castellón, hace necesario que las dos cotizadas expliquen en sede judicial "por qué pudo producirse esta situación".

 El ex presidente de CaixaBank Isidro Fainé y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya fueron imputados a mediados de abril por estos hechos, después de que el magistrado entendiera que "probablemente" en alguna de las conversaciones que ambos mantuvieron en esa época "acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses".

En su interrogatorio, ambos reconocieron haber acordado investigar el movimiento de la constructora y Pemex sobre Repsol por el "peligro" que suponía, si bien rechazaron que en aquel momento conocieran que el ex comisario se iba a hacer cargo de esos servicios."          (Público, 08/07/21)

El ‘caso Villarejo’ señala a la cúpula del Ibex 35. La instrucción de la Audiencia Nacional mantiene imputados a los presidentes de Iberdrola y Repsol, y a los expresidentes de CaixaBank y BBVA

 "El caso Villarejo se ha convertido en un verdadero calvario para una parte del Ibex 35. 

La Audiencia Nacional analiza desde hace meses los negocios que importantes compañías del país cerraron con Cenyt, el grupo societario que lideraba el comisario José Manuel Villarejo desde la novena planta de la Torre Picasso, en el corazón financiero de la capital. La instrucción ha dejado al descubierto supuestos encargos de espionaje y maniobras al más alto nivel, según describe en sus autos el juez instructor Manuel García-Castellón, que este miércoles volvió a poner en la diana a otro alto ejecutivo: Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, citado como imputado por la contratación de la trama por parte de la energética, que pagó más de un millón de euros.

El nombre de Galán se suma así a una larga lista de directivos investigados en este macrosumario, que ha desvelado intrigas y guerras sucias urdidas para tratar de sacar ventajas en la lucha por el poder dentro de las compañías o ante posibles rivales. Entre las empresas señaladas, además de Iberdrola, se encuentran otras importantes como Repsol, CaixaBank, BBVA, Constructora San José, Mutua Madrileña y Grupo Planeta.

BBVA. Esta línea de investigación fue la primera en apuntar de forma clara al Ibex 35. Los investigadores —que encontraron las facturas pagadas por esta y otras compañías durante los registros efectuados en los domicilios y oficinas de Villarejo y su principal socio, el abogado Rafael Redondo— mantienen que la entidad financiera abonó a la trama más de 10 millones de euros por los servicios prestados durante cerca de tres lustros. Los trabajos contratados incluyeron supuestamente el espionaje a políticos, empresarios y periodistas desde 2004, cuando la constructora Sacyr empezó a moverse para intentar tomar el control del BBVA. Una maniobra que no tuvo éxito.

En esta parte del sumario, García-Castellón ha imputado a más de una docena de actuales y antiguos directivos de la entidad. Como al propio expresidente, Francisco González, que se desvinculó ante el juez de la contratación de Villarejo y afirmó que, aunque “pudo haber alguna conducta irregular de carácter individual”, él lo desconocía. También han pasado por la Audiencia Nacional para declarar Juan Asúa, asesor del actual presidente Carlos Torres; Eduardo Arbizu, exresponsable legal; Manuel Castro, exjefe de riesgos; y Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de seguridad del banco, quien quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. El propio BBVA se encuentra imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Repsol y Caixabank. Hace apenas dos meses, dos de los hombres más poderosos del Ibex 35 desfilaron también ante el magistrado para responder por el caso Villarejo. Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la petrolera española, fueron interrogados durante casi dos horas por el Proyecto Wine, el supuesto encargo que ambas compañías hicieron a Cenyt para espiar en 2011 a Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que trataba de hacerse con el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Tanto Fainé como Brufau negaron cualquier irregularidad. La Fiscalía considera acreditado que ambas compañías pagaron más de 400.000 euros a Villarejo.

 Además de Brufau y Fainé, el juez ha imputado a otras personas que ocuparon importantes cargos dentro de sus dos empresas: entre ellos, a Joaquín Uris, Luis Suárez de Lezo y Juan de Amunategui, ejecutivos de Repsol; a Antonio Masanell, exdirector de Medios de CaixaBank; y a los comisarios Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, directores de seguridad respectivamente de la petrolera y el banco. La instrucción ha desvelado que las empresas, que colocaban a antiguos policías al frente de sus áreas de seguridad, utilizaban a estos agentes presuntamente como interlocutores con la trama.

Grupo Planeta. El sumario ha señalado a esta compañía en varias líneas de investigación. El juez mantiene abierta una pieza donde indaga si Villarejo facilitó a Planeta datos sobre el árbitro que dirimía el litigio contra Blas Herrero, dueño de Radio Blanca-Kiss FM, que finalmente ganó este. En el marco de estas pesquisas, el empresario Javier Pérez Dolset, dueño de la compañía de videojuegos ZED, también denunció que ejecutivos del grupo editorial maniobraron para arrebatarle el control de su sociedad.

En esta línea, el magistrado abrió una pieza separada sobre el Proyecto Brod, un encargo para espiar a los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset, que tenían una participación relevante en Planeta. Los denunciantes apuntaban a los accionistas que controlaban el grupo editorial, pero el juez afirmó el pasado mayo que no había encontrado “ningún indicio” de ello. Tampoco, de que Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y miembro del consejo de administración de Atresmedia, estuviese detrás de la maniobra.

Constructora San José. El pasado diciembre, el juez dio carpetazo a las pesquisas sobre la Constructora San José. El instructor, que consideró acreditados los contactos de la compañía con Villarejo, adoptó esta medida al afirmar que el encargo no había llegado a pagarse y ejecutarse. Según la instrucción, existen indicios de que representantes de la empresa se reunieron con la trama, que llegó a elaborar un proyecto para espiar y boicotear a Santiago Rey, presidente del grupo de comunicación Voz —que incluye medios como el periódico La Voz de Galicia—. En estas pesquisas estaba imputado José Antonio Carpintero Dacal, directivo de la empresa y responsable de seguridad

Otras empresas. Los investigadores también siguen la pista a la contratación de la trama por parte de la aseguradora Mutua Madrileña y de la empresa de detergentes Persan. El juez, además, ya envió a juicio a dos de los promotores de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid), Susana García-Cereceda y Francisco Peñalver, por encargos a Villarejo para recabar información de forma irregular del resto de herederos de Luis García-Cereceda, expresidente de la promotora Procisa, muerto en 2010."                    (J. J. Gálvez, El País, 24/06/21)