Mostrando entradas con la etiqueta a. Sistemas de Corrupción: falsificación de pruebas judiciales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta a. Sistemas de Corrupción: falsificación de pruebas judiciales. Mostrar todas las entradas

16.5.23

Patricia López, directora de Crónica Libre: «En España hay una Justicia paralela para millonarios y poderosos»

 "Primero fueron las cloacas del Estado, luego aparecieron las cloacas del periodismo y nuestro objetivo ahora es destapar las cloacas de la Justicia. En los últimos días, Crónica Libre ha publicado dos exclusivas que dejan en muy mal lugar al sistema judicial. Por un lado hemos identificado al fiscal de Anticorrupción Carlos Yáñez, como uno de los colaboradores habituales de Villarejo y de «La Mafia” del Grupo Planeta, los editores de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón. Días después, publicamos la prueba definitiva, un vídeo en el que se ve a uno de los representantes de la cúpula del Grupo Planeta manipulando la denuncia contra el empresario Pérez Dolset… ¡dentro de la propia Fiscalía!

Preocupa la corrupción en Anticorrupción

Un escándalo mayúsculo ante el que Corrupción ha decidido callar. El fiscal Manuel Moix, responsable del sistema disciplinario de la Fiscalía Anticorrupción, una especie de asuntos internos, no sólo no ha salido a desmentir las informaciones de este medio -no puede, tenemos todas las pruebas de todo lo que publicamos- sino que tampoco ha comunicado las medidas que va a tomar en este asunto

La corrupción en Anticorrupción es un tema que preocupa -y mucho- a la sociedad. Es un escándalo mayúsculo que en otras democracias más asentadas -o menos podridas- hubiera sido portada de todos los medios de comunicación y ya hubieran rodado cabezas. Aquí sólo el Canal Red de Pablo Iglesias y los compañeros de Spanish Revolution se hicieron eco de la noticia. Dos medios jóvenes, pequeños e inconformistas haciendo el papel que no han hecho los grandes grupos de comunicación: periodismo.

Con la venda, su señoría

La periodista Marina Lobo invitó a su programa de Twitch a Patricia López, directora de Crónica Libre y la persona que ha firmado todas las informaciones que han puesto en tela de juicio a la judicatura. No podía tener mejor invitada en un espacio llamado Con la venda, su señoría para hablar de que, a veces, la Justicia no es ciega, sino que mira a otro lado.

«¡Qué suerte que estáis vosotros, menos mal, que si no… no sólo no nos enteraríamos, sino que seguirían riéndose de nosotros!», repetía la presentadora después de leer las exclusivas publicadas por Crónica Libre. La entrevista, que fue más una charla distendida entre dos mujeres que saben lo que preguntan y de lo que hablan, empezó tratando el tema de la imputación del Grupo Planeta, de su presidente, Luis Crehueras y el secretario del Consejo, Luis Elías por delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa procesal, otra exclusiva que desveló este medio.

 «Estaba comentando la gravedad de este asunto, porque es increíble. Además de la inseguridad que nos da con todo esto la Administración de Justicia y más desde anticorrupción, teniendo topos que llevan a cabo estos actos. No deja de ser que estas personas sean más privilegiadas que las otras, que ya de por sí que cuentan con una posición privilegiada y todavía tienen más privilegios como el que se les pueda pasar borradores de de las querellas», decía Marina Lobo.

 Corrupción silenciosa

«Cuando intentamos explicar en las cloacas de Interior descubrimos que Villarejo tenía una policía paralela al servicio de millonarios. En este caso, podemos decir que existe una justicia paralela al servicio de millonarios, poderosos y de los grandes grupos. Esos acaban siendo luego miembros de los servicios jurídicos de estos grandes empresarios, tienen una salida fácil, un retiro de oro«, denunciaba Patricia López. «Es una corrupción silenciosa. En España no hay ni jueces ni hay fiscales que cometan delitos, ninguno. Es una profesión privilegiada que están por encima de todo ser humano, saben que a ellos no les pasa nada«, sentenció la directora de Crónica Libre.

Escuchando a Patricia López, los espectadores pudieron sentir el infierno y la impotencia que debió vivir el empresario Pérez Dolset, el denunciante que ha provocado la imputación de «La Mafia» de Planeta cuando fueron a por él: inventaron pruebas y cuentas con millones que no se han encontrado porque nunca existieron y llegó a pasar 20 días en la cárcel. «Fue la ruina de esa persona«, se lamentaba López. Y todo gracias a la ayuda inestimable de un fiscal, que a día de hoy no ha sido expulsado. «Anticorrupción debería llamarse pro corrupción«, añadía a modo de chascarrillo.

La cuenta de Pablo Iglesias en Islas Granadinas

No hubo asuntos sobre cloacas policiales, mediáticas o judiciales que no quedara en el aire. Patricia López habló de la satisfacción personal que tuvo al demostrar que la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas donde tenía dinero de Venezuela era falsa. A raíz de ello no pudieron dejar de hablar del rabo de «La Mafia» del Grupo Planeta, ese con el que monta cuentas falsas.

«Si no fuera por vuestra valentía de investigar y darlo a conocer«, rezaba uno de los cientos de mensajes que iban apareciendo en la pantalla a lo largo de la entrevista. La palabra «gracias» se repetía varias veces en los mensajes sobreimpresionados en la pantalla. «Si no fuera por estas cosas… ¿sabes? Porque la gente se da cuenta de lo que hacemos y lo agradece… si no fuera por mensaje como estos me hubiera hundido totalmente«, se emocionaba la fundadora de este medio. «Ha sido un camino muy duro, he tenido la espada de Damocles de las demandas sobre mi cabeza mucho tiempo. Las he ganado todas, ahora somos un grupo pequeño pero durante mucho tiempo he estado yo sola«.

La periodista de Spanish Revolution, Marina Lobo y la audiencia se quedaron con ganas de mas. «Volveré siempre que me invites, sois los únicos que lo hacéis«, dijo con sorna López ante el silencio informativo del resto de medios sobre nuestras exclusivas. «Seguid así, no paréis«, respondieron, ante lo que Patricia López contestó con una amenaza muy aplaudida entre los asistentes virtuales: «No vamos a parar. En Crónica Libre somos un grupos de mujeres y somos todas socias, que ya nos han echado de todos los sitios y ya no tenemos donde ir. Así que no tenemos ningún problema en seguir para adelante«.

Este texto queda visto para sentencia."                     (

16.2.23

Expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales por prácticas restrictivas de la competencia

 "El Consejo General de los Procuradores de los Tribunales habría elaborado documentos con los honorarios que deberían percibir los miembros del propio Consejo y los colegios de procuradores adheridos por prestar sus servicios en subastas extrajudiciales. El Consejo habría publicitado su actividad de intermediación como si se tratara de un servicio público dotado de garantías adicionales. Las conductas podrían reducir la competencia en el sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos en España por medios electrónicos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales (CGPT) por prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en los artículos 1 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Estas prácticas afectarían al sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos por parte de personas o entidades especializadas, a través de medios electrónicos en España. En concreto, se han detectado dos posibles conductas ilícitas.

En primer lugar, el posible establecimiento de precios fijos, mínimos y máximos que percibirían el CGPT y los colegios de procuradores por su intervención en la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos a través del portal www.subastasprocuradores.com. Estos precios habrían aparecido fijados en documentos elaborados por el CGPT, lo cual podría constituir una decisión de una asociación de empresas o una recomendación colectiva.

En segundo lugar, la eventual publicitación de los servicios de intermediación que ofrece el CGPT, a través del portal www.subastasprocuradores.com, como si ofrecieran unas garantías adicionales por su condición de corporaciones de derecho público, cuando en realidad en este tipo de actividades intervienen como meros agentes privados.

Según ha podido comprobar Diario16, la carta de presentación del presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en la web corporativa, cita textualmente: «con independencia de poder realizar en la misma el traslado de copias, podremos informarnos y visitar el Portal de Subastas Procuradores. También podemos acceder a la Plataforma de Certificación de Envíos, así como a la Institución de Mediación de este Consejo General».

Denuncia de la entidad Activos Concursales S.L.

Este expediente tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte de la entidad Activos Concursales S.L. A la vista de dicha denuncia y de la información recabada en el marco de la fase de información reservada, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión por parte del CGPT de una infracción de los artículos 1 y 3 de la de la LDC, así como del 101 del TFUE.

A partir de este momento, el periodo máximo de instrucción y resolución del expediente es de 18 meses. La incoación de este expediente en ningún caso prejuzga el resultado final de la investigación."                      (  juan Carlos Ruiz, Diario16, 01/01/23)

29.9.20

Concursos de acreedores: un nido de corrupción

 "En estos días ha entrado en prisión la administradora concursal Antonia Magdaleno Carmona, condenada a cuatro años de cárcel por la comisión de un delito de estafa de 4,6 millones de euros según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Según la decisión judicial, la estafa se produjo por la administradora concursal al despacho del que formaba parte, Broseta Abogados, por los honorarios profesionales desviados de los concursos de Martinsa-Fadesa y Urazca.

La pregunta que podría surgirle a cualquiera es la siguiente: si un administrador concursal estafa a su propio despacho de abogados en el que trabaja, ¿qué habrá podido hacer con los bienes de las entidades concursadas y los créditos de los acreedores, a los que no conoce de nada, en los concursos en los que se administran miles de millones de euros?

La gran mayoría de las quejas de sociedades quebradas, en suspensión de pagos o concursadas y sus acreedores se centran en que los administradores alargan los procedimientos y prefieren llevar a las empresas a la liquidación antes de llegar a un convenio de acreedores, porque de la liquidación los administradores pueden obtener más honorarios, pese a que ello perjudique a los acreedores que, en muchas ocasiones, no cobran sus créditos y las empresas terminan cerrando en vez de ser reflotadas.

La primera cuestión que causa sospecha sobre la bondad de los procesos concursales es que el juez tiene la potestad de designar a los administradores que consideren oportuno en los concursos de gran tamaño, según se indica en el artículo 27.5 de la Ley Concursal (LC) y en el 62.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Varias entidades o sociedades concursadas han relacionado esto con el hecho de que los grandes despachos inviten a muchos jueces a impartir conferencias remuneradas en lujosos hoteles con los gastos pagados para que después les designen en los mejores procesos concursales. Téngase en cuenta que la retribución de los administradores concursales se calcula en relación con el activo de la entidad concursada. Entre el selecto grupo de jueces de lo Mercantil que participan en las conferencias y congresos se puede mencionar, entre otros, a Luis Seller Roca de Togores, Víctor Fernández González, José María Tapia López, Juan Manuel de Castro Aragonés, Santiago Senent, Andrés Sánchez Magro o Carlos Nieto Delgado.

El manejo de los concursos llega hasta el extremo de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tuvo que llevar a cabo una investigación por denuncia del Grupo Inmobiliario Luxender SL contra el economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón por la presunta ocultación en su informe de 23 millones de euros que adeudaban varias entidades bancarias. La investigación, que se extendió a otros procesos concursales, también destapó que Pedro Bautista Martín Molina había sido designado como administrador concursal por decenas de jueces de lo Mercantil, con lo que se había convertido en la persona que acumulaba más concursos de toda España (175 como persona física y 32 a través de su sociedad) por formar parte presuntamente de una red corrupta que, al parecer, actuaba en connivencia con jueces de lo mercantil y que incluía abogados, economistas y peritos.

Pero anteriormente, en la década de 1990, ya fueron investigados por el Consejo General del Poder Judicial otros administradores concursales por denuncia del Juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger, por acaparar las quiebras y suspensiones de pagos de entonces.

Los administradores denunciados eran Miguel Guijarro Gómez, Joaquín Lluch Rovira, por un lado y Alberto Grande García y Carmina Soler Balaguero. Entre 1990 y 1992 Lluch Rovira intervino en 72 expedientes concursales con un pasivo de 439 millones de euros y Guijarro Gómez en 64 con pasivo de 465 millones. Estos dos solían formar pareja de administradores. Por su parte, y a mucha distancia, Grande García intervino en 26 concursos con un pasivo de 131 millones de euros y Soler Balaguero en otros 26 con pasivo de 128 millones.

La participación del resto de administradores concursales era simbólica, lo que provocó la investigación por el CGPJ que remitió el caso a la Fiscalía. En el curso de la investigación se conoció que los administradores solían dejar tarjetas de presentación a los secretarios judiciales y que se entrevistaban con los jueces para ser designados en los concursos más golosos.

Miguel Guijarro Gómez y Joaquín Lluch Rovira fueron, junto a Ricardo Rama Villaverde, los administradores concursales de la suspensión de pagos de Inversión Hogar que, presentada en 1991, todavía se encuentra sin resolver ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid. Fuentes cercanas a aquella suspensión de pagos manifiestan a Diario16 que «la intervención de dichos administradores concursales dejó mucho que desear ya que, existiendo patrimonio sobrado para pagar a todos los acreedores, muchos de ellos siguen esperando cobrar sus créditos habiendo transcurrido ya casi 30 años

Los acreedores tuvieron que denunciar en 2015 el fraude en un contrato autorizado por aquellos administradores concursales a través del cual “el Banco Santander se apropió en fraude de los acreedores de cuatro fincas, cuyo valor supera los 80 millones de euros, incumpliendo sus obligaciones e impidiendo que los acreedores pudieran cobrar sus créditos”».

La propia Inversión Hogar tuvo que solicitar en 2019 la nulidad de actuaciones de la suspensión de pagos «porque los administradores concursales, para favorecer al Banco Santander y en perjuicio del resto de acreedores, ocultaron el mencionado contrato y el pago privilegiado del crédito del Banco Santander, con la colaboración del Secretario Judicial, sin que los acreedores conocieran ni aprobaran el contrato ni se enterasen del incremento y pago privilegiado del crédito del Santander» imposibilitando que pudieran oponerse a dichas decisiones de los administradores concursales. Los afectados manifiestan que van a reclamar la responsabilidad de los administradores concursales y del secretario judicial por la ocultación a los acreedores.

Otras entidades se han querellado contra sus administradores concursales, como NOZAR que, en 2014, solicitó su cese en el concurso y denunció su conducta obstructiva que perseguía que no se aprobase el convenio de acreedores y la continuidad de la empresa pese a la adhesión al mismo de los acreedores que representaban el 73% de los créditos, incluida la Agencia Tributaria. 

Los administradores llegaron a desistir de reclamaciones judiciales contra entidades bancarias imposibilitando la entrada de fondos para el pago de los acreedores, impidiendo la superación del concurso prolongándolo para seguir percibiendo sus honorarios «forzando la liquidación y consiguiente extinción de NOZAR». En dicho concurso uno de los acreedores planteó otra querella contra los administradores concursales por beneficiar a las entidades bancarias en perjuicio del resto de acreedores.

Los afectados de diversas quiebras, suspensiones de pagos y concursos se quejan y denuncian como práctica habitual de los administradores concursales el beneficiar a los bancos en perjuicio del resto de acreedores.

En algunas ocasiones los acreedores se han visto obligados a formar asociaciones para formular acciones judiciales en reclamación de sus derechos y contra los administradores concursales. Así ocurrió en el caso del concurso de Grupo JALE. Aquí los acreedores ordinarios tuvieron que asociarse porque el administrador concursal designado por los acreedores y representante de los mismos, el Banco Santander, no se reunió con ellos ni les informó durante seis años. Este hecho les obligó a solicitar al juzgado que el Banco Santander les informase de su actuación que, según los acreedores, colaboró con las ilicitudes ya que «no se opuso a lo ocurrido, sino que también participó y a veces lideró aquellas actuaciones perjudiciales para el concurso y los acreedores».

Entre las actuaciones a las que el Santander dio su «beneplácito» en contra de los intereses de los acreedores ordinarios de Grupo Jale, se encuentra la no presentación de demandas de retroacción con las que se hubieran podido recuperar 130 millones de euros o el rechazo del convenio de acreedores presentado pese a que tenía el apoyo de los acreedores medianos y pequeños y el mayor acreedor ordinario, lo que provocó la liquidación y que los acreedores no cobrasen pese al superávit de 300 millones de euros de los activos sobre las deudas.

En otras suspensiones de pagos y quiebras los acreedores han manifestado que habría desaparecido dinero como, por ejemplo, en las suspensiones de pagos de Ciudalcampo S.A. y Viajes Ceres.

En la suspensión de pagos de Ciudalcampo SA, tramitada en su día por el hoy magistrado de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Pablo Quecedo Aracil, se produjo un gran escándalo en el que, según indican fuentes cercanas al caso, desaparecieron 71 millones de pesetas, y los acreedores afectados llegaron a presentar una queja ante el entonces Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, en la que denunciaban «falta de imparcialidad» del juez del caso y haber «soportado durante años todo tipo de irregularidades procesales en perjuicio de los acreedores».

Las quejas de los afectados alcanzaban también al fiscal. En la denuncia al Ministerio de Justicia se manifestaba que acontecía un vergonzoso anuncio «que podría denominarse crónica de una prevaricación anunciada» y ponían en conocimiento del Ministro que el juez no había resuelto sus escritos en dos años, lo que representaba, según el escrito, «una clara prevaricación».

Por su parte, en el proceso concursal de Viajes Ceres, la acreedora ENATCAR presentó una querella contra los administradores concursales, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch, por irregularidades y la desaparición de miles de millones de pesetas vaciando una parte importante de su patrimonio que la habría llevado a la insolvencia definitiva.

Pese a todas estos comportamientos, que se repiten desde tiempo inmemorial y que provocaron la reforma de la legislación concursal, los administradores concursales siguen realizando actuaciones presuntamente ilícitas a las que no se ha puesto coto por el Ministerio de Justicia ni el de Economía, con el perjuicio causado a miles de empresas que han desaparecido y a sus miles de acreedores que no han cobrado sus créditos y, que en la mayoría de ocasiones, ven como sus denuncias contra una especie de organización/trama concursal se quedan en agua de borrajas. 

Ante la avalancha de concursos que se aproximan como consecuencia de la crisis del COVID19, se debería agudizar la vigilancia sobre los administradores concursales, al que muchos acreedores y empresarios han calificado de «mafia», para que no se produzcan más casos como los descritos que causan la desaparición de infinidad de empresas con el perjuicio de sus acreedores y el único beneficio de los administradores concursales corruptos y sus colaboradores abogados, economistas, peritos, jueces y magistrados que se enriquecen sin escrúpulos a costa de aquellos."                      (José Antonio Gómez, Diario16, 27/09/20)

31.1.19

El fiscal superior de Galicia, investigado por supuesto abuso de autoridad por los retrasos en la causa que investigaba presuntos delitos de un exalcalde ourensano

"La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar si el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, incurrieron en una falta disciplinaria grave de abuso de autoridad al tramitar un expediente relacionado con una denuncia de una concejala socialista que afectaba al exalcalde ourensano del PP Manuel Cabezas.




El decreto firmado por el fiscal jefe inspector Fausto Cartagena, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que ambos fiscales pudieron haber incurrido en falta grave al tramitar este expediente abierto por los retrasos en la causa que investigaba presuntos delitos del exregidor ourensano.

La causa contra quien fue regidor popular ourensano entre 1995 y 2007 fue reabierta en marzo del año pasado, tras una compleja instrucción de archivos y reaperturas. Una juez apreció indicios de delito de malversación de fondos y de prevaricación en la actuación de Cabezas al no exigir a los constructores el 10% de porcentaje de aprovechamiento urbanístico en 15 intervenciones,

En las diligencias abiertas ahora se esclarecerá si la actuación del fiscal superior de Galicia es constitutiva de las “faltas disciplinarias de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes y/o infracción grave de deberes inherentes a la condición de fiscal” con motivo de “las actuaciones del fiscal jefe de Ourense”, a quien Suanzes encargó que investigara la denuncia por demora del propio ministerio público en la causa de Cabezas."                  (Cristina Huete, El País, 10/01/19)

22.11.17

La Operación Lezo choca con los negocios del marido de Cospedal, como en el 'caso Pujol'

"Es el hombre que siempre se libra. Se libró de ser imputado en los papeles del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; del caso Liberbank, y del caso Pujol, en el que el constructor y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aparecía vinculado a través de una sociedad al hijo mayor del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.  

Estas maniobras para tapar sus negocios, que aparecen reseñados en diferentes sumarios, vuelven a salir a la luz en las conversaciones mantenidas entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el ex ministro Eduardo Zaplana, altos ex dirigentes ambos del Partido Popular. 

Pero también, a través de los negocios de su sobrino José Herrero de Egaña López del Hierro, imputado junto con otro socio del constructor (Eduardo Ameijide) por sus negocios en África con la sociedad Mercasa, en la que era director general Pablo González, hermano de la ex mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid.  

Como ha desvelado Elplural.com el 19 de enero de este año, González le cuenta a Zaplana un desayuno que ha tenido con el destituido fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el que este le informa de que ha recibido una llamada de Mariano Rajoy: “Y me dice, ‘Hoy me ha llamado Mariano para decirme que tenemos que arreglar eso y tal, he hablado con el general y vino él a pedirme que lo llevase yo’”.

 Tras esto, González se interesa por saber de parte de quién está el general [apelativo referido al fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza] “en la guerra de éstas” [en relación a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Defensa] porque a Cospedal, “le están buscando las cosquillas” con "el marido".

Las maniobras de Rajoy, Cospedal y la Policía

Precisamente, la primera semana de enero, El Mundo había informado de la aparición de un pen drive encriptado en el caso Pujol y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había incluido en la causa, que contenía los negocios de Jordi Pujol Ferrusola con Ignacio López del Hierro a través de la sociedad Ibadesa Cat en Angola, Gabón y República Dominicana. 

En paralelo a esta nueva vinculación y mientras el presidente Rajoy maniobraba presuntamente con el fiscal Moix, fuentes del Partido Popular alertaban a Público de que la filtración del 'informe Trillo' sobre el Yak-42 en ese preciso momento era una cortina de humo organizada por la propia Cospedal.  

Estas maniobras pasaban por anular las pruebas que pudiera haber en el caso y eso ocurrió cuando el comisario Eugenio Pino introdujo fraudulentamente en el caso Pujol el pen drive entregado a la UDEF sin que existiera cadena de custodia y por el que el juez De la Mata solicitó la imputación del ex número dos de la Policía, como así han hecho los juzgados de plaza Castilla. 

Fuentes judiciales explican a Público: "Cuando introduces pruebas irregularmente en el procedimiento se anulan todas. En este caso el pen drive involucraba tanto a los Pujol como a Ignacio López del Hierro. Por lo tanto, quedan anuladas las pruebas que pudiera haber y que hubieran llevado a la imputación del constructor".  

A pesar de que López del Hierro llegó a poner una queja ante el nuevo director general de la Policía, Germán López Iglesias, las declaraciones que dio a El Mundo desvelaron sus estrechas relaciones con la cúpula de la Policía. El marido de Cospedal alegaba que la información sobre sus negocios era incorrecta y que la UDEF estaba realizando un nuevo informe por orden del juez José de la Mata que "sí ha sido elaborado por la Policía «este mes» y que «anula el anterior»". La cuestión es: ¿Cómo podía saberlo?

De donante del PP a marido de la secretaria general

Diferentes fuentes policiales han vinculado a Ignacio López del Hierro y a su ex socio Eduardo Ameijide -ambos coincidieron a finales de los 70 como gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real respectivamente- con el actual director del Centro contra la Inteligencia y el Crimen Organizado (CITCO) y ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera. 

La pasada semana Olivera fue preguntado en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del Partido Popular por la diputada Gloria Elizo, de Unidos Podemos, sobre esta presunta relación, algo que el director del CITCO negó tajantemente. Sin embargo, no es la primera vez que Olivera aparece señalado por sus relaciones con el PP y por filtrar informaciones relativas a operaciones como el caso Gürtel o el pequeño Nicolás 

En los papeles de Bárcenas estudiados por la UDEF aparecen dos anotaciones que hacen referencia a "López Hierro" y "López H." de finales de los años 90, antes de su relación con la ministra de Defensa, aunque nunca se le ha imputado en la causa. 

Sin embargo, la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí ha logrado en Lezo la imputación de su ex socio Eduardo Ameijide y a su sobrino José Herrero de Egaña y López del Hierro, quien quedó en las diferentes sociedades en sustitución del marido de Cospedal por motivos muy similares de los que reflejaba el pendrive del caso Pujol que la Policía anuló al saltarse el protocolo de custodia y no poder acreditar su procedencia: los negocios en África junto a Mercasa como los de Ibadesa Cat. 
 
Es más, el 17 de enero, dos días antes de la reunión con Zaplana, la Guardia Civil recoge otra conversación entre González y Luis Vicente Moro, ex delegado de Gobierno en Ceuta, en la que González le informa que su hermano Pablo está de director general de Mercasa y este le contesta: "Cuidado, porque Eduardo es el nexo de Ignacio López del Hierro".           (Patricia López, Público, 20/11/17)

20.3.13

Desarticulan una red de abogados acusada de la simulación de accidentes para el cobro de las indemnizaciones. Presentaba hasta 20 lesiones semanales

"La Policía Nacional ha desarticulado este miércoles, según ha desvelado leonoticias.com, una red organizada dedicada supuestamente a orquestar accidente de tráfico en León. (...)

"Supuestamente, entre los detenidos se encontraría tres abogados, uno de ellos el cabecilla de la trama, fisioterapeutas, un médico y un empleado público de la administración de la Justicia, entre otros. Asimismo, se han detenido a varios procuradores a los que tras prestarles declaración se les ha puesto en libertad.

Una operación en la que, supuestamente, podría haber implicado personas relacionadas con una aseguradora hasta un agente de la Policía Nacional de León de ahí que desde Madrid se mantuviese oculta la operación hasta su puesta en marcha.

El operativo desplegado por este cuerpo, que ha contado con el apoyo de efectivos llegados desde Madrid, ha supuesto el registro de varios bufetes de abogados. (...)

Al parecer, según los primeros datos, se trataría de una operación por posibles delitos de estafa (vinculados a aseguradoras) así como de blanqueo de capitales. Los detenidos podrían haber falsificado facturas así como partes de alta y bajas a la Seguridad Social.

La operación ha arrancado este miércoles a las 7:00 horas y se ha saldado con el registro varios bufetes de abogados leoneses. Fue a las 12:00 cuando agentes de Policía Judicial Tributaria, en compañía del decano de abogados, Ricado Gavilanes, y el abogado de oficio, accedían al bufete del supuesto cabecilla de la trama.

En su interior, según diversas fuentes, supuestamente habría encontrado importantes cantidades de dinero metálico, hasta 300.000 euros, así como cantidades de droga.

Según diversas fuentes, la red se dedicaba a simular accidentes de tráfico hasta el punto que en los últimos días había el principal acusado presentaba hasta 20 lesiones semanales, aglutinado el 90% de los casos de accidentes de tráfico en la capital."         (leonoticias, 14/03/2013)

5.6.11

"Es un disparate, estamos hablando de 20.000 millones"... dice Enrique Ortiz al valorar el negocio que le reportaría el PGOU de Alicante

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo. (...)

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.

Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.

En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:

Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz. No.

S. C. ¡La pagaste tú!

O. A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C. Me van a dar la factura.

O. No, no tiene factura nuestra, no.

S. C. No es vuestra.

O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no."

2.11.09

La trama de Berlusconi

"Donald David Mills Mackenzie no es sólo un buen abogado. Es un tipo fiel. Conoce todos los paraísos fiscales del planeta y se mueve como pez en el agua en el líquido submundo de los fondos de inversión, las sociedades interpuestas, las cajas chinas, los testaferros gibraltareños y las operaciones ilegales. Una vez dijo la verdad, y eso le condenó. Fue en una carta escrita en 2004 a su asesor fiscal, Bob Drennan. Mills le contó que había recibido 600.000 dólares de Silvio Berlusconi por testificar a su favor en dos procesos judiciales. La carta estaba encabezada con un informal "dear Bob", y en ella Mills decía: "Todos sabían que mi testimonio (no he mentido pero he superado curvas peligrosas, por usar un eufemismo) salvó a Mr B. de un mar de problemas en el cual se habría ahogado si yo hubiese dicho todo lo que sabía. En 1999 me dijeron que recibiría el dinero. Los 600.000 dólares fueron ingresados en un hedge fund. A mi disposición". (...)

La juez demostró que Mills recibió el soborno de Berlusconi y que, en combinación con los abogados de éste, los hizo pasar como una parte de la ingente masa de 10 millones de dólares pertenecientes al armador Diego Attanasio; los centrifugó después a través de cuentas en Londres, Suiza, Gibraltar y otros lugares, por medio de numerosas operaciones e inversiones de acciones, hasta ponerlos a su disposición, el 29 de febrero de 2000, convertidos en 2.802 unidades del fondo Torrey Global Offsgor Fund por un valor nominal de 600.000 dólares.

La jueza, presidenta de la sección décima del Tribunal Penal de Milán, razonó su sentencia en un texto de 400 páginas. Su relato revela una minuciosidad casi enfermiza, y es a la vez un ejemplo de escritura sobria y de ahínco investigador. Contiene elementos de novela negra y fragmentos dignos del mejor periodismo de precisión, sin ahorrar reflexiones filosóficas y guiños humorísticos. La sensación que deja su lectura es que Berlusconi tenía muy buenas razones para forzar a su mayoría parlamentaria y al presidente de la República a firmar su escudo salva-procesos. Ahora, Berlusconi será juzgado por un nuevo colegio judicial, pero el proceso deberá empezar de cero, con lo cual, aunque fuera condenado, muy probablemente el delito de soborno habrá prescrito.

"Lo más impresionante de la sentencia es que lejos de basarse en declaraciones, se basa en hechos", explica el periodista Peter Gomez. "Hay documentos internos de Fininvest firmados por directivos del grupo que evidencian la absoluta irregularidad de los balances extranjeros y demuestran que Berlusconi robaba dinero de las compraventas de derechos televisivos para metérselo en el bolsillo y ponerlo en cuentas secretas que pertenecían a sociedades off shore de su propiedad".

Mills fue el arma trascendental de ese presunto robo. Según los jueces, él fue el arquitecto de Fininvest B, la estructura paralela de Fininvest, una gigantesca caja oculta asentada en paraísos fiscales a través de 64 sociedades distintas, opacas y ficticias. Un armario oscuro y lleno de cajas chinas encubiertas por Mills, al que la jueza Gandus retrata como un sofisticado trilero capaz de esconder el dinero en cualquier garito lejano, ora las islas Caimán, ora Gibraltar, Suiza o Liechtenstein.

Cerca de la mitad de los 400 folios detallan la contabilidad paralela que Mills creó para Berlusconi, sus hijos Marina y Piersilvio y el grupo Fininvest. La otra mitad sigue el "tortuoso recorrido" de los 600.000 dólares del soborno a través de decenas de transferencias a cuentas numeradas.

La relación entre Mills y Fininvest se inició, según la sentencia, hacia 1981. El abogado Berruti, un empleado de Berlusconi, pidió asistencia a Mills sobre la doble imposición de derechos cinematográficos; enseguida, Mills empezó a crear sociedades, en Reino Unido y las islas del Canal y las islas Vírgenes, siempre en contacto con otros directivos de Fininvest. "Una vez constituidas, esas sociedades eran controladas por fiduciarios, formalmente responsables, pero a menudo pasivos", explica Gandus. Mills creó al menos "entre 30 y 50 empresas" a nombre del grupo de Berlusconi, y en la contabilidad de CMM las agrupó en una lista A y una lista B." (El País, Domingo, 11/10/2009, p. 10/1)

15.6.09

La corrupción (política) de un juez

"En Galicia, hace unas semanas el juez decano de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza, archivaba unas diligencias penales contra dos altos cargos de la Consellería de Política Territorial relacionadas con la adjudicación de las obras de la autovía del Barbanza. La causa fue abierta a instancias del Partido Popular, que durante mucho tiempo usó políticamente la imputación realizada por el juez. En estas mismas páginas, el prestigioso catedrático de Derecho Penal Carlos Martínez se extrañaba de que ahora, después de las elecciones autonómicas, el juez diga en el auto que "no existe atisbo alguno para analizar la posible existencia de conductas dudosas".

¿Por qué entonces el señor juez mantuvo la imputación 14 meses y en base a qué hizo la imputación? ¿Por qué el señor juez hizo declarar a los imputados días antes de las elecciones generales? ¿Por qué mantuvo la imputación si la Fiscalía del Tribunal Superior ya en junio de 2008 había solicitado el archivo de las actuaciones? Estamos seguros de que el juez no buscaba perjudicar al Partido Socialista ni beneficiar al Partido Popular, aunque pudiese parecerlo.

No es la primera vez que abre el juez Míguez Poza diligencias penales a instancias del PP contra cargos políticos del Partido Socialista. Hace años también imputaba a un concejal socialista de Santiago por una denuncia del PP en relación con unas obras realizadas en la Praza Roxa de Compostela. Durante años, mantuvo abierto el caso a pesar de que la Fiscalía instaba el archivo. También en este caso el concejal socialista tuvo que aguantar la sospecha, el descrédito y el ruido que armaban los concejales populares, en especial Dositeo Rodríguez y Gerardo Conde Roa.

Sin embargo, estamos seguros de que el juez no buscaba perjudicar a los concejales del Partido Socialista sino hacer justicia, aunque pudiese parecer lo contrario. Se podría argumentar que al final el juez fallaba en contra del PP, pero también se podría pensar que el juez se cubría las espaldas para no tener que sufrir unas sentencias correctoras de instancias jurisdiccionales superiores y además en contra del criterio de la Fiscalía en los dos casos.

Los procedimientos son más sorprendentes teniendo en cuenta que la adscripción del juez en los dos casos fue realizada por el mismo Míguez Poza en virtud de ser decano de Santiago. Como no hay dos sin tres, no son los dos únicos casos en que el señor Míguez Poza tendrá que decidir en causas en que participa el PP. Hay alguna relacionada con algún pueblo cercano a Santiago.

Por cierto, no es la primera vez que al citado juez se le ve en bares y cafeterías acompañado de alcaldes del PP. Faltaría más que en ejercicio de su libertad el citado juez no pudiese tomar copas donde quisiese y con quien quisiese. Hay algún malpensado que podría apuntar que la mujer del citado juez, María Dolores Fernández Álvarez, que es concejal del PP en el Ayuntamiento de Ames, cargo para el que fue elegida al ir en las listas de número dos, podría influir en su señoría.

Dicen estos malpensados que uno no es de donde nace sino de donde pace, citando a un escritor de apellidos gallegos. Sin embargo, esta manera de razonar supone dudar de la imparcialidad del juez, lo cual es inadmisible. El Consejo del Poder Judicial no ha dado muchas muestras de ecuanimidad en los casos relacionados con jueces. Algunos piensan que el corporativismo y la interpretación benevolente de las normas siempre se impone. Sin embargo, no estará mal que, aunque fuese sólo por razones estéticas, dijese al juez Míguez que hay cosas que no pueden hacerse." (CARLOS PAJARES: La actuación de un juez. El País, ed. Galicia, Galicia, 12/04/2009, p. 4)

27.3.09

El Supremo evita que un juez que liberó a dos 'narcos' vaya a prisión

"El juez malagueño Antonio Vicente Fernández evitará la prisión después de que el Tribunal Supremo le haya absuelto, en una sentencia conocida ayer, de las dos condenas por cohecho que le impuso en marzo de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambas condenas sumaban cuatro años de cárcel. El alto tribunal mantiene, sin embargo, dos de las tres condenas por prevaricación que pesaban sobre el ex magistrado, quien en agosto de 2004 liberó de forma irregular a dos presos imputados por comerciar con cinco kilos de cocaína. Cada uno de los dos delitos de prevaricación lleva aparejada multa de 2.160 euros e inhabilitación para cargo público de 10 años.

El ex juez ordenó también devolver a los narcos 141.545 euros que les fueron intervenidos por la policía. El Tribunal Supremo admite que las resoluciones dictadas por el ex magistrado son "insólitas", pero "no sugieren la recepción del dinero" por la que fue condenado en primera instancia. La sala reprocha al TSJA que en su sentencia "no se expresa el proceso racional y lógico que debe ser objeto de especial motivación" para condenarle por cohecho.

La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal, que cuenta con un voto particular, considera que el TSJA vulneró el derecho a la presunción de inocencia del ex magistrado." (El País, ed. Galicia, España, 11/03/2009, p. 13)

17.3.09

La empresa de Berlusconi sobornó al abogado Mills

"El abogado británico David Mills fue condenado ayer por un juez de Milán a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial. Los magistrados consideran probado que Mills fue corrompido por Fininvest, la empresa de Silvio Berlusconi, que le pagó 600.000 dólares (460.000 euros) por testificar en falso a favor del hoy primer ministro durante dos juicios por corrupción celebrados contra Berlusconi.

El hoy primer ministro italiano fue imputado como presunto corruptor de Mills en el proceso, pero se ha librado de ser juzgado gracias al laudo Alfano, llamado así en honor del ministro de Justicia actual, Angelino Alfano, quien elaboró hace unos meses la norma ad hoc que impide procesar a los cuatro altos cargos de la República italiana en el curso de su mandato. Esta ley, aprobada ya por el Parlamento, está siendo examinada en este momento por el Tribunal Constitucional.

El caso Mills originó un escándalo político en Reino Unido que acabó con la dimisión de la esposa del abogado, ministra de Cultura del Gobierno de Tony Blair. Paradójicamente, el letrado ha sido condenado además a indemnizar con 250.000 euros a la parte civil de la Presidencia del Consejo de Ministros, es decir, a Berlusconi.

La sentencia proyecta una sombra inquietante sobre los usos judiciales de Il Cavaliere. Según el tribunal, los 600.000 dólares pagados a Mills por Fininvest en 1998 sirvieron para comprar el testimonio favorable del abogado en los procesos por comisiones a la policía fiscal y en el caso All Iberian, con el fin de exculpar a Berlusconi.

"En un país normal", dijo ayer Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, "el presidente del Consejo habría presentado ya la dimisión". "Si hay un corrupto, hay un corruptor. Pero ya se sabe cómo son las cosas en Italia". (El País, ed. Galicia, Internacional, 18/02/2009, p. 3)

28.10.08

Unas 200 parejas pagaron a la mafia rusa para adoptar La policía estima que cada una abonó 56.000 euros por la adopción ilegal

"La policía ha desarticulado una red dedicada a la adopción ilegal de niños en Rusia, cuyos servicios abonaron unas 200 parejas españolas. Las parejas optaron por no seguir los rígidos trámites de adopción y pagaron a la trama 56.000 euros, cuatro veces más de lo estipulado en un proceso legal, según informó Europa Press. Este importe incluía, además de la tramitación de documentos, los gastos de viaje y alojamiento de las parejas.

La policía detuvo en Madrid el pasado fin de semana a una ciudadana rusa con nacionalidad española, Olga Zubakova Vasoba, como presunta jefa de la trama. Zubakova, que está en prisión preventiva en Madrid, ha sido reconocida por una pareja de Posadas (Córdoba) como la mujer que les facilitó un certificado de idoneidad y otros documentos falsos para adoptar a dos niños. La pareja regresó el miércoles por la noche de Rusia sin los pequeños, de dos años y medio, que han tenido que ser devueltos al orfanato del que los sacaron para entregárselos.

Los frustrados padres adoptivos declararon ante la policía durante dos horas a su llegada al aeropuerto de Barajas. Fueron puestos en libertad, pero los agentes les imputan un delito de falsificación de documento público y tendrán que declarar ante el juez en los próximos días. La pareja reconoció ante los investigadores que era consciente de que el procedimiento que estaban siguiendo en la adopción no era legal y que los documentos que les facilitó Zubakova eran falsos." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 24/10/2008, p. 37)

7.4.08

Como se incrimina a un inocente

La Guardia Civil desobedeció al juez para fabricar el caso contra Isadora.

CRONOLOGÍA DEL INICIO DE UNA PERSECUCIÓN

- 16 de febrero de 2007. LA GUARDIA CIVIL LLEGA A LA CLÍNICA ISADORA: Dos guardias civiles del Seprona acuden a la Clínica Isadora para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos del centro. El camión de una empresa de gestión de residuos estaba en esos momentos recogiendo algunos contenedores. La Guardia Civil ordena su precinto e inmovilización, rompiéndose así la cadena de frío.Ese mismo día los agentes acuden al Juzgado de Guardia de Madrid para pedir autorización para abrirlos. El juzgado (número 6 de Instrucción) lo deniega ante la falta del "mínimo indicio" de la comisión de algún delito. Pide a la Guardia Civil que se abstenga de hacer "elucubraciones".

- 17 y 18 de febrero. EL SEPRONA DESOBEDECE AL JUEZ: Los residuos siguen precintados a pesar de la decisión del juez de guardia. La Guardia Civil no informa a la clínica de lo ocurrido y mantiene los contenedores inmovilizados y fuera de la cadena de frío.

- 19 de febrero: INTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRIDLa Guardia Civil acude a la Comunidad de Madrid para proseguir con la investigación ante la negativa judicial. Después de muchas llamadas telefónicas consiguen que la consejería de Sanidad se comprometa a retirar los contenedores.

- 20 de febrero. (1ª parte) SE ABREN LOS CONTENEDORES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL: Un jefe técnico de la comunidad Juan Raúl Sanz Jiménez dice que se deben retirar los envases porque, al estar fuera de la cadena de frío -situación que ha provocado el Seprona, y no la clínica Isadora- puede haber algún riesgo sanitario. Los contenedores salen camino de un tanatorio privado de Alcobendas. Allí son abiertos en presencia del jefe técnico de la consejería de Sanidad, dos guardias civiles -se desconoce en calidad de qué, es decir, si era ya sólo un asunto sanitario de la comunidad- y un médico del tanatorio. Los agentes llaman por teléfono, en mitad del proceso, al juzgado de guardia de Alcobendas. No hay ninguna constancia por escrito ni se sabe con qué juez hablaron. En los escritos de la Guardia Civil solamente se hace referencia a que obtuvieron una especie de autorización verbal. En caso de haberse producido tal conversación, no comunicaron que un juez de Madrid ya había denegado la petición, pues esta supuesta "juez de guardia" de la que hablan les dijo que se diera cuenta "al juez del lugar de los hechos"; es decir, Madrid.

- 20 de febrero. (2ª parte) EL SEPRONA BUSCA OTRO JUEZ: En los contenedores aparecen, entre otras cosas, cinco fetos y cuatro restos fetales conservados en formol que la Guardia Civil considera que son "de entidad suficiente" y que pueden tener más de 22 semanas, límite de la Clínica Isadora para la práctica de abortos. Requisan estos restos e incineran lo demás. Los agentes del Seprona vuelven, una vez más, a los juzgados de Plaza de Castilla a contar el caso, con un nuevo atestado. Omiten que ha sido archivado días atrás por el número 6. El juzgado de guardia en ese momento autoriza el examen de los fetos y el atestado recae por reparto en el 47.

- 23 de febrero. EL SEPRONA LOGRA ENCONTRAR OTRO JUEZ: El titular del juzgado de instrucción número 47, José Sierra Fernández, abre unas diligencias previas. Cuatro días después de su primer intento y gracias al tercer juez con el que prueba, el Seprona logra que el caso se judicialice.

- 2 de marzo. LA GUARDIA CIVIL VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LO QUE PIDE EL JUEZ: El magistrado del 47 pide a la Guardia Civil que "identifique" a las pacientes que aparecían en las etiquetas de los botes de formol y al personal que trabaja en la clínica.La orden judicial la reciben el 9 de marzo. Antes, desde el día 2, la Guardia Civil ya estaba llamando a estas mujeres. Y también a otras que aparecían en la hoja de consulta de una tarde de un médico encontrada entre los residuos de las clínicas. Las llamaron a todas como testigos -en algunos casos acudieron directamente a sus casas-. Incluso en los supuestos en los que aparentemente solamente podía haber una vulneración de la normativa de protección de datos, les preguntaban que si habían abortado, los motivos, etcétera.

- Desde marzo de 2007. LOS FETOS NO TIENEN MÁS DE 22 SEMANAS: El Anatómico Forense dice que no puede determinar con total exactitud la edad gestacional de los fetos. De los nueve, en siete casos se afirma que están por debajo de las 22 semanas. Hay dos que no están claros, pero según la longitud del fémur estarían por debajo. El juez, sin embargo, sigue con la investigación. La clínica pide que el procedimiento pase al juzgado 6, el primero que se encargó de él. La propuesta tiene el visto bueno del fiscal. El juez Sierra dice en un auto que el caso es suyo. Sigue investigando.” (El País, ed. Galicia, sociedad, 04/04/2008, p. 40/1)