La absolución de Camps en el ultimo juicio vivo del ‘caso Gürtel’ deja sin castigo en los tribunales a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos. Aznar, Rajoy y Aguirre salen también ilesos de los escándalos a cuenta de sus mandatos... nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b... La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales... “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano Rajoy”

 "Este político del PP anda metido desde hace años en un camino de la vida donde todo son curvas peligrosas. La ruina se le echó encima a cuenta de la corrupción y en breve se sentará en el banquillo amenazado de cárcel. Con la experiencia del tiempo que lleva atrapado en los juzgados, cuenta ahora a EL PAÍS que la justicia no es igual para todos: “Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis] Bárcenas que a Mariano [Rajoy]”.

Es solo una opinión, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que los gobiernos más corruptos del PP comenzarán a sufrir las consecuencias de sus actos -2018, primera sentencia del caso Gürtel-, todos los jefes-presidentes de esta formación política han salido ilesos del calvario judicial.

La Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos intocables. “Los jueces deberían preguntarse a quién beneficia la corrupción en los partidos y en los gobiernos. Y llegarían a la conclusión de que los principales beneficiados son: candidatos en campaña primero y presidentes del Gobierno después”, señala el político procesado por corrupción.

El PP, sentenciado en dos ocasiones como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la misma trama, acumula en los últimos seis años numerosas condenas por la corrupción de sus cargos públicos. Pero ningún fallo judicial ha golpeado todavía a sus principales líderes.

La última sentencia conocida sobre un caso probado de contratos amañados a favor de la red Gürtel absolvió el pasado miércoles a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario beneficiado, y condenado, confesó los hechos -”Yo le pedí a Camps que me ayudara y él me ayudaba”- el tribunal no encontró la prueba definitiva del delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firmó ningún documento que le pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps sí han sido condenados por estos hechos.

Muchos años antes (2012), Camps ya salió absuelto en otro juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4. Y eso pese a que la investigación acreditó con facturas y testimonios que la trama corrupta pagó los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no logró demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, Víctor Campos, confesó los hechos, devolvió los trajes que le regaló la trama corrupta y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama corrupta se enriqueció durante años a cuenta de decenas de contratos amañados por el Gobierno de Camps, quien dimitió antes de enfrentarse al juicio de los trajes.

Desde aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos públicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps. Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con la culpa.

Sobre esta cuestión elaboró una curiosa teoría Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra una sentencia que rebajó la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, exponía las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupción política: “En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, más próximo suele estar a la materialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica (…) Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor”.

Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sufre las consecuencias que denunció el magistrado Barreiro. Gallego está procesada en el caso Púnica por prevaricación y malversación. “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)”, indicó Gallego en el recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente entre 2007 y 2011 a través de una caja b alimentada por empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de sus presidentes.

Un dirigente autonómico, compañero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo cuenta así: “La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa está en su casa”.

Las dos fiscales que investigaron durante años el caso Púnica se negaron a firmar el escrito final de Anticorrupción, redactado por un compañero que llegó después y exculpó a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid se libró así de un sumario donde la Fiscalía pide también cárcel para el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos trabajadores a las órdenes de Aguirre.

La expresidenta madrileña ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio González pasó ocho meses en prisión preventiva y está a la espera de juicio. Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pasó 33 meses preso y está a la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, está siendo juzgado por la gestión de la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica empantanada tras una inversión de más de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, fue condenado a 27 años de cárcel por el caso Gürtel, una trama que se enriqueció con cientos de contratos amañados de la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados o imputados en diversas causas.

Es un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del Ejecutivo que presidió. El resultado de su gestión se puede seguir a través de una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho años de corrupción acreditada en casi todas las áreas del Ejecutivo valenciano que dirigía Camps. La cúpula de su Gobierno -un vicepresidente, varios consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por corrupción. Campañas electorales con Camps de candidato superaban con creces los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas falsas o pagos en b que asumían empresarios contratistas del Gobierno que presidía Camps; algunas consejerías y empresas públicas adjudicaban contratos amañados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se usó desde la televisión pública valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps -condenado también a cárcel- para enriquecer a la red Gürtel. Pero Camps “nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”, escribió el juez José Manuel Vázquez Honrubia, ponente de la sentencia que castigó con penas de cárcel a 18 personas entre políticos y empresarios por la financiación ilegal del PP valenciano.

El juez Vázquez Honrubia sospechó de Camps pero nada pudo hacer: “Es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta”.

Tampoco nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b: “Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo”. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, también negó conocer esa caja b que alimentó al partido durante casi 20 años: “Es absolutamente falso”.

Pero los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La última, de la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pagó parte de las obras de su sede central, será confirmada en los próximos días por el Supremo. El único condenado en esa causa ha sido Luis Bárcenas, el extesorero que declaró al juez que aquella caja b funcionó con el conocimiento y consentimiento de los presidentes del partido.

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, el juez condenó a quien era secretario general, Ricardo Costa, al que consideró “el hombre que está detrás”, definido como la persona que “sin intervenir en la ejecución tiene un claro dominio de la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerla cesar en cualquier momento”.

El hombre que está detrás no siempre es visible para los jueces. El Tribunal Supremo aceptó hace unas semanas la imputación por terrorismo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con el argumento de que tenía el poder suficiente para controlar los movimientos independentistas y evitar así la manifestación violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del procés. Para argumentar esta decisión, cinco magistrados del Supremo también hicieron referencia a la teoría del hombre que está detrás: “No se necesita probar la orden de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser acusado por la omisión de controlar al aparato de poder, pudiendo y debiendo hacerlo”.

Aznar y Rajoy, presidentes de un partido que funcionó con una caja b y ocho millones de euros no declarados durante 20 años, afirmaron que entre sus funciones no estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teorías, aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpación.

La cúpula política y policial del ministerio del Interior ejecutó entre 2012 y 2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales consistentes en la persecución del adversario político sin autorización judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que nunca se cometieron. Entre esas operaciones también estuvo el espionaje a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en prácticas ilegales. Por todo ello, el juez Manuel García Castellón, ha procesado a media docena de comisarios de policía, algunos ya jubilados, al exministro del Interior, Jorge Fernández; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Rajoy, jefe de Jorge Fernández durante el tiempo que la cúpula policial hizo trabajos sucios a favor del Gobierno que presidía, nunca estuvo investigado en esta causa. El expolítico del PP que se juega su futuro en un juicio próximo lo tiene claro: “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano”.             (José Manuel Romero, El País, 02/06/24)

La SER desvela la declaración íntegra de Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en la que detalló la "persecución" que sufrió del entorno del PP para que descarrilara el caso Gürtel... Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño

 "La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración íntegra de Javier Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga cómo se trató de chantajear a este abogado para que silenciara las filtraciones de Luis Bárcenas o, de lo contrario, saldrían a la luz sus supuestos cobros por servicios profesionales en Suiza que han resultado falsos. 

 En esa operación se investiga el papel de tres intermediarios y el del excomisario José Manuel Villarejo. Gómez de Liaño aseguró que sufrió una "persecución" desde que su despacho asumió la defensa del matrimonio de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias y apuntó a Dolores de Cospedal.

Vías indirectas que procedían del "lobby judicial" de Génova que dirigía un abogado del Estado muy cercano a la exsecretaria general del PP y ministra del gobierno de Mariano Rajoy.

En su declaración como perjudicado, Gómez de Liaño detalla lo que denomina "persecución": moteros con cascos a la puerta de su despacho controlando entradas y salidas, fake news en diarios de tirada nacional sobre un presunto delito de blanqueo, impulsar una petición de entrada y registro en su despacho profesional o, incluso, agentes del CNI abordando a una de sus secretarias.

Fueron años de mensajes por vías indirectas que, concluye el abogado, siempre iban en la misma dirección.

La Fiscalía apunta a un dirigente del lobby judicial

Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño. Este asunto estuvo también presente en el interrogatorio como testigo en este misma causa al abogado Javier Iglesias. El fiscal le preguntó si conocía a Alejandro Lorenzo Auset Domper, abogado del Estado en excedencia.

 El juez Manuel García Castellón asumió esta causa en julio de 2022 procedente de un juzgado de Marbella, pero en noviembre de ese año decidió archivarla. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo en un escrito muy duro con el proceder del juez en el que se preguntaba qué había cambiado desde que en julio aceptó la causa hasta noviembre que la archivó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación."                   (Pedro Jiménez, SER, 02/11/23)

Dos ministros, un Secretario de Estado, un alto cargo de la Policía Nacional, un comisario y tres abogados colaboraron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para llevar a cabo la Operación Kalashov’, gracias a la cual se consiguió información comprometedora del PSOE y de alguno de sus políticos más reconocidos. Además, el líder de la mafia rusa excarcelado, Zakhar Kalashov, también se encargó de algunos flecos sueltos de la Gürtel y dio armas a Rajoy para poder atacar a los disidentes internos del Partido Popular, especialmente, un político valenciano que no era de la cuerda del presidente... Aclarar lo ocurrido también debería ayudarnos a entender que pasó de verdad en la Gürtel de Arganda y con la petrolera PEMEX, inmersa en ese momento en una pugna con Repsol

 "Dos ministros, un Secretario de Estado, un alto cargo de la Policía Nacional, un comisario y tres abogados colaboraron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para llevar a cabo la Operación Kalashov’, gracias a la cual se consiguió información comprometedora del PSOE y de alguno de sus políticos más reconocidos. Además, el líder de la mafia rusa excarcelado, Zakhar Kalashov, también se encargó de algunos flecos sueltos de la Gürtel y dio armas a Rajoy para poder atacar a los disidentes internos del Partido Popular, especialmente, un político valenciano que no era de la cuerda del presidente. Todo ello con el objetivo de mantener la exigua ventaja en las encuestas con la que contaba en 2014 hasta las elecciones de 2015.

Mientras analizamos los pormenores de la operación en el especial de Crónica Libre sobre los intentos de compra de elecciones del Partido Popular, en este artículo desgranamos quienes fueron las personas que participaron en la operación. Para empezar, tenemos al omnipresente Villarejo, como alma del proyecto, ideólogo y conductor del asunto. Pero detrás también estaban todos sus habituales, que abordamos por orden cronológico de aparición. En segundo lugar, tenemos al abogado del PP, Javier Iglesias “el largo”, que se reunió con Rajoy y María Dolores de Cospedal el 12 de marzo de 2014, según relata el propio Villarejo en su agenda.

 Villarejo comentó la posibilidad de hacer la ‘Operación Kalashov’ pocos días después. Exactamente, el 28 de ese mismo mes, marzo de 2014.

 En tercer lugar, el 30 de marzo de 2014, hizo acto de presencia el Secretario de Estado, Francisco Martínez, también conocido como Chisco.

 El cuarto hombre en entrar en la trama fue el DAO de la Policía, Eugenio Pino, al que Villarejo contó la operación el 1 de abril de 2014.

El quinto, fue uno de los abogados que trabajaba en el despacho de Javier Iglesias “el largo”. Se trata de Oscar Jiménez Rubia. El sexto en entrar en escena fue quien trajo el contacto con el entorno de Kalashov y fue Jesús Gil (que nada tiene que ver con el que fuera Alcalde de Marbella), un amigo de Villarejo. Jesús Gil fue el encargado de hablar con el intermediario que había designado Kalashov, cuyo nombre es Halit Sahitaj.

En el séptimo lugar no podía faltar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue el encargado de llevar al Consejo de Ministros la operación planteada por Villarejo. El octavo fue el encargado de tramitar la excarcelación de Kalashov y su expulsión a Rusia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el mismo que al dejar de ser ministro empezó a trabajar en una de las empresas de Villarejo, Legálitas. Y, el noveno, por supuesto, el presidente Mariano Rajoy que presidió el Consejo de Ministros donde se puso en libertad al criminal más peligroso de España y uno de los más peligroso del mundo.

Sería muy interesante que el gobierno actual de Pedro Sánchez desclasificara todos los papeles, documentos y trámites de la ‘Operación Kalashov’ para conocer con pelos y señales que pasó exactamente. Ya que todavía quedan por despejar dos incógnitas básicas:

1. ¿Quién filtró desde la Fiscalía Anticorrupción que se iba a realizar la Operación Avispa y que permitió que abandonaran España los principales cabecillas? Porque sólo Kalashov fue apresado y lo fue en Dubái.
2. ¿Qué dos fiscales rusos (es decir funcionarios oficiales) vinieron a España a intermediar para que Kalashov fuera liberado? ¿Y con quien hablaron estos enviados de Putin además de con el Juez Andreu, tal y como apuntó Villarejo?

Nueve individuos: un Presidente de Gobierno, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, el Secretario de Estado de Interior, el DAO de la Policía, el Comisario Villarejo, el abogado del PP y 2 abogados más para guiar a un Consejo de Ministros en una operación digna de la Justicia bananera de la que disfrutamos en este país. Y, sobre todo, no nos podemos olvidar de las víctimas que aparecen en la documentación, que todos ellos han sufrido el azote de la Justicia o de la prensa en campañas posteriores: PSOE, Gaspar Zurrías, José Bono, José Blanco o Eduardo Zaplana.

Aclarar lo ocurrido también debería ayudarnos a entender que pasó de verdad en la Gürtel de Arganda y con la petrolera PEMEX, inmersa en ese momento en una pugna con Repsol… Estaría bien que alguna institución se preocupara de velar por las cosas que les ocurrieron en los meses o años posteriores a la Operación Kalashov. La Democracia bien lo merece."                 (Patricia López, Crónica Libre)

Villarejo, sobre Rajoy: “Hay que controlar a Correa, tiene información del Barbas”

 "El comisario José Manuel Villarejo maniobró para obstaculizar la investigación del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afectó a numerosas instituciones gobernadas por el PP entre 1999 y 2009. La sentencia que condenó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo provocó una moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy e hizo presidente al socialista Pedro Sánchez.

La intervención de Villarejo para influir en el proceso judicial abierto por el caso Gürtel se produjo, al menos, desde junio de 2009, según la conversación que él mismo grabó con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en su despacho de la sede de Génova, 13. El policía presumió en esa cita de haber alertado a dirigentes del PP sobre la investigación secreta y de haber intentado que el pendrive que ocultaba el contable de la trama con los sobornos a políticos no saliera a la luz.

Otras grabaciones de Villarejo cinco años después con distintos protagonistas de aquel escándalo, incautadas por la policía y a las que ahora han tenido acceso EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas, destapan el papel de agente doble que desempeñó el comisario. Por un lado, Villarejo asesoraba al Gobierno del PP sobre la necesidad de hacer determinados movimientos para obstaculizar la investigación judicial, intentar anular todo el sumario o simplemente minimizar daños. De otro lado, acordaba con uno de los principales abogados de los imputados, Ignacio Peláez (fallecido en 2017), poner en marcha iniciativas para reducir las penas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que este facilitase información incriminatoria contra Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar; Francisco Álvarez Cascos, exministro de Fomento; o Luis Bárcenas, tesorero del PP.

El caso Gürtel comenzó a investigarse en agosto de 2008 en el juzgado que dirigía Baltasar Garzón. Las primeras detenciones se produjeron en febrero de 2009 y, tras cinco años de instrucción, el magistrado que sustituyó a Garzón, Pablo Ruz, dio por concluida la investigación con el procesamiento de casi 40 personas, entre ellas los tres últimos extesoreros del PP, y numerosos cargos autonómicos y municipales.

El 22 de agosto de 2014. Tres semanas después de que finalizase la instrucción del caso, el comisario José Manuel Villarejo se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para ponerle al día de distintos asuntos, entre ellos, el caso Gürtel, que afectaba al partido del Gobierno. Martínez declaró en sede judicial que se reunía con Villarejo por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Peláez [abogado de un empresario implicado en el 'caso Gürtel'] ha dejado tirado a Correa. Y Correa quiere negociar con la Fiscalía a cambio de no sé qué. Entonces, lo que he hecho ha sido mandarle un abogado de mi entorno para tenerle controlado y decirle: "Tío, no te preocupes, que ya me pagarás cuando puedas (…)". Creo que es interesante tener a Correa controlado, ¿no te parece? Porque me ha confirmado Correa que Peláez le pidió 14 o 15 kilos para el Oli [José Luis Olivera, ex jefe policial de la UDEF] y para mí. Con dos cojones.

Pero, ¿qué me estás contando?

Sí, sí, sí, que yo le había pedido no sé cuánta pasta. Aunque sea del Opus, este tío es chungo... pesetero.

¿Correa es chungo?

No, no. Peláez (…). Yo le dije: "Mira, yo lo voy a hacer gratis y todo lo que pueda ayudar en beneficio del partido y tal…". Y él me dijo: "Ah, joder, pero 14 o 15 kilos. Tráelos y ya hablaremos". Pero ese es el comentario, es un comentario como… claro, como él habló varias veces con el Oli, pues el Oli tenía un rebote de la hostia. Acuérdate de que luego salió la historia por ahí, entonces creo que es bueno porque así sabremos si quiere negociar con la Fiscalía, qué quiere decir, porque él, Correa, dice que tiene mucha información del Barbas, ¿eh?, del 'número uno' del 'número uno'. (...) Porque se la contaba el Bárcenas. Ahora, que sea verdad o que sea mentira, probablemente, no.

La Fiscalía Anticorrupción investigó el “proyecto SMP”, por el que supuestamente Villarejo había contratado con un abogado de varios imputados del caso Gürtel un “proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de la anulación total de las actuaciones del Sumario Gürtel”.

La documentación incautada a Villarejo fijaba como coste medio de ese trabajo 15 millones de euros, cantidad similar a la que comenta el comisario en su conversación con el secretario de Estado de Seguridad.

Pero la Fiscalía concluyó su investigación señalando que nunca se pudo acreditar que los honorarios fueran aceptados por el cliente, supuestamente el abogado Ignacio Peláez, ni tampoco constan ingresos en la empresa Cenyt de Villarejo que pudieran ser atribuidos a ese proyecto SMP.

En las agendas de Villarejo se recogen sus gestiones en aquellos días para buscar un abogado a Correa, porque quien lo defendió durante años lo abandonó por impago. A Correa le asignaron un abogado de oficio sin aparente relación con Villarejo.

Año y medio después de la cita del comisario con el número dos de Interior, el abogado Ignacio Peláez quedó a comer con Villarejo para tratar, entre otros asuntos, sobre el futuro judicial de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta que se enfrenta a una altísima petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El juicio estaba fijado para seis meses después, y Peláez estudió con Villarejo cómo convencer al fiscal jefe anticorrupción para que aceptase un acuerdo con Correa para intentar reducir su condena a cambio de facilitar información sobre dirigentes nacionales del PP.

Como soy 'persona non grata' en esa Fiscalía, no me reciben (...). Han llegado a una conformidad casi todos los imputados de Gürtel, y Paco [Correa] quiere llegar a una conformidad en el siguiente sentido: que le liberen un 60% de la pasta, para vivir, y se conforma con que le casquen la triple de la mayor. Es decir, que no le casquen más de dos años en todas las putas causas que tiene. Total: seis años. Como se ha tirado casi cuatro, está un año, año y medio, en prisión, y a la puta calle. Todos los medios de comunicación contentos porque sale la foto de Correa entrando en prisión, pero tío, consigue la conformidad. Pero, espera, que va a verlas, les hace todos los cálculos: “Mira, tantos procedimientos, tanta historia, tanto no sé qué”. Y dicen las tías: “Vale, nos parece bien”.

Pero de los jueces.

“No, no, nos parece bien”. Vale, cojonudo. Dentro de una semana, vente. Ya todo está cerrado, cojonudo, encantados, pim pum pam. Llegan las tías, a la semana, y le dicen a Javier Iglesias: “No. No hay conformidad. Que le den por culo”. Y le dicen las tías…

Pero la ley de enjuiciamiento obliga a la conformidad.

Entonces, la historia es que yo se lo digo a Oli [José Luis Olivera, exjefe policial de la UDEF]. Digo: "Mira, está pasando esto, tío, habla con tu amigo Salinas [fiscal jefe Anticorrupción]". Y el tío habla con él y dice: “Oye, que este dice que no, que no sé qué, que lo de la pasta ni de coña, que la pasta se la queda el Estado, que patatín, patatán”
(...) Lo que yo quiero es, tú, macho, tú lo puedes hacer, tío, y ya no te digo José Luis [Olivera], que habléis con el hijo de puta de Salinas y que dé el ok, tío. Porque sé que conforman todos. Todos los putos imputados, que son 30 o 40 de Gürtel, se conforman, macho, o sea, no hay juicio.
(...) Entonces, lo que yo pretendo es que consigáis que el Salinas dé el okay.

Yo creo que, muchísimo mejor que yo, el Oli puede llegar a Salinas... muchísimo mejor. El problema de Paco Correa, que es muy largón y tal, es que él alardea de que tal, de que la mitad de la pasta se la ha dado al abogado para no sé qué, cuando yo lo consiga, y al final alardea de tener más pasta de la que tiene. Luego se pone a llorar que si el hermano es paralítico, que si lo lleva o si lo trae, que no tiene una cala y que no sé qué.

Y claro, yo se lo cuento a Olivera, y le digo: "Mira este tío…" y me dice José Luis: “Tiene que dar alguna cosita. Queremos al Agag, a Cascos y a Bárcenas”. Y se lo dije [a Correa], y se me pone en plan digno, que yo no voy a traicionar a nadie, que yo hago mi persona, lo que afecta a mi persona, y el tío me dice que no (...). Entonces, le digo: “Mira, Paco, déjate de pollas de que vas de digno, de que tú no vas a traicionar a nadie, tío. Piensa en tu hija y en tu hermano, tío. Y déjate de pollas. Y si te piden que des mierda del hijoputa de Agag, de Cascos…”.

A mí, Paco [Correa] me dijo que estaba dispuesto a hablar de todo, hasta del Barbas. Y le dije: “Paco, no me comprometas”.

No te metas con el Barbas. No conviene, no conviene, no conviene...

Fíjate si yo eso lo tengo claro que le dije: "Paco, no vayas por ahí, porque me estás comprometiendo, le estás contando a un comisario de policía en activo una serie de cosas y tal… "

El hijoputa del Agag y del Cascos, que se han puesto morados, y tú te has comido tres años y medio de prisión provisional. No me jodas, tío. Vamos, que para que veas cómo es Correa, que yo eso sí se lo conté a la Cospedal, y me dijo la tía que hizo lo que pudo. Me dijo: “Mira, Ignacio, yo no puedo llegar a más, macho. No me hacen ni puto caso”.

Correa intentó, en los días previos a la celebración del juicio, un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar los delitos, implicando a numerosos dirigentes políticos. Pero Anticorrupción no aceptó el trato y el tribunal condenó al cabecilla de la red Gürtel a 51 años de prisión.

Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento, no fueron imputados en la causa. En el caso de Álvarez-Cascos, la investigación descubrió amaño de contratos en AENA, departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, y fueron imputados y condenados varios directivos.

El extesorero Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de cárcel. En unas grabaciones que se incorporaron al sumario, Correa aseguraba que había llevado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a la casa de Bárcenas, y que sabía cómo el extesorero había sacado el dinero de España para ocultarlo en paraísos fiscales.

El expresidente Mariano Rajoy compareció en el juicio principal del caso Gürtel como testigo y en su declaración negó la existencia de una caja b en el PP. La sentencia consideró de escasa credibilidad el testimonio de Rajoy y otros dirigentes populares: “Su testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido. En palabras del ministerio fiscal: “No son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”."             (José Manuel Romero , Elena San José , Iker Vega, El País, 30/05/22)

El inspector Morocho, un policía que sobrevivió a las cloacas

 "El 6 de noviembre de 2007 dos personas se encontraron por primera vez sin saber que iban a provocar un terremoto en la política española cuyas réplicas llegan hasta hoy. Fue en una impersonal sala de reuniones del complejo policial de Canillas, en Madrid. 

Uno era José Luis Peñas, un antiguo concejal del PP en Majadahonda que acudía a denunciar una trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, un empresario muy próximo a los dirigentes del PP. El otro era un inspector de la Policía Nacional que acababa de cumplir los 40 años, Manuel Morocho. Peñas aún hoy recuerda aquel encuentro: “Me escuchó, leyó la denuncia y me hizo unas pocas preguntas”, señala.

 El exconcejal asegura que, tras aquel día, solo le volvió a ver una vez en los pasillos de la Audiencia Nacional y, más tarde, durante el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. “En todas ellas fue amable, aunque nunca se quitó su coraza de policía”, añade.

Más de 13 años y medio después, Peñas, que fue condenado a cuatro años y nueve meses en el juicio por la red de corrupción que ayudó a destapar, espera que el Gobierno se pronuncie sobre su petición de indulto. Y Morocho, que hace poco más de un año ascendió a inspector jefe, sigue investigando los últimos flecos de la trama Gürtel mientras ha perdido el anonimato que le daba el número profesional 81.067 con el que firmaba sus informes. 

Su apellido acapara ahora titulares tras denunciar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, las trabas que, desde el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, le pusieron para dificultar las pesquisas sobre la caja b del PP. Este viernes tiene de nuevo una cita ante el juez.

Para algunos, Morocho es un héroe que sobrevivió a las cloacas policiales. Para otros, un policía con sombras. Una agente que coincidió con él en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que pide mantener el anonimato, asegura que, efectivamente, Morocho “recibió presiones, pero como muchos de los que estuvimos allí, tanto desde los gobiernos del PP como del PSOE. Unas veces, para difuminar el contenido de un informe; en otras, para lo contrario. Trabajar en esa unidad ha quemado a muchos que terminan marchándose”, añade antes de admitir que fue uno de estos últimos. ¿Por qué no lo ha hecho Morocho? “No lo sé, pero tampoco entiendo por qué no denunció antes lo que ahora está contando al juez”, añade.

Morocho ingresó en la Policía Nacional en junio de 1999 y, en marzo de 2006, ascendió a inspector. Su condición de licenciado en Económicas le abrió entonces las puertas de la UDEF, una unidad que tenía entonces solo un año de existencia y que se estrenó ese mismo mes en Marbella con el caso Malaya, la primera gran operación contra la corrupción en España. Poco después, arrancaba la Gürtel. Un compañero suyo de aquella etapa, que también pide que no se le identifique, asegura que el inspector se resistía a que sus superiores modificaran sus informes: “Siempre fue muy crítico con los cambios que le proponían. Llegaba a amenazar con no firmarlos si se le corregían”. 

Uno de sus superiores, recuerda este policía, le recordó más de una vez que “la policía es un cuerpo jerarquizado” y que el entonces máximo jefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, señalado ahora por Morocho como uno de los que le presionó, le llegó a decir: “Con esa actitud, tienes poco porvenir en esta unidad”. Olivera, ya jubilado en la policía, fue relevado al frente de la UDEF en 2012. Ahora es asesor de riesgos en la Federación Española de Fútbol.

Uno de los abogados personados en el caso Gürtel como acusación alaba los informes de Morocho, aunque coincide con algunos excompañeros del agente que en el trato personal es distante: “Tiene bastante ego, en gran medida justificado, porque su formación está muy por encima de la de su unidad y, sobre todo, de la de sus jefes. Es metódico y no parte de hipótesis preconcebidas”.

 También dejó buena impresión entre la mayoría de los diputados de la comisión que investiga en el Congreso la Operación Kitchen y ante la que Morocho compareció el pasado 25 de marzo y en la que también denunció las presiones sufridas. Jon Iñarritu, el portavoz de EH Bildu en la misma, asegura que aquel día “transmitió sinceridad y la imagen de un policía que hace su trabajo”.

Esa opinión es compartida por varios agentes consultados, que califican sus informes de “escrupulosos”. Sin embargo, también hay policías que le critican que “haya superado alguna línea de investigación sin salida con demasiada imaginación”. Otro agente recuerda que en cierta ocasión le preguntó por qué nunca solicitó al juez registrar la casa de Bárcenas o el chalé que este tenía en la estación de esquí de Baqueira en busca de pruebas. “Sorprendentemente me dijo que no lo considero importante”.

Condecorado en dos ocasiones —en 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, y en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz—, Morocho ha recibido durante el caso Gürtel ocho denuncias en los juzgados y Asuntos Internos le investigó —luego se archivó— como sospechoso de filtrar a la prensa sus informes. Son algunas de las secuelas de aquel encuentro con el exconcejal Peñas en 2007: “Ninguno de los dos sabíamos entonces lo que se nos venía encima”, señala este."                        (Óscar López Fonseca, El País, 17/06/21)

El juez imputa al comisario Olivera por su supuesta implicación en el boicot a la investigación de Gürtel

 "El juez Manuel García-Castellón ha imputado al comisario José Luis Olivera por su supuesta implicación en las maniobras para boicotear el caso Gürtel, según confirman fuentes jurídicas. 

El magistrado ha tomado esta decisión en el marco del caso Kitchen, donde indaga el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas para robarle documentación antes de que llegara a la Audiencia Nacional. 

Esta iniciativa del instructor llega después de que Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación de la red de corrupción que asola al PP desde 2009, narrase el martes cómo sus superiores intentaron torpedear las pesquisas y cómo Olivera, que actualmente ejerce como asesor de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), trató de comprarle con el traslado a destinos mejor remunerados económicamente.

García-Castellón ha fijado el interrogatorio de Olivera a las 10.00 del próximo 28 de junio. Según ha previsto el juez, su declaración se producirá un día antes de que desfile por la Audiencia Nacional la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, citada el 29. Además, el 30 de junio, lo hará el marido de la expolítica, el empresario Ignacio López del Hierro, y el 1 de julio, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. 

Todos ellos se encuentran imputados por la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas cuando estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas y con el presunto objetivo de robarle material sensible que afectara a altos cargos del PP.

La Fiscalía Anticorrupción hace meses que señaló a Olivera como sospechoso por su supuesta implicación en la trama liderada por Villarejo. El ministerio público considera que existen suficientes indicios de que ambos estaban al tanto de la Operación Kitchen. Incluso subraya que constan en el sumario “serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal en torno al Grupo Cenyt”, encabezada por Villarejo, y el propio Olivera. Este último fue jefe de la UDEF hasta 2012, cuando pasó a estar al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que después se renombraría como CITCO.

Morocho, principal investigador de la trama Gürtel y autor de gran parte de los informes que han llevado al PP al banquillo, puso sobre la mesa el nombre de Olivera el pasado martes, cuando relató al juez cómo le presionaron durante años para quitar los nombres de dirigentes del partido de sus informes; cómo lo sobrecargaron de trabajo y movieron de sitio para frenar las pesquisas y cómo trataron de comprarlo con un destino mejor dotado económicamente. “Me deja usted un panorama desolador”, llegó a afirmar el magistrado al escuchar el testimonio del agente.

La llamada del ministro

El relato del inspector jefe de la UDEF impacta de lleno en la investigación de Kitchen, cuyo inicio se fija en julio de 2013, ya que evidencia que los intentos del entorno del PP de torpedear el caso Gürtel se remontan a mucho antes. Morocho afirma que en 2009 ya comenzaron las presiones públicas, pero que estas adquirieron otra dimensión en 2012 tras la llegada de los populares a La Moncloa. Según él, la cúpula policial empezó entonces a tratar de frenar sus indagaciones. Y, ante los intentos infructuosos, trataron de comprarlo. En ese sentido, el agente narró cómo en el verano de 2013, cuando ya había estallado el escándalo de la caja b tras publicar EL PAÍS los conocidos como papeles de Bárcenas, sus superiores le ofrecieron el traslado como agregado de Interior a alguna embajada, proponiéndole entre varias la de Lisboa, un puesto con una remuneración que supera los 10.000 euros mensuales.

Según la versión de Morocho, este intento de comprarlo llegó a través del comisario Olivera, en un encuentro que mantuvieron en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. Durante la conversación, según dijo el inspector, Olivera recibió una supuesta llamada del entonces ministro Fernández Díaz, de la que dedujo que este le preguntaba precisamente por su conversación con el responsable de la investigación del caso Gürtel: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, ha asegurado Morocho que dijo Olivera a su interlocutor. “Ves, me llama hasta el ministro”, remachó al colgar. El abogado de Fernández Díaz negó que se produjese esta llamada entre su cliente y el mando policial.

Fiscalía pide 10 años de cárcel para otro comisario

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado diez años de cárcel para el comisario Carlos Salamanca por una línea de investigación del 'caso Villarejo'. El ministerio público mantiene que el agente, que trabajaba en el aeropuerto de Barajas, permitió la entrada ilegal en España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de regalos. Por ello, le atribuye delitos de cohecho, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de prevaricación administrativa. 

La Fiscalía también pide seis meses de cárcel para Francisco Menéndez Rubio, un antiguo cliente de Villarejo, por su implicación en esta parte de la trama. Menéndez Rubio, abogado y empresario, envió en 2017 una denuncia anónima a Anticorrupción que permitió abrir la investigación de esta macrocausa. Podemos, personado como acusación popular, pide penas más duras: 15 años y 6 meses de prisión para Salamanca, y dos años y tres meses para Menéndez Rubio."                  (J. J. Gálvez, El País, 17/06/21)

El policía que investiga la caja B del PP sitúa a Fernández Díaz al frente de las maniobras para apartarle del caso... recibió presiones directas para quitar el nombre de Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, de sus informes

 "El policía encargado de la investigación de la caja B del Partido Popular ha ofrecido este martes un completo relato del sabotaje que la formación presidida entonces por Mariano Rajoy realizó a la investigación judicial desde el Gobierno de la Nación.

 En la cúspide de las maniobras para apartarle del caso, el inspector jefe Manuel Morocho situó al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz. “Me deja usted un panorama desolador”, ha llegado a interrumpirle el juez del caso Kitchen, Manuel García-Castellón, en un momento de la declaración de Morocho como testigo. 

Durante sus comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso sobre las actividades de la brigada política, en general, y del espionaje a Bárcenas, más recientemente, Morocho había ofrecido episodios del acoso al que había sido sometido por sus superiores cuando investigaba los casos Gürtel y caja B a las órdenes del juez Pablo Ruz. Pero hoy ha hecho precisiones en sede judicial desconocidas hasta ahora, como que Fernández Díaz estuvo detrás del ofrecimiento de un destino en la Embajada de España en Portugal para que dejara el caso.  

 Según ha relatado Morocho, el ofrecimiento le llegó en persona de su jefe directo, el comisario José Luis Olivera, al frente de la UDEF entonces, en pleno apogeo del caso de la caja B. Olivera se reunió con él, le ofreció el destino en Lisboa y Morocho se negó. El comisario quedó contrariado y entonces recibió una llamada: “Sí, ministro, estoy con él”. A continuación, Olivera le hizo otros ofrecimentos que también rechazó, ha explicado el inspector jefe Morocho, según fuentes presentes en la declaración. 

El grado de presión sobre el policía fue tal que cada vez que iba a reportar al juez Ruz en su despacho de la Audiencia Nacional, el directora adjunto operativo, Eugenio Pino, era informado de ello. Incluso proporcionaron a Morocho una dirección de correo electrónico por la cual tenía que remitir los informes de la financiación irregular del PP a los jefes policiales que había puesto el partido en esos cargos, a lo que Morocho se negó, ha contado esta mañana a García-Castellón. 

El policía ha dicho que las trabas a su trabajo comenzaron a finales de 2011, pero que el ofrecimiento para dejar la UDEF llegó antes del verano de 2013. Se da la circunstancia de que Bárcenas ingresa en prisión en junio y es entonces cuando tira de la manta y rebela la financiación irregular del partido en el Gobierno durante al menos dos décadas. También en esas fechas se pone en marcha la Operación Kitchen que investiga el juez del caso Villarejo. 

El inspector jefe Morocho, que sigue trabajando en una segunda derivada de la caja B, ha asegurado que sus jefes le impidieron poner en los informes el nombre de responsables politícos del PP perceptores de sobresueldos procedentes del dinero negro de los empresarios, pero que él logró incluirlos en un anexo. Es entonces cuando el juez, atónito, ha dicho que le presentaba “un panorama desolador”.

Morocho se ha explayado en las presiones sobre un nombre concreto que no debía aparecer en los informes, el del empresario Ignacio López Hierro, marido de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e imptuado ahora en el caso Kithen, al igual que su esposa, por participar en el sabotaje del caso de la caja B. Uno de los mandos le pidió retirarlo, él se negó, y al día siguiente Villarejo escribió en su agenda: “Problema con Moroc”.

Con este clima de trabajo, Morocho y sus colaboradores, junto al juez, tuvieron que reforzar las medidas de seguridad contra las filtraciones a la hora de registrar la sede de Génova y de la constructora Unifica, ha explicado el policía. 

Cazaron a "un animal salvaje"

Morocho también ha explicado que a aquellas maniobras se unieron luego otras, ya relatadas, como añadirle un destino en la Dirección Adjunta Operativa para sobrecargarle de trabajo y que no pudiera sacar adelante sus investigaciones de corrupción del PP. En este punto, el de su traslado al nido de la policía política, el agente ha sido especialmente gráfico. Según las fuentes consultadas, Morocho ha dicho que le parecía que sus superiores tenían la sensación de "haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él".

En una ocasión, acompañado de su jefe Olivera, se cruzaron con uno de los investigados, el entonces poderoso jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien en un tono que no supo interpretar muy bien Morocho, le dijo: "Ah, pero tú eres Morocho, pero si tú tenías que estar muerto". La declaración se ha interrumpido para volverse a retomar con las preguntas de las partes en los próximos días."            (Pedro Ágüeda, eldiario.es, 15/06/21)

Conjura policial para salvar al PP: quitar “presidente”; poner “persona”. El inspector Morocho entrega pruebas de las presiones para proteger al Gobierno de Rajoy... para evitar indicar que Rajoy y los secretarios generales que le acompañaron en su mandato al frente del PP conocían desde el primer momento la caja b

 "Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegaran al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho.

Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial en manos del juez que investiga el caso Kitchen, una operación ilegal entre 2013 y 2015 pagada con fondos reservados y supuestamente dirigida por los responsables políticos del Ministerio del Interior para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas, pruebas comprometedoras contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Morocho incorpora junto a correos electrónicos y a los informes censurados, los metadatos de los documentados que permiten identificar a los autores de tachaduras y añadidos. Lo que sigue es tan solo una muestra de las numerosas indicaciones de los jefes policiales para cambiar los informes:

Del “presidente y secretarios generales” a “personas”. Morocho escribió en su informe: “Según la declaración [de Bárcenas], solo el tesorero, los secretarios generales, el presidente y el propio Luis Bárcenas tenían conocimiento de la existencia de unas entradas de fondos en efectivo con las que se efectuaban pagos en efectivo, que este plasmaba en una contabilidad ajena a la oficial. Además, el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas, haciendo hincapié en los distintos tesoreros que ha habido, corroborando la tesis de que esta práctica se extendió en el tiempo anterior a la fecha inicial que figura en la contabilidad manuscrita”.

Este párrafo recogía unas declaraciones de Bárcenas ante el juez en las que aseguraba que Rajoy –”el presidente”– y la cúpula nacional del PP (“los secretarios generales” del partido durante 20 años) conocieron la existencia de la caja b.

Sin embargo, a Morocho le obligaron a sustituir ese texto por otro: “En su declaración, Luis Bárcenas pone de manifiesto las personas que tenían conocimiento de esta contabilidad y las donaciones se plasmaban en una contabilidad ajena a la oficial y el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas”. De esta manera, se evita indicar que Rajoy y los secretarios generales que le acompañaron en su mandato al frente del PP conocían desde el primer momento la caja b, según el testimonio de Bárcenas.

 “Fondos b para financiar sedes regionales”. En el informe de 25 de julio de 2014 sobre la supuesta actuación irregular para financiar sedes regionales del PP, Morocho escribió: “Anotaciones manuscritas que figuran en la contabilidad paralela que llevaba el Partido Popular, es decir, con respecto a los fondos B que circulaban por las manos de la formación política”. El texto alternativo evitaba hablar del dinero negro que supuestamente manejaba el PP y dejó así ese párrafo: “Anotaciones manuscritas que figuran en el estado de ingresos y pagos de la contabilidad llevada por el mismo Luis Bárcenas”.

La financiación ilegal del PP. En uno de los informes sobre la contabilidad paralela que el PP utilizó durante casi 20 años, algo que ha quedado fijado por el Tribunal Supremo, Morocho escribió: “Si bien cada uno de estos puntos es independiente, todos reúnen un factor común, que es el empleo de fondos que poseía el PP Nacional ajenos al sistema económico para soportar, asumir o cubrir una serie de gastos o necesidades de dicha formación política”. Cuando sus jefes le devolvieron el informe antes de remitirlo al juez, este párrafo había desaparecido.

Morocho ha declarado al juez que su jefe directo le intentó convencer de que la contabilidad paralela que controlaba Bárcenas no era una caja b del PP.

La investigación de la compra de participaciones de Libertad Digital. Morocho propuso en su informe varias diligencias de investigación sobre la compra de participaciones de Libertad Digital, el medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración que apoyaba el PP sobre los atentados del 11-M. Los jefes policiales de Morocho eliminaron del informe enviado al juez la propuesta de actuación que implicaba investigar los movimientos de dinero de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.

“Una supuesta mordida de 200.000 euros, eliminada”. En un informe de Morocho, remitido a sus jefes antes de enviarlo al juez, se puede leer: “Otro documento de interés es un recibí manuscrito que fue entregado por el señor Bárcenas en sede judicial en el momento de la declaración prestada el 15 de julio de 2013 y que refleja una entrega en efectivo de 200.000 euros al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha. En el mismo se encuentra englobado en la tarjeta denominada CARPETA 4 AZUL CARTÓN que forma parte de las diligencias de referencia”. El párrafo fue eliminado. La investigación no ha podido acreditar que, como señalaba el documento de Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha recibió ese dinero en concepto del pago de una mordida por una adjudicación.

“Luis el cabrón no es Luis Bárcenas”. Luis Bárcenas intentó por todos los medios y mediante presiones a ministros del Gobierno del PP, según los indicios incorporados al sumario, que la policía informase al juez que él no era la persona que se escondía bajo el nombre Luis el cabrón. El jefe de la trama corrupta apuntó en su contabilidad secreta a Luis el cabrón como beneficiario del pago de una comisión ilegal y los investigadores atribuyeron ese nombre a Bárcenas. El inspector Morocho recoge en la documentación entregada el juez el intercambio de correos con sus jefes policiales para introducir en sus informes que en ninguno de los documentos bancarios aprehendidos durante la investigación se identifica a Luis Bárcenas como Luis el cabrón. “No encontrándose hasta el momento otras expresiones” referidas a Bárcenas, dice el oficio policial.

 Ningunear los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Morocho declaró al juez que sus jefes intentaron en todo momento que ningunease los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS: “Se me conminó a que restara valor a esos papeles, que dijera que eran inveraces para seguir la dinámica que en ese momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública, que eran cosa de Bárcenas y no del partido. Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y esas salidas de fondos”.

El 27 de abril de 2013, casi tres meses después de que EL PAÍS publicara los papeles de Bárcenas, donde se detalla el pago de sobresueldos a toda la cúpula del PP identificaba por su nombre o iniciales, Morocho elaboró un informe sobre esos documentos con esta descripción de hechos: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política que en esos momentos ocupaban cargos públicos o tenían una posición relevante en la misma que les hacía acreedores de una capacidad de actuación”.

Los jefes de Morocho cambian ese párrafo y escriben: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política”.

“Los favores entre empresas donantes y el PP”. Morocho analiza las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas y escribe: “El conjunto de sociedades mercantiles han recibido en el periodo de tiempo objeto de estudio 2002-2012 adjudicaciones de contratos públicos de Administraciones gobernadas por el Partido Popular generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.

A los jefes de Morocho no les gusta esa conclusión y eliminan del texto la parte más comprometedora: “generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.

 Cospedal, Bárcenas y Lapuerta, apoderados. En uno de los informes sobre el pago con dinero negro de parte de las obras de reformas de la sede del PP, Morocho escribió: “Esta cantidad fue pagada mediante cheque nominativo asociado a la cuenta del Banco Popular de la que es titular el PP y siendo sus apoderados María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a nombre de la sociedad UNIFICA SERVICIO INTEGRAL”. La corrección propuesta por los jefes policiales de Morocho fue eliminar el nombre de Cospedal, que no aparece en el informe finalmente remitido al juez.

Propuesta de actuación que no llega al juez. El 23 de septiembre de 2014, Morocho entrega un informe sobre las prácticas delictivas del despacho de arquitectura que ha hecho la reforma de la sede del PP. Y en el capítulo final propone al juez una serie de diligencias para investigar si esa empresa ha movido dinero en el extranjero. Los jefes de Morocho omiten del informe final remitido al juez la propuesta de actuación para que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España informe sobre unas operaciones sospechosas del despacho de arquitectos.

 De ‘Luis el cabrón’ a Cospedal

 Las presiones que denunció el inspector de la Policía Nacional Manuel Morocho abarcan los tres primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta (de 2012 a 2014). En esta página se reproducen algunos documentos que Morocho entregó al juez como prueba de sus denuncias. En la parte superior, los dos informes que retocó sobre la identidad de Luis el cabrón, un apunte de la trama corrupta.

El extesorero del PP negoció con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según los indicios incorporados al sumario, que la policía debía redactar un informe para negar que Luis Bárcenas fuese ese “Luis el cabrón”, una de las pruebas que utilizaba el juez para imputarle el delito de cohecho.

El jefe policial de Morocho le dirigió numerosos correos electrónicos para que incorporase a sus informes que la investigación no había encontrado otras expresiones similares para referirse a Bárcenas.

También presentó el inspector Morocho pruebas (imagen inferior) de cómo le obligaron a quitar el nombre de María Dolores de Cospedal como apoderada del PP en un informe sobre las obras de la sede del partido en la madrileña calle Génova y que fueron pagadas con dinero negro. Por esas acusaciones, el actual líder del PP, Pablo Casado, anunció que trasladarán a otro lugar la sede central de la formación. En las imágenes del centro (y subrayado en amarillo) aparece el texto modificado para evitar identificar a Mariano Rajoy y a los secretarios generales del PP como beneficiarios de las salidas de fondos de la caja b, pese a que se trataba de una declaración ante el juez del extesorero. "                 (José Manuel Romero, El País, 05/07/21)

El Gobierno de Rajoy intentó sobornar al investigador de Gürtel para tapar el caso. El inspector jefe Morocho detalla cómo la cúpula policial torpedeó sus pesquisas y cómo el boicot se extiende más allá del espionaje a Bárcenas

 "La Audiencia Nacional acumula ya una batería de indicios sobre las maniobras realizadas desde el PP y su entorno para torpedear toda la investigación judicial sobre la red de corrupción Gürtel, que cerca al partido conservador desde 2009. 

Según los avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo implicó a altos dirigentes del PP y a la cúpula de la policía que se puso a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a los investigadores de la trama, como relató el martes uno de ellos al juez Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.

“Me deja usted un panorama desolador”, resumió el martes García-Castellón tras escuchar el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Este agente, que lidera desde hace más de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar y desbaratar las pesquisas.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo.

Morocho explicó el martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por Kitchen—.

Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la policía cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.

Morocho narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, según dijo el martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de agregado de Interior en la Embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”, afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—.

 Entonces, ante las sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se hiciese esa llamada.

Las piezas del sumario

El relato de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP. El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta más complicado no echar la vista hacia atrás.

De hecho, la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en 2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto de sumario.

Los investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.

Sin embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. A lo largo de los cientos de páginas de estos cuadernos manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.

Maniobras contra Morocho

“Se me conminó a minusvalorar los papeles de EL PAÍS”. El inspector Manuel Morocho contó al juez que, desde la cúpula de la policía, se le “conminó a minusvalorar los papeles [de Bárcenas]” publicados por EL PAÍS. Estos documentos recogían la entrega de supuestos sobresueldos a dirigentes del PP: entre ellos, al entonces presidente Mariano Rajoy.

Los informes paralizados. Según fuentes jurídicas, Morocho relató que acabaron en 2011 un informe que implicaba al matrimonio formado entre Jesús Supúlveda, alcalde del PP, y Ana Mato, que fue ministra; pero el comisario Olivera lo paralizó durante un año.

En línea con la defensa del PP.Morocho añadió el martes que le presionaron para que mantuviese que, de haber algo ilegal, era responsabilidad de Bárcenas y no tenía nada que ver con el PP. Esa es la estrategia de defensa que mantienen los populares desde que estalló el caso.

Quitar al marido de Cospedal. Según Morocho, le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, de los informes. Según dijo, uno de sus jefes se lo justificó alegando que era “amigo de Villarejo”.

La llamada del ministro. El inspector de la UDEF explicó que, mientras un alto mando trataba de comprarle en una reunión, recibió una supuesta llamada de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, para interesarse por el tema. El exministro lo niega. Años más tarde, Enrique García Castaño, otro comisario implicado en la trama, se sorprendió al verlo en un puesto en la DAO (adonde le trasladaron para, según su versión, tratar de apartarlo de Gürtel) y exclamó: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.                    (J. J. Gálvez , |Óscar López-Fonseca , El País, 16/06/21)

El juez investiga adjudicaciones de Rajoy y el núcleo duro del Gobierno de Aznar a un donante de la caja B del PP

 "El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a diferentes organismos públicos que le remitan toda la documentación sobre 23 adjudicaciones concedidas durante la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar a un constructor que aparece como donante irregular del PP en los 'papeles de Bárcenas'.

 Estas diligencias se enmarcan en la línea de investigación del cohecho –contratos públicos a cambio de mordidas en dinero negro– que el juez José de la Mata reabrió recientemente en el marco del caso de la caja B y de las que ahora se encarga Pedraz de forma temporal al haber sido su compañero destinado a La Haya. 

El auto que firma este viernes el juez, y al que ha tenido acceso elDiario.es, pone bajo el foco adjudicaciones concedidas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar desde siete ministerios. Al frente de los departamentos investigados estaban en el momento de las concesiones Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente).

Las diligencias ordenadas por Pedraz traen de nuevo a la actualidad la revelación que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, realizó el 13 de octubre de 2016, durante el juicio de la Primera Época de la trama. Aquella tarde en la Audiencia Nacional, Correa aseguró que la gran obra pública licitada por el Consejo de Ministros de José María Aznar incluía una mordida de entre el 2 y el 3% en comisiones para financiar de forma irregular al Partido Popular.

"Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", respondió Francisco Correa a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell. 

La constructora aludida por Pedraz en sus diligencias, Assignia, era propiedad de Alfonso García Pozuelo, un empresario que ya fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel. El magistrado pone ahora el foco en 23 adjudicaciones de obras entre 2002 y 2004 cuyo montante global ronda los 600 millones de euros. Algunos de los contratos se concedieron a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que Assignia participaba junto a otras sociedades, la mayoría donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas, caso de Copasa, Copisa, Sando o Azvi.

Los contratos de mayor importe que se investigan corresponden al Ministerio de Fomento en la partida de carreteras, trayectos de vía férrea y aeropuertos. El departamento de Álvarez-Cascos adjudicó a Assignia, Fernández Constructor, Azvi y Copcisa la construcción del tramo de Pajares en la línea del AVE entre León y Asturias por 188.159.485,29 euros en 2003. Se trata de la adjudicación más cuantiosa de las investigadas. Hay otro contratos de este departamento que rondan los 70 millones de euros por un tramo de autovía en Castilla y Léon y varios en torno a los 30 millones. "Carreteras, autopistas, AVE…", recitó Correa hace cuatro años en su declaración durante el juicio de Gürtel. 

Las afirmaciones de líder de la Gürtel en el juicio provocaron que el juez de la caja B entonces, José de la Mata, le llamara a declarar para que se ratificara en esa pieza y ofreciera más detalles. Sin embargo, Correa se echó atrás. Según publicó elDiario.es, antes había recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario Villarejo y sus colaboradores denominan El Largo en las grabaciones incorporadas a la causa Tándem y al que describen como su contacto con Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno. Iglesias alegó que la visita respondió al interés de Correa por que se incorporara a su defensa.

Entre los contratos que reclama Pedraz que no pertenecen al Ministerio de Fomento destaca uno de Defensa para la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 30.658.649, 53 euros. Más allá de carreteras y obras de AENA, también sobresale una adjudicación del Ministerio de Educación para la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico y Provincial y Biblioteca Pública del Estado, licitado por el departamento de Pilar del Castillo el 8 de agosto de 2003, y que fue asignado a Assignia y Castilla de CNES por 12.984.749,74 euros. En tiempos de Montoro, la Agencia Tributaria licitó 2,5 millones para la construcción de un nuevo edificio en Avilés.

Rajoy construyó una comisaría en el pueblo de Cotino

El Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Rajoy titular del departamento, la construcción de la nueva comisaría de Policía en Xirivella, en la provincia de Valencia. Se trata de la localidad de nacimiento de Juan Cotino, por aquel entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía. Cotino falleció el pasado mes de abril cuando estaba siendo juzgado por corrupción en otra pieza del caso Gürtel, la de la visita del Papa a Valencia. La constructora de García Pozuelo fue la adjudicataria de la obra por valor de 1,4 millones de euros. 

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), dependiente del Ministerio de Economía entonces, adjudicó el nuevo Parador de turismo de Lorca a Assignia por 9.014.727, 50 euros. La licitación es del 30 de mayo de 2003 cuando el titular del Ministerio era Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Turismo era Juan Costa. 

El inspector jefe Manuel Morocho, instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre al juez en el que afirmaba: "Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP". Assignia es la otra constructora de García Pozuelo que tuvo que vender para saldar su deuda de 20 millones con el fisco, derivada del caso Gürtel. 

Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sobre la solicitud policial, Pedraz reclama "el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación" de las 23 adjudicaciones citadas. Se trata de la continuación del trabajo que inició en secreto el pasado abril José de la Mata. 

Con el levantamiento del secreto del sumario en septiembre se conoció que una grabación incautada al empresario Rafael Palencia en el caso Lezo –otra trama de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González por las contrataciones del Canal de Isabel II– había servido al inspector jefe Morocho para repasar toda la documentación obrante en el sumario de Gürtel y caja B y encontrar nuevos indicios de que la caja B recibió donaciones a cambio de adjudicaciones concretas, una línea de investigación cerrada en 2015 por falta de indicios después de que una veintena de grandes empresarios de la construcción hubieran estado imputados en el caso. "                 (Pedro Agueda, eldiario.es, 11/12/20)