Acciona, Ferrovial, Sacyr: sobre la corrupción estructural y la doble traición del PSOE La corrupción no es una excepción, es una estructura. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr moldean la administración pública con cómplices políticos... la UCO está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos... El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema... Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político... las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor... Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales (Guillem Pujol )

 "La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.

La corrupción estructural: una trama normalizada

El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de cargos políticos que, en el caso del PSOE, traicionan no solo la confianza pública, sino los principios fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.

Como decía Antonio Gramsci, “la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba descarnada.

Por si fuera poco, los audios interceptados, filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.

Nombramientos estratégicos y empresas pantalla

En una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos —como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.

La trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000 SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—, canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y 526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de testaferros como recompensa por influencia política.

Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.

Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político, con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a menudo en la subordinación a los intereses privados.

El control empresarial sobre las decisiones públicas

Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.

Este mosaico de evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas— constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.

Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu, “el capital político se transforma a menudo en un instrumento al servicio del capital económico, cuando las élites políticas se convierten en agentes de los intereses dominantes”.

La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas. Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras con promesas de redistribución y equidad.

Sin embargo, su implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada." 

(Guillem Pujol , La Marea, 18/06/25) 

Cestas de navidad, aguinaldos y donativos: los regalos de BBVA a policías en el caso Villarejo

 "Una de las cuestiones que se han analizado durante la instrucción del caso Villarejo es si el BBVA hizo regalos a policías a cambio de un “trato de favor”, algo que estaría prohibido en el código de conducta del banco. En el sumario de la investigación sobre las relaciones entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se inició en octubre de 2018, constan archivos sobre gratificaciones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que partían del departamento de seguridad corporativa que dirigía Julio Corrochano, investigado por ser el nexo de unión entre el BBVA y el agente encubierto. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha retomado este asunto y en su último informe, en el que solicita al juez instructor Manuel García Castellón que proponga juzgar a la entidad y a una docena de ex altos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González, ha incluido las pruebas documentales que acreditarían el pago de donativos con motivo de sus fiestas patronales, algunos enmascarados en facturas “por la compra de juguetes”, o el envío de cestas, vinos y aguinaldos por Navidad.

Según el fiscal Cabaleiro, estos regalos tenían como objetivo mantener una “buena colaboración” entre el banco y la Policía e incluso garantizar un “trato de favor o de confianza” ante determinados favores que el BBVA pedía a altos cargos policiales. También era una forma de recompensar las “relaciones privilegiadas con importantes mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, señala. El representante de Anticorrupción enfatiza que esta actitud era “conocida tanto por la alta dirección como por el propio consejo de administración”.

Para justificar estas afirmaciones, el fiscal expone en el escrito con fecha del pasado 17 de mayo los indicios que probarían que todos los investigados a los que pide poner a un paso del banquillo de los acusados, entre ellos el BBVA como persona jurídica, son responsables de la comisión de un delito cohecho y una pluralidad de ellos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos por los encargos de espionaje que hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Pero también por todos los pagos extraordinarios que se hicieron llegar a policías del entorno del comisario jubilado.

En este sentido, Cabaleiro dedica 16 páginas de su informe —de más de 240 folios— para reproducir los correos electrónicos de empleados del BBVA y directivos, como Corrochano o el actual responsable de auditoría interna, Joaquín Gortari, y en los que se ponía en copia, en algunas de las ocasiones, al exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, para tramitar los regalos. En ellos se solicitan “instrucciones oportunas” para “atender necesidades del servicio surgidas en el área de seguridad especial que presta sus servicios a Presidencia y la alta dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Este mensaje iba seguido de la solicitud de autorización de “donativos” de miles de euros con motivo de actos conmemorativos de la Guardia Civil o la celebración de la fiesta del Día de la Policía en honor a su patrón, los Santos Ángeles Custodios.

Uno de los mensajes incorporados es el enviado el 19 de septiembre de 2011 por parte de un empleado del banco a Gortari para comentarle que con motivo de la fiesta patronal de la Guardia Civil se habría realizado un donativo “en efectivo mediante el pago de la factura correspondiente por la compra de juguetes por parte de esta institución”. En los cruces de correos también figuran los trámites para enviar cestas de Navidad, en las que se incluían vino, o “aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función”, según reza uno de los emails destacados.

Listado de policías

De hecho, el fiscal afirma que era una práctica habitual que el departamento de seguridad corporativa del BBVA realizara un listado anual sobre los policías que recibían atenciones por Navidad, “algunos destinados a la sede oficial y otras a domicilios particulares”. “El grado de detalle del personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como la reiteración en los regalos se prevé como constante”, subraya el escrito. En ese grupo de policías se encontraban comisarios cercanos Villarejo, algunos de ellos imputados en la macrocausa, como Carlos Salamanca, quien fuera responsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel; o Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como El Gordo, que ha sido excluido de la causa por su estado de salud.

También el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ex jefe de la Policía Judicial, que declaró como testigo en la línea de investigación centrada en el BBVA y admitió su relación de amistad con el exresponsable de seguridad del banco; o José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue interrogado para aclarar si el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima que motivó la investigación judicial contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

El cohecho, que es el delito que sustenta toda la macrocausa, castiga tanto al funcionario público que ha recibido una dádiva o retribución de un tercero, como al particular que ha ofrecido o entregado dichas recompensas. Precisamente este ilícito ha estado durante un tiempo en el aire debido a que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el primer juicio del caso Villarejo absolvió a todos los acusados por esta conducta ilegal, si bien la Sala de lo Penal ha ordenado corregir este extremo, lo que ha hecho que vuelva a ser un elemento de cargo para Anticorrupción.

Algunos investigados afirmaron ante el juez García Castellón que desconocían si se hicieron “entregas de dinero en efectivo” a policías para patrocinar sus festejos, ya que no existían partidas específicas en los presupuestos para ello, como señaló Nazario Campo Campuzano, directivo del área de seguridad del BBVA, para quien el fiscal ha pedido el archivo de la causa; o el expresidente Francisco González, que aseguró que dichos pagos no encajaba dentro de su código de conducta, el conocido en el sector bancario como Código FG, una guía de buenas prácticas que instauró en el banco. Sin embargo, el fiscal considera que existen numerosas pruebas acerca de que “de forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación [desde 2004 hasta 2017], desde la alta dirección y con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia [entonces dirigido por Joaquín Gortari], se hacían regalos, tanto en metálico como en productos a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos”.

Información sobre problemas internos en el Banco Santander

Asimismo, el fiscal apunta que estas gratificaciones no son solo atenciones en fechas concretas, sino también “contrapartidas” a algunos mandos policiales por determinados favores a altos cargos policiales, como la gestión de visados de allegados a directivos y consejeros del banco o información sobre personas que querían reunirse con altos cargos del BBVA. De hecho, el fiscal incluye uno de los correos que Enrique García Castaño envió a Julio Corrochano sobre las denuncias de trabajadores del Banco Santander por “acoso laboral” contra la dirección de seguridad corporativa de la entidad, incluso una carta que el entonces jefe de dicho departamento, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Salom Clotet, envió al fallecido presidente del banco Emilio Botín sobre este asunto.

Con todo ello, Anticorrupción concluye que el BBVA y sus altos cargos incumplieron su propia norma interna sobre “entregas de regalos y organización de eventos promocionales”, que establecía que, además de tener que rellenar un anexo, los regalos tenían que ser “de carácter promocional o detalles de cortesía”, cuyo valor no podía superar los 150 euros. El fiscal Cabaleiro se acoge a este reglamento porque, según indica, no ha podido analizar el contenido de la normativa especial del banco sobre “atenciones especiales de Navidad” porque “la defensa del BBVA, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, ha preferido no aportarla.” Por este mismo motivo, añade, tampoco ha podido revisar la norma de la entidad sobre la contabilización y pago de facturas recibidas en vigor durante los años investigados, pero aun así señala que la de 2018 (año que ya no es objeto de las pesquisas) prohíbe las donaciones al “Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las entidades locales”.                (Nuria Morcillo, Cinco Días, 10/06/24)

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial. En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021. En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’. FROB El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR). El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

El Cártel de los coches: los clientes abonaron un sobreprecio estimado entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo... más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia... La OCU está presentando demandas colectivas contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda, Volvo, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault

 "Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.

La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.

En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.

El sobrecoste de los coches

Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.

La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.

Multa de 137 millones

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.

El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.

Los coches del cártel

 La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.

En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ."     (Economía Digital de Galicia, 04/12/23)

Vínculos entre las grandes empresas de la agroindustria y la derecha europea... Cómo la agroindustria ha usado excursiones, fiestas y alquileres gratuitos para ganarse el corazón de los conservadores europeos. Así, esta semana el Parlamento Europeo ha rechazado reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos en 2030

 "Excursiones alpinas, fiestas selectas o prestar despachos sin cargo alguno son solo algunos de los métodos que usan las grandes empresas agrícolas para conquistar a influyentes legisladores de la Unión Europea en relación a las importantes reformas ecológicas que se están llevando a cabo en los últimos años.

Estas actividades han contribuido a forjar una poderosa alianza en Bruselas entre políticos selectos del Partido Popular Europeo (PPE) y los que tienen intereses comerciales en frenar el avance hacia una agricultura más respetuosa con la naturaleza: los fabricantes de pesticidas y los sindicatos agrícolas vinculados a la industria.

Una importante investigación publicada a principios de octubre por DeSmog y Politico ha descubierto el elevado volumen de reuniones mantenidas por seis importantes parlamentarios del PPE. También ha revelado que la industria agrícola mantenía desde 2020 un promedio de dos reuniones semanales con estos políticos mientras la UE negociaba reformas emblemáticas para proteger la naturaleza y el clima.

DeSmog ha profundizado aún más y ha elaborado un mapa de los extensos vínculos personales y profesionales que existen entre estos seis eurodiputados conservadores y grupos vinculados a la industria agrícola.

Hemos decidido destacar las conexiones de los parlamentarios con los actores más poderosos de la UE que son hostiles a los planes para reducir el uso de pesticidas, un grupo que incluye a los principales sindicatos agrícolas. También hemos incluido a los grupos agrícolas con los que los eurodiputados tenían vínculos personales.

La naturaleza de los vínculos que aparecen en el mapa abarca desde el contacto directo en reuniones, encuentros sociales y excursiones hasta la pertenencia a organizaciones y comisiones relacionadas con el sector. 

La agresiva campaña de los grupos de presión que muestra el mapa parece haber dado resultados. Durante los tres años transcurridos desde que se anunció por primera vez la iniciativa De la granja a la mesa (Farm to Fork), un ambicioso plan para revisar las prácticas agrícolas en el marco del Pacto Verde, los legisladores del conservador PPE se han opuesto sistemáticamente a los planes de transformación de la agricultura.

Las reformas incluyen medidas para reducir a la mitad el uso de pesticidas en todo el bloque, propuestas que han alarmado a una industria que tan solo en Europa mueve 12.000 millones de euros al año. Los científicos afirman que la serie de medidas ecológicas destinadas a atajar la espiral de degradación climática y el colapso de la biodiversidad son esenciales para el futuro suministro alimentario de Europa.

Sin embargo, este miércoles 22 de noviembre, el pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea de julio de 2022 de reducir en un 50% el uso de todos los pesticidas químicos en 2030. La votación se ha saldado con 299 votos en contra, 207 a favor y 121 absenciones.

«Estas revelaciones se suman a la evidencia creciente de que poderosos intereses de la industria están comprando influencias en nombre de sus márgenes de beneficio, lo que tendrá un coste catastrófico para las personas y el planeta», ha declarado Célia Nyssens-James de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la mayor red de grupos ecologistas sin ánimo de lucro de la UE. «Es evidente que demasiados eurodiputados de esta Comisión no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos europeos».

Clara Bourgin, de Amigos de la Tierra, afirma: «Estos vínculos son espantosos, pero lamentablemente tampoco sorprenden a nadie. Cuando ciertos eurodiputados se oponen enérgicamente a la legislación de la UE sobre pesticidas, a objetivos vinculantes de reducción de emisiones y de forma generalizada a los compromisos medioambientales europeos, es evidente que detrás hay una campaña intensiva de los grupos de presión de la industria».

Franc Bogovič, uno de los seis eurodiputados de este análisis, negó que los responsables políticos estuvieran sometidos a la influencia de la industria. «Soy agricultor e ingeniero agrónomo y tengo mi propia opinión —declaró a Politico Europe—. No me hace falta la suya (de la industria). Tengo unas ideas muy claras sobre lo que es posible y lo que no en la agricultura».

Parlamentarios conservadores antiverdes

Entre la densa red de grupos de presión que se muestra en el mapa aparecen seis legisladores que han intentado sistemáticamente debilitar las reformas agrícolas verdes de la UE en proceso de convertirse en ley.

Los eurodiputados Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Franc Bogovič y Anne Sander forman parte del Partido Popular Europeo, la mayor formación política del Parlamento Europeo y que ha recibido críticas por tratar repetidamente de diluir estrategias como De la granja a la mesa y la Estrategia de biodiversidad 2030.

Estos eurodiputados ocupan altos cargos que les permiten ejercer una influencia significativa en el ámbito de las políticas verdes. Por ejemplo, Norbert Lins, presidente de la comisión de Agricultura, exigió en diciembre una importante reevaluación del expediente de reducción de pesticidas en nombre de la comisión, una medida polémica que llevó a los activistas a acusarle de intentar retrasar la legislación.

Otro de los seis, Alexander Bernhuber, principal negociador del PPE sobre el SUR (reglamento para la reducción de pesticidas), había solicitado previamente que la iniciativa se retirase por completo.

El PPE ha sido acusado de utilizar el chantaje y la difusión de noticias falsas para oponerse a los planes de restaurar el 20% de los ecosistemas dañados de la UE mediante la Ley de Restauración de la Naturaleza, acusaciones que niega el líder del partido, Manfred Weber.

El partido también fue objeto de críticas en julio, cuando sustituyó a más de un tercio de sus miembros habituales en la Comisión de Medio Ambiente para tratar de impedir una votación crucial sobre la ley. Entre los representantes del PPE incluidos se encontraban Herbert Dorfmann, Anne Sander y Franc Bogovič, los otros tres eurodiputados que aparecen en la muestra de DeSmog. 

Se descubrió que los seis eurodiputados analizados por DeSmog se habían reunido colectivamente con grupos vinculados a la industria ocho veces más que con grupos no gubernamentales que representaban intereses públicos.

Vínculos personales con sindicatos agrícolas afines a la industria

Los seis parlamentarios del PPE tienen amplios vínculos con los principales sindicatos agrícolas de la UE, que aparecen en la parte derecha del mapa. 

El análisis de DeSmog descubrió que los eurodiputados se habían reunido cuarenta veces con el sindicato Copa-Cogeca —y con sus influyentes miembros francés y alemán, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) y el Deutscher Bauernverband— entre enero de 2020 y julio de 2023. También constató que más del 75% de las reuniones sobre la iniciativa De la granja a la mesa, la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Reglamento para el Uso Sostenible de Pesticidas se habían celebrado con el Copa-Cogeca, sus miembros nacionales o sus secciones regionales.

El Copa-Cogeca es el mayor sindicato de agricultores y cooperativas agrarias del bloque. Lleva mucho tiempo en el centro de las políticas agrícolas de la UE, y The New York Times lo ha descrito como poseedor de «un acceso especial que ya querrían otros». Sin embargo, se trata de un grupo controvertido entre los agricultores. En una reciente investigación de Lighthouse Reports y Politico, admitió haber hinchado el número de miembros y se le acusó de promover los intereses de la agricultura industrial frente a los de las explotaciones más pequeñas y los jóvenes agricultores.

El sindicato se ha opuesto frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha tachado de «excesivamente ambiciosa e irresponsables» para la agricultura de la UE y que, en su opinión, provocará importantes caídas de la producción comunitaria y riesgos para la seguridad alimentaria. Científicos y activistas rebaten estas afirmaciones. 

Las últimas investigaciones de DeSmog revelan que los miembros nacionales del Copa-Cogeca también mantienen amplios vínculos personales con los seis eurodiputados.

Entre estos se incluyen los lazos familiares. Por ejemplo, la eurodiputada francesa Anne Sander —que fue una de las principales negociadoras de las recientes reformas de las subvenciones agrícolas de la UE y de los planes para restaurar los ecosistemas degradados en el bloque— es hermana de Franck Sander, vicepresidente de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA). El sindicato de agricultores franceses domina la política agrícola francesa y se opone frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha calificado de «estrategia de decrecimiento». 

Desde el lanzamiento en 2020 de De la granja a la mesa, Anne Sander ha mantenido al menos doce reuniones con la FNSEA o sus ramas regionales, la mitad de las cuales no declaró en la web parlamentaria. Una cuarta parte de todas las reuniones oficiales de Sander sobre las reformas de las subvenciones agrícolas de la PAC se produjeron con el sindicato o sus filiales. En cambio, Sander no celebró ni una sola reunión registrada sobre el tema con organizaciones sin ánimo de lucro. 

En Austria, el sindicato agrícola Österreichischer Bauernbund (ÖBB) tiene un vínculo directo con el PPE, ya que forma parte del partido político local de los conservadores europeos, el Österreichische Volkspartei.

Los documentos muestran que el sindicato ÖBB también paga el despacho del parlamentario austriaco del PPE que aparece en el mapa de DeSmog, Alexander Bernhuber, diputado de Österreichische Volkspartei.

Bernhuber es miembro del comité ejecutivo de una de las nueve ramas del ÖBB, Niederösterreichischer Bauernbund, donde también estuvo empleado como consultor remunerado entre 2017 y 2019 (con una remuneración de entre 1.000 y 5.000 euros al mes).

El sindicato ÖBB es también la organización dominante del miembro nacional del Copa-Cogeca Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), que representa tanto a las empresas agrícolas como a los agricultores.

Todos los veranos, el ÖBB, la LKÖ y otras poderosas asociaciones agrícolas se reúnen con el eurodiputado italiano Herbert Dorfmann (que aparece en el mapa) y otros políticos influyentes para ir de excursión a los Alpes. El recorrido ofrece a los grupos la oportunidad de charlar sobre la política de la UE, y el año pasado el representante del Deutscher Bauernverband, el miembro alemán del Copa-Cogeca, aprovechó la oportunidad para decir a los excursionistas: «Tenemos que reconsiderar este plan [de reducción de pesticidas]».

«Es evidente que numerosos eurodiputados conservadores del PPE se encuentran históricamente muy próximos al Copa-Cogeca, el grupo de presión agrícola que defiende, sobre todo, los intereses de las grandes explotaciones y de los propietarios de tierras, y no los del sector agrario en su conjunto», declaró la investigadora del Corporate Europe Observatory Nina Holland, que añadió: «Con sus constantes intentos de retrasar y hacer descarrilar la ley de reducción de pesticidas, este tenaz grupo de eurodiputados finge estar del lado de los agricultores, pero en realidad les están haciendo un flaco favor».

Deutsche Bauernverband —sindicato agrario alemán miembro del Copa Cogeca que aparece en el mapa— declaró a DeSmog que el grupo cuenta con la participación de eurodiputados de todos los partidos democráticos. Añadió que apoyan la iniciativa De la granja a la mesa y «ofrecen críticas constructivas y recomendaciones sobre las estrategias reguladoras para implementar objetivos políticos». 

Acceso «exclusivo» para las empresas de pesticidas

El análisis de DeSmog muestra que las empresas de pesticidas también disfrutan de un acceso privilegiado al Partido Popular Europeo. 

Esta industria, un lobby con una fuerza formidable en Bruselas, dispone de diversas vías para llegar a los responsables políticos mediante el patrocinio y el apoyo a redes influyentes, foros de debate y grupos de reflexión. Desde que en 2020 se anunciaron por primera vez los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas, los registros muestran que ha invertido treinta y cinco millones de euros en actividades de presión en la UE.

Las cuatro empresas principales de pesticidas —Bayer, Syngenta, BASF y Corteva—, junto con su poderosa asociación comercial CropLife Europe, han celebrado un total de 29 reuniones oficiales con los seis eurodiputados seleccionados desde 2020.

CropLife Europe declaró a DeSmog que «hace suyas las ambiciones del Pacto Verde de la UE y de la estrategia De la granja a la mesa». Anteriormente la organización había tildado los objetivos para reducir el uso de pesticidas como «no basados en datos» y «políticos», además de solicitar su reevaluación. 

El mapa de DeSmog muestra que CropLife Europe es también un «socio estratégico» de la EU40, una red de jóvenes políticos de la UE entre cuyos miembros actuales se encuentra Alexander Bernhuber y más de cincuenta políticos de la UE en activo. El grupo también cuenta con más de doscientos antiguos miembros, entre los que figuran los eurodiputados Norbert Lins y Herbert Dorfmann.

Aunque la EU40 —entre cuyos socios también se encuentran la empresa de semillas KWS y diversas empresas farmacéuticas y tecnológicas— se describe como neutral y niega «representar intereses comerciales», sus socios estratégicos tienen acceso especial a los miembros políticos en actos como su «exclusiva» fiesta anual de verano, calificada como la «más emblemática» de la organización. 

La EU40 describió la fiesta de 2023, celebrada en septiembre con cócteles, barra libre y baile en la terraza del hotel de cinco estrellas Sofitel de Bruselas, como «una oportunidad para relacionarse con la flor y nata de Bruselas» y «un punto de encuentro» para eurodiputados, sus asistentes parlamentarios acreditados, jóvenes funcionarios de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y representantes permanentes ante la UE.

Iniciativas y grupos de reflexión financiados por la industria de los pesticidas

La EU40 no es la única vía de influencia para la industria. El mapa de DeSmog revela una red más amplia de iniciativas y grupos de reflexión, que facilitan que los intereses de los pesticidas tengan acceso a los eurodiputados y otros políticos. 

Un ejemplo es el Foro Europeo de la Alimentación, una plataforma «independiente, política y no partidista» centrada en la alimentación y la agricultura, «dirigida y gobernada» por eurodiputados, entre ellos Christine Schneider, que aparece en el mapa de DeSmog y que con frecuencia presenta sus actos. 

Entre sus miembros empresariales figuran Croplife, la asociación de la industria química Cefic (que representa a BASF, Bayer y otros gigantes agroquímicos)  y la mayor empresa de fertilizantes de Europa, Yara.  

La organización confirmó que sus miembros aportaron fondos al grupo. En declaraciones a DeSmog: «Somos una plataforma que reúne a partes interesadas de todos los bandos, con opiniones a menudo divergentes», y añade que su objetivo es favorecer un debate no partidista, «transparente e integrador».  

La industria también está vinculada a grupos de reflexión y defensa. Según los registros de la UE, Bayer, la mayor empresa de pesticidas del mundo, «apoya» a Farm Europe, un grupo de reflexión centrado en cuestiones rurales y agrícolas que ha calificado los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas como un «tiro a ciegas a la agricultura de la UE». Desde 2020 el grupo se ha reunido en dos ocasiones con Anne Sander.

El eurodiputado italiano Herbert Dorfmann es miembro de un grupo multipartidista de eurodiputados dirigido por el Consumer Choice Center, un grupo de defensa neoliberal que se ha opuesto a los objetivos de reducir el uso de pesticidas y fertilizantes y ha recibido financiación de la industria química y petrolera. 

Bayer declaró a DeSmog que, como «empresa líder en tecnología agrícola, tenemos un interés directo en luchar contra el cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad». Añadió que «acoge con satisfacción los objetivos del Pacto Verde europeo y apoya la ambición de acelerar la transición a un sistema alimentario más sostenible y resistente, y hacia una mayor biodiversidad».

Sobre la cuestión de los grupos de presión, que defendió como «una parte esencial del proceso democrático», dijo: «Bayer participa, por supuesto, en una serie de temas diferentes, en múltiples países, y con una variedad de partes interesadas y organizaciones».

Un portavoz de la empresa de pesticidas Syngenta ha afirmado: «Syngenta estudia las tendencias normativas y ofrece apoyo a los legisladores y  actores políticos para que entiendan mejor el valor de la industria y los productos y servicios que proporciona a los agricultores europeos. Todas las actividades relacionadas con asuntos públicos de Syngenta aparecen en el Registro de Transparencia de acuerdo con la legislación de la UE».

Según Croplife Europe: «Apoyamos las ambiciones del Pacto Verde de la UE y la estrategia De la granja a la mesa, y creemos que los agricultores europeos deben tener acceso a una caja de herramientas completa de soluciones innovadoras para la  protección de cultivos que les permita mantener su producción durante la transición a un sistema agrícola más resistente y sostenible».

En un momento en el que las encuestas muestran la preocupación generalizada de la ciudadanía europea por el impacto del uso de pesticidas en el medio ambiente (hasta el 80%, según una encuesta de agosto), y en que el número de aves y polinizadores cae en picado en Europa, las ONG afirman que las estrechas relaciones expuestas en los mapas de DeSmog son motivo de preocupación.

Célia Nyssens-James, de la Oficina Europea del Medio Ambiente, afirma que «es urgente aumentar la transparencia de los grupos de presión en el Parlamento Europeo» y pide que se aborden los conflictos de intereses de los eurodiputados y «el dominio de la Comisión de Agricultura en la toma de decisiones relacionadas con los expedientes agroalimentarios»."                 (Claire Carlile (DeSmog) , Climática, 24/11/23)

Mapfre ficha como consejero al expresidente del Tribunal Constitucional González-Trevijano... Mapfre ha sido noticia en los últimos días tras unas duras declaraciones de su presidente, Antonio Huertas, que el viernes arremetió con los pactos de gobierno de Pedro Sánchez

 "Mafpre, la mayor aseguradora española, ha fichado como consejero de dos filiales a Pedro González-Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional. Según avanza El Confidencial, la aseguradora, única de este sector que cotiza en el Ibex 35, va a nombrar consejero de la filial Mapfre y de la sociedad del negocio de vida a González-Trevijano, presidente del Constitucional hasta enero y ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

El grupo Mapfre ha sido noticia en los últimos días tras unas duras declaraciones de su presidente, Antonio Huertas, que el viernes arremetió con los pactos de gobierno de Pedro Sánchez, que aseguró pretenden “llevarnos al ignominioso” concepto de la “España multinivel”.

“No podemos dejar que nos sigan condenando, desenganchando e insultando. El desequilibrio territorial se va a agrandar con los pactos de Gobierno con los independentistas y la extrema izquierda que pretenden llevarnos a que haya españoles de primera y de segunda. Me rebelo contra eso”, dijo Huertas en un acto organizado por el diario Hoy. 

 Con la incorporación de González-Trevijano, Mapfre sigue pescando consejeros en el mundo judicial. En 2013 el grupo nombró consejera a Catalina Miñarro, actual vicepresidenta de la aseguradora. Miñarro, luego fichada también por ACS y por el Real Madrid, era entonces abogada del Estado en la Audiencia Nacional, un puesto que compatibilizó durante un tiempo con su asiento en el consejo de Mapfre.

En su filial internacional, Mapfre tiene como consejero desde 2019 al ex diputado y expresidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, y en 2022 fichó también para esa filial al ex ministro del PP Josep Piqué, recientemente fallecido. Otras personas del poder político que han pasado por el consejo de Mapfre son el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el ex diputado de IU en Madrid José Antonio Moral Santín, ambos por la relación que entonces tenía Caja Madrid en la aseguradora."                 (eldiario.es, 20/11/23)

Las consultoras multinacionales infiltradas en el poder político

 "Un nuevo sujeto o actor económico ha cobrado fuerza en el ámbito político sin pasar por las urnas. Uno más. Se trata de las consultoras empresariales, que han extendido su brazo hasta situarse en los resortes del poder a partir de su supuesto conocimiento técnico, lo cual encaja bien, aunque no haya sido tratado, en el concepto que acuñó John Kenneth Galbraith con la palabra tecnoestructura, entendida por él dentro del ámbito interno de la empresa.

 La influencia dentro de las grandes empresas (dentro del subsistema de planificación, siguiendo a Galbraith en su acertada caracterización del sistema económico desde la II G. M. hasta hoy), ganada por las consultoras externas, las convierten en actores relevantes en el ámbito de las empresas y la generación de una ideología productivista y economicista típica del modelo anglosajón de negocios, particularmente el de los Estados Unidos.

No voy a extenderme en la influencia que ejercen en el ámbito de la gran empresa privada, sino en la que ejercen en el poder político fruto de esa simbiosis entre éste y las grandes empresas y al crecimiento y oligopolio que han creado en el mundo las grandes consultoras multinacionales. En el trasfondo, los intereses de quienes se dedican a acumular capital, han conseguido penetrar la política ideológicamente, dando por sabias las prácticas de las consultoras que no hacen más que legitimar intereses con apariencia de eficiencia productiva. 

Para ello, nada mejor que aprovechar la reciente publicación del libro LES INFILTRÉS. Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l’État, escrito por Matthieu Aron y Caroline Michel-Aguirre (Allary Éditions, Paris, 2022). Libro francés, sin duda, enteramente referido a Francia, basado en periodismo de investigación de dos grandes reporteros en L’Obs(Le Nouvel Observateur es un semanario francés de actualidad), con varios libros publicados el primero y uno Caroline.

Quede avisado el lector de que las generalizaciones más allá de lo que atañe a Francia, son mías, que los autores se han circunscrito a presentar evidencias referidas sólo a Francia. Ellos muestran lo que han hecho las multinacionales de consultoría para infiltrarse en las instituciones de poder en Francia y cómo lo han hecho, desde el más alto nivel: los presidentes de la República francesa, sus Jefes de Gobierno y sus ministros, aprovechando y compartiendo el trampolín de los partidos políticos y de eso que en España denominamos “puertas giratorias”. Han penetrado diferentes ministerios haciéndose con suculentos proyectos e incluso influir en la propia configuración de las Administración Pública de la República Francesa, y lo hacen sin introducir ningún marco teórico (como he hecho yo en el primer párrafo), sin sistematización de conceptos, pues no era su pretensión, sino ofrecer al público datos e informaciones de contrataciones y vínculos personales. Para llevar a cabo la investigación, han entrevistado a una cincuentena de altos funcionarios, parlamentarios, ministros o antiguos ministros y a consultores “seniors” y “juniors”. De las dificultades para obtener la información contractual dan cuenta mencionando a la diputada Véronique Louwagie, de Les Republicaines, miembro de la Comisión de Finanzas y su perseverancia para obtener 47 contratos del ministerio de Sanidad, que beneficiaron a 7 grandes consultoras por 25 millones de euros.

Además de la introducción, sus once capítulos y la conclusión, contiene 48 notas (páginas 193 a 196) y un anexo con las mayores consultoras en el mundo según ellos, ofreciendo la lista con nombre, sede, año de creación, actividad, número de asalariados, distinguiendo los que lo son en Francia, así como la cifra de ventas. Agradecimientos e índice cierran el libro en la página 205. Su tesis principal es que, desde hace 20 años, las consultoras se han instalado en el corazón del Estado (francés, recordémoslo) y éste ha sido totalmente consentidor, hasta el punto de haber pagado su propia mengua, a modo de “suicidio asistido”, menospreciando a cuerpos de funcionarios del mayor nivel y reputación en el mundo y poniendo en peligro al propio Estado francés frente a los Estados Unidos a través de las consultoras multinacionales norteamericanas. Una lectura reposada, más allá de lo anecdótico, nos mueve a reflexionar sobre la calidad de quienes nos gobiernan: una corte de ganapanes titulados al servicio de las consultoras internacionales de origen mayoritariamente estadounidense, que crea el marco de una democracia aparente.

Consideran que el año uno de la ofensiva perpetrada por las grandes consultoras al corazón del Estado fue el 2006, cuando los principales cuadros del partido político UMP (Union pour un mouvement populaire), encargados de redactar el programa político, aceptaron participar en el brainstorming sugerido a Nicolás Sarkozy por la segunda mayor consultora americana después de McKinsey, el Boston Consulting Group (BCG). A partir de ahí van convenciendo a Presidentes, Jefes de Gobierno y ministros  para desarrollar lo que con Sarkozy se llamó “reforma del Estado”; Hollande, “modernización del Estado”, y Macron “transformación pública”, todas ellas orquestadas en estrecha colaboración con las grandes consultoras. (p. 42) Los autores nos mostrarán los vínculos cruzados entre los Presidentes, Primer ministro y ministros y el personal de las consultoras con que se inicia el contacto, también su coincidencia en las grandes escuelas en que se han formado e incluso con un think tank, el Institut Montaigne (en un 15%, financiado por las grandes consultoras, estando estas en la base del 20% de los trabajos publicados por el Instituto en un año, entre julio de 2019 y julio de 2020, lo cual incide en la homogeneización ideológica a través de esos informes).

Si bien abordan otros ámbitos ministeriales y de la Administración pública francesa, sanidad, educación, defensa y justicia, son ejemplos punzantes por su repercusión en los ciudadanos y por los nefastos efectos que han producido los infiltrados. Tomemos el ejemplo de la sanidad, por la preocupación que causa: Para los autores, el COVID 19 sirvió como espejo de aumento de las debilidades de los servicios públicos concomitante con el aumento de la consultoría con efecto de retroalimentación entre ambos. La ideología productivista de las consultoras se aúna con la obsesión de abaratamiento de los servicios al público, lo cual se consigue, sin duda, reduciéndolos, empeorándolos o privatizando, para que ejecuten esos recortes que hacen de los médicos un personal ajeno al paciente, al que se deben por su formación como médicos, sometidos ahora a una batería de indicadores a corto plazo que no toman  en consideración, por ejemplo, la velocidad de reingresos por una mala atención inicial.Y, como nos dicen los autores en la página 120: Agotados, mal pagados, poco considerados, los cuidadores huían del hospital, aumentando el personal administrativo (o sea, en funciones de “pegamento” y control, como se dice en gestión empresarial) en detrimento del personal médico. Entre los años 2000 y 2020, Francia perdió 80.000 camas hospitalarias, y, en el año 2021, el 20% de camas hospitalarias no podían utilizarse por falta de  personal, según mostró alarmado el presidente del Consejo científico, Jean-François Delfrasissy (p. 119). Consultores carentes de conocimientos específicos en sanidad, se encargan de vehicular una gestión empresarial de la que no se ha hecho prueba científica de su eficacia.

Que en aras de una digitalización no lograda en Francia, se dé acceso a los datos de los ciudadanos europeos a empresas de los Estados Unidos, y que incluso puedan conocer y almacenarlos en sus “nubes”, comprometiendo incluso datos de la Defensa nacional, es algo que debe hacernos meditar, sin entrar en los detalles franceses del asunto, la lectura del libro de Aron y Michel-Aguirre nos ayudará a establecer la comparación con lo que ha sucedido y sucede en España, los riesgos que implica apoyarse en estas consultoras, insistamos, sin control ciudadano, ni siquiera presupuestario, pues como bien nos indican los autores, en Francia se han hecho contratos en bloque, de los que después se pasan a contrataciones por los diversos ministerios, que, además, tampoco tienen por qué licitar cuando son inferiores a 40.000 euros. El libro deja ver claramente el potencial de dependencia de Estados Unidos en la que pueden incurrir los Estados europeos, que parece haberse materializado ya."      (Fernando G. Jaén  , Rebelión, 11/10/2022)

Naturgy sancionada por la CNMC con 6 millones de euros por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a Naturgy Generación por un valor de 6 millones de euros. Lo ha hecho por ofertar en los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación, con el objeto de incrementar sus ingresos, tal como ha informado el regulador en un comunicado. 

Del mismo modo, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le grava una aportación de carácter indemnizatorio por valor de 35,5 millones de euros a las liquidaciones del operador del sistema. Esto se establece para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda. Esta cuantía será repartida entre la demanda en un número de meses iguales a los que duró la actuación, es decir, un total de 22 meses.

Naturgy recurrirá esta sanción ante los tribunales, tal y como han confirmado fuentes de la compañía a ElPlural.com. En este tipo de casos, la compañía puede interponer contra la resolución un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación. En un principio, se estimaba que la aportación por estos beneficios de la conducta infractora deberían ascender a 43,2 millones de euros, aunque en las alegaciones aportadas por la empresa se redujo esta cantidad a los 35,5 millones de euros. (...)"           (El Plural, 27/07/23)

 

La Justicia condena al marido de Ana Rosa Quintana a prisión por el 'caso Villarejo'

 "El controvertido excomisario José Manuel Villarejo ha recibido uno de sus primeros reveses en los tribunales. Conocido por poner los recursos del Estado a merced de sus intereses particulares, la Audiencia Nacional le ha condenado a un total de 19 años de cárcel. En este sentido, muchos son los nombres que aparecen en una sentencia que alcanza la friolera de 350 páginas tras un juicio que quedó visto para sentencia el pasado septiembre de 2022. En el fallo, además, se condena al marido de Ana Rosa Quintana a tres meses de cárcel después de que éste haya reconocido su implicación en el caso. 

La sentencia del mencionado tribunal aborda supuestos encargos privados de espionaje que recibió el excomisario Villarejo por parte de distintos particulares o empresas, los cuales han sido divididos en tres piezas: Iron, pieza centrada en la contratación por parte del excomisario del bufete Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival; Land, que aborda las pesquisas de la guerra de los herederos de Luis García-Cereceda; y Pintor, que es la pieza separada donde el marido de Ana Rosa Quintana, el empresario Juan Muñoz Tamara, es protagonista al contratar presuntamente a Villarejo para que sonsacase de forma fraudulenta datos de un exsocio. 

En la mencionada resolución se especifica que todos los clientes de estos encargos han admitido haber contado con los servicios de Villarejo y, tras la conclusión de las investigaciones, han sido condenados. Hablamos de los directivos de Herrero: Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Álvaro Martínez Muñoz y María Ángeles Moreno. La Justicia los condena a un total de siete meses de cárcel para cada uno de ellos, pero no son los únicos: Susana García-Cereceda y sus dos colaboradores (Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández) afrontan una pena inferior a un año de encierro.

No obstante, las penas de prisión son sustancialmente menores en el caso de Juan Muñoz Tamara y su hermano Fernando, quienes llegaron en el pasado a un pacto con la Fiscalía tras asumir sus responsabilidades en la Pieza Pintor y abonar la cantidad de 10.000 euros por las responsabilidades civiles que pudiesen derivarse. En este caso, la sentencia conlleva una condena de tres meses de cárcel únicamente. El marido de Ana Rosa Quintana se enfrenta a esta pena por un delito de descubrimiento.

El Código Penal español establece las bases relativas al delito de descubrimiento y revelación de secretos en su artículo 199, que hace referencia tanto a la difusión como a la filtración de información o material de uno mismo que no se desea que trascienda a la esfera pública. La intimidad individual de una persona se ve vulnerada cuando una persona se adentra en este sentido sin autorización o derecho en esa área.

Pago de 20.000 euros a Villarejo para extorsionar a un exjuez

El empresario hizo un pacto con la Fiscalía para reducir su pena y evitar entrar en prisión; de hecho, Juan Muñoz Tamara admitió haber pagado la friolera de 20.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar al abogado y exjuez Francisco Urquía. En este sentido, es necesario mantener que el hermano del marido de Ana Rosa Quintana mantenía un contencioso relativo a un procedimiento por fraude fiscal. 

Según la declaración, le entregó la cantidad económica antes mencionada a Villarejo en su despacho ubicado en la Torre Picasso de Madrid. El material en cuestión consistía en un vídeo donde Urquía aparecía consumiendo drogas en compañía de prostitutas. El objetivo principal de esta operación era lograr debilitar la posición del letrado, quien logró que su cliente se declarase insolvente. De haber sido así, Mateo Martín Navarro no tendría que haber pagado la multa por fraude fiscal. 

De este modo, esta sanción por fraude fiscal que debía abonar de forma solidaria con el cuñado de Ana Rosa Quintana solo la abonaría Muñoz Tamara. Pese a reconocer los hechos con el único objetivo de evitar la cárcel, la sentencia de la Audiencia Nacional determina que sí deberán ingresar en prisión durante tres meses.

La condena a Villarejo

José Manuel Villarejo, el excomisario más mediático del panorama patrio, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 19 años de cárcel. El policía, que fue detenido en noviembre de 2017, se enfrentaba a un largo proceso tras, presuntamente, haber comerciado con datos reservados "bajo la cobertura de la defensa del Estado" durante algunas décadas. En este sentido, el mencionado tribunal le atribuye distintos delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero le absuelve de cohecho y extorsión."                    (Sergio Soriano, El Plural, 25/07/23)

Mariana Mazzucato: Las grandes consultoras, la gran estafa. Cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías

 "Estos últimos años, McKinsey & Company (una de las «tres grandes» empresas de consultoría) ha estado en boca de todos, pero no por buenos motivos. Su trabajo para grandes corporaciones y gobiernos se ha convertido en fuente de escándalos e intrigas en todo el mundo. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, McKinsey aceptó pagar casi 600 millones de dólares por su participación en la mortal epidemia de opioides: la empresa fue acusada de haber asesorado a Purdue Pharma sobre cómo «potenciar» las ventas de OxyContin. En Australia, el trabajo de la empresa para la estrategia nacional de descarbonización del gobierno anterior recibió críticas por ser un intento evidente de proteger a la industria australiana de los combustibles fósiles. 

Y una investigación del New York Timeshalló que en Puerto Rico, su filial de inversiones (MIO Partners) estaba posicionada para obtener ganancias con los mismos títulos de deuda que sus consultores estaban ayudando a reestructurar. La lista podría seguir y seguir. Pero como mostramos en nuestro nuevo libro, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps our Economies [Las grandes consultoras/la gran estafa: cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías], estos escándalos son sólo la punta del iceberg. Es verdad que en cualquier empresa hay alguna manzana podrida, pero en el caso de la industria de consultoría, el problema real está en su modelo de negocios subyacente.

 El valor estimado del mercado mundial de servicios de consultoría en 2021 fue entre 700 y 900 mil millones de dólares. Pero a pesar del papel creciente del sector en la vida económica y política, sus actividades casi nunca se ven como lo que son: síntomas de problemas estructurales del capitalismo contemporáneo más profundos. Aunque la industria de consultoría no sea totalmente responsable por la financierización de la economía, el «cortoplacismo» de las corporaciones o el vaciamiento del sector público, es indudable que todo eso la beneficia. 

A lo largo de la historia del capitalismo moderno, las «Big Con» (en inglés: las «grandes consultoras» o la «gran estafa») han estado siempre listas para subirse a cada nueva ola de disfunción. En el sector público promovieron una ola de privatizaciones, reformas administrativas, recurso a la financiación privada, subcontratación, digitalización y austeridad, y obtuvieron de ella grandes beneficios. En el sector corporativo ayudaron a normalizar nuevos modelos de gobernanza, desde la difusión de la contabilidad de costos y de las corporaciones multidivisionales en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hasta el surgimiento del reinado del accionista en la fijación de prioridades y la asignación de recursos.

 Hoy la industria de consultoría promete revertir los mismos problemas que ayudó a crear; de allí el auge de nuevos contratos para la provisión de asesoramiento en lo referido a indicadores «ambientales, sociales y de gobernanza corporativa» (ASG/ESG). No es sorprendente que esta nueva línea de negocios haya traído consigo numerosos conflictos de interés. McKinsey, por ejemplo, asesoró en algún momento a no menos de 43 de las 100 empresas más contaminantes.

 Un hecho muy elocuente fue el papel de las consultoras en la crisis de la COVID‑19. Durante los primeros dos años de la pandemia, los gobiernos gastaron sumas enormes en contratos de consultoría, con resultados dudosos en el mejor de los casos y dañinos en el peor. En Francia, las consultoras estuvieron muy involucradas en la campaña de vacunación. Pero en vez de mostrarse como un ejemplo de eficiencia, el programa francés resultó un desastre. A inicios de enero de 2021 se habían aplicado apenas 5000 dosis, contra 316 000 en Alemania y 139 000 en España (los tres países iniciaron los programas más o menos al mismo tiempo).

 Puede ocurrir a veces que los gobiernos contraten consultoras para cubrir faltantes en sus capacidades propias. Pero por desgracia, se ha convertido en norma otorgarles lucrativos contratos de gran alcance incluso en áreas que obviamente deberían ser parte de las competencias del Estado. Por eso en 2020, un ministro conservador del Reino Unido se quejaba de que a los funcionarios públicos se les negaran una y otra vez «oportunidades para trabajar en algunas de las cuestiones más desafiantes, complejas y gratificantes», y que la dependencia «inaceptable» respecto de las consultoras privadas estaba infantilizando al servicio público.

 Cuando todo se subcontrata, las agencias públicas no pueden desarrollar en su seno las habilidades y el conocimiento que se necesitan para hacer frente a nuevos retos. Y es preocupante. Los epidemiólogos advierten que con la próxima pandemia global, la cuestión no es «si» se producirá sino «cuándo». Tenemos que invertir con urgencia en la capacidad de los gobiernos y de las agencias sanitarias públicas para detectar nuevos brotes y contenerlos antes de que puedan extenderse.

 Al fin y al cabo, las grandes consultoras no siempre son expertas en las áreas para las que se las contrata. Como reveló el New York Times (citando una fuente perteneciente al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), las consultoras que estuvieron detrás de la caótica campaña de vacunación francesa tendían a «importar modelos operativos de otras industrias que no siempre eran eficaces en salud pública». 

Depender cada vez más de grandes consultoras con modelos de negocios extractivos atrofia la innovación y la capacidad estatal, debilita la rendición de cuentas democrática y dificulta discernir los efectos de las acciones políticas y corporativas. Y en una era de disrupción climática, estas consecuencias se han vuelto existenciales. Cuando se desperdician los fondos públicos y otros recursos, y cuando las decisiones en los gobiernos y en las empresas se toman con impunidad y poca transparencia, el costo lo pagamos todos. 

Para colmo de males, la promesa de un trabajo significativo (y mejor remunerado) en la industria de la consultoría está alejando del servicio público a muchos jóvenes profesionales inteligentes y bienintencionados. (Aunque felizmente, hay indicios de que muchos jóvenes consultores se están desilusionando con el sector.)

 El primer paso para combatir cualquier adicción es reconocer el problema; sólo entonces podemos reducir la dependencia. En tiempos de creciente cuestionamiento de las ortodoxias económicas y búsqueda de alternativas, analizar y deshacer el papel de las grandes consultoras en la economía actual puede servir para hallar soluciones. Para crear una economía que funcione mejor, tenemos que invertir en la capacidad y el conocimiento práctico del Estado, reintroducir la idea de propósito público en el sector público y eliminar del sistema la intermediación costosa e innecesaria de la industria de consultoría. 

 Gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de los peligros de una dependencia excesiva de las consultoras (y de la forma de capitalismo que han ayudado a crear). Actores reformistas están desarrollando nuevos modelos de gobernanza innovadores, que van de la creación de consultoras internas en el sector público a «laboratorios» de políticas y programas locales de licitación pública orientados a las comunidades. Para transformar nuestras economías al servicio del interés público es necesario cambiar nuestros conceptos y discursos en relación con el papel del Estado.

 Tenemos que dejar de ver al Estado como un mero agente de rescate y reducción de riesgo del mercado y reconocerlo como un actor económico crucial. Organizaciones privadas y personas con conocimiento y capacidad auténticos pueden seguir siendo una fuente valiosa de asesoramiento. Pero deben asesorar y ser fuente de «consulta» en forma transparente y desde un costado, en vez de asumir una posición de mando y cobrar por sus servicios cualesquiera sean los resultados."                (Mariana Mazzucato  and Rosie Collington , Project syndicate, 02/03/23)