La abogada que denunció el 'caso Miñano' ratifica el intento de soborno del PNV

"Ainhoa Alberdi, la abogada bilbaína que denunció el presunto caso de corrupción en el parque tecnológico de Miñano, se ratificó ayer en el intento de soborno que dijo sufrir por parte de destacados dirigentes del PNV alavés: el ex diputado Alfredo de Miguel y el ex burukide Aitor Tellería.

Ainhoa Alberdi, la abogada bilbaína que a finales del pasado año denunció el presunto caso de corrupción en el parque tecnológico de Miñano, se ratificó ayer en el intento de soborno que dijo sufrir por parte de destacados dirigentes del PNV alavés, como el ex diputado Alfredo de Miguel y el ex burukide Aitor Tellería -les grabó en su despacho profesional de Bilbao-.

Alberdi, según ha podido saber EL CORREO, declaró ayer en calidad de testigo en el Palacio de Justicia de Vitoria a petición de la defensa de los imputados, y 'grosso modo' se reafirmó en todo lo expuesto en su declaración del 25 de marzo, una semana después de producirse las detenciones -la denuncia al fiscal data del 2 de diciembre de 2009-." (Fundación para la Libertad, citando a EL CORREO, 18/12/2010)

«Tienes que pagar, sí o sí»

«Tienes que pagar, sí o sí». La presunta trama de corrupción urbanística en la que se han visto implicados destacados dirigentes del PNV alavés inició su cuenta atrás a principios de 2009

Lo hizo en Bilbao, en el número 44 de la calle Gordóniz, donde Urbanorma Consulting SL, la empresa creada por el imputado Jon Iñaki Echaburu y la abogada urbanista Ainhoa Alberdi el 31 de mayo de 2006 y que el 13 de noviembre de aquel año se adjudicó a dedo y por «un máximo de 600.000 euros» un contrato del parque tecnológico alavés de Miñano para gestionar la adquisición de 900.000 nuevos metros cuadrados para el complejo.

Fue ahí, en la calle Gordóniz, cuando Alberdi, que se había quedado sola al frente de la empresa desde enero de 2008, grabó lo hablado con dos de los imputados -el ex diputado foral Alfredo de Miguel y el ex burukide del ABB Aitor Tellería-, que le exigieron el pago de «un tercio» del dinero ingresado por Urbanorma en el parque. En concreto, según explicaron fuentes de la investigación, se trata de «100.000 euros», una cantidad ya adelantada por EL CORREO cuando todavía pesaba el secreto de sumario, levantado el pasado viernes.

«Tienes que pagar, sí o sí», advirtió Tellería, quien en todo momento, según estas mismas fuentes, llevó el peso de la conversación. La abogada, sin embargo, se negó en redondo a participar en un 'juego' que al parecer habían acordado con su ex socio, el afiliado peneuvista Echaburu -lo estaba en Abando y ahora, en Vitoria-, quien se vio obligado a dejar la empresa a principios de 2008 acosado por sus muchas deudas. Entre ellas, destacan las de Construcciones Loizate, ya liquidada y que recibió numerosos contratos del Departamento de Interior durante los mandatos de Ibarretxe, además de una adjudicación de viviendas por 3,9 millones de la Diputación de Vizcaya."
(Fundación para la Libertad, citando a EL CORREO, 16/5/2010 )

"El presidente del PP de Álava, Alfonso Alonso, ha comentado esta mañana el levantamiento del secreto de sumario de las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción en Álava señalando que "desde los despachos del Palacio de la Provincia se practicaba la extorsión a empresarios" por parte de cargos del PNV. Alonso ha hecho este análisis a raíz de lo publicado hoy en la edición impresa de EL MUNDO del País Vasco, en la que se recoge una conversación entre una empresaria y el ex diputado foral Alfredo de Miguel.

Tanto Alonso, como el portavoz 'popular' en las Juntas Generales de Álava, Javier de Andrés, han reclamado que se investigue hasta el final el presunto caso de corrupción, para conocer si la extorsión "era un caso aislado en Álava o si se ha practicado de manera sistemática por responsables del PNV en otros ámbitos, en otras provincias o en otros parques". (...)

Las mismas fuentes indicaron que supuestamente la fórmula utilizada era la de un contrato menor, que presuntamente "se adjudicaba a dedo" y que luego daba lugar "a facturas de más de 400.000 euros".

"Es absolutamente irregular y precisamente lo que se estaba es intentando disimular como contrato menor otros contratos muy importantes que, además, se realizaban, por lo menos, éste, con unas ventajas económicas muy interesantes. Era ganar dinero fácil", añadió" (Fundación para la Libertad, citando a EL MUNDO, 16/5/2010 )