En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

“No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24) 

El Tribunal de Cuentas investigará los contratos menores por 2.000 millones de euros de la Consejería de Sanidad de Madrid... ya antes de la pandemia Madrid adjudicaba a dedo el 99,7% de los contratos sanitarios

 "Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%. Siempre a tenor de esos datos, recopilados por la asociación Audita Sanidad y entregados al Tribunal de Cuentas (TCU) en la denuncia que acaba de poner en sus manos, el volumen "ingente" de adjudicaciones a dedo sumó en el bienio nada menos que 1.566,4 millones de euros. Es decir, el 57,2% de todo lo gastado en 2017 y el 47,8% en lo que concierne a 2018.

La denuncia de la asociación de vigilancia de la gestión y el gasto sanitario expone que el Gobierno madrileño y sus organismos dependientes, especialmente hospitales de relevancia como el Clínico San Carlos y La Paz, fragmentaron deliberadamente el coste real del material o los servicios adquiridos a dedo. Y que utilizaron el fraccionamiento "ilegal", la "contratación fraudulenta", como artificio para sortear las licitaciones abiertas y sujetas al principio de publicidad y libre competencia: tanto en la convocatoria como en su resolución. Hasta marzo de 2018, la cuantía máxima de los contratos de obras que cabía definir como menores se situaba en 50.000 euros, tope que bajó a 40.000 a partir de entonces. En el caso de las adjudicaciones para el resto de contratos menores –suministros y servicios–, el límite fronterizo se situaba en 18.000 euros. A partir de la reforma legal de 2018 se redujo a 15.000. (...)

 Audita sostiene que con la política de contratos menores a mansalva se está dañando "de manera contumaz" el principio de diligencia y responsabilidad. Y que eso perjudica al erario madrileño como consecuencia de sobrecostes. ¿Por qué? Porque la ausencia de competidores incrementa los precios a pagar a los proveedores.

El escrito dirigido por Audita al TCU incluye un caso "paradigmático" sobre el supuesto fraccionamiento ilegal de contratos: el de la ferritina, una proteína que almacena el hierro en las células. Y así, mientras que el Hospital Clínico San Carlos ha firmado casi 150 contratos menores desde 2015 para comprar ferritina a Siemens Healtchare SL, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias convocó este año una licitación pública para adquirir el mismo producto. Por qué se contrata por parte del Clínico siempre mediante un contrato menor si otros centros lo sacan a concurso público es una de las preguntas que Audita traslada al Tribunal de Cuentas.

Referido a un periodo anterior al de la pandemia del covid-19 que estalló en 2020 y por tanto ajeno a las situaciones imprevistas de las emergencias sanitarias, el texto facilitado al TCU subraya que ya el organismo fiscalizador regional –la Cámara de Cuentas de Madrid– alertó en un informe sobre 2017 de que con la avalancha de adjudicaciones a dedo los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) habían convertido "en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública". Dicho de otro modo, que la compra de materiales sanitarios y el encargo de servicios susceptibles de programación anticipada se estaba realizando de una forma contraria a la normativa. La denuncia incluye un gráfico que coloca al Hospital Ramón y Cajal como el que más dedicó a contratos menores en 2017 y 2018. Puedes consultar aquel informe de la Cámara de Cuentas pinchando aquí. (...)

La asociación denunciante pone el dedo en una llaga todavía por analizar: la repetición de grandes empresas multinacionales en el listado de beneficiarios de contratos menores. Audita destaca aquí el nombre de dos grupos: Siemens y Medtronic. La asociación señala que carece de herramientas para diagnosticar a cuánto asciende el supuesto daño económico causado por los contratos a dedo para ambos grupos. Pero basándose en las pautas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para calcular los sobrecostes derivados de la ausencia de competidores, Audita sostiene que el exceso de gasto ha podido llegar aquí a la cifra aproximada de 14,5 millones de euros.

Según el escrito dirigido al TCU, la filial española del segundo grupo –Medtronic Ibérica SA– fue en 2017 la primera en el ranking de firmantes de contratos menores, con 18.995 adjudicaciones de ese tipo por valor de 36.626.735 euros, en este caso sin IVA. Y en 2018 ocupó el segundo puesto en esa misma escala con un total de 11.985 contratos, pero primera según importe, por valor de 32.550.610,58 euros, IVA incluido. Sobre Medtronic, la denuncia asegura lo siguiente: "Tiene una larga historia de investigación y condenas tanto en Estados Unidos como en Europa. El grupo empresarial ha sido acusado de estafar a las autoridades públicas de sanidad, fijar precios de mercado, remunerar a médicos para que elaboren estudios a su favor, violar las normas de libre competencia, etc. En 2020, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense, por el que pagó 9,2 millones de dólares, para resolver el caso de acusación de pagos indebidos a un neurocirujano del estado de South Dakota para forzar la compra de determinado material". Este periódico no ha logrado este miércoles que Medtronic confirme o desarme tales afirmaciones. InfoLibre contactó con Medtronic Ibérica SA pero no fue posible hablar con ningún portavoz.

Respecto a Siemens Healthcare SL, Audita cifra en 6,52 millones lo que obtuvo en 2018 a través de 1.308 contratos menores. De ese total de adjudicaciones, la asociación identifica 733 como adjudicaciones con "posible fraccionamiento". Eso representa el 56% del total asignado a la compañía. Según la denuncia, el grueso se localiza en los dos hospitales antes referidos: el Clínico San Carlos y La Paz. Tampoco ha sido posible contactar con portavoces de Siemens Helthcare SL.

La primera de España en contratos sin concurso

Esta no es la primera denuncia que, basándose en la monumental base de datos que constituye el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y tomando como eje los contratos menores, lleva Audita al Tribunal de Cuentas. La anterior, formulada en junio de 2019 y centrada en los contratos menores de 2016, quedó en agua de borrajas. De acuerdo con el relato de la denuncia, el máximo órgano fiscalizador del país, entonces con mayoría conservadora, lanzó una exigencia a los denunciantes: que concretasen los hechos e infracciones jurídicas detectadas, así como la cuantía de los daños y perjuicios. Pero la imposibilidad técnica –aduce la asociación– que planteaba el enorme volumen de documentos contractuales hizo que su acción decayese.

Ahora, Audita rememora en su nueva denuncia no solo el informe donde la propia Cámara de Cuentas madrileña ya avisó sobre el truco de los contratos menores. El escrito incorpora también lo que el director de uno de los grandes hospitales de la Comunidad, el Ramón y Cajal, sostuvo en 2017 durante una comparecencia parlamentaria. Y lo que dijo, por resumir, fue que en efecto se había "abusado del contrato menor".

El fracaso de la primera denuncia de Audita choca, paradójicamente, con el contenido de un informe aprobado en julio de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre el comportamiento del sector público autonómico en 2018. Porque ese informe ya mostraba [puedes consultarlo aquí y comprobarlo en el cuadro de la página 28] que la Comunidad de Madrid encabezaba de largo el ranking estatal de contratos menores en todas las áreas. (...)

Las convalidaciones, otra vía opaca

De los números que destapa en ese documento el Tribunal de Cuentas –los 925,20 millones– se infiere que la inmensa mayoría de los contratos menores salen de la Consejería de Sanidad de Madrid. Pero esa forma de encargar suministros, servicios e incluso obra no constituye la única vía de gasto poco claro.

Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convalidó gastos por valor de 804 millones. Y la convalidación, por usar la tesis que en abril de 2018 acuñó José Luis Martínez-Almeida, ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP durante el mandato de Manuela Carmena, es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público "como consecuencia de una mala gestión" previa por parte del equipo de Gobierno". En el caso de la Comunidad de Madrid, los principales beneficiados por las convalidaciones fueron grandes empresas, entre ellas el gigante de la sanidad privada, Quirón.(...)"                  (Alicia Gutiérrez  , Info Libre, 21 de diciembre de 2022)

 

 "La Consejería de la Comunidad de Madrid ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas por la manera de gestionar los contratos menores durante los años 2017 y 2018, durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. 

Los consejeros al cargo estos años fueron Jesús Sánchez Martos y el aún vigente Enrique Ruiz Escudero. 

La denuncia corre a cargo de la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública, plataforma integrada por 58 asociaciones y movimientos ciudadanos, que ha sufragado los gastos de gestión y los trámites y quiere poner en el foco la gestión del Partido Popular gracias a las investigaciones hechas por la plataforma Audita Sanidad. 

Vicente Losada es uno de los redactores de estos extensos informes que han llevado a denunciar a la Consejería de Sanidad por presuntas irregularidades. "En este periodo, la Consejería adjudicó 1.511.000 contratos menores, que suponen un volumen de 2.343 millones de euros. No hablamos de una presunta comisión del hermano de Ayuso. Eso es una partícula de la punta del iceberg", ha sostenido tras presentar la denuncia.

"No cuestionamos la figura del contrato menor, es el uso abusivo y reiterado de este tipo de contratos para adjudicar un volumen del 99,7% de los contratos, algo que es absolutamente a dedo, como se suele conocer vulgarmente", ha apuntado el portavoz.

También ha comparecido a las puertas del tribunal Concha Pérez, integrante de la plataforma, a las puertas del Tribunal de Cuentas: "Ponemos de manifiesto el despilfarro de dinero público que debería servir para reforzar la sanidad pública". "La política sanitaria de la Comunidad de Madrid está orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas, ya sean sanitarias, tecnológicas o fondos de inversión, pero no al cuidado de las personas, ni pretende garantizar nuestro derecho a la salud", ha aseverado.

La existencia los contratos menores, una forma de agilizar los trámites administrativos, ha dado lugar a un uso abusivo por parte de la Administración de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva características de las licitaciones.

 En 2017, la ley establecía los contratos menores (aquellos que no pasan por un concurso público y se pueden designar sin necesidad de un proceso de selección debían ser como máximo de 50.000 euros para contratos de obras y 18.000 euros para contratación de servicios o suministros. En 2018, el tope fue rebajado y los contratos menores de obras tenían de tope 40.000 euros, reducción que tampoco limitó la realización de este tipo de acuerdos. 

Y como muestra de la gestión, Losada ponía de ejemplo algunos de los contratos presentados ante el Tribunal de Cuentas: "El Hospital de La Paz en 2018, entre el 27 de abril y el 20 de diciembre, adjudicó 229 contratos menores a Siemens Healthcare para la compra de material de laboratorio por más de un millón de euros", apunta. Muchos contratos pequeños que son aprobados sin filtro en lugar de uno grande que debería pasar por cauces más exigentes. Ese es el método que quiere investigar la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid para saber a dónde va el dinero de todos los madrileños.

Que solo se denuncie lo ocurrido entre 2017 y 2018 responde a la imposibilidad de la plataforma Audita Sanidad de abarcar más ejercicios fiscales, cosa que con el tiempo irá comprobando. Pero eso no significa que esas prácticas hayan sido erradicadas de la Consejería de Sanidad. 

Como desvelara Público, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no había rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo.

La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso."                    (José Carmona, Público, 21/12/22)

La candidata del PP a la alcaldía de València elude explicar lo que cobra de la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana

 "Está en mi declaración, hacemos declaración de bienes todos los años en las Corts y en el Ayuntamiento. Efectivamente soy concejala del Ayuntamiento de València, síndica de las Corts y secretaria general pero tengo un único salario como concejala y como gran parte de concejales del Ayuntamiento de València o del Gobierno valenciano se puede compaginar con algunas clases puntuales siempre y cuando no tengan un componente de salario público”.

 Así respondía este jueves en À Punt la portavoz del PP en València y en las Corts Valencianes, María José Catalá, aspirante a la alcaldía en 2023, preguntada por su sueldo como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana.

Català, repreguntada en varias ocasiones sobre la cuantía concreta que percibe, eludió hacer pública la cifra de su remuneración: “Lo que se cobra normalmente por los créditos que imparto. Cobro lo que cobra un asociado, depende del número de créditos que se impartan. No cobro una cantidad al mes, cobro puntualmente cuando se imparte una clase, pueden ver la cifra en mi declaración de bienes”.

Sin embargo, ni en la declaración publicada en el Ayuntamiento de València ni en la de las Corts Valencianes aparece el desglose de la cuantía que percibe. En el caso del documento del Consistorio, además, consta que desde 2017 también colabora con la Universidad Cardenal Herrera y que hizo lo propio entre 2017 y 2019 en el Instituto de Educación Superior EAE, otra entidad vinculada al Grupo Planeta.

De “consultora” a “contratada”

Como informó elDiario.es, recientemente Catalá presentó un escrito en el Ayuntamiento de València comunicando que su relación laboral con la VIU modificaba su naturaleza jurídica. Según el escrito remitido el 2 de agosto, Catalá pasaba de “consultora externa” a “contratada laboral (profesora asociada)”, una acción que, apunta, no supondrá “variación de carga docente, ni de horario, ni de condiciones económicas”, las cuales no se especifican. En 2021, Catalá mantenía la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de València, actividad por la que percibe 74.000 euros brutos e impide que cobre de otras ocupaciones. En 2020 el pleno municipal acordó concederle la compatibilidad para desarrollar la actividad como docente, especialista en diversas áreas, en calidad de “consultora externa”.

En el escrito, Catalá indica que “como profesora contratada a tiempo parcial desarrollará su labor docente exclusivamente en modalidad online, con una dedicación de 24 ECTS [créditos], y en la franja horaria de 18 a 22 horas”, con dos asignaturas cada cuatrimestre a su cargo. La propia concejala ha sido quien ha comunicado al consistorio el cambio, que se produce por razones de organización de la propia universidad, de cuya plantilla pasa a forma parte. Así, el Ayuntamiento da el visto bueno al cambio de lo que se deduce que no existe ninguna circunstancia irregular, lo que aún hace más llamativa la resistencia a dar a conocer su remuneración.

En contraposición, el concejal socialista de Hacienda, Borja Sanjuán, quien también obtuvo el visto bueno para compatibilizar su actividad como edil y como profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universitat de València, no tuvo ningún reparo en declarar en el expediente que su retribución como docente asciende a 270 euros al mes, un expediente que analiza la Agencia Antifraude tras una denuncia anónima pese a estar aprobado en el pleno municipal (con el voto favorable del PP) y haber pasado por tanto los pertinentes controles jurídicos municipales.

La VIU se creó en la época de Gobierno del PP como institución académica por la Generalitat Valenciana en 2008 como oferta de formación online. En 2014, cuando Catalá era consellera de Educación, el Grupo Planeta pagó cuatro millones de euros por el 70% de la universidad, en la que el Ejecutivo había invertido más de 30 millones de euros. Planeta, con varias escuelas de negocio en su cartera, fue la única oferta en firme que se presentó al concurso en 2013 y la venta se formalizó en enero de 2014.

Actualmente Planeta tiene el 70% del accionariado, y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de los Estudios Superiores, el 30% restante. Cuando elDiario.es publicó su relación laboral con la empresa, la parlamentaria rechazó que la actividad pueda considerarse una “puerta giratoria” porque “no la ha fichado la VIU” y continua su trayectoria política en activo como concejal y diputada."                 (Carlos Navarro, eldiario.es, 03/11/22)

La empresa del nuevo gurú del consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimon, paga casi un millón de euros al año en alquileres a la inmobiliaria de su directora general

 "La empresa del gurú de Argimon paga un millón en alquileres a la CEO. La firma del nuevo hombre fuerte del consejero de Salud desvía dinero a su directora: le compró la sede por 2,7 millones de euros.

 La empresa del nuevo gurú del consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimon, paga casi un millón de euros al año en alquileres a la inmobiliaria de su directora general. CBP SSM, la firma del polémico doctor Joan Vegué, beneficia a la alto cargo porque no acude al mercado libre de alquiler para encontrar edificios para clínicas y hospitales, sino que arrienda los de su jefa. De hecho, el cuartel general de la empresa se lo compraron a la ejecutiva por 2,7 millones. 

Es lo que se desprende de las cuentas anuales de CPB SSM para el año 2020, las últimas presentadas por este proveedor del sistema público. Además de prestar servicios de salud mental para la Consejería de Salud, esta firma ha aportado a uno de sus altos cargos para que rija las estrategias en este campo, con fuerte oposición en algunos sectores. Uno de los argumentos contra el nombramiento, además de un posible conflicto de interés, son los negocios inmobiliarios de su grupo. 

978.238 euros al año en alquileres

Lo avanzó este medio: la empresa de Joan Vegué, hombre fuerte del departamento, beneficia a su propia directora general antes de acudir al mercado libre de alquiler o compra. Lo hace por dos vías, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Por un lado, CPB SSM alquila hasta seis bienes a Probosch SA, la inmobiliaria de Rosa Verdaguer, fundadora de la empresa y gerente. El último año cerrado, 2020, los alquileres generaron una factura de 978.238,06 euros.

Son la clínica en el número 14 del coqueto pasaje Mercader, en el corazón del Eixample, una de las zonas retail más caras de Barcelona. También un bien en Travessera de Dalt número 34; un local en Mare de Déu del Coll número 23; un edificio en el pasaje Vilaret número 44 --donde CPB opera el Centro de Salud mental Dreta del Eixample, público--; otro inmueble en el número 646 de la calle Córcega, donde está el Hospital de Día de CPB y el entresuelo segunda del 296 de la calle Diputació, donde está el TLP Barcelona, que es una joint venture con el Hospital Vall d'Hebron, pero una sociedad anónima, esto es, una empresa con ánimo de lucro.

Le compraron la sede a la gerente por 2,7 millones

Globalmente, Probosch se embolsará cerca de 10 millones de euros si se cumplen todos los contratos de alquiler. Pero es que hay más. CPB SSM, proveedor público, compró su sede a la inmobiliaria de la directora general. Fue en 2015 y a un coste de 2,72 millones de euros, según las cuentas anuales de 2020. Con esa operación, el cliente del CatSalut se subrogó una hipoteca con una entidad financiera de poco más de un millón de euros, aunque deterioró su situación financiera: de hecho, se encuentra en fondo de maniobra negativo por valor de -745.000 euros desde aquella transacción. 

El cuartel general se encuentra en el número 20 de la calle Mare de Déu del Coll de Barcelona. Es aquí donde CPB SSM está establecido y, también, tiene uno de sus hospitales de día. 

CPB: "A precio de mercado"

A preguntas de este medio, la directora general de CPB ha admitido que algunos activos del proveedor del sistema público operan desde inmuebles arrendados a la inmobiliaria de la CEO. La gerente ha subrayado que los precios son "de mercado", y ha justificado la situación con el argumento de que la salud mental "tiene aún un estigma que impide abrir un centro de este tipo en cualquier otro sitio". Esta mala imagen, que perdura entre parte de la ciudadanía, provoca que "no haya edificios disponibles". 

En relación a la compra, Rosa Verdaguer ha admitido que la firma le compró la sede, aunque lo hizo "a precio de mercado". 

Depende del CatSalut

Sea como fuere, la empresa de Verdaguer y del doctor Joan Vegué presenta una situación financiera saneada. En 2020, último año disponible, facturó 12,04 millones de euros, los cuales se generaron por prestación de servicios. La mayoría de los ingresos los produjeron los programas de hospitalización parcial (4,7 millones) y los tratamientos especiales (2,6 millones). Como explicó este medio, el concierto con el CatSalut en el terreno de la salud mental totaliza anualmente cerca de 12 millones de euros: toda la facturación. 

El beneficio neto dos años atrás fue de 343.989 euros, una alza significativa en relación al excedente anotado el año anterior, que ascendió a apenas 79.483 euros. No obstante, se destinó todo a reservas y no se repartieron dividendos, como ha recalcado Verdaguer en más de una ocasión para subrayar el "carácter social" de la empresa. 

Vegué, a la consejería

En puridad, CPB sería un proveedor más de Salud salvo por un extremo: uno de sus hombres fuertes pasará a regir las políticas de salud mental en Cataluña desde la consejería, la que más dinero público consume de toda la Administración autonómica. El Departamento de Argimon hace hincapié en que no cobrará por ello, pero de momento le ha puesto asistente y despacho, avanzó Crónica Global. Nadie sabe si la retribución será en servicios a su empresa, CPB, porque el equipo del conseller no lo ha aclarado. 

Sí enfatiza el gabinete del consejero que la figura de Joan Vegué está contemplada en la normativa vigente, y que no tendrá poderes ejecutivos. En relación a los alquileres pagados a la CEO, desde Salud no han querido detallar si parte del concierto va a costear esta partida. Por su parte, desde CPB SSM, empresa de Vegué, señalan que su dedicación a la gestión pública es filantrópica. Otros directivos del sector discrepan, igual que lo hacen los pro sanidad pública, que ven "conflicto de interés" y piden su sustitución por otro facultativo."                   ( Ignasi Jorro  , Crónica global, 12/05/22)

La lucha de un alcalde de pueblo contra el gigante australiano Berkeley y la "privatización" de una mina de uranio

 "No estoy denunciando unos hechos recientes o puntuales. Son hechos que iniciaron allá por 2004 y que tienen que ver con la forma en la que Berkeley se hizo con los derechos de explotación de varias reservas de uranio". Jorge Rodríguez, alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca), lleva muchos años en pie de guerra contra el polémico proyecto minero del Retortillo que busca extraer, a cielo abierto, recursos para producir energía nuclear.

La puerta de este plan extractivista fue cerrada en 2021 –cuando el CSN declaró desfavorable el proyecto y la Ley de Cambio Climático prohibió nuevas exploraciones de uranio en territorio del Estado–, pero Rodríguez no quiere que sea con un portazo abrupto. El regidor de este pequeño municipio de 700 habitantes se ha plantado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para denunciar, así lo cree, la "privatización" de los derechos de explotación de la mina. Se remonta así, al origen de un conflicto que todavía no cicatriza en los pueblos de la zona y pone el foco en la forma en la que la compañía australiana se hizo con las diminutas reservas de uranio a principios del siglo XX.

"Todo se remonta a 2004-2005", insiste en varias ocasiones. En esa época los precios internacionales del uranio se dispararon y el Gobierno decidió valorar la opción de abrir sus propios yacimientos para atajar la inflación. "El Estado tiene unas reservas definidas, que se cedieron a ENUSA [una mercantil estatal], que a su vez decidió estudiar la opción de abrir las minas. Fue entonces cuando se habló con Berkeley", narra. "La idea era estudiar el yacimiento para explotarlo. Esto se alargó unos años, hasta el 2012 aproximadamente. Ahí, ENUSA declara que no quiere llevar a cabo el proyecto porque es inviable. Se alegaba, sobre todo, la baja rentabilidad".

El desencuentro estaba servido. ENUSA se negó a perforar la tierra y Berkeley, sin embargo, insistió con una amenaza de demanda por incumplir el acuerdo. La respuesta a esta encrucijada es, según Rodríguez, el origen del conflicto que afecta de lleno a su pueblo. La mercantil española decidió ceder los derechos de explotación de dos de las reservas: la 28 y la 29, las de Alameda, que se ubican a escasos metros de Villavieja de Yeltes. "No tiene que ver con el complejo del Retortillo, que es el más conocido", advierte, mientras recuerda que la minera australiana no presentó un plan homogéneo sino que planteó solicitudes de explotación fragmentadas por zonas. "Esta cesión y la selección de la empresa Berkeley no se hizo siguiendo los reglamentos, se hizo rápido para evitar un arbitraje judicial. Es decir, es una cesión de recursos públicos ilegal", denuncia. "Se privatiza un derecho de explotación". 

El proyecto de las minas de la Alameda era el menos conocido, reconoce el político, pero no por ello menos controvertido. "La mina iba a estar a unos 150 metros del casco urbano. Algunos me han llamado exagerado, pero desde el patio del colegio, se podría colar un balón dentro de la mina si se disparase con fuerza", narra, para reconocer que el interés primordial de Berkeley era el yacimiento de Retortillo, que no tenía tanta incidencia directa en el municipio.

El Consejo de Seguridad Nuclear, el CSN, emitió un comunicado en el verano de 2021 en relación al Retortillo, pero no se posicionó sobre el proyecto 28 y 29 relacionado con Villavieja de Yeltes. El artículo 10 de la Ley de Cambio Climático, sin embargo, cierra la puerta a la apertura de nuevas prospecciones de uranio. Esto no quita la tranquilidad a Rodríguez. "Hablamos de un punto concreto y todos sabemos que puede haber un cambio de Gobierno en cualquier momento y un cambio de ese punto de la ley", insiste. Se remite este alcalde socialista a las "presiones" que la propia empresa sigue desempeñando. "Hasta donde yo sé, Berkeley sigue pidiendo que se resuelvan los permisos de investigación que había solicitado antes de que se aprobase la nueva ley", arguye.

"No tiene ningún interés en que se abra la mina. Todo pinta, más bien, a que Berkeley quiere tener inversores para seguir cotizando alto y por ello necesita generar la apariencia de que el proyecto es todavía rentable. Donde tiene el yacimiento de uranio realmente es en la bolsa y necesita hacer ver que algún día puede haber posibilidad de que el la mina salga adelante", manifiesta. "¿Qué sentido tiene plantear una mina tan pequeñita que desde hace años fue desestimada? Porque ENUSA dijo claro que no era rentable...", se pregunta. "¿Cómo es posible que seleccionaran, además, a Berkeley para explotar el yacimiento si es una empresa sin capacidad técnica?".

El desembarco de Berkeley en Salamanca ha fragmentado los pueblos. La promesa de puestos de trabajo ha generado en esta última década una polaridad sobre la viabilidad social de las minas. "Lo hemos vivido de una forma muy cruda", dice Rodríguez. "En el pueblo, se me viene a la cabeza el caso de tres hermanos que reflejan bien la situación. Dos de ellos pro-mina y el otro anti-mina. Se han enconado mucho las posiciones, hasta el punto de que las últimas elecciones municipales, las de 2019, se plantearon en clave de referéndum con partidos a favor y en contra del proyecto", menciona. Ganaron con una clara mayoría las formaciones que se oponían la explotación del yacimiento.

El interés de Rodríguez, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, es frenar en seco la posibilidad de que la minera australiana consiga explotar en el futuro los yacimientos. "La ley puede cambiar en el futuro", recuerda. "Si se acepta nuestra solicitud será muy interesante", zanja."              (Alejandro Tena, Público, 29/03/22)

El Gobierno Vasco entrega fondos europeos a una aseguradora privada de altos cargos del PNV para un proyecto sanitario de blockchain... El proyecto finalizó en junio de 2021 y los resultados abarcan seis líneas esquemáticas, sin concreciones

"En los últimos años, las grandes empresas de consultoría han bombardeado a la opinión pública, a través de foros, conferencias y publicaciones, con el supuesto potencial descentralizador del blockchain y lo han presentado como una herramienta para sustituir a las burocracias estatales que consideran viejas e ineficientes. 

Más allá de estos discursos neoliberales encontramos que el “tercer actor”, el cual se suele atribuir a la tecnología de cadena de bloques, solo ha servido para reforzar a las aseguradoras privadas internacionales, quienes quieren hacer dinero con la mercantilización de la salud y el procesamiento de los datos médicos de los ciudadanos. Los pacientes vascos han sido los primeros en sufrir en sus carnes este experimento.

Como se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el Gobierno Vasco ha entregado casi 9.000 euros a BioKeralty para desarrollar la plataforma Osasukat con blockchain para presentar datos integrados en los sistemas de gestión de historiales médicos. Se trata de una actuación cofinanciada por el ejecutivo vasco, la Diputación de Araba y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER). El proyecto finalizó en junio de 2021 y los resultados abarcan seis líneas esquemáticas, sin concreciones.

Extracción de datos

Osasukat, en palabras de sus promotores, “busca impulsar una plataforma que permita a los diferentes actores involucrados conocer en tiempo real y de forma integrada todos aquellos datos relativos a la información de salud incluida en un historial electrónico, con independencia de la fuente, que pueden ser centros sanitarios, públicos o privados, de un mismo Estado o de varios”.

Si bien se indica que el empleo de algoritmos de cifrado “garantiza la confidencialidad de dicha información”, los críticos de estas tecnologías señalan que el problema es que todas las soluciones sanitarias sean ofrecidas como un servicio por empresas privadas, no como un derecho garantizado por las instituciones públicas. También se alerta sobre el riesgo de reproducir las relaciones caciquistas presentes en Euskadi.

En la órbita del PNV

En este caso, los fondos europeos han ido a parar a una instituto relacionado con altos cargos del Partido Nacionalista Vasco (PNV): BioKeralty Research Institute, una de las unidades empresariales de I+D+I del Grupo Keralty. En esta empresa recaló Jon Darpón, Consejero de Salud del Gobierno Vasco de 2012 a 2019, poco después de dimitir por el conocido como “escándalo de las OPE” en Osakidetza. En Keralty nos encontramos también a otros viejos conocidos de la órbita del poder vasco. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, según la lista Forbes, y Jon Azua, vicelehendakari desde 1991 a 1995 y fundador de consultoras estrechamente alineadas con los jeltzales,completan la cúspide de esta boutique del negocio de la salud.

BioKeralty Research Institute recibió la subvención de los FEDER en 2021. Ese mismo año, Grajales y Azua domiciliaron en Florida la entidad Keralty Foundation Inc. Anteriormente ya habían constituido Sanitas USA Inc, también en Florida, en 2014.

Por otro lado, la Agrupación de Interés Económico Biokeralty Research Institute fichó como responsable de relaciones con instituciones de la Unión Europea a Eusebio Gainza, exdelegado territorial en Álava del Departamento de Industria del Gobierno Vasco y exdirector de la Fundación Leia, en cuya junta rectora figuran la Diputación de Araba y el Gobierno Vasco."              (Ahoztar Zelaieta  , El Salto, 17/02/22)

El último filón de la M30 consistió en la adjudicación a dedo de tres contratos a EMESA, que ya era titular del mantenimiento de la vía de circunvalación de Madrid, tras el temporal de 20021. El último se tramitó 10 meses después de la nevada... Sin embargo, cada uno de los conceptos descritos en estos contratos estaban ya incorporados en el contrato de 30 millones de euros anuales que EMESA (Ferrovial+Dragados) firmó en 2005

 "(...) El contrato de la M30 se fraguó durante dos años hasta que, de una forma cuando menos dudosa, resultó adjudicataria una UTE formada por Ferrovial y Dragados. El contrato es muy extenso, con detallados anexos sobre las tareas a ejecutar para conservar la vía y con un farragoso modelo económico que les voy a resumir en una frase: la empresa mixta (80% de capital público) Madrid Calle30 está obligada a generar beneficios todos los años para que las empresas privadas ganen una cantidad fija cada año. ¿Jugoso verdad?

Ese fue uno de los primeros filones mientras se perfilaban otros tantos en la adjudicación de las obras de soterramiento y sus posteriores modificados de obra, liquidaciones, obras complementarias y toda una ristra de herramientas jurídico administrativas para generar sobrecostes del 40%. Flexibilidad contractual, dirán algunos. 

El gran filón llegó en 2007, cuando, a instancias del Ayuntamiento de Madrid, se tramitó un modificado del contrato de conservación para elevar el coste de la misma de 12 millones de euros a 23 millones de euros. Nada mal. Sobre todo porque gran parte de los compromisos ahí adquiridos no se ejecutaron entonces, sino a partir de 2016, cuando hicimos una profunda auditoría de todo cuanto allí sucedía. Para ellos, los contratos no son ese ente robusto y riguroso que hay que cumplir sino un trámite para otros fines muchos más lucrativos.

Y, saltando de filón en filón, llegamos a Filomena. A todas luces una importante nevada que obligó a movilizar recursos materiales y humanos para intentar restablecer la normalidad en la vía. Permítanme expresarlo con palabras sacadas del contrato con las empresas mantenedoras: “Con carácter de urgencia la Sociedad Adjudicataria [EMESA]” tuvo que acometer “las tareas que resultaron necesarias para solventar las incidencias y emergencias planteadas” –prosigue el texto– para así “lograr la reanudación inmediata del servicio en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad”. 

Parece evidente que, ante una emergencia como la acaecida, la empresa formada por Ferrovial y Dragados debería movilizar cuantos recursos fueran necesarios para solventar la incidencia en el menor tiempo posible. Es más, el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas en 2005 para estudiar quién debía conservar la M30 recalcó las enormes ventajas que conllevaba contratar a estas dos empresas en UTE por su dilatada cartera de maquinaria y personal especializado: grúas, máquinas quitanieves…

Pues bien, llegó Filomena. Y el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Calle 30, decidió adjudicar a dedo a EMESA (empresa ya adjudicataria del mantenimiento de la M30),  y por vía de emergencia, tres contratos para la retirada de coches, árboles y restos vegetales. Un contrato por cada uno de estos conceptos y 100.000 euros por cada uno de ellos. Si revisáis la Ley de Contratos del Sector Público veréis cómo esta modalidad de contratación está justamente limitada a esos 100.000 euros. Pero no seáis malpensados.

Los dos primeros contratos fueron regalados a finales de enero de 2021, concretamente el 23 y el 24. Por su fecha, cercana a la borrasca Filomena de la que ahora se cumple un año, podría antojarse lógico. Sin embargo, cada uno de los conceptos descritos en los contratos estaban ya incorporados en el contrato de 30 millones de euros anuales (precio actualizado de los 23 millones que eran en 2007) que EMESA (Ferrovial+Dragados) firmó en 2005. Pero ya hemos dicho que, si cuentas con un contrato en la M30, con el Partido Popular de por medio, no tienes nada de qué preocuparte. 

El tercero de los contratos es el más sangrante de todos. Tramitado y adjudicado en noviembre, 10 meses después de Filomena, utiliza la borrasca para generar el último filón de 100.000 euros y poder adjudicar a dedo y por vía de urgencia (sí, habéis leído bien) un nuevo contrato, otra vez, a EMESA. Es decir, tres contratos para tres conceptos que EMESA debe prestar desde 2005. 

Estos tres últimos regalos son una clara prueba de cómo funciona la connivencia entre la derecha política y el oligopolio de las constructoras. No es ninguna sorpresa: es la tónica general que pudimos encontrarnos cuando, en la legislatura anterior, auditamos y exigimos el cumplimiento de todos y cada uno de los documentos contractuales. Pero esta cadena de favores se perpetúa desde hace décadas bajo el paraguas del dinero público. Para ellos, los contratos son sábanas blancas a explorar con el único objetivo de aumentar su cuenta de resultados. (...)"                      

(Samuel Romero Aporta es exconsejero delegado de Madrid Calle 30. Ingeniero y miembro de Ecologistas en Acción. CTXT, 25/01/22)

El caso de las 135 camas fantasma de un hospital que persigue a Esperanza Aguirre. Anticorrupción pide imputar por prevaricación y malversación a la expresidenta madrileña por la eliminación de unos recursos por los que la Administración siguió pagando un millón al año

 "Cuatro meses antes de la inauguración del nuevo hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda, a Esperanza Aguirre no le gusta lo que ve. Corre 2008, y el departamento de Presidencia de la Comunidad requiere a Sanidad que todas las habitaciones del centro sean individuales, por lo que se ordena que se retire de 135 estancias dobles la “cama hospitalaria [extra], la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora”, según documentación pública. 

 Casi 15 años después, la Fiscalía Anticorrupción pidió el lunes que se impute por prevaricación y malversación a Aguirre por esa decisión, que se habría adoptado sin el correspondiente procedimiento administrativo. Durante nueve años, la compañía que gestiona el hospital a través de una concesión cobró 1,3 millones de euros por unas camas que nadie podía usar, según cifró una investigación de la Asamblea regional.

La petición del ministerio público trae al presente los ecos de un pasado marcado a fuego por la expansión y el crecimiento de Madrid, la fiebre del ladrillo, y la carcoma de la corrupción, que ahora se investiga en las causas Púnica, Gürtel, Lezo, Ciudad de la Justicia o Papeles de Bárcenas. Aquellos locos años 2000, cuando todo parecía posible y de hecho estaba ocurriendo lo imposible, quedan retratados a la perfección en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria.

 Entre 2008 y 2018, el endeudamiento de las instituciones públicas madrileñas pasó de 11.380 millones a 33.000, según recogen las conclusiones del órgano, fechadas en 2019 y aprobadas por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Fueron años de grandes inversiones que han acabado en los tribunales. Una época con mil inauguraciones que han pasado de ser las mejores fotos para una campaña a salir en los papeles judiciales. El dictamen parlamentario señala que no hay informes técnicos ni planificación que justifiquen las inversiones en el Metro Ligero, la carretera M-45, varios hospitales o el campus de la Justicia; y propone renegociar a la baja algunos de esos contratos porque los concesionarios —afirma el texto— lograron condiciones tan beneficiosas que no asumieron prácticamente ningún riesgo.

 El balance de esas decisiones no se mide solo en carreteras hechas a precio de oro (la M-45, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, iba a costar 300 millones y superará los 2.000); hospitales abiertos a cambio de una abultada factura (como el Puerta de Hierro); o trenes ligeros que circulan vacíos y por los que el gestor cobra como si fueran casi llenos (el concesionario tiene garantizado el cobro de un número mínimo de billetes). También están los tribunales: la mitad de los consejeros de Aguirre están o han estado investigados por la justicia. Y la propia expresidenta está imputada en la pieza 9 del caso Púnica, relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño.

A eso se añaden ahora las 135 camas fantasma que persiguen a la antigua baronesa, y que resumen el modelo con el que se construyeron los hospitales de Aranjuez, Coslada, Arganda, San Sebastián de los Reyes, Parla, Vallecas y Majadahonda.

Es el PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés). Las empresas corren con el gasto de la construcción, y la Comunidad les paga un canon anual a cambio de su uso mientras les deja ingresar lo que obtengan por explotar los servicios no sanitarios. Aunque los edificios pasan a ser propiedad de la Administración cuando termina la concesión —que en estos casos es de 30 años— el negocio es tan lucrativo como para que haya atraído a fondos de inversión.

Así, las concesionarias cobraron un total de 1.556.851.738 euros entre el inicio de su actividad y el 31 de diciembre de 2017, según un informe de la Cámara de Cuentas, que advirtió: “No obstante, existen múltiples procedimientos judiciales pendientes de resolver por distintos conceptos (...). Si además consideramos las discrepancias existentes entre las sociedades concesionarias y la Agencia Tributaria en cuanto al tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de los servicios, determina que exista una incertidumbre respecto a las cantidades que finalmente habrá de pagar la Administración a dichas Sociedades”.

Sobrecostes millonarios

La factura, por lo tanto, no hace más que engordar. Una denuncia de Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción le puso precio en 2018: entre 1.200 y 1.600 millones de euros de sobrecostes, aseguraron los firmantes.

“Hace tres años, yo misma llevé un informe a la fiscalía anticorrupción denunciando todas las irregularidades, incluyendo esta de las 135 camas fantasmas del hospital Puerta de Hierro”, recordó este lunes Mónica García, que entonces militaba en el partido morado y hoy es la líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso (PP) como portavoz de Más Madrid. “Quedan muchas otras indecencias del uso obsceno del PP de nuestro sistema de salud, y seguramente queden muchas más sobre los papeles clasificados de la covid”.

El texto de la denuncia sirve para intentar resolver misterios tan intrincados como que el Puerta de Hierro, un hospital de nueva construcción, el mismo de las 135 camas, duplique o triplique el gasto energético de centros construidos hace más de 40 años.

Así, los pliegos de condiciones establecen bonificaciones a las concesionarias por reducir el consumo tomando como referencia los dos primeros años de funcionamiento de cada hospital. Los denunciantes sostienen que ese incentivo tuvo el efecto perverso de que se gastara más aposta al principio, para luego volver a un uso normal para ganar dinero. Y señalan las modificaciones en las condiciones de los contratos de los hospitales, casi siempre en favor de las concesionarias, incluso cuando pasaron a prestar menos servicios, como cuando Aguirre decidió reducir las 135 camas del hospital de Majadahonda.

 “Prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”, revelan las diligencias previas de la Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre de 2020 presentó una querella contra Elena De Mingo, directora general de Planificación, infraestructuras y Equipamientos Sanitarios entre 2008 y 2011.

Un problema administrativo que, subraya el ministerio público, se vio acompañado de otro económico.

“[Además] Se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos”, defiende la fiscalía, que en el inicio del procedimiento ya precisó que no existía “una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”.

Porque cada cama valía su peso en oro en el contrato firmado con la concesionaria. “Hay que lamentar la pérdida de cantidades millonarias con este sistema de hospitales concertados, en el que no hubo control”, lamentó este lunes Juan Lobato, el portavoz del PSOE. “Ya nunca los recuperaremos”.

¿Por qué no ha reclamado todo el dinero ya pagado la Administración? Porque la comisión jurídica asesora de la Comunidad concluyó que esa posibilidad había caducado. Ocurre que este organismo no fue preguntado al respecto… hasta 2017. Habían pasado ya casi diez años desde la inauguración del hospital. Y Aguirre ya no estaba al frente de la región: la pregunta la planteó el Gobierno de Cristina Cifuentes. Ahora, casi quince años después, el fantasma de esas 135 camas persigue a Aguirre."         (Juan José mateo, El país, 16/11/21)

El capitalismo de 'amiguetes' de Aznar y Pedro Isla... y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña... una descripción

 "Hemos leído en la última semana muchas crónicas sobre la noticia-bomba del año en el mundo empresarial, el cambio en la presidencia de Inditex, el imperio textil de Amancio Ortega y la mayor compañía del Ibex-35, valorada en casi 90.000 millones de euros. Causó sorpresa y hasta conmoción el anuncio de la próxima salida de Pablo Isla para dejar el trono a Marta Ortega, hija del fundador. 

Pero más allá de cierto tufo machista en no pocos análisis y reacciones, lo curioso (o no tanto) es que el relato mediático casi unánime del asunto y, sobre todo, el perfil dibujado de Isla como megacrack de la sabiduría empresarial española olvidan alguna clave fundamental de su biografía: Pablo Isla fue, desde la Dirección General de Patrimonio, uno de los arquitectos y ejecutores de la ola de privatizaciones del Gobierno Aznar-Rato, origen del modelo de capitalismo extractivo o de amiguetes instalado en la economía nacional. De aquellos polvos vienen los lodos de las prácticas oligopólicas y de no pocos grandes asuntos de corrupción.

Para evitar una imagen distorsionada, conviene recordar que el nombramiento de Isla como consejero delegado de Inditex en 2005 (más tarde ascendido a presidente ejecutivo) fue su primer (y único) destino ajeno al entramado surgido de aquel llamado milagro económico español capitaneado por Rodrigo Rato y del que formaron parte amigos personales del entonces vicepresidente económico o compañeros de pupitre del propio presidente José María Aznar tan significados y afines al PP como Manuel Pizarro, Francisco González, César Alierta, Rodolfo Martín Villa, Antonio Vázquez, Miguel Blesa, Juan Villalonga o Javier Monzón. 

El mismo Rato presumía a principios de 2004 (ver aquí) de ese empujón definitivo a la privatización de sectores clave de la economía, que cifró en 52 empresas públicas entregadas al negocio particular durante su mandato, con una valoración que los propios órganos reguladores consideraron discutible para los intereses del Estado (ver aquí).

Lo que resulta indiscutible es la relación de la fulgurante carrera de Pablo Isla con esa red de intereses catapultada al poder de las grandes empresas desde la primera legislatura de Aznar-Rato. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció fugazmente como abogado del Estado (número uno en las oposiciones de su promoción), para luego escalar (en dos etapas) las más altas cumbres del Banco Popular, del que llegó a ser secretario general cuando ascender en ese banco sin ser miembro del Opus Dei era más difícil que subir el Everest con unas muletas. 

Y desde el año 2000 (a mitad del ciclo del aznarato), Isla empezó a cosechar lo sembrado como Director General de Patrimonio ejecutor del plan de privatizaciones: sucedió a Alierta al frente de Altadis (antigua Tabacalera) y de Logista cuando Alierta pasó a Telefónica en sustitución de Villalonga tras el escándalo de las stock options.

En las numerosas hagiografías de Isla publicadas esta semana no se citan las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actividad de Cor Comunicación, sociedad montada en 1997 por el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato y sus hermanos con el objetivo prioritario de hacer negocio personal y familiar a base precisamente de contratos con las empresas públicas que él y Pablo Isla (quien formalmente representaba al ministerio en esas compañías participadas por el Estado) iban privatizando. 

Por ejemplo, Juan Rizo, ex consejero delegado de Logista, filial de Tabacalera, declaró a la UCO que «Cor Comunicación llega por Pablo Isla». Rizo aseguró que Isla le pidió que atendiese a esta sociedad y a otras de la familia Rato. «Inician su facturación cuando Rodrigo Rato ostenta un alto cargo en el Gobierno y dejan de facturar cuando Pablo Isla abandona la compañía» (ver aquí). Curioso (como mínimo) más allá del alcance judicial de esas investigaciones sobre Rato (ver aquí). 

 El relato instalado sobre Pablo Isla y su trayectoria dice tanto sobre el funcionamiento de ese capitalismo extractivo que tan pingües beneficios ha dado a sus promotores como de la dependencia del mismo que caracteriza a buena parte del ecosistema mediático español, una de las distorsiones más preocupantes de nuestra democracia. Si se cambia al líder de un partido político o al entrenador de un gran club de fútbol, el balance suele reflejar luces y sombras, y a menudo destacan más las últimas. 

No ocurre lo mismo con un alto ejecutivo de una gran empresa, y desde luego no ocurre con Pablo Isla, que por cierto saldrá de Inditex con una verdadera fortuna en acciones, fondo de pensiones e indemnización que garantiza un futuro confortable a tres o cuatro generaciones de los Isla.

 En esta faceta se han distinguido también los protagonistas de aquella milagrosa ola de privatizaciones. Manuel Pizarro, a quien se le ha escuchado más de una vez decir "Isla es mi criatura", ya cobró en el año 2007 más de 18 millones de euros al salir de Endesa tras una gestión marcada por preferir una opción alemana para Gas Natural con tal de torpedear una OPA catalana y por dejar la eléctrica española privatizada en manos de ENEL, compañía cuyo principal accionista es el Estado italiano.

Si acierta o no la familia Ortega en el cambio de Isla se verá con el tiempo a través de los resultados de Inditex. Las crónicas de las primeras reacciones apuntaban a una caída bursátil adjudicada a esa decisión, pese a que el comportamiento del valor accionarial probablemente ha tenido más que ver con las incertidumbres sobre el covid que han afectado estos días a otros muchos valores. Algún día quizás se confirme si la sustitución de Isla tiene más relación con su arriesgada apuesta por la apertura de tiendas en todo el mundo en lugar de priorizar la venta online, especialmente en tiempos de pandemia. 

De momento lo que sorprende (o no tanto) es que se imponga el relato que más favorece a Isla, constructor y beneficiario del capitalismo de amiguetes, y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales (ver aquí)—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña."                         (Jesús Maraña , Info Libre, 06/12/21)