Viene de lejos, lo de Melilla... "1991: El notario Ballarín declara ante el juez que su firma fue falsificada en los votos que tramitó el PP... las firmas con el nombre de Ballarín legitimaron más de 7.000 votos, de las que cerca de 3.000 parecen ser verdaderas. No obstante, nadie ha examinado exhaustivamente la documentación de cada uno de los 27.274 votos por correo emitidos en Madrid"

"El notario Alberto Ballarín declaró ayer ante el juez que su firma ha sido falsificada en los votos por correo que gestionó el Partido Popular en Madrid, según informaron fuentes de la dirección de Izquierda Unida, coalición que está personada en la causa. Ballarín examinó una muestra de las legitimaciones cuya rúbrica se sospechaba falsificada, y expresó que no coincidían con su firma. El titular del Juzgado número 2, Rafael Mozo Muelas, le ha citado de nuevo para mañana, viernes, con objeto de que verifique, una por una, los miles de firmas supuestamente falsas.

Esta declaración de Bailarín tiende a indicar que alguna persona afín al PP incurrió en falsedad de documento público (castigada con prisión menor -seis meses a seis años- y multa), y que gran cantidad de sufragios adjudicados a ese partido fueron ilegales.José Mariano Benítez de Lugo, el letrado que elaboró el recurso del PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que fue desestimado-, cifró esas falsificaciones en "al menos" 4.381, cantidad de votos suficiente como para alterar el reparto de concejales: si se le hubieran restado al PP, tendría ahora un edil menos, pero conservando la mayoría absoluta.

No obstante, la parte acusadora ha resaltado que el fraude fue presuntamente cometido cuando aún no se conocían los resultados y bajo la idea de que esos miles de votos podían decidir la alcaldía de Madrid.

Cuatro testigos

En las diligencias del Tribunal Superior, abiertas por la vía con tencioso-electoral, los jueces se negaron a admitir la petición del PSOE de que testificase Bailarín, y dieron por buenos los resultados. Ahora el notario ha declarado en las diligencias abiertas por la vía penal.La firma del fedatario es necesaria para que un elector inválido o impedido delegue en otra persona -en este caso, en miembros del PP- la tramitación en Correos de su voto por correspondencia (el resto de los electores que no vaya a estar presente el día de la votación debe acudir personalmente a una oficina postal).

La investigación judicial -en la que ya han declarado cuatro testigos- se ha centrado hasta ahora en averiguar los mecanismos del PP para gestionar votos, y comprobar si la legitimación notarial correspondiente a cada caso ha sido falseada. En días posteriores, el juez entrará previsiblemente a conocer si además se falsificaron los certificados médicos que han acompañado a muchos votos y se sustituyó también la voluntad de los electores, de todo lo cual existen ya pruebas y testimonios publicados por este periódico.

A la salida del juzgado, Alberto Bailarín se negó a hacer comentarios y sólo indicó que el viernes declarará de nuevo. "Tengo que respetar", señaló, el secreto del sumarlo" (que, sin embargo, no ha sido declarado secreto). Juan Francisco Pla, el letrado que representa a Izquierda Unida, también declinó hacer declaraciones.

Según las referidas fuentes de la coalición, Bailarín explicó ante el juez que había legitimado algunos miles de firmas para el voto por correo que gestionó el PP. Lo hizo cotejando las rúbricas de tales delegaciones con las firmas que figuraban en los correspondientes carnés de identidad de los electores, y en algunos casos en fotocopias de este documento. Sin embargo, en cerca de un centenar de casos rechazó plasmar su firma en la fe pública, por dudar de la autenticidad de los documentos que se le sometían.

27.000 envíos

Según cálculos extraoficiales, las firmas con el nombre de Ballarín legitimaron más de 7.000 votos, de las que cerca de 3.000 parecen ser verdaderas. No obstante, nadie ha examinado exhaustivamente la documentación de cada uno de los 27.274 votos por correo emitidos en Madrid.El notario se refirió ayer expresamente, durante su declaración ante el juez, a las legitimaciones sospechosas reproducidas por EL PAÍS el pasado 11 de julio, que dio como claramente falsas, respaldando así el dictamen de dos peritos de los tribunales que fueron consultados por este periódico.

En cuanto al hecho de que las falsificaciones de la firma estuviesen acompañadas por estampillas de su notaría (una plantilla que se ha de rellenar con los datos personales de cada elector), Bailarín explicó que sus empleados se la entregaron al PP con objeto de que los miembros de este partido escribiesen los nombres y números correspondientes, para facilitarle el trabajo. De ello puede deducirse que, una vez con la plantilla en su poder, alguna persona la utilizó indebidamente para legitimar votos de electores que ignoraban estar votando."                  (Álex Grijelmo , El País, 01/08/1991)

El PP niega acceso a sus ordenadores de Génova al perito judicial que investiga el amaño de sus primarias en León... El informático designado por el juez para establecer si la dirección de Casado y García Egea inscribió irregularmente a 800 afiliados para que ganara su candidato afín denuncia al juez que los actuales rectores del partido le niegan acceso a los ordenadores para investigar los hechos

 "El perito designado por la Justicia para investigar si el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egeacoló de rondón a 800 afiliados para adulterar y amañar las primarias en León y que ganara su candidato ha denunciado, mediante escrito al juzgado, que el partido se niega a colaborar y no le facilita acceso a sus ordenadores de la sede central, en la calle Génova de Madrid.

"No se presta colaboración por la parte demandada, ni se ha facilitado documentación alguna, ni se atiende a este perito judicial", señala el perito Carlos Martínez Castellanos, que solicita "auxilio judicial" para conseguir "acceso a los terminales informáticos" y a la "documentación necesaria".

En su "súplica" al juzgado, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el perito pide también que se le amplíe el plazo para realizar su informe, dada la "falta de colaboración" hasta el momento del Partido Popular.

Primera Instancia 2 de León investiga desde hace meses si la anterior dirección del PP, capitaneada por García Egea en la gestión interna del partido, favoreció al candidato apadrinado por este, el actual presidente, Javier Santiago Vélez, e impidió irregularmente una batalla limpia con el otro contendiente, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García Martínez.

Para conseguir ese objetivo, la dirección habría permitido que se diera de alta como afiliados a unas 800 personas de forma irregular, sin siquiera sus DNI. El perito necesita acceder a los ordenadores de Génova precisamente para comprobar que, como reza la demanda presentada por los perdedores en aquellas primarias, muchas de estas personas no formaban parte siquiera de las circunscripciones requeridas para poder formar parte de la votación.

Numerosos audios publicados por el portal 'Leonoticias.com' evidencian que esos manejos se produjeron. García Martínez, no obstante, mantuvo en 'stand by' la querella para no interferir en el proceso de formación de Gobierno de Castilla y León, pero la reactivó posteriormente. En las primarias de León se reprodujeron quejas contra García Egea similares a las de Andalucía, donde se le acusó de bloquear el pago de cuotas por parte de afiliados que querían ponerse al día para poder votar en las primarias.

La dirección de entonces del PP cayó posteriormente tras su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid. Y ahora, la actual dirección, liderada por Alberto Núñez Feijoo, niega a por el momento al perito designado por Primera Instancia 2 de León el acceso a sus ordenadores, de nuevo en el ojo del huracán.

"Queremos contribuir a la limpieza de los partidos políticos y estas actitudes obstruccionistas obedecen más a tiempos pasados que a la actualidad", explicó a este diario Antonio Estella, abogado de García Martínez."                    (Quico Alsedo, El Mundo, 11/10/22)

Ciudadanos silenció el fraude en las primarias hasta que los críticos amenazaron con ir al juzgado. Rivera es el responsable directo: trae gente de fuera y los hace ganar

 "A Javier Carpio le llamó la atención lo que leía en la web de Movimiento Ciudadano, la plataforma que Albert Rivera lanzó en octubre de 2013 para relanzar a su partido a nivel nacional. 

Por eso, meses después se afilió a Ciudadanos e incluso participó como apoderado en una mesa durante las elecciones europeas de mayo de 2014. Poco a poco se fue interesando por la vida interna del partido y pronto detectó “algunos movimientos” que no le gustaban.

Estalló cuando vio “que no había posibilidades reales de elegir” entre quienes optaban a liderar el partido. Lo comprobó en las primarias de julio de 2018 en Málaga y, con el plazo aún abierto para la votación, se presentó en el juzgado de guardia. Denunció la falta de transparencia en la votación telemática. “Fueron elecciones que no estaban garantizadas ni auditadas. Dejan muy claro que los que eligen son los de arriba”, subraya Carpio.

Carpio recuerda perfectamente cuando acudió, en verano de 2018, a un acto en el que los tres candidatos a las primarias por Málaga -Emilio Utrabo, David Santos y Javier Imbroda, actual consejero de Educación de la Junta de Andalucía- iban a contar sus propuestas. Imbroda había anunciado el 5 de julio (diez días antes de la votación) su aterrizaje en Ciudadanos y quería escucharle. 

En el turno de preguntas agarró el micro y cuestionó a las tres candidaturas por las garantías de la votación electrónica. Se llevó una sorpresa. “Me dijeron que habría que fiarse del sistema, que nadie les había garantizado nada”, recuerda Carpio, que tras esa respuesta fue directamente a los tribunales.

Informático de profesión, hoy está fuera del partido. Su denuncia fue archivada, pero le significó primero la apertura de un expediente disciplinario y, más tarde, la expulsión. La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos le echó el pasado mes de octubre por “menoscabar el buen nombre del partido” y porque sus manifestaciones públicas acerca de la denuncia “pueden ser consideradas desleales o contrarias a los interesas” de la formación naranja.

Carpio ahora observa “con una sonrisa de satisfacción” lo ocurrido en Castilla y León, donde el partido ha tenido que dar la victoria en las primarias a Francisco Igea frente a Silvia Clemente - candidata de Rivera- por un fraude en la votación. “Sabía que iba a pasar”, destaca.

 “Y lo sabía porque hay muchas posibilidades para hacer trampas con el sistema de votación electrónico que ofrece la web de Ciudadanos”, añade Carpio, que dice que la formación naranja conoce “las claves de todos sus afiliados” y que el sistema informático marca “a qué candidato votó cada cuál, para saber quiénes son del aparato y quiénes no”. 

Además, recalca que se pueden mover votantes de una circunscripción a otra, “de ahí esos 82 votantes de más en Castilla y León”. “Ya ocurrió también en Molina del Segura (Murcia), donde había afiliados traspasados desde Mollina (Málaga)”, dice.

El exmilitante apunta directamente a Albert Rivera como máximo responsable. “Es el responsable directo puesto que no hay otro jefe supremo que esté introduciendo candidatos. Trae gente de fuera y los hace ganar. Es bastante claro que es Rivera quien controla todos estos procesos. Cualquier cosa que no le gusta del partido, no ocurre”, relata.

“Yo solo quiero que las elecciones sean democráticas, con una urna de cristal y sin posibilidad de manipulación”, afirma Carpio, hoy desengañado por aquel partido “joven, que se presentaba honesto y que iba a limpiar la política”. “No han hecho nada de eso y es una vergüenza. Ciudadanos es hoy un partido antidemocrático y antiliberal”, concluye."                    (Nacho Sánchez, El País, 14/03/19)

"Ciudadanos conoció las irregularidades en la votación de las primarias de Castilla y León el sábado a última hora de la tarde tras proclamar vencedora a Silvia Clemente. 

Sin embargo, no fue hasta las cuatro de la tarde del domingo cuando el partido hizo público que se paralizaba la candidatura de Clemente. 

Un lapso de casi 24 horas de silencio tras las que el equipo del candidato crítico, Francisco Igea, llegó a dirigirse a un juzgado de guardia de Valladolid para interponer una denuncia. Solo entonces hubo reacción en Madrid.

El relato del fraude destapado en Castilla y León comienza en Burgos. Tres jóvenes militantes detectan que el número de votos recogidos en el acta de participación no coincide con la suma de los resultados anunciados por Ciudadanos. Hay un desfase de 82 votos. Son las tres de la tarde del sábado y apenas dos horas antes Ciudadanos había anunciado que Clemente se había impuesto a Francisco Igea por una diferencia de apenas 35 votos.

La expresidenta de las Cortes por el PP, fichaje estrella del partido de Albert Rivera, se convertía así en la candidata oficial de Ciudadanos en Castilla y León y salvaba la cara del líder, que le había dado su aval en la batalla más reñida del partido.

Igea comía en Valladolid con unos 80 militantes después de conocer su derrota cuando les llegó el aviso desde Burgos de que algo no cuadraba. En ese momento, varios militantes se levantaron de la mesa y se encerraron para descargar todos los certificados de votos, a los que puede tener acceso cualquier afiliado y en los que se detalla la hora de cada uno. De ahí se elaboraron dos gráficas para explicar el patrón de participación.

El sistema telemático de votación, al que se accede a través de la intranet del partido con un usuario y una contraseña simple, permaneció abierto hasta las diez de la mañana del sábado. La sorpresa fue en la madrugada. Entre las dos y las tres y entre las ocho y las nueve del sábado hubo un pico de participación con casi todos los apoyos para Clemente.

El primer aviso de un posible fraude llegó a la dirección nacional el sábado a última hora de la tarde, según fuentes del partido. Miembros de la ejecutiva aseguraron que se iba a mirar lo que había ocurrido y la comisión de garantías del partido se puso a trabajar en ello. Mientras tanto Silvia Clemente seguía siendo candidata oficial del partido.

Al día siguiente, lo que acabaría siendo el mayor escándalo de Ciudadanos desde su fundación en 2005, aún no había salido a la luz. El equipo de Igea preparó entonces una denuncia para presentar ante el juzgado de guardia de Valladolid. Allí se dirigieron varios miembros del equipo a las dos y media de la tarde del domingo.

Pero la denuncia nunca se llegó a presentar. Ciudadanos emitió finalmente un comunicado a las cuatro de la tarde en el que anunciaba que había recibido “un requerimiento” de uno de los candidatos y que mientras se hacía una comprobación de la denuncia “se paraliza la proclamación definitiva de los candidatos”.

El resto del relato, con la proclamación de Igea como vencedor final de la contienda el pasado lunes, es la historia de la mayor crisis interna del partido. Ciudadanos busca ahora cómo cerrar la polémica, que se ha extendido a otras comunidades como Murcia, Cantabria o Madrid, que también han pedido una comprobación de sus procesos de primarias.

La semana más negra del partido naranja llega a seis semanas de las elecciones generales del 28 de abril y con el partido en caída libre en todas las encuestas. El líder Albert Rivera todavía no se ha pronunciado. Este miércoles, en un acto de precampaña, se negó a contestar a los medios de comunicación a su llegada y evitó encontrarse con ellos a la salida."                (Inés Santaeulalia, El País, 14/03/19)

Pucherazo en la Cámara de Comercio. El 80% de los votos por Miquel Valls salieron de un bufete de abogados

"Casi tres cuartos del voto por correo de las elecciones a la Cámara de Comercio se gestionaron desde el bufete del abogado barcelonés Ramón Macià, discretamente situado en un jardín interior del barrio de Sant Gervasi de Barcelona. 

Fuentes de este bufete, que funciona con los nombres de CAA, Impulso Empresarial e Inversiones Damocles, han confirmado que operaron como sede electoral del presidente de la Cámara, Miquel Valls.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha puesto en cuestión todo el voto por correo a raíz de una denuncia del presidente del Círculo Catalán de Negocios, Ramon Carner. El TSJC ha desestimado la demanda de repetición de las elecciones, pero en su sentencia apunta que el voto por correo sería susceptible de anulación por irregularidades. 

La más flagrante, según el TSJC, es que un 82% del voto emitido por correo se hizo únicamente en dos días desde tres direcciones de Barcelona. 

Según la sentencia, esto hace materialmente imposible que "6537 electores las recepciones personalmente, introducir la papeleta elegida en el sobre, y de manera individualizada certificaran el voto en la oficina de Correos", tal y como exige el reglamento.

Pero los tres domicilios hiperactivos hay uno que destaca especialmente: el número 9 de la calle de Beethoven, sede de CAA, se procesaron y certificaron durante aquellos dos días hasta 4.807 votos por correo de un total de 6.537.

Aunque fuentes del bufete han confirmado la implicación en la candidatura de Miquel Valls, el abogado Ramón Macià no estuvo disponible para comentar con e-notícies como lo hicieron para recibir casi cinco mil personas que teóricamente deberían haber pasado por la oficina.

Sin embargo, como la anulación de todo el voto por correo no cambiaría el resultado de las elecciones, que ganó la candidatura de Miquel Valls por amplia mayoría, el TSJC cree que no es necesario repetir las mismas.

 Eso sí, el tribunal tiene la "certeza" de que el procedimiento no fue correcto, y pide que se cambie en las próximas elecciones. e-notícies no ha conseguido la versión del bufete CAA a la hora de publicar esta información."         (e-notícies, 28/02/2013)

En Mogán (Canarias) el voto anda barato, de 20 a 30 euros

"¿A cuánto está el voto?". "A 20 o 30 euros"

La investigación de la trama de corrupción descubierta en Mogán ha destapado numerosas prácticas delictivas en este ayuntamiento gobernado por el PP y cuyo alcalde, Francisco González, permanece en su cargo pese a estar imputado y recaer contra él pruebas contundentes de media docena de delitos. Las grabaciones telefónicas evidencian múltiples gestiones del alcalde y su edil Onalia Nieto para vulnerar la ley.

CORRUPCIÓN ECONÓMICA "Ponemos la sociedad a nombre de tu padre"

El 29 de junio de 2006, el alcalde pacta con la concejal Onalia Bueno crear una sociedad a nombre del padre de la segunda.

Paco: Nos hacemos una sociedad, a tu padre lo ponemos y tal, nada más que para la compra y el año que viene pues lo quitamos de eso...y nos ponemos nosotros.

Onalia: Vale, vale.

Su intermediario inmobiliario, Tato, le confirma al regidor un reparto: "Entonces cada uno va tener su propiedad, ella, tú y nosotros". El alcalde, tras oírlo, le urge a crear una sociedad. "Lo que tenemos que hacer ya es la sociedad".

TRATO DE FAVOR "Se lo haces, es de un diputado del PP"

El alcalde de Mogán habla con Marcelino Martín Artiles, jefe del departamento técnico y responsable de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Éste le comunica que una inmobiliaria le ha solicitado mayor edificabilidad sin más precisión. "No se justifica la petición. No dicen ni por qué, ni cuánto, ni cómo". La respuesta del alcalde es concluyente: "No, ellos lo que dicen es que sea como la de al lado, que tiene el 0,20. Dales 0,50 porque van a hacer dúplex adosados". Su subordinado plantea que el promotor podría acogerse a un convenio, pero necesita que clarifique quién está detrás de tal proyecto. El alcalde ya lo sabe: "Esto es de un diputado del PP que me está llamando". Su orden final no admite dudas: "Se lo haces".

SANCIONES PARALIZADAS "Está todo parado. No te preocupes"

El alcalde habla con el empresario Luis Perdomo, quien teme unas sanciones para sus obras. El alcalde se las congelará:

"Las paré todas (...) Está todo parado y bloqueado. No te preocupes (...) No te preocupes por el resto de las sanciones. No te va a llegar ninguna (...) No te preocupes, que la demolición no va a llegar".

MULTAS DE TRÁFICO "No digas nada, mira para otro lado"

El alcalde llega a intervenir para quitar multas de tráfico. Tras recibir una llamada de alguien que teme perder cuatro puntos del carné, contacta con el teniente de la Guardia Civil en Arguineguín:

Paco: Yo te llamaba porque a un compañero le jincaron en Arguineguín, porque ahora se lo saben todo y son cuatro puntos. Fue la Guardia Civil de Tráfico.

Teniente: Sí era de los míos no tenemos problemas, porque con los míos lo arreglo yo, pero con Tráfico está jodío.

Ante una queja vecinal por una terraza ilegal en el puerto, el alcalde ordena a un agente lo siguiente: "No digas nada, simplemente, mira para otro lado". El municipal, horas después, tranquiliza al alcalde:

Juan: Hice un informe con lo que me dijiste.

Paco: ¿Hiciste un informe diciendo que yo te dije que lo hicieras?

Juan: Claro.

Paco: No me jodas, pues entonces rompe ese informe.

Juan: Pero está registrado.

Paco: Pues desregístralo.

Juan: Coño, pero hay una llamada, tengo que ir. Está registrada la llamada.

Paco: Pues cambia el contenido del informe.

Juan: ¿Se puede hacer eso?

Paco: Me vas a comprometer.

FRAUDE ELECTORAL "Hay que empadronar a mucha gente"

La concejal Onalia Nieto es la gran artífice del presunto fraude electoral detectado en esta investigación judicial. En una conversación telefónica insta a una funcionaria a un empadronamiento masivo: "Los voy a derivar a ti, empadronar gente que son de otros municipios, pero que me interesa que voten, que van a llevar un contratillo de nada que les estoy haciendo yo". El tráfico es de ida y vuelta. Le piden que enchufe a una persona en un hotel, ya que si no la admiten podría suponer "por lo menos treinta votos menos". Y Onalia la recomienda. Su brazo ejecutor, Manuel de León, May, le dice que ha captado siete votantes más, procedentes de Melilla. Ve un filón. "Y entonces los rifeños pueden votar, me va a conseguir un montón de gente". "Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta toda la gente", le ofrece Onalia. "Y yo luego le apunto el número de teléfono, y su dirección para ir a buscarlo. Un montón de gente".

El fraude consiste en alojar y empadronar a foráneos durante un fin de semana en los apartamentos que maneja para votar al PP, amén de ayudas económicas a personas necesitadas, singularmente, los inmigrantes. May le detalla tal estrategia al alcalde.

May: El censo está corriendo de cojones. Ahora el primer concejal supone 400 y pico votos. Antes eran 317. Por eso me dice ella [Onalia, según la policía] que hay que empadronar gente. Hay que meter mucha gente. Si conoces amigos, amigas, primos, tráetelos. Vienen el domingo, votan y se van. Y el lunes se empadronan otra vez en Las Palmas, donde estaban ellos antes.

El alcalde no le pone ningún reparo legal. Sus "claro", "ok", "exacto, exacto" sellan tal plan.

May tasa el precio del voto captado en charla con Armando, colaborador en estas acciones.

Armando: Sí, pero el problema es de cuántos votos estamos hablando.

May: No, tú dime a cuánto está el voto y yo te digo cuántos tenemos.

Armando: Ponle de 20 a 30 euros.

May: ¿Entonces puedes conseguir por 30 euros cada voto?

Armando: Sí.

VERTIDOS ILEGALES "El agua se tira sin depurar". "No lo digas"

Un técnico informa a Onalia sobre un problema de una depuradora. "El agua se está tirando al mar sin depurar". La salida de Onalia es contundente: "Entonces eso no lo digas". El alcalde aprueba su criterio:

Onalia: Me dice que la depuradora de la playa está cerrada, pero adivina dónde está yendo el agua. Eso no lo sabes tú.

Paco: Pero no lo digas.

Onalia: Ah, mira que bien, y si la gente lo descubre.

Paco: No, no tiene. Lo que le importa a la gente es que no le esté llegando el olor.” (El País, ed. Galicia, España, 18/04/2008, p. 12)

“El 'caso Mogán' revela una oferta de soborno a un ex consejero del PP. (…)

González agradece a Fernández que haya otorgado el hipermercado al empresario por el que él estaba presionando, Jesús Quintana. La opción derrotada, la de la firma Hiperdino, tenía el apoyo de los hermanos Soria, Luis y José Manuel, respectivamente ex consejero popular de Industria y presidente del PP canario, tal y como reflejan las conversaciones, grabadas en diciembre de 2006.

Alcalde. Oye, te llamaba para darte las gracias por lo de Spar.

Manuel Fernández. Sí, pero no sabes el lío que tengo por el otro lado.

A. Ya me lo imagino.

M. F. No, es que estaba Luis [Soria], por ahí.

A. ¿Quién?

M. F. Luis Soria.

A. Me lo imaginé.

M. F. Es que a ver cómo se lo tomó José Manuel [Soria].

A. Yo me imaginaba que estaba Luis Soria. Me lo imaginaba porque él ya asistió una vez a una reunión para esos temas de Hiperdino.

M. F. Esta misma mañana me llamó.

A. ¿Luis?

M. F. Uhmm.

A. Bueno, pues José Manuel, que en Mogán mando yo, je, je.

El alcalde termina la conversación diciendo en alusión a José Manuel Soria: "Yo pienso en los votos, él piensa en otra cosa".

Esta charla se refuerza con otra que mantiene, también en diciembre de 2006, el propietario del suelo, Santiago Santana, con su abogado, José Luis Trujillo. Tras hablar varios minutos sobre la presión que sufre de Luis Soria en favor de Hiperdino, Santana le explica que sólo ve una forma de neutralizar en esta guerra empresarial al ex consejero y hermano del presidente del PP canario.

Santiago Santana. Dile a Jesús que traiga el lunes 100.000 euros; es la mejor forma de quitarte a este tío de enmedio.

José Luis Trujillo. Dárselos y ya está, ¿no?

S. S. Dárselos y ya está. Dile: "Mira Luis [Soria]. Yo lo cogería, nos sentaríamos allí el lunes o martes. Dile: Luis, hazme una factura por ahí por lo que te parezca para tener nosotros una factura y tal por servicios no sé qué, yo que sé, ya buscaremos algo, y aquí tienes un dinero y a tomar por culo, Luis". Porque eso es bueno, sabes, eso es bueno porque me da mucho miedo porque ayer el otro en la comida me tiró una punta: "Espero, coño que cumplas y tal". "Sí, sí, estamos cumpliendo en todo". ¿Sabes quién es el otro, no?: El hermano [José Manuel Soria].

Su temor residía en que estaba bajo el fuego de ambos clanes del PP en otro asunto. Santana precisaba un favor del alcalde de Mogán: que autorizase su depuradora para cobrar la subvención del cabildo de Gran Canaria, que presidía José Manuel Soria. Y, en medio, las alarmas de los técnicos municipales, cuyas grabaciones también están en el sumario: "Podéis estar prevaricando por acción si concedéis una licencia sin ajustarse al planeamiento y por omisión siendo cómplices de un delito ecológico" por el vertido de aguas sin depurar. Finalmente, el alcalde le dio una "licencia provisional". Justo una semana después, el alcalde le pide que adjudique el hipermercado a su empresario.” (El País, ed. Galicia, España, 19/04/2008, p. 21)