Zapatero: "Rato renunció al FMI para velar por la autoridad del cargo y me comprometí a no informarlo públicamente... Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón. Punto... ¿Fue una razón poderosa? Suficiente para la responsabilidad que tenía"

 "El 27 de junio de 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que anunciaba que “Rodrigo Rato, director gerente del FMI informó hoy al Comité Ejecutivo que no podrá completar su mandato y que su intención es dejar el cargo en octubre”. También daba cuenta de que Rato había presentado una declaración sobre su decisión. Allí decía: “He tomado esta decisión por razones personales. Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente con respecto a la educación de mis hijos, son la razón por la cual dejaré mis funciones en el FMI antes de lo previsto”.

 Rato, con el apoyo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo el respaldo de la Comisión Europea y del presidente del Ecofin, el consejo de ministros de Finanzas, el irlandés Charlie McCreevy, quien, además, aconsejó al entonces secretario de Estado de Economía español, Luis de Guindos, que José María Aznar hablase con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para asegurarse la elección para el importante cargo.

 En efecto, Aznar solicitó al presidente Bush el apoyo para esa candidatura, dado el papel que España había asumido en la coalición de los voluntarios para impulsar la guerra de Irak en febrero y marzo de 2003.

 El FMI nombró a Rato el 5 de mayo de 2004 director gerente del FMI, uno de los puestos más codiciados del mundo para un economista, por un periodo de cinco años, con categoría equivalente a jefe de estado, con derecho a uso de avión privado para el ejercicio de sus funciones. Su sueldo anual era de 391.440 dólares anuales actualizado cada mes de julio por el índice de precios, y 70.070 dólares en gastos de representación, más un fondo de pensiones y una pensión vitalicia de 80.000 dólares. Todo libre de impuestos. Al renunciar, le correspondía una indemnización por una parte de su salario. Sus billetes de avión y los de su familia eran de primera clase.

Pero en el ecuador de su mandato de cinco años, sorpresa, sorpresa. Rato se marcha.

Una fuente dijo en aquellos días que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, apuntó al producirse la dimisión: “Hay solo tres personas públicas que aparte de Rato conocen el motivo por el cual Rato renunció al FMI: son el primer ministro Gordon Brown, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y yo” .

En la entrevista con Rodríguez Zapatero del pasado jueves 4 de abril EL PERIÓDICO preguntó por la salida de Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007.  Solo tres de quienes apoyaron a Rato conocen el verdadero motivo de su renuncia en 2007. Usted eres uno de ellos.

Me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantendré esa palabra.

Pero hubo una razón por la que dimitió. 

Hubo una razón, sí; sin duda.

Y no fue de naturaleza…. Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello.

Hubo una razón. Punto.

¿Fue una razón poderosa?

Suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor. Hoy. Porque hemos conocido muchas cosas. Pero suficiente, por velar por la autoridad del cargo.

Y usted lo supo enseguida en 2007 cuando anunció que se quería dedicar a la educación de sus hijos.

Sí, claro.

Y ellos lo supieron porque respaldaron el nombramiento de Rato en 2004.

Bueno, además Gordon Brown tenía con el FMI una relación…

Fue presidente del Comité Monetario y Financiero del FMI desde 1999 hasta julio de 2007, unos días después del anuncio de dimisión de Rato.

Así es, completamente. Bueno, a mí me lo dicen porque es español, obviamente. Yo era presidente en 2004 y le había apoyado. 

Hizo llamar al Fondo a nuestro director ejecutivo a través de Pedro Solbes…

No solo eso. Recuerdo mi primera conversación en el Palacio del Elíseo con Jacques Chirac [presidente de Francia] cuando le pedí el apoyo para Rato [en el FMI] y no le gustaba nada. No le gustaba Rato. Recuerdo que Chirac tenía identificado que Rodrigo Rato era un hombre, me dijo, muy soberbio. Esto es la primera vez que lo cuento. Y yo le dije, presidente te pido, se trata de un español, y yo tengo que mojarme y hacer todo lo posible para que salga, aunque sea del PP. Esas son las reglas. `Bueno, vale, apoyaremos´dijo, pero Chirac no quería apoyar a Rato. (...)"              (Ernesto Ekaizar, El Periódico, 14/04/24)

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

¿Los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos muchos creen que el problema ha desaparecido... pero, como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial... ¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? El lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas... es la “corrupción moderna”, como las redes transaccionales de finanzas ilícitas (Yuen Yuen Ang, Johns Hopkins University)

 "En una sociedad cada vez más orientada hacia el desempeño, las métricas son importantes. Lo que medimos afecta lo que hacemos”, sostenía el informe de 2008 de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico. “Con las métricas equivocadas, estaremos luchando por las cosas equivocadas”.

La Comisión estaba desafiando la primacía del PIB como la métrica del desarrollo. Pero la misma observación se aplica a la corrupción, que se mide convencionalmente -y engañosamente- como un problema unidimensional.

Los índices de corrupción global, entre ellos el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, les asignan una calificación única a los países. Estas métricas demuestran consistentemente que los países ricos están “muy limpios”, mientras que los países pobres son “altamente corruptos”. Por ejemplo, el IPC de 2023 ubica al Reino Unido (puesto 71) como el vigésimo país menos corrupto del mundo, mucho más limpio que China (42) y Brasil (36). La mayoría de los usuarios del IPC, entre ellos medios, empresas y analistas, interpretan estos números como un hecho.

Ahora bien, ¿los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? Las métricas unidimensionales como el IPC eclipsan el hecho de que las variedades cualitativamente diferentes de corrupción no se pueden reducir a una calificación única. Estas métricas también sub-miden sistemáticamente lo que yo llamo “corrupción de los ricos” -que tiende a ser legalizada, institucionalizada y ambiguamente poco ética- por contraposición a la “corrupción de los pobres”.

En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos, en cambio, muchos creen que el problema ha desaparecido. En The Quest for Good Governance  (La búsqueda de una buena gobernanza), Alina Mungui-Pippidi llega a concluir que las economías avanzadas han alcanzado un estado final de “universalismo ético”, donde “el mismo trato se aplica a todos”. Gran Bretaña es “el ejemplo histórico clásico” en este sentido, a lo que agrega que “el imperio británico se fragmenta habitado principalmente por poblaciones de ascendencia europea”. En resumidas cuentas, el Occidente rico está limpio.

Pero dado el actual ascenso del populismo en las democracias de altos ingresos, lo que en gran medida es una reacción contra las ventajas desmesuradas de las que gozan los ricos y los individuos con conexiones políticas, el “universalismo ético” parece más ilusorio que real. Como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial.

¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? La calificación no se basa en encuestas realizadas internamente por Transparencia Internacional, sino en una combinación de diversas encuestas de terceros. Casi todas ellas provienen de organizaciones occidentales como la Unidad de Inteligencia de The Economist, y tienden a depender considerablemente de respuestas de ejecutivos de empresas occidentales.

Por otra parte, las palabras que se emplean en estas encuestas suelen ser vagas. Por ejemplo, el Anuario de Competitividad Mundial, una de las fuentes del IPC, les presenta a los ejecutivos de empresas una opción binaria burda: “Sobornos y corrupción: existen o no existen”. No sorprende que el IPC muestre, año tras año, que los países ricos están “muy limpios”, aún si sus ciudadanos comunes no están de acuerdo.

Consciente de que no había otras alternativas para estas métricas convencionales, a pesar de varias críticas (inclusive del propio creador del IPC), dirigí el Índice de Corrupción Desglosada. Al igual que el IPC, el ICD es una métrica de corrupción basada en percepciones que depende de encuestas de expertos. Sin embargo, desglosa la corrupción en cuatro variedades distintas: robo pequeño (extorsión por parte de funcionarios de poca monta), robo grande (malversación de fondos por parte de los políticos), dinero para acelerar trámites (pequeños sobornos para superar obstáculos burocráticos o asedio) y dinero de acceso (grandes pagos a cambio de privilegios exclusivos y lucrativos como contratos y rescates).

Mientras que las tres primeras variedades de corrupción -endémicas en los países pobres- son abiertamente ilegales y directamente nocivas, el dinero de acceso podría ser ilegal (como en el caso del soborno) o permisible (como en las finanzas de campaña). Los métodos sofisticados de compra de privilegios pueden involucrar a instituciones enteras donde ningún individuo es corrupto. Por ejemplo, el lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas. En Estados Unidos, los bancos colectivamente gastaron miles de millones de dólares en hacer lobby a favor de regulaciones laxas, lo que condujo a la crisis financiera de 2008 y, sin embargo, solo un banquero fue imputado.

El ICD usa una encuesta de expertos original para calificar los cuatro tipos de corrupción. A fin de mejorar la calidad de la medición, empleo viñetas estilizadas en las que se les pide a los participantes que califiquen la prevalencia de escenarios representativos específicos en lugar de niveles de corrupción general. Más abajo se puede visualizar mi prototipo, que abarca 15 países. El resultado total del ICD de cada país aparece en la parte superior y se desglosa en las cuatro categorías de corrupción. Cada cuadro coloreado representa el tipo más dominante. Ahora podemos comparar no solo los niveles agregados de corrupción percibida, sino también el tipo y configuración de la corrupción en los diferentes países.

Una comparación reveladora se produce entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, en general, es menos corrupto que China, pero la brecha se achica al máximo en la categoría de dinero de acceso, el tipo dominante de corrupción en ambos países. En particular, la calificación de dinero de acceso de Estados Unidos es más alta que la de países de ingresos más bajos como Tailandia y Ghana. Si nos basáramos exclusivamente en calificaciones generales, llegaríamos a la conclusión de que Estados Unidos está limpio. Pero cuando se desagregan las calificaciones, podemos explicar el atractivo de las promesas populistas de “drenar el pantano”.

Aún más interesante es el hecho de que, en Estados Unidos y China, prevalecen diferentes formas de dinero de acceso. En una comparación basada en una viñeta sobre aceptación de sobornos a través de las redes personales de los políticos, China domina claramente. Sin embargo, cuando pasamos a prácticas de “puerta giratoria” y captura regulatoria a través del lobby, Estados Unidos pasa a ocupar la delantera.

En resumen, el dinero de acceso en Estados Unidos es principalmente institucional, mientras que el problema en China sigue enredado en relaciones personales que involucran sobornos y pilas de dinero escondido. China no necesariamente es más corrupta que Estados Unidos, pero su corrupción ciertamente tiene una calidad diferente.

Una mala medición de la corrupción no es un simple tecnicismo. Esencialmente, refuerza el mensaje ilusorio, hipócrita y muchas veces eurocéntrico de que los países de altos ingresos han alcanzado un estado duradero de pureza ética. En realidad, la corrupción no necesariamente desapareció cuando los países se volvieron más ricos -más bien, evolucionó, volviéndose más sofisticada e imperceptible.

Debemos seguir combatiendo la “corrupción de los pobres”. Pero, al desagregar la corrupción, las democracias capitalistas también pueden dirigir la atención necesaria, de manera urgente, hacia algunos de sus problemas más apremiantes, entre ellos la creciente desigualdad, la caída de la confianza pública en el gobierno y lo que la administradora de USAID, Samantha Power, llama “corrupción moderna” (como las redes transaccionales de finanzas ilícitas). Superar estos desafíos exige medirlos con precisión, y no hacer de cuenta que no existen."

(Yuen Yuen Ang, Professor of Political Economy at Johns Hopkins University. Revista de prensa, 26/03/24. Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.)

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial. En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021. En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’. FROB El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR). El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

Los grandes fondos se convierten en máquinas masivas de blanqueo de capitales

 "En las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares. Los fondos de inversión privados son vulnerables al blanqueo de capitales porque contienen una variedad de factores de riesgo estructurales que ayudan a camuflar comportamientos ilícitos.

En 2020, un boletín filtrado del FBI encontró que los delincuentes y las grandes fortunas estaban usando «fondos de colocación privada, incluidas inversiones ofrecidas por firmas de capital privado y fondos de cobertura, para eludir los programas anti blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés) de otras instituciones financieras y blanquear dinero».

Un informe de Global Financial Integrity (GFI) «Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica», al que Diario16 ha tenido acceso, examina los factores de riesgo de blanqueo asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica. Analiza el circulo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales usados para mover dinero ilícito. La proximidad geográfica, económica, histórica y cultural de la región con los Estados Unidos las políticas norteamericanas siempre hayan tenido un impacto significante en Latinoamérica.

El 54% de los casos de lavado de dinero en bienes raíces se encontraban vinculados a fondos ilícitos de la región de Latinoamérica. «En el imaginario popular, las capitales mundiales del blanqueo son países pequeños con historias de leyes financieras laxas y secretas. Pero hay un buen argumento de que, en este momento, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es en realidad Estados Unidos», dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en 2021.

El nuevo informe de GFI proporciona una serie de estudios de casos y analiza la regulación ALD de los fondos de inversión privados en Brasil, México, Chile y Argentina.

Brasil sigue siendo el mercado de inversión privada más grande de Latinoamérica. Las estimaciones de Preqin, una base de datos de activos alternativos, revelan que alrededor de 38.000 millones, o el 44% del total de activos bajo gestión en América Latina, se concentra en Brasil, un país donde el Santander es uno de los principales bancos. Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, una tendencia particularmente interesante que ha surgido en el espacio de los fondos de inversión privados brasileños es la participación de las oficinas familiares en las inversiones generales.

Según Tom Cardamone, presidente de GFI, «A pesar de la escala de la riqueza bajo gestión, las ‘oficinas familiares’ tienen poca o ninguna supervisión regulatoria en la mayor parte del mundo. Esto es especialmente preocupante dado el estrecho vínculo entre la riqueza y la corrupción en muchas partes del mundo. La naturaleza no regulada de estos fondos los convierte en un vehículo particularmente útil para enmascarar los beneficios de la corrupción o el lavado de dinero».

Además, el informe utiliza una serie de estudios de caso para resaltar cómo existen riesgos de blanqueo, corrupción y crimen organizado en los fondos de inversión privados en América Latina.

Los factores de riesgo incluyen una base de clientes a menudo compuesta por personas adineradas, incluidas personas políticamente expuestas, una estrecha relación entre los grandes gestores de fondos y sus clientes, el uso de empresas pantalla y fideicomisos para gestionar inversiones, tercerización de operaciones y gestión de riesgos, poca transparencia en torno al origen de la riqueza y los fondos, y estructuras de inversión que pueden incluir múltiples cuentas en diferentes jurisdicciones, incluidos paraísos fiscales, con fondos moviéndose a través de una cuenta de concentración.

El informe, además, ofrece una serie de importantes recomendaciones:

• El nuevo gobierno brasileño, que tiene los mayores AUM en la región, debe ser el primero en adoptar regulaciones ALD que aborden riesgos futuros cuando surjan. Igualmente, los reguladores deben reflexionar sobre la estructura de las oficinas familiares y realizar una evaluación de riesgos del sector.
• Las autoridades latinoamericanas deben buscar regular a los intermediarios y a las profesiones sobre debida diligencia ALD/CFT, ya que son fundamentales para permitir que el dinero ilícito se mueva a través del sistema financiero dentro de la región, pero también para que se invierta en fondos de inversión privados en el extranjero.
• Los Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, Malta y otros países dentro de la UE deben realizar una evaluación sólida del riesgo de lavado de dinero de sus sectores de fondos de inversión privados.
• Las autoridades del orden latinoamericanas involucradas en investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado deben recibir capacitación sobre las complejidades de los fondos de inversión privados y la forma en que pueden usarse para ocultar activos ilícitos."                 (J. A. Gómez, Diario16, 31/12/22)

Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

 "Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

En el caso de las cláusulas abusivas, el Santander tiende a retrasar los litigios todo lo que puede porque sabe que, al final, le va a tocar devolver el dinero a los clientes a los que colocó esas cláusulas ilegales.

Un ejemplo de ello es lo que sucede con las cláusulas suelo, y eso que hay doctrina del Tribunal del Supremo que determinó que era una práctica abusiva y, en consecuencia, ilegal, por lo que todas las entidades bancarias están obligadas a devolver lo cobrado de más tras la caída del Euribor.

Sin embargo, el Santander es como los falangistas y actúa inasequible al desaliento, litigando y litigando, llevando las reclamaciones a juicio, recurriendo y no pagando hasta que el cliente estafado reclama una ejecución de la sentencia.

Los datos oficiales demuestran cómo el Santander, con esta estrategia, está colapsando los juzgados y, en consecuencia, está impidiendo que se haga justicia…, cuando se hace. Según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en los juzgados de la Comunidad de Madrid hay abiertas 70.027 causas de cláusula suelo. Fuentes judiciales consultadas por Diario16 señalan que más de 30.000 corresponden a Banco Santander. Es decir, un 42,9%.

Esto sólo es posible por la estrategia de litigación irresponsable que aplica el Santander. Abogados especialistas en cláusulas abusivas han confirmado a Diario16 que el Santander siempre va a juicio, independientemente de si la cantidad reclamada por los clientes es grande, mediana, pequeña o ínfima. «Nos llevan a juicio hasta por reclamaciones de comisiones de apertura que no llegan ni a los 500 euros», señala a este medio una letrada.

Si el Santander pierde en primera instancia, recurre a la Audiencia Provincial correspondiente y aquí se produce una verdadera crueldad: cuando la sentencia es favorable a los clientes, les obliga a reclamar la ejecución de la sentencia, por lo que se demora el tiempo para recuperar el dinero.

«Es todo lo contrario de lo que ocurre con el BBVA», sentencian las mismas fuentes consultadas.

Esta actitud del Santander ha sido condenada, incluso, por los tribunales en varias ocasiones. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona, en una sentencia sobre cláusulas hipotecarias abusivas, además de condenar a la entidad a devolver las cantidades cobradas de más, señaló que «la postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición».

Más recientemente, en 2022, fue la Audiencia Provincial de Barcelona la que condenó en costas por temeridad, ya que «el consumidor formuló reclamación con más de un año de antelación a la interposición de la demanda y no obtuvo respuesta alguna del banco».

A pesar de estas condenas, el Santander sigue adelante con esta estrategia de litigación irresponsable que está colapsando los juzgados y, según denuncian distintos juristas consultados, puede conculcar, incluso, la Constitución española, al impedir el normal desarrollo del derecho a la Justicia de la ciudadanía. Pero eso, al Santander, le da exactamente igual.

«Cuando el sistema está ideado para defender al grande y al poderoso y no para aplicar el principio de igualdad procesal el pequeño siempre tiene todas las de perder y de eso se valen las grandes corporaciones. Es David contra Goliat. Cuando se declara que un producto es ilícito, el Banco de España debería a obligar a todas las entidades a eliminarlo sin necesidad de que cada cliente acuda a los juzgados. De esa manera se eliminaría el exceso de litigiosidad que demora la Justicia y que es provocado por las grandes corporaciones», denuncia a Diario16 un letrado que conoce la estrategia de litigación del Santander.

Archivos rápidos o alargamientos artificiales

Sin embargo, cuando los asuntos a los que se enfrenta el Santander pueden sacudir su línea de flotación, los tiempos se recortan mucho. La presunta gran influencia que tienen sus abogados sobre los jueces de determinadas instancias u organismos judiciales provocan que las causas se archiven muy rápidamente o que, directamente, sean sobreseídas obviando, incluso, informes periciales de organismos oficiales.

El caso de blanqueo de capitales, instruido por el juez Pedraz, es un ejemplo de esto último. La causa la había llevado durante varios años el juez De la Mata y había reclamado al Banco de España un informe pericial sobre si el Santander formaba parte de una red de blanqueo de capitales junto a BNP y HSBC. De la Mata marchó a Eurojust y fue sustituido por Pedraz quien, en menos de un mes, ya había sobreseído la causa y absuelto al Santander.

La ocultación de 2.000 millones de euros por parte de la familia Botín en Suiza también tuvo un recorrido judicial muy corto, ya que el juez Fernando Andreu lo resolvió con el pago de la multa correspondiente y no inició actuaciones judiciales contra quienes habían reconocido una evasión fiscal de libro.

En otros casos, los tiempos de la Justicia se han acomodado a los intereses del Santander. Si interesa que se alargue, como sucede con el Caso Popular, se alargará. Si se topan con fiscales o jueces que pueden condenar, se crearán doctrinas «ad hoc» para salvarlos. Si, directamente, el golpe que pueden sufrir afecta a su presidenta o a la cúpula del banco, entonces se archiva."                (Esteban P. Cano, Diario16, 10/10/23)

Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”... Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad

 "La dirección de Banca Privada d’Andorra (BPA) pilotó una hoja de ruta para encubrir los secretos inconfesables de sus clientes, ocultar información financiera a las autoridades y garantizar la seguridad “fiscal y penal” de esta entidad, intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela.

Así lo confirman decenas de correos de exempleados incluidos en un informe elaborado en junio de 2022 por la auditora y consultora PwC. Los mensajes desnudan los métodos ilegales para captar clientes en América, la transferencia irregular de centenares de millones a Andorra a través de tinglados societarios opacos y el envío prohibido de tarjetas Visa a algunos clientes, entre otras irregularidades.

Con 7.000 millones gestionados, la dirección de la que fuera la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79.000 habitantes entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario, conocía la operativa y calificó por escrito estas maniobras: “Delito”, “ilegal”, “tapadera” o “situación irregular”, según recogían unas misivas, que también advertían de las consecuencias de este modus operandi: “Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años”.

Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, califica a la entidad como “modélica” y afirma que operaba “en la legalidad”.

Argentina, México y Uruguay

Los mensajes del informe de PwC revelan cómo los extrabajadores de las filiales del banco en Argentina, México y Uruguay transportaban la documentación sensible de sus clientes en maletas y fundas de ordenadores portátiles. También, cómo temían inspecciones de reguladores y auguraban que podrían acabar “en la cárcel”. “300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar”, pronosticaba en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.

En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que se encontraba Laplana, una empleada se mostraba en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es más delicado. Quien tenga miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detienen, es delito penal, seas residente donde seas”, apuntaba. Otro mensaje de diciembre de 2011 reconocía las anomalías en Latinoamérica: “En Uruguay estamos en una situación irregular que puede comportar sanciones económicas de hasta 300.000 dólares e inhabilitación de hasta 10 años”.

Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para mantener a buen recaudo la información de clientes que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen del dinero. La divulgación de esta información comportaba —según otro correo— “un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección”. “Cada mes, tengo que decidir cómo sale la documentación, si en mi maleta o en la de alguno de los directivos de la BPA a los que le enchufo todo lo que puedo cuando pasan. A todos, sin excepción”, reconocía en julio de 2009 otro antiguo empleado de esta entidad financiera a la que recurrió el clan del expresidente catalán Jordi Pujol para refugiar más de cinco millones entre 2006 y 2015.

Junto a las casas de cambio, otro de los sistemas empleados para transferir el dinero de América a Andorra fueron los entramados societarios opacos. Tinglados que canalizaban los fondos desde sociedades panameñas creadas por el banco. La mecánica se desarrollaba “sin documentación justificativa (a veces fabricada ad hoc)”. Y, según los auditores, tenía por objeto “dificultar la trazabilidad”. “El origen y el destino final de los fondos eran desconocidos”, concluyen.

Para evitar filtraciones, un empleado propuso en septiembre de 2009 un plan. “Ir sacando [la información] y, ni locos, guardarla aquí o tener un escondite, con un montón de fajos. Si nos los encuentran un día, porque me siguen, por goteras del vecino, estamos muertos [sic]”, sugirió el trabajador.

Y es que la eventualidad de una fuga de datos llegó a convertirse en una obsesión. “Decisión de la dirección del banco, destruiremos los discos duros”, reconocía en enero de 2011 un trabajador. “Quiero estar todo el día en la oficina con el informático para borrar y triturar todo lo que haga falta”, añadía otro en junio de 2010. “Quiero hacer una consulta sobre un botón que lo borra todo”, añadía un tercero.

Formateo de información sensible

El análisis de los correos confirma que las órdenes venían de arriba. “A petición de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA y exmiembro del comité de cumplimiento], hay que proceder a la destrucción física, además del formateo previo, de los discos duros que hay en la oficina de Argentina”, remataba otro correo. En enero de 2011, un empleado enmarcaba el borrado de los discos duros en una táctica para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la plantilla. “Sería conveniente hacer lo mismo que hicimos en México, poner una nueva base de datos, y avisarles de que no guarden ningún correo”, desvela otra comunicación.

Las cautelas de exempleados, comunicadas en copia a la dirección, pretendían ocultar las presuntas prácticas de blanqueo que el banco prestaba a grupos criminales. La BPA tuvo como clientes a la trama Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según los documentos.

Los empleados reconocían en sus misivas las malas praxis. “Sería falsificar documentación... que es lo de siempre”, señaló un trabajador.

Los nuevos correos que contiene el informe de PwC forman parte de una querella contra la BPA presentada por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra que fue admitida a trámite el pasado marzo. Los mensajes revelan supuestamente que el banco trabajó para ocultar el dinero del delito y “fondos de origen dudoso”. Y que la plantilla conocía su procedencia. “Toda la plata sale de las subvenciones estatales. En lugar de invertir [los fondos] en el país, los sacan fuera para que se pierda el control. No sé de dónde saca M. estos clientes con vinculaciones políticas tan evidentes”, indicó un trabajador de BPA Argentina en octubre de 2009. “En este caso, al parecer, hay un lío de comisiones a alguien del Gobierno”, recogía otro correo.

Dinero sucio de la corrupción

La BPA fue también presuntamente el destino del dinero sucio de la corrupción. “En 2010, se les coló una transferencia de unos 300.000 dólares, que resultaron ser coimas [sobornos] de Ricardo Jaime”, admitía un mensaje de marzo de 2012. Jaime fue un secretario de Transporte de los gabinetes de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner condenado por corrupción.

Una trabajadora de la institución financiera reconocía tener constancia del pago de un soborno de 250.000 dólares a un juez federal argentino para que frustrara unas pesquisas contra la entidad. “En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA”, indicaba esta empleada en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto Xavier Campos.

“En compliance (cumplimiento) sabemos muchas cosas, la cuestión es si las tenemos documentadas ante una inspección y la respuesta es no”, alertaba otro correo.

El informe de PwC revela que de la mala praxis recogida en los correos fue posible gracias a la cúpula de la entidad. Y destaca cómo bancos corresponsales como JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Stanford y el Commerzbank de Fráncfort renunciaron a seguir trabajando con la BPA entre 2010 y 2014 por la entrada de fondos de origen dudoso. “Las presuntas prácticas irregulares se realizaron bajo el conocimiento, intervención y consentimiento del director general de la entidad y de determinados miembros de la alta dirección de la BPA”.

Por este motivo, los principales directivos del banco están imputados por blanqueo en distintas causas en Andorra. El que fuera responsable de la entidad en México, Joan March Masson, figura como investigado en las pesquisas contra Juan Ramón Collado, abogado Enrique Peña Nieto, presidente de este país entre 2012 y 2018; el exjefe del área internacional Pablo Laplana está encausado en la pieza principal. Y el que fuera CEO del banco, Joan Pau Miquel, figura también como imputado en la causa que indaga la red de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Higini Cierco: “La BPA era un banco modélico que operaba en la legalidad”

Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), responde a El PAÍS que el documento de la auditora PWC es un “informe de parte” encargado por el Gobierno de Andorra. Se trata –dice- de “un nuevo intento para justificar la expropiación ilegal de BPA”. Cierco califica al banco de “modélico y rentable” y añade que operaba “con rigor y dentro de la legalidad”. 
“El informe hace referencia a asuntos no relacionados con la nota de FinCEN, que fue utilizada por el Gobierno para nacionalizar el banco en 2015. La BPA reportó todos los clientes considerados posiblemente problemáticos a las autoridades pertinentes, de conformidad con la normativa andorrana. Los esfuerzos de los accionistas y empleados por mejorar las normas contra el blanqueo fueron reconocidos por los tribunales españoles cuando examinaron el asunto en 2019”. 
Cierco afirma que la intervención perjudicó a 700 familias, a trabajadores de BPA y a empleados de la filial española, Banco Madrid. Sostiene que la medida también fue negativa para cientos de clientes y accionistas. “Perdimos en la expropiación ilegal unos 500 millones de euros”, indica.  
En su opinión, la medida contra el banco fue el resultado de “una nota verbal de la embajada de Estados Unidos en Madrid que coincidió con oscuros intereses (del Gobierno del PP) para obtener información de clientes concretos de BPA”. Se refiere a las cuentas andorranas del clan Pujol [la familia del expresidente de la Generalitat ocultó entre 2006 y 2015 más de cinco millones] y el intento de miembros de la denominada policía patriótica de obtener esa información.  
Cierco fue citado a declarar, a petición propia, en la Comisión de Investigación del Congreso que investiga las actuaciones irregulares de varios mandos policiales. "           (José María Irujo , Joaquín Gil , El País,  03/07/23)

Amigos de Feijóo utilizan las amenazas y la extorsión para facturar millones de euros... El despacho de abogados Medina Cuadros, fundado por Manuel Medina, realiza recobros para, entre otros, Banco Santander, con un método de captar deudas en los que se utilizan argumentos basados en la manipulación, la falsedad, la coacción e, incluso, la extorsión

 "Alberto Núñez Feijóo ya ha tenido polémicas con sus amistades en el pasado. No hay más que recordar las famosas fotos en el barco del narcotraficante Marcial Dorado. Sin embargo, las amistades del candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno siguen siendo «peligrosas» y pueden traer consecuencias gravísimas para la ciudadanía si Feijóo llegara a la Moncloa.

Manuel Medina es un abogado jienense, fundador del bufete Medina Cuadros. Además, escribe libros, y en las presentaciones de éstos se rodea de importantes personajes como Margarita Robles, Florentino Pérez, Baltasar Garzón, Dolores Delgado, Fernando Andreu, Santiago Juan Pedraz, Ángel Corcóstegui, Juan Manuel Cendoya (Banco Santander), Enrique López, Enrique Cerezo, José Luis Martínez Almeida, José Luis Ábalos o Cándido Méndez, entre muchos otros.

El último libro, titulado Pasión por vivir, fue prologado y presentado por Margarita Robles, junto a Alberto Núñez Feijóo. Medina es un muy prolífico a la hora de escribir libros en los que, en ocasiones, pondera las bondades (aunque no las tengan) de sus amigos, sus benefactores o sus posibles clientes. Hay que recordar que, incluso, llegó a publicar un ejemplar en el que justificaba la resolución del Banco Popular.

En prácticamente todas las presentaciones de Manuel Medina está Alberto Núñez Feijóo e, incluso, en el libro El éxito de la humildad, tiene un capítulo dedicado en exclusiva al actual líder del PP. En él, Medina dice cosas como que «según nos conocemos cada vez más me recuerda a él [por Adolfo Suárez]; sus gestos, sus expresiones, sus ideas y sus afanes son iguales o muy parecidos a los de Adolfo. Él es Alberto Núñez Feijóo, un hombre sencillo, humilde, inteligente y amigo de sus amigos».

En este capítulo hagiográfico del actual líder del PP, el abogado Medina afirma que «nunca ha hecho comentarios que puedan dañar a alguien. Es el prototipo de gallego por excelencia, de los que no se sabe si va o vuelve, pero con él se está seguro de su cercanía y su afecto. […] Alberto Núñez Feijóo es uno más de esos soñadores que nos perdemos por la provincia de Jaén y junto a un olivo valoramos la velocidad del nublo, la afluencia de la lluvia, los cuartos menguantes y crecientes de la luna y la humedad relativa del aire. Somos observadores de lo simple y soñadores de lo grande». Y así todo el capítulo…

Manolo Medina y Villarejo

El bufete Medina Cuadros pasó del anonimato cuando se supo que en sus instalaciones se celebraron reuniones y comidas con las que estuvo presente el comisario Villarejo, como la que se celebró con Pablo Casado en el año 2015.

En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron unas notas en una libreta en las que aparecía el nombre del abogado Manuel Medina.

Según publicó InfoLibre, las reuniones y comidas organizadas en las instalaciones del bufete Medina Cuadros y la presencia de Villarejo provocaron que un alto cargo del Tribunal Supremo se quejara al propio Medina de que el excomisario participara de estos eventos.

Por otro lado, distintas fuentes de demostrada solvencia consultadas por Diario16 han señalado que en reuniones profesionales organizadas por Medina en las instalaciones de su bufete, los móviles quedaban inutilizados y no se reactivaban hasta que volvían a salir de las oficinas.  

Recobro de deudas: extorsión, coacción, amenazas y mentiras

En España hay cientos de despachos de abogados que se dedican a luchar contra las cláusulas abusivas de los bancos, enfrentándose en desigualdad de condiciones contra un sistema judicial diseñado, precisamente, para proteger a los fuertes y dejar desamparados a los débiles.

El bufete Medina Cuadros, fundado por Manuel Medina, el amigo de Feijóo, hace lo contrario y lucha para que los humildes paguen hasta la última gota de sangre a las grandes compañías. Y lo hacen aprovechándose del analfabetismo judicial de la mayoría de los ciudadanos, a través de la extorsión, la coacción, las mentiras y la manipulación.

Diario16 ha tenido acceso a una carta remitida por el despacho fundado por el amigo de Alberto Núñez Feijóo en el que se reclama una microdeuda inferior a 400 euros.

«Habiendo recibido un informe de solvencia positivo a su nombre, si en un plazo no superior a SIETE DÍAS desde la recepción de este escrito usted no procede al pago de […] euros, sin más tardanza procederemos sin ningún aviso más por nuestra parte a reclamar judicialmente este importe con los perjuicios que esto le ocasionará con el consiguiente embargo y subasta de sus bienes para saldar la deuda con mi cliente. Igualmente le anexamos borrador de la demanda que ya tenemos preparada para su presentación en caso de que incumpla este último plazo», señala la carta.

En este caso, según indican nuestras fuentes, es absolutamente imposible que hayan tenido acceso a ningún informe de solvencia de la persona a la que el bufete fundado por el amigo de Alberto Núñez Feijóo le reclama la deuda.

La carta aplica métodos de extorsión al afirmar que se iniciarán acciones judiciales que determinarán el embargo y la subasta de los bienes de la persona a la que el bufete fundado por el amigo de Feijóo reclama una cantidad ridícula inferior a los 400 euros. Esto es falso y lo que pretende es meter el miedo a la gente aprovechándose de que no conocen cómo funciona la reclamación legal de deudas.

Al ser una cantidad tan pequeña, tras la resolución de un proceso monitorio, la persona a la que se le reclama la deuda puede oponerse a la misma, lo que derivará en el archivo del mismo y en la apertura de un juicio verbal. Ahí las partes darán sus argumentos ante el juez quien dictará sentencia. En un caso como este, el embargo no sería de bienes, sino económico, es decir, de ingresos (salario o pensión) hasta cubrir la totalidad de la deuda, embargo que se aplicaría sólo a partir de lo que la persona perciba por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, por esa cantidad no le iban a embargar la casa o el coche.

Por otro lado, el juez tendrá que verificar si la deuda está prescrita o no, si es lícita o no, si es real o no antes de dictar una sentencia favorable a quien reclama.

Además, en la carta se indica un número de cuenta de Banco Santander para ingresar el dinero de la supuesta deuda. Sin embargo, la cuenta no pertenece al cliente de Medina Cuadros, sino que es del propio bufete.

Este despacho de abogados factura millones de euros recobrando esas pequeñas cantidades a personas que se asustan al recibir este tipo de cartas y que rebuscan bajo las piedras para pagar, incluso, deudas que no existen o que ya están prescritas."           (J. A. Gómez, Diario16, 09/06/23)

Golpe judicial a Caixabank, Sabadell y BBVA por utilizar de forma fraudulenta los créditos ICO... Un juzgado de Pontevedra anula los pagos hechos a su favor para saldar las deudas de un cliente en riesgo de insolvencia... Es bastante probable que haya otros casos similares, por lo que puede iniciarse una oleada de demandas y recursos por todo el territorio

 "Varapalo judicial a Caixabank, Banco Sabadell, BBVA por la utilización fraudulenta de los créditos ICO concedidos a uno de sus clientes para hacer frente a los efectos económicos de la Covid-19. El Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra ha anulado la operación diseñada por estas tres entidades consistente en utilizar estos importes para amortizar las deudas que mantenía con ellas la empresa solicitante, en serias dificultades financieras y a un paso del concurso. De esta forma, los bancos se aseguraban el cobro y tapaban los agujeros de forma ventajista.

El juzgado condena a las entidades financieras a devolver las cantidades recibidas (100.000; 277.565 y 197.478 euros, respectivamente) y ordena la inclusión de los correspondientes créditos en la masa activa del concurso (constituida por la totalidad de los bienes y derechos del patrimonio de la empresa a la fecha de la declaración de concurso). Además, rebaja la categoría de las deudas por la mala fe de los bancos y las califica de subordinadas (lo que quiere decir que solo se cobrarán después de que lo hagan los acreedores ordinarios). Estos fallos abren una nueva vía de conflictividad para los bancos. Es bastante probable, según fuentes del sector consultadas por Cinco Días, que haya otros casos similares, por lo que puede iniciarse una oleada de demandas y recursos por todo el territorio.

 Las tres sentencias, de fecha 1, 2 y 3 de julio (cuyos textos puede consultar aquí, aquí y aquí), estiman la demanda presentada por el administrador concursal de Almacenes Celso Míguez, una fábrica de pinturas en liquidación. El juez, Manuel Marquina, reprocha a las entidades condenadas que se aprovecharon de los préstamos ICO concedidos a la mercantil para tapar exclusivamente los agujeros que esta empresa tenía con ellas, vulnerando así el derecho de los demás acreedores a cobrar en igualdad de condiciones. Además, considera que es una operación fraudulenta porque el Real Decreto Ley 8/2020 (que aprobó una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros) tenía por objeto “ofrecer liquidez a los empresarios para que estos pudiesen afrontar gastos derivados de su actividad mercantil”, y no “ofrecer a las entidades bancarias nuevas garantías que cubriesen deudas”, afirma el magistrado. Es cierto que la ley permitía aplicar estos importes al pago de créditos, señala, pero de deudas “vencidas y exigibles”, requisitos que no cumplían todos los pagos ahora anulados.

Para el abogado y administrador concursal que impugnó las operaciones, Julio Rafael Fernández Maestre, son unas resoluciones impecables desde el punto de vista jurídico. “Aplican correctamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la rescisión de actos unilaterales de disposición del deudor”, explica. Aunque aún no son firmes, ya que lo más probable es que los bancos recurran, el letrado considera que el magistrado deja bien atada la argumentación jurídica “dando respuesta a todas las cuestiones planteadas por los bancos, que son rechazadas motivadamente”. No se atreve a pronosticar lo que pasará en la batalla judicial, pero cree que “desde una perspectiva exclusivamente jurídica” las sentencias deberían ser confirmadas.

Situación de insolvencia

El magistrado tiene muy en cuenta en sus fallos la precaria situación financiera que atravesaba la empresa, de la que eran conocedoras las entidades bancarias. Todas las operaciones, indica, se llevaron a cabo cuando esta “se encontraba en un claro estado de insolvencia, que se remontaría a los primeros meses de 2019”. Los bancos tenían gran cantidad de información al respecto, facilitada por la compañía para pedir los préstamos ICO. Incluso, señala el juez, sabían que había solicitado un ERTE para 80 de sus 90 trabajadores. Poco después, la empresa entró en concurso de acreedores.

Este conocimiento les daba, apostilla Fernández Maestre, una posición “de prevalencia y predominio”. De hecho, relata, los bancos requirieron por correo electrónico más información que la que exigía el propio real decreto ley regulador de los ICO. “Se hacía siempre bajo la premisa de que no otorgaría liquidez, la cual se prometía, si el deudor no les entregaba todos los datos o si no se realizaban los actos de disposición unilateral indicados por las propias entidades financieras”, afirma.

El dinero de los ICO llegó en junio de 2020 y se utilizó directamente para saldar las deudas que mantenía la empresa con las tres entidades financieras. Los bancos pasaron de esta forma, explica el juez, “de no tener más garantías que la solvencia de la propia concursada a contar con el aval del Estado”. La operación se realizó con un crédito tapadera, utilizado para que “no saltase a la vista que lo verdaderamente ocurrido habría sido una refinanciación”.

Fraude de ley

Según argumenta el magistrado en sus resoluciones, estas operaciones, diseñadas unilateralmente por los bancos, “habrían supuesto un perjuicio para la masa activa del concurso" y la vulneración de la par conditio creditorum (principio que significa que los acreedores entran al concurso en igualdad de condiciones para el pago de sus créditos). Se impidió que la nueva financiación obtenida por la concursada, avalada además por el Estado, "pudiese haber sido destinada a atender créditos vencidos de otros acreedores”. Y es que, apunta el abogado Fernández Maestre, “los bancos aprovecharon claramente la perspectiva que les brindaba el aval público, no simplemente para cancelar deudas financieras vencidas, sino para cancelar totalmente sus posiciones”.

El juez rechaza las alegaciones hechas por la defensa de los bancos (la empresa concursada aceptó la demanda). Las entidades adujeron que los pagos eran un “acto ordinario de la actividad” de la empresa concursada y que, en realidad, no vulneraron el principio de igualdad de los acreedores ni perjudicaron a la masa activa del concurso. Los bancos califican estas operaciones de “compensación” y rechazan haber actuado de mala fe, por lo que solicitan que no se degrade la calificación de sus créditos. Sin embargo, deja caer Fernández Maestre, “en ningún caso esta financiación benefició a la concursada”.

Rescisión de los pagos

El magistrado afirma en sus sentencias que las operaciones no son inatacables y que jurídicamente no se trata de una compensación o contrato bilateral sino de una disposición unilateral de los bancos. Tampoco puede considerarse, explica, un "acto ordinario" del deudor que no pueda rescindirse legalmente. Como reflexiona, la compañía no resultó beneficiada porque tuvo que emplear el dinero en cubrir las deudas bancarias “en lugar de atender los pagos a proveedores y trabajadores (con créditos sí vencidos y si exigibles, tal como resulta de la propia lista de acreedores), que es lo que mejor podía contribuir al sostenimiento de la actividad”.

Estas operaciones, agrega el juez, vinieron acompañadas “de una serie de agravantes que nos sirven para valorar la conducta y las intenciones” de las entidades financieras. Los pagos no fueron “fruto de la casualidad”, apunta. “Todo obedeció a una estrategia diseñada para lograr satisfacer un crédito no garantizado” de una empresa insolvente con los fondos con aval del Estado. Un plan que atenta contra el espíritu de la norma, según el magistrado: “De ningún modo se pretendía que, gracias la financiación avalada por el Estado, pudiesen las entidades bancarias que la gestionaban y concedían sustituir créditos no garantizados o menos garantizados que ostentaban antes, por otros créditos nuevos en que la mayor parte de su importe goza de la garantía del Estado”, explica.

Por todo ello, el juez estima la demanda interpuesta por el administrador concursal contra la empresa y las entidades bancarias, y acuerda la rescisión y la total ineficacia de los pagos, abonos, amortizaciones o cancelaciones realizadas a favor de los bancos. La sentencia condena a las entidades a restituir estos importes a la vez que reconoce a su favor un crédito subordinado por estas cantidades en el concurso de acreedores en marcha."             (Patricia Esteban, Cinco días, 12/07/23)

Los grandes bancos llegan a cubrir pérdidas gracias al dinero de la corrupción... Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares

 "El pasado viernes se conoció la multa de 124,9 millones de euros impuesta a Banco Santander por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) por graves y persistentes lagunas en los controles de blanqueo de capitales.

En concreto, según el documento de la FCA, al que Diario16 ha tenido acceso, entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Santander no supervisó ni administró adecuadamente sus sistemas de control de blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés), lo que afectó significativamente la supervisión de cuentas de más de 560.000 clientes comerciales.  

«Santander contaba con sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que estarían realizando. El banco tampoco supervisó adecuadamente el dinero que los clientes les habían dicho que pasaría por sus cuentas en comparación con lo que realmente se estaba depositando», afirmaba la FCA.

Si las estrategias contra el blanqueo de capitales se están endureciendo, ¿por qué los bancos lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen perfeccionando los métodos para eludir la ley? Muy sencillo, porque es muy rentable.

 Los bancos pueden aumentar sus resultados finales o cubrir pérdidas con las tarifas que cobran a medida que el dinero se mueve a través de las redes de cuentas que, a menudo, mantienen usuarios corruptos del sistema financiero. 

JPMorgan Chase, por ejemplo, obtuvo millones de dólares al servir como el banco de preferencia de Bernard Madoff, según consta los documentos presentados en el caso de quiebra generado por el colapso de su esquema piramidal de miles de millones de dólares.

Sin embargo, JP Morgan pagó en enero de 2014 2.600 millones de dólares a agencias estadounidenses para resolver las investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. El banco de inversión, no obstante, registró beneficios de más del doble de esa cantidad sólo en ese trimestre, 22.000 millones de dólares de beneficios en ese año. Madoff se declaró culpable y fue condenado a 150 años en una prisión federal, donde murió en abril de 2021.

Al ser rentable este tipo de operaciones, JPMorgan continuó, después de esas acciones de ejecución, moviendo dinero para personas involucradas en presuntos delitos financieros. Entre ellos, se puede contar el caso paradigmático de Jho Low, un financiero acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de malversar más de 4.500 millones de dólares de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Movió poco más de 1.200 millones a través de JPMorgan de 2013 a 2016.

Movimientos sólo en dólares

Diferentes agencias federales estadounidenses desempeñan un papel muy importante en los esfuerzos contra el blanqueo de capitales en todo el mundo, sobre todo porque los grandes lavadores de dinero utilizan el mismo sistema legal que muchos clientes bancarios que operan a través de las fronteras: mover dólares estadounidenses, la moneda global de facto, entre titulares de cuentas en diferentes países.

Los grandes bancos estadounidenses y europeos con importantes operaciones en Nueva York cobran comisiones por realizar este truco, aprovechando su acceso privilegiado a la Reserva Federal de Estados Unidos. Las operaciones estadounidenses de estos bancos también pueden ayudar a convertir el dinero local en dólares estadounidenses, otro objetivo clave del blanqueo.

 La ley estadounidense confía a los bancos la responsabilidad de prevenir el blanqueo, a pesar de que sus incentivos financieros van completamente en la dirección de mantener el dinero, sucio o limpio, en movimiento. Si bien los bancos están autorizados a detener una transacción si parece dudosa, no necesariamente se les exige que lo hagan. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa.

Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares.

El resultado de esto es que los bancos, con frecuencia, presentan informes de actividades sospechosas solo después de que una transacción o un cliente se convierte en el tema de un artículo de noticias negativo o una investigación del gobierno, generalmente después de que el dinero ya está blanqueado."                 (José Antonio Gómez , Diario16, 12/12/22)

La banca asume casi un millón de abusos hipotecarios entre confesiones y condenas

 "Una sentencia pionera de la Audiencia Provincial de Madrid ha abierto la puerta a que los afectados por cláusulas suelo que no recuperaron todo el dinero pagado ilegalmente de más a los bancos por el blindaje temporal que el Tribunal Supremo aplicó a sus causas sí deberían, en realidad, beneficiarse de la histórica sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) que estableció la retroactividad de las indemnizaciones a la fecha de comienzo de los abusos hipotecarios.

La sentencia llega cuando el sector bancario español ha admitido en cinco años, ya sea por confesiones propias o por condenas de los tribunales, que impuso a cerca de un millón de clientes cláusulas abusivas con las que les cobró más de lo debido por los créditos para la compra de vivienda que contrataron en sus sucursales.

Ese cerca de un millón de episodios de abusos hipotecarios sale de sumar dos cifras oficiales: los reconocimientos que las entidades han realizado durante los tramites derivados del 'decreto Guindos' y las sentencias condenatorias que acumulan en los juzgados.

La primera cifra incluye las 535.506 confesiones que figuran en el último informe que, a finales de 2018, hizo público la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Control de la aplicación del decreto, coordinada por el Ministerio de Economía y el Banco de España y hoy adscrita a Consumo. A esta cifra hay que añadirle parte de las 10.193 reclamaciones que la segunda de esas instituciones llegó a tramitar en los dos años siguientes, los últimos de los que hay datos en sus memorias.

La segunda cifra proviene de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cifran en 340.811 las sentencias emitidas por los juzgados españoles en asuntos de abusos hipotecarios, en las que los demandantes ven avaladas sus tesis en más del 95% de los casos.

Las casi 900.000 confesiones de y condenas por abusos hipotecarios suponen, en cualquier caso, una estimación por lo bajo por no contemplar las condenas anteriores a junio de 2017. A ellas se suma el hecho de que los registros del Poder Judicial no incluyen los autos con los que los magistrados cierran los asuntos en los que el banco se allana a las pretensiones de los demandantes sin llegar a juicio o en los que la causa acaba archivada como consecuencia de un acuerdo extrajudicial.

Los asuntos de abusos hipotecarios cerrados por auto superaron los 125.000 entre mediados de 2017, cuando comenzaron a operar los juzgados especializados en cláusulas suelo, y el cierre de 2020. El CGPJ no ofrece a partir de entonces en dato de las causas pendientes o en trámite.

Una puerta abierta para reclamar deudas de antes de 2013

Por otro lado, la sentencia emitida hace unos días por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid sienta una base para que, a falta de que el Supremo pueda confirmarla, matizarla o revocarla, puedan ser reabiertos muchos de esos casos cerrados antes de que el TJUE se pronunciara en diciembre de 2016.

La resolución revoca otra del Juzgado de Primera Instancia número 33 de la capital que desestimó la demanda en la que una víctima de abusos hipotecarios probados reclamaba a una entidad de crédito 15.293 euros pagados de más. Sucedió entre el inicio de la hipoteca en 2017 y el 9 de mayo de 2013, que es la fecha límite que el Supremo puso a las reclamaciones.

El juez concluyó que se trataba de una "cosa juzgada" que, como tal, no tenía por qué ser revisada. La Audiencia, sin embargo, recuerda que, de acuerdo con el TJUE, "la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula" sin limitaciones temporales.

"Aplicar el principio de cosa juzgada en el presente procedimiento", añade, "no supone sino una vulneración del principio de efectividad del derecho comunitario" que "hace imposible o excesivamente difícil garantizar la protección" que las normas de la UE dan a los consumidores.

"Esperamos que el Tribunal Supremo convalide esta interpretación jurídica porque se restablecería así la injusticia que supuso para muchos afectados quedarse con una sentencia firme sin poder reclamar las cantidades abonadas de más por la cláusula suelo", señaló Patricia Suárez, presidenta de Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), para quien "la Audiencia Provincial de Madrid restablece así una situación que era absolutamente injusta para miles de afectados".                  (Eduardo Bayona , Público, 16/05/22)