"Se nos llena la
boca hablando de competencia y armonización en España y esto lo tenemos
abandonado. Se ha ido creando la sensación de que solo hay offshoring en el Caribe, que lo hay, pero es más agresivo el que se produce dentro de la UE", señala Ruiz.
Tanto como para que
esas cuatro economías principales vean esfumarse cada año una cifra
casi cinco veces superior a través de los entresijos legales de sus
socios comunitarios (45.335 millones por 9.404) que en los paraísos offshore: 20.430 y 4.537 desde Alemania, 12.535 y 2.875 desde Francia, 7.609 y 990 desde Italia, y 4.761 y 9.404 desde España.
Las mil filiales en España de un país con el PIB de Euskadi
El balance particular de España apunta a la fuga de 1.714 millones por Holanda, país en el que distintas multinacionales españolas declaran beneficios por valor de 6.856 millones; otra de 1.583 millones en Luxemburgo por ganancias por valor de 6.333, y a una más de 1.034 en Irlanda por unos resultados netos de 4.128, mientras en el conjunto del offshoring extracomunitario la pérdida asciende a 1.002 millones por unos rendimientos de 4.007, la mitad de ellos en Suiza.
A las cifras de los tres grandes países comunitarios de impuestos low cost para grandes empresas se les suman otros Estados. Bélgica,
un país que decidió no gravar los dividendos como medio para captar
matrices de grupos transnacionales y que actúa como sumidero de otros
349 millones de euros del impuesto de sociedades español por la
localización allí de beneficios por valor de 1.397, fundamentalmente de
los sectores químico y farmacéutico. Chipre, que genera una erosión de cinco por ganancias de veinte. Y Malta, cuya mella alcanza los 75 por rendimientos de 301.
"Lo estamos
alimentando. Tenemos un problema cuando creamos la imagen de que la
rentabilidad no depende tanto de la calidad del producto como de la
creatividad fiscal para pagar los mínimos impuestos posibles", apunta la
responsable de justicia fiscal de Oxfam-Intermón, que llama la atención sobre los fluidos vínculos del sistema societario español con el de Luxemburgo.
Este país, cuya
actividad económica arroja como resultado un PIB que el año pasado
superó por primera vez los 70.000 millones de euros, similar al de Euskadi,
es el quinto por número de filiales de sus empresas en España: tiene
1.032, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), una
cifra que únicamente superan Alemania (1.454), Francia (1.343), EEUU
(1.269) y Reino Unido (1.166).
Esa vasta red de
sucursales luxemburguesas, que ocupan a 172.000 empleados y cuyo volumen
de negocio alcanzó en 2020, en plena pandemia, los 38.805 millones de
euros (equivale a más de la mitad del PIB del país) tras subcontratar
operaciones por 22.200, canaliza hacia las matrices radicadas en el
micro Estado una parte importante de los beneficios que esas firmas
obtienen en España.
El mecanismo, no obstante, opera también desde España hacia el exterior, donde las multinacionales españolas
mantienen una malla de 5.972 filiales que suman un volumen de negocio
de 187.963 millones y emplean a 714.652 trabajadores, también según los
datos del INE.
El informe país por país de la Agencia Tributaria,
cuya última edición se basa en los datos de 2019, ofrece algunas cifras
de interés para conocer el entramado internacional de las grandes
empresas españolas: las 124 cuya cifra de negocio global supera los 750
millones de euros declaran manejar 14.753 sociedades filiales, el grueso
de las cuales (9.810) tienen su domicilio fiscal en el extranjero.
Esa malla
societaria facilita que 23 de esos grupos acumularan ese año beneficios
por 160.620 millones de euros, por los que pagaron un impuesto de
sociedades de solo el 2,6%. Mientras que la presión fiscal general se
queda en el 16,7% y la de los que solo pagan fuera en el 9,2%, muy lejos
del 25% nominal de España en ambos casos y también en el segundo del
15% en el que el G-20 y la OCDE acordaron situar el tributo global a los
beneficios empresariales.
La elevada productividad por empleado en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda
Por otro lado, la Agencia Tributaria llama la atención sobre cómo "aumenta la brecha entre la localización de ingresos e impuestos"
de ese grupo de empresas, con una escala en la que el 64,5% de los
activos y el 55% de la facturación están radicados en España pero solo
declaran allí el 43% de su beneficio y "el 33% del impuesto que pagan". Y
también pone el acento en un dato: "Las mayores productividades por
empleado se concentran en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, en
todas ellas más de tres veces la productividad media".
"Luxemburgo es el país más utilizado por las empresas españolas, junto con el estado de Delaware
(EEUU)", indica Ruiz, que advierte de que "no hacer nada sobre este
sistema solo beneficia a los países y las sociedades que los aplican y
se benefician de ellos. El paraíso crea las condiciones, pero quien las
utiliza es la empresa".
La Comisión Europea tiene previsto actualizar el próximo 4 de octubre su lista de paraísos fiscales,
en la que no se prevé, ni de lejos, que pueda acabar siendo incluido
alguno de esos seis países europeos, a los que el informe de la Icrict
atribuye los siguientes registros: Irlanda importa el 61% de sus
ingresos por beneficios empresariales al localizar distintas empresas en
ese país ganancias por valor de 106.000 millones de euros; Bélgica, el
55% (46.000); Luxemburgo, el 49% (57.000); Holanda, el 28% (106.000);
Chipre, el 92% (19.000), y, por último, Malta, el 36% (12.000).
La deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales
Entre los seis
suman una deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios
empresariales que dejan de tributar en los países de origen de las
matrices de esos grupos multinacionales.
El impuesto global, que España, Alemania, Francia e Italia están dispuestos a aplicar mientras Polonia y Hungría
pretenden vetarlo como palanca para inclinar a su favor negociaciones
sobre otros asuntos en el ámbito comunitario, no entrará en el orden del
día de la reunión del Ecofín, el órgano que reúne a los ministros de
finanzas de la UE, convocada para octubre.
Este tributo
debería actuar como un mecanismo de compensación que acabara elevando al
15% la presión fiscal para las multinacionales, que pagarían en el país
de sus matrices lo que no acabaran desembolsando en el resto de áreas
en las que operan.
"Las grandes
empresas que operan a nivel transfronterizo y, sobre todo, las que están
muy digitalizadas se aprovechan de la actual inacción política,
mientras la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a una crisis del
coste de vida y muchos países en desarrollo y mercados emergentes se
enfrentan a una crisis de la deuda", concluye el informe de la Icrict
sobre las medidas fiscales de emergencia para hacer frente a la crisis
de inflación, en el que insta a los Estados partidarios del impuesto
global a "seguir adelante y considerar sus propias medidas alternativas,
formuladas si es posible de forma coordinada, para aplicarlas
activamente y sin demora"." (Eduardo Bayona, Público, 30/09/22)