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23.3.24

Los familiares de Ayuso

 "A la presidenta de la Comunidad de MadridIsabel Díaz Ayuso, le crecen los enanos. Aunque la líder regional trata de mantener esa imagen de fortaleza ante los escándalos por la que siempre se ha caracterizado, el caso de su novio, Alberto González Amador, parece la gota que rebosa el vaso. Pero a la noticia que ha ocupado la actualidad -y a la que ElPlural.com ha dedicado varias exclusivas- le acompañan otras informaciones aportadas por este medio respecto de los padres de la presidenta, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, o la cuñada, Alejandra T.B., que cada vez comprometen más a la responsable de Sol.

La vivienda nuda propiedad de Ayuso, fruto de una polémica donación

Ayuso es la única propietaria de una vivienda -a pesar de que ella asegura no disfrutar de ningún inmueble-, aunque está en nuda propiedad, es decir, que la posee, pero no puede hacer uso de ella.

Este inmueble, localizado en Chamberí -misma zona en la que vive con su pareja- es a su vez la sede de una sociedad denominada ‘Ayuso Lahoz S.L’, cuyo objeto social es el “comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico”, tal y como informó en exclusiva este periódico.

La casa, de 90 metros cuadrados, es fruto de una donación polémica de los padres de la presidenta, ya que el traspaso se produjo cuando una de las compañías familiares de los Díaz Ayuso, MC Infortécnica S.L, comenzó a no poder afrontar las deudas contraídas con la empresa semipública Avalmadrid. En otras palabras, el objetivo de la donación era que los acreedores embargaran el inmueble.

Los progenitores de la política consiguieron su objetivo ya que, en la actualidad, Ayuso sigue siendo propietaria del inmueble y los acreedores del mismo siguen sin cobrar, mientras que sus padres se quedaron el derecho del usufructo de una propiedad cuyo valor catastral está cifrado en 140.547 euros, aunque el valor de mercado es muy superior.

El ‘nuevo’ inmueble de Tomás Díaz Ayuso

ElPlural.com también ha podido saber en la última semana que el hermano de la presidenta dispone de una vivienda en régimen de alquiler en la que vive con Alejandra.T.B. El inmueble se encuentra en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, localidad que se puede considerar feudo del PP, ya que los populares tienen 16 de los 21 concejales existentes (Vox es segunda fuerza con 3 y el PSOE tercera con 2).

La vivienda -cuya dirección este medio no ha publicado para respetar la privacidad- tiene un valor estimado de alquiler de 2.000 euros y de 424.000 de compra, según el portal de compra y venta de vivienda Idealista, aunque los inmuebles de la zona rondan e incluso superan el medio millón.

El edificio de la presidenta disfruta de tres plantas, cuatro habitaciones y tres baños, así como jardín, trastero, garaje y 256 metros cuadrados de parcela, mientras que a la ubicación tampoco le falta lujo de detalle, pues le amparan complejos deportivos, áreas verdes, zona universitaria, el parque acuático Aquopolis o un campo de golf. Hay que destacar que Tomás Díaz Ayuso disfruta asimismo de un chalé de 700 metros cuadrados que tiene en la localidad de Sotillo de la Adrada (Ávila). Además, posee el 50% de una propiedad en Ugena (Toledo).

El entramado empresarial del hermano de la presidenta

El despliegue empresarial del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es para nada escaso, tal y como ha recordado este medio a colación de los hechos que se han ido destapando a lo largo de las últimas semanas.

El familiar de la líder regional se embolsó 1,5 millones de euros de beneficio por la operación de venta de 250.000 mascarillas de la Comunidad de Madrid que a él le costaron poco más de medio millón de euros. Según contaba en exclusiva ElPlural.com, Tomás Díaz Ayuso facturó solo en estos años 1.249.169 euros de manera ‘íntegra’ para él habida cuenta de que no tiene ningún empleado a su cargo.

En 2020 su volumen de negocio fue de 372.884 euros, una cifra que ascendió hasta los 420.580 euros un año después. Y el montante fue todavía superior en 2022, cuando el coronavirus daba sus últimos coletazos -pero todavía causaba estragos-, ya que al final de este curso el volumen de negocio del mayor de los Ayuso fue de 455.705 euros.

La compañía que medió en la compra de mascarillas es de sobra conocida -Priviet Sportive S.L-, aunque este medio ha publicado varias informaciones interesantes sobre ella como que recibió hasta siete subvenciones por dedicarse a la agricultura y la ganadería o 360.000 euros de dinero público procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entre 2020 y 2021.

Dejando a un lado el imponente volumen de negocio y los beneficios derivados de la comisión por la venta de mascarillas, el entorno de la líder regional ha logrado beneficiarse de, al menos, 23 contratos de la Comunidad.

Polémica plaza de funcionaria de la cuñada de Ayuso

Más leña al fuego. La cuñada de Ayuso logró un puesto de funcionaria mediante un proceso de selección que comenzó el 16 de agosto de 2023, con la inmensa mayoría de gente de vacaciones, y terminó tan solo ocho días después. El resultado es simple: ella fue la única que se presentó y, por lo tanto, logró la plaza.

En plena época estival, el Ayuntamiento precisamente de Villanueva de la Cañada publicó el día mencionado las bases para la “provisión de plaza de técnico medio de gestión, de administración general, mediante un nombramiento en comisión de servicios por motivos de urgente e inaplazable necesidad”.

El novio de la líder madrileña, imputado

Después de las mentiras y la defensa de Ayuso sobre su pareja, el pasado viernes González Amador fue imputado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un tercer presunto delito de falsedad en documento mercantil. Así lo remitía la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que abrió diligencias por estos hechos. De esta manera, deberá declarar como investigado con el resto de personas denunciadas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S."                 (Rubén Rozas, El Plural, 23/03/24)

19.3.24

Sibucu 360, la empresa de las mascarillas ‘fake’ de Feijóo y Ayuso que aumentó su facturación un 4.000% en pandemia

 "Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente un 4.000% en 2020.

Relacionado Los delitos que persiguen al hombre detrás de Sibucu 360, la empresa de las mascarillas 'fake' de Feijóo y Ayuso

Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.

Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019.

Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron

En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas” tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.

Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño contactaran con el Consistorio.  Así las cosas, Sibucu la sociedad fue la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2

 Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.

De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular, ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían distribuido 80 millones.

En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros, tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.

Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región.

Historia de Sibucu

Sibucu 360 S.L se constituye en 2014 como una sociedad clásica de tenencia de activos, pero más tarde iría ampliando su objeto social para incluir la inversión inmobiliaria o los servicios de consultoría, entre otras actividades de prácticamente cualquier tipo, como el comercio de productos de perfumería. Sin embargo, fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió disponer de la capacidad para importar material sanitario en el momento de máxima emergencia.

En 2018 se convierte en administradora única de la empresa de iluminación coincidiendo con la inhabilitación por fraude fiscal de José Ramón García, fundador de Blusens e impulsor de MoonOff -de la cual sería máximo responsable hasta el momento de su condena- y conocido por Feijóo.

Respecto del entonces responsable gallego, cabe destacar que la firma llegó a ofertar mascarillas un 15% más baratas que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. Lo que es lo mismo, la Xunta llegó a adquirir mascarillas por 50 céntimos la unidad.

Versión de Sibucu 360

Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha explicado a través de un comunicado.

Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus 2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección individual a administraciones públicas como comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.

A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.

En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia."               (Rubén Rozas, El Plural, 29/02/24)

18.3.24

Los negocios de la familia de Ayuso y del entorno de la presidenta de Madrid en el sector sanitario... Del ‘caso Avalmadrid’ a la investigación a su pareja por presuntamente defraudar a Hacienda

 "En julio de 2011, mientras se preparaba para debutar como diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vivía pendiente del email. Una compañía participada por su padre, un empresario con larga trayectoria en el sector sanitario, especializado, entre otras cosas, en la venta de instrumental y maquinaria, no estaba en disposición de devolver un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Avalmadrid.

Preocupada por las repercusiones que eso podía tener en el patrimonio de su familia, la hoy líder conservadora contactó con el ente avalista para pedir información, tal y como reveló EL PAÍS. Nacía el caso Avalmadrid, primero de una ristra de cuatro polémicas por los negocios de la familia y del entorno de Ayuso con el mundo sanitario que han culminado este martes al conocerse que su actual pareja, Alberto González Amador, ha sido denunciado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda en sus negocios (principalmente con QuirónSalud, según recoge la denuncia).

Caso Avalmadrid. Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión de investigación de la Asamblea, habría dado un trato “preferente” y “personalizado” a Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y, antes de cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad aceptó la donación del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.

La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid. “El inmueble no cumple la actual normativa urbanística”, advertían los tasadores tras visitar la nave del padre de Ayuso, que servía de principal aval, situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada (Ávila). “Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna”.

Cuando empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar, Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que había servido de garantía. Todo fue denunciado a la Fiscalía, que no observó delito alguno y archivó el asunto.

Caso Tomás Díaz Ayuso. Es 11 de noviembre de 2021. La oposición en bloque abandona el pleno de la Asamblea de Madrid para protestar porque se haya expulsado a la socialista María del Carmen López por decir lo siguiente sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y comisionista en el sector sanitario: “Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.

Para entonces, el PP de Pablo Casado llevaba meses investigando un contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet para lograr mascarillas durante lo peor de la pandemia a cambio de 1,5 millones de euros. El encargo fue concedido por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila). Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020, tras presentar un breve email con la oferta. A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada una. Como resultado, el hermano de la presidenta, que negó conocer el contrato, obtuvo una comisión de 234.000 euros.

Desde entonces, el caso ha sido desestimado por las Fiscalías española y europea, pues los investigadores no encontraron prueba alguna de tráfico de influencias (“ninguna indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que su hermano no era administrador o accionista de Priviet. En cambio, sus consecuencias políticas fueron de primera magnitud: le costó el puesto a Casado, que dejó paso a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP.

Sismédica. La presidenta regional es propietaria al 50% de la sociedad limitada Sismédica, según su declaración de bienes oficial, que recoge que el valor de la compañía es de 1.502,53 euros. El administrador de la sociedad es su hermano Tomás. La ocupación principal son los bienes inmuebles, aunque en su objeto social se incluye que también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”. La empresa no figuraba en la primera declaración de bienes de la presidenta regional en la Asamblea, que fue posteriormente rectificada para incluirla.

Caso González Amador. La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS.

El total de lo presuntamente defraudado a través de una trama de facturas falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón. Este grupo gestiona cuatro hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid ―Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba―. De Quirón proviene también la actual consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute."          (Juan José Mateo, El País, 12/03/24)

1.11.23

Fonsi Loaiza: «A caixa B do PP comezou con Fraga»... Os tentáculos de Florentino chegan a todos os eidos, porque desde que naces ata que morres hai por medio unha empresa súa: da escola infantil do teu fillo á residencia xeriátrica do teu pai, incluída a autoestrada que comunica ambas. Sempre pagándolle a el: a xogada mestra das privatizacións... non se pode entender a Jordi Pujol sen o 3% que pagaba Florentino a CiU... e Florentino quere a Ayuso para (que goberne) Madrid e a Feijóo para (que goberne) España

 "O xornalista ​​Fonsi Loaiza (San Fernando, Cádiz, 1990) é o azoute do poder establecido, aínda que a súa belixerancia esquerdista tivo un prezo: os linchamentos en redes sociais e as querelas xudiciais interpostas na súa contra. En Qatar. Sangre, dinero y fútbol (Akal), denuncia a venda coa que os gobernos e as empresas occidentais taparon gustosamente os ollos fronte a violación dos dereitos humanos nos Emiratos Árabes, sede do Mundial 2022.

«Florentino Pérez viaxará como todos os veráns a Galicia. Alí reúnese sempre con Rajoy e Feijóo. É un dos homes clave na caixa B do PP (galego), cun millón de euros de doazón. Cando un xuíz lle preguntou se financiara ao PP, dixo que lle molestaba a pregunta».  Florentino estivo participando de cheo nas tramas de corrupción do PP. Ademais de responder que lle molestaba a pregunta, díxolle: «Se me coñece, a min a xente non se atreve a preguntarme iso». O certo é que pagou 300.000 euros a un conseguidor da trama Púnica para que lle crease Diario Bernabéu, un medio de comunicación falso que contrarrestaba a información negativa do Real Madrid e do seu presidente. Mesmo extorsionaba ao seu adestrador, Carlo Ancelotti, para que xogase Gareth Bale a través dun xornalista que terminou en OKdiario, financiado por Florentino e dirixido por Eduardo Inda, a quen colocara como director de Marca. En definitiva, unha cloaca total. Por certo, ese xornalista interveu no Chiringuito, sucesor de Punto Pelota, que tamén controlaba Pérez: un nome que lle vén ao xeito (risas). E moitos traballadores de Real Madrid Televisión recalaron en LaSexta, pois Antonio García Ferreras fora director de comunicación do equipo branco.

No libro Florentino Pérez, el poder del palco (Akal), afirma: «O seu trato persoal co vicerrei Núñez Feijóo é inmellorable. Ambos chegaron xuntos á voda de Alberto Ruiz Gallardón en Santiago e nos veraneos comparten mesa na mariscaría O Badulaque con Rajoy e Bieito Rubido, no seu día director de ABC, na vila de Cedeira onde o seu irmán, Leopoldo Rubido, foi alcalde máis de trinta anos».  O caciquismo impónse, é tremendo. A caixa B do PP non se entendería a nivel estatal sen a que crearon en Galicia. É máis, a corrupción do PP parte do financiamento ilegal que empezou con Manuel Fraga. Aí entra en escena ACS, que comeza a realizar doazóns, ata o punto de que onde máis adxudicacións consegue Florentino é en Galicia. El comezara o seu despegue empresarial en Cataluña co 3% de Jordi Pujol, pero soubo ramificar a corrupción: o PSOE en Andalucía, o PP en Galicia, etcétera. Tamén tivo moi boa relación co PNV en Euskadi.

De feito, no libro comenta: «O crecemento da construtora Padrós (que presidiu Pérez) estenderíase a Galicia, comunidade da que é orixinario Juan Torres Piñón, natural de Ferrol, e onde coñecía de memoria o poder económico e local. Estas estruturas quedaron vixentes. Emilio García Gallego, capataz das obras públicas con Manuel Fraga e Xosé Cuíña entre 1990 e 1998, forma parte desde 2014 do consello de administración de ACS». Daqueles pos, estas lamas?  Florentino lévase fenomenal con Alberto Núñez Feijóo: son unlla e carne. E con Isabel Díaz Ayuso, tamén. E o alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, regaloulle un aparcadoiro subterráneo no Bernabéu, un pelotazo urbanístico considerable.

 A vostede cábelle o Estado de Florentino na cabeza.  Son moitos anos estudando a súa figura. En 2014, cando era bolseiro, deime de conta de que os que mandaban no mundo do deporte eran os que realmente mandaban na sociedade. ​​Os tentáculos de Florentino chegan a todos os eidos, porque desde que naces ata que morres hai por medio unha empresa súa: da escola infantil do teu fillo á residencia xeriátrica do teu pai, incluída a autoestrada que comunica ambas. Sempre pagándolle a el: a xogada mestra das privatizacións. É vergoñoso, porque logo as empregadas de Clece, un grupo multiservicio, no que 73.000 profesionais dan servicio a más de un millón de usuarios, traballan nunhas condicións moi precarias.

De feito, criticou que os directivos desa empresa, que xestiona residencias privatizadas de anciáns en Galicia, se vacinaran contra o coronavirus saltando os protocolos, mentres que «a administración non dixo nada».  A sombra de Florentino non só chega a Galicia, senón a todo o mundo, porque el entendeu que o Real Madrid podíalle abrir a porta aos seus investimentos internacionais.

No libro traza a evolución dos poderes políticos e económicos, desde o franquismo ata hoxe. Máis que unha ruptura, houbo unha transición.  O que distingue a Florentino é que non provén dunha gran familia, como os March.
Pero empezou a traballar con eles. El era un burócrata franquista que aprendeu a ser oportunista e arteiro con Juan de Arespacochaga, o que fora alcalde de Madrid, quen o meteu de concelleiro e o colocou na Asociación Española de la Carretera. Logo únese aos March e sobe á onda do daquela ministro socialista Carlos Solchaga, aquel que dixera: «España é o país no que é máis fácil facerse rico e en menos tempo».

 Afirma que non se pode entender a Jordi Pujol sen o 3% que pagaba ACS a CiU.  Florentino inicia a «operación Roca», aquel intento artificial de crear un partido de centro, como secretario xeral do Partido Reformista Democrático (PRD), apoiado por CiU. Curiosamente, Construcciones Padrós, vinculada á Banca Catalá dos Pujol, levaba as adxudicacións da Generalitat a cambio do pago de comisións. Aí empezou o seu despegue empresarial. Tras fracasar coa UCD, a intención de montar outro partido indicaba o interese que tiña pola política, co obxectivo de que a súa empresa obtivese contratacións de obra pública.

Nas eleccións xerais de 1986, el apenas obtén 194.500 papeletas: «É o partido político que menos votos sacou na historia da democracia por diñeiro investido nunha campaña electoral».  E o seu secretario xeral, a pesar dese fracaso, cos anos lograría ser máis poderoso que o presidente do Goberno. En cambio, hoxe non se atreve nin a convocar unhas eleccións no Real Madrid. Secuestrou ao equipo e non ten oposición, porque teme as urnas.
Imaxínao presentándose á Presidencia do Goberno?  Non. Á marxe dos seus precedentes en política, Florentino é un mal orador, non ten carisma e nos debates electorais do Madrid papábano. Con todo, uniuse a José María Aznar e a Miguel Blesa (entón presidente de Caixa Madrid) para quitarlle a Figo ao Barcelona, un dos grandes pelotazos da historia deste país. José María García denunciou esa operación e cortáronlle a cabeza.

Tivo medo de que lle cortasen a súa?  A eles córtanlles a cabeza porque son ricos e traballan en grandes medios de comunicación. Como eu non teño patrimonio nin propiedades, non me poden quitar nada, só silenciarme en certos medios ou censurarme en Twitter. Florentino é capaz de erguer o teléfono porque non lle gusta un pé de foto, aínda que non pode chamar a El País para que me corten a cabeza porque xa ma cortaron cando era bolseiro. Ou sexa, botáronme por ser unha voz crítica.

Comenta que Pérez non se leva ben con Santiago Abascal.  Unha vez comeron xuntos e o encontro terminou mal e durou moi pouco. Abascal estivo no palco de xogadores do Madrid, porque Sergio Ramos, Dani Carvajal e Nacho Fernández son de dereitas, pero Florentino prohibiu que baixase ao vestiario. Un exempregado do club díxome que o líder de Vox é a persoa coa que peor se leva. Con todo, ten boa relación con Iván Espinosa de los Monteros, quen estivo no palco. No fondo, sabe que lle interesa levarse ben co PSOE e co PP, e logo cunha parte de Vox.
Pesa máis o interese económico que a ideoloxía? Claro, o ideolóxico non lle importa. De feito, lévase moi ben con certa esquerda e Manuela Carmena apoiouno na Operación Chamartín e na reforma do estadio Santiago Bernabéu. Ela nunca quixo enfrontarse ao poder real, nin sequera para defender a uns titiriteiros. Resulta curioso que ao final acabase apoiando os pelotazos de Florentino cando no seu día foi a xuíza que ditou o embargo dos seus bens tras a disolución do Partido Reformista Democrático (demandado por unha empresa por falta de pagamento). Unha mostra de que a esquerda institucional pouco pode facer con el…

Nese sentido, vostede comenta que «democratizou» o palco do Bernabéu e «deu cabida á esquerda caviar bautizada como marxismo-ladrillismo».  E tamén á esquerda caviar dos medios de comunicación do establishment, dende Ana Pastor a Antonio García Ferreras, embelesada esta polo poder fáctico deste país, ao que non se enfronta.

 A primeira candidatura á presidencia do club, en 1995, apoiouse na Asociación para a Defensa do Patrimonio do Real Madrid, presidida polo profesor José Manuel Otero Lastres. Curiosamente, presentou unha novela xunto a Feijóo e Paco Vázquez, entón presidente da Xunta e embaixador de España na Santa Sé, respectivamente.  Imos ver, o compadreo típico do Estado español entre políticos, empresarios, xuíces… Paco Vázquez e Feijóo, como antes Fraga, van da man coas mesmas políticas e son dúas caras da mesma moeda. Gañe un ou outro, sexa o PSOE ou o PP, ao final en España sempre gaña Florentino Pérez. Se imos a Madrid, el empezou moi forte con Esperanza Aguirre, quen chegou a presidir a Comunidade tras a compra de votos do «tamayazo». Non estraña que Florentino lle dixese a Rafael Simancas, o candidato socialista que ía ser investido como presidente: «No PSOE mando eu máis ca ti».
Feijóo ten unha estreita relación co presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quen o abrazou ​​no acto de toma de posesión como presidente da Xunta, en 2009.  E con Amancio Ortega… (risas). En definitiva, que Galán, Ortega e Florentino vanlle poñer a alfombra vermella para que chegue a ser presidente de Goberno (esta entrevista foi realizada antes de pasadas eleccións xerais do 23 de xullo, que gañou o PP, pero lonxe da maioría absoluta, que non acariñou nin coa suma dos escanos de Vox).

Cre que esas relacións pesaron máis no salto a Madrid que a loita sucesoria no PP?  Desde logo, eles déronlle o visto e prace. É máis, un dos primeiros empresarios cos que se reuniu Feijóo como líder do PP foi Florentino Pérez, quen lle daba o beneplácito xunto a outros capos do Ibex.

 En 2019, ACS foi multada por crear «un cártel industrial para repartirse clientes e licitacións de maneira fraudulenta en Galicia». Unha práctica cotiá?  Iso deuse no conxunto do Estado. As construtoras (ACS, OHL, Ferrovial…) repártense todo ao seu antollo porque saben que se lles impoñen unha multa, ou é ridícula ou nin a chegan a pagar. Por exemplo, unha empresa de Florentino chegou a liderar o cártel dos barracóns para colexios e institutos de Cataluña, Valencia, Andalucía, Castela-A Mancha e Murcia (a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia multou con 9,3 millóns de euros en 2015 a seis empresas de fabricación, alugueiro e venda de construcións modulares por fixar prezos e repartirse as adxudicacións e os clientes; a sanción máis cuantiosa, de 8,5 millóns, recaeu sobre Dragados, cuxa matriz
é ACS).

Florentino é máis de Ayuso ou de Feijóo?  El é máis de Feijóo e a súa filla, máis de Ayuso. María Ángeles Pérez Sandoval é unha ayuser compulsiva. De feito, durante a pandemia, o seu restaurante (El Babero, situado no barrio de Salamanca) fixo propaganda electoral a través das súas redes sociais, onde chegou a escribir: «Precisámoste. Aos seus pés, señora presidenta. Sinto amor profundo por ti».
Hai unha foto na que Florentino agarra a Ayuso no palco do Real Madrid, durante a celebración do título de Liga en 2022, que mostra visiblemente como a manexa (meses antes, a Comunidade de Madrid contratara a ACS as obras da estación de metro de Avenida de América por 38 millóns de euros). Digamos que el quere a Ayuso para (que goberne) Madrid e a Feijóo para (que goberne) España.

Máis aló da linguaxe non verbal, en que sentido a manexa?  Nas contratacións. ACS foi unha das empresas adxudicatarias das obras de construción do Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, mentres que Clece se fixo co servizo de limpeza, ademais doutros 35 contratos de servizos en IFEMA antes das eleccións autonómicas de 2021 («O asesor de comunicación de Ayuso é Miguel Ángel Rodríguez, encargado dos actos do centenario do Real Madrid de Florentino en 2002», lembra Loaiza no seu libro).

 Se Feijóo non lograse ser presidente, apostaría por Ayuso?  Ollo, que con Pedro Sánchez non lle foi nada mal, porque se levou un bo tanto dos fondos europeos Next Generation EU. Uns préstamos e unhas subvencións para afrontar a crise do coronavirus que imos acabar pagando entre todos, cunha reforma das pensións, para que Pérez poida levar o diñeiro fresquiño. Ou sexa, que gaña máis co PSOE no poder que co PP («Goberne quen goberne, o que gaña sempre é Florentino, un deses personaxes sinistros que, sendo vagóns de cola como políticos, subíronse ao tren do negocio do fútbol e lograron acaparar moito máis poder que os representantes elixidos nas urnas nas supostas democracias liberais», escribe Loaiza).

Casualidade?  En absoluto. Financia a Fundación FAES, presidida por José María Aznar, pero tamén a Fundación Felipe González e a Fundación Pablo Iglesias, do PSOE. Xoga a dúas bandas e, impóñase un ou outro partido, el gaña seguro.
No seu libro sostén que Lissavetzky e Rubalcaba, «aliados servís de Florentino», coaccionarion á concelleira socialista Matilde Fernández para que non se opuxese á recualificación dos terreos da antiga Cidade Deportiva do Real Madrid, onde se construíu o complexo financeiro das Catro Torres.  E como ela mantívose firme, Antonio García Ferreras vetou a súa presenza na SER e a súa voz non volveu ser escoitada. Florentino saca pasta de calquera lado, ata da atención ás persoas sen fogar en Barcelona (a empresa Accent Social xestiona un Centro de Día e un Centro Residencial de Atencións Básicas en Barcelona). Privatízase todo e lévao el.

Algúns xogadores e equipos advertiron de que lucirían ​​un brazalete co arco da vella en apoio á comunidade LGBTI, aínda que ningún renunciou a participar no Mundial de Qatar. Dobre moral?  En realidade, nin se atreveron a poñelo por medo a que os amoestasen cunha tarxeta amarela. Só fomentaron o boicot algúns futbolistas retirados, como o exbarcelonista Oleguer Presas ou Éric Cantona, quen pediu que non vísemos o Mundial. Mentres, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ten un palacete en Qatar… Os futbolistas perderon por completo a conciencia social e de clase. O primeiro que fan cando gañan o seu primeiro soldo é mercar un cochazo e unha casa afastada do seu barrio de orixe. En Brasil, Donato pediu aos militares que desen un golpe de estado tras a vitoria de Lula nas eleccións, igual que Robinho, condenado a nove anos de cárcere por violar en grupo a unha muller en Milán. Son só dous exemplos de xogadores que apoiaron ao fascista de Bolsonaro sen complexo ningún.

En Qatar. Sangre, dinero y fútbol (Akal), tamén denuncia os vínculos de Qatar con España.  O terceiro fondo con máis poder do Ibex 35 é o de Qatar, que ten participacións de Iberdrola, IAG ou a inmobiliaria Colonial; e, á marxe do índice bolsista, doutras grandes empresas como Prisa ou El Corte Inglés.

Tras coñecerse o Qatargate, non estraña que os Emiratos Árabes fosen a sede do Mundial. Que lle sorprendeu máis durante a súa investigación? Non lles importou que os obreiros tivesen que choiar a 50 graos no verán, nin que morresen miles de traballadores. Con todo, cambiaron o calendario das ligas para que os futbolistas non pasasen calor e xogasen co aire acondicionado ao máximo en plena crise enerxética, o que chegou a provocar algunhas baixas por arrefriados. O Mundial de Qatar demostrou que o fútbol funciona como unha organización criminal que, sen complexo ningún, se vende á mellor oferta."             (Entrevista a Fonsi Loaiza, Henrique Mariño , Luzes, 30/10/23)

8.2.23

Hay desastres naturales... inevitables... y los del PP: La Comunidad de Madrid, para reducir costes, no utilizó técnicas que habrían evitado la tragedia de la Línea 7B de Metro

 "Una de las preguntas que afloran en la problemática de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares es la responsabilidad que pudiera tener la constructora Dragados, adjudicataria del proyecto y empresa perteneciente al Grupo ACS, es decir, de Florentino Pérez.

El diciembre de 2016 el gobierno de Cristina Cifuentes publicó una orden por la que se acordó «1) Declarar a Dragados, S.A., contratista de las obras ‘Construcción de la Infraestructura de la Prolongación de la Línea 7 de Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares’, responsable de los daños y perjuicios derivados de los vicios ocultos detectados en las referidas obras; 2) Reclamar la cantidad de 15.067.861,30 € en concepto de indemnización por los daños y perjuicios acreditados y cuantificados a fecha de la resolución derivados de los vicios ocultos de las obras referidas, sin perjuicio de posteriores reclamaciones una vez cuantificados los importes correspondientes a las actuaciones que, derivadas de los vicios ocultos detectados, actualmente se encuentran en ejecución».

Dragados impugnó esa orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tribunal que dictó sentencia el 9 de enero de 2019.

El contenido del recurso de Dragados es interesante porque, entre otras cosas, señala que documentos clave del expediente de las obras de la Línea 7B de Metro, que debían estar depositadas en la Comunidad de Madrid habían desaparecido o extraviado.  

La constructora señala que «el expediente está incompleto y los documentos que no obran al mismo son esenciales, y resultarían determinantes en la decisión del expediente correspondiente, tanto si existen (a la vista de su contenido) como si finalmente se confirma que no existen, o que se han extraviado».

El primero de los documentos presuntamente extraviados o desaparecidos es el «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares» (PCAP) de 2004, documento clave porque en él se determinaba el régimen de la responsabilidad que pudiera derivarse.

El segundo documento era el encargo de la Comunidad de Madrid a la empresa Intecsa-Inarsa de la redacción del proyecto de 2006 por el que se modificó el trazado de la ampliación de la Línea 7.

Tras la decisión política del gobierno de Esperanza Aguirre de llevar el Metro al Hospital del Henares, la empresa Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) supervisó y aprobó el Proyecto Modificado que implicaba, evidentemente, el cambio del trazado inicial y dar una mayor profundidad a la excavación.

Por otro lado, Dragados insiste en su recurso en que las aguas que provocaron el movimiento del terreno que derivó en la situación actual se comenzaron a filtrar a través de uno de los pozos. Esto es grave, puesto que el diseño de dichos pozos era permeable y «no es un método apropiado para configurar una obra como impermeable, mientras que sí existen otras técnicas que permitirían obtener dicha impermeabilidad, pero éstas resultarían más costosas para MINTRA, motivo por el cual se han configurado el pozo y el túnel como permeables, a pesar de que no resultase adecuado para las características del terreno […] para lograr la impermeabilización existen técnicas que MINTRA, para reducir costes, decidió no utilizar».

Además, los daños se produjeron por deficiencias del propio proyecto, tanto el de 2004 como el de la Línea 7B de 2006, puesto que no contenían los tratamientos adecuados a la problemática geotécnica e hidrogeológica, en su caso, de modo que si parte de la documentación que forma parte del proyecto identifica ciertos materiales y la parte que define la obra a ejecutar no lo tiene en cuenta, lo que constituyó un defecto del proyecto."                (José Antonio Gómez , Diario16, 08/02/23)

3.2.23

El Tribunal de Cuentas investigará los contratos menores por 2.000 millones de euros de la Consejería de Sanidad de Madrid... ya antes de la pandemia Madrid adjudicaba a dedo el 99,7% de los contratos sanitarios

 "Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%. Siempre a tenor de esos datos, recopilados por la asociación Audita Sanidad y entregados al Tribunal de Cuentas (TCU) en la denuncia que acaba de poner en sus manos, el volumen "ingente" de adjudicaciones a dedo sumó en el bienio nada menos que 1.566,4 millones de euros. Es decir, el 57,2% de todo lo gastado en 2017 y el 47,8% en lo que concierne a 2018.

La denuncia de la asociación de vigilancia de la gestión y el gasto sanitario expone que el Gobierno madrileño y sus organismos dependientes, especialmente hospitales de relevancia como el Clínico San Carlos y La Paz, fragmentaron deliberadamente el coste real del material o los servicios adquiridos a dedo. Y que utilizaron el fraccionamiento "ilegal", la "contratación fraudulenta", como artificio para sortear las licitaciones abiertas y sujetas al principio de publicidad y libre competencia: tanto en la convocatoria como en su resolución. Hasta marzo de 2018, la cuantía máxima de los contratos de obras que cabía definir como menores se situaba en 50.000 euros, tope que bajó a 40.000 a partir de entonces. En el caso de las adjudicaciones para el resto de contratos menores –suministros y servicios–, el límite fronterizo se situaba en 18.000 euros. A partir de la reforma legal de 2018 se redujo a 15.000. (...)

 Audita sostiene que con la política de contratos menores a mansalva se está dañando "de manera contumaz" el principio de diligencia y responsabilidad. Y que eso perjudica al erario madrileño como consecuencia de sobrecostes. ¿Por qué? Porque la ausencia de competidores incrementa los precios a pagar a los proveedores.

El escrito dirigido por Audita al TCU incluye un caso "paradigmático" sobre el supuesto fraccionamiento ilegal de contratos: el de la ferritina, una proteína que almacena el hierro en las células. Y así, mientras que el Hospital Clínico San Carlos ha firmado casi 150 contratos menores desde 2015 para comprar ferritina a Siemens Healtchare SL, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias convocó este año una licitación pública para adquirir el mismo producto. Por qué se contrata por parte del Clínico siempre mediante un contrato menor si otros centros lo sacan a concurso público es una de las preguntas que Audita traslada al Tribunal de Cuentas.

Referido a un periodo anterior al de la pandemia del covid-19 que estalló en 2020 y por tanto ajeno a las situaciones imprevistas de las emergencias sanitarias, el texto facilitado al TCU subraya que ya el organismo fiscalizador regional –la Cámara de Cuentas de Madrid– alertó en un informe sobre 2017 de que con la avalancha de adjudicaciones a dedo los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) habían convertido "en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública". Dicho de otro modo, que la compra de materiales sanitarios y el encargo de servicios susceptibles de programación anticipada se estaba realizando de una forma contraria a la normativa. La denuncia incluye un gráfico que coloca al Hospital Ramón y Cajal como el que más dedicó a contratos menores en 2017 y 2018. Puedes consultar aquel informe de la Cámara de Cuentas pinchando aquí. (...)

La asociación denunciante pone el dedo en una llaga todavía por analizar: la repetición de grandes empresas multinacionales en el listado de beneficiarios de contratos menores. Audita destaca aquí el nombre de dos grupos: Siemens y Medtronic. La asociación señala que carece de herramientas para diagnosticar a cuánto asciende el supuesto daño económico causado por los contratos a dedo para ambos grupos. Pero basándose en las pautas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para calcular los sobrecostes derivados de la ausencia de competidores, Audita sostiene que el exceso de gasto ha podido llegar aquí a la cifra aproximada de 14,5 millones de euros.

Según el escrito dirigido al TCU, la filial española del segundo grupo –Medtronic Ibérica SA– fue en 2017 la primera en el ranking de firmantes de contratos menores, con 18.995 adjudicaciones de ese tipo por valor de 36.626.735 euros, en este caso sin IVA. Y en 2018 ocupó el segundo puesto en esa misma escala con un total de 11.985 contratos, pero primera según importe, por valor de 32.550.610,58 euros, IVA incluido. Sobre Medtronic, la denuncia asegura lo siguiente: "Tiene una larga historia de investigación y condenas tanto en Estados Unidos como en Europa. El grupo empresarial ha sido acusado de estafar a las autoridades públicas de sanidad, fijar precios de mercado, remunerar a médicos para que elaboren estudios a su favor, violar las normas de libre competencia, etc. En 2020, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense, por el que pagó 9,2 millones de dólares, para resolver el caso de acusación de pagos indebidos a un neurocirujano del estado de South Dakota para forzar la compra de determinado material". Este periódico no ha logrado este miércoles que Medtronic confirme o desarme tales afirmaciones. InfoLibre contactó con Medtronic Ibérica SA pero no fue posible hablar con ningún portavoz.

Respecto a Siemens Healthcare SL, Audita cifra en 6,52 millones lo que obtuvo en 2018 a través de 1.308 contratos menores. De ese total de adjudicaciones, la asociación identifica 733 como adjudicaciones con "posible fraccionamiento". Eso representa el 56% del total asignado a la compañía. Según la denuncia, el grueso se localiza en los dos hospitales antes referidos: el Clínico San Carlos y La Paz. Tampoco ha sido posible contactar con portavoces de Siemens Helthcare SL.

La primera de España en contratos sin concurso

Esta no es la primera denuncia que, basándose en la monumental base de datos que constituye el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y tomando como eje los contratos menores, lleva Audita al Tribunal de Cuentas. La anterior, formulada en junio de 2019 y centrada en los contratos menores de 2016, quedó en agua de borrajas. De acuerdo con el relato de la denuncia, el máximo órgano fiscalizador del país, entonces con mayoría conservadora, lanzó una exigencia a los denunciantes: que concretasen los hechos e infracciones jurídicas detectadas, así como la cuantía de los daños y perjuicios. Pero la imposibilidad técnica –aduce la asociación– que planteaba el enorme volumen de documentos contractuales hizo que su acción decayese.

Ahora, Audita rememora en su nueva denuncia no solo el informe donde la propia Cámara de Cuentas madrileña ya avisó sobre el truco de los contratos menores. El escrito incorpora también lo que el director de uno de los grandes hospitales de la Comunidad, el Ramón y Cajal, sostuvo en 2017 durante una comparecencia parlamentaria. Y lo que dijo, por resumir, fue que en efecto se había "abusado del contrato menor".

El fracaso de la primera denuncia de Audita choca, paradójicamente, con el contenido de un informe aprobado en julio de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre el comportamiento del sector público autonómico en 2018. Porque ese informe ya mostraba [puedes consultarlo aquí y comprobarlo en el cuadro de la página 28] que la Comunidad de Madrid encabezaba de largo el ranking estatal de contratos menores en todas las áreas. (...)

Las convalidaciones, otra vía opaca

De los números que destapa en ese documento el Tribunal de Cuentas –los 925,20 millones– se infiere que la inmensa mayoría de los contratos menores salen de la Consejería de Sanidad de Madrid. Pero esa forma de encargar suministros, servicios e incluso obra no constituye la única vía de gasto poco claro.

Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convalidó gastos por valor de 804 millones. Y la convalidación, por usar la tesis que en abril de 2018 acuñó José Luis Martínez-Almeida, ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP durante el mandato de Manuela Carmena, es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público "como consecuencia de una mala gestión" previa por parte del equipo de Gobierno". En el caso de la Comunidad de Madrid, los principales beneficiados por las convalidaciones fueron grandes empresas, entre ellas el gigante de la sanidad privada, Quirón.(...)"                  (Alicia Gutiérrez  , Info Libre, 21 de diciembre de 2022)

 

 "La Consejería de la Comunidad de Madrid ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas por la manera de gestionar los contratos menores durante los años 2017 y 2018, durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. 

Los consejeros al cargo estos años fueron Jesús Sánchez Martos y el aún vigente Enrique Ruiz Escudero. 

La denuncia corre a cargo de la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública, plataforma integrada por 58 asociaciones y movimientos ciudadanos, que ha sufragado los gastos de gestión y los trámites y quiere poner en el foco la gestión del Partido Popular gracias a las investigaciones hechas por la plataforma Audita Sanidad

Vicente Losada es uno de los redactores de estos extensos informes que han llevado a denunciar a la Consejería de Sanidad por presuntas irregularidades. "En este periodo, la Consejería adjudicó 1.511.000 contratos menores, que suponen un volumen de 2.343 millones de euros. No hablamos de una presunta comisión del hermano de Ayuso. Eso es una partícula de la punta del iceberg", ha sostenido tras presentar la denuncia.

"No cuestionamos la figura del contrato menor, es el uso abusivo y reiterado de este tipo de contratos para adjudicar un volumen del 99,7% de los contratosalgo que es absolutamente a dedo, como se suele conocer vulgarmente", ha apuntado el portavoz.

También ha comparecido a las puertas del tribunal Concha Pérez, integrante de la plataforma, a las puertas del Tribunal de Cuentas: "Ponemos de manifiesto el despilfarro de dinero público que debería servir para reforzar la sanidad pública". "La política sanitaria de la Comunidad de Madrid está orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas, ya sean sanitarias, tecnológicas o fondos de inversión, pero no al cuidado de las personas, ni pretende garantizar nuestro derecho a la salud", ha aseverado.

La existencia los contratos menores, una forma de agilizar los trámites administrativos, ha dado lugar a un uso abusivo por parte de la Administración de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva características de las licitaciones.

 En 2017, la ley establecía los contratos menores (aquellos que no pasan por un concurso público y se pueden designar sin necesidad de un proceso de selección debían ser como máximo de 50.000 euros para contratos de obras y 18.000 euros para contratación de servicios o suministros. En 2018, el tope fue rebajado y los contratos menores de obras tenían de tope 40.000 euros, reducción que tampoco limitó la realización de este tipo de acuerdos. 

Y como muestra de la gestión, Losada ponía de ejemplo algunos de los contratos presentados ante el Tribunal de Cuentas: "El Hospital de La Paz en 2018, entre el 27 de abril y el 20 de diciembre, adjudicó 229 contratos menores a Siemens Healthcare para la compra de material de laboratorio por más de un millón de euros", apunta. Muchos contratos pequeños que son aprobados sin filtro en lugar de uno grande que debería pasar por cauces más exigentes. Ese es el método que quiere investigar la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid para saber a dónde va el dinero de todos los madrileños.

Que solo se denuncie lo ocurrido entre 2017 y 2018 responde a la imposibilidad de la plataforma Audita Sanidad de abarcar más ejercicios fiscales, cosa que con el tiempo irá comprobando. Pero eso no significa que esas prácticas hayan sido erradicadas de la Consejería de Sanidad. 

Como desvelara Público, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no había rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo.

La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso."                    (José Carmona, Público, 21/12/22)

18.1.23

Un centro universitario del Gobierno de Madrid fichó a un juez mientras instruía casos clave de corrupción del PP

 "El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal impartió clases en un centro universitario –el Cardenal Cisneros– propiedad del Gobierno de Madrid mientras actuaba como magistrado de refuerzo en la instrucción de casos vinculados al PP: Púnica, cuya clave reside en la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad de Madrid; Lezo, donde como principal investigado aparece Ignacio González, expresidente regional y antiguo delfín de Esperanza Aguirre; y Kitchen, centrado en el espionaje a Luis Bárcenas, extesorero nacional del partido.

La gestión del centro universitario –y así lo especifica también su página web– “depende de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros”, a cuyo frente se sitúa Enrique Ossorio, vicepresidente y consejero de Educación de Madrid. Entre 2007 y 2011 Ossorio fue gerente de una fundación, Dos de Mayo, que en sus averiguaciones sobre la financiación del PP ordenó investigar el primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco. (Puedes consultar aquí las autorizaciones de compatibilidad otorgadas a Abascal por el CGPJ, aunque falta la última, fechada en agosto de este año y disponible en la web del órgano de gobierno de los jueces). 

 La Comunidad de Madrid ejerce en Púnica y en Lezo la acusación particular, lo cual no le impidió rendir en mayo de este año homenaje a Esperanza Aguirre con el encargo de un retrato oficial cuando aún estaba imputada en el primero de los dos casos citados. Abascal ha declinado pronunciarse sobre el asunto, ofrecer información y responder a la pregunta de si considera que su nexo con un centro universitario propiedad del Gobierno de Madrid podría lesionar la apariencia de imparcialidad.

Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y candidato del PP a un asiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que ese mismo partido bloqueó en noviembre de 2018 la renovación del órgano, Abascal fue nombrado juez sustituto del juzgado central de instrucción número 1 el 1 de julio de 2021. Una hermana suya es asesora del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

Los dos años anteriores y desde el 14 de febrero de 2019, había desempeñado en el juzgado central 6 el puesto de magistrado de refuerzo de su titular, Manuel García Castellón. La última prórroga de seis meses para ese destino fue aprobada por el CGPJ el 22 de diciembre de 2020.

A punto de acabar 2019, el CGPJ autorizó el 18 de diciembre de aquel año su incorporación como docente al Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Prorrogada la declaración de compatibilidad en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022, puedes consultarlo aquí), Abascal comenzó su relación laboral con el Cardenal Cisneros como profesor de Derecho Procesal en enero de 2020. Y, atendiendo al panel de profesores que muestra la web del centro, la ha mantenido al menos hasta el pasado mes de junio.

El 11 de agosto, la permanente del CGPJ renovó para el curso 2022-2023 su compatibilidad como profesor del Cardenal Cisneros, pero un error material obligó a ratificar el acuerdo en septiembre. Aunque su nombre y su fotografía permanecen en su web, quien atendió la semana pasada la llamada a la centralita del centro aseguró que Alejandro Abascal no está impartiendo clases este cuatrimestre.

Como ya en 1997 señalaba su reglamento interno, el Cardenal Cisneros nació con la Comunidad de Madrid como “entidad titular del mismo”.

Un patronato con poderes en la contratación

Constituida en junio de 1998, la presidencia de la fundación recae siempre sobre el consejero de Educación de Madrid, puesto que desde 2019 ocupa Enrique Ossorio, también ahora vicepresidente del Gobierno regional.

Entre las funciones del patronato de la fundación –según consta en el decreto por el que quedó constituida en 1998 y a la que su web define como entidad del "sector público madrileño, de naturaleza jurídico privada"– figura “la aprobación de las propuestas de contratación del profesorado del Colegio [Cardenal Cisneros]”. A través del portal de transparencia, este periódico pidió en septiembre a la Consejería de Educación de Madrid información sobre contratos del centro universitario. La Consejería inadmitió la solicitud e indicó que lo referido al Cardenal Cisneros debía dirigirse al centro, que posee "personalidad jurídica" propia.

Portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio fue jefe de la actual presidenta durante dos años: entre 2015 y 2017, cuando Ossorio ostentó la portavocía del PP en la Asamblea regional.

Consejero de Hacienda en el Gobierno de Ignacio González, Ossorio había sido entre 2007 y 2011 gerente de la Fundación Dos de Mayo, entidad que, como publicó infoLibre, ordenó investigar el primer instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco. En marzo de 2017, Velasco pidió a la Agencia Tributaria (AEAT) la remisión del modelo 347 de la fundación –la lista de ingresos y pagos anuales superiores a 3.000 euros– correspondiente al cuatrienio 2007-2010. Abascal, que en marzo de 2016 fue designado magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ya no desempeñaba esa tarea cuando Velasco dictó el auto sobre la Fundación Dos de Mayo: en diciembre de 2016, el CGPJ había acordado no renovarle esa encomienda de refuerzo en el juzgado 6. Durante dos años –hasta febrero de 2019–, quedó así al margen de los casos Púnica y Lezo.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que en el sumario de Púnica no hay rastro de documentación sobre la Fundación Dos de Mayo más allá del referido auto de Eloy Velasco. Todo lo concerniente a esa entidad entró en el limbo. Presidida ahora por Isabel Díaz Ayuso en su condición de presidenta de Madrid, la fundación permanece congelada desde 2014: no es posible disolverla porque para ello resulta imprescindible conocer sus cuentas anuales. Y en 2011 dejó de presentarlas.

En su informe previo al carpetazo de la pieza de Púnica relativa a la financiación del PP madrileño, la PS9, Anticorrupción introdujo de forma escueta el nombre de la Fundación Dos de Mayo. Firmado en solitario por el último de los tres fiscales presentes en la causa, Alejandro Cabaleiro, el escrito se limitó a recordar que la Guardia Civil había solicitado en su día datos tributarios de la entidad “al haber detectado dos transferencias [procedentes de la extinta Caja Madrid] por importe de 4.550.000 euros y de 1.862.760 euros en los años 2008 y 2009, existiendo también vínculos entre esa fundación y el Partido Popular”.

Cuando se conoció aquel informe de la UCO en 2017, Ossorio afirmó tajante que la Fundación Dos de Mayo no le había dado “ni un céntimo” al PP mientras él fue su gerente.

El supervisor de la investigación sobre el hermano de Ayuso

Destinado el 1 de julio de 2021 en comisión de servicio por el CGPJ al juzgado de instrucción 1 de la Audiencia Nacional, en marzo de este año trascendió que, por reparto, le había correspondido supervisar como juez de garantías la investigación que desarrolla la Fiscalía Europea sobre un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid: el que, adjudicado para la compra de mascarillas durante la pandemia, reportó al hermano de Isabel Díaz Ayuso una comisión superior a 230.000 euros. Es Abascal quien debe vigilar que los derechos fundamentales de cualquier persona implicada en el caso no se vean afectados.

Su actividad actual queda así al margen de la desarrollada por García Castellón, uno de cuyos hijos trabaja como letrado del servicio jurídico de la Comunidad de Madrid. El titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional cerró en octubre la pieza sobre la supuesta financiación ilegal con un auto que exonera a Esperanza Aguirre y a otros 70 imputados. García Castellón sostiene que no se ha podido acreditar que Aguirre tuviera conocimiento de que se utilizó dinero público para financiar al PP.

Hace dos semanas y en contra de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón rechazó también la reapertura del caso Kitchen. El magistrado no considera penalmente relevantes los audios destapados por el diario El País y que desvelan cómo el ahora excomisario José Manuel Villarejo y la entonces número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, tejieron una estrategia para desactivar las investigaciones sobre la caja B iniciadas al difundirse los papeles de Bárcenas. Los audios –sostiene el ministerio público– hacen referencia a que pudo haber "conocimiento y seguimiento" de la Operación Kitchen por parte de Mariano Rajoy y Cospedal. En cambio, García Castellón considera insuficientes los indicios que aportan tales grabaciones, a las que define como “troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia”.

Galardonado en 2020 por el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo con la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su “mérito extraordinario”, Alejandro Abascal estaba destinado en 2018 a convertirse en miembro del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. El juez habría pasado a ser uno de sus vocales de no haberse difundido en noviembre de aquel año un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, anunciaba a los suyos que tras la renovación del CGPJ el partido seguiría controlando “desde detrás” la Sala Penal del Tribunal Supremo. Es decir, la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. Publicado por El Español, aquel mensaje desató un escándalo político. A partir de ahí, el PP decidió bloquear el relevo de miembros del CGPJ, cuyo mandato lleva ahora cuatro años caducado y donde los vocales conservadores, que suman mayoría, se han negado durante meses a designar a dos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC). Ahora tales vocales buscan acelerar los nombramientos del TC antes de que el Gobierno modifique la normativa vigente con el objetivo de acabar así con el bloqueo. Tal reforma legal está pendiente de que el Constitucional dictamine este lunes si, como reclama el PP en un recurso de amparo, paraliza o no su tramitación parlamentaria. El ponente al que ha correspondido elevar propuesta al pleno del TC es Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP y con una trayectoria plagada de baches."                     (Alicia Gutiérrez  , InfoLibre, 18 de diciembre de 2022)