"El 27% del pago se transfirió durante la alcaldía de la actual diputada en el Congreso. El resto del dinero fue recibido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L. durante el mandato del expresidente canario Fernando Clavijo
La necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico de La Laguna se planteó durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. El documento, elaborado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., recalificó una finca familiar de la actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso para darle uso comercial, a pesar de que no fuera el propósito final del Plan. Esta entidad recibió, según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, casi un millón de euros entre 2006 y 2010 por la ''gestión técnica del PEP del casco histórico". El 27% del dinero se transfirió durante la alcaldía de Oramas. El resto, con el expresidente canario Fernando Clavijo al frente del Ayuntamiento.
De los 17 pagos registrados en esos cuatro años, nueve son por una cantidad de 22.800 euros. El resto de ingresos oscila entre los 7.000 y los 500.000 euros. El pago más alto fue autorizado en 2010 por el entonces alcalde Fernando Clavijo, cuando AUC S.L. recibió 547.200 euros de una sola vez.
La elaboración del Plan Especial de Protección fue encargada en 2005 a esta sociedad limitada, de la que forma parte María Luisa Cerrillos, también directora de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección de San Cristóbal de La Laguna. De esta manera, la elaboración y la ejecución del documento se concentraron en la misma persona.
El PEP, elaborado para proteger el casco histórico después de que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1999, incluyó como espacios protegidos determinadas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural. Entre ellas, la finca de uso residencial de los Oramas ubicada en la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega, que durante un tiempo funcionó como cochera de guaguas de la empresa Transportes de Tenerife S.L., a quien el abuelo de la alcaldesa, Leoncio Oramas, cedió el terreno.
Cuando el borrador fue sometido a información pública, los consejeros delegados de Transportes de Tenerife S.L., Lorenzo Hernández y José Luis Hernández-Francés, presentaron una serie de alegaciones el 26 de febrero de 2004. Entre ellas, la propuesta de asignar a la parcela el uso comercial, "admitiendo como usos complementarios el residencial, hotelero, cultural y de ocio". Finalizado el plazo de información pública, el 16 de septiembre de 2004 los propietarios de la sociedad limitada presentaron un escrito a la alcaldesa Ana Oramas. En él, reconocían que habían mantenido varias reuniones con la directora y el equipo redactor del PEP en las que habían alcanzado un principio de acuerdo para formalizar las alegaciones planteadas.
Las peticiones se concedieron, y el PEP incluyó el solar como parcela con ordenanza especial para conseguir "equipamiento público y superficie comercial en una zona necesidad de este uso, así como amplios aparcamientos". La Memoria de Ordenación justifica que la ampliación de la zona protegida al espacio donde está la antigua cochera de guaguas está respaldada por la"necesidad de proteger un determinado sector de manzanas del camino de San Benito", por ser uno de los accesos históricos tradicionales más importantes y consolidados
El papel de Clavijo
El pacto fue suscrito en julio de 2008 entre Clavijo y Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L. Esta empresa fue fundada en Lanzarote en 2004 y su administrador único era Bodegas Stratvs - propiedad del influyente empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa-. En 2007, la entidad pasó a tener el pleno dominio de la parcela.
La finca de los Oramas
La finca recalificada de la familia Oramas ahora alberga las obras para la construcción de un nuevo Mercadona. Pero antes de ser propiedad de esta cadena de supermercados cambió de manos hasta en tres ocasiones. En 1977, Leoncio Oramas, abuelo de la diputada de Coalición Canaria, aportó la finca a Transportes Tenerife S.L. En abril de 2007, cuando el PEP ya estaba aprobado, la compañía se disolvió en favor de siete empresas diferentes. El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote).
Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas. Dos meses después, todas las sociedades pasaron sus porcentajes a la entidad mercantil Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L.
Las obras de Mercadona
Las excavaciones para construir el nuevo Mercadona han provocado
una grieta en la carretera, anexa a la red de saneamiento. Como medida
cautelar, el pasado 19 de febrero la Gerencia de Urbanismo ordenó la
desviación del tráfico en ese tramo de la Avenida Lucas Vega, de modo
que los vehículos circulen por el margen derecho de la calzada. Para
ello, ha sido necesario eliminar la banda de aparcamientos en ese lado
de la vía "hasta la finalización de los trabajos ordenados''. El plazo
para la realización de los trabajos ordenados, "debido a la complejidad
de su ejecución", será de un máximo de dos meses." (Natalia C. Vargas, eldiario.es, 23/02/21)
