El ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, será juzgado por las trampas en las elecciones que Esperanza Aguirre ganó en 2011... no se juzga a Espe porque para ella, el delito prescribió

 "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez Manuel García Castellón de procesar al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez por un delito de falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011, en el marco de la pieza número 9 de la macrocausa 'Punica', donde se investiga la presunta existencia de una 'caja b' en el PP regional, informa Europa Press.

En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación formulado por Gutiérrez contra el auto dictado el 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En dicha resolución, el instructor propuso juzgar a Gutiérrez y al presunto cabecilla de la 'Púnica', el ex consejero madrileño Francisco Granados, como principales responsables de la supuesta financiación irregular de esa campaña electoral, además de a otras seis personas, al tiempo que archivó para otras 71, entre ellas los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Gutiérrez alegaba que, de la misma forma que el juez consideró prescritas las presuntas ilegalidades de las campañas de 2007 y 2008, los delitos imputados por los comicios de 2011 están caducados, acogiéndose al razonamiento que hizo el propio instructor, el cual estableció que las supuestas irregularidades en esa campaña electoral están prescritas para “todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016”.

El ex dirigente 'popular' argumentaba que, aunque García Castellón identificó como fecha clave su comparecencia como investigado del 11 de febrero de 2016, “ello no fue así, siendo su primera imputación y declaración judicial por los posibles hechos delictivos relativos a las elecciones del año 2011 el día 13 de marzo de 2017”.

La Sala fija igualmente que el delito imputado a Gutiérrez por las elecciones de 2011 prescribiría a partir del 24 de septiembre de 2016, coincidiendo asimismo con el magistrado en que el ex gerente madrileño fue citado a declarar formalmente antes de esa fecha mediante una providencia del 11 de febrero de ese año.

Gutiérrez esgrimía que su primera imputación y declaración por los posibles hechos delictivos relativos a 2011 se llevó a cabo con posterioridad, el 13 de marzo de 2017, ya que con anterioridad, en 2016, había sido citado por un delito de blanqueo de capitales.

Los magistrados señalan en su resolución que en su declaración ya fue informado sobre los hechos concernientes a la financiación de la campaña electoral e interrogado por eso. No obstante, indican que “esta trascendental discrepancia a la hora de aplicar el instituto de la prescripción ni puede ni debe ser sustraída al debate ante el órgano enjuiciador”.

Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral de 2011 registró unos costes de 2,9 millones de euros --los declarados ante la Cámara de Cuentas--, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones."              (eldiario.es, 17/03/23)

Una década de corrupción con Esperanza Aguirre al frente... Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hay más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios... Pero ni el PP de Madrid está acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus dirigentes y por distintas empresas privadas, ni Esperanza Aguirre está procesada en ninguna de las causas judiciales de la corrupción... aunque los principales colaboradores de la expresidenta estén amenazados de cárcel

 "Una decena de investigaciones judiciales a lo largo de los últimos 15 años ha destapado múltiples casos de grave corrupción en los gobiernos de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012. Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hay más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios.

Muchos de los delitos supuestamente consumados que están todavía pendientes de juicio beneficiaron a Esperanza Aguirre, candidata en dos campañas electorales para las que el PP de Madrid dispuso de más dinero del legalmente autorizado, de origen supuestamente ilícito y oculto al Tribunal de Cuentas.

Pero ni el PP de Madrid está acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus dirigentes y por distintas empresas privadas, ni Esperanza Aguirre está procesada en ninguna de las causas judiciales de la corrupción.

La expresidenta no sabía nada, según confiesa ella misma, y el fiscal no halla indicios suficientes para atribuir a Esperanza Aguirre una “ignorancia deliberada” que pudiera inculparla. Este principio del derecho sirve para castigar a quienes “no quieren saber aquello que pueden y deben conocer, y se benefician de la situación”.

Los principales colaboradores de la expresidenta están amenazados de cárcel y viven bajo sospecha desde hace años. La lista de damnificados es cada vez más larga: sus dos vicepresidentes, algunos de sus consejeros, su jefa de prensa, el secretario general y el gerente del PP madrileño, a quienes Aguirre nombró y con los que despachaba habitualmente, están imputados, o procesados.

Esta situación que exculpa a Aguirre sobre la corrupción en instituciones y órganos que ella misma presidía genera una notable controversia. “No basta con que Aguirre presidiera los tres órganos donde se han producido los delitos: Fundescam, el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad. Ningún subordinado suyo la señaló en los interrogatorios como conocedora de esa situación. Y con esos mimbres, no se puede acusar”, explica un fiscal anticorrupción conocedor del caso.

Uno de los procesados en los sumarios que afectan al PP de Madrid le responde: “Es surrealista que todos los que trabajaron a su alrededor y en su beneficio estén acusados de graves delitos por los que no se lucraron y ella haya sido exculpada por la Fiscalía Anticorrupción. Nadie se puede creer que en los tres órganos que presidía se produjeran irregularidades y que ella nunca supiera nada”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidirá a quién sienta en el banquillo en el caso de la caja b del PP-Madrid con la que se financiaron las campañas electorales de 2007 y 2011. Este instructor ha concluido otras investigaciones que seguían abiertas por diversas tramas de corrupción vinculadas a dirigentes del PP de Madrid. Decenas de políticos y empresarios han sido procesados. En un caso, por el pago de mordidas a siete alcaldes del PP —más uno del PSOE y otro de un partido local— a cambio de adjudicar contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely; en otro, por amañar concursos a favor de Water Music, una firma especializada en la organización de fiestas populares.

Vicepresidentes, consejeros y directores generales de los tres gobiernos de Esperanza Aguirre y una docena de alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid están o han estado ya en prisión, están procesados pendientes de juicio o están imputados por graves delitos de corrupción en una decena de causas: Gürtel (dos etapas ya sentenciadas); Ciudad de la Justicia, Canal de Isabel II, Campo de Golf, Tren de Navalcarnero, Reputación online, caja b del PP-Madrid, fiestas municipales o publicidad institucional.

Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta las segundas elecciones autonómicas madrileñas celebradas en octubre de 2003. Los primeros comicios de ese año, en mayo, se arruinaron por una espantada. El tamayazo —la traición de dos diputados socialistas que evitó un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid— provocó la repetición electoral y el PP de Aguirre logró la mayoría absoluta que había perdido unos meses antes. Desde entonces y hasta que dejó el cargo institucional, se sucedieron alrededor de la presidenta madrileña múltiples actividades ilegales y corruptas cometidas por sus principales colaboradores.

‘Caso Gürtel’. Alberto López Viejo, escudero para los actos de autobombo

Alberto López viejo está condenado a 27 años de cárcel por su enriquecimiento ilícito como colaborador de la trama Gürtel, una red empresarial corrupta que colonizó varias administraciones gobernadas por el PP donde recibió contratos a cambio de comisiones ilegales. Era el hombre de confianza de Esperanza Aguirre para los actos de propaganda. “Diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta, que llevaba aparejada un incremento o multiplicación de sus actos institucionales”, escribe el Tribunal Supremo. López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Transportes con Aguirre. Llegó a adjudicar actos de la presidenta por 6,5 millones de euros al grupo empresarial de Francisco Correa, quien obtuvo un beneficio de 2,6 millones por estos contratos para cuya adjudicación se prescindía de “las más elementales normas”. López Viejo cobraba una mordida del 10% de lo facturado en cada evento contratado. Entre 2004 y 2008 se hicieron decenas de actos institucionales de Esperanza Aguirre con este sistema corrupto. La sentencia del Supremo establece que la red Gürtel se enriqueció gracias a cientos de contratos a dedo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y al trato de favor en al menos cuatro grandes municipios madrileños gobernados por el PP.

Procesado Ignacio González por un campo de golf que ideó la presidenta

Esperanza Aguirre se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid: “Lo vi en Tokio y en las películas”. Aprovechando unos terrenos del Canal de Isabel II, el Gobierno regional se puso manos a la obra pese a la resistencia del Ayuntamiento de Madrid, que no acababa de autorizar la obra. Ignacio González era entonces presidente del Canal de Isabel II y “urdió un sistema para que las adjudicaciones recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares, lo que les permitió embolsarse supuestamente más de medio millón de euros”, según el juez Manuel García Castellón. González, mano derecha de Aguirre como vicepresidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, está procesado y la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel.

El despilfarro millonario de la Ciudad de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio el caso de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre que se quedó empantanado en medio del escándalo. El exvicepresidente regional Alfredo Prada se sentará en el banquillo como máximo responsable de aquel despilfarro de fondos públicos a través de contratos amañados por más de 40 millones de euros. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exvicepresidente por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. En una conversación de Aguirre con el comisario José Manuel Villarejo en marzo de 2014, muchos años antes de iniciarse la investigación del caso Ciudad de la Justicia, la expresidenta madrileña consideraba que su exvicepresidente Alfredo Prada era un “choricete” y explicaba que por esa razón lo había echado de su Gobierno.

La compra ruinosa de una empresa brasileña previa mordida de cuatro millones

El Canal de Isabel II, la joya de la corona de las empresas públicas madrileñas, se compró en 2012 una pequeña sociedad brasileña, Emissao, por 30 millones de dólares. En esa operación, los compradores eran directivos de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, y pactaron en secreto con el vendedor llevarse casi cuatro millones de euros en comisiones. El cerebro de esa operación, y principal directivo de Inassa, fue Edmundo Rodríguez Sobrino, a la vez consejero del diario La Razón. Cuando estalló el escándalo, los directivos del periódico presionaron a quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que dejara de investigar un caso que afectaba de lleno a uno de sus consejeros. Fue inútil.

El juez Manuel García Castellón ha procesado a los directivos que participaron en esa compra y a Ignacio González, el expresidente autonómico que supuestamente iba a cobrar una parte de la mordida pactada con el vendedor brasileño aunque González nunca retiró el dinero que le correspondía.

Gastos electorales excesivos en 2007 y 2011 con dinero de origen ilícito

Tras casi siete años de investigación judicial del caso Púnica, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el PP de la Comunidad de Madrid incurrió en gastos electorales muy superiores a los declarados al Tribunal de Cuentas, gastos que excedían los permitidos por la ley. La candidata que se benefició de este supuesto “dopaje electoral” fue Esperanza Aguirre, que ganó ambos comicios con mayoría absoluta. “La contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”, escribe el fiscal. Para ejecutar ese plan, del que supuestamente no sabía nada quien era presidenta del PP de Madrid y del Gobierno autonómico, “era necesario contar con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”. El fiscal también detalla que el PP necesitaba “fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y trasladar esos recursos a los prestadores de servicios, bien en metálico o bien a través de facturas alteradas”. Este mecanismo se repitió en, al menos, dos elecciones autonómicas. Pero el fiscal solo culpa al gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y al secretario general del PP de Madrid en 2011, Francisco Granados.

La tapadera de Fundescam para financiar mítines

Fundescam es una fundación del PP de Madrid que presidió Esperanza Aguirre. Se financiaba con subvenciones de la Comunidad de Madrid y con donaciones de empresarios privados, muchos de ellos contratistas de la propia administración regional. Los fondos de Fundescam, según la ley, solo podían utilizarse para la organización de seminarios, cursos, estudios y cosas similares. Pero el dinero de Fundescam se utilizó reiteradamente para actos electorales, según la investigación judicial. “Desviar fondos de una subvención para una finalidad distinta al motivo de su concesión y encubrir ese hecho con falseamiento de la facturación supone un delito de fraude y falsedad documental”, según la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011, le recordó al juez algunas anomalías que apreció en aquel momento. “Esas empresas no estaban contratadas por el partido y esas empresas, según constan en otros sumarios, habían sido contratadas por la Comunidad de Madrid, entiendo que esa fue la forma de remunerarles”. El Fiscal Anticorrupción le considera culpable de aquellos hechos y relata las maniobras de empresas como El Laboratorio de Almagro, “principal suministradora de servicios para la campaña” de Esperanza Aguirre, que facturó 1,2 millones de euros pero solo cobró 137.000 euros desde la cuenta electoral del PP.

Propaganda de la presidenta en redes sociales pagada con fondos públicos

La empresa EICO, de Alejandro de Pedro, llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para cuidar la imagen de Esperanza Aguirre en internet. Y para ello crearon una serie de cuentas donde se ensalzaba a la presidenta autonómica y se contrarrestaban las críticas o noticias negativas de otros medios. Por ese trabajo, EICO cobró dinero público de la Comunidad de Madrid. El fiscal anticorrupción sostiene que “se decidió realizar adjudicaciones directas a EICO haciendo constar unos contratos menores de trabajos online para la Comunidad de Madrid pese a que tales trabajos jamás se hicieron, siendo la simple cobertura formal para poder abonar los otros sin levantar sospechas”.

El 1% de las constructoras que repartió el Gobierno regional entre empresas que trabajaban para el PP

El Gobierno de Esperanza Aguirre impuso en los concursos de obras (carreteras, hospitales, vivienda pública…) una cláusula por la que la empresa constructora que ganara el concurso tenía que dedicar un 1% del presupuesto a publicitar los trabajos. Ese 1% nunca lo gestionaron las constructoras sino los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid, que en muchos casos adjudicaron ese 1% a empresas privadas como pago por los trabajos electorales hechos para el PP.

Pero Aguirre, según el fiscal anticorrupción, no conoció todos estos detalles: “Del resultado de la instrucción no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”. Anticorrupción recuerda en su relato exculpatorio de la expresidenta madrileña una conversación grabada durante la investigación en la que Aguirre le cuenta a Ignacio González que el PP de Madrid se excedió en los gastos electorales pero no incumplió la ley con los gastos de Fundescam. “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”."          

(José Manuel Romero , El País, 24/07/22)

La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP

Daniel Bernabé @diasasaigonados

En el año 2014, JL Moreno, un abogado cercano al PP, negoció con representantes de la mafia rusa para que a cambio de excarcelar a uno de sus capos, Kalashov, consiguieran información sensible de Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas.

"La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP" (José María Olmo, El Confidencial, 30/05/22)

Destacar que a través de los diarios de Villarejo sabemos que la trama Kitchen, por su lado, intentó la misma maniobra, lo que desde luego refuerza la grabación que hemos conocido hoy.

"La Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP" (Tono Calleja, epe.es, 27/02/22)

Kalashov fue expulsado de España en octubre de 2014, después de cumplir siete años y medio de prisión, rumbo a Moscú. ¿Por qué no se le extraditó a Georgia donde hubiera seguido detenido? Esta es la pregunta que se hacía la prensa rusa en 2015.

"Bизит на Житную Зачем Шакро Молодой ездил в Главное управление МВД России" (Lenta.Ru)

2:51 p. m. · 30 may. 2022
114 Retweets 2 Tweets citados 148 Me gusta

" La trama Gürtel y los presuntos esfuerzos del Partido Popular por silenciar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, se han colado en una operación contra la mafia rusa. 

Ya nada sorprende cuando se relaciona con Bárcenas. El PP de Mariano Rajoy utilizó los medios del Estado para robarle la documentación que incriminaba al partido en la financiación irregular. Pero ahora, tal y como ha adelantado El Confidencial, ha aparecido un audio de 2014 en el que tres abogados: uno enviado por el PP, la intermediaria y el representante del mafioso ruso Zakhar Kalashov en el que se habla de cómo extorsionar a Javier Gómez de Liaño, entonces abogado de Bárcenas.

Lo curioso es que la grabación se ha incautado en una operación contra la mafia rusa. Y esto es así porque el representante de Kalashov fue quien se la mandó por correo electrónico al lugarteniente del mafioso ruso, Halit Sahitaj.

La grabación

En la reunión había tres personas, todas españolas. El primero es un abogado, José Luis Moreno, al que en el audio de 22 minutos llaman 'José'; el segundo es un empresario, Juan Ramón Díaz, al que se refieren como ‘Juanra’ y, por último y como intermediaria está, Mónica Gil Manzano, letrada más conocida como la 'timadora de los famosos' y que actualmente cumple condena por haber estafado a la persiodista fallecida, Mila Ximénez, al futbolista, Manuel Pernía, y al bailarín Joaquín Cortés.

 Durante la conversación, Moreno dijo que estaba en contacto con las altas esferas del PP y que necesitaban información sensible contra Gómez de Liaño. Daba la casualidad de que éste representaba tanto a Zakhar Kalashov como a Luis Bárcenas. El trato consistía en que si les facilitaban esa información conseguirían que el mafioso saliera de prisión. Una información que necesitaba el PP como agua de mayo porque, según su interlocutor: "Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a matar a Bárcenas. Están dispuestos a todo".

 Eso sí, además de la información debía pasar por caja y pagar varios millones de euros. Al parecer, nada sale gratis en el mundo de la corrupción. Al representate de  Zakhar Kalashov todo le pareció bien.

De hecho, en la grabación se escucha que el PP tiene un 'lobby' que "presiona desde arriba a los distintos fiscales", lo que permitiría al mafioso rusa salir libertad de forma inmediata con un "tercer grado, cuarto grado… Eso lo tenemos (…) Estamos hablando de alto nivel". Moreno, que ofrecía sin tapujos la prevaricación de la judicatura no oilvidó el verdadero cometido de la reunión en ningún momento: "Libertad a cambio de información, lógicamente". Y de dinero, mucho dinero, pues primero se pidió un millón de euros y, Gil Manzazno dijo que uno no, que cinco millones."          (Loreto Ochando  , El Plural, 30 de mayo de 2022)

Cerco a la era Rajoy por el uso ilegal de la Policía y los fondos reservados

 "El cerco a la antigua cúpula del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy se estrecha. La Audiencia Nacional ha imputado a María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex número dos del partido, por la operación “parapolicial” de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, que se urdió en el seno de la Policía Nacional en 2013 y que utilizó fondos reservados.

 El juez instructor considera que existen indicios suficientes de que la exdirigente política y su marido participaron en la trama bautizada como Operación Kitchen, al igual que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, imputado ya el pasado año.

 El juez Manuel García-Castellón ha esperado nueve meses para dar el paso que desata una nueva tormenta en el PP, incapaz de dejar atrás las investigaciones de corrupción que lo asolan desde hace más de una década. El instructor tenía sobre la mesa desde septiembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a la ex secretaria general del partido y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que el magistrado descartó entonces por “precipitada” y que ha encontrado una respuesta positiva finalmente esta semana. 

El pasado martes, tras incorporar al sumario una ingente cantidad de indicios recabados de las agendas interceptadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el juez firmó un auto de 16 páginas para llamar a ambos a declarar como investigados. Las citas se han fijado para el 29 y 30 de junio, respectivamente.

La era Rajoy sufre así otro duro golpe. Hasta este momento, el juez había fijado su atención en el Ministerio del Interior y en la Policía, donde se coordinó y puso en marcha la operación de espionaje al extesorero popular para arrebatarle supuestamente documentos comprometedores para altos cargos del PP tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas. Ahora, sin embargo, la diana se amplía definitivamente y el magistrado señala ya sin paliativos a la estructura orgánica del partido conservador encabezado actualmente por Pablo Casado, que contó con el respaldo de Cospedal en las primarias de 2018 que le enfrentaron a Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde hace meses, el ministerio público consideraba a Cospedal una pata fundamental de la estructura de Kitchen. Ella, según el ministerio público, tenía un “doble interés” en sustraer material sensible a Bárcenas: tanto “como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma”, como por ser la número dos del PP. A esa tesis se suma el auto del juez del pasado martes, donde se incide en que la expolítica habría estado al tanto de la trama y habría intervenido: “Se detecta una cadena de anotaciones [en la agendas de Villarejo] que permiten inferir su participación y la de su marido”, destaca el magistrado.

De esta forma, la figura de Cospedal engarza Kitchen con las entrañas del PP. Ella no solo era una persona de la máxima confianza del entonces presidente del Gobierno, sino que ocupó el puesto de secretaria general entre 2008 y 2018. Rajoy la eligió para que se presentase a las elecciones autonómicas de 2011 que le permitieron alzarse con la presidencia de Castilla-La Mancha hasta 2015 y le concedió la cartera de Defensa, que ocupó entre 2016 y 2018.

Durante ese tiempo, según revela el sumario, Cospedal mantuvo contacto con Villarejo. Tanto en persona —se reunió con él en la sede nacional del PP en la calle Génova en 2009, cuando la investigación de la trama Gürtel se encontraba a pleno rendimiento y parte de ella bajo secreto— como a través de su marido, que cruzaba llamadas telefónicas de forma habitual con el comisario para intercambiarse información. Estas comunicaciones se prolongaron a lo largo de años y, según el magistrado, se repitieron supuestamente cuando se desplegó la Operación Kitchen en 2013.

Las fechas no resultan baladíes. Hasta finales de 2012 y principios de 2013, el PP había protegido a Bárcenas. Pero entonces llegó a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria de las cuentas en Suiza del extesorero, EL PAÍS publicó los famosos papeles y el extesorero se dispuso a tirar de la manta ante el juez Pablo Ruz —su confesión se produciría el 15 de julio de ese año—. Por tanto, todo cambió. E irrumpieron dos nuevos nombres: José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha; y Andrés Gómez Gordo, un comisario de Policía que la entonces secretaria general del PP había fichado como asesor para el Gobierno castellanomanchego y que tenía su despacho a escasos metros del de su presidenta. Ambos vinculan también a Cospedal con la Operación Kitchen.

El juez de la Audiencia Nacional ha encontrado anotaciones en las agendas de Villarejo —13 nuevas libretas interceptadas en el último registro de su vivienda, en octubre de 2020— donde se recogen supuestos contactos con Ortiz, también imputado, al que se refiere con las siglas JL u Orti. Así, el 8 de enero de 2013, el comisario escribe junto a las siglas de López del Hierro: “Propone que llame a JL, aunque él recordará a la conveniencia de vernos lo antes posible”. El 15 de enero añade junto a la palabra Orti: “Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a Cospe”. Y el 29 de abril apostilla: ‘Orti: Aviso de problemas sobre el último informe de Moroc”. Morocho era el jefe del grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaba Gürtel de la mano del juez Ruz y a quien Interior trataría después de apartar de las pesquisas, según denunció el propio Morocho.

Objetivo: captar al chófer

En julio de 2013, días antes de la confesión de Bárcenas ante Ruz, se pone en marcha la Operación Kitchen, donde participan personalmente Villarejo y otros comisarios condecorados con el presunto objetivo de robar material sensible al extesorero popular. Un despliegue que lidera el entonces jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y del que también estaban presuntamente al tanto Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Todos ellos se encuentran imputados.

La trama se puso como objetivo captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Una maniobra para la que contaron con ayuda de Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal, que conocía personalmente al conductor de épocas pasadas, ya que Ríos había trabajado para Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid. Al chófer le pagaron por sus servicios con fondos reservados —al menos, 53.000 euros entre 2013 y 2015, según la instrucción— y supuestamente facilitaron después su ingreso en la Policía Nacional.

La decisión de imputar a Cospedal y su marido se conoció este miércoles por la mañana, mientras López del Hierro comparecía en la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen. El esposo de la expolítica, que guardó silencio ante las preguntas de los diputados, precedía a la ex secretaria general del PP, que estaba citada por la tarde. Finalmente, el interrogatorio de Cospedal ha quedado aplazado.

Precisamente, Villarejo aprovechó su paso por esa comisión la pasada semana para decir que también cruzó mensajes con Rajoy sobre Kitchen y que Sáenz de Santamaría estaba informada de la trama a través de Francisco Martínez y el CNI. Aunque de la parte del sumario conocida, más allá de sus afirmaciones, no constan de momento indicios que apunten tan alto.

Indicios contra la exdirigente del PP

Audios. El sumario de Kitchen acumula indicios contra María Dolores de Cospedal. Entre ellos, audios de llamadas telefónicas entre José Manuel Villarejo e Ignacio López del Hierro, en los que se escucha cómo se citan para quedar otros días o cómo hablan sobre asuntos que afectan al PP y al Ministerio del Interior. Las grabaciones evidencian que el marido ejercía de intermediario entre el policía y la secretaria general de los populares: “Coméntale a María Dolores si le parece bien...”, dice en un momento, por ejemplo, el comisario a su interlocutor. “Se lo comento, se lo comento”, responde el empresario. 

Además, en otoño de 2018 se publicó en los medios la grabación del encuentro que la pareja mantuvo en 2009 con Villarejo en la sede de la calle Génova. La Fiscalía cree que el matrimonio le ofreció ese día al agente que ejecutara “encargos puntuales” que se pagarían con fondos del PP. De hecho, existen en octubre de ese año dos llamadas de Villarejo a López del Hierro para “advertirle” de la apertura de dos investigaciones —la Operación Brugal y la rama valenciana de Gürtel— que entonces se hallaban bajo secreto.

Recibís. Los investigadores también interceptaron a la trama los recibís que firmaba Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas, cuando le pagaban con dinero procedente de los fondos reservados. En un primer momento, estos abonos corrían a cargo de Villarejo, pero después pasó a hacerlos en persona Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal, como él mismo reconoció al juez. La Policía ha encontrado hasta cuatro recibís con la firma de Gómez Gordo.

Las agendas de Villarejo. El detonante de la imputación del matrimonio ha llegado con el hallazgo de 13 nuevas agendas del comisario jubilado, que se localizaron en su casa en un registro en octubre de 2020 (cuando Villarejo se encontraba en prisión provisional). En palabras del juez: “Las agendas contienen aparentes referencias [a Cospedal y su esposo]. Se puede vincular a Cospedal con las siglas ‘MD’ y ‘Cospe’; y a su marido con las letras ‘ILH”. 

A lo largo de ellas, Villarejo anota los presuntos contactos con la pareja y su entorno. Y se observa cómo se pasó de pedir ayuda a mediados de 2012 para “salvar al tesorero” —Bárcenas aún no había tirado de la manta— a intercambiar datos sobre el chófer captado para espiarle. Entre los apuntes se lee, según destaca el juez: “Aviso [a López del Hierro] contacto Sergio [Ríos]. Él se encarga de hablar con Andrés [Gómez] Gordo”; “Cospe: varios contactos y posible cita”; y “Cospe: control de LB... [Luis Bárcenas]”."                 (J. J. Gálvez, El País, 02/06/21)

Aznar, Rejoy, ministros, ministras e a corrupción do PP

"O PP é un partido corrupto e por iso está procesado (por destruír os ordenadores de Bárcenas con información sobre o financiamento ilegal do partido), caso único na historia da democracia. Non podemos calar e debemos denunciar a corrupción, tamén cando Rajoy e Feijóo gañan as eleccións. 

 

O financiamento ilegal do PP, a caixa B e o diñeiro negro non foron casos excepcionais, senón unha práctica habitual desde 1987, primeiro como AP e despois con Rosendo Naseiro de tesoureiro de Fraga e Aznar como presidentes do partido. Cando sucede a Fraga, Aznar supervisaba e daba directrices sobre o financiamento ilegal do PP, segundo Naseiro.

Os chamados papeis de Naseiro xa desvelaban a contabilidade secreta do PP, cunha conta oculta que, daquela, movía 204 millóns de pesetas entre ingresos e cheques ao portador. Só entre 1999 e 2007 o PP recibiu 33 millóns de euros en doazóns (23,7 millóns de procedencia anónima), segundo o tesoureiro Luis Bárcenas, destinadas ao pago de sobresoldos e campañas electorais.

Nesta trama de corrupción e financiamento ilegal están implicados numerosos dirixentes, cargos públicos e todos os tesoureiros do PP. En varios artigos imos falar dos presidentes Aznar e Rajoy e de 18 dos seus ministros e ministras, moitos deles cunha estreita relación coa trama Gürtel (para esta terza feira 4 de outubro está axendado o comezo da primeira parte do xuízo), implicados en casos de corrupción e que cobraron sobresoldos procedentes da caixa B do PP.

Estamos a falar dunha corrupción extraordinaria. Segundo os informes que a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía remitía ao xuíz Pablo Ruz en febreiro de 2014, a Gürtel moveu 25,57 millóns de euros en diñeiro negro, froito dos seus contactos cos gobernos de administracións controladas polo PP. 

Os apuntes da caixa B do PP recollen que Francisco Correa, principal dirixente desta trama corrupta, facturou en diñeiro negro 3,9 millóns de euros no ano 2002, 4 millóns en 2006 e 6 millóns de euros en 2007. Esta información está recollida con moito máis detalle no libro Indecencias e corruptelas, que publiquei en 2015.

José María Aznar. Presidente do goberno (1996-2004), tiña unha excelente relación coa Gürtel, facilitando os seus negocios. Correa foi un dos invitados na voda da súa filla Ana con Alejandro Agag e facía un regaliño ao presidente Aznar de 32.452 euros, que era o custo da iluminación do evento. Ana recibía tamén outro regaliño de Álvaro Pérez “El Bigotes” en Nadal de 2002, un móbil de edición limitada de 1.250 euros.

Aznar e a súa esposa, Ana Botella, crearon en 2004 a sociedade Famaztella SL. (familia Aznar Botella) para xestionar os seus ingresos por conferencias, publicacións e outras actividades. No peor ano da crise, a sociedade familiar de Aznar tivo en 2009 uns ingresos de 620.732 euros e un beneficio de 445.417 euros. 

Fundouse cun capital de 3.000 euros e en cinco anos xa tiña un patrimonio acumulado de 1,6 millóns de euros. Con Famaztella aforraban 200.000 euros na súa declaración a Facenda, xa que tributaban así polo imposto de sociedades e non polo IRPF, que é o dobre. 

A Axencia Tributaria fixo unha inspección en 2013 sobre as súas declaracións de 2009 e 2010 do IRPF e do imposto de Sociedade de Famaztella e por esas irregularidades tivo que facer unha liquidación complementaria de 199.052 euros e foi sancionado co pago de 70.403 euros. Aznar era perfectamente coñecedor do fraude que cometía porque é inspector de Facenda.

Ademais dos seus ingresos como deputado, Aznar cobrou 782.695 euros do PP como sobresoldo entre 1990 e 1996, segundo a contabilidade oficial do partido que investigaba o xuíz Pablo Ruz. Este político “exemplar” cobra anualmente 80.000 euros como ex–presidente (ten, ademais, dereito a chófer, escoltas, secretaria e asistente particular) e recolocouse poucos despois de deixar o cargo público: consello de administración de Endesa (empresa pública que el privatizou) cuns ingresos anuais de 200.000 euros, e tivo tempo para participar en News Corporation, conglomerado empresarial de medios de comunicación do magnate Ruper Murdoch, cuns ingresos de 160.000 euros en 2010. 

E Aznar continúa polo mundo adiante, dando conferencias con receitas económicas neoliberais e leccións de ética.

Mariano Rajoy. Ministro de Administracións Públicas con José María Aznar (1996-1999), ministro de Educación e Cultura (1999-2000), ministro do Interior (2001-2002), ministro da Presidencia (2000-2001 e 2002-2003), presidente do Goberno desde decembro de 2011 e presidente do PP desde outubro de 2004. 

Nomeou Luis Bárcenas como responsábel de Finanzas do partido no congreso do PP de 2008 e cando se descobre que Bárcenas tiña millóns de euros en Suíza, dá un sabio consello ao tesoureiro: “Sé forte”, que traducido significa “non cantes”, non descubras a existencia do diñeiro negro e do financiamento ilegal do PP.

A contabilidade oficial do PP recolle que Rajoy recibiu 1,58 millóns de euros entre 1990 e 2011. Na contabilidade B do PP, feita pública polos papeis de Bárcenas, aparecen os sobresoldos que recibían durante vinte anos os secretarios executivos, ministros e ministras, cargos públicos e outros membros do partido, procedentes do diñeiro negro que ingresaba o PP procedentes de construtores, empresas de seguridade e doazóns. Entre 1997, co goberno de Aznar, e 2008, Rajoy recibiu en sobresoldos 322.231 euros en 35 entregas.

Rajoy é Rexistrador da Propiedade desde 1978. Non está nada claro se é legal desfrutar dos beneficios como rexistrador en numerosos destinos (Vilafranca do Bierzo, Padrón, Berga, Elxe ou Santa Pola) mentres ocupaba sucesivos cargos institucionais.

Francisco Álvarez Cascos. Ministro da Presidencia (1996-2000), ministro de Fomento (2000-2004). Secretario Xeral do PP (1989-1999). Era ministro de Fomento na catástrofe do Prestige e pola súa nefasta xestión recibiu da Xunta do PP a Medalla de Ouro de Galicia en 2003.

Actuou como tesoureiro en funcións do PP entre 1990 e 1993 (cando demite Naseiro, até que chegou Álvaro Lapuerta) e era coñecedor da existencia da caixa B. Despois da detención de Rosendo Naseiro, en abril de 1990, entregou a Bárcenas as chaves da caixa con oito millóns de pesetas.

Para a UDEF, Cascos sería un dos principais receptores de comisións procedentes da rede corrupta Gürtel. O mesmo Correa manifestaba: “Leveille a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Leveillo a Génova [sede do PP] e á súa casa. Todo de adxudicación de obras de Fomento, cando estaba Cascos”.

As siglas PAC (Paco Álvarez Cascos) aparecen, segundo a Policía, “vinculadas ao reparto de beneficios xerados con motivo da execución de accións das campañas eleitorais de 2003 e 2004”, resultado dun contrato de prestación de servizos publicitarios para o PP  por parte de Rialgreen SL. Por máis de tres millóns de euros. Cascos recibiría 41.172 euros dos beneficios desa empresa.

Cando Cascos chega ao ministerio de Fomento designa Ángel López de la Mota como responsábel de comunicación de AENA, persoa imputada por recibir da Gürtel “dádivas en efectivo e en especie” (600.000 euros en viaxes e reformas na súa vivenda) a cambio da adxudicación a empresas da Gürtel de contratos de AENA.

Entre 1990 e 2011 Cascos recibiu 575.795 euros do PP en sobresoldos. Nos papeis de Bárcenas figura que recibiu 321.391 euros entre 1990 e 2004. Cascos declaraba en xullo de 2009: “Son amigo de Luis Bárcenas, é unha persoa honorábel e conservo a miña confianza nel”.

Jaume Matas. Conselleiro de Economía do goberno de Baleares (1993-1996), presidente do PP balear (1999-2007) e da Comunidade Autónoma (1996-1999 e 2003-2007), ministro de Medio Ambiente (2000-2003).

Matas recibiu un sobresoldo de 8.400 euros do PP o 2 de abril de 2003, cando deixa o goberno para presentarse como candidato á presidencia do goberno de Baleares.  Declarado culpábel de malversación, prevaricación, falsidade documental e fraude á administración nunha peza do Caso Palma Arena. 

Condenado pola contratación fraudulenta do xornalista Antonio Alemany para que lle fixese os discursos e despois escribía eloxios deses mesmos discursos na prensa. Condenado tamén por suborno na contratación da súa dona, que recibiu 3.000 euros mensualmente, sen que xamais traballase no hotel para o que foi contratada. 

Está tamén acusado por un delito de branqueo de capitais por presuntas irregularidades na compra e reforma dun palacete no casco vello de Palma e dunha vivenda no barrio de Salamanca de Madrid.

Despois dun informe da Garda Civil, está investigado porque “hai fundadas sospeitas da posíbel evasión do capital amasado durante a súa estancia na política” e hai probas de que “desviou importantísimas cantidades de diñeiro a paraísos fiscales ou terceros países, provenientes das obras públicas realizadas e de subornos  de adjudicacións irregulares”. Este delincuente sempre foi considerado polo PP como un gobernante exemplar e Mariano Rajoy declaraba: “Eu quero un goberno como o que preside Jaume Matas en Baleares”.

No próximo capítulo continuaremos con estes ministros e ministras “exemplares”: Javier Arenas, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana, José María Michavila e Josep Piqué."    

Ver:  Ministros, ministras e a corrupción do PP (I)  e  Ministros, ministras e a corrupción do PP (e III)                     (MANUEL MONGE, Sermos Galiza,  04 Outubro 2016 )

El Juez De la Mata reconoce el carácter de organización criminal del PP: los tesoreros de Rajoy van a juicio y el PP tiene que pagar una fianza civil de 1,2 millones

"El juez José de la Mata ha abierto juicio a los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro de Lapuerta y al exgerente Cristóbal Páez como integrantes en organización criminal por la caja B del partido, así como al PP como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de su sede y le pone una fianza de 1,2 millones de euros que debe pagar en 10 días.

 En el auto de apertura de juicio oral, de 102 páginas y notificado hoy, el juez de la Audiencia Nacional acuerda además sentar en el banquillo como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica -el estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede de Génov-, empresa a la que reclama una fianza de 4,5 millones de euros, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad en documentos mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

De la Mata acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, De Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral, atendiendo así a la acusación que en este sentido formuló Izquierda Unida, y que se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública que solo les atribuye la Fiscalía Anticorrupción. 

Esto supone que, mientras que por estos hechos el fiscal Antonio Romeral pide para los dos extesoreros cinco años de cárcel y 18 meses para Paéz, IU reclama 19 y 21 años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta, respectivamente, y 13 años para Páez.

Según relata el juez en el auto, “la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas”. 

“El análisis de lo actuado permite inferir que parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes, era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos”, metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.

Todo ello, según De la Mata, permite concluir “la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo” de Bárcenas y Lapuerta “quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos”, eludiendo así el control del Tribunal de Cuentas y “la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas” con contratos vigentes en ese momento con administraciones públicas. 

Dentro de esa dinámica, el juez señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de sus sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar “el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política” durante ese año.

tidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial”. De este modo, la fianza de 1.245.154 euros que deberá depositar el PP en un plazo de 10 días, se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.

De la Mata recuerda que en 2013 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya estableció que solo están exentas de tributar “las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecúen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley”. 

“En consecuencia, viniendo obligados los partidos políticos a presentar y suscribir declaración por el IS con relación a las rentas no exentas”, el PP habría dejado de ingresar “una cuota por encima del umbral de 120.000 euros”, destaca el auto. Con este argumento, De la Mata rechaza la tesis del fiscal de no juzgar al PP por delito tributario en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque el representante del Ministerio Público sí que consideraba al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede.

En total, el juez fija por estos hechos fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta, los 7,4 millones de Páez, y los 6’1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y Laura Montero. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley."          (República de las ideas, 29/05/2015)