Tres grandes fortunas vascas de la lista Forbes controlan la compañía propietaria de la fábrica de papel instalada en la ría de Pontevedra. Presionaron para aplicar el modus operandi, basado en conexiones políticas y puertas giratorias, utilizado por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la filial de Repsol en la marisma de Muskiz

"Cuenta la prensa local que el recién investido como presidente de la Xunta en 2009, Alberto Núñez Feijoó, acudió en ese mismo momento a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, “donde había muchos empresarios”. “Dos buscaron de manera especial” al ahora líder del PP, indica el Faro de Vigo. Uno era Ignacio Sánchez Galán, recién nombrado presidente de la energética vasca Iberdrola. El otro era un empresario vasco, Juan Luis Arregui Ciarsolo, vicepresidente de la compañía eléctrica y presidente de Energía y Celulosa SA (ENCE). Ambos habían hablado antes con Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, y después con Mariano Rajoy. El objetivo: convencerles de replicar el modelo vasco de desarrollo de los combustibles fósiles de Petronor en la marisma de Muskiz, pero en Lourizán.

El mallabitarra había alcanzado la presidencia de ENCE en 2006, cuando era vicepresidente de Iberdrola, de la que también fue el máximo accionista individual, con un 2% de las acciones. Durante algunos años, el grupo se mantuvo bajo el control de la entidad pública Instituto Nacional de Industria (INI), pero como tantas otras empresa públicas terminó completamente privatizada en 2001.

Tras comenzar su internacionalización en Argentina y Uruguay pasó a convertirse en líder europeo en fabricación de celulosa de eucalipto gracias a sus fábricas de Pontevedra (Galicia) y Navia (Asturias). En la actualidad es el principal gestor forestal privado del Estado español y cuenta en la Península con plantas de energía renovable con biomasa agroforestal y energía solar térmica.

Para defender la permanencia de su fábrica en el municipio gallego de Lourizán, ENCE puso siempre como ejemplo a Petronor en Euskadi, “que ha conseguido garantizar la permanencia futura de su planta de Muskiz gracias a la implicación directa de las Administraciones, a pesar de estar afectada igualmente por la Ley de Costas” y esperaba “el máximo apoyo político para solucionar su permanencia”. El Correo Gallego apoyó la idea con una editorial en 2011 donde afirmaba que el “precedente” de Muskiz “se podría aplicar” en Lourizán, ya que Petronor “se mantuvo en su ubicación gracias a la implicación de las administraciones“. Añadía que “sería bueno que la Xunta se mirara en el ejemplo del Gobierno vasco, que supo conjugar intereses empresariales y medioambientales”.

Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP

La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.

Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.

Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.

Con el tiempo, las puertas giratorias se fueron afianzando. En 2013, Arregui fichó como consejera de ENCE a Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PP entre 1996 y 2000, cuando comenzó la privatización de la compañía papelera. Tocino fue reelegida como consejera de ENCE en 2016, una fecha clave para la permanencia de la compañía en Lourizán.

Por último, entre los fichajes de Arregui cabe destacar a un consejero de ENCE Biogas, el exmiembro del PP vasco Marcelino Oreja, exconsejero del Ente Vasco de la Energía (EVE) del Gobierno Vasco. E incluso Antonio Casal, quien fuera director de la planta pontevedresa de ENCE y en la actualidad ejerce de director territorial de ENCE en Galicia, está casado con María José Echevarría, Directora General de Calidad Ambiental en la Xunta.

La portavoz de la formación gallega BNG, Ana Pontón, llegó a denunciar en 2017 que las puertas giratorias entre Ence y el PP ponían la política forestal “al servicio” de la compañía papelera, “hipotecando” el futuro de Galicia al “imponer” el monocultivo del eucalipto. Frente al modelo denunciado, el apoyo político y las puertas giratorias copiado por ENCE para buscar influencia en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiso mostrarse contundente en el reportaje “La casa del papel”, emitido en el programa Salvados en 2021, al afirmar que “no hay ningún miembro del PP de la Xunta relacionado” con la empresa. Y matizó, no obstante, que “si lo hubiera, no sería incompatible”.

Millonarios vascos al frente de ENCE

Considerado por el diario jeltzale Deia como un “búho” por su vista para los negocios, trás recibir apoyo en su etapa de fundador de Gamesa con millonarias ayudas públicas concedidas al su firma por los consejeros de Industria Jon Azua y Josu Jon Imaz, el presidente de honor de ENCE se ha convertido en el segundo vasco más rico de la lista Forbes. Juan Luis Arregui, también galardonado por el Gobierno Vasco y la Cámara de Comercio de Araba, ejerce de accionista mayoritario en ENCE, así como de Presidente de Honor, manteniendo una participación activa en la compañía desde el Consejo, y también participa en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Sostenibilidad. En el consejo de la compañía figuran tres hijos de Arregui: Gorka, Oscar y Javier. Pero además, la familia cuenta con apoyos en el consejo por parte de dos millonarios vascos de la lista Forbes.

El quinto vasco más rico de la lista Forbes, Víctor de Urrutia, es a su vez consejero de ENCE, segundo mayor accionista con el 8,9% del capital. Es el exvicepresidente de Iberdrola, de ascendencia vasca pero nacido en Madrid, y durante muchos años la conexión de ENCE con el grupo de comunicación vasco El Correo y la fábrica embotelladora de Coca Cola en Galdakao. El tercer mayor accionista de ENCE, con el 6,3% del capital, es José Ignacio Comenge, a su vez el tercer vasco más rico de la lista Forbes. Conocido como “el águila” por su relación empresarial con la conocida marca de cerveza, es de origen vasco pero reside en Valencia."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 05/10/24)

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial. En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021. En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’. FROB El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR). El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

El Cártel de los coches: los clientes abonaron un sobreprecio estimado entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo... más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia... La OCU está presentando demandas colectivas contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda, Volvo, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault

 "Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.

La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.

En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.

El sobrecoste de los coches

Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.

La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.

Multa de 137 millones

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.

El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.

Los coches del cártel

 La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.

En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ."     (Economía Digital de Galicia, 04/12/23)

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría". Todas donantes del PP. Vergüenza (C. S. Mato)

Carlos Sánchez Mato @carlossmato

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría" Todas donantes del PP. Vergüenza

"La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M" (El Confidencial, 09/12/22)

11:07 p. m. · 9 dic. 2022
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 "La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M.

 La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que multó en julio a Ferrovial con 38,5 millones por llegar, presuntamente, a acuerdos para compartir trabajos e intercambiar información estratégica en contratos de obra.

Junto a Ferrovial Construcción la CNMC multó a Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); a FCC Construcción (40,4 millones); a Acciona Construcción (29,4 millones); a OHLA (21,5 millones) y a Sacyr con 16,7 millones.

En total, 203,6 millones de sanción conjunta por alterar, supuestamente, durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Ferrovial, como ya hizo con Sacyr en noviembre y OHLA en septiembre, y ha acordado las medidas cautelares presentadas, según han indicado a EFE fuentes de la compañía. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas.

El organismo que preside Cani Fernández subrayó que estas compañías intercambiaban información sobre su estrategia de presentación de ofertas a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general.

En este sentido, la resolución de la CNMC sería remitida a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que fuese ésta la que determinase la duración y el alcance de la prohibición.

El grupo que dirige Rafael del Pino solicitaba que se suspendiese cautelarmente la multa y la prohibición de contratar con el sector público. Las compañías multadas han alertado a la Audiencia Nacional del impacto que tendría una multa de estas características y de los perjuicios que generaría para su actividad la prohibición de contratar con la administración pública. Contra los autos de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional cabe la interposición de recurso."                ( El Confidencial  , 09/12/22)

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial... La salida de la constructora de España se ha anunciado en paralelo a un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay ya 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo

 "La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos."                  (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 2 de marzo de 2023)

Naturgy sancionada por la CNMC con 6 millones de euros por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a Naturgy Generación por un valor de 6 millones de euros. Lo ha hecho por ofertar en los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación, con el objeto de incrementar sus ingresos, tal como ha informado el regulador en un comunicado. 

Del mismo modo, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le grava una aportación de carácter indemnizatorio por valor de 35,5 millones de euros a las liquidaciones del operador del sistema. Esto se establece para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda. Esta cuantía será repartida entre la demanda en un número de meses iguales a los que duró la actuación, es decir, un total de 22 meses.

Naturgy recurrirá esta sanción ante los tribunales, tal y como han confirmado fuentes de la compañía a ElPlural.com. En este tipo de casos, la compañía puede interponer contra la resolución un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación. En un principio, se estimaba que la aportación por estos beneficios de la conducta infractora deberían ascender a 43,2 millones de euros, aunque en las alegaciones aportadas por la empresa se redujo esta cantidad a los 35,5 millones de euros. (...)"           (El Plural, 27/07/23)

 

Mariana Mazzucato: Las grandes consultoras, la gran estafa. Cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías

 "Estos últimos años, McKinsey & Company (una de las «tres grandes» empresas de consultoría) ha estado en boca de todos, pero no por buenos motivos. Su trabajo para grandes corporaciones y gobiernos se ha convertido en fuente de escándalos e intrigas en todo el mundo. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, McKinsey aceptó pagar casi 600 millones de dólares por su participación en la mortal epidemia de opioides: la empresa fue acusada de haber asesorado a Purdue Pharma sobre cómo «potenciar» las ventas de OxyContin. En Australia, el trabajo de la empresa para la estrategia nacional de descarbonización del gobierno anterior recibió críticas por ser un intento evidente de proteger a la industria australiana de los combustibles fósiles. 

Y una investigación del New York Timeshalló que en Puerto Rico, su filial de inversiones (MIO Partners) estaba posicionada para obtener ganancias con los mismos títulos de deuda que sus consultores estaban ayudando a reestructurar. La lista podría seguir y seguir. Pero como mostramos en nuestro nuevo libro, The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments, and Warps our Economies [Las grandes consultoras/la gran estafa: cómo la industria de consultoría debilita nuestras empresas, infantiliza nuestros gobiernos y deforma nuestras economías], estos escándalos son sólo la punta del iceberg. Es verdad que en cualquier empresa hay alguna manzana podrida, pero en el caso de la industria de consultoría, el problema real está en su modelo de negocios subyacente.

 El valor estimado del mercado mundial de servicios de consultoría en 2021 fue entre 700 y 900 mil millones de dólares. Pero a pesar del papel creciente del sector en la vida económica y política, sus actividades casi nunca se ven como lo que son: síntomas de problemas estructurales del capitalismo contemporáneo más profundos. Aunque la industria de consultoría no sea totalmente responsable por la financierización de la economía, el «cortoplacismo» de las corporaciones o el vaciamiento del sector público, es indudable que todo eso la beneficia. 

A lo largo de la historia del capitalismo moderno, las «Big Con» (en inglés: las «grandes consultoras» o la «gran estafa») han estado siempre listas para subirse a cada nueva ola de disfunción. En el sector público promovieron una ola de privatizaciones, reformas administrativas, recurso a la financiación privada, subcontratación, digitalización y austeridad, y obtuvieron de ella grandes beneficios. En el sector corporativo ayudaron a normalizar nuevos modelos de gobernanza, desde la difusión de la contabilidad de costos y de las corporaciones multidivisionales en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hasta el surgimiento del reinado del accionista en la fijación de prioridades y la asignación de recursos.

 Hoy la industria de consultoría promete revertir los mismos problemas que ayudó a crear; de allí el auge de nuevos contratos para la provisión de asesoramiento en lo referido a indicadores «ambientales, sociales y de gobernanza corporativa» (ASG/ESG). No es sorprendente que esta nueva línea de negocios haya traído consigo numerosos conflictos de interés. McKinsey, por ejemplo, asesoró en algún momento a no menos de 43 de las 100 empresas más contaminantes.

 Un hecho muy elocuente fue el papel de las consultoras en la crisis de la COVID‑19. Durante los primeros dos años de la pandemia, los gobiernos gastaron sumas enormes en contratos de consultoría, con resultados dudosos en el mejor de los casos y dañinos en el peor. En Francia, las consultoras estuvieron muy involucradas en la campaña de vacunación. Pero en vez de mostrarse como un ejemplo de eficiencia, el programa francés resultó un desastre. A inicios de enero de 2021 se habían aplicado apenas 5000 dosis, contra 316 000 en Alemania y 139 000 en España (los tres países iniciaron los programas más o menos al mismo tiempo).

 Puede ocurrir a veces que los gobiernos contraten consultoras para cubrir faltantes en sus capacidades propias. Pero por desgracia, se ha convertido en norma otorgarles lucrativos contratos de gran alcance incluso en áreas que obviamente deberían ser parte de las competencias del Estado. Por eso en 2020, un ministro conservador del Reino Unido se quejaba de que a los funcionarios públicos se les negaran una y otra vez «oportunidades para trabajar en algunas de las cuestiones más desafiantes, complejas y gratificantes», y que la dependencia «inaceptable» respecto de las consultoras privadas estaba infantilizando al servicio público.

 Cuando todo se subcontrata, las agencias públicas no pueden desarrollar en su seno las habilidades y el conocimiento que se necesitan para hacer frente a nuevos retos. Y es preocupante. Los epidemiólogos advierten que con la próxima pandemia global, la cuestión no es «si» se producirá sino «cuándo». Tenemos que invertir con urgencia en la capacidad de los gobiernos y de las agencias sanitarias públicas para detectar nuevos brotes y contenerlos antes de que puedan extenderse.

 Al fin y al cabo, las grandes consultoras no siempre son expertas en las áreas para las que se las contrata. Como reveló el New York Times (citando una fuente perteneciente al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), las consultoras que estuvieron detrás de la caótica campaña de vacunación francesa tendían a «importar modelos operativos de otras industrias que no siempre eran eficaces en salud pública». 

Depender cada vez más de grandes consultoras con modelos de negocios extractivos atrofia la innovación y la capacidad estatal, debilita la rendición de cuentas democrática y dificulta discernir los efectos de las acciones políticas y corporativas. Y en una era de disrupción climática, estas consecuencias se han vuelto existenciales. Cuando se desperdician los fondos públicos y otros recursos, y cuando las decisiones en los gobiernos y en las empresas se toman con impunidad y poca transparencia, el costo lo pagamos todos. 

Para colmo de males, la promesa de un trabajo significativo (y mejor remunerado) en la industria de la consultoría está alejando del servicio público a muchos jóvenes profesionales inteligentes y bienintencionados. (Aunque felizmente, hay indicios de que muchos jóvenes consultores se están desilusionando con el sector.)

 El primer paso para combatir cualquier adicción es reconocer el problema; sólo entonces podemos reducir la dependencia. En tiempos de creciente cuestionamiento de las ortodoxias económicas y búsqueda de alternativas, analizar y deshacer el papel de las grandes consultoras en la economía actual puede servir para hallar soluciones. Para crear una economía que funcione mejor, tenemos que invertir en la capacidad y el conocimiento práctico del Estado, reintroducir la idea de propósito público en el sector público y eliminar del sistema la intermediación costosa e innecesaria de la industria de consultoría. 

 Gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de los peligros de una dependencia excesiva de las consultoras (y de la forma de capitalismo que han ayudado a crear). Actores reformistas están desarrollando nuevos modelos de gobernanza innovadores, que van de la creación de consultoras internas en el sector público a «laboratorios» de políticas y programas locales de licitación pública orientados a las comunidades. Para transformar nuestras economías al servicio del interés público es necesario cambiar nuestros conceptos y discursos en relación con el papel del Estado.

 Tenemos que dejar de ver al Estado como un mero agente de rescate y reducción de riesgo del mercado y reconocerlo como un actor económico crucial. Organizaciones privadas y personas con conocimiento y capacidad auténticos pueden seguir siendo una fuente valiosa de asesoramiento. Pero deben asesorar y ser fuente de «consulta» en forma transparente y desde un costado, en vez de asumir una posición de mando y cobrar por sus servicios cualesquiera sean los resultados."                (Mariana Mazzucato  and Rosie Collington , Project syndicate, 02/03/23)

Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica... Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas... Ferrovial solo ha pagado el impuesto de sociedades en 3 ejercicios, créditos fiscales mediante. Las nuevas normas tributarias sí que le harán pagar todos los años... y además, participó en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes, ¿quién da más?

"Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica. Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas. Su compromiso con la sociedad española, a través del pago de impuestos, vamos a calificarlo, siendo generosos, como modesto, créditos fiscales mediante, nada que ver, por ejemplo, con otros empresarios ilustres que sí se han mostrado orgullosos de pagar impuestos en nuestro país. Desde 2010,

Una de las funciones más importantes de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Espero que el señor Del Pino algún día lo entienda, porque ese día va a llegar antes de lo que él espera, y posiblemente le coja desprevenido en los Estados Unidos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente las investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra divulgativa La riqueza oculta de las naciones. 

 

En este sentido, frente a las peticiones de ciertos “patriotas de hojalata” patrios, reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: “Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito”. 

 
La participación de Ferrovial en distintos cárteles acreditada por la CNMC

Sin embargo, de lo que adolece Ferrovial, por encima de todo, es de su falta de compromiso con el libre mercado. Un dato obviado por la prensa patria, y los distintos partidos políticos, es la participación de Ferrovial en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes. Sin embargo, este aspecto sí que ha sido analizado entre otros, por el profesor Juan Luis Jiménez, experto en política de la competencia y organización industrial, que en un excelente hilo en Twitter detalló ampliamente la participación de Ferrovial en estos cárteles.

 

 Los cárteles, tal como señala Jiménez, “representan, sin duda, la peor de las restricciones a la competencia. Se trata de empresas que se ponen de acuerdo para aumentar sus beneficios a costa de perjudicar a los consumidores. De todos los cárteles, los más dañinos son aquellos que afectan a la obra pública. En éstos, las empresas pactan aumentar ilegalmente precios a contratos que utilizan dinero público y que están relacionados con obras públicas necesarias.” Y Ferrovial estaba en todos los tinglados alrededor de estos cárteles, tal como lo ha acreditado la Comisión Nacional del Mercado del Mercado de la Competencia. Permítanme adjuntarles dos notas de prensa de la propia CNMC.

En la primera la CNMC detalla el desmantelamiento de un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, donde obviamente participaba Ferrovial. Como desgrana el profesor Jiménez, “12 grandes empresas españolas, entre ellas Ferrovial, formaron un cártel para aumentar los precios de los concursos públicos de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento.”

En la segunda, la CNMC comunica la multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras, donde también participaba Ferrovial. Desde 1992, tal como detalla el profesor Jiménez, “Acciona, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain y Sacyr Construcción, se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública publicadas. En dichas reuniones decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.” Como resultado se produce una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas, impulsando al alza los precios.

Por eso, una súplica, sin acritud, dejen algunos de darnos sermones sobre las ventajas del liberalismo, cuando son ellos, en nombre del liberalismo, quienes, con sus acciones, socavan las bases del libre mercado y de la competencia. Lo más preocupante es que hasta ahora las corruptelas para esquivar la competencia les ha salido medio gratis.

El Estado debe dotar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de todos los medios y personal necesario para que actué con todas las de la ley, y ante comportamientos de cártel que imponga sanciones multimillonarias, y llegado el caso, que trocee corporaciones demasiado grandes para fijar precios por encima de los costes marginales. Pero para ello, antes, hay que acabar con las vergonzosas y vergonzantes puertas giratorias alrededor de la CNMC. Un cargo relevante de la CNMC, allá por 2016, ya me advertía de que el enemigo en la lucha contra los cárteles lo tenía dentro."                                (Juan Laborda , El Salto, 9 mar 2023)

El IBEX35 y sus paraísos fiscales en EEUU

 "En la lista de los lugares en el mundo que son paraísos fiscales -recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda de España- no están los principales, los estados de Estados Unidos que son paraísos fiscales. Y la mayoría de los integrantes del IBEX35 -las 35 mayores empresas y entidades financieras que cotizan en las bolsas españolas- tienen sus “empresas pantalla” en paraísos fiscales localizados en Estados Unidos.

¿Qué objetivo tiene publicar una lista con tan graves ocultaciones? Según las declaraciones oficiales, el objetivo es la mejora de la eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Y fija unos criterios -acordes con el marco legal de la Unión Europea- que identifica los países y territorios que facilitan la instalación de sociedades extraterritoriales para la obtención de beneficios sin actividad económica real, y que tienen una baja o nula tributación, y ayudada por su opacidad y falta de transparencia.

La propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen ya admitió públicamente en un foro mundial que su país ya era “el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas” -mediante las llamadas “empresas pantalla”- debido a la facilidad legal para crear tales empresas. Es decir, por cumplir todos los criterios fijados para la elaboración de la lista española de tales lugares por el planeta. Si Estados Unidos -la única superpotencia realmente existente- ya ha reconocido que es el mejor paraíso fiscal existente, ¿por qué no está en la lista?

Se ocultan los principales paraísos fiscales

En su momento Oxfam Intermón ya denunció que el paraíso fiscal preferido por las empresas del IBEX35 era el estado de Delaware en Estados Unidos -con 352 filiales instaladas allí-, y los siguientes -curiosamente países de la Unión Europea- eran Holanda -con 119 filiales-, Irlanda -con 75-, y Luxemburgo -con 56-, acumulando el 75% del total de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales. Es decir, tres cuartas partes del tal fraude fiscal no están en la lista de Hacienda.

El estado de Delaware en Estados Unidos tiene 6.446 kilómetros cuadrados de superficie -el segundo menos extenso del país- y 1.003.384 habitantes -el sexto menos poblado- pero tiene más de un millón trescientas mil empresas registradas, es decir, 1,3 empresas por cada habitante. Y cumple con todos los criterios de Hacienda anteriormente citados para ser paraíso fiscal. Pero no aparece en la lista.

Como tampoco aparecen los demás estados de Estados Unidos convertidos en los mejores paraísos fiscales del mundo -a saber, Nevada, Montana, Wyoming y Dakota del Sur- que también permiten crear una empresa pantalla sin informar de quién es su propietario -lo que sirve para evadir el pago de impuestos y lavar dinero- y, de hecho, ya acumulan más fondos monetarios que los clásicos paraísos fiscales reseñados en la susodicha lista de Hacienda.

Benditos paraísos fiscales

En el imaginario colectivo, los lugares del mundo para el lavado de dinero son países pequeños con un historial de leyes financieras relajadas y secretas -creencia fomentada por la superpotencia que se ha dedicado a denunciar a los otros paraísos- pero la realidad actual es que el país más poderoso de la tierra es el paraíso fiscal por antonomasia.

Durante la autodenominada “Cumbre de la Democracia” -foro virtual con más de un centenar de países invitados inaugurado por Joe Biden, que fue senador por Delaware entre 1973 y 2009- y de manera extremadamente cínica, Yellen -la secretaria del Tesoro estadounidense- justificó tamaño delito en la libertad que dispone cada estado miembro de EEUU para establecer sus propias reglas.

Una libertad legal para una apropiación ilegal, ¡bendita libertad! Porque Yellen no ha dicho nada de que Estados Unidos vaya a compensar -por las enormes pérdidas económicas- a todos los países y pueblos del mundo que están sufriendo tal atraco “legal”.

El IBEX35 vuelve a sus dueños extranjeros

Quizá la razón de fondo resida en que el capital extranjero ya es dominante en el IBEX35 y la mayoría es capital estadounidense que canaliza sus inversiones través de fondos de inversión tradicionales, fondos de capital riesgo y fondos cotizados. Por lo que revierte a Estados Unido sus ganancias en España incluidas las transferencia a sus paraísos fiscales. Así se entendería que se oculten. A lo que se añade el efecto perverso de que peligra tener dinero en los que sí aparecen en la lista, con lo que se fomenta su traslado a los intocables paraísos estadounidenses.

Estamos de acuerdo con la denuncia papal de los paraísos fiscales. El Papa Francisco ha criticado los paraísos fiscales y señalado que las finanzas hacen “perder lo concreto, que es la producción y el trabajo de todos”, porque se debe “invertir en el bien común, no esconder en los paraísos fiscales. La inversión es dar vida, es creativa. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia”. Y ha demandado “claridad, transparencia, inversión y producción para crear empleo” y destacado que “es importante el poder de las pymes para generar empleo porque de abajo viene la creatividad siempre”.

EEUU y las demás oligarquías financieras necesitan paraísos

Y los necesitan como la otra parte de su existencia. Los necesitan para depositar las ingentes ganancias de sus bancos, oligopolios y fortunas personales. Son sus “puertos francos” -libres de impuestos- en los que tener a salvo una parte de sus obscenos beneficios. No son una anomalía a corregir. Los paraísos fiscales son consustanciales al actual capitalismo monopolista dominante en las finanzas mundiales."            (Eduardo Madroñal Pedraza , Diario16,  25/02/23)

Lacalle defiende a las grandes auditoras... un perfecto oligopolio en el que las cuatro grandes controlan en muchos países más del 95% del negocio. Una situación que les permite incumplir constantemente los principios de buenas prácticas, las normas elementales de la competencia e incluso, en muchas ocasiones, la legislación penal... son las que que están detrás de las grandes operaciones multinacionales de elusión fiscal y lavado de dinero... Las numerosas auditorías inadecuadas de estas auditoras tienen una enorme trascendencia y llevan consigo daños colaterales muy graves, como los causados por los fraudes de Enron (Arthur Andersen), o la irresponsabilidad financiera que llevó a la quiebra a Lehman Brothers (Ernst & Young). O tras los casos producidos en España: en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (KPMG), Bankia (Deloitte), Pescanova (BDO), Aena (PricewaterhouseCoopers)... Lacalle defiende la corrupción inherente a un capitalismo salvaje y de amiguetes, ineficiente y despilfarrador de recursos que solo busca proteger privilegios

 "Como es sabido, el Ministerio de Trabajo ha realizado una inspección a las grandes auditoras para comprobar el cumplimiento de las normas legales en materia de jornada laboral y horas extraordinarias.

La noticia ha conmocionado a pesar de ser un secreto a voces, entre quienes conocen el sector, que las jornadas maratonianas y las horas sin pagar son allí habituales; si bien es verdad que quizá no son precisamente las grandes auditoras, sino las de menor tamaño, las que incumplen más gravemente la normativa laboral y tienen en peores condiciones a los jóvenes de sus plantillas. Y todo ello, sin entrar a considerar que la auditoría y consultoría son tipos de actividad profesional que obligadamente tienen momentos "punta", pues a veces se requiere cerrar trabajos a cualquier hora que sea; o a las que muchos jóvenes acuden, a pesar de su bajo salario e intensidad horaria, porque es también obvio que proporcionan una enorme experiencia, como si de una especie de formación de posgrado o de trampolín profesional se tratase.

En cualquier caso, la inspección de trabajo está para eso, para determinar en qué medida se respeta la legislación y evitar, si es que las hay, situaciones de explotación laboral.

Lo que me parece que está del todo injustificado es aprovechar el caso para tratar de ofrecer una imagen de estas empresas que no responde para nada a la realidad.

Esto último es lo que hace el conocido economista Daniel Lacalle, quien escribía hace unos días en su cuenta de Twitter que "el Ministerio de Trabajo debería aprender de las Big Four, no inspeccionarlas por nada".

Exagera a sabiendas Lacalle y deforma la realidad porque nadie mejor que él sabe que estas empresas tienen tras de sí una larguísima historia de fraudes, malas prácticas e incluso de delitos flagrantes en las últimas décadas. Entra las empresas de cuyo comportamiento no debiera aprender ninguna persona honrada se encuentran, sin lugar a dudas, esas cuatro: Deloitte, PwC (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young y KPMG.

Estas empresas nacieron como entidades independientes para proporcionar servicios de auditoría, es decir, para verificar las cuentas de las empresas con el fin de comprobar si, según los principios y normas contables, son fiel expresión del patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos. Una función esencial en el mundo de los negocios si es que se quiere que este disponga de la información veraz y la transparencia que son fundamentales para que haya la libre competencia que sus defensores atribuyen como la esencia del capitalismo.

Con el tiempo, el sector fue concentrándose y ha llegado a ser un perfecto oligopolio en el que estas cuatro grandes controlan en muchos países más del 95% del negocio. Una situación que les permite incumplir constantemente los principios de buenas prácticas, las normas elementales de la competencia e incluso, en muchas ocasiones, la legislación penal, -tal y como han mostrado cientos de resoluciones judiciales y de los órganos de supervisión de los países en donde actúan. Sorprende, pues, que un supuesto defensor del libre mercado diga que un regulador debe aprender de lo que hace quien constantemente opera violando sus principios de funcionamiento.

Con el tiempo, además, estas cuatro grandes empresas comenzaron a combinar su actividad de auditoría con la de prestación de servicios de consultoría y eso ha terminado por producir una auténtica degeneración de su negocio por una sencilla razón: puesto que ganan unas tres veces más proporcionando servicio de consultoría, el de auditoría han de llevarlo a cabo evitando perder la clientela a quien le interesa asesorar.

Dicho en plata y tal y como es bien conocido por quien sabe cómo funciona el sector, las auditoras no firman sus informes en contra de quienes, antes o después, les pueden pagar en mayor cantidad por recibir su asesoría.

No acabo de decir algo malvado, infundado o retórico. Es algo que está perfectamente documentado en multitud de estudios e informes, demandas o casos judiciales.

Basten tan solo tres de ejemplos de esto que digo.

La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido descubrió en 2019 que ninguna de estas cuatro grandes había cumplido los objetivos de calidad de la auditoría. La Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas de Estados Unidos contabilizó 806 casos de auditorías defectuosas y que el porcentaje de auditorías inadecuadas era del 20% en Deloitte, el 23,6% en PwC, el 27,3% en EY y el 50% en KPMG. Y se ha demostrado que en los últimos veinte años las cuatro grandes han cometido 57 delitos financieros tan solo en el Reino Unido.

Las numerosas auditorías inadecuadas de estas auditoras tienen una enorme trascendencia y llevan consigo daños colaterales muy graves, sobre la economía en general y en concreto sobre el patrimonio de millones de personas. Baste recordar lo ocurrido después de que pasaran por alto los fraudes de Enron (Arthur Andersen), o la irresponsabilidad financiera que llevó a la quiebra a Lehman Brothers (Ernst & Young). O tras los casos producidos en España: en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (KPMG), Bankia (Deloitte), Pescanova (BDO), Aena (PricewaterhouseCoopers), entre otros.

Otras investigaciones han demostrado que estas grandes auditoras/consultoras son las que están detrás de las grandes operaciones multinacionales de elusión fiscal y lavado de dinero, en muchas ocasiones aprovechando su gran influencia sobre el poder político y legislativo. Las auditoras se han habituado tanto al fraude que, como suele decirse, hasta hacen trampas jugando al solitario: hace unos años se descubrió que en KPMG hacían trampas incluso en los exámenes internos de capacitación.

No hay mejor muestra de esto último que el caso de KPMG: en Estados Unidos se le pasaron por alto millones de hipotecas basura, contribuyendo así a que estallara la crisis, pero eso no fue óbice para que el Banco Central Europeo justamente para que contrastara la calidad de los activos de empresas a las que se proponía evaluar.  O la evidente facilidad con que estas empresas logran salir inmunes, sin apenas sanciones o con multas muchísimo más reducidas que el beneficio que obtienen, de los procesos en los que constantemente se ven involucradas

Molesta que se incomode a las grandes empresas auditoras porque estas se han convertido en las garantes del capitalismo de nuestra época que no requiere transparencia y veracidad para su buen funcionamiento sino justamente la manga ancha, la doble vara de medir y la influencia en el poder político que le proporcionan estas entidades que no tienen más norte que ganar dinero por cualquier procedimiento y sin atenerse a principio ético alguno.

Daniel Lacalle, como cualquiera, está en su perfecto derecho de defender a las auditoras enfangadas en malas prácticas y que mienten y violan sin pudor las leyes del derecho y del mercado, faltaría más. Pero que no se diga entonces que se defiende el capitalismo de libre mercado y competencia con ideas liberales. Se está defendiendo la corrupción inherente a un capitalismo salvaje y de amiguetes, ineficiente y despilfarrador de recursos con un anarquismo de derechas que solo busca proteger privilegios."                   (Juan torres López, Público, 20/01/23)